sábado, 24 de octubre de 2009


Causa La Cueva: piden que Castellanos se aparte por “falta de imparcialidad”, de Belén Cano

Causa La Cueva: piden que Castellanos se aparte por “falta de imparcialidad”


El Mié a las 22:16
Gloria León, abogada querellante, dijo que “no es una simple cuestión procesal” pedir constancia de fallecimiento de un desaparecido. Además, pidieron celeridad en los procesos. “Que empiecen de una bendita vez”, dijo una Madre de Plaza de Mayo.-“Le solicitamos se aparte de la causa dejando lugar a quienes realmente se comprometan con nuestro pueblo y escriban con sus sentencias la historia de nuestra Patria”. Eleonora Alais leyó el final de una nota enviada al juez federal Alejandro Castellanos, a quien cuestionaron por “falta de imparcialidad”. “No es una simple cuestión procesal, tiene que ver con la forma en que este magistrado lleva adelante los juicios”, señaló Gloria León, abogada querellante. Las Madres de Plaza de Mayo recordaron una reunión con el titular del Juzgado Nº1 donde les dijo que estaba en desacuerdo con la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.El magistrado, a través de una notificación, les solicitó a los familiares de Hugo Alais, abogado laboralista desaparecido en la Noche de las Corbatas, una “constancia de ausencia con presunción de fallecimiento”.“La presunción de fallecimiento –le informaron- está por demás acreditada no sólo por los habeas corpus presentados en ese momento y las denuncias ante la Conadep, sino también por el certificado expedido por la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, que convierte la ausencia con presunción de fallecimiento en ausencia por desaparición forzada de persona, confirmando la responsabilidad del gobierno cívico militar en tales desapariciones, torturas, apropiación de niños, robo de bienes, vuelos de la muerte, quinientos campos de concentración en todo el país”.La nota fue leída por Susana, la mujer de Hugo Alais. A su término, la abogada explicó: “Desde el punto de vista jurídico, el pedido de Castellanos, como vino presentado en la notificación, parece una simple cuestión procesal o de recaudos formales. En realidad el problema es más profundo. Su criterio ya fue sentado en el auto de procesamiento de agosto del año pasado de una serie de militares, y de los civiles Cincotta y Ullúa. Él establece que su criterio es imputar esa desaparición forzada, tormentos agravados, pero no homicidios porque considera que no hay elementos suficientes para llegar a esa conclusión; de que por las víctimas que aún permanecen desaparecidas se debe imputar homicidio calificado”.Se imputa solamente homicidio calificado, reparó, en el caso del abogado Norberto Centeno –“porque su cuerpo apareció”-; en el caso de Jorge Candeloro –“porque hay una nota de Barda (jefe de la subzona 15) diciendo que había sido ajusticiado”-; y en el caso de que los familiares hayan hecho el trámite de desaparición.“Es una definición político – ideológica que tiene el magistrado”, sostuvo León. La postura, dijo, va en contra de lo que dicho “desde la Corte Suprema de la Nación para abajo”: “Quedó establecido qué son delitos de lesa humanidad y qué es lo que pasa con la desaparición forzada con el correr del tiempo”.La abogada querellante destacó, en este marco, la labor del Tribunal Oral Federal, que desde año 2000 viene trabajando con el Juicio por la Verdad, “en una verdadera arqueología jurídica en cuanto a desempolvar expedientes que aparentemente no decía nada”. Los jueces Mario Portela, Roberto Falcone y Néstor Parra elevaron en septiembre de 2004 al Juzgado Federal Nº1, ahora a cargo de Castellanos, todo lo relacionado con lo sucedido en el centro clandestino de detención conocido como “La Cueva”, y lo relacionado con la desaparición de los abogados en la denominada Noche de las Corbatas. “Ya deja asentado que la desaparición forzada es un eufemismo que esconde el homicidio agravado del que fueron víctimas este grupo de abogados. No es que se me ocurre a mí como abogada ni a Eleonora Alais como familiar u a organismos plantear la gravedad de este criterio que tiene el juez”, sostuvo León.La abogada dijo que se acompañaron las copias en el expediente de lo solicitado por el magistrado federal. Pero por fuera de lo estrictamente jurídico y procesal, reparó León, “está el derecho de las víctimas a manifestar su verdadero sentir. En ellas está representado el padecimiento de miles de personas”.La querellante sostuvo que el juez que tiene la responsabilidad de investigar y hacer justicia. Dijo que el criterio de Castellanos es no imputar homicidios “porque no hay elementos”. “Está poniendo la carga de eso en el familiar. El familiar tiene que declarar a su desaparecido, que la desaparición forzada es sinónimo de muerte”, cuestionó.Alais, de la Agrupación HIJOS, cuestionó que a los represores y asesinos de sus padres cumplan prisión domiciliaria o sean excarcelados, por el principio de “humanidad”. “Nos parece irónico, dado que fue inhumano el trato recibido por nuestros familiares”, indica el escrito presentado ante el juez federal. Además, anunció que una serie de escraches. “Si no hay Justicia, hay escrache”, mencionó.Por último, tomó la palabra María Juana Rivas, “Marucha”, en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. La mujer relató que en una reunión con Castellanos, el magistrado les dijo que estaba en desacuerdo con la derogación de las leyes del perdón. También pidió por la celeridad de las causas de derechos humanos. “Que empiecen de una bendita vez”, exclamó. ProfesionalidadLa respuesta al pedido de una “constancia de ausencia con presunción de fallecimiento” de Hugo Alais fue contundente. En los últimos días, Eleonora y Susana de Alais, hija y mujer del abogado laboralista desaparecido en la Noche de las Corbatas, presentaron ante el Juzgado Nº1 una nota, donde señalaron: “La profesionalidad de un juez federal implica no desconocer la historia del sufrimiento de nuestro pueblo; hacerlo significa convertirse en cómplice del gobierno dictatorial”.Con pedido de juicio políticoOrganismos de Derechos Humanos, nucleados en la Comisión Verdad, Justicia y Memoria, presentaron hace seis meses el pedido de juicio político contra Alejandro Castellanos. El trámite sigue su curso.Lo habían acusado de “otorgar impunidad” a represores con resoluciones tomadas en la causa La Cueva y habían señalado como determinante la orden de captura que libró contra el civil Eduardo Salvador Ullúa y que retrotrajo meses después, a pesar del pedido de la Fiscalía y la querella que acelerar la detención.Por Belén Canobcano@diarioelatlantico.comhttp://www.diarioelatlantico.com/diario/2009/10/20/3119-causa-la-cueva-piden-que-castellanos-se-aparte-por-falta-de-imparcialidad.html


Liberan a procesado por crímenes de lesa humanidad
La Cámara Federal dejó en libertad al abogado Eduardo Cincotta, procesado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

foto:Eduardo Cincotta


El letrado fue excarcelado "por razones humanitarias" luego de trece meses con prisión preventiva, primero en la Alcaidía 44 de Batán y luego en su casa.
Los jueces Alejandro Tazza, Jorge Ferro y Juan Alberto Ferrara, argumentaron en su resolución que el ex miembro de la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria y del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 padece una enfermedad grave que lo obliga a deambular por centros asistenciales.
Según consigna el diario Página 12, Ferrara es el mismo juez que en abril de 1976 sobreseyó sin investigar el asesinato de los padres y la hermana de un militante montonero, que aparecieron cubiertos de cal y sin dedos luego de cuatro días desaparecidos. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó investigarlo el año pasado por el encubrimiento de los crímenes.
El único ex miembro de la CNU detenido es ahora Nicolás Cafarello, en tanto permanecen prófugos Fernando Delgado y Eduardo Salvador Ullúa. El último tuvo pedido de captura durante dos meses y medio, hasta que el juez Alejandro Castellanos revocó su propia resolución, decisión por la que fue denunciado ante el Colegio de la Magistratura. Luego la Cámara ordenó la captura nacional e internacional de Ullúa.
Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata reclamaron la semana pasada que Castellanos se aparte de la instrucción de la causa "La Cueva", el centro clandestino del GADA 601.
Cuestionaron "el trato privilegiado recibido por Cincotta" y calificaron de "capcioso" que el juez solicitara una constancia de ausencia con presunción de fallecimiento de Hugo Alais, uno de los abogados laboralistas secuestrados y desaparecidos durante la "Noche de las Corbatas".
Sostuvieron que ambas actitudes "indican falta de imparcialidad" y consideraron que "se está invirtiendo la situación con este tipo de pedidos: pareciera que la intención no es juzgar a los victimarios sino a las víctimas del terrorismo de Estado". "La profesionalidad de un juez implica no desconocer el sufrimiento de nuestro pueblo; hacerlo significa convertirse en cómplice del gobierno dictatorial", afirmaron.
El abogado Cincotta, quien luce en su estudio jurídico una distinción por servicios prestado "en la lucha contra la subversión", está procesado por la desaparición de los abogados laboralistas secuestrados en la Noche de las Corbatas y vistos por última vez en el centro clandestino La Cueva, entre ellos Alais, Jorge Candeloro y Norberto Centeno.

Fuente: Página 12
-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS




CJVJM Comisión por los Juicios VERDAD JUSTICIA y MEMORIA - Mar del Pla

Excarcelaron a un ex CNU en Mar del Plata
Un abogado con amigos en la Justicia
El abogado Eduardo Cincotta, procesado por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata durante la última dictadura, fue excarcelado “por razones humanitarias” luego de trece meses con prisión preventiva, primero en la Alcaidía 44 de Batán y luego en su casa. La Cámara Federal local, integrada por Alejandro Tazza, Jorge Ferro y Juan Alberto Ferrara, argumentó en su resolución que el ex miembro de la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria y del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 padece una enfermedad grave que lo obliga a deambular por centros asistenciales. Ferrara es el mismo juez que en abril de 1976 sobreseyó sin investigar el asesinato de los padres y la hermana de un militante montonero, que aparecieron cubiertos de cal y sin dedos luego de cuatro días desaparecidos. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó investigarlo el año pasado por el encubrimiento de los crímenes.
El único ex miembro de la CNU detenido es ahora Nicolás Cafarello, en tanto permanecen prófugos Fernando Delgado y Eduardo Salvador Ullúa. El último tuvo pedido de captura durante dos meses y medio, hasta que el juez Alejandro Castellanos revocó su propia resolución, decisión por la que fue denunciado ante el Colegio de la Magistratura. Luego la Cámara ordenó la captura nacional e internacional de Ullúa.
Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata reclamaron la semana pasada que Castellanos se aparte de la instrucción de la causa “La Cueva”, el centro clandestino del GADA 601. Cuestionaron “el trato privilegiado recibido por Cincotta” y calificaron de “capcioso” que el juez solicitara una constancia de ausencia con presunción de fallecimiento de Hugo Alais, uno de los abogados laboralistas secuestrados y desaparecidos durante la “Noche de las Corbatas”. Sostuvieron que ambas actitudes “indican falta de imparcialidad” y consideraron que “se está invirtiendo la situación con este tipo de pedidos: pareciera que la intención no es juzgar a los victimarios sino a las víctimas del terrorismo de Estado”. “La profesionalidad de un juez implica no desconocer el sufrimiento de nuestro pueblo; hacerlo significa convertirse en cómplice del gobierno dictatorial”, afirmaron.
El abogado Cincotta, quien luce en su estudio jurídico una distinción por servicios prestado “en la lucha contra la subversión”, está procesado por la desaparición de los abogados laboralistas secuestrados en la Noche de las Corbatas y vistos por última vez en el centro clandestino La Cueva, entre ellos Alais, Jorge Candeloro y Norberto Centeno.


Envio d Guatraché L-P-

Gacetilla de prensa – Sábado 17 de octubre de 2009
Criticaron a la dirigente por su rechazo a que se esclarezcan los crímenes de la dictadura. “Obtener el ADN es imprescindible para recuperar la identidad”, señalaron los dirigentes.Sabbatella y Cañón apoyaron el proyecto de obtención de ADN y cuestionaron a Carrió“La ley que se impulsa en el Congreso para esclarecer la identidad de posibles hijos de desaparecidos es imprescindible y significará una bisagra en la tarea que viene realizando la Justicia y en el trabajo de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo”, señaló hoy Martín Sabbatella y cuestionó a la dirigente conservadora Elisa Carrió, quien había rechazado la iniciativa calificándola de “fascista”. “La Corte Suprema de Justicia, los organismos internacionales y los de derechos humanos promueven la obtención de ADN como forma imprescindible para determinar la identidad de alrededor de 400 víctimas de apropiación ilegal”, expresó el diputado electo y agregó: “Carrió asume la defensa política de los apropiadores y embarra la búsqueda de la Verdad y la Justicia”. “Es evidente, que cumple paso a paso con el manual de la derecha”, manifestó Sabbatella.”Esta ley es una herramienta que promueve el esclarecimiento de la identidad de personas que están apropiadas. Entorpecer eso es garantizar la impunidad de los apropiadores y negarle el derecho a las víctimas a que conozcan la Verdad”, opinó el dirigente de Nuevo Encuentro y señaló: “Lo que quiere Carrió es evitar que la Justicia determine si un niño fue parido en cautiverio, si sus padres fueron asesinados y si aquellos que lo criaron son responsables o cómplices de un crimen”.Quien también se refirió al proyecto fue el dirigente del Encuentro y titular de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, quien señaló: “Oponerse a esta ley es ser cómplice de quienes planificaron y ejecutaron el plan criminal de exterminio”. “Los familiares, particularmente las abuelas de los niños secuestrados y cuyas identidades se ocultaron, están demandando Justicia desde hace décadas; y esta ley es un paso más para desarticular todo el plan de ocultamiento y dar claridad a los hechos, facilitando la recuperación de identidad”, expresó el ex fiscal general de Bahía Blanca, quien dedicó más de dos décadas a investigar crímenes de lesa humanidad. El proyecto de ley que tratará diputados autoriza a los jueces que investigan la presunta apropiación de una persona a obtener muestras de ADN por “medios distintos a la inspección corporal”. Es decir que, si la posible víctima de ese delito se negara a la extracción de sangre, los magistrados podrían ordenar allanamientos y conseguir material genético en pelos, vestimenta, cepillos de dientes, etcétera. Esta medida ya fue puesta en práctica por diversos jueces y nueve víctimas recuperaron su identidad gracias al procedimiento. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia estableció que “la identificación de una persona no es violatoria de su autonomía ni de su voluntad cuando es realizada por medios no violentos regulados por ley”.


El grupo de Tareas del Jefe de Gobierno Macri ataca con total impunidad
DENUNCIAN QUE LA UCEP AGREDIO A UN CHICO DE 15 AñOS EN PARQUE LEZAMA
Ataques sin límites de edad
Operadores del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y el coordinador de un parador denunciaron que el chico, en situación de calle, fue golpeado y amenazado por cuatro miembros del grupo de choque. Aún no fueron a la Justicia porque el chico está aterrorizado.

Durante tres meses caminó las calles porteñas. Con poco más de 15 años, dejó la escuela y empezó a hacer algunas changas. De noche, buscaba un lugar tranquilo donde poder dormir. La madrugada del viernes 16 eligió el anfiteatro del Parque Lezama. Pero mientras descansaba sobre las escalinatas, sufrió el ataque de personal de la Unidad de Control del Espacio Público. Fueron cuatro hombres vestidos de negro: “Dos le pegaron patadas y puñetazos, otro tenía un bidón con nafta y amenazó con prenderlo fuego si volvía a aparecer por el lugar y, el último, le puso una pistola en la cabeza para asegurarle que hablaban en serio”. Gerardo es coordinador de un parador contratado por el gobierno porteño para albergar a chicos en situación de calle. Actualmente tiene a su cuidado al pibe golpeado y amenazado por la patota de la UCEP. “Intentamos hacer la denuncia, pero el chico está muy asustado y no queremos presionarlo”, dijo a Página/12. Por el momento, tampoco el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes realizó presentación judicial alguna.
Contusiones en piernas y brazos, varias costillas lesionadas y el riesgo de perder la visión en el ojo izquierdo fueron las consecuencias del ataque del grupo de choque PRO contra el chico de 15 años. Desde la golpiza, el adolescente está siendo atendido por especialistas del hospital oftalmológico Santa Lucía. “El chico tiene mucho miedo”, relató Gerardo que, “por resguardo del pibe”, no quiso decir su apellido ni el nombre del hogar que coordina.
Pasada la medianoche del viernes 16, el chico fue despertado abruptamente. En las escalinatas del Parque Lezama se escucharon las palabras del grupo de choque del gobierno porteño. “Le gritaron: ‘Te tenés que ir de acá. Rajá’ –contó Gerardo–. Al toque lo empezaron a insultar: ‘Si te vas a morir que no sea acá’.” Después, sólo hubo golpes y amenazas. Los agresores del chico fueron cuatro. Todos vestidos de negro e integrantes de la UCEP. En un comunicado de prensa, el gremio de empleados de ATE del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes confirmó la identidad de los violentos funcionarios porteños: “Hubo un testigo que vio toda la situación y aseguró que los tipos eran personal de la unidad macrista”.
Un delegado gremial, trabajador del Departamento de Prevención y Fortalecimiento de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal –dependiente del Consejo– aseguró que “de manera contraria a lo dicho por (Mauricio) Macri, nosotros denunciamos que este tipo de hechos contra los jóvenes pobres está completamente relacionado con el escaso presupuesto que el gobierno les asigna a las áreas de adolescencia y niñez”. La ciudad tiene entre tres y cinco mil pibes en situación de indigencia y, “paradójicamente, mientras aumenta la exclusión social la única respuesta pública es la UCEP”, explicó el vocero gremial.
Según le contó el chico a Gerardo, “mientras dos de los tipos le pegaban, otro que tenía un bidón con nafta amenazó con prenderlo fuego”. También y para asegurase de que el chico no volviera a intentar dormir por la zona, “le apuntaron con un arma en la cabeza. Después se fueron y el pibe quedó tirado en las escalinatas del parque (Lezama)”, contó el coordinador. El hombre destacó además que “los cobardes nunca se identificaron, pero algunos vecinos dijeron que eran del Gobierno de la Ciudad porque ya los habían visto actuar en algunos desalojos”.
El chico golpeado “llegó, como pudo, hasta la guardia del Hospital Argerich y pidió llamar al 108 –dijo Gerardo–. Entonces, un comando de nuestro equipo de asistencia lo atendió y le sacó fotos para la posterior denuncia, después lo derivaron al hogar”. Sin embargo y como “sabemos que la UCEP está actuando con fuerza por el barrio, no queremos exponerlo y estamos esperando que el propio Consejo (de Niñas, Niños y Adolescentes) derive un informe a la Justicia”. El temor de Gerardo está relacionado con otra agresión de la patota macrista: “Hace unos días, en la plaza Martín Fierro, a otro chico también lo molió a golpes la fuerza parapolicial del gobierno”, denunció el coordinador.
Informe: Mariana Seghezzo.
EL PAIS › FINAL CON POLEMICA EN EL JUICIO A ALTOS MANDOS DEL PRIMER CUERPO DE EJERCITO
Más absueltos que condenados
El general Jorge Olivera Róvere y el coronel Benardo José Menéndez recibieron prisión perpetua, aunque por el momento seguirán libres. Tres ex jefes del Regimiento Patricios fueron absueltos. “Es un paso atrás respecto del Juicio a las Juntas”, señaló un abogado del CELS.



Por Diego Martínez
Luego de treinta años de espera, de tres meses de audiencias anticipadas y otros nueve de juicio oral, en los que cuatrocientos testigos repitieron los padecimientos propios y de sus seres queridos, la alegría duró apenas segundos. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) porteño condenó ayer a prisión perpetua al general Jorge Olivera Róvere y al coronel Benardo José Menéndez por secuestros y homicidios en la ciudad de Buenos Aires, pero absolvió de culpa y cargo a tres ex jefes militares que ocuparon altos cargos en la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Tanto absueltos como condenados seguirán en libertad. El fallo marca un quiebre en el proceso de justicia por los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado.
Ex jefe de la subzona Capital Federal y mano derecha del general Carlos Suárez Mason como segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Olivera Róvere fue condenado por más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad, agravadas por su condición de funcionario público y por haber sido cometidas con violencia, y por los homicidios calificados con alevosía de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El coronel Menéndez, ex jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea y del área militar 5 en 1977, fue condenado por sólo cinco de los 41 secuestros que le imputaban, más un homicidio agravado.
Los flamantes absueltos son el coronel Humberto José Lobaiza y el general Teófilo Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, a quienes distintas instancias de la Justicia federal habían procesado por 83 y 28 secuestros respectivamente, y el coronel Felipe José Alespeiti, ex segundo jefe del Patricios y jefe del área militar 2 durante 1976, imputado por 34 secuestros. Si bien los fundamentos se harán públicos el 10 de diciembre, quienes conocen la causa a fondo descuentan que se condenó sólo por los casos en los que se probó la intervención directa de los imputados.
Con el fallo de ayer suman 23 los imputados que fueron juzgados en 2009. Antes fueron condenados cinco represores en San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros y dos interventores militares de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (donde fue absuelto Alejandro Duret) y el general Santiago Riveros y cinco de sus subordinados en Campo de Mayo. La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré, todos condenados por el TOF 5.
Un paso atrás
La sala explotó cuando el juez Guillermo Gordo, que no preside pero ofició de vocero del tribunal, concluyó la lectura. A los gritos de “¡cómplices!” y “¡asesinos!” siguió una música que ya es marca registrada de los procesos a represores: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. “Por segunda vez este tribunal absuelve a genocidas”, informaba una militante de HIJOS con un megáfono en la vereda de Comodoro Py. “Queremos que los vecinos de Recoleta tengan claro que si el Poder Judicial no hace justicia y estos tipos siguen libres, la condena social seguirá vigente”, agregó, como anticipo de nuevos “ataques acústicos” para informar a los vecinos de represores sobre sus labores durante la dictadura.
“Filmen las caras de los genocidas impunes para que todo el mundo las conozca”, proponían a los camarógrafos, mientras algunos familiares de desaparecidos alternaban críticas al Poder Judicial y a los medios de comunicación presentes. “¿Dónde estuvieron ustedes durante los nueve meses que duró el juicio?”, gritaba un hombre con los ojos llenos de lágrimas. “Vayan a buscar a los genocidas, que siguen libres, y no sigan filmando nuestro dolor, que no sirve de nada”, les explicaba a los gritos.
“Se probó la división territorial y la función de las áreas militares como elementos de ejecución, no se entienden las absoluciones”, destacó Gerardo Fernández, del CELS. “Había pruebas para condenar a todos. Nos hubiera gustado que la sociedad pudiera tener acceso al debate para comprobarlo. Hay que esperar los fundamentos, pero la absolución de ex jefes de áreas es un paso atrás respecto de los criterios aplicados en el Juicio a las Juntas”, agregó.
“De ahora en más se puede esperar cualquier cosa de este tribunal”, resumió el fiscal federal Félix Crous, que había pedido una pena de 25 años de prisión para los tres absueltos. “Desde antes del comienzo del juicio, personal del tribunal hizo conocer a terceros la presunción de que los jefes de área eran inocentes. Causa inquietud que haya podido haber un prejuicio sobre la responsabilidad de los imputados y que pueda haber repercutido en el fallo”, agregó, y consideró “irónico” que los fundamentos se lean el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
“El fallo implica negar la existencia de un plan sistemático, implica considerar que los jefes de área podían desconocer los secuestros y asesinatos que ocurrían en Capital Federal. Es como pensar que entre Olivera Róvere y las patotas no había nadie en el medio”, reflexionaron miembros de HIJOS regional Capital.
“Las condenas se ven opacadas por la absolución a quienes fueron jefes operativos. El tribunal pretende instalar la teoría de la ‘obediencia debida’ cuando ya en el fallo de la causa 13 se afirmó la existencia de un plan de exterminio de las Fuerzas Armadas y el Estado en su conjunto”, consideró la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Página/12 le pidió una opinión sobre el fallo a una decena de familiares de los imputados. Todos prefirieron guardar silencio.

EL PAIS
Sin cámaras de televisión

El Tribunal Oral Federal 5 concluyó ayer su séptimo juicio sin cámaras de televisión en la sala. Sólo pudo ingresar un fotógrafo de la agencia Télam, concesión otorgada tras el papelón de la audiencia inicial, cuando dos secretarios le taparon la cámara con sus manos. El jueves once organizaciones de la sociedad civil le reclamaran a la Corte Suprema de Justicia que garantice el cumplimiento de su acordada 29/08 sobre la publicidad de los procesos por crímenes durante la dictadura

“No recibí ni impartí órdenes lesivas”

Por Diego Martínez
“No recibí ni impartí órdenes que puedan considerarse lesivas a los derechos humanos”, afirmó por la mañana el general retirado Jorge Olivera Róvere, condenado por la tarde por más de un centenar de secuestros y cuatro homicidios agravados. El ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, dueño de vidas y muertes de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura, se explayó durante una hora con tono de profesor de historia sobre el proceso político previo al golpe de Estado, aunque advirtió que, “por haber sido un actor perseguido (sic), prefiero dejar de lado mi situación personal”.
Sólo dos de los cinco imputados aceptaron hacer uso de las últimas palabras previas a la sentencia. El coronel Humberto José Lobaiza agradeció a sus defensores y al tribunal, por “el respeto y el decoro” con que se los trató durante el proceso. Luego reiteró su argumento de defensa: el Regimiento de Patricios que comandaba tenía pocos efectivos, mayoría de conscriptos y “altísima exposición pública, inconveniente para las acciones encubiertas” que desarrollaban sus camaradas. Luego repudió el alegato del fiscal Félix Crous, no por los secuestros que le imputó sino por destacar que quienes “privaron a los deudos de los ritos funerarios” pertenecen a “una condición previa a la civilización”.
Olivera Róvere aseguró que la condena social que sufren las Fuerzas Armadas “es consecuencia de la acción psicológica del marxismo internacional, que mantiene plena vigencia”. Citó como ejemplo “la mendaz exageración sobre los 30 mil desaparecidos”, cuestionamiento que comparte con “un emblema de los derechos humanos”, en referencia a la ex dirigente Graciela Fernández Meijide.



PANORAMA POLITICO
Palabras violentas

Por Luis Bruschtein
Los movimientos sociales fueron surgiendo en los espacios que los partidos políticos no podían ocupar, a veces por su especificidad, a veces por incapacidad. Por una u otra razón, la llegada de los movimientos sociales al escenario de la política fue un aporte enriquecedor. Así fue con los organismos de derechos humanos, con las radios comunitarias o las fábricas recuperadas, con los movimientos de género o con los piqueteros.
Así como los movimientos de derechos humanos prendieron una luz civilizatoria donde la civilización había descendido al infierno, los movimientos piqueteros brillaron también con esa luz, pero en aquellos territorios donde las instituciones de la civilización se habían retirado. Ambos aportaron el pulso de la condición humana, el rechazo a deshumanizarse, incluso cuando la mayoría de la sociedad había decretado ese camino, el de “por algo habrá sido” o “somos derechos y humanos” de los ’70 o del éxito individual y el egoísmo de los ’90.
La legitimidad de esos movimientos ya está escrita en sus historias y orígenes y los diferencia de los sellos de montaje oportunista o de los grupúsculos de laboratorio. Son agrupaciones que se manejan en un tema específico con el que entretejen y generan políticas. Su llegada al campo de la política fue recibida con aplausos, que en realidad ocultaban sorpresa y desconcierto. En función de sus temas, los movimientos intervinieron necesariamente en política, no como partido político, pero sí en la disputa por espacios y reivindicaciones. Entonces los aplausos se parcializaron: sólo aplaudían los que estaban de acuerdo con ellos y el desconcierto se fue transformando en inquietud.
Con el proceso de polarización cada vez más acentuado, los movimientos sociales pasaron a convertirse en blanco fácil de un debate que discurre por los laterales y evita discutir lo central, porque el único tema que realmente importa es la división entre oficialismo y oposición. En la última semana, los movimientos sociales parecen haberse convertido en uno de esos blancos laterales. En pocos días hubo una denuncia por supuesto clientelismo en el comedor Los Pibes de La Boca, se produjo el incidente con el hijo de Emilio Pérsico y el escrache al senador Gerardo Morales.
Ninguna de las tres situaciones planteadas como fueron planteadas pueden ser defendibles. Tampoco puede defenderse el hecho de que sean planteadas así para deslegitimar un actor en la política que ha demostrado en los últimos años más legitimidad que quienes lo quieren deslegitimar. Es lo mismo que hablar contra la política y los políticos en general. Que son ladrones y vagos, que montan sus fortunas sobre las necesidades de la gente, el discurso demagógico y oportunista de la antipolítica.
A Milagro Sala, la dirigente de la organización Túpac Amaru, a quien Morales acusó por su escrache, se la ha presentado como “jefa mafiosa” y hasta como “drogadicta”. El enojo de Morales contra los piqueteros no fue el mismo que contra los ruralistas que sí golpearon y escracharon a Agustín Rossi en Santa Fe. En ese caso, se quiso y se pudo diferenciar a los participantes en ese ataque de sus dirigentes y hasta de sus organizaciones. El mismo Rossi tuvo ese gesto. La Mesa de Enlace –conformada por organizaciones de propietarios y patrones– nunca fue interpelada por esos hechos y siguió siendo una interlocutora legítima. Y visualizada desde ese lado como su antorcha civilizatoria frente a la barbarie oficial. Ningún medio habló de los discursos violentos de De Angelis ni de la violencia en los cortes de ruta.
Pero además, Morales involucró expresamente a Milagro Sala, aun cuando otra agrupación de campesinos jujeños, llamada Libertad, reivindicó el escrache. El detenido pertenece a esa agrupación de pueblos originarios que ya lo había escrachado en marzo en Purmamarca, según ellos porque Morales “está en contra de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades aborígenes”.
Pero los piqueteros no son ruralistas paquetes. Con ellos se aplica otra mirada, radicalmente distinta, clasista y discriminatoria. Los piqueteros son “esencialmente” corruptos porque están ordenados en función de un clientelismo indigno. Hubo una frase, un chiste durante la semana, por parte de Elisa Carrió, verdaderamente patética: “Si se aplica la asignación para la niñez que plantea el Gobierno, vamos a ver a chiquitos de tres años en las marchas por un choripán”. Carrió quizá no sea consciente del desprecio profundo que encierra esa frase. La gente pobre se vende por un choripán, está obligada a venderse porque es pobre y además se vende por poca cosa por la misma razón, hay que rescatarlos de esa indignidad y convertirlos en clase media. La misma clase media que al principio ocultó su sorpresa con aplausos ahora repite ese comentario. Pensar de otra manera implica ser cómplice de la “corrupción indigna” de los movimientos piqueteros. Es decir, no se puede pensar bien de los pobres o, en el mejor de los casos, hay que pensar que los pobres no pueden pensar. En la clase media no se puede respetar a la gente que se organiza para avanzar, a menos que sean patrones o propietarios, que en ese caso tienen derecho insultar y llevarse por delante a todo el mundo.
Esa es la mirada hacia los piqueteros por parte de un sector de la clase media. Como no son clase media, son diferentes, son indignos. ¿Quién los va a rescatar de esa indignidad? Las únicas herramientas que los piqueteros tuvieron para combatir el tráfico de droga en sus barrios, para organizarse para conseguir luz o alcantarillas, para hacer o arreglar escuelas, han sido esas organizaciones a las que ahora se pretende demonizar con la excusa de salvarlos para convertirlos en clase media. No importa en esa discusión si es mejor la asignación para los niños que propone Carrió o la que propone el Gobierno. Y para el caso de su legitimidad, tampoco hace diferencia si unas organizaciones son oficialistas u otras son opositoras. Lo que importa es que las asignaciones lleguen a los niños y que los piqueteros no necesitan que nadie les enseñe dignidad.
Hubo otra mención de Carrió sobre la ley que permitirá obtener el ADN de una persona, de la misma manera que se obtienen las huellas digitales. Carrió denunció al Gobierno por impulsar esa ley nada más que por su pelea contra Clarín y la señora Ernestina de Noble, que mantiene un diferendo con las Abuelas de Plaza de Mayo a raíz de sus dos hijos adoptados. “El único objetivo es la señora de Noble”, lanzó con un desprecio que le salió del alma, pero ocultó que esa ley es impulsada por las organizaciones de derechos humanos para lograr la restitución de la identidad a 400 chicos que fueron apropiados por la dictadura. Quizá no lo pensó así, pero si existe alguna intención detrás de estas declaraciones, tan frívolas y al mismo tiempo tan violentas, ésta sería la de deslegitimar a otro de los movimientos sociales, en este caso a los organismos de derechos humanos, en su guerra feroz contra el oficialismo.
El debate entre oficialismo y oposición no puede llegar a un nivel de canibalismo e irracionalidad que atropelle todo, caiga quien caiga, sin importar el esfuerzo, el dolor y los sacrificios que una comunidad puso en la construcción de estas organizaciones. Los movimientos sociales no son empresas ni tienen fines de lucro y surgieron representando los mejores pertrechos morales de una sociedad que la única respuesta que les daba era represión o exclusión. En su momento eran el buen camino por el que nadie quería caminar.
Los mismos dirigentes de la oposición han advertido, a partir del escrache a Morales, sobre la creación de un clima de violencia del que ellos no serían parte. No pueden medir el grado de violencia que han tenido sus expresiones en relación con estos movimientos sociales y contra las personas que los integran o los respetan. Los periodistas trabajamos con palabras, sabemos la violencia que pueden tener, igual que la injusticia o las mentiras. Y no hay en este momento una causa tan terrible que las justifique solamente por una discusión entre oposición y oficialismo.
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LOS MINISTROS MONTENEGRO Y NARODOWSKI FUERON A LA LEGISLATURA PORTEñA PARA DAR EXPLICACIONES SOBRE EL CASO JAMES
Los interrogantes siguen sin respuesta
Los ministros de Justicia y de Educación siguieron defendiendo la tesis de que Ciro James era un infiltrado de la Policía Federal en el gobierno porteño. Los legisladores opositores concluyeron que no respondieron a sus preguntas.

Por Martín Piqué
Las explicaciones que se escucharon ayer en la Legislatura porteña motivaron todo tipo de chanzas, ironías y juegos de palabras. Acaso el humor haya sido una forma de hacer catarsis o de expresar la incredulidad con que la mayor parte de los bloques legislativos –salvo, por supuesto, el PRO– escuchó los descargos de los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro, y de Educación, Mariano Narodowski. Para explicar cómo pudo ser posible que el abogado Ciro James fuera descubierto por la Justicia pinchando teléfonos de particulares, los dos ministros no se ahorraron definiciones rimbombantes. Abogado que inició su carrera profesional en la contaduría del Ejército, con un paso por la seguridad privada en la consultora Lyons, luego ingresante en la Policía Federal, James tenía un contrato de locación de servicios en la cartera educativa porteña por 6500 pesos. El principal argumento que dieron Montenegro y Narodowski para explicar su ingreso al gobierno porteño fue que James era un infiltrado que la Policía Federal había sembrado en la administración de Macri para complicar la puesta en marcha de la Policía Metropolitana. “Yo pedí un abogado y me trajeron un policía federal”, se excusó Narodowski. “Me hace acordar de una frase del Bambino Veira: yo pedí un cuatro y me trajeron un pomelo”, ironizó ante Página/12 uno de los asistentes al plenario.
La visita de Montenegro y Narodowski fue organizada por las comisiones de Seguridad y Justicia de manera conjunta. Los dos visitantes se sentaron bajo un gran bajorrelieve de San Martín. Los flanqueaban los titulares de Seguridad, Justicia y Educación en la Legislatura, los legisladores Silvia La Ruffa (Identidad Porteña), Martín Borrelli (PRO) y Enrique Olivera (Coalición Cívica). Un poco más lejos se hallaba Oscar Moscariello, jefe del bloque macrista. El plenario comenzó a las 16.45 y enseguida quedó claro cuál iba a ser el eje de las exposiciones de los dos ministros. Como ya habían hecho en la conferencia de prensa que encabezó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, Montenegro y Narodowski insistieron con la hipótesis de que James había sido infiltrado en la administración macrista por decisión del gobierno nacional. “James es un agente encubierto de la Policía Federal. No sabíamos que era agente de la Policía Federal”, repitió Montenegro a poco de empezar su exposición.
El informe de ambos ministros adjudicó a la Casa Rosada un supuesto plan para entorpecer la puesta en marcha de la Metropolitana. Según ese criterio, uno de los recursos habría sido la incorporación del abogado James –agente de la Federal– en el Ministerio de Educación. Narodowski insistió con que desconocía su condición de policía, a pesar de que James había trabajado en la División Robos y Hurtos, una estructura que dependía orgánicamente de la Superintendencia de Investigaciones a cargo del ex comisario Jorge “Fino” Palacios.
“James realizaba tareas de asesoramiento respecto de dictámenes jurídicos. Tenía acceso al edificio del ministerio y era persona conocida allí”, aseguró Narodowski. “Fuimos notando una constante oposición a cualquier iniciativa del gobierno de la ciudad para intentar compartir el problema de la seguridad”, se quejó Montenegro. Ex juez, Montenegro intentó mostrarse en control de la situación incluyendo ironías ante ciertas preguntas. Lo logró en parte, y salió más airoso que su par de Educación.
Lo mejor llegó cuando empezaron las preguntas. “Esta crisis institucional tiene una dimensión más grande que una jornada”, advirtió enseguida Sergio Abrevaya, legislador por la Coalición Cívica. Abrevaya planteó dos hipótesis: que la incorporación de James a la estructura del gobierno porteño hubiera sido producto de la “ingenuidad” o, por el contrario, que la intención hubiera sido “armar una central de inteligencia” desde el gobierno porteño. La sucesión de preguntas y respuestas fue haciendo más creíble esta segunda opción.
Montenegro contestó a esta acusación. “No hay ninguna área destinada a hacer inteligencia interna, sí a investigar junto con los fiscales”, dijo.
Entonces llegó el turno de la primera respuesta de Narodowski. Y su explicación de por qué había decidido contratar a James como abogado de la cartera educativa porteña hizo sonreír a algunos legisladores. “En el currículum de Ciro James consta de su participación en varias actividades académicas de la Universidad Nacional de La Matanza. Es ayudante de cátedra de Derecho Penal”, dijo el ministro. Pero también le habían preguntado quién había recomendado a James para recibir un contrato de 6500 pesos. Como respuesta, eligió las vaguedades. “El currículum debe haber aparecido porque en el ministerio trabaja gente de la Universidad de La Matanza”, fue su respuesta. No precisó quiénes eran esas personas.
A juzgar por la reacción de sus adversarios, las preguntas más incómodas partieron de Aníbal Ibarra. El legislador de Diálogo por Buenos Aires aseguró que la hipótesis de que James era un infiltrado enviado por el gobierno nacional “chocaba con las pruebas judiciales, con la causa”. Entonces enumeró varios puntos que no fueron desmentidos.
Dijo que el gobierno macrista no había explicado qué funciones cumplió James en los dos años que lleva designado; contó que en el expediente de James no figuraba la documentación de la Anses porque en su historia laboral aparecería su vinculación con una empresa de seguridad privada vinculada con Palacios; relató que se habían detectado 167 llamados de James a Palacios, 50 llamados de Palacios a James, ocho llamados al nuevo jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, y 49 con Roberto Ontiveros. Y todos esos llamados se habían producido en apenas tres meses.
La respuesta que intentó dar Montenegro fue determinar si esos llamados habían sido comunicaciones de celular o “clicks” de handies de tipo Nextel. En la misma línea que Ibarra, Gabriela Cerruti (Nueva Democracia) sostuvo que los ministros estaban “mintiendo” y que lo que estaban haciendo era montar todo un “operativo de encubrimiento para que la investigación no llegue adonde tiene que llegar”. Cerruti insistió con que Andrés Ibarra, actual subsecretario de Educación, era quien había pedido que James fuera contratado en el gobierno porteño. “Estamos ante un tema de gravedad institucional, porque se montó un aparato de inteligencia desde el gobierno de la ciudad”, advirtió Cerruti.

Repudio a ataques racistas

El gobierno de Evo Morales repudió los ataques “racistas y xenófobos” que sus ciudadanos sufren en Argentina, donde afirmó que existen más de cien asesinatos no resueltos de bolivianos. La condena fue expresada en un comunicado del Ministerio de Cultura de Bolivia, en relación con una denuncia de una chica de 16 años, hija de bolivianos, quien fue “brutalmente golpeada” por sus compañeros de clase, supuestamente “por su condición racial”, en la provincia de San Juan. La prensa boliviana publicó ayer que la chica denunció que, en la escuela, sus compañeros la agredían verbalmente por ser hija de bolivianos. La violencia constante que relató la adolescente, señaló Mónica Rey, directora general de la Lucha contra el Racismo, de Bolivia, “demuestra la permanente actitud xenofóbica” que sus compatriotas sufren en Argentina, por lo que, además de interesar en el caso al Inadi, anunció que coordinará acciones con el ministerio de Relaciones Exteriores argentino



MEDIA SANCION DEL SENADO BONAERENSE
Más prisión para menores de 18


El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley que duplicaría los plazos en los que los menores de 18 años, detenidos por una presunta participación en un delito grave, pueden ser privados de su libertad, modificando la ley que ordena al Fuero Penal Juvenil en la provincia. Según el defensor del fuero Nº 16 Julián Axat, los plazos de ampliación pedidos por el proyecto son “inconstitucionales y no respetan la Convención de los Derechos del Niño, que dice que la detención es una medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda”. Desde el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño (Casacidn) adelantaron que se trabajará para que el proyecto de ley “no progrese” en la Cámara baja.
El proyecto de ley aprobado por unanimidad fue presentado por la senadora del Frente para la Victoria Edda Acuña, que en los argumentos resaltó lo exiguo de los plazos para el trabajo de los fiscales. Una de las modificaciones propuestas es extender de 12 a 24 las horas en la que los chicos pueden estar privados de su libertad en una comisaría a la espera de que un juez de Garantías dicte la orden de detención. La otra consiste en prolongar de cinco a diez días el tiempo que el fiscal tiene para realizar el pedido de prisión preventiva, mientras el chico permanece en un instituto.
“De acuerdo con los pactos internacionales, los niños deben tener un mejor estándar procesal que los adultos y con este proyecto se los está igualando y dando a los fiscales un plazo más extenso que a los adultos para decidir sobre el pedido de prisión preventiva. Si la intetona contrarreformista se lleva adelante va a ser inconstitucional”, explicó Axat.
La directora ejecutiva de Casacidn, Nora Schulman, consideró que “es un retroceso volver a discutir cosas ya resueltas bajo un pretexto banal como la falta de tiempo para los fiscales. Se está mezclando nuevamente el tema de la inseguridad con la protección de derechos de los niños”.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Este blog es de muchisima utilidad para todos los ciudadanoes, para los abogados laborales ytodos los que luchan por defender derechos.

Enrique Senez dijo...

Interesante blog, en especial por los viajes, se ven maravillosos, yo tengo un blog de viajes que me gustaría pudieras checar, tal vez podamos pasarnos tips.

Saludos

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