domingo, 25 de octubre de 2009

CUATRO PROYECTOS DEL GOBIERNO ORIGINADOS EN RESOLUCIONES DE LA CIDH
Un agenda de derechos humanos
Los debatirá Diputados el miércoles. Son el que habilita a los organismos a querellar en causas por delitos de lesa humanidad, el del Banco de Datos Genéticos, el que fija nuevos procedimientos para la extracción de ADN y el de eliminación de las calumnias e injurias.

Por Miguel Jorquera
La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados estará centrada en el debate de cuatro proyectos vinculados a resoluciones judiciales internacionales sobre derechos humanos que el Gobierno envió al Congreso. La lista incluye el pase a la órbita nacional del Banco de Datos Genéticos, las reformas al Código Penal que habilitarán a los organismos de derechos humanos como querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad y nuevos procedimientos para la extracción de ADN en los casos de apropiación de niños durante la última dictadura; además de adecuar a los “estándares internacionales” el delito de calumnias e injurias para garantizar la libertad de expresión. Las iniciativas son parte de los compromisos asumidos por el Estado argentino y refrendadas en una “solución amistosa” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los proyectos fueron anunciados por Cristina Fernández de Kirchner el 11 de septiembre, en un acto realizado en la ex Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA) para homenajear a los integrantes de la comisión de la CIDH que llegó a Buenos Aires en 1979 –en plena dictadura– para recabar información sobre violaciones a los derechos humanos, que luego fue utilizada en los juicios y condenas a las juntas militares. Ese mismo día, la Presidenta firmó “una solución amistosa” con la CIDH para resolver los reclamos planteados por Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y envió los proyectos al Congreso.
Después de su paso por las comisiones de Derechos Humanos y Legislación Penal, los proyectos de ley llegarán al recinto de la Cámara baja este miércoles para buscar su media sanción.
Análisis de ADN: La iniciativa apunta, en sintonía con el fallo de la Corte Suprema, a garantizar la obtención de muestras genéticas para establecer la verdadera identidad de una persona que podría haber sido víctima de apropiación ilegal durante la última dictadura. La Corte señaló que, si la presunta víctima no estuviera dispuesta a someterse a una extracción de sangre, se dispondrá el secuestro de objetos que contengan restos de ADN. La reforma al Código Penal habilitará a los jueces a llevar adelante este procedimiento –que admite extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas– con una serie de recaudos puntuales para evitar la revictimización de la persona, cuya verdadera identidad se busca esclarecer.
Organismos como querellantes: Este proyecto apunta a que la mora de la Justicia no termine convalidando la caducidad de las causas, dado que a más de 30 años de cometidos los delitos muchos de los familiares directos de las víctimas, que impulsaron los procesos judiciales como particulares damnificados, ya no están en condiciones físicas de continuarlos. Por eso, la iniciativa establece que las asociaciones o fundaciones relacionadas a la defensa de los derechos humanos, registradas legalmente, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad.
Banco Nacional de Datos Genéticos: Actualmente, el Banco de Datos Genéticos –creado por ley en mayo del ’87 a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo y que dio certeza científica al encuentro de 95 chicos secuestrados y apropiados durante la dictadura– funciona en el Hospital Durand, bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto le da al banco carácter nacional que pasará a funcionar como organismo descentralizado dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Su director y el resto de los profesionales que lo integren serán los peritos oficiales exclusivos ante los jueces competentes en las causas penales que tengan por objeto la identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas durante la dictadura. Por eso, los organismos de derechos humanos, que podrán ser querellantes en las causas judiciales, no conformarán su consejo consultivo.
Calumnias e injurias: El proyecto da respuesta al fallo de la Corte Interamericana –fijado un año y medio atrás– contra el Estado argentino por el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia en su investigación sobre el asesinato de monjes palotinos durante la dictadura y volcado en su libro La masacre de San Patricio. El tribunal ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista y reconocer su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión.
La iniciativa modifica varios artículos del Código Penal “para adecuar la legislación a los estándares internacionales y constitucionales en materia de libertad de expresión”. Las modificaciones establecen que “en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”, así como “tampoco configurará delito de injuria los calificativos lesivos al honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.
Todos los proyectos tienen el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios, salvo el relacionado con la obtención de ADN: la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, calificó esa iniciativa, avalada por la CIDH y en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, como “fascismo puro” y la relacionó con “una revancha personal” del Gobierno contra Ernestina Herrera de Noble, la dueña de Clarín que afronta una causa judicial por la identidad de su dos hijos adoptivos. Habrá que ver si el resto de los bloques opositores adhieren a su interpretación.
//Son los ejecutores de las pinchaduras al familiar de la AMIA Sergio Burstein y al empresario Carlos Avila. El magistrado buscará avanzar luego sobre los que ordenaron las escuchas y allí se verá comprometido el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “El Fino” Palacios.

Por Irina Hausery Raúl Kollmann
El juez federal Norberto Oyarbide decidirá mañana el procesamiento, con prisión preventiva, de Ciro Gerardo James, protagonista de las escuchas telefónicas ilegales a Sergio Burstein, integrante de Familiares de las Víctimas de la AMIA, y al empresario televisivo Carlos Avila. Tres policías misioneros de alto rango, que participaron de la maniobra, también serán procesados, pero se dice que sin prisión preventiva. Los delitos tendrán que ver con la violación de la Ley de Inteligencia, falsedad ideológica –armar una causa falsa– e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos ellos fueron ejecutores de la operación de pinchado de teléfonos, pero hay dos terrenos en los que Oyarbide debe avanzar todavía. En primer lugar, en quiénes fueron los que ordenaron el espionaje ilegal, un terreno en el que las pruebas apuntan –por lo menos en un primer escalón– contra Jorge “El Fino” Palacios, ex jefe de la Policía Metropolitana. Y también estarán en la mira los dos jueces de Misiones que le ordenaron a la SIDE las pinchaduras. Los magistrados se negaron a entregar copias de las transcripciones y uno de ellos terminó el viernes huyendo por una ventana de su juzgado. Todo indica que no podrán justificar la maniobra de espionaje que pusieron en marcha.
Los delitos que se les imputarán a James y a los policías misioneros no tienen penas altas. Consisten esencialmente en realizar escuchas ilegales y fundamentar esas escuchas armando causas descabelladas. Como se sabe, a Burstein lo involucraron con un prófugo de una causa por homicidio en Misiones, siendo que no pisa esa provincia desde hace 20 años. Lo de Avila es aún más grotesco; cambiaron cinco veces de causa judicial y entonces ocurrió que primero le pincharon el teléfono por el robo a un banco, después por piratería del asfalto y luego por homicidio. La maniobra empezó en 2007 y continuó hasta hace diez días. El punto en común de toda esa actividad de espionaje ilegal es que las cintas con las escuchas fueron siempre retiradas de la SIDE por la misma persona: Ciro James.
En principio, Oyarbide tiene la intención de procesar a James con prisión preventiva, aplicándole el artículo 319 del Código Penal, especialmente en lo que se refiere al peligro de que un imputado –en libertad– pueda operar para alterar la investigación. El juez considera que James, si sale de la cárcel, va a borrar pruebas, o sea entorpecer la acción de la Justicia, como dice el artículo correspondiente. A los tres policías de Misiones –un alto jefe, Rubén Quintana, el jefe de Homicidios, Raúl Rojas, y un oficial de Inteligencia, Diego Guarda– se les otorgaría la excarcelación, pero seguirán imputados en la causa.
El juez tiene que sortear varios obstáculos para apuntar a quienes dieron la orden de realizar las escuchas ilegales. Por ejemplo, Ciro James dice que él no tuvo nada que ver con el espionaje, que sólo colaboraba con los policías misioneros, a los que conocía. Su único papel –afirma– fue retirar las cintas de la SIDE y lo hizo sólo a manera de gauchada para los misioneros. El juez, desde ya, no le cree. Los policías de Posadas, por su parte, sostienen que el que aportó los datos contra Burstein y Avila fue James y que ellos sólo les transmitieron esas pistas a los jueces José Luis Rey y Horacio Gallardo. Tampoco suena creíble: las pistas sobre homicidios y robos con alguna vinculación con Burstein y Avila son tan desopilantes, que nadie podía creerlas y menos pedir una escucha telefónica. Esta última lógica deja en situación sospechosa también a los magistrados de Posadas.
Para redondear el cuadro de sospecha contra los jueces, el viernes se produjeron dos hechos significativos. Es usual que un juez le pida a otro copia de partes de su expediente, aunque tiene que fundamentar por qué lo necesita. Es lo que hizo Oyarbide al solicitar copias de las escuchas telefónicas y de las causas judiciales que sirvieron de base para el espionaje. A los funcionarios que fueron de su parte a los juzgados de Misiones los hicieron esperar y esperar. Finalmente, a última hora del viernes, el magistrado José Luis Rey y su secretaria huyeron –según le informaron a Oyarbide– por una ventana. Dejaron un escrito el que se oponían a la entrega de las copias. Por su parte, Gallardo también se negó a entregar duplicados de las transcripciones de las escuchas. Estas dilaciones refuerzan una duda que sobrevuela ambos expedientes: a los jueces de Posadas no les importaba el contenido de los diálogos telefónicos de Burstein y Avila, porque ya sabían que no tienen vinculación con ningún delito. Y Ciro James retiraba las escuchas en Buenos Aires, del edificio de la SIDE ubicado en la Avenida de los Incas. De manera que es muy posible que nunca llegaran las transcripciones a Misiones. Eso hace que –tal vez– no estén en el expediente. En cualquier caso, todo demostrará lo burdo de la maniobra.
Palacios llamó ayer al diario La Nación para exculparse del escándalo. Su versión no tiene asidero. Insiste en que a Burstein lo escuchaban realmente por el caso del homicidio en Misiones y, en todo caso, sugiere que la maniobra proviene de la Policía Federal. El problema es que él mismo admite que recomendó a James para la Metropolitana (ver aparte). Al mismo tiempo, sucede que justito le pincharon el teléfono a Burstein cuando estaba en pleno conflicto con Palacios, ya que se oponía a que encabezase la policía porteña porque estaba involucrado en el encubrimiento del atentado a la AMIA. Por otra parte, Palacios afirma que no se intercambiaron tantos llamados como se dice con James. “Fueron sólo clicks de Nextel, no llamados”, afirmó el ex jefe de Investigaciones de la Federal. En el juzgado afirman lo contrario: que se trató de 150 llamadas entre Palacios y James, cada una con ocho o diez clicks de Nextel.
Es seguro que todas estas explicaciones las tendrá que dar Palacios mismo ante el juez Oyarbide. Una vez procesados los protagonistas del espionaje –Ciro James y los policías misioneros–, el expediente irá hacia arriba. Y toda la impresión es que, en ese terreno, Palacios será llamado a indagatoria y tendrá que responder como acusado.
//
DIRIGENTES DE DISTINTAS ORGANIZACIONES SOCIALES
“Ningún partido hizo lo que hacemos nosotros”
La referente de la Túpac Amaru, Milagro Sala, detalló el trabajo de ese movimiento. Advirtió que Gerardo Morales y todos los otros que la acusan deberán probar lo que dicen.


Por Laura Vales
“En la Túpac Amaru tenemos más de tres mil viviendas; tenemos cinco fábricas, fábricas metalúrgicas, textiles, de bloques; tenemos trece polideportivos con pileta de natación. Imaginá que acá, en Jujuy, había solamente dos piletas, y a esas dos podían entrar la clase media y clase alta, los pobres no. Nosotros hemos construido todo eso, y lo hicimos en menos de cinco años. Estamos dándoles de comer a 50 mil niños en toda la provincia, con centros comunitarios y copas de leche. En Jujuy la mayoría de los partidos políticos manejan sus ONG y fundaciones ‘para ayudar a los que menos tienen’. Ellos han recibido vagones de plata, ¿y qué hicieron con esa plata?... un montón de testaferros”, dice Milagro Sala. Lo dice sintiéndose todavía en el ojo de huracán. Esta semana, Gerardo Morales la acusó de comandar un grupo “financiado por el Gobierno, que usa armas y está vinculado con la droga.” El Senado aprobó un pedido de informes para determinar si los integrantes de su movimiento social “tienen permiso para portar armas”. Y encaramado a esa ola, hubo un diario que llegó a presentarla con el título “Fue adicta y ladrona”.
–¿Por qué cree que Morales la acusó de tener gente armada?
–Morales ha llegado a un lugar de histeria, no ha parado de inventar: que tenemos 500 armas, que estamos con el narcotráfico, que se nombraron 600 policías por recomendación mía..., ha convertido a Jujuy en un lugar peor que Colombia.
–¿Para qué?
–Porque lo ayuda a posicionarse, porque él se afianza como presidente de la Unión Cívica Radical, afianza su relación con (Elisa) Carrió y también se muestra como el único que les para la mano a los movimientos sociales. Para nosotros es una crisis, pero a él le viene bien, le sirve.
–No sólo Carrió, sino otros senadores y algunos editorialistas, como Joaquín Morales Solá, aseguraron que su organización tiene armas.
–Es que lamentablemente ellos arman un equipo, es como un equipo de fútbol, se juntan y dicen “a éste le toca”. Clarín y La Nación estuvieron conmigo el jueves casi todo el día. Visitaron las obras que estamos haciendo y ahora salen a decir que los compañeros que los acompañaron a conocerlas son mafiosos y guerrilleros. Los compañeros que los llevaron a conocer son presidentes de cooperativas, encargados de obra, encargados de las fábricas nuestras, que les mostraron cada lugar y les contaron cómo trabajamos... y ahora vemos la publicidad de las notas que nos muestran como mafiosos.
–¿Por qué accedieron a hacer las notas?
–Porque pensé que, si veían lo que estamos haciendo, iban a cambiar de opinión... y ahora estoy enojada conmigo misma. Ellos meten en la interna entre el Gobierno y la oposición a un perejil, porque la Túpac es un perejil para ellos, somos nadie. Pero van a tener que comprobar ante la Justicia que tenemos 500 armas y todo lo demás. Creen que pueden decir cualquier cosa: es Gerardo Morales, tiene fueros, no es negro, no es colla... Fue muy rápida, además, esta operación. El habla de que le tiraron huevos... yo no quiero justificar la violencia, pero él se olvida de que en el 2007 en la Legislatura, al actual intendente, él y su hermano lo llenaron de huevos. También hicieron escraches al juez Valdecantos.
–¿Tienen armas registradas en el Renar?
–Yo tengo una. Me la regaló Germán Abdala, la tengo guardada en una cajita con tapa de vidrio.
–¿Cuántos integrantes tiene la Túpac Amaru?
–Somos 70 mil afiliados.
–¿Y si suman a toda la red de organizaciones?
–No sé. Cuando movilizamos, somos entre 30 y 40 mil personas. Esta semana se hizo una marcha de más de 50 mil compañeros, no sólo de las organizaciones sociales sino de otra gente, compañeros que se sintieron tocados por lo que dijo Morales.
–¿Cómo pesa en lo político una organización de este tamaño?
–Nosotros dijimos muchas veces que lo que queremos es trabajar. En las elecciones no nos candidateamos a nada, aunque con la cantidad de compañeros que hay en la red de organizaciones sociales podríamos haberlo hecho, pero decidimos que no queríamos ser candidatos sino seguir trabajando.
–¿Por qué?
–Porque la política es sucia.
–La provincia tiene los peores índices sociales...
–Sí, faltan por ejemplo 100 mil viviendas, la pobreza está en el 35 por ciento, porque acá en Jujuy los jóvenes de 20 años ya tienen familia. Falta trabajo; nuestros compañeros no tienen dónde emplearse ni dónde estudiar.
–¿Cuántos trabajan ahora en las cooperativas?
–Tres mil ochocientos compañeros.
–¿Ellos cobran un sueldo o lo que reciben a cambio es un plan social?
–Tienen sueldos de entre mil y mil 300 pesos, con obra social y seguro de vida. Están en blanco y las cooperativas pagan a la AFIP. Además, recibimos los fondos para la construcción a medida que avanzan las obras, con un control de cada etapa.
–Junto con la acusación de tener armas, se añadió la de recibir dinero del Estado.
–Bueno, que nos acusen el día que recibamos la plata y no construyamos nada, cuando estemos flojos de papeles. Ayer, la gente de Cobos salió a decir que Morales no se puede candidatear porque está flojo de papeles. Nosotros, en cambio, podemos mostrar todo.
–Además de la oposición, a la Túpac Amaru la criticaron organizaciones sociales de la provincia. El Perro Santillán y el PO, por ejemplo, dijeron que usan patotas.
–El PO marcha con el Perro Santillán y él habla mal de todo el mundo. Con el tiempo de militancia que tiene el Perro, hoy cuando sale a la calle no salen más de cien personas. Y cuando nosotros salimos juntamos cuadras y cuadras, porque los compañeros trabajan en las cooperativas, porque tienen más salud, más educación. Nosotros hemos armado una red de 24 organizaciones sociales. Entonces, él hoy se prende con los que ha puteado toda la vida, con los radicales. Dice que somos violentos pero, ¿no se acuerda de que en la década del ’90 andábamos tirando piedras y quemando gomas? El Perro tiene una memoria blanda. Se olvida también de que hace dos meses fue a tirar piedras contra la casa de gobierno. Se han juntado todos nuestros enemigos, y han llegado a pagar gente para que hablara mal de la organización: que manejamos fierros, que manejamos patotas.
–Decía que no quisieron presentarse a elecciones. ¿Qué rol piensa que deben cumplir las organizaciones sociales?
–Acá el Perro Santillán armó un partido político. Fue cuando él estaba en la cresta de la ola y creía que podía ser gobernador, pero la gente no lo votó. Esa experiencia le sirvió a mucha gente. Nosotros no queremos saber nada de hacer esa política, estamos bien como estamos, trabajando.
–¿Por qué fracasa ese salto de lo social a lo político?
–Es que la gente piensa que los políticos son políticos y los dirigentes sociales tienen que ser dirigentes sociales, que no se tienen que mezclar.
//
ABISMO CULTURAL Y NUEVAS RELACIONES DE PODER
De remate
La insólita denuncia del senador Morales contra Milagro Sala, de quien acaba de descubrir que es mafiosa y vinculada con la droga. Exasperación por el crecimiento de formas de organización popular que acaban con el clientelismo y la marginalidad, mientras se definen nuevas relaciones de poder, en el Congreso, en los partidos, en el mundo sindical, en su relación con las empresas y en los contextos regional y global.


Por Horacio Verbitsky
Gerardo Morales dice Tupac Amarú, como pronunciaban los colonizadores españoles. Así lo aprendieron desde hace siglo y medio los niños porteños en las escuelas públicas del positivismo encargadas con el Ejército y su servicio obligatorio de homogeneizar a la inmigración europea. Milagro Sala y sus compañeros en la organización social autogestionaria más extensa y original del país dicen Túpac Amaru, como los aymaras y el mundo andino. La desavenencia lingüística proviene de un abismo cultural (Milagro Sala dice que antes que argentina es americana y reivindica la historia anterior a la llegada de Colón), con componentes sociales, económicos y políticos. Sus ecos se amplifican en este momento de transición de la escena nacional, cuando se definen nuevas relaciones de poder, en las cámaras del Congreso Nacional, en los partidos políticos, en el mundo sindical, en su relación con las empresas y en los contextos regional y global.
Cazador sin presa
La aprobación por amplia mayoría de varias leyes importantes, entre ellas la de comunicación audiovisual, ha exasperado a las fuerzas de oposición que no consiguen someter a una fuerza que luego del mediocre resultado en las elecciones de medio término no ha perdido la voluntad política ni la capacidad de concretarla. “Son como un cazador desconcertado porque no encuentra la presa herida allí donde la vio caer”, dice un dirigente sindical de relación ambivalente con el gobierno. Morales y su principal aliada, Elisa Carrió, están entre los más exaltados, por razones que además se vinculan con la interna del tronco radical y sus adherencias. La noche del 28 de junio, con el ingenio publicitario de la chaqueña, clamaron victoria, una hipótesis poco compartida. Esta semana la UCR elegirá a su nuevo presidente. Morales no está en condiciones estatutarias de ser reelecto, pero no ha perdido la esperanza de forzar una reforma para permitirlo. Carrió aún no puede ocultar la frustración por su tercer puesto porteño. Sonríe, guiña el ojo, ironiza que no puede hablar del 2011, que les pregunten a los que ganaron. Pero cree que, con su ayuda, Morales sería mejor candidato que el vicepresidente Julio Cobos, lo cual mide la devaluación de ese espacio. Su pulsión primordial es aniquilar a Kirchner, la secundaria, destruir a Cobos. Cuadrar ese círculo de fobias es tan difícil como sostener que la Túpac Amaru es una fuerza de choque kirchnerista y que Quebracho la apoya. Cuando Morales y María Eugenia Estenssoro hablaban en el Senado de grupos armados y Oscar Castillo comparaba la situación argentina con la de la Italia de preguerra, el rostro del presidente de la bancada radical, Ernesto Sanz, la alternativa de Cobos a la reelección de Morales era elocuente. La armonía no es mayor entre los miembros de Unión-Pro, donde tanto Francisco De Narváez como Maurizio Macri y Felipe Solá aspiran al mismo cetro. (De Narváez también apuesta al Uruguay, donde aportó recursos a la campaña del Menem oriental, Luis Lacalle, para las pegatinas Muji-K y las de las Brigadas Bolivarianas, la contratación como asesor del ecuatoriano Jaime Durán Barba y la movilización del partido blanco en Buenos Aires). Para terminar de complicarlos apareció el ex senador Eduardo Duhalde, con su eterno know-how del empujón y sus siempre bien dispuestos socios del Episcopado Católico, que anhelan recuperar la centralidad que Duhalde les dio en 2001 para el derrumbe del gobierno corrupto y violento de Fernando De la Rúa y la resignación ante la brutal transferencia de ingresos consumada en días. El dirigente patronal agropecuario Eduardo Buzzi, en ruta hacia Luján con una Virgen y un estandarte del Sagrado Corazón e invocando ante Clarín “un clima enrarecido, como el del segundo semestre del 2001, de salida de la convertibilidad”, señalan el sendero. La Túpac Amaru es un fantasma que todos ellos agitan, con múltiples propósitos: atacar al kirchnerismo que le ayudó a consolidarse como expresión territorial e ideológica, abortar el crecimiento de una forma de organización social sólida y viable, generar una imagen de inestabilidad y violencia al que pueda atribuírsele cualquier hecho desestabilizador y forzar al gobierno a renunciar a uno de los pilares de su política: la decisión de no reprimir a las organizaciones sociales que lo diferencia de Menem, Duhalde y De la Rúa.
Ni puentes ni rutas
El abismo cultural cifrado en la acentuación de dos palabras explica que la imprecisa denuncia de Morales haya encontrado inmediato eco en su colega justicialista de Guillermo Jenefes. No hay duda que Morales fue víctima de una alevosa agresión, como antes lo había sido el diputado kirchnerista Agustín Rossi: le arrojaron huevos y útiles de oficina en San Salvador. Pero nada tuvieron que ver la Túpac Amaru ni el gobierno nacional. Milagro Sala estaba a 35 kilómetros de distancia, de lo que ofreció quinientos testigos. El escrache fue obra de la Organización Libertad, que comparte con la Túpac Amaru una red de organización sociales, así como los industriales metalúrgicos se sientan en la UIA con los aceiteros y los fabricantes de neumáticos y todos reciben beneficios promocionales del Estado. La misma organización ya había escrachado en marzo a Morales, durante una visita a Purmamarca. Lo acusaban de favorecer la construcción de hoteles de lujo para el turismo internacional en tierras de las comunidades aborígenes. El pedido de informes de Morales que el Senado aprobó esta semana menciona con encomiable sinceridad que la Túpac Amaru tiene tal poder que instaló en la agenda pública provincial “la ley de reforma edilicia, aún con la negativa del entonces gobernador y de las organizaciones de profesionales del sector”. En una involuntaria alabanza, Morales se quejó porque ese poder “es una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos, en la práctica política” y “los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local”. Morales sostuvo que “la gente quiere cobrar su derecho pero no quiere cortar rutas o puentes”. Milagro Sala respondió que la Túpac Amaru respeta a quienes cortan rutas, pero no lo hace porque perju- dica a terceros. En cambio manifiesta frente a las sedes gubernativas.
Bipartidismo sui generis
Como el cordobés Roberto Urquía, Jenefes también ingresó a la política a partir de su poderío económico. Opuesta sería la situación de Morales, si se probaran las acusaciones que la Túpac Amaru le formuló esta semana en la conferencia de prensa frente al Congreso. Según el documento entregado por la organización, cuando comenzó su carrera política Morales sólo tenía una casita. Ahora poseería con testaferros el hotel Panorama, en Belgrano y Patricias Argentinas, de San Salvador, dos edificios en construcción en las calles Güemes e Independencia, varios departamentos y terrenos, en Jujuy y Córdoba, plantaciones de soja en Santiago del Estero, una financiera en Buenos Aires y una FM trucha que recibe un subsidio de 1,5 millones de pesos al año del gobierno provincial. También negocia “quedarse con parte de las tierras del ingenio azucarero en quiebra La Esperanza”, dijeron. Ante una publicación de esta columna Morales dijo que no producía soja, ni en forma directa ni a través de otra persona. Pero no negó que su hermano fuera titular de inversiones en esa actividad. Jenefes y Morales recorren el mismo camino en dirección opuesta, pero en cualquier caso la política y los negocios forman una trama de intereses, que se ponen incandescentes ante cualquier intento de transformación. La semana pasada, Morales dijo que también Jenefes había sido agredido por la diabólica organización, a la que llamó mafiosa, vinculada con la droga y temida por el gobernador Walter Barrionuevo. Agregó que muchos dirigentes del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical “no estamos dispuestos a soportar lo que está pasando en Jujuy”. Jenefes asintió y dijo que había sido agredido cinco veces por la Túpac Amaru. Su íncubo es la radio de frecuencia experimental Túpac, autorizada por el COMFER, a la que siente como una amenaza para el multimedios familiar, que conforman el Canal 7 de televisión, la radio AM Visión en San Salvador y dos radios FM, en Perico y Libertador. Así se lo explicó a sus compañeros de bloque cuando se trataba la ley audiovisual. También es propietario del Hotel y Casino Howard Johnson Plaza y de una mansión de estilo feudal en Guerrero, que los pueblos originarios reclaman como propia. A comienzos de este año Milagro Sala denunció que Jenefes había desmontado más de mil hectáreas de bosques nativos en la finca Real de los Toros, en Palma Sola, con una autorización especial, que la Túpac Amaru objetó en la Legislatura jujeña. Su hermano Sergio fue designado ministro del Superior Tribunal de Justicia, como parte de un acuerdo con Morales, pese a que la CTA y los organismos defensores de los derechos humanos recordaron su actuación como subsecretario de Desarrollo Social durante la dictadura. Morales también dijo en el Senado que la Túpac Amaru “tiene empresa de transporte” y “se quiere meter en barrido y limpieza y ha comprado maquinarias”. Su colega Beatriz Fellner, hermana del ex gobernador jujeño, preguntó si estaba mal que los pobres se organizaran y quisieran “entrar en el negocio” de la recolección de basura y el transporte “o siempre tiene que quedar en determinadas manos y que los pobres solamente reciban un sueldo”. El problema de fondo es que los tupaqueros no lo ven como un negocio.
Rendición de cuentas
Otro capítulo de la diatriba de Morales fue que la Túpac Amaru no rendía cuentas de los fondos que recibía. Dijo que a su pedido la Auditoría General de la Nación envió dos auditores “y los sacaron corriendo”, igual que a los de la provincia y los del municipio. Cuando lo escracharon estaba con el Auditor General de la Nación, el también radical Leandro Despouy, un destacado defensor de los derechos humanos en el exilio durante la dictadura militar y hoy relator de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados. Consultado para esta nota, Despouy no confirmó la denuncia de Morales. “Al principio la organización no quería ser auditada, pero después accedieron, cuando les explicaron qué información buscaban. Aparentemente la información que se buscaba se obtuvo”, dijo. Explicó que la auditoría no comprendió sólo Jujuy o la Túpac Amaru sino que forma parte de un relevamiento en todas las provincias, cuyo resultado estaría listo en dos o tres meses. “No estamos contra los planes sociales”, aclaró. La Túpac Amaru envió a este diario copia de actas levantadas por los auditores de la AGN, Alberto Garré y Elvira Muñoz. Un acta dice que a pedido de los municipios de Santa Clara y El Piquete las obras fueron construidas por desocupados de la zona que no tenían planes sociales, con 32 operarios en lugar de 16, para dar trabajo “a mayor cantidad de gente”, constata que la factura corresponde al personal afectado a la obra, que todos han sido asegurados, adjunta las facturas de compra de materiales e informa que la obra está terminada, “no obstante quedar un saldo impago”. En su respuesta a Morales desde las puertas del Congreso, la Túpac Amaru explicó que construía mil viviendas sociales al año, dentro del programa federal de emergencia habitacional. El ministerio federal de Planificación gira los fondos al Instituto Provincial de Vivienda, que a su vez los remite al Municipio. Recién en esa instancia, la municipalidad paga a la cooperativa de desocupados, en seis cuotas, contra certificación del avance de la obra por el Instituto Provincial. De los 15 mil cooperativistas de Jujuy sólo un tercio integran la Túpac Amaru. El intendente de San Salvador, Raúl Jorge, del sector político de Morales, emplea el mismo programa con otras 13 cooperativas municipales. También tienen las suyas la Iglesia Católica y otras ONGs. La auditoría es ineludible para llegar al pago. “Es contradictorio que el jefe político del intendente nos acuse de manejo discrecional de fondos que nunca podríamos recibir sin la firma de Jorge”, dice la Túpac Amaru. Lo mismo responde a la acusación de Morales sobre la falta de escrituración de las casas, que usarían como elemento de extorsión: “La escritura corresponde al municipio”. Según Morales, los miembros de la Túpac Amaru registraron armas en el ente de control y Milagro Salas “ha recibido una licencia de instructora de tiro”. Dirigentes de la Túpac Amaru dijeron que su conductora sólo posee una pistola, regalo de Germán Abdala, y que su verdadera arma es el horno de barro.
//

sábado, 24 de octubre de 2009


Causa La Cueva: piden que Castellanos se aparte por “falta de imparcialidad”, de Belén Cano

Causa La Cueva: piden que Castellanos se aparte por “falta de imparcialidad”


El Mié a las 22:16
Gloria León, abogada querellante, dijo que “no es una simple cuestión procesal” pedir constancia de fallecimiento de un desaparecido. Además, pidieron celeridad en los procesos. “Que empiecen de una bendita vez”, dijo una Madre de Plaza de Mayo.-“Le solicitamos se aparte de la causa dejando lugar a quienes realmente se comprometan con nuestro pueblo y escriban con sus sentencias la historia de nuestra Patria”. Eleonora Alais leyó el final de una nota enviada al juez federal Alejandro Castellanos, a quien cuestionaron por “falta de imparcialidad”. “No es una simple cuestión procesal, tiene que ver con la forma en que este magistrado lleva adelante los juicios”, señaló Gloria León, abogada querellante. Las Madres de Plaza de Mayo recordaron una reunión con el titular del Juzgado Nº1 donde les dijo que estaba en desacuerdo con la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.El magistrado, a través de una notificación, les solicitó a los familiares de Hugo Alais, abogado laboralista desaparecido en la Noche de las Corbatas, una “constancia de ausencia con presunción de fallecimiento”.“La presunción de fallecimiento –le informaron- está por demás acreditada no sólo por los habeas corpus presentados en ese momento y las denuncias ante la Conadep, sino también por el certificado expedido por la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, que convierte la ausencia con presunción de fallecimiento en ausencia por desaparición forzada de persona, confirmando la responsabilidad del gobierno cívico militar en tales desapariciones, torturas, apropiación de niños, robo de bienes, vuelos de la muerte, quinientos campos de concentración en todo el país”.La nota fue leída por Susana, la mujer de Hugo Alais. A su término, la abogada explicó: “Desde el punto de vista jurídico, el pedido de Castellanos, como vino presentado en la notificación, parece una simple cuestión procesal o de recaudos formales. En realidad el problema es más profundo. Su criterio ya fue sentado en el auto de procesamiento de agosto del año pasado de una serie de militares, y de los civiles Cincotta y Ullúa. Él establece que su criterio es imputar esa desaparición forzada, tormentos agravados, pero no homicidios porque considera que no hay elementos suficientes para llegar a esa conclusión; de que por las víctimas que aún permanecen desaparecidas se debe imputar homicidio calificado”.Se imputa solamente homicidio calificado, reparó, en el caso del abogado Norberto Centeno –“porque su cuerpo apareció”-; en el caso de Jorge Candeloro –“porque hay una nota de Barda (jefe de la subzona 15) diciendo que había sido ajusticiado”-; y en el caso de que los familiares hayan hecho el trámite de desaparición.“Es una definición político – ideológica que tiene el magistrado”, sostuvo León. La postura, dijo, va en contra de lo que dicho “desde la Corte Suprema de la Nación para abajo”: “Quedó establecido qué son delitos de lesa humanidad y qué es lo que pasa con la desaparición forzada con el correr del tiempo”.La abogada querellante destacó, en este marco, la labor del Tribunal Oral Federal, que desde año 2000 viene trabajando con el Juicio por la Verdad, “en una verdadera arqueología jurídica en cuanto a desempolvar expedientes que aparentemente no decía nada”. Los jueces Mario Portela, Roberto Falcone y Néstor Parra elevaron en septiembre de 2004 al Juzgado Federal Nº1, ahora a cargo de Castellanos, todo lo relacionado con lo sucedido en el centro clandestino de detención conocido como “La Cueva”, y lo relacionado con la desaparición de los abogados en la denominada Noche de las Corbatas. “Ya deja asentado que la desaparición forzada es un eufemismo que esconde el homicidio agravado del que fueron víctimas este grupo de abogados. No es que se me ocurre a mí como abogada ni a Eleonora Alais como familiar u a organismos plantear la gravedad de este criterio que tiene el juez”, sostuvo León.La abogada dijo que se acompañaron las copias en el expediente de lo solicitado por el magistrado federal. Pero por fuera de lo estrictamente jurídico y procesal, reparó León, “está el derecho de las víctimas a manifestar su verdadero sentir. En ellas está representado el padecimiento de miles de personas”.La querellante sostuvo que el juez que tiene la responsabilidad de investigar y hacer justicia. Dijo que el criterio de Castellanos es no imputar homicidios “porque no hay elementos”. “Está poniendo la carga de eso en el familiar. El familiar tiene que declarar a su desaparecido, que la desaparición forzada es sinónimo de muerte”, cuestionó.Alais, de la Agrupación HIJOS, cuestionó que a los represores y asesinos de sus padres cumplan prisión domiciliaria o sean excarcelados, por el principio de “humanidad”. “Nos parece irónico, dado que fue inhumano el trato recibido por nuestros familiares”, indica el escrito presentado ante el juez federal. Además, anunció que una serie de escraches. “Si no hay Justicia, hay escrache”, mencionó.Por último, tomó la palabra María Juana Rivas, “Marucha”, en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. La mujer relató que en una reunión con Castellanos, el magistrado les dijo que estaba en desacuerdo con la derogación de las leyes del perdón. También pidió por la celeridad de las causas de derechos humanos. “Que empiecen de una bendita vez”, exclamó. ProfesionalidadLa respuesta al pedido de una “constancia de ausencia con presunción de fallecimiento” de Hugo Alais fue contundente. En los últimos días, Eleonora y Susana de Alais, hija y mujer del abogado laboralista desaparecido en la Noche de las Corbatas, presentaron ante el Juzgado Nº1 una nota, donde señalaron: “La profesionalidad de un juez federal implica no desconocer la historia del sufrimiento de nuestro pueblo; hacerlo significa convertirse en cómplice del gobierno dictatorial”.Con pedido de juicio políticoOrganismos de Derechos Humanos, nucleados en la Comisión Verdad, Justicia y Memoria, presentaron hace seis meses el pedido de juicio político contra Alejandro Castellanos. El trámite sigue su curso.Lo habían acusado de “otorgar impunidad” a represores con resoluciones tomadas en la causa La Cueva y habían señalado como determinante la orden de captura que libró contra el civil Eduardo Salvador Ullúa y que retrotrajo meses después, a pesar del pedido de la Fiscalía y la querella que acelerar la detención.Por Belén Canobcano@diarioelatlantico.comhttp://www.diarioelatlantico.com/diario/2009/10/20/3119-causa-la-cueva-piden-que-castellanos-se-aparte-por-falta-de-imparcialidad.html


Liberan a procesado por crímenes de lesa humanidad
La Cámara Federal dejó en libertad al abogado Eduardo Cincotta, procesado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

foto:Eduardo Cincotta


El letrado fue excarcelado "por razones humanitarias" luego de trece meses con prisión preventiva, primero en la Alcaidía 44 de Batán y luego en su casa.
Los jueces Alejandro Tazza, Jorge Ferro y Juan Alberto Ferrara, argumentaron en su resolución que el ex miembro de la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria y del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 padece una enfermedad grave que lo obliga a deambular por centros asistenciales.
Según consigna el diario Página 12, Ferrara es el mismo juez que en abril de 1976 sobreseyó sin investigar el asesinato de los padres y la hermana de un militante montonero, que aparecieron cubiertos de cal y sin dedos luego de cuatro días desaparecidos. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó investigarlo el año pasado por el encubrimiento de los crímenes.
El único ex miembro de la CNU detenido es ahora Nicolás Cafarello, en tanto permanecen prófugos Fernando Delgado y Eduardo Salvador Ullúa. El último tuvo pedido de captura durante dos meses y medio, hasta que el juez Alejandro Castellanos revocó su propia resolución, decisión por la que fue denunciado ante el Colegio de la Magistratura. Luego la Cámara ordenó la captura nacional e internacional de Ullúa.
Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata reclamaron la semana pasada que Castellanos se aparte de la instrucción de la causa "La Cueva", el centro clandestino del GADA 601.
Cuestionaron "el trato privilegiado recibido por Cincotta" y calificaron de "capcioso" que el juez solicitara una constancia de ausencia con presunción de fallecimiento de Hugo Alais, uno de los abogados laboralistas secuestrados y desaparecidos durante la "Noche de las Corbatas".
Sostuvieron que ambas actitudes "indican falta de imparcialidad" y consideraron que "se está invirtiendo la situación con este tipo de pedidos: pareciera que la intención no es juzgar a los victimarios sino a las víctimas del terrorismo de Estado". "La profesionalidad de un juez implica no desconocer el sufrimiento de nuestro pueblo; hacerlo significa convertirse en cómplice del gobierno dictatorial", afirmaron.
El abogado Cincotta, quien luce en su estudio jurídico una distinción por servicios prestado "en la lucha contra la subversión", está procesado por la desaparición de los abogados laboralistas secuestrados en la Noche de las Corbatas y vistos por última vez en el centro clandestino La Cueva, entre ellos Alais, Jorge Candeloro y Norberto Centeno.

Fuente: Página 12
-- POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS




CJVJM Comisión por los Juicios VERDAD JUSTICIA y MEMORIA - Mar del Pla

Excarcelaron a un ex CNU en Mar del Plata
Un abogado con amigos en la Justicia
El abogado Eduardo Cincotta, procesado por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata durante la última dictadura, fue excarcelado “por razones humanitarias” luego de trece meses con prisión preventiva, primero en la Alcaidía 44 de Batán y luego en su casa. La Cámara Federal local, integrada por Alejandro Tazza, Jorge Ferro y Juan Alberto Ferrara, argumentó en su resolución que el ex miembro de la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria y del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 padece una enfermedad grave que lo obliga a deambular por centros asistenciales. Ferrara es el mismo juez que en abril de 1976 sobreseyó sin investigar el asesinato de los padres y la hermana de un militante montonero, que aparecieron cubiertos de cal y sin dedos luego de cuatro días desaparecidos. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó investigarlo el año pasado por el encubrimiento de los crímenes.
El único ex miembro de la CNU detenido es ahora Nicolás Cafarello, en tanto permanecen prófugos Fernando Delgado y Eduardo Salvador Ullúa. El último tuvo pedido de captura durante dos meses y medio, hasta que el juez Alejandro Castellanos revocó su propia resolución, decisión por la que fue denunciado ante el Colegio de la Magistratura. Luego la Cámara ordenó la captura nacional e internacional de Ullúa.
Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata reclamaron la semana pasada que Castellanos se aparte de la instrucción de la causa “La Cueva”, el centro clandestino del GADA 601. Cuestionaron “el trato privilegiado recibido por Cincotta” y calificaron de “capcioso” que el juez solicitara una constancia de ausencia con presunción de fallecimiento de Hugo Alais, uno de los abogados laboralistas secuestrados y desaparecidos durante la “Noche de las Corbatas”. Sostuvieron que ambas actitudes “indican falta de imparcialidad” y consideraron que “se está invirtiendo la situación con este tipo de pedidos: pareciera que la intención no es juzgar a los victimarios sino a las víctimas del terrorismo de Estado”. “La profesionalidad de un juez implica no desconocer el sufrimiento de nuestro pueblo; hacerlo significa convertirse en cómplice del gobierno dictatorial”, afirmaron.
El abogado Cincotta, quien luce en su estudio jurídico una distinción por servicios prestado “en la lucha contra la subversión”, está procesado por la desaparición de los abogados laboralistas secuestrados en la Noche de las Corbatas y vistos por última vez en el centro clandestino La Cueva, entre ellos Alais, Jorge Candeloro y Norberto Centeno.


Envio d Guatraché L-P-

Gacetilla de prensa – Sábado 17 de octubre de 2009
Criticaron a la dirigente por su rechazo a que se esclarezcan los crímenes de la dictadura. “Obtener el ADN es imprescindible para recuperar la identidad”, señalaron los dirigentes.Sabbatella y Cañón apoyaron el proyecto de obtención de ADN y cuestionaron a Carrió“La ley que se impulsa en el Congreso para esclarecer la identidad de posibles hijos de desaparecidos es imprescindible y significará una bisagra en la tarea que viene realizando la Justicia y en el trabajo de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo”, señaló hoy Martín Sabbatella y cuestionó a la dirigente conservadora Elisa Carrió, quien había rechazado la iniciativa calificándola de “fascista”. “La Corte Suprema de Justicia, los organismos internacionales y los de derechos humanos promueven la obtención de ADN como forma imprescindible para determinar la identidad de alrededor de 400 víctimas de apropiación ilegal”, expresó el diputado electo y agregó: “Carrió asume la defensa política de los apropiadores y embarra la búsqueda de la Verdad y la Justicia”. “Es evidente, que cumple paso a paso con el manual de la derecha”, manifestó Sabbatella.”Esta ley es una herramienta que promueve el esclarecimiento de la identidad de personas que están apropiadas. Entorpecer eso es garantizar la impunidad de los apropiadores y negarle el derecho a las víctimas a que conozcan la Verdad”, opinó el dirigente de Nuevo Encuentro y señaló: “Lo que quiere Carrió es evitar que la Justicia determine si un niño fue parido en cautiverio, si sus padres fueron asesinados y si aquellos que lo criaron son responsables o cómplices de un crimen”.Quien también se refirió al proyecto fue el dirigente del Encuentro y titular de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, quien señaló: “Oponerse a esta ley es ser cómplice de quienes planificaron y ejecutaron el plan criminal de exterminio”. “Los familiares, particularmente las abuelas de los niños secuestrados y cuyas identidades se ocultaron, están demandando Justicia desde hace décadas; y esta ley es un paso más para desarticular todo el plan de ocultamiento y dar claridad a los hechos, facilitando la recuperación de identidad”, expresó el ex fiscal general de Bahía Blanca, quien dedicó más de dos décadas a investigar crímenes de lesa humanidad. El proyecto de ley que tratará diputados autoriza a los jueces que investigan la presunta apropiación de una persona a obtener muestras de ADN por “medios distintos a la inspección corporal”. Es decir que, si la posible víctima de ese delito se negara a la extracción de sangre, los magistrados podrían ordenar allanamientos y conseguir material genético en pelos, vestimenta, cepillos de dientes, etcétera. Esta medida ya fue puesta en práctica por diversos jueces y nueve víctimas recuperaron su identidad gracias al procedimiento. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia estableció que “la identificación de una persona no es violatoria de su autonomía ni de su voluntad cuando es realizada por medios no violentos regulados por ley”.


El grupo de Tareas del Jefe de Gobierno Macri ataca con total impunidad
DENUNCIAN QUE LA UCEP AGREDIO A UN CHICO DE 15 AñOS EN PARQUE LEZAMA
Ataques sin límites de edad
Operadores del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y el coordinador de un parador denunciaron que el chico, en situación de calle, fue golpeado y amenazado por cuatro miembros del grupo de choque. Aún no fueron a la Justicia porque el chico está aterrorizado.

Durante tres meses caminó las calles porteñas. Con poco más de 15 años, dejó la escuela y empezó a hacer algunas changas. De noche, buscaba un lugar tranquilo donde poder dormir. La madrugada del viernes 16 eligió el anfiteatro del Parque Lezama. Pero mientras descansaba sobre las escalinatas, sufrió el ataque de personal de la Unidad de Control del Espacio Público. Fueron cuatro hombres vestidos de negro: “Dos le pegaron patadas y puñetazos, otro tenía un bidón con nafta y amenazó con prenderlo fuego si volvía a aparecer por el lugar y, el último, le puso una pistola en la cabeza para asegurarle que hablaban en serio”. Gerardo es coordinador de un parador contratado por el gobierno porteño para albergar a chicos en situación de calle. Actualmente tiene a su cuidado al pibe golpeado y amenazado por la patota de la UCEP. “Intentamos hacer la denuncia, pero el chico está muy asustado y no queremos presionarlo”, dijo a Página/12. Por el momento, tampoco el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes realizó presentación judicial alguna.
Contusiones en piernas y brazos, varias costillas lesionadas y el riesgo de perder la visión en el ojo izquierdo fueron las consecuencias del ataque del grupo de choque PRO contra el chico de 15 años. Desde la golpiza, el adolescente está siendo atendido por especialistas del hospital oftalmológico Santa Lucía. “El chico tiene mucho miedo”, relató Gerardo que, “por resguardo del pibe”, no quiso decir su apellido ni el nombre del hogar que coordina.
Pasada la medianoche del viernes 16, el chico fue despertado abruptamente. En las escalinatas del Parque Lezama se escucharon las palabras del grupo de choque del gobierno porteño. “Le gritaron: ‘Te tenés que ir de acá. Rajá’ –contó Gerardo–. Al toque lo empezaron a insultar: ‘Si te vas a morir que no sea acá’.” Después, sólo hubo golpes y amenazas. Los agresores del chico fueron cuatro. Todos vestidos de negro e integrantes de la UCEP. En un comunicado de prensa, el gremio de empleados de ATE del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes confirmó la identidad de los violentos funcionarios porteños: “Hubo un testigo que vio toda la situación y aseguró que los tipos eran personal de la unidad macrista”.
Un delegado gremial, trabajador del Departamento de Prevención y Fortalecimiento de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal –dependiente del Consejo– aseguró que “de manera contraria a lo dicho por (Mauricio) Macri, nosotros denunciamos que este tipo de hechos contra los jóvenes pobres está completamente relacionado con el escaso presupuesto que el gobierno les asigna a las áreas de adolescencia y niñez”. La ciudad tiene entre tres y cinco mil pibes en situación de indigencia y, “paradójicamente, mientras aumenta la exclusión social la única respuesta pública es la UCEP”, explicó el vocero gremial.
Según le contó el chico a Gerardo, “mientras dos de los tipos le pegaban, otro que tenía un bidón con nafta amenazó con prenderlo fuego”. También y para asegurase de que el chico no volviera a intentar dormir por la zona, “le apuntaron con un arma en la cabeza. Después se fueron y el pibe quedó tirado en las escalinatas del parque (Lezama)”, contó el coordinador. El hombre destacó además que “los cobardes nunca se identificaron, pero algunos vecinos dijeron que eran del Gobierno de la Ciudad porque ya los habían visto actuar en algunos desalojos”.
El chico golpeado “llegó, como pudo, hasta la guardia del Hospital Argerich y pidió llamar al 108 –dijo Gerardo–. Entonces, un comando de nuestro equipo de asistencia lo atendió y le sacó fotos para la posterior denuncia, después lo derivaron al hogar”. Sin embargo y como “sabemos que la UCEP está actuando con fuerza por el barrio, no queremos exponerlo y estamos esperando que el propio Consejo (de Niñas, Niños y Adolescentes) derive un informe a la Justicia”. El temor de Gerardo está relacionado con otra agresión de la patota macrista: “Hace unos días, en la plaza Martín Fierro, a otro chico también lo molió a golpes la fuerza parapolicial del gobierno”, denunció el coordinador.
Informe: Mariana Seghezzo.
EL PAIS › FINAL CON POLEMICA EN EL JUICIO A ALTOS MANDOS DEL PRIMER CUERPO DE EJERCITO
Más absueltos que condenados
El general Jorge Olivera Róvere y el coronel Benardo José Menéndez recibieron prisión perpetua, aunque por el momento seguirán libres. Tres ex jefes del Regimiento Patricios fueron absueltos. “Es un paso atrás respecto del Juicio a las Juntas”, señaló un abogado del CELS.



Por Diego Martínez
Luego de treinta años de espera, de tres meses de audiencias anticipadas y otros nueve de juicio oral, en los que cuatrocientos testigos repitieron los padecimientos propios y de sus seres queridos, la alegría duró apenas segundos. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) porteño condenó ayer a prisión perpetua al general Jorge Olivera Róvere y al coronel Benardo José Menéndez por secuestros y homicidios en la ciudad de Buenos Aires, pero absolvió de culpa y cargo a tres ex jefes militares que ocuparon altos cargos en la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Tanto absueltos como condenados seguirán en libertad. El fallo marca un quiebre en el proceso de justicia por los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado.
Ex jefe de la subzona Capital Federal y mano derecha del general Carlos Suárez Mason como segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Olivera Róvere fue condenado por más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad, agravadas por su condición de funcionario público y por haber sido cometidas con violencia, y por los homicidios calificados con alevosía de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El coronel Menéndez, ex jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea y del área militar 5 en 1977, fue condenado por sólo cinco de los 41 secuestros que le imputaban, más un homicidio agravado.
Los flamantes absueltos son el coronel Humberto José Lobaiza y el general Teófilo Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, a quienes distintas instancias de la Justicia federal habían procesado por 83 y 28 secuestros respectivamente, y el coronel Felipe José Alespeiti, ex segundo jefe del Patricios y jefe del área militar 2 durante 1976, imputado por 34 secuestros. Si bien los fundamentos se harán públicos el 10 de diciembre, quienes conocen la causa a fondo descuentan que se condenó sólo por los casos en los que se probó la intervención directa de los imputados.
Con el fallo de ayer suman 23 los imputados que fueron juzgados en 2009. Antes fueron condenados cinco represores en San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros y dos interventores militares de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (donde fue absuelto Alejandro Duret) y el general Santiago Riveros y cinco de sus subordinados en Campo de Mayo. La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré, todos condenados por el TOF 5.
Un paso atrás
La sala explotó cuando el juez Guillermo Gordo, que no preside pero ofició de vocero del tribunal, concluyó la lectura. A los gritos de “¡cómplices!” y “¡asesinos!” siguió una música que ya es marca registrada de los procesos a represores: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. “Por segunda vez este tribunal absuelve a genocidas”, informaba una militante de HIJOS con un megáfono en la vereda de Comodoro Py. “Queremos que los vecinos de Recoleta tengan claro que si el Poder Judicial no hace justicia y estos tipos siguen libres, la condena social seguirá vigente”, agregó, como anticipo de nuevos “ataques acústicos” para informar a los vecinos de represores sobre sus labores durante la dictadura.
“Filmen las caras de los genocidas impunes para que todo el mundo las conozca”, proponían a los camarógrafos, mientras algunos familiares de desaparecidos alternaban críticas al Poder Judicial y a los medios de comunicación presentes. “¿Dónde estuvieron ustedes durante los nueve meses que duró el juicio?”, gritaba un hombre con los ojos llenos de lágrimas. “Vayan a buscar a los genocidas, que siguen libres, y no sigan filmando nuestro dolor, que no sirve de nada”, les explicaba a los gritos.
“Se probó la división territorial y la función de las áreas militares como elementos de ejecución, no se entienden las absoluciones”, destacó Gerardo Fernández, del CELS. “Había pruebas para condenar a todos. Nos hubiera gustado que la sociedad pudiera tener acceso al debate para comprobarlo. Hay que esperar los fundamentos, pero la absolución de ex jefes de áreas es un paso atrás respecto de los criterios aplicados en el Juicio a las Juntas”, agregó.
“De ahora en más se puede esperar cualquier cosa de este tribunal”, resumió el fiscal federal Félix Crous, que había pedido una pena de 25 años de prisión para los tres absueltos. “Desde antes del comienzo del juicio, personal del tribunal hizo conocer a terceros la presunción de que los jefes de área eran inocentes. Causa inquietud que haya podido haber un prejuicio sobre la responsabilidad de los imputados y que pueda haber repercutido en el fallo”, agregó, y consideró “irónico” que los fundamentos se lean el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
“El fallo implica negar la existencia de un plan sistemático, implica considerar que los jefes de área podían desconocer los secuestros y asesinatos que ocurrían en Capital Federal. Es como pensar que entre Olivera Róvere y las patotas no había nadie en el medio”, reflexionaron miembros de HIJOS regional Capital.
“Las condenas se ven opacadas por la absolución a quienes fueron jefes operativos. El tribunal pretende instalar la teoría de la ‘obediencia debida’ cuando ya en el fallo de la causa 13 se afirmó la existencia de un plan de exterminio de las Fuerzas Armadas y el Estado en su conjunto”, consideró la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Página/12 le pidió una opinión sobre el fallo a una decena de familiares de los imputados. Todos prefirieron guardar silencio.

EL PAIS
Sin cámaras de televisión

El Tribunal Oral Federal 5 concluyó ayer su séptimo juicio sin cámaras de televisión en la sala. Sólo pudo ingresar un fotógrafo de la agencia Télam, concesión otorgada tras el papelón de la audiencia inicial, cuando dos secretarios le taparon la cámara con sus manos. El jueves once organizaciones de la sociedad civil le reclamaran a la Corte Suprema de Justicia que garantice el cumplimiento de su acordada 29/08 sobre la publicidad de los procesos por crímenes durante la dictadura

“No recibí ni impartí órdenes lesivas”

Por Diego Martínez
“No recibí ni impartí órdenes que puedan considerarse lesivas a los derechos humanos”, afirmó por la mañana el general retirado Jorge Olivera Róvere, condenado por la tarde por más de un centenar de secuestros y cuatro homicidios agravados. El ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, dueño de vidas y muertes de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura, se explayó durante una hora con tono de profesor de historia sobre el proceso político previo al golpe de Estado, aunque advirtió que, “por haber sido un actor perseguido (sic), prefiero dejar de lado mi situación personal”.
Sólo dos de los cinco imputados aceptaron hacer uso de las últimas palabras previas a la sentencia. El coronel Humberto José Lobaiza agradeció a sus defensores y al tribunal, por “el respeto y el decoro” con que se los trató durante el proceso. Luego reiteró su argumento de defensa: el Regimiento de Patricios que comandaba tenía pocos efectivos, mayoría de conscriptos y “altísima exposición pública, inconveniente para las acciones encubiertas” que desarrollaban sus camaradas. Luego repudió el alegato del fiscal Félix Crous, no por los secuestros que le imputó sino por destacar que quienes “privaron a los deudos de los ritos funerarios” pertenecen a “una condición previa a la civilización”.
Olivera Róvere aseguró que la condena social que sufren las Fuerzas Armadas “es consecuencia de la acción psicológica del marxismo internacional, que mantiene plena vigencia”. Citó como ejemplo “la mendaz exageración sobre los 30 mil desaparecidos”, cuestionamiento que comparte con “un emblema de los derechos humanos”, en referencia a la ex dirigente Graciela Fernández Meijide.



PANORAMA POLITICO
Palabras violentas

Por Luis Bruschtein
Los movimientos sociales fueron surgiendo en los espacios que los partidos políticos no podían ocupar, a veces por su especificidad, a veces por incapacidad. Por una u otra razón, la llegada de los movimientos sociales al escenario de la política fue un aporte enriquecedor. Así fue con los organismos de derechos humanos, con las radios comunitarias o las fábricas recuperadas, con los movimientos de género o con los piqueteros.
Así como los movimientos de derechos humanos prendieron una luz civilizatoria donde la civilización había descendido al infierno, los movimientos piqueteros brillaron también con esa luz, pero en aquellos territorios donde las instituciones de la civilización se habían retirado. Ambos aportaron el pulso de la condición humana, el rechazo a deshumanizarse, incluso cuando la mayoría de la sociedad había decretado ese camino, el de “por algo habrá sido” o “somos derechos y humanos” de los ’70 o del éxito individual y el egoísmo de los ’90.
La legitimidad de esos movimientos ya está escrita en sus historias y orígenes y los diferencia de los sellos de montaje oportunista o de los grupúsculos de laboratorio. Son agrupaciones que se manejan en un tema específico con el que entretejen y generan políticas. Su llegada al campo de la política fue recibida con aplausos, que en realidad ocultaban sorpresa y desconcierto. En función de sus temas, los movimientos intervinieron necesariamente en política, no como partido político, pero sí en la disputa por espacios y reivindicaciones. Entonces los aplausos se parcializaron: sólo aplaudían los que estaban de acuerdo con ellos y el desconcierto se fue transformando en inquietud.
Con el proceso de polarización cada vez más acentuado, los movimientos sociales pasaron a convertirse en blanco fácil de un debate que discurre por los laterales y evita discutir lo central, porque el único tema que realmente importa es la división entre oficialismo y oposición. En la última semana, los movimientos sociales parecen haberse convertido en uno de esos blancos laterales. En pocos días hubo una denuncia por supuesto clientelismo en el comedor Los Pibes de La Boca, se produjo el incidente con el hijo de Emilio Pérsico y el escrache al senador Gerardo Morales.
Ninguna de las tres situaciones planteadas como fueron planteadas pueden ser defendibles. Tampoco puede defenderse el hecho de que sean planteadas así para deslegitimar un actor en la política que ha demostrado en los últimos años más legitimidad que quienes lo quieren deslegitimar. Es lo mismo que hablar contra la política y los políticos en general. Que son ladrones y vagos, que montan sus fortunas sobre las necesidades de la gente, el discurso demagógico y oportunista de la antipolítica.
A Milagro Sala, la dirigente de la organización Túpac Amaru, a quien Morales acusó por su escrache, se la ha presentado como “jefa mafiosa” y hasta como “drogadicta”. El enojo de Morales contra los piqueteros no fue el mismo que contra los ruralistas que sí golpearon y escracharon a Agustín Rossi en Santa Fe. En ese caso, se quiso y se pudo diferenciar a los participantes en ese ataque de sus dirigentes y hasta de sus organizaciones. El mismo Rossi tuvo ese gesto. La Mesa de Enlace –conformada por organizaciones de propietarios y patrones– nunca fue interpelada por esos hechos y siguió siendo una interlocutora legítima. Y visualizada desde ese lado como su antorcha civilizatoria frente a la barbarie oficial. Ningún medio habló de los discursos violentos de De Angelis ni de la violencia en los cortes de ruta.
Pero además, Morales involucró expresamente a Milagro Sala, aun cuando otra agrupación de campesinos jujeños, llamada Libertad, reivindicó el escrache. El detenido pertenece a esa agrupación de pueblos originarios que ya lo había escrachado en marzo en Purmamarca, según ellos porque Morales “está en contra de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades aborígenes”.
Pero los piqueteros no son ruralistas paquetes. Con ellos se aplica otra mirada, radicalmente distinta, clasista y discriminatoria. Los piqueteros son “esencialmente” corruptos porque están ordenados en función de un clientelismo indigno. Hubo una frase, un chiste durante la semana, por parte de Elisa Carrió, verdaderamente patética: “Si se aplica la asignación para la niñez que plantea el Gobierno, vamos a ver a chiquitos de tres años en las marchas por un choripán”. Carrió quizá no sea consciente del desprecio profundo que encierra esa frase. La gente pobre se vende por un choripán, está obligada a venderse porque es pobre y además se vende por poca cosa por la misma razón, hay que rescatarlos de esa indignidad y convertirlos en clase media. La misma clase media que al principio ocultó su sorpresa con aplausos ahora repite ese comentario. Pensar de otra manera implica ser cómplice de la “corrupción indigna” de los movimientos piqueteros. Es decir, no se puede pensar bien de los pobres o, en el mejor de los casos, hay que pensar que los pobres no pueden pensar. En la clase media no se puede respetar a la gente que se organiza para avanzar, a menos que sean patrones o propietarios, que en ese caso tienen derecho insultar y llevarse por delante a todo el mundo.
Esa es la mirada hacia los piqueteros por parte de un sector de la clase media. Como no son clase media, son diferentes, son indignos. ¿Quién los va a rescatar de esa indignidad? Las únicas herramientas que los piqueteros tuvieron para combatir el tráfico de droga en sus barrios, para organizarse para conseguir luz o alcantarillas, para hacer o arreglar escuelas, han sido esas organizaciones a las que ahora se pretende demonizar con la excusa de salvarlos para convertirlos en clase media. No importa en esa discusión si es mejor la asignación para los niños que propone Carrió o la que propone el Gobierno. Y para el caso de su legitimidad, tampoco hace diferencia si unas organizaciones son oficialistas u otras son opositoras. Lo que importa es que las asignaciones lleguen a los niños y que los piqueteros no necesitan que nadie les enseñe dignidad.
Hubo otra mención de Carrió sobre la ley que permitirá obtener el ADN de una persona, de la misma manera que se obtienen las huellas digitales. Carrió denunció al Gobierno por impulsar esa ley nada más que por su pelea contra Clarín y la señora Ernestina de Noble, que mantiene un diferendo con las Abuelas de Plaza de Mayo a raíz de sus dos hijos adoptados. “El único objetivo es la señora de Noble”, lanzó con un desprecio que le salió del alma, pero ocultó que esa ley es impulsada por las organizaciones de derechos humanos para lograr la restitución de la identidad a 400 chicos que fueron apropiados por la dictadura. Quizá no lo pensó así, pero si existe alguna intención detrás de estas declaraciones, tan frívolas y al mismo tiempo tan violentas, ésta sería la de deslegitimar a otro de los movimientos sociales, en este caso a los organismos de derechos humanos, en su guerra feroz contra el oficialismo.
El debate entre oficialismo y oposición no puede llegar a un nivel de canibalismo e irracionalidad que atropelle todo, caiga quien caiga, sin importar el esfuerzo, el dolor y los sacrificios que una comunidad puso en la construcción de estas organizaciones. Los movimientos sociales no son empresas ni tienen fines de lucro y surgieron representando los mejores pertrechos morales de una sociedad que la única respuesta que les daba era represión o exclusión. En su momento eran el buen camino por el que nadie quería caminar.
Los mismos dirigentes de la oposición han advertido, a partir del escrache a Morales, sobre la creación de un clima de violencia del que ellos no serían parte. No pueden medir el grado de violencia que han tenido sus expresiones en relación con estos movimientos sociales y contra las personas que los integran o los respetan. Los periodistas trabajamos con palabras, sabemos la violencia que pueden tener, igual que la injusticia o las mentiras. Y no hay en este momento una causa tan terrible que las justifique solamente por una discusión entre oposición y oficialismo.
//
LOS MINISTROS MONTENEGRO Y NARODOWSKI FUERON A LA LEGISLATURA PORTEñA PARA DAR EXPLICACIONES SOBRE EL CASO JAMES
Los interrogantes siguen sin respuesta
Los ministros de Justicia y de Educación siguieron defendiendo la tesis de que Ciro James era un infiltrado de la Policía Federal en el gobierno porteño. Los legisladores opositores concluyeron que no respondieron a sus preguntas.

Por Martín Piqué
Las explicaciones que se escucharon ayer en la Legislatura porteña motivaron todo tipo de chanzas, ironías y juegos de palabras. Acaso el humor haya sido una forma de hacer catarsis o de expresar la incredulidad con que la mayor parte de los bloques legislativos –salvo, por supuesto, el PRO– escuchó los descargos de los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro, y de Educación, Mariano Narodowski. Para explicar cómo pudo ser posible que el abogado Ciro James fuera descubierto por la Justicia pinchando teléfonos de particulares, los dos ministros no se ahorraron definiciones rimbombantes. Abogado que inició su carrera profesional en la contaduría del Ejército, con un paso por la seguridad privada en la consultora Lyons, luego ingresante en la Policía Federal, James tenía un contrato de locación de servicios en la cartera educativa porteña por 6500 pesos. El principal argumento que dieron Montenegro y Narodowski para explicar su ingreso al gobierno porteño fue que James era un infiltrado que la Policía Federal había sembrado en la administración de Macri para complicar la puesta en marcha de la Policía Metropolitana. “Yo pedí un abogado y me trajeron un policía federal”, se excusó Narodowski. “Me hace acordar de una frase del Bambino Veira: yo pedí un cuatro y me trajeron un pomelo”, ironizó ante Página/12 uno de los asistentes al plenario.
La visita de Montenegro y Narodowski fue organizada por las comisiones de Seguridad y Justicia de manera conjunta. Los dos visitantes se sentaron bajo un gran bajorrelieve de San Martín. Los flanqueaban los titulares de Seguridad, Justicia y Educación en la Legislatura, los legisladores Silvia La Ruffa (Identidad Porteña), Martín Borrelli (PRO) y Enrique Olivera (Coalición Cívica). Un poco más lejos se hallaba Oscar Moscariello, jefe del bloque macrista. El plenario comenzó a las 16.45 y enseguida quedó claro cuál iba a ser el eje de las exposiciones de los dos ministros. Como ya habían hecho en la conferencia de prensa que encabezó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, Montenegro y Narodowski insistieron con la hipótesis de que James había sido infiltrado en la administración macrista por decisión del gobierno nacional. “James es un agente encubierto de la Policía Federal. No sabíamos que era agente de la Policía Federal”, repitió Montenegro a poco de empezar su exposición.
El informe de ambos ministros adjudicó a la Casa Rosada un supuesto plan para entorpecer la puesta en marcha de la Metropolitana. Según ese criterio, uno de los recursos habría sido la incorporación del abogado James –agente de la Federal– en el Ministerio de Educación. Narodowski insistió con que desconocía su condición de policía, a pesar de que James había trabajado en la División Robos y Hurtos, una estructura que dependía orgánicamente de la Superintendencia de Investigaciones a cargo del ex comisario Jorge “Fino” Palacios.
“James realizaba tareas de asesoramiento respecto de dictámenes jurídicos. Tenía acceso al edificio del ministerio y era persona conocida allí”, aseguró Narodowski. “Fuimos notando una constante oposición a cualquier iniciativa del gobierno de la ciudad para intentar compartir el problema de la seguridad”, se quejó Montenegro. Ex juez, Montenegro intentó mostrarse en control de la situación incluyendo ironías ante ciertas preguntas. Lo logró en parte, y salió más airoso que su par de Educación.
Lo mejor llegó cuando empezaron las preguntas. “Esta crisis institucional tiene una dimensión más grande que una jornada”, advirtió enseguida Sergio Abrevaya, legislador por la Coalición Cívica. Abrevaya planteó dos hipótesis: que la incorporación de James a la estructura del gobierno porteño hubiera sido producto de la “ingenuidad” o, por el contrario, que la intención hubiera sido “armar una central de inteligencia” desde el gobierno porteño. La sucesión de preguntas y respuestas fue haciendo más creíble esta segunda opción.
Montenegro contestó a esta acusación. “No hay ninguna área destinada a hacer inteligencia interna, sí a investigar junto con los fiscales”, dijo.
Entonces llegó el turno de la primera respuesta de Narodowski. Y su explicación de por qué había decidido contratar a James como abogado de la cartera educativa porteña hizo sonreír a algunos legisladores. “En el currículum de Ciro James consta de su participación en varias actividades académicas de la Universidad Nacional de La Matanza. Es ayudante de cátedra de Derecho Penal”, dijo el ministro. Pero también le habían preguntado quién había recomendado a James para recibir un contrato de 6500 pesos. Como respuesta, eligió las vaguedades. “El currículum debe haber aparecido porque en el ministerio trabaja gente de la Universidad de La Matanza”, fue su respuesta. No precisó quiénes eran esas personas.
A juzgar por la reacción de sus adversarios, las preguntas más incómodas partieron de Aníbal Ibarra. El legislador de Diálogo por Buenos Aires aseguró que la hipótesis de que James era un infiltrado enviado por el gobierno nacional “chocaba con las pruebas judiciales, con la causa”. Entonces enumeró varios puntos que no fueron desmentidos.
Dijo que el gobierno macrista no había explicado qué funciones cumplió James en los dos años que lleva designado; contó que en el expediente de James no figuraba la documentación de la Anses porque en su historia laboral aparecería su vinculación con una empresa de seguridad privada vinculada con Palacios; relató que se habían detectado 167 llamados de James a Palacios, 50 llamados de Palacios a James, ocho llamados al nuevo jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, y 49 con Roberto Ontiveros. Y todos esos llamados se habían producido en apenas tres meses.
La respuesta que intentó dar Montenegro fue determinar si esos llamados habían sido comunicaciones de celular o “clicks” de handies de tipo Nextel. En la misma línea que Ibarra, Gabriela Cerruti (Nueva Democracia) sostuvo que los ministros estaban “mintiendo” y que lo que estaban haciendo era montar todo un “operativo de encubrimiento para que la investigación no llegue adonde tiene que llegar”. Cerruti insistió con que Andrés Ibarra, actual subsecretario de Educación, era quien había pedido que James fuera contratado en el gobierno porteño. “Estamos ante un tema de gravedad institucional, porque se montó un aparato de inteligencia desde el gobierno de la ciudad”, advirtió Cerruti.

Repudio a ataques racistas

El gobierno de Evo Morales repudió los ataques “racistas y xenófobos” que sus ciudadanos sufren en Argentina, donde afirmó que existen más de cien asesinatos no resueltos de bolivianos. La condena fue expresada en un comunicado del Ministerio de Cultura de Bolivia, en relación con una denuncia de una chica de 16 años, hija de bolivianos, quien fue “brutalmente golpeada” por sus compañeros de clase, supuestamente “por su condición racial”, en la provincia de San Juan. La prensa boliviana publicó ayer que la chica denunció que, en la escuela, sus compañeros la agredían verbalmente por ser hija de bolivianos. La violencia constante que relató la adolescente, señaló Mónica Rey, directora general de la Lucha contra el Racismo, de Bolivia, “demuestra la permanente actitud xenofóbica” que sus compatriotas sufren en Argentina, por lo que, además de interesar en el caso al Inadi, anunció que coordinará acciones con el ministerio de Relaciones Exteriores argentino



MEDIA SANCION DEL SENADO BONAERENSE
Más prisión para menores de 18


El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley que duplicaría los plazos en los que los menores de 18 años, detenidos por una presunta participación en un delito grave, pueden ser privados de su libertad, modificando la ley que ordena al Fuero Penal Juvenil en la provincia. Según el defensor del fuero Nº 16 Julián Axat, los plazos de ampliación pedidos por el proyecto son “inconstitucionales y no respetan la Convención de los Derechos del Niño, que dice que la detención es una medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda”. Desde el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño (Casacidn) adelantaron que se trabajará para que el proyecto de ley “no progrese” en la Cámara baja.
El proyecto de ley aprobado por unanimidad fue presentado por la senadora del Frente para la Victoria Edda Acuña, que en los argumentos resaltó lo exiguo de los plazos para el trabajo de los fiscales. Una de las modificaciones propuestas es extender de 12 a 24 las horas en la que los chicos pueden estar privados de su libertad en una comisaría a la espera de que un juez de Garantías dicte la orden de detención. La otra consiste en prolongar de cinco a diez días el tiempo que el fiscal tiene para realizar el pedido de prisión preventiva, mientras el chico permanece en un instituto.
“De acuerdo con los pactos internacionales, los niños deben tener un mejor estándar procesal que los adultos y con este proyecto se los está igualando y dando a los fiscales un plazo más extenso que a los adultos para decidir sobre el pedido de prisión preventiva. Si la intetona contrarreformista se lleva adelante va a ser inconstitucional”, explicó Axat.
La directora ejecutiva de Casacidn, Nora Schulman, consideró que “es un retroceso volver a discutir cosas ya resueltas bajo un pretexto banal como la falta de tiempo para los fiscales. Se está mezclando nuevamente el tema de la inseguridad con la protección de derechos de los niños”.