domingo, 21 de junio de 2009

Mnes 2ª Juicio. Noticias de la semana.

Les quiero trasmitir que el jueves 18 falleció Raúl Tomas Giménez – LegajoConadep. N° 6947. Testimoniante en este juicio. Trabajador rural del interior de la Provincia. Conocido como Tomasito . Cro. Seguiremos.

Incluyo esta noticia acá porque esta noticia tiñó la semana de los que están siguiendo el Juicio en Posadas. Los relatos de los testigos reiteran una rehíla de torturas, sacadas nocturnas, golpes, asfixia hta la extenuación, etc. Mando por eso una síntesis y los nombres de los testigos de esta semana.
El debate continua el martes dela semana que viene.



POSADAS- 19/06/2009
Crímenes de lesa humanidad: “Una cucaracha valía más que nosotros”
NOTICIASDEL6



Crímenes de lesa humanidad: “era un campo de concentración”
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Misiones escuchó a otros cinco ex presos políticos que fueron torturados por agentes del Servicio Penitenciario Federal mientras estuvieron alojados en la cárcel de Candelaria durante la última dictadura militar. Dos de ellos tenían apenas 16 y 17 años pero fueron tratados como presos comunes..
Se percibe segura condena de Rubén Gómez y José María Cuenca, dos ex oficiales del Servicio Penitenciario Federal que están procesados por aplicar tormentos a los presos políticos que eran alojados en la cárcel de Candelaria.
- Florentín Lencinas (63), se definió como un militante político y social de la década del 70. Fue llevado a principios de noviembre a la casa con dos costillas rotas y las manos casi gangrenadas. Contó que en la Unidad Penal primero la tortura era selectiva pero luego se fue generalizando. “Nos decían que nos habíamos portado mal y nos estaban corrigiendo. En ese lugar (por la cárcel) una cucaracha valía más que nosotros”, graficó.

- Ricardo Ortellado ingresó al penal de Candelaria 17 años recién cumplidos. Había sido detenido el 29 de septiembre de 1976 cuando volvía del colegio en bicicleta.


- Alejandro Rodríguez (58)
- Hilarión Félix Barrios y
- Su hermano Francisco
- Aureliano Gauto (55)
- Ricardo Coutouné.

El debate continuará el martes próximo, cuando otras víctimas de la dictadura cuenten lo que vivieron en la cárcel de Candelaria. (Redacción )

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SANTA FE › POSTERGAN POR SEGUNDA VEZ EL JUICIO A UN REPRESOR DE LA DICTADURA
Barcos no tiene quien lo juzgue
El abogado del represor presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación por "considerar comprometidos" los derechos de su defendido y solicitó que se suspenda la audiencia del 30 de junio. El Tribunal aceptó el pedido.

Barcos está preso en la cárcel de Las Flores y acusado de integrar un grupo de tareas.


El Tribunal Oral Federal de Santa Fe postergó por segunda vez el juicio a un represor de la dictadura y ex gremialista de la UOCRA, Horacio Américo Barcos, que operó como PCI (Personal Civil del Ejército) en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 y está acusado por el secuestro y torturas del ex dirigente de la CTERA ya fallecido, José Alberto Tur y de su esposa, Amalia Ricotti, en un centro clandestino de detención en las afueras de al ciudad, conocido como "La Casita". El proceso debía comenzar el 7 de mayo, pero después el Tribunal lo pospuso para el 30 de junio, y ahora, lo volvió a postergar, pero sin fecha cierta, y en medio de versiones sobre el futuro de un juicio que tambalea.
La defensa de Barcos, a cargo el penalista santafesino Néstor Oroño, cuestiona la integración del Tribunal Oral con dos jueces titulares: María Ivón Vella y José María Escobar Cello y un subrogante: Daniel Edgardo Laborde, quien reemplazó al doctor Ramiro Puyol, que se excusó de intervenir en el proceso porque tiene un hermano desaparecido durante la dictadura. Pero el planteo de la defensa ya fue rechazado en dos instancias: primero, por el propio Tribunal, el 23 de marzo último y luego, por la Cámara Nacional de Casación Penal (Sala II), el 3 de junio pasado, que confirmó en el cargo a Laborde.
Sin embargo, el doctor Oroño presentó otro escrito en el que anunció que articulará en el plazo de ley un "recurso extraordinario" ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por "considerar comprometidos" los derechos y garantías constitucionales de su defendido y solicitó que se suspenda la audiencia del 30 de junio. El Tribunal aceptó el pedido.
En el juicio estaban citados a declarar unos quince testigos, entre ellos la maestra rosarina Adriana Arce, secuestrada en la misma fecha que los esposos Tur y Ricotti, en mayo de 1978, cuando regresaba a Rosario después de un viaje a Santa Fe, donde se reunió con Tur, quien era su compañero de militancia gremial. Arce es querellante en la causa de la Fábrica Militar de Armas y fue testigo en el juicio a las Juntas Militares, en 1985.
Barcos está preso en la cárcel de Las Flores y acusado de integrar un grupo de tareas que el 16 de mayo de 1978 dos semanas antes del campeonato mundial de fútbol secuestró a Tur y Ricotti, que estuvieron dos semanas en un centro clandestino de detención en las afueras de Santa Fe, conocido como "La Casita". Los cargos que se le reprochan al imputado son "privación ilegítima de la libertad y tormentos".
La investigación judicial reveló que Barcos operó como "personal civil de inteligencia (PCI) del Ejército" durante toda la dictadura y hasta fines de los '90. Un informe de la Jefatura II (Inteligencia) del Ejército ratificó que estuvo al servicio del Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe desde el 1º de enero de 1976 hasta el 1º de mayo de 1997, hasta que cesó en el cargo por jubilación". En realidad, el Ejército proporcionó a la causa dos pruebas claves: el legajo personal de Barcos que es secreto y una lista de unos cincuenta PCI en la que figura el imputado y aparecen algunos nombres conocidos.
En su denuncia ante la justicia, Ricotti relató que una noche durante su secuestro en el centro clandestino, dos represores que custodiaban a ella y a Tur se pusieron a jugar con las armas. Enfundaban y desenfundaban sus pistolas. "De pronto, se escuchó un disparo y sobrevino un profundo silencio", explicó. "Uno de ellos, al que llamaban 'Oca', le dijo a otro que identificaban como 'Quique' qué había hecho. Tras el episodio se acercaron a una radio y se escuchó decir 'Fábrica llama' y después vino 'Quique' y me dijo: 'esto se va a llenar de gente y si vos contás algo, sos boleta'".
Ricotti guardó en su memoria esa imagen de "Quique", a quien años después, volvió a cruzar en la cola de un banco. "Lo vi en el momento del secuestro. Esa fue mi primera visión. Vi su cara perfectamente en el momento del secuestro. Y luego, pude verlo en el centro clandestino, aunque que se manejaban con mucha soberbia, con mucha omnipotencia. En ese momento se creían dioses, que estaban más allá del bien y el mal, y actuaban con mucho ensañamiento", recordó.
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CIUDAD › POSICION DE ORGANISMOS ANTE DESPLAZAMIENTO DEL FISCAL ARMAS
"Su trabajo fue absolutamente eficiente"

La decisión del procurador general de la Nación, Esteban Righi, de apartar de su cargo al fiscal ante el Tribunal Oral de Santa Fe, Gonzalo Armas, impactó de lleno en los organismos de derechos humanos. Y provocó una reacción en cadena. "Es más que un palo en la rueda", denunció la organización Hijos, al salir en defensa del fiscal, ponderar su trabajo "absolutamente eficiente" y advertir que su desplazamiento "resulta altamente beneficioso para los imputados" y puede provocar "más retraso en los juicios a los genocidas". La Comisión Provincial de la Memoria que integran la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y organismos de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto alertó sobre una "situación de gravedad institucional". Mientras que una decena de querellantes, testigos y abogados que patrocinan los juicios por delitos de lesa humanidad le plantearon a Righi por escrito su "preocupación" por la medida y le solicitaron una audiencia ante "el temor fundado de que el desplazamiento de Armas favorezca las estrategias retardatarias de las defensas" de los represores.
La cesantía del fiscal Armas se conoció poco antes de que el Tribunal Oral Federal resolviera postergar por tercera vez el primer juicio a un represor de la dictadura en Santa Fe, que debía comenar el 30 de junio (ver aparte). El segundo juicio está previsto para el 1º de setiembre y sentará en el banquillo a siete represores, entre ellos el jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini; el ex juez federal Víctor Brusa y cinco ex policías.
La organización Hijos consideró que la decisión del procurador Righi de "apartar de su cargo a quien fuera el fiscal durante los dos últimos años, doctor Armas, es más que un palo en la rueda. El fiscal Armas ha sido absolutamente eficiente, cuestión que no es menor para quienes venimos participando y durante largos años debimos padecer la máquina de impedir montada por el propio Brusa desde el Juzgado Federal", agregó.
"A más de 30 años de cometidos tan aberrantes delitos, el tiempo es un lujo que no nos podemos permitir: en la causa Brusa, ya falleció uno de los imputados (el ex suboficial del Ejército) Nicolás Correa, y el principal y más temido genocida de Santa Fe (y ex jefe del Area 212), Juan Orlando Rolón, fue separado del juicio por problemas de salud debido a su edad".
"El tiempo es un beneficio para los imputados que esperan que los juicios no se puedan llevar acabo este año para ser beneficiados con la excarcelación. Porque si no son enjuiciados ahora, serán liberados el año entrante, al vencer los plazos de la prisión preventiva", alertó Hijos.
El reemplazante del doctor Armas "no podrá empaparse en tan corto tiempo de las causas que se ventilan" y "no tendrá el tiempo humanamente posible para estudiar y trabajar correctamente, lo que sin lugar a dudas terminará beneficiando a los genocidas otra vez", dijo Hijos.
En tanto, la Comisión Provincial de la Memoria planteó su "honda preocupación por la separación sorpresiva del fiscal Armas de las causas que tramitan por ante el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe", dispuesta por doctor Righi. "Esta medida se produce a poco del comienzo del juicio" a Brusa y compañía, una causa que tiene 36 cuerpos de expediente y en la que "Armas venía trabajando con diligencia desde marzo de 2008, había ofrecido las pruebas como parte acusadora y entabló una fructífera relación con querellantes, denunciantes y víctimas".
"Frente a esta situación de gravedad institucional, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Procuración General de la Nación y al secretario de Derechos Humanos, Dr. Eduardo Luis Duhalde, que tomen urgente intervención y dispongan las medidas necesarias para encauzar el normal desarrollo de estos juicios de lesa humanidad, establecidos como prioridad por el más alto Tribunal de la Nación", dijo la Comisión Provincial de la Memoria.
Fuente: Rosario 12

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COMUNICADO DE PRENSA


PREOCUPACIÓN POR SEPARACIÓN DE FISCAL Y NUEVA POSTERGACIÓN DE LA CAUSA BARCOS


La CPMJ, espacio de articulación entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe y organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos, constituida en las ciudades de Santa Fe, Reconquista, Rosario, Rafaela y Venado Tuerto, que desde su constitución viene apoyando firmemente la realización de los juicios de lesa humanidad, expresan su honda preocupación por la separación sorpresiva del Fiscal Gonzalo Armas de las causas que tramitan por ante el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe, dispuesta por el Procurador General de la Nación Dr. Esteban Righi.

Esta medida, se produce a poco de la iniciación de las audiencias de debate en las causas Barcos y Brusa, esta última de 36 cuerpos, siendo que el Dr. Armas venía trabajando con diligencia desde marzo de 2008, fecha en que fue designado, habiendo ofrecido las pruebas como parte acusadora, y entablado una fructífera relación con querellantes, denunciantes y víctimas.

Asimismo, y en virtud de las estrategias dilatorias públicamente conocidas y la demora de la Cámara Nacional de Casación Penal en resolver la multiplicidad de incidentes planteados por la defensa, por segunda vez se suspendió la fecha de comienzo de las audiencias en la causa Barcos, lo cual significa en la práctica una obstaculización del accionar de la Justicia para demorar la sentencia.

Frente a esta situación de gravedad institucional solicitamos a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura y al Secretario de Derechos Humanos Dr. Eduardo Luis Duhalde, que tomen urgente intervención y dispongan las medidas necesarias para encauzar el normal desarrollo de estos juicios de lesa humanidad, establecidos como prioridad por el más alto Tribunal de la Nación.

Santa Fe, 19 de junio de 2009.
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SANTA FE › LA FISCAL COLALONGO Y LA POLEMICA POR LOS ARCHIVOS DE LA REPRESION EN SANTA FE.
Papeles que queman en la estantería
fiscal sostiene que podrían usarse para las causas por terrorismo de Estado. Pero nunca fueron clasificados desde que fueron hallados en los '90. La funcionaria quiere tener acceso y reclama a las actuales autoridades por el uso de los documentos.

Por José Maggi
"Esta documentación fue hallada hace 20 años, pero no está elaborada, ni analizada, ni agregada en ninguno de los dos organismos de la provincia que tienen ese material, ni en el Ministerio de Gobierno, ni en la Secretaría de Derechos Humanos. A eso se suma que los funcionarios ponen trabas e injurian a quienes tratan de darle el valor que tiene ese material e incorporarlo a los juicios para darle identidad a esas víctimas a las que hasta ahora seguimos llamando NN después de 35 años. No hay forma de tener mezquindad en este tema. No entiendo esta reacción, se sentaron arriba de esta documentación sin hacer nada, es como si los hicieran desaparecer por segunda vez". La frase dura y contundente pertenece a la fiscal federal de Rosario Mabel Colalongo, quien quedó en el centro de la polémica al revelar la importancia de un archivo oficial formado por partes de inteligencia, entre otros documentos, que desde hace veinte años están bajo la tutela estatal sin haber sido analizados profundamente para ser usados en su totalidad en los juicios por terrorismo de estado. "Me parece que el director del Archivo de la Memoria Jorge Pedraza tiene que explicar qué hizo con la documentación, este es el centro de la polémica, generada por quienes necesitan justificar su actitud frente a este tema".
"Es cierto que desde el punto de vista formal la documentación fue hallada en 1989. El problema es qué pasó con estos archivos, que nadie explica, no es relevante la cantidad de papeles sino su contenido, que nunca fue analizado en su totalidad habiendo transcurrido 20 años desde su hallazgo. La pregunta que nadie responde es qué hicieron con esta documentación, que contiene nombres de víctimas, procedimientos, simulacros de fusilamiento, nombres conocidos como Cambiaso, Serra, que nunca fueron aportados en ningún caso. Es más no hay siquiera un índice de lo que hay, con el agravante de que al dividir las carpetas entre dos organismos diferentes, en distintos Ministerios de la provincia, se transforme en un tarea laberintica analizarlos. Lo grave es que no se trabajó, que no se la leyó, que no se le dió la trascendencia que esta documentación tiene".
¿Cómo llegó a esa documentación?
Casi por casualidad: Cuando llegue a Rosario (noviembre de 2008), por mi experiencia en la Causa 13 (el Juicio a las Juntas Militares) fui relevando datos y asi un miembro del Equipo Argentino de Antropologia Forense, me comentó que sabía de la existencia de documentación relevante que están en dos archivos en Santa Fe. Y me agregó que se habian puesto trabas cada vez que se pretendía aceder a las mismas. Asi decidi visitar el Archivo Intermedio, fui en persona sin mandar notas para no burocratizar el pedido, porque no sabía con que me iba a encontrar: eran partes de la " comunidad informativa" formada por los distintos servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad. La orden secreta 504 es la fijó el rol de las mismas, que las puso bajo la órbita del Comando de zona, es decir en definitiva de la Junta Militar. No había autonomía de las fuerzas de seguridad que no eran del Ejército. Esto tiene mucho valor, porque confirma lo dicho sobre el plan sistemático que ahroa escrito: aquí se concentraba la información de todos lados cuando era necesario.
¿Cuál es la relevancia de esta información entonces?
Creo que desde el punto de vista probatorio es muy importante, y esta es una oportunidad histórica para que las víctimas o sus familiares puedan disponer de esta documentación. Hace 35 años que vienen esperando por estos juicios. Solo por respeto a las víctimas es extraño que después de 20 años de haber sido encontradas, no tenga el destino correspondiente.
La vicegobernadora Griselda Tessio, como ex fiscal federal, relativizó el concepto de hallazgo de este material y reconoció que ella misma lo había utilizado en alguna causa.
Lo que hay que discutir es el contenido de esa documentación: físicamente hace 20 años que está, y posiblemente pudo haberla usado, pero esto demuestra que la información es conocida, y que tenía improtancia para su caso. La pregunta que debería responder Tessio es porqué toda la demás documental no se aportó para otras causas. Me han confiado algunos querellantes que no pudieron acceder a estos archivos cuando lo pidieron.
¿Cuál fue la actitud de la Secretaria de Derechos Humanos ante su pedido de analizar la documentación?
La actitud fue de resistencia: no fue fácil poder hacernos de esa documentación, llevamos personal del Ministerio Público Fiscal a fotocopiar y certificar las copias, llevamos las resmas de papel necesario, y ahora la Secretaria de Derechos Humanos Rosa Acosta me está reclamando el toner que gastamos. Lo cuento para se den idea de las trabas para acceder al mismo.
La fiscal destacó además que "hay algo también muy delicado: en el archivo intermedio me dijeron que no tenían una guía acerca del material entregado al Archivo de la Memoria, y que lo habían enviado hacía dos años, para que ese material fuese digitalizado. Y esto no se hizo.
Esa resistencia, ese ataque del que fui victima nunca lo viví. Dijeron que secuestré documentación cuando pedi fotocopiar el material, hice un acta, describí lo que llevaba, lo devolví del mismo modo, con la aceptación de la funcionaria a cargo", concluyó.
Fuente: Rosario 12

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-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENO


Estimados amigos nuevamente los invitamos a la Muestra Cine para Ser
Se agradece su difusión
CINE PARA SER
en
MAR DEL PLATA
Invita a la
Muestra de Cine e Identidad Biológica*

Espacio Cultural “POLO NORTE”
Av. Constitución 5843, Mar del Plata
- Provincia de Buenos Aires- Argentina -
Domingo 21 de Junio – 16.00 hs a 19. 30 hs

* La muestra incluye temáticas relacionadas con la Identidad Biológica: adopciones legales e ilegales, tráfico de niños, búsqueda de orígenes biológicos, etc.
* Se exhibirán Cortometrajes y Largometrajes de realizadores Nacionales e Internacionales

*También habrá charlas donde se abordara la temática, a fin de sensibilizar y concientizar sobre este tema.

16.00 hs. “Cortometrajes para Ser”. Se proyectarán los cortometrajes:
“Cigüeña”, “Made in Japan”, “Pacto de Silencio”, “Matumbo Goldberg”, “Journey”, “Rompecabezas” y “Identidad”

17.00 hs. “Unlocking the Heart of Adoption” /”Descubriendo el Corazón de la Adopción”. Dir: Sheila Ganz, año 2002.

Charlas para Ser

18.00 hs. Panel 1: “Cine e Identidad Biológica, 7mo Arte con Compromiso Social”
Participan:
*María José Freire
*Soledad Madeira
Dirección General “Cine para Ser”

18.20 hs. Panel 2: “Inspiración en la Búsqueda, un Motivo para Mirar”
Participan:
*Integrantes Asoc. Raíz Natal
19.00 hs Palabras Finales y Cierre de la Muestra

Para informes y acreditaciones visiten nuestro sitio Web
www.cineparaser.com.ar
Mail: info@cineparaser.com.ar
-Entrada es Libre y Gratuita –
“Con el Auspicio de la Secretaría de Culturade la Presidencia de la Nación"
Cine para Ser esta organizado junto a la Asociación Raíz Natal (
www.raiznatal.com.ar) quien lucha por el Derecho a laIdentidad Biológica.

(*) ¿QUÉ ES LA IDENTIDAD BIOLÓGICA?
La IDENTIDAD BIOLÓGICA es el conjunto de atributos y características, adquiridos y heredados, actuales y del pasado, que permiten individualizar a las personas y que es mutable hacia el futuro.
El derecho a la Identidad Biológica, es el derecho a la verdad. Sin nuestra identidad no sabemos de dónde venimos, por qué estamos, cuál es nuestra historia genética o en quién nos reflejamos.
Por diversas razones si el Derecho a la Vida es inalienable, el Derecho a la Identidad Biológica lo es aun más, existen personas que por diversas razones fueron privados de su Identidad Biológica, algunos adoptados ilegalmente, otros legalmente pero con una verdad que les fue ocultada con mentiras y pactos de silencio, y otros a los que les fue negada solo una parte de su identidad.
Nuestra meta es sensibilizar a la sociedad, proponiendo al séptimo arte como medio para difundir y concientizar sobre la temática de laIdentidad Biológica.-- Christian LibonattiPrensa Raíz Natal(011) 15 3007-6429

Y la justicia para cuando?
Hoy nos enteramos que otra vez será suspendida la fecha para el juicio al genocida Barcos, y que tambalea la fecha del juicio a los genocidas implicados en la causa Brusa Queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a toda medida o decisión tendiente al retraso, interrupción o mal funcionamiento de los juicios contra los genocidas santafesinos
Tenemos que resaltar que estos juicios sufren todo tipo de interrupciones, trabas, chicanas procesales, nulidades, y retrasos que siempre, indefectiblemente, benefician a los acusados por delitos de lesa humanidad.
Entendemos que a 15 días de que tuviera que dar comienzo el primer juicio a un genocida en la ciudad, y en la provincia de Santa Fe, la decisión de apartar a quien fuera el fiscal durante los dos últimos años GONZALO ARMAS, es más que un palo en la rueda.
El fiscal ARMAS ha sido para nosotros, a todas luces, absolutamente eficiente. Cuestión esta no menor para quienes venimos participando y durante largos años debimos padecer la máquina de impedir montada por el propio Brusa desde el juzgado federal. Resulta altamente beneficioso para los imputados el apartamiento de dicho fiscal, ya que como primera consecuencia lógica el primer juicio a genocidas se verá, una vez más, retrasado.

A más de 30 años de cometidos tan aberrantes delitos, el tiempo es un lujo que no nos podemos permitir: en la causa Brusa uno de los imputados falleció: NICOLAS CORREA, y el principal y más temido genocida de Santa Fe: JUAN ORLANDO ROLON, alegando problemas de salud debido a su edad, se encuentra apartado de dicho juicio.
El tiempo en estos casos es un beneficio para los imputados, que claro está, esperan que los juicios no se puedan llevar acabo este año para ser beneficiados con la excarcelación; ya que de no ser enjuiciados ahora, serán liberados el año entrante, al vencer los plazos de la prisión preventiva.
Queremos saber las razones que justifican tan perjudicial medida .Los juicios a los genocidas son el producto de la lucha y una ardua y dolorosa tarea de reconstrucció n, nos sentimos como mínimos manoseados e indignados por la terrible decisión y repetimos: es inaudito de que a 15 días del primer juicio a los genocidas estemos una vez más inexplicablemente a la deriva. Sin fecha cierta para el juicio a HORACIO AMERICO BARCOS, y con un justificable temor de que el juicio a los genocidas de la causa BRUSA siga sufriendo todo tipo de interrupciones.
Sabemos que la persona que quede en remplazo del fiscal GONZALO ARMAS no podrá empaparse en tan corto tiempo de las causas que se ventilan, con el peligro de que se respetaran los plazos para dar inicio a la causa Brusa, quien se desempeñe como fiscal no tendrá el tiempo humanamente posible para estudiar y trabajar correctamente, lo que sin lugar a dudas terminará beneficiando a los genocidas otra vez.
Creemos que el Estado en su conjunto – ya que entendemos esto involucra a los tres poderes - vuelve a sellar un pacto con la impunidad; como ya lo hizo a mediados de los años ochenta a través de las leyes de impunidad y en la década siguiente con los indultos, nos vuelve a negar el derecho a la justicia; nos da la espalda y nuevamente protege y encubre a los asesinos, a los torturadores, a los desaparecedores. Exigimos la restitución del fiscal Armas en su cargo, el desarrollo del proceso en los plazos prefijados y hacemos responsables a todos los funcionarios de la Procuración General de la Nación, a los máximos dirigentes del Estado nacional y provincial, a los referentes políticos –oficialistas y de la oposición- y a la justicia federal de la permanente negación del derecho a la justicia y la perpetuación de la impunidad de que gozan en nuestro país los criminales de lesa humanidad. Si no quieren ser cómplices del genocidio, dejen de jugar a la justicia y de una vez por todas sienten a todos y cada uno de los genocidas en un tribunal, de ustedes depende.


No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos
Juicio y castigo a todos los genocidas
H.I.J.O.S. Regional Santa Fe





Derecho a Réplica
Hago saber que en relación al caso de Silvia Patera y de la filmacion a pedido de una cineasta, he testimoniado ante el juez Schiffrin el día miércoles 20 de mayo del corriente año, y el video – con sonido- fue aportado en la misma Cámara Federal de La Plata el miércoles 3 de junio de este año por el Dr. Carlos Repetto, quien además se explayó denunciando la ausencia de Juicios Orales para los crímenes cometidos por la
“Triple A” entre 1973 y 1976 ubicando las complicidades civiles donde corresponde comenzar a analizarse.
Ni tàcticas goebbelianas ( Habla, habla, que algo quedará), ni el vedettismo ni la “tinellización” y espectacularización ni la manipulación mediática se condicen con la ideología del CEIMS (Centro de Estudios e Investigaciones de Medios y Semiología de la Vida Cotidiana ) el cual tiene una historia de compromiso fehaciente con los derechos humanos.
Entiendo que la búsqueda de la historia y sus actores, así como las acciones legales aún pendientes en la Argentina deben hacerse a través del cultivo social de una confianza básica en la inexorable necesidad de la verdad y la ley que garantizan la salud mental de un pueblo, y no a través de perpetuar paranoidemente la inoculación del miedo a las mismas, con actitudes justicieras “en espejo” con quienes impune y perversamente se erigieron en ley durante la dictadura militar y los años previos de la Triple A en nuestro desolado pais.
María de los Angeles López Geist
Buenos Aires

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Date: Sun, 17 May 2009 10:48:53 -0300Subject: La confesion de la azafata de los vuelos de la muerte + El secuestro de Haroldi Conti + Gasparini. Victoria judicial contra los ataques de F Gomez por sus testimonios en megacausa ESMAFrom:
reddenoticiasdh@gmail.comTo: reddenoticiasdh@gmail.com
Silvia María Patera
La confesión de la "azafata" de los "vuelos de la muerte"
La ex enfermera Silvia Patera en el video de su confesión. Por razones legales, parte de sus facciones fueron preservadas.
11-05-2009 / Una psiquiatra relató ante colegas que en la dictadura dopaba a víctimas de la represión antes de ser arrojadas al Río de la Plata.
Por Laureano Barrera
lesahumanidad@miradasalsur.comHace más de tres años, durante una reunión con su grupo de trabajo y reflexión, la psiquiatra Silvia María Patera ya no pudo soportar el peso de su pasado, y se quebró: confesó con pesadumbre que fue obligada por sus superiores a inyectar clorato de potasio (una sustancia adormecedora que afecta el sistema nervioso central) a detenidos clandestinos, que participó en vuelos de la muerte y que, según se sabría más tarde, fue partera de embarazadas secuestradas en nacimientos clandestinos. Sus colegas y ocasionales testigos de esa noche, se quedaron impávidos ante lo que oían. Ella acababa de relatar por segunda vez en 30 años de profesión sus difíciles inicios: su trabajo –desde febrero de 1976 hasta el fin de la dictadura– como enfermera en el Hospital Militar Central, y las cosas que allí había visto y vivido.Seis meses después, y tras varios cruces con sus ex compañeros que querían aquietar lo oído, Osvaldo Hugo Cucagna –quien, paradójicamente, era el único que ya no estaba cuando Patera tomó la palabra– prestó declaración contando los hechos ante el Juzgado Federal 3, de Daniel Rafecas, que instruye la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército. Por criterios netamente procesales el juzgado no profundizó la pista: las dos líneas de investigación que se sigue apuntan a la reconstrucción de responsabilidades por cadena de mando y/o Centro Clandestino. La denuncia sobre la psiquiatra, sin militares involucrados y aislada de los circuitos represivos, no tiene todavía suficiente peso como para abrir otra línea de investigación sobre el Hospital Militar Central, donde no se han comprobado judicialmente el paso de detenidos ilegales ni partos clandestinos. Por otro lado, las fuentes judiciales deslizaron que su propia confesión no es una evidencia sólida para incriminarla. La declaración de Cucagna fue remitida al juzgado de San Martín que investiga la función del Hospital Militar de Campo de Mayo como maternidad clandestina.El miércoles pasado en el Juicio por la Verdad de La Plata, el denunciante volvió a ventilar los detalles de esa distendida tertulia cuyas consecuencias para sus protagonistas son aún impredecibles. Hoy, por primera vez, los difunde Miradas al Sur.Confesión nocturna. Osvaldo Hugo Cucagna es docente de la cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, miembro de la red No a la Trata y del Centro de investigación de Medios de Comunicación y Semiología de la Vida Cotidiana (Ceims).Durante la noche del 5 de abril de 2006 se reunieron ocho integrantes del Ceims en la casa de Noemí Focsaner, entre los que había tres psiquiatras, cuatro psicólogos y una licenciada en comunicación, para hacer un racconto íntimo de la huella que había dejado en sus subjetividades el Terrorismo de Estado. Había un motivo especial para hacerlo: visitaba a la dueña de casa una estudiante de cine francoamericana, Gabriella Kessler, que estaba en el país haciendo un reportaje sobre los 30 años del golpe de Estado para su tesis doctoral, y pidió filmar la reunión, sin sospechar que el fin de la noche deparaba un abrupto viaje al pasado. No sólo que todos los presentes estuvieron de acuerdo en que se registrara, sino que al retirarse firmaron una autorización para que la película pudiera ser exhibida, inclusive la ex enfermera. Uno a uno, comenzaron a exponer sobre el tema. Después de haberlo hecho, Cucagna se retiró a su casa. El reloj marcaba las 23.30. A la mañana siguiente, María de los Ángeles López Geist, una de sus compañeras, lo llamó por “desesperada”, para contarle el epílogo inaudito de la velada que había sido para él casi una terapia de grupo. Era la segunda vez que Patera lo confesaba. La primera había sido en una reunión de psicodrama de Apsa (Asociación de Psiquiátras Argentinos), aunque para el auditorio, según Cucagna, “fue como si escuchara la lluvia caer”. La joven cineasta volvió a Europa con el material, no sin antes dejar tres copias del DVD. Imagen y sonido impecables. Según cuenta Osvaldo, los depositarios fueron Carlos Repetto, María de los Ángeles López Geist y la comunicadora Paula Morell. Con el tiempo, se convertirían en sus custodios más celosos.El Grupo de los Siete. Las revelaciones de Patera causaron gran conmoción al interior del selecto clan confesor. Durante los primeros días, circularon entre sus azorados miembros con cierto afán, y hasta apoyaron la idea de hacer la denuncia. “Cinco de de los seis que estaban me confirmaron que eran ciertas”, dice Cucagna. Pero pronto afloraron las diferencias internas acerca de cómo proceder con información tan delicada, y el ímpetu inicial se estancó. Casi todos eligieron callar, considerarlas un desvarío que emanaba de una psiquis atribulada. Fue el caso de Carlos Repetto, actual presidente del Capítulo de Medios y Vida Cotidiana de Apsa y director de la revista del Ceims, Sujeto mediático. “Insistía con que estaba desvariando”, agrega el denunciante.“Les pedí que me mostraran ese video, pero no quisieron –evoca Cucagna–. Un día me llama María de los Ángeles para decirme que yo tengo derecho a ver el DVD y que me lo va a prestar. Cuando llegó me dice ‘no puedo, porque si te doy el DVD tengo que romper con ellos’, y no me lo entregó.”Pese a todo, se resistía a adoptar la tesis autocomplaciente del simple exabrupto. Hizo la denuncia el 19 de octubre de 2006 en el Juzgado de Rafecas reproduciendo las confidencias de la ex enfermera, tal como se las habían contado. Se contactó con Kessler para que le enviara el original desde Londres. Lo hizo dos veces: una vez llegó roto, y la otra, sin sonido. Y contrató una joven hipoacúsica. “Con un trabajo muy paciente de lectura de labios, se pudieron decodificar fragmentos, y entre las cosas que larga dice que la llevaban a hacer partos a la cárcel.” El rol del Hospital Militar durante los años de plomo es un terreno aún poco explorado por los organismos de derechos humanos y los investigadores judiciales. Horacio Schiavo, jefe de la Maternidad del Hospital Militar Central durante la dictadura, testimonió en el juicio oral al ex gendarme Víctor Rei –en el que fue condenado a 16 años de prisión– que “cualquiera puede hacer un certificado (de nacimiento)… Lo firma uno, después se rompe y lo firma otro”. Tanto este caso de Alejandro Sandoval Fontana, como en el de otras dos nietas restituidas, Claudia Poblete y Eugenia Sampallo, las partidas de nacimiento falsas fueron firmadas por Julio César Cáceres Monié, el fallecido jefe de Cardiología del hospital. El silencio es salud. El viernes por la tarde Miradas al Sur se comunicó telefónicamente con Patera para darle la posibilidad de dar su versión. Aunque se excusó, algo alterada, en que tenía “absolutamente prohibido hacer declaraciones sobre el tema”, alcanzó a negarlo. Aquí, lo más sustancial del diálogo:–Quería conocer su versión acerca de la denuncia que se conoció públicamente la semana pasada durante el juicio…–De eso no voy a hablar. Esa información es una injuria contra mí. Todo es mentira. No tengo nada que ver con esos hechos que se dicen.–Por eso quería hablar con usted, para que me diera su versión de los hechos.–¿Y vos te atrevés a publicar una opinión con información que no es fidedigna?–No es mi opinión, hay una denuncia judicial que la involucra…–Ahora voy a colgar– dijo, antes de pedir que no volvieran a llamarla.Por si la denuncia judicial de Cucagna ante el Juzgado Federal y la Cámara de La Plata, la entrevista periodística realizada posteriormente, las imágenes mudas de la reunión en las que se ve a Patera y su posterior lectura de labios y parcial decodificación por una hipoacúsica, no hubieran sido pruebas suficientes, este diario quiso chequear la información con una fuente más. Existía un cuarto DVD con el homenaje que psicólogos y psiquiatras iban a rendirle esa noche a las tres décadas de democracia. Era la filmación original, la de Gabriella Kessler, aquella por la que –luego de dos envíos truncos– Cucagna se había dado por vencido. Valía la pena un nuevo intento, al menos por una consulta. El correo electrónico a Londres, donde reside Kessler, pedía la confirmación acerca del contenido del registro. Es decir, si esa inesperada confesión que una furiosa Silvia Patera hoy desmiente, que sus antiguos colegas silenciaron por cobardía o corporativismo, es real: si contó esa noche haber inyectado clorato de potasio a los desaparecidos, o haber participado en los vuelos de la muerte. Y Gabriella, la novena presencia en la casa durante la noche del 5 de abril, dispuesta a quebrar los códigos de silencio, contestó. Textual, su respuesta dice: “Puedo confirmar que en abril 2006, la doctora Silvia Patera dijo estas cosas sobre su pasado y que grabé esta conversación”. Más adelante pide perdón por su castellano: “Olvidé mucho desde mi tiempo en Buenos Aires. ¡Espero que se entiende todo!”.Perfectamente, Kessler. Claro como el agua.


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Alicia Chalabe: “no se pueden realizar movimientos de tierra o excavaciones, porque se supone que se pueden encontrar restos de familiares”.
Jujuy al día - Nuestro medio recogió el testimonio de la Abogada Alicia Chalabe, quien se refirió a presentación efectuada junto a familiares de detenidos desaparecidos al Juzgado Federal, destacando que sería ilegítima la autorización que se había dado para construir una calle en el barrio Alto Padilla. Indicó que el terreno se encuentra dentro de la zona de la investigación que se está desarrollando, para encontrar los cuerpos de víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura, y afirmó que un decreto del Ministerio de Defensa prohíbe realizar movimientos de tierra o excavaciones, “porque se supone que se pueden encontrar restos de familiares”.
Chalabe manifestó que “hemos hecho un pedido de suspensión de una autorización que se había dado a fines del mes de mayo de este año, sobre una porción de terreno para construir una calle en el barrio Alto Padilla, entre la calle Curupayti y la ruta nacional nº 9”.
En este sentido, “esta autorización se ha dado teniendo en cuenta la opinión del Fiscal Federal, el doctor Batule, que toma en consideración una foto satelital de Google, que se acompañó al expediente, y se han hecho diferentes planteos, pidiendo que se suspenda la autorización”.
Al respecto, “lo que hemos remarcado es esto: que puede haber este interés de los familiares de detenidos desaparecidos, en la investigación del destino de estos detenidos, y el derecho a velar sus muertos y a encontrar sus cuerpos es un derecho de los familiares. Y esto es algo que tiene que velar el Estado no solo nacional, sino también el Estado provincial”.
Por lo tanto, “esto es lo que se le pide al Juzgado Federal: este expediente es un expediente largo, tiene 8 cuerpos, donde hay una investigación profusa, con declaraciones testimoniales de gente muy valiosa, que lamentablemente ha fallecido. Pero así como hay las declaraciones de los familiares en la búsqueda de la verdad, también es esta cuestión de la búsqueda de los cuerpos”.
Es por eso que “intervino el equipo de antropología forense, un equipo nacional, y se busca esto. Inclusive hay una resolución del Ministerio de Defensa, un decreto ministerial, que declara como sitio de memoria algunos lugares del país donde no se pueden realizar movimientos de tierra o excavaciones, porque se supone que se pueden encontrar restos de familiares”.
En definitiva, “esto es un interés por supuesto protegido, que es lo que se busca amparar con esta presentación”.
Fuente:
http://www.jujuyaldia.com.ar/

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El represor declaró en Concepción del Uruguay

Violaciones a los derechos humanos en Uruguay: “Son varias las imputaciones en contra de Harguindeguy”, dijo la abogada querellante



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La abogada María Isabel Caccioppoli explicó que Albano Harguindeguy “tenía incidencia directa en la Policía Federal Argentina, de manera que estamos hablando de uno de los artífices principales de este plan macabro de detener, interrogar, torturar y desaparecer personas”, remarcó la querellante en las causas sobre derechos humanos que se siguen en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay tras la declaración indagatoria del ex ministro del Interior de la dictadura. En ese sentido, adelantó que “son varias las imputaciones que el juez va a tener que utilizar en su contra”, aunque aclaró que aún no ha accedido al testimonio que este jueves brindó el represor.


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El coronel Duret dijo que es "un trofeo, un chivo expiatorio"
El coronel Alejandro Duret se declaró inocente por la desaparición de Carlos Labolita. También se definió como un chivo expiatorio y un objeto de venganza. Hizo una larga e inusual exposición ante el Tribunal. Contra lo previsto, el general de brigada Ped

Duret dibujó gráficos con el propósito de instruir al tribunal sobre cuestiones militares.foto marcelo nuñez

A las 11, el coronel Alejandro Guillermo Duret (56) se sentó frente al Tribunal Oral Federal que lo juzga por la desaparición del militante peronista Carlos Labolita (24), ocurrida en Las Flores en abril de 1976.
La audiencia tuvo que haber comenzado una hora antes, pero la excesiva concurrencia de público –cerca de 150 personas– generó demoras, ya que los asistentes fueron identificados y revisados con un detector de metales antes de ingresar a la sala.
Tan numeroso público, no visto en jornadas anteriores, tenía un obvio propósito: escuchar la declaración que iban a prestar Duret y el general de brigada Pedro Mansilla. Este último era jefe del regimiento de Azul, unidad adonde fue trasladado Labolita después de ser detenido en Las Flores.
La expectativa quedó parcialmente frustrada cuando la defensa de Mansilla anunció que el general había decidido no declarar. Ello generó el primer murmullo en la sala y, consecuentemente, el primer pedido de silencio que tuvo que formular el presidente del tribunal, Alejandro Esmoris.
La exposición del coronel
Sentado frente al Tribunal, de impecable traje gris, Duret escuchó durante cinco minutos, de boca del juez Esmoris, los términos de la acusación. En ese lapso, el militar destapó una botella de agua mineral que había sobre su pupitre, bebió algunos sorbos, abrió una carpeta que contenía abundante documentación y extrajo de su saco media docena de marcadores. Luego los utilizaría para dibujar gráficos con un propósito manifiesto: instruir al tribunal sobre cuestiones militares. Para ello también empleó un panel de madera con papeles blancos que –a pedido de su defensor– había sido ubicado en la sala. Un ligero temblor en las manos de Duret fue el único signo de nerviosismo que pudo advertirse mientras escuchaba la acusación.
"No voy a responder"
"En primer lugar, sólo voy a responder a las preguntas de mi defensa", fue la primera frase del coronel. Posteriormente manifestó que "este juicio es una oportunidad y un agravio", tras lo cual recordó que lleva "tres años, seis meses y 12 días" detenido sin sentencia.
Pronto quedaría en claro que toda su declaración estaba contenida en la abultada carpeta. El presidente del Tribunal le indicó que no podía leer, de manera que Duret sólo la empleó para apoyarse en sus escritos a manera de apunte, circunstancia que no le restó frondosidad a su extenso relato indagatorio.
Contenido político
Duret admitió que estaba "intranquilo, aunque no se note" por afrontar un juicio "con un alto contenido político" en el que hubo injerencia "de personas de altísimo nivel".
"Soy inocente; no vi ni traté a Labolita", enfatizó Duret, para ampliar en otro momento de su declaración: "No sé qué pasó, nunca lo supe, se lo dije a la madre durante un careo en 1985: si supiera qué pasó con su hijo se lo diría".
El padre del joven desaparecido estaba sentado en primera fila, a escasos tres metros de Duret, y si bien pudo advertirse en su expresión el malestar que le provocaban estas afirmaciones, no hizo ninguna exteriorización.
"No tenemos a la vista testigos reales, no hay testigos presenciales", aseguró el coronel para demostrar que la acusación reposa en una serie de comentarios. "Me dijo, me dijo que le dijeron", ironizó.
"Así como a Labolita le asignaban todo en Las Flores, hasta el copamiento del regimiento de Azul –cosa que no creo– a Duret le asignan todo", aseguró.
Enemigos
"La familia Labolita conceptualmente es mi enemiga –admitió– porque quiere dañarme y dañar a mi familia. No los odio, ni los odié, ni les guardo rencor. Créase o no. Tienen todo el derecho a pedir justicia, pero no tienen derecho a pedir que pague cualquiera".
En varios tramos de su declaración, Duret manifestó que "una barbaridad como la que le ocurrió a Carlos Labolita y a su familia no puede ser justificada de ninguna manera" y de manera insistente reiteró que "nada de lo que voy a decir pretende justificar lo que pasó".
Debe aclararse que estos conceptos exculpatorios fueron vertidos en forma alternada durante una declaración que duró alrededor de tres horas y que tuvo dos intervalos dispuestos por el Tribunal.
A lo largo de esa declaración, y quizás anticipándose al alegato, Duret hizo planteos de corte jurídico. De hecho, invocó las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, la aplicación de normativas actuales con retroactividad y la negativa a encuadrarlo en la ley más benigna.
"Estoy alelado por el poder punitivo del Estado", aseguró, para manifestar posteriormente que "el Estado persigue a ciudadanos comunes a través de organismos de Derechos Humanos".
"Un chivo expiatorio"
El presidente del Tribunal tuvo que reiterar su pedido de silencio cuando Duret citó a Jhon William Cooke –uno de los principales referentes de Juan Domingo Perón durante su exilio– y en la sala estallaron manifestaciones de asombro.
"Soy un chivo expiatorio, un trofeo", aseguró Duret, "un objeto de venganza. A 33 años del hecho se afecta mi derecho a defensa y tengo que probar mi inocencia", agregó.
En el marco de sus planteos, cuestionó la jurisdicción en que estaba siendo juzgado y reconoció la de un tribunal militar, remarcando el desconocimiento de temas castrenses que observó a lo largo de las audiencias.
Por otra parte, aseguró que el Estado "me perjudicó al destruir toda la documentación relacionada con la lucha antisubversiva".
"El teniente Duret"
Varias veces, el imputado manifestó: "Aquí no están juzgando al coronel Duret, sino al teniente Duret", un joven de 23 años recién ascendido "al que todos muestran como un tiburón cuando era un cornalito".
También indicó que el grado de responsabilidad penal tuvo que haberse acotado a los comandantes y "también a los que cometieron excesos". Al detallar este concepto, mencionó a "los violadores, los ladrones, los que se apropiaron de niños".
Inesperadamente, en un tramo de su declaración dijo: "Los que tendrían que estar poniendo la cara no se encuentran acá", pero no hizo mayores especificaciones.
"Hice el 75 por ciento de mi carrera en gobiernos democráticos y ascendí a coronel en abril del 2000 con acuerdo del Senado. El 12 de abril de 1994 fui designado al cuartel de Zapala en pleno Caso Carrasco. No me hubieran designado a cumplir esa misión si fuera un violador de Derechos Humanos", manifestó.
Fechas, citas, autores
La declaración de Duret incluyó un amplio repaso histórico abundante en citas, autores e –incluso– páginas de los libros consultados. En vano fueron las protestas del fiscal Daniel Adler que llegó a definir como "divagaciones" algunos tramos de lo que ya era una disertación. En realidad, el Tribunal había advertido a Duret en varias oportunidades para que se acotara al hecho que se le imputa, pero el coronel se atuvo a su carpeta, que en determinado momento lo remontó a la publicación de "El Capital" de Carlos Marx en 1848.
De tal manera, reprochó que durante el juicio se mencionaron todos los genocidios reconocidos históricamente, "pero no se mencionó el genocidio comunista, que lleva 100 millones de muertos".
La hilación lo condujo minuciosamente a la revolución cubana que formó "a los sicarios" que instalaron la guerrilla en Argentina. Al pasar por el "Cordobazo", ya en 1969, lo definió como un movimiento gestado "por los obreros mejores pagos del país" que capitalizaron "el entusiasmo de los estudiantes". Y al esbozar una reseña sobre el tramado de las organizaciones guerrilleras en el país mencionó al actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Duhalde, e incluso recordó su presunto nombre de guerra: "Demián".
Luego, al referirse a la liberación de 1.600 presos políticos en 1973, remarcó la participación del doctor Esteban Righi, actual procurador general de la Nación.
Tales manifestaciones motivaron que el juez Rozansky lo conminara a no formular más imputaciones contra funcionarios del Estado.
"Los golpes de Estado –prosiguió Duret– le sacaron las papas del fuego a los políticos y terminaron pagando los militares. Nadie quería hacerse cargo del desastre. Lamentablemente, los militares creyeron que podían solucionar el problema".
"Nosotros –puntualizó posteriormente– estamos transfiriendo el problema a la generación siguiente" y sentenció: "Alguien tiene que parar esta rueda".
Los gráficos
Duret dibujó varios gráficos para ilustrar la pirámide castrense, su estructura de mandos, la forma en que decantan las órdenes dentro de ese organismo y –en definitiva– el rol ínfimo que, según sus dichos, ocupaba "un teniente recién ascendido que todavía tenía olor a subteniente" y que "el 24 de marzo de 1976 no sabía dónde estaba parado".
Uno de los puntos en los que puso más énfasis fue el rol de oficial de inteligencia que –según reza en su legajo– desempeñó en aquella época.
"No teníamos capacidad para averiguar nada", aseguró, y dijo que las tareas de inteligencia se limitaban a "estudios topográficos y de rutas, de caminos, puentes, etc.".
En ese contexto, negó la existencia de una estructura de inteligencia. "Era yo solo", indicó, para reiterar que la tarea se limitaba a reconocimientos del terreno.
Los datos policiales
Luego, ante una pregunta del juez Esmoris, Duret admitió que "era la policía la que proporcionaba datos sobre políticos y gremialistas". Cuando el magistrado lo interrogó sobre la forma en que "se procesaba esa información", el coronel indicó que lo explicaría más adelante, en otro tramo de su exposición, pero la respuesta no llegó.
Posteriormente, Duret dijo que "jamás recibí una orden ilegal" y aseguró que en su desempeño como militar nunca escuchó hablar de "grupos de tareas". Varias veces tuvo una postura despectiva hacia el general Videla "a quien sólo le digo Videla" y reiteró su inocencia total.
En razón de que Duret había dicho que "lo que le pasó a Labolita fue una barbaridad", el fiscal Adler le preguntó: ¿Qué le pasó a Labolita? Luego Adler le recordó que una hermana de Labolita lo reconoció fotográficamente como partícipe del allanamiento en el que el joven fue visto por última vez. Ante esas preguntas –y otras que formuló la querella – Duret respondió: "No voy a responder", e hizo saber su intención de no seguir declarando.
El juicio continuará el jueves 25 con la primera parte de los alegatos.


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EL PAIS › CONTINUARON LOS ALEGATOS DE LOS QUERELLANTES POR EL CASO DEL NEGRITO AVELLANEDA
Pedido de perpetua a seis genocidas
El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos destacó que el asesinato de Avellaneda fue “parte de un plan sistemático y del genocidio”. Coincidió con Liliana Mazea, de Justicia Ya!, en la solicitud de la pena para los responsables del hecho.


Raúl Harsich, Fernando Verplaetsen, Osvaldo García y Santiago Omar Riveros, acusados por el caso Avellaneda. Por Adriana Meyer
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación consideró que el caso del asesinato de Floreal “Negrito” Avellaneda, y el secuestro de su madre Iris Pereyra, fue “parte del plan sistemático y del genocidio”. Lo expresó en su alegato Ciro Annicchiarico, abogado querellante de ese organismo en el juicio oral y público en el que están imputados los autores materiales y mediatos de esos crímenes, entre ellos el genocida Santiago Omar Riveros. También alegó la abogada Liliana Mazea, querellante por el colectivo Justicia Ya!, quien destacó que el Estado argentino está en mora respecto de incorporar la figura de genocidio al Código Penal. El lunes será el turno de la fiscalía, el miércoles de la defensa y para los primeros días de julio el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dictaría sentencia.
Mazea recordó que por el caso 103 Iris Pereyra de Avellaneda, los tormentos, la privación ilegal que sufrió y el robo de sus bienes, fue condenado el dictador Jorge Rafael Videla en el Juicio a las Juntas. En su alegato, que desplegó con puntillosa precisión las argumentaciones estrictamente jurídicas, la abogada destacó que la Convención para la Prevención y Sanción del crimen de Genocidio fue ratificada por ley en 1958 y aún no se incorporó a la legislación interna el delito de genocidio, entendido como el ataque “discriminado” a determinados grupos de una población para lograr su destrucción, lo que produce con su ausencia la transformación de la sociedad de acuerdo a los valores que querían implantar los represores. Algo que se aplica, según Mazea y el abogado Carlos Slepoy, al caso argentino donde “un grupo nacional decidió la destrucción de otro, que era la mayoría del pueblo en cuanto a su oposición a la dictadura y sus concepciones filosóficas”.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos hizo reflexiones de carácter histórico y destacó que “no hubo absolutamente ninguna guerra, ni tampoco dos bandos equivalentes enfrentados o ‘dos demonios’, si no baste preguntarse ¿qué clase de peligroso guerrero demoníaco implicaría un joven de 14 años como fue Floreal Edgardo Avellaneda?”. Agregó Annicchiarico que “no existió causal legal alguna de justificación para los aberrantes delitos cometidos por el Estado”, y que estos crímenes “son y serán siempre perseguibles mientras vivan sus responsables porque ya en el momento de su comisión las conductas aquí enjuiciadas formaban parte del concierto de delitos de lesa humanidad”. El abogado afirmó que “todos los autores responsables, por la índole de las torturas infligidas, o por el conocimiento de que ellas le serían aplicadas han tenido plena determinación y cabal conocimiento sobre el destino fatal que le esperaba a Floreal Avellaneda”, y por lo tanto pidió la pena de reclusión perpetua para los seis genocidas, “en cárcel común”. Lo mismo habían solicitado Mazea y el resto de los querellantes.
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EL PAIS › PROCESARON A SEIS REPRESORES DE PUERTO BELGRANO
La Justicia avanza en Bahía Blanca

Por Diego Martínez
A paso lento pero firme, el proceso de justicia avanza en la inconmovible Bahía Blanca. El jueves, el juez federal Alcindo Alvarez Canale elevó a juicio un primer fragmento de la causa que investiga delitos de lesa humanidad en el Cuerpo V, con seis militares como acusados. Ayer, el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni procesó con prisión preventiva en cárceles comunes a seis marinos, dos prefectos, un oficial del Ejército y un ex policía bonaerense, por secuestros y torturas en la base naval de Puerto Belgrano. También creció la lista de prófugos: a los históricos Aldo Mario Alvarez y Jorge Granada se sumó el ex juez federal Guillermo Federico Madueño, miembro hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5 porteño.
Los imputados que a más tardar en 2010 rendirán cuentas son el general de brigada Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Jorge Delmé, los tenientes coroneles Osvaldo Bernardino Páez, Jorge Aníbal Masson, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Los tres primeros formaron parte del Estado Mayor del Cuerpo V, donde se decidía el destino de cada secuestrado. El resto integraba grupos operativos. Alvarez Canale no incluyó aún en la elevación al coronel Jorge Mansuetto Swendsen.
Los flamantes procesados en la causa que investiga a la Armada, los primeros desde la reapertura a fines de 2005, son el vicealmirante Eduardo René Fracassi, el contraalmirante Angel Lionel Martín, los capitanes de navío Guillermo Martín Obiglio, Guillermo Félix Botto y Edmundo Oscar Núñez, los capitanes de fragata Tomás Hermógenes Carrizo y Leandro Marcelo Maloberti, los prefectos Félix Ovidio Cornelli y Francisco Manuel Martínez Loydi, el coronel Argentino Cipriano Tauber y el ex comisario de la Policía Bonaerense Víctor Oscar Fogelman, el mismo que condujo la investigación del homicidio de José Luis Cabezas.
Cornelli y Martínez Loydi son responsables de un informe secreto que recomendó “ralear” del diario La Nueva Provincia a los gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados que habían enfrentado a la familia Massot durante los años previos al golpe de Estado, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976. Los prefectos aún no fueron indagados porque la Cámara Federal debe resolver si asigna el caso a Tentoni, como pidieron fiscales y querellantes, o a Alvarez Canale, excusado de investigar marinos por su parentesco con un imputado. Tentoni fijó la responsabilidad civil de cada represor en seis millones de pesos y ordenó enviarlos a cárceles comunes: Tauber seguirá en la unidad 34 de Campo de Mayo; Botto y Martínez Loydi irán al penal de Batán, Carrizo a la cárcel de San Luis y el resto a Marcos Paz, con Astiz, Patti, Von Wernich & Cía.
Fuente: Pagina12
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EL PAIS › FESTEJO DEL CELS, HIJOS Y FAMILIARES DE LAS VICTIMAS
“Con Vos Marcos Paz”
Manuel Gonçalvez reveló que se enteró mientras pedía al tribunal de San Martín que le fijara fecha al juicio contra el ex comisario. “Siento tranquilidad”, señaló Juana Muniz Barreto.

Laura Conte y Horacio Verbitsky, del CELS, y Juana Muniz Barreto y Manuel Gonçalvez, víctimas de Patti.

Por Diego Martínez
–Estoy muy emocionada. No lo esperábamos –confió Ana Oberlín, abogada de H.I.J.O.S. y tenaz impulsora de la impugnación a Luis Patti.
–Ya estábamos pensando qué vía elegir cuando lo rechazaran –coincidió Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales.
–Los jóvenes tienen poca fe –bromeó Horacio Verbitsky, presidente del organismo.
–Admito que formo parte de los pesimistas. Es que la Justicia nos ha dado demasiados golpes –explicó el periodista y abogado Pablo Llonto.
Tres generaciones de militantes por los derechos humanos se congregaron ayer en el CELS para celebrar e informar sobre el histórico fallo de la Cámara Nacional Electoral que por primera vez, a treinta años de los hechos y diez de la primera impugnación frustrada, inhabilitó una candidatura del ex intendente de Escobar.
“Los convocamos para anunciar que el ex comisario sólo podrá ser candidato de ‘Con Vos Marcos Paz’”, abrió la conferencia de prensa Verbitsky. El periodista explicó la esencia del escrito, dijo que no afecta el principio de inocencia, que contribuye a crear institucionalidad democrática y que ratifica el valor de la lucha de los organismos.
–¡Hace diez años que lo impugnamos! –apuntó feliz Cristina Caiati, responsable del centro de documentación del CELS desde sus orígenes y autora del Manual del buen torturador, que por primera vez pasó en limpio el prontuario del ex policía.
Luego fue el turno de familiares de víctimas de Patti. “Siempre planteé como esquizofrénico que mientras un tribunal le negaba la excarcelación por su peligrosidad, otro lo habilitaba como candidato. Ahora siento tranquilidad, hay un mensaje claro y coherente”, explicó Juana Muniz Barreto, hija del ex diputado Diego Muniz Barreto, por cuyo secuestro y asesinato será juzgado Patti en los próximos meses.
“Fue un día intenso. Nos enteramos del fallo mientras pedíamos al tribunal de San Martín que le ponga fecha al juicio”, contó Manuel Gonçalvez, hijo de Gastón, que padeció al policía durante la dictadura. “El fallo excede la discusión por una banca. Es una respuesta de la Justicia, después de treinta años de lucha, para frenar una candidatura que sólo busca perpetuar la impunidad. Es un gran aporte para este momento del país, donde hay tantas discusiones sobre candidaturas”, agregó.
“Mi sentimiento es de tranquilidad, confianza y compañerismo”, explicó la diputada Victoria Donda, que desde Libres del Sur logró la aprobación en general de un proyecto para impedir que secuestradores y torturadores ocupen cargos públicos. “Mientras haya hombres y mujeres que peleen por la vida y la justicia, tarde o temprano vamos a ganarles a la muerte y a la impunidad”, afirmó.
“Empieza otra etapa. Estos son fallos fundantes”, explicó Laura Conte, vicepresidenta del CELS, que recordó con emoción a los miembros fundadores y primeros impulsores de la causa, Emilio Mignone y Augusto Conte.
“Es un momento único. No lo esperábamos”, admitió Diego Morales. Recordó que “este proceso arrancó en 1983 con la idea de depurar la Justicia, la política, las Fuerzas Armadas” y que “llevó más de veinte años lograr que la Justicia entendiera la importancia de dar respuestas”. “Es un buen día para festejar”, propuso.
Pablo Llonto, abogado de víctimas de Patti, calificó al fallo como “bastante didáctico” y admitió que “recobramos las ganas de dar pelea”. Recordó su paso por el CELS en los ’80, contó que “en las oficinas de Rodríguez Peña lloramos cuando salieron las leyes de impunidad y hubo que guardar las carpetas naranjas porque ya no había juicios”, y celebró la existencia de “una nueva generación de abogados que dan batalla”.
“Cuando me enteré del fallo me vino a la mente una charla con Ethel Cambiaso (hermana de Osvaldo, asesinado en un tiroteo fraguado con Patti). ‘¿Otra vez tenemos que impugnarlo?’, me preguntó. Sentí ganas de llorar”, contó Pipi Oberlín. “Lo que genera que una persona así pueda candidatearse no es una cuestión abstracta. Tiene que ver con personas que sufren la impunidad en carne propia”, explicó.
La abogada rosarina destacó que “así como ellos tienen su línea de conducta, nosotras tenemos la nuestra”. “Siento un gran orgullo de pertenecer a H.I.J.O.S. y al movimiento de derechos humanos de la Argentina. Cada uno con su estilo, con su pasión, contribuyó para conseguir este fallo”, agradeció. “En nuestro organismo tenemos una frase que me parece oportuna: ‘Lo imposible sólo tarda un poco más’.”
Fuente: Pagina 12, viernes

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La Cámara Electoral rechazó la candidatura de Luis Patti
18/06/2009 - El tribunal admitió las impugnaciones formuladas contra la postulación para diputado nacional del ex comisario detenido en Marcos Paz, acusado de delitos de lesa humanidad. Los magistrados afirmaron que debe resolverse su situación penal. Fallo completo
Fallo completo 103.16 Kb.
La Cámara Nacional Electoral admitió las impugnaciones formuladas contra la postulación de Luis Abelardo Patti como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Su candidatura había sido objetada por familiares de las víctimas de los delitos de lesa humanidad que se le imputan a Patti, en la causa penal por la cual se encuentra en prisión preventiva; con el patrocinio de las organizaciones CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) e HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio); también habían presentado impugnaciones varios diputados nacionales y varios ciudadanos que invocaron su calidad de electores de la provincia de Buenos Aires.
La sentencia del máximo Tribunal Electoral -integrado por los jueces Santiago H. Corcuera, Alberto R. Dalla Via y Rodolfo E. Munné- se funda, básicamente, en que un ciudadano que, como Patti, está impedido de ejercer el cargo de diputado por haber sido separado de la Cámara legislativa a raíz de la detención que sufre en un proceso penal, no puede competir para acceder a ese mismo cargo, que no podrá desempeñar hasta tanto se resuelva definitivamente su situación penal. También se valoró la obligación internacional asumida por el Estado argentino de evitar cualquier medida que pudiera obstruir de algún modo la investigación y el juzgamiento de los hechos calificados como violaciones a los derechos humanos; lo cual podría ocurrir en la hipótesis de que se invoquen los fueros parlamentarios para liberar a quien está detenido en un proceso judicial de esa naturaleza.
Patti fue electo en octubre de 2005 como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, está actualmente separado de ese cargo a raíz del desafuero que dispuso la Cámara de Diputados en abril de 2008.
La Cámara Nacional Electoral explicó que el artículo 70 de la Constitución Nacional exige, para que un legislador pueda ser arrestado en un proceso penal, que el Cuerpo parlamentario que integra -en el caso, la Cámara de Diputados- lo suspenda en el ejercicio de su cargo. Es decir, que disponga su desafuero, que es lo que ocurrió con Patti.
De allí, señaló que es un “contrasentido […] suponer que la Constitución Nacional exige privar del ejercicio de su cargo de diputado al ciudadano que deba ser arrestado, pues para que esto proceda requiere el desafuero (art. 70), y que al mismo tiempo admite (art. 48) que quien ya ha sido separado de su cargo y permanece detenido -por la misma causa que motivó el apartamiento- puede, no obstante, postularse como candidato para ejercer aquellas funciones de las que está apartado”.
Concluyó, entonces, que la única interpretación aceptable es que el legislador que se encuentra suspendido en sus funciones a raíz de un desafuero y permanece detenido en el proceso penal que motivó dicha medida institucional, no puede postularse a la reelección para ese cargo hasta tanto se resuelva su situación penal y sea liberado.
Por otra parte, hizo notar que en razón de los delitos de lesa humanidad por los cuales se juzga penalmente a Patti, no es posible aceptar que se configure la posibilidad de que sea liberado si resultara electo -en razón de los fueros parlamentarios- puesto que “ello implicaría contravenir el deber internacional del Estado de investigar las violaciones a los derechos humanos para establecer las responsabilidades penales”.
También destacó el Tribunal que su resolución en nada implica apartarse o desconocer la presunción de inocencia del candidato sometido a proceso. En este sentido, señaló que sin perjuicio de esa presunción -que rige en materia penal- las condiciones que se exigen a los candidatos a ocupar cargos públicos son más estrictas que las que se requieren para votar. Dijo así que el derecho a ser elegido aparece estrechamente ligado a una determinada concepción de la representación; precisamente, “porque se espera de los elegidos cualidades singulares, se les exigen condiciones distintas y más estrictas que las que se requieren para el ejercicio del sufragio activo, ya que no es solamente un derecho, sino también constituye la oferta electoral”.
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Casación confirma reclusión perpetua para Videla y Massera
18/06/2009 - Ratificó la decisión de la Cámara Federal que en 2007 declaró la inconstitucionalidad de los indultos a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. Se basó en precedentes de la Corte que impiden decretar indultos en casos de lesa humanidad. Fallo completo
Fallo completo 354.32 Kb.
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la inconstitucionalidad de los indultos de Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera y, con ello, ratificó las penas de reclusión perpetua impuestas a los ex integrantes de la Junta Militar.
El tribunal rechazó los recursos de casación interpuestos contra el fallo de la Cámara Federal que, el 25 de abril de 2007, declaró la inconstitucionalidad parcial del decreto 2741/90 del Poder Ejecutivo Nacional, que indultó las penas impuestas a Videla y Massera.
Casación consideró que “los indultos dispuestos entre otros, en favor de Videla y Massera entraron en colisión al momento de su dictado con el ordenamiento jurídico entonces vigente y desde ese mismo momento carecieron de validez para imponerse, sin perjuicio de la convalidación que de estos hiciera la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en su oportunidad. De esta forma, se inhibe de eficacia el alegar que se han afectado derechos definitivamente adquiridos por sus beneficiarios dado que la fuente de estos aparece viciada en su legalidad desde un primer momento. Este principio, por lo demás, aparece señalado en el precedente ‘Simón’ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Agregó que “atendiendo entonces a la doctrina establecida por la Corte Suprema en los fallos antes mencionados, especialmente en el caso “Mazzeo” extensamente citado y los principios que surgen de los precedentes de la Corte IDH, cabe recordar el indiscutible deber jurisdiccional de conformar las decisiones que se adopten a las sentencias dictadas por el Alto Tribunal en casos similares (…), que se sustenta tanto en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, como en razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (…), en tanto los recurrentes no han aportado argumentos efectivamente “novedosos” que pongan en crisis la resolución de la Corte mencionada”.
“De igual manera, el examen que se hace en el fallo ‘Mazzeo’ sobre nuestra historia constitucional y la reforma que tuvo lugar en 1994 así como el contenido y el carácter vinculante de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no dejan margen de aplicación al otro agravio calificado como ‘novedoso’ de esa defensa, respecto de lo que estima es una ‘interpretación auténtica’ ejercida por los convencionales respecto de que ‘todos los delitos a los que hoy se pretende calificar como de ‘lesa humanidad’ son indultables’. De hecho, ha quedado explicitada la conclusión contraria. Es decir, del análisis efectuado surge clara la imposibilidad sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dictar indultos sobre hechos calificados como delitos de lesa humanidad”.
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Frenan el traslado de Menéndez a prisión domiciliaria
18/06/2009 - Un juez federal de La Rioja remitió un exhorto a la Justicia de Córdoba, por el que solicitó que el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército permaneza en una cárcel común. En abril último, Casación Penal había concedido el beneficio. Documento completo
Documento completo 65.2 Kb.

El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, dispuso frenar la prisión domiciliaria de Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, condenado en julio de 2008 por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Córdoba.
El beneficio había sido ratificado por el Juzgado Federal Nº3 de Córdoba, a cargo de la jueza Cristina Garzón de Lascano, quien tuvo en cuenta el criterio fijado en abril último por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal; este tribunal consideró que la sentencia que condenó a Menéndez en la causa “Brandalisis” y anuló la prisión domiciliaria no está firme. Y agregó que por ello no se pueden modificar las condiciones de detención.
Herrera Piedrabuena remitió un exhorto a Lascano para solicitarle efectivizar la detención de Menéndez en el establecimiento carcelario de Bower. El magistrado de La Rioja lleva adelante tres causas contra el ex jefe militar por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia. Por estas tres causas, Menéndez se encuentra procesado y con prisión preventiva.
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DDHH: elevan a juicio causa por desaparición de ex gobernador de Salta
18/06/2009 - Lo resolvió el Juzgado Federal Nº1 de aquella provincia. En el caso se investiga la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y otros delitos de lesa humanidad. Está imputado Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros ocho acusados. Decreto completo
Decreto completo 23.76 Kb.

Fuente:
http://www.cij.gov.ar/

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CONVOCATORIA CONTRA LA IMPUNIDAD

DEL 19 AL 26 DE JUNIO SEMANA DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD ,
CONVOCATORIA
CONTRA LA IMPUNIDAD:
de genocidas, represores, inundadores, asesinos de ayer y de hoy

JUSTICIA,
MEMORIA Y DIGNIDAD.
PANEL Y ACTO LANZAMIENTO:
CELINA QUECA KOFFMAN –MADRES DE PLAZA DE MAYO
ALBERTO SANTILLAN – PADRE DE DARIO SANTILLAN
CELESTE LEPRATTI – HERMANA DE CLAUDIO LEPRATTI
MILAGROS DIMIRYI – A. CIVIL EN CAUSA INUNDACIONES
SANTA FEHERNAN LOPEZ ECHAGUE – ESCRITOR Y PERIODISTA
EDGARDO MONTALDO – CURA Y ESCRITOR
FEDERICO GARAT – COMISION INVEST. NO GUB MASACRE DE DIC 2001
COORDINAN
SILVINA TAMOUS -- MARCELO NOCETTI
19 DE JUNIO- 18h
SALON DE ACTOS FAC. INGENIERIAPELLEGRINI 250, Rosario. No hay verdadera democracia si los crímenes cometidos por los genocidas quedan impunes, todos sus crímenes, no sólo los que hoy son considerados los más aberrantes y siniestros por la sociedad como la tortura, la desaparición de personas, las ejecuciones sumarias, la desaparición y supresión de identidad de más de 600 niños, el haber convertido al país en un gran Centro Clandestino de Detención, sino todos, y entre ellos los que han condenado a millones de argentinos y latinoamericanos a morir o sobrevivir en condiciones de pobreza e indigencia. Repetimos con Rodolfo Walsh aquello de que “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. “No hay verdadera democracia si los asesinatos, desapariciones, atentados y atropellos contra el pueblo cometidos desde 1983 no son juzgados y castigados.No hay verdadera democracia si la impunidad le gana a la justicia, y el olvido y la indiferencia a la Memoria y la Participación Popular. La Justicia Federal, en los últimos días, ha resuelto la liberación de un grupo de Genocidas. Es la forma de afirmarse en el rol que se le asignó desde las Juntas militares, el de negar ante todo la posibilidad de justicia, que es negarse a si misma y decirnos a todos con todas las letras que considera que los Genocidas no son genocidas. Quienes fueron capaces de traspasar todos los limites conocidos por la humanidad torturando, desapareciendo y asesinando jóvenes y niños en su mayoría pueden gozar de los mismos “beneficios” que se les niega a quienes cometen delitos menores empujados por la pobreza. La Justicia Provincial esta en ese mismo camino con su Corte Suprema integrada en su mayoría por personajes comprometidos con las gestiones de turno. Como bien la han calificado los Inundados de Santa Fe, la Comisión Investigadora no Gub de la masacre de diciembre y los familiares de las víctimas sigue siendo la Corte de la Suprema IMPUNIDAD santafesina. Es urgente y necesario la inmediata remoción de todos sus miembros si realmente se pretende que el estado de derecho llegue a la provincia. La memoria popular manda también que en este junio y todos los junio se recuerde en su verdadera dimensión aquel bombardea a Plaza de Mayo del 16/61955 con más de 500 muertos, entre ellos 60 niños y los fusilamientos y la cacería que le siguió para aplastar a un pueblo que decidió darle contenido popular, darle Justicia social y dignidad a esa democracia vacía que venía pregonando la derecha. La impunidad de ayer es la que permitió y permite la impunidad que gozan hoy las patronales con mayor poderío a la hora de despedir, fijar salario y condiciones indignas de trabajo, es la impunidad para abrir fabricas o plantas con todas las facilidades otorgadas por el estado con dineros del Pueblo, tierras del pueblo, recursos del pueblo y cerrarlas cuando estas dejan de dar sus hiperganancias, es la impunidad de Monsanto y sus socios para imponernos sus agroquímicos que envenenan la tierra, el agua y el aire, es la impunidad de las mineras y petroleras, de los bancos que expropian a los pequeños ahorristas y asalariados en momentos de crisis etc etc etc porque después de todo desde esos grupos salen las decisiones que regulan, limitan o niegan la soberanía popular y la democracia. La convocatoria a una semana contra la impunidad que una el 19 de junio (7 años y medio de la masacre de diciembre del 2001) y el 26 de junio (7 años de los asesinatos de Maxi y Darío) con la presencia de Madres de Plaza de Mayo, de Inundados de Santa Fe, de compañeros de Carlos Fuentealba, de Sandra Cabrera, …es parte de las actividades que se van multiplicando en todo el país por una Democracia con Justicia, Memoria y Dignidad. Es también un llamamiento a Unirnos en esta lucha mas allá de diferencias, a retomar aquellas palabras de los que hace 40 años parieron los rosariazos y la CGT de los Argentinos:
En esas luchas y en esos muertos reconocemos nuestro fundamento, nuestro patrimonio, la tierra que pisamos, la voz con que queremos hablar, los actos que debemos hacer: esa gran revolución incumplida y traicionada pero viva en el corazón de los argentinos.Entonces el pueblo retomará el camino interrumpido. Volverá a expulsar a los mo-nopolios, nacionalizará de nuevo los bancos y el comercio exterior, recuperará susriquezas entregadas al extranjero y asegurará, esta vez para siempre, la Indepen-dencia, la Soberanía , la Justicia y la Socialización de las riquezas y los bienes quenos pertenecen.
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Date: Mon, 15 Jun 2009 23:56:31 -0300Subject: Foro 19 de junio: CONSECUENCIAS ACTUALES DEL TERRORISMO DE ESTADO.From:
clddhh3@gmail.com
AGRADECEMOS SU DIFUSION

La Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, organiza el

FORO

CONSECUENCIAS ACTUALES
DEL TERRORISMO DE ESTADO

PARTICIPAN * ALICIA STOLKINER, coordinadora del Equipo de Mediación de la CONADI; docente UBA * FABIANA ROUSSEAUX, coordinadora del programa Consecuencias actuales del terrorismo de Estado de la Secretaría de DDHH * GRACIELA DALEO, miembro de la Cátedra Libre de Derechos Humanos Proyección del documental PALABRAS, de Ana Mohaded
VIERNES 19 DE JUNIO - 20 HORAS - AULA 345
PUAN 480
Lu-ma: 12 a 16 hs. Mié, juev, vie:de 14 a 18 hs.
Oficina 358 'C' – 3er. piso - Tel: 4432-0606 int. 207
cddhh@filo.uba.ar / clddhh@gmail.com
http://www.filo.uba.ar/extensión/catedras libres/ddhh




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El represor está imputado por delitos de lesa humanidad cometidos en La Histórica y en Concordia

Harguindeguy fue trasladado al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para declarar y se dispuso su detención


El ex ministro del Interior durante la última dictadura, Albano Harguindeguy, fue trasladado en la mañana de hoy al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para declarar sobre delitos de lesa humanidad cometidos en La Histórica y en Concordia. En ese marco se dispuso su detención. El represor se encuentra actualmente con prisión domiciliaria, por problemas de salud, en el marco de la causa que se tramita en la Capital Federal por el denominado Plan Cóndor y ahora está en la misma condición en Entre Ríos.


Fuente: Analisis Digital


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AGENCIA DE NOTICIAS PRENSA ECUMENICA
Día Mundial del Refugiado con millones de personas refugiadas y desplazadas.
Por resolución del 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 20 de junio como “Día Mundial del Refugiado”.

Un amplio comunicado del SEDHU ("Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana" del Uruguay) detalla que de acuerdo con la legislación internacional y de Uruguay “se considera refugiadas a las personas que estando fuera de su país no pueden regresar a él, debido a un temor fundado de persecución por su raza, etnia, religión, opinión política, nacionalidad o por integrar un grupo social particular”

En Uruguay la ley 18.076 de 2007, regula la concesión del estatuto de refugiado y por la ley 18.382 del 2008, se regula el reasentamiento de familias refugiadas.

En el marco de la conmemoración del Día del Refugiado se organizan dos actos públicos.

El primero sobre “Uruguay país de refugio y de reasentamiento”, a realizarse en el Salón 26 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República el 22 de junio, a las 19, ocasión en la que lanzará el Curso de Derecho Internacional de los Refugiados, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El segundo será la firma del convenio de cooperación entre la Intendencia Municipal de Montevideo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el objeto de declarar a Montevideo Ciudad Solidaria con las personas refugiadas, a realizarse el 23 de junio, a las 14 y 30, en la Sala de Acuerdos de la Intendencia.

La Comisión de Refugiados de Uruguay está integrada por el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU); Universidad de la República (UDELAR); Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG); la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes (P.L.) y la Dirección Nacional de Migración – Ministerio del Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores

Un informe de Naciones Unidas registra 42 millones de personas que, a finales de 2008, fueron forzadas a abandonar sus hogares debido a conflictos y persecuciones. Incluyen 16 millones de refugiados y 26 millones de desplazados de manera interna en sus propios países. El 80% de los refugiados del mundo se encuentra en naciones en desarrollo, así como la vasta mayoría de las personas desplazadas internamente.

De los 42 millones de 2008, son unas 700.000 personas menos que en 2007, pero los datos de los primeros meses de 2009 vuelven a compensar esa diferencia. La tendencia del aumento se refleja especialmente en Colombia, Irak, República Democrática del Congo y Somalia.

Colombia tiene la más alta cantidad de desplazados internamente, unos 3 millones. Luego sigue Irak con 2,6 millones de los cuales 1,4 millones se produjeron entre 2005 y 2008; Darfur en Sudán más de 2 millones; Congo 1,5 millones y Somalia, 1,3 millones. (PE)
PreNot 8220
090619


09/06/19 - PreNot 8220Agencia de Noticias Prensa Ecuménica598 2 619 2518 Espinosa 1493. Montevideo. Uruguay
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Elevaron a juicio la causa Ragone
El juez federal Nº 1, Julio Leonardo Bavio, elevó ayer a juicio la causa por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, en la que también se investiga el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal.
Julio Bavio.
Esta es la segunda causa por crímenes de lesa humanidad que llega al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta. Se estima que la audiencia de debate se lleve a cabo este mismo año.
El auto de elevación a juicio es por la totalidad de los acusados que cuentan con procesamientos firmes: el ex jefe del III Cuerpo del Ejército (del que dependía el área de Salta), Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil; el ex jefe de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil; el ex vocero de la Triple A, Jorge Héctor Zanetto, y los ex policías Andrés del Valle Soraire, Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera.
A Menéndez, Mulhall, Gentil, Guil y Soraire se los acusa por dos hechos de homicidio doblemente calificado, y lesiones. A Zanetto se le atribuye coacción agravada, y a los hermanos Herrera se los acusa por encubrimiento. Ragone fue secuestrado a primera hora de la mañana del 11 de marzo de 1976, cuando salía de su casa en las inmediaciones del monumento a Güemes.
En el hecho hubo un forcejeo y fue herido, Arredes intentó ayudar y fue ultimado a balazos. Martínez de Leal, que trabajaba en las cercanías, fue herida por una bala. La investigación demostró que el secuestro fue una obra conjunta del Ejército y la policía provincial, que dejó una zona liberada para permitir que el hecho se consumara y asegurar luego la impunidad de sus autores.

A Menéndez y a Mulhall se les atribuye participación al haber dado la orden de secuestro y desaparición de Ragone; Gentil y Guil se encargaron del encubrimiento; Soraire es considerado uno de los autores materiales. Zanetto está acusado porque por interpósita persona amenazó a Ragone tiempo antes de que se cometiera el crimen.
Y a los hermanos Herrera se les atribuye encubrimiento porque aseguran no haber escuchado nada a pesar de que al momento de los hechos estaban de guardia en la casa de Gentil, muy cerca de donde ocurrió el secuestro y el asesinato de Arredes. En los tribunales federales estiman que la audiencia de debate en el Tribunal Oral este mismo año, después de agosto, aunque todavía debe integrarse el tribunal dado que un subrogante, el juez Jorge Luis Villada, deberá apartarse porque ya participó en esta causa como integrante de la Cámara Federal de Apelaciones. La audiencia podría demandar al menos un mes, dado que se trata de un expediente voluminoso, con más de 40 cuerpos. Por otra parte, en el Juzgado Federal Nº 1 quedaron copias del proceso para continuar la investigación. Todavía está pendiente de ser indagado el represor Antonio Domingo Bussi, quien ya fue citado varias veces pero se excusó por razones de salud.

Fuente:
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/


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EL PAIS › PRESENTARON LA INVESTIGACION SOBRE EL BOMBARDEO A LA PLAZA DE MAYO
El hilo que une el ’55 con el ’76
El número de muertos identificados asciende a 308. Los nombres de los participantes, como Emilio Massera, Oscar Montes y Guillermo Suárez Mason remiten a la última dictadura. Se reveló cuáles fueron las zonas más atacadas y las bombas que se usaron.

Durante el ataque a la Plaza de Mayo se tiraron “más de cien bombas, entre 9 y 14 toneladas de explosivos

Alejandra Dandan
Existe un hilo conductor entre el bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955 y el golpe de Estado de 1976: hubo una continuidad política y nombres de personas que enlazan uno y otro momento. Esa es la conclusión más importante a la que arribó el Equipo Especial de Investigación del Archivo Nacional de la Memoria que durante los dos últimos años investigó por primera vez en 54 años la masacre del 16 de junio de 1955. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, entregó ayer a la prensa el informe detallado con nombres, armas, datos de las más de cien bombas que se tiraron, localizaciones y un listado depurado de 308 víctimas identificadas de forma preliminar.
El documento de apenas ocho páginas es una revisión del caso y suma resultados de un meticuloso rastrillaje en archivos, diarios, registros de hospitales, morgues, cementerios, datos de la CGT y numerosos testimonios de familiares, enfermeros, historiadores y funcionarios de la época. A partir de esos datos, ahora se sabe, por ejemplo, cuáles son las zonas de la Plaza más bombardeadas o los misiles que se usaron. Pero como muchos de los responsables civiles y militares sobrevivieron con hidalguía a varios gobiernos y siguen en libertad, también se puede entender por qué durante tantos años la Plaza fue un lugar de muertos incómodos y anónimos.
El número de muertos identificados asciende hasta ahora a 308, de los cuales 183 tienen partida de defunción y 125 están sin partidas pero con otros documentos que vinculan la muerte al bombardeo. La cifra también reorganiza el dato original de 386 muertos, en una lista con errores y nombres repetidos.
Según el informe, en el bombardeo intervinieron miembros de la Marina y en menor medida de la Fuerza Aérea. El Ejército se mantuvo leal al gobierno por lo menos durante los siguientes tres meses. En “connivencia con sectores políticos y eclesiásticos”, las Fuerzas Armadas “descargaron sus bombas y ametralladoras” contra la población civil “como forma de implantar el terror y el escarmiento, para lograr la toma del poder”.
Se hallaron fotografías de aviones que llevaban pintados a mano sobre el fuselaje la sigla MR (Movimiento Revolucionario) y el signo “Cristo vence” con la cruz sobre la “V”. Tiraron “más de cien bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos”. La mayoría cayó en Plaza de Mayo y Colón, y la franja de terreno cerrado entre Leandro N. Alem y Madero, desde el Ministerio de Guerra (Edificio Libertador) y la Casa Rosada, hasta la Secretaría de Comunicaciones (Correo Central) y el Ministerio de Marina.
El objetivo era “bombardear la zona céntrica de la Plaza de Mayo, para matar al presidente Juan Domingo Perón, al precio de destruir la Casa de Gobierno con todos sus ocupantes”. Pero ese objetivo se desdibuja cuando el informe compara la cantidad y zona de los muertos: sólo 12 de las más de 300 víctimas mortales (4 por ciento) estaban adentro de la Casa de Gobierno. “Ahí impactaron 29 bombas, de las que estallaron 6. El resto de las bombas, proyectiles y fusiles semiautomáticos FN de fabricación belga que los infantes de Marina estrenaron ese día estuvieron dirigidos a la población.”
En el despliegue hubo tres centenares de civiles armados en Comandos Civiles. Serían apoyo en el asalto a la Casa Rosada y actuaron en acciones colaterales como la ocupación de la Radio Mitre, en donde lanzaron una proclama que dio por muerto “al tirano” Perón.
Una de las revelaciones más impactantes es indicio de por qué nunca se investigó la masacre. Duhalde dice que el propósito era “instaurar un triunvirato civil integrado por Miguel Angel Zavala Ortiz, dirigente de la UCR, Américo Ghioldi del Partido Socialista y Adolfo Vicchi del Partido Conservador”. Zavala Ortiz tripuló uno de los aviones, huyó en la aeronave a Uruguay como muchos otros, volvió después del golpe del 16 de septiembre y luego como canciller de Arturo Illia acordó con el gobierno brasileño frenar el primer retorno de Perón del 2 de diciembre de 1964. Años más tarde, durante el gobierno del radical Enrique Olivera en la ciudad de Buenos Aires colocaron su nombre a la placita de Leandro N. Alem y Rojas. En tanto, Ghioldi saludó un año después los fusilamientos de José León Suárez y fue embajador en Portugal de la dictadura de Videla.
Duhalde señala que el comienzo estuvo en el 17 de octubre de 1945, y de la alianza que integró la oposición a Perón: una “coalición política y oligárquica” auspiciada por el embajador de Estados Unidos Spruille Braden y el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina Antonio Santamarina.
Pero hay otras piezas importantes: los nombres que atan 1955 con 1976. Los tres ayudantes del contraalmirante Aníbal Olivieri, ministro de Marina y jefe de la conspiración eran los capitanes de fragata Emilio Massera, Horacio Mayorga y Oscar Montes. Massera integró la Junta Militar después de 1976, Mayorga estuvo involucrado en la masacre de Trelew y Montes fue canciller de la dictadura. Los pilotos fugados a Uruguay fueron recibidos por Guillermo Suárez Mason, prófugo de la Justicia argentina desde su participación en el intento de golpe de 1951 y luego poderoso comandante del Primer Cuerpo del Ejército de la dictadura. Entre los pilotos y tripulantes de aviones estaba Máximo Rivero Kelly, acusado de delitos de lesa humanidad como jefe de la Base Almirante Zar de Trelew y de la Fuerza de Tareas 7 de la zona norte de Chubut. Horacio Estrada, jefe del grupo de tareas de la ESMA; Eduardo Invierno jefe del servicio de Inteligencia Naval en la dictadura; Carlos Fraguio, jefe de la dirección general naval en 1976 con responsabilidad en los centros de detención como la EMSA y la escuela de suboficiales de la Marina. También Carlos Carpineto, secretario de prensa de la Armada en 1976; Carlos Corti su sucesor y Alex Richmond, agregado naval en Asunción. De la Fuerza Aérea, Jorge Mones Ruiz fue delegado de la dictadura en la SIDE de La Rioja y Osvaldo Andrés Cacciatore luego fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires.
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OPINION
Genocidio y grupos nacionales
Por Carlos Slepoy
Ya he expresado en artículos anteriores las razones por las que se debe calificar como genocidio el cometido por la última dictadura. Prescindiendo ahora de esas argumentaciones y dado que en algunas de las sentencias que hasta ahora han sido dictadas no se califica como genocidio el crimen cometido por la dictadura militar, porque no habría sido un grupo nacional el afectado, es preciso analizar qué debe entenderse por grupo nacional.
El 2 de julio de 1985, ante la clamorosa evidencia del genocidio cometido por los jemeres rojos camboyanos entre 1975 y 1979 contra millones de otros camboyanos, el relator especial de las Naciones Unidas para Camboya, Benjamín Whitaker, emitió un informe en el que consideraba el hecho como un autogenocidio. La novedosa calificación tenía por objeto incluir el crimen en las previsiones de la Convención Internacional para la Sanción y Prevención del Genocidio que, recordemos, considera que sólo pueden ser objeto de genocidio los grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos. Siendo evidente que los grupos exterminados no lo habían sido por ninguna de estas características, ya que en general las compartían con el grupo agresor, estimó que el grupo nacional camboyano que ejerció la represión había decidido la eliminación de una parte de sí mismo. De ahí el neologismo autogenocidio. No habría dos grupos humanos diferenciados –constituidos cada uno de ellos por múltiples subgrupos–, sino que las diferencias se producirían en el propio seno del grupo. Unos miembros del grupo nacional camboyano decidieron que otros miembros del mismo grupo nacional no tenían derecho a la existencia y se propusieron erradicarlos, exterminándolos. El grupo nacional camboyano se habría, así, automutilado.
El genocidio camboyano sepultó la idea de que los grupos nacionales se definen por la nacionalidad de sus miembros como, por otra parte, había quedado explicitado en las reuniones preparatorias de la Convención. La posición de Whitaker constituyó un notable esfuerzo interpretativo, al que adscriben muchos juristas, para ampliar los estrechos límites que algunos han pretendido dar a la expresión “grupo nacional”.
Sin embargo, resulta manifiestamente insuficiente para develar cuál es en realidad la esencia del fenómeno genocida. Independientemente de las características del grupo agredido –minorías nacionales, grupos religiosos, étnicos, políticos, culturales, etc.–, siempre que se ha producido un genocidio, un grupo nacional se ha propuesto la eliminación de otro.
No es necesario recurrir a la ficción de que en un genocidio de grupos nacionales un grupo nacional se autoinmola parcialmente eliminando a una parte de sus propios integrantes. Lo cierto y revelador es destacar que en toda sociedad existen, y conviven, distintos grupos humanos con ideas, proyectos e intereses diversos que los diferencian de otros. Cuando uno de ellos decide que alguno de los otros sobra en la Nación y resuelve destruirlos, total o parcialmente, y para ello quiere y produce los distintos crímenes que señala la Convención para la Sanción y Prevención del Genocidio, estamos en presencia de un genocidio.
El de Argentina, como el de Camboya, fue un genocidio porque el grupo que lo perpetró tuvo la intención de destruir grupos humanos que formaban parte de la sociedad argentina compuestos en su mayoría por personas de nacionalidad argentina, pero también de otras nacionalidades. Lo que motivó el propósito de su destrucción fueron las características comunes que unían a sus integrantes y los conformaban como grupos humanos de la Nación Argentina. Ya fuera que sus integrantes se identificaran a sí mismos en esa común pertenencia, ya que les fuera atribuida por el grupo agresor, era necesario destruirlos para depurar la Nación y, sin ellos, construir la sociedad que los represores querían. En definitiva, un grupo nacional argentino decidió la destrucción de otro grupo nacional argentino. Lo mismo que ha ocurrido en todos los genocidios que en el mundo han habido y, desde luego, el que con similares características e iguales propósitos que en nuestro país se cometió en América latina. Esta interpretación acerca de qué debe entenderse por grupos nacionales parece la única razonable después de más de sesenta años de vigencia de la Convención sobre el Genocidio y la extensión del fenómeno genocida contra múltiples grupos humanos en distintos lugares del planeta.
Esclarece, además, los dos extremos de la relación. El grupo nacional agredido y el grupo nacional agresor. Este no sólo está integrado por quienes ejercen la represión sino por los que los inducen y con ellos participan en el propósito de crear una sociedad que, para el éxito de su proyecto, necesita la destrucción del grupo nacional incompatible con la misma.
Las consecuencias para nuestro país ya las conocemos. Que utilizando el aparato del Estado y a través del terrorismo que desde él ejercieron produjeron el genocidio, también. Y, también, que los civiles que promovieron y participaron del genocidio se adueñaron de todas las riquezas de la Nación durante y después del mismo y las siguen detentando. El momento histórico es propicio para revertir la situación.
Llama por eso la atención, entre otras cosas, que sólo los ejecutores directos –y sólo unos pocos– estén rindiendo cuentas ante la Justicia.
P.D.: Parece que nadie quiere dar solución al desguazamiento de las causas contra los genocidas, a los arrestos domiciliarios y libertades provisionales con que crecientemente se los beneficia, a la permanencia de jueces y fiscales cómplices de los mismos, a la inhumana desprotección de los testigos... La última perla es que se propone por el Poder Ejecutivo ante el Senado el nombramiento del Dr. Pedro Eugenio Simón como fiscal federal ante el Juzgado Federal de 1ª Instancia de Santiago del Estero. La primera en el concurso fue la Dra. Indiana Garzón y el Dr. Simón el segundo, pero no es esto lo más grave. La Dra. Garzón es una reconocida defensora de los derechos humanos y el Dr. Simón, un especialista en desalojos de familias campesinas. Múltiples organismos sociales y de derechos humanos, provinciales y nacionales vienen procurando, por ahora infructuosamente, que el nombramiento no se produzca. Esperemos que el reclamo popular sea más fuerte que los intereses que promueven este obsceno nombramiento.
Fuente: Pagina 12

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Córdoba -Juicio a Menéndez

Escrache por inminente prisión domiciliaria a Menéndez
La agrupación Hijos, junto con otras organizaciones, realizó una ruidosa protesta frente a la casa del represor en Bajo Palermo porque en hora abandonará la cárcel de Bouwer para seguir “preso” en su domicilio. Un juez sanjuanino le otorgó ese beneficio. Repudio de la CTA.
Todo tiene que ver todo. La jueza Garzón de Lazcano compartiendo un palco con el represor Menéndez.
Ampliar imágenes

2009-06-17 -
Un numeroso grupo de representantes de la agrupación Hijos, de otras organizaciones de derechos humanos y sectores universitarios, sindicales y algunos partidos realizaron esta tarde un escrache frente a la casa del genocida Luciano Benjamín Menéndez, quien está a punto de acceder al beneficio del arresto domiciliario.
Al conocerse la noticia, la convocatoria para marchar hacia la casa de Menéndez fue espontánea y los manifestantes vía mail y mensajes de texto se reunieron en la avenida Rafael Núnez y Sagrada Familia.En esa esquina las distintas organizaciones empezaron la movilización hasta llegar a la propia vereda del domicilio de Menéndez, aprovechando que la policía todavía no había llegado al lugar.
El escrache consistió en pegatinas con fotos de compañeros desaparecidos y cánticos contra el represor y la justicia, que le otorgó el privilegio de cumplir la condena de prisión perpetua, en razón de su edad (81años), en su domicilio
Menéndez obtuvo hoy del juez federal Nº2 de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, la prisión domiciliaria, y ya no quedan obstáculos para que deje la cárcel de Bouwer, algo que en principio se concretaría en las próximas horas.
La Cámara Nacional de Casación y la jueza federal Nº 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, ya habían concedido ese beneficio al represor en otras causas, pero el magistrado sanjuanino debía resolver su situación tras una indagatoria y recién esta tarde se pronunció al respecto.
El genocida está preso desde el 24 de julio pasado en Bouwer, luego de la condena a prisión perpetua que le dictó en Córdoba el Tribunal Oral Federal Nº 1 en el denominado “caso Brandalisis” por secuestros, torturas y homicidios de cuarto militantes ocurridos en 1977 en la ciudad de Cçordoba.
Repudio de la CTA
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) repudió en un comunicado la medida judicial de ordenar el arresto domiciliario de Luciano Benjamín Menéndez.
“Rechazamos cualquier intento de suavizar la pena ordenada por el tribunal federal que lo condenó el año pasado e instamos a que se ordene su vuelta a la cárcel de Bower, de donde nunca debió salir”.
“Desde la Central apuntamos a la incongruencia de la Cámara Nacional de Casación Penal y demás instancias judiciales, que no actuaron acorde a las leyes que fijaron la condena y la modalidad de la misma, cárcel común y efectiva”.
“Así también, debemos insistir ante los poderes políticos, tanto ejecutivo como legislativo, para que tomen las medidas adecuadas, a los fines de garantizar que las causas que arriben a la Cámara de Casación no se vean retrasadas por razones de distintas índole y que los delitos de lesa humanidad sean castigados con el máximo rigor judicial que permite la legislación vigente, es decir cárcel común y efectiva para todos los genocidas
Fuente:
http://www.prensared.com.ar/


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---------- Forwarded message ----------From: marcelo nuñez <
marce_nu@yahoo.com>Date: 17/06/2009 12:36Subject: Labolita-jornada 8º, jueves declaran los dos imputadosTo: prensa nuA <marce_nu@yahoo.com>

Militar quedó detenido en plena audiencia por falso testimonio
Un suboficial (R) del Ejército quedó detenido mientras declaraba en el juicio por la desaparición de Carlos Labolita. Fue asistente del coronel Guillermo Duret, uno de los acusados.

»El suboficial Carlos De la Rosa en el momento en que se incorporaba de su butaca para quedar detenido.

Un suboficial retirado del Ejército quedó ayer detenido por "falso testimonio" mientras declaraba en el juicio oral y público que se sigue en esa ciudad contra los ex militares Pedro Pablo Mansilla (77) y Alejandro Guillermo Duret (56), por el secuestro y asesinato del militante peronista Carlos Labolita, detenido ilegalmente el 25 de abril de 1976 en la localidad bonaerense de Las Flores.
El suboficial detenido por disposición del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata es Carlos Alberto De la Rosa (61), quien en 1976 se desempeñó en el área de inteligencia del regimiento de Azul.
La detención del suboficial se produjo cuando incurrió en serias contradicciones con relación a declaraciones anteriores que había prestado ante la Justicia.
De la Rosa, que era auxiliar del entonces teniente primero Duret, jefe de Inteligencia del Regimiento de Azul, era uno de los encargados de pasar a máquina los manuscritos de su superior referido a las actividades de inteligencia que encabezaba.
Ante reiteradas preguntas de los representantes del Ministerio Público y la querella sobre el contenido de dichos escritos que dijo no recordar, se le leyó parte de su declaración en primera instancia, en la que aludía a tareas de inteligencia desplegadas por la dependencia que comandaba Duret.
"Como sabía escribir a máquina, me nombraron auxiliar del oficial de Inteligencia (Duret). Yo era escribiente, no recuerdo en qué consistían" dichos informes que mecanografiaba en forma periódica.
Al declarar en primera instancia ante la Justicia de Azul, De la Rosa había afirmado que Duret elaboraba listas de personas, incluyendo dirigentes gremiales, políticos, etc. Sin embargo, cuando ayer le fue leída esa declaración, negó haber hecho tales afirmaciones e -incluso- llegó a decir que "eso me lo pusieron en el juzgado".
Pedido de detención
Después de reiteradas preguntas en el mismo sentido, el fiscal Daniel Adler, con la adhesión de la querella, solicitó la detención inmediata de De la Rosa por "Falso testimonio", la que fue resuelta durante un cuarto intermedio por los jueces Alejandro Esmoris (presidente del Tribunal), Carlos Rozanski y Nelson Jarazo.
Al término del cuarto intermedio, Esmoris mencionó "las graves contradicciones" en las que incurrió De la Rosa durante su declaración, por lo que anunció la formación de causa por "Falso testimonio" y ordenó su inmediato arresto, a cargo de la Policía Federal, que lo retiró de la sala en calidad de detenido y lo puso a disposición del juez federal de turno.
Otro auxiliar de Duret, el suboficial (re) Anselmo Roberto Rosas, también incurrió en algunas contradicciones con respecto a su declaración de primera instancia, pero no tuvieron suficiente entidad como para incurrir en el falso testimonio. Rosas también trabajaba en el área de inteligencia junto a Duret y ofreció detalles sobre las tareas que desempeñaban.
Otro de los que declararon ayer fue el policía Jorge Oscar Pastorini, quien testimonió que fue uno de los integrantes del grupo que detuvo a Labolita el 25 de abril de 1976 en su casa paterna de Las Flores, aunque dijo no saber cuál fue su destino posterior ni la causa del arresto.
Por otra parte, Alejandro Incháurregui, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, hizo una extensa exposición ante el Tribunal.
Dicho organismo realiza desde hace años una intensa tarea que permitió el hallazgo e identificación de cadáveres NN, reconstruyendo, además, la mecánica represiva de la época.
Carlos Labolita fue detenido ilegalmente el 25 de abril y dos días después fue alojado, también ilegalmente, en el regimiento de Azul, donde fue sometido a tormentos. A partir de allí se pierde su rastro y la Justicia presume que fue asesinado.
En marzo de 1976, Mansilla, con el grado de coronel, era jefe del Regimiento de Azul, mientras que Duret -con rango de teniente primero- tenía a su cargo el área de inteligencia y una "base temporaria de combate" que se estableció en Las Flores.
Mañana declaran los acusados
El general de brigada (r) Pedro Pablo Mansilla y el coronel Guillermo Duret prestarán declaración indagatoria ante el Tribunal durante la audiencia de mañana.
Ambos militares declararon ante la Justicia de Azul durante la instrucción de la causa y negaron toda vinculación con la desaparición de Carlos Labolita. No obstante, fueron detenidos a fines de 2005.
La audiencia de hoy estará destinada a resolver planteos de las partes, incluyendo uno del fiscal Daniel Adler, quien amplió su acusación y requirió la recalificación de la causa.
Ocurre que los militares llegaron a juicio acusados de "homicidio agravado por alevosía" y el fiscal reclamó que a esa figura se añada el agravante de que en el delito hubo concurso de dos o más personas".
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Sargento retirado y ex director de Control Urbano imputado de delitos de lesa humanidad

Detuvieron a Omar "Pájaro" Ferreyra

El juez Juan José Comparato ordenó ayer la detención de Omar "Pájaro" Ferreyra que se concretó a las 19.40 en su domicilio. EL POPULAR Medios fue el único presente en el lugar. Esposado y flanqueado por policías, fue llevado a un calabozo en la sede de la Policía Federal en Olavarría. Y anoche mismo u hoy a primera hora estaba siendo llevado a la cárcel común de Marcos Paz.
Eran poco más de las 19.30. Los autos iban y venían por la avenida Sarmiento con la celeridad de la tarde que se va definitivamente. En un chalet ubicado al 2100, el movimiento era distinto del de todos los días. A esa hora Omar Antonio Ferreyra salía de su casa con un pulóver tipo Bariloche, las manos esposadas atrás y junto a un par de policías de la Federal rumbo a la calle Maipú intentando eludir la guardia de EL POPULAR Medios. Un móvil guiaba a toda velocidad por la Maipú al que subieron velozmente tratando de evitar que se tomaran fotografías. De esa manera terminaron los días en libertad para quien supo ser el director de Control Urbano municipal durante la gestión de Helios Eseverri, sostenido contra viento y marea aun a costa de calumniar a sobrevivientes de aquellos años de horror. Hasta que su alejamiento se hizo inevitable.Ya por estas horas, Ferreyra, conocido como "Pájaro", ingresó o está por ingresar a la cárcel común de Marcos Paz, en donde -dentro de la misma causa judicial- ya cayeron detenidos Walter Jorge Grosse, capitán retirado, y Horacio Rubén Leites, teniente primero retirado. Y adonde en breve llegarán Ignacio Aníbal Verdura, general retirado, y Juan Carlos Castignani, su segundo en línea de mando. De hecho, ya la jueza federal de Paso de los Libres, Mabel Borda, libró la orden de detención de Verdura que desde hace años reside en la correntina Santo Tomé. Y su detención dependerá del tiempo que se tome la Policía Federal de aquel lugar para concretarla.EL POPULAR Medios ya lo había anunciado días atrás cuando publicó que la orden de detención de Ferreyra era inminente y que se produciría en el curso de esta semana. Y que la única traba (que la Secretaría de Derechos Humanos provincial no consideraba así) era el recurso presentado por la defensa de Ferreyra diciendo que los delitos de que estaba imputado ya habían prescripto. Pero la Cámara Federal de Mar del Plata resolvió que no era así y el juez Juan José Comparato quedó habilitado para ordenar su detención.Lectores de este medio periodístico avisaron que un móvil policial estaba detenido en la Sarmiento al 2100 y, ante la inminencia de la detención, simplemente bastó apostarse a escasos metros del chalet a las 18.30. En la puerta de la casa una patrulla de la Federal aguardaba en lo que parecía podía llegar a ser una espera eterna. Un oficial tocaba el timbre, otro caminaba por la vereda y un par más permanecían recostados sobre el auto. El movimiento en la cuadra evidenciaba que el alerta a este Diario tenía basamento sólido.Un par de vecinos asomaban cada tanto. Un hombre desde la vereda de enfrente atisbaba y adolescentes que pasaban por el lugar no dejaban de mirar asombrados. Como si en el aire se percibiera que algo importante estaba por ocurrir.A las 18.40 llegó la esposa de Ferreyra a la casa. Le mostraron la orden de detención y salieron al jardín los dos hijos adolescentes de la pareja. El móvil policial se retiró y sólo quedaron dentro de la vivienda dos de los policías. La llegada del imputado se produjo a las 18.53. Bajó de una camioneta 4x4 color gris de última generación que lo dejó en la puerta de su casa. Entró. Una luz del primer piso se encendió, pero nadie salía de la vivienda. Sólo un par de personas fueron convocadas para entrar, seguramente para oficiar de testigos en la detención.A las 19.40 se abrió la reja, salió Ferreyra y junto a él sus custodios. El militar tenía una campera en la mano que intentaba ocultar las esposas sobre sus muñecas. También un bolso. A sabiendas de que no saldrá ni mañana ni pasado. El juez federal Juan José Comparato confirmó a EL POPULAR Medios que será llevado a Marcos Paz y recién en los próximos días será trasladado a la sala de audiencias de su juzgado a prestar declaración indagatoria. A la espera de que en el mismo traslado pueda indagar a más de uno. Es decir, que espera la inminencia de la detención de Verdura o de Castignani.En Marcos Paz también están conocidos represores como Alfredo Astiz, Jorge Bergés, Julián Corres, Miguel Etchecolatz, Julio Héctor Simón (conocido como "Turco Julián") y Christian Von Wernich, entre otros. En esa misma cárcel hubo tiempo atrás unos allanamientos porque desde allí se concretaban secuestros virtuales.OscuridadesPara hablar de las imputaciones a Omar Ferreyra hay que remontarse a historias ocurridas décadas atrás en la ciudad. Cuando la oscuridad poblaba las noches y los días y el terror gobernaba el país.De aquellos días habló y denunció desde los tiempos de la Conadep una mujer llamada Araceli Gutiérrez. Fue la única detenida en el centro clandestino Monte Peloni. El resto, todos hombres. Ante esa comisión creada por Raúl Ricardo Alfonsín había hablado de un militar apodado "Pájaro". Muchos años más tarde, durante el programa televisivo "Punto Doc" y junto a la periodista (también ex desaparecida) Miriam Lewin, Araceli Gutiérrez le llegó a gritar cara a cara "¿Te acordás de los compañeros que torturaste?".Ya ante el juez Comparato y durante la inspección a Monte Peloni, Araceli Gutiérrez volcó en un relato desgarrador que "hay gente que no la olvido. Me acuerdo cuando 'el Pájaro' Ferreyra se metió en esta pieza, pateaba unos rollos de lona que había ahí al costado y gritaba cosas como para asustarnos. Eran bravuconadas".También la familia de Jorge Oscar Fernández pudo reconstruir un relato que ubicaron hacia finales de noviembre de 1977. El joven militante había sido asesinado en Tandil y su secuestro se había producido el 16 de septiembre de ese mismo año. Los certificados médicos hablaban de muerte en enfrentamiento. Todos sabían que no era así. Después de ese supuesto enfrentamiento, Fernández estuvo todavía clandestinamente prisionero en Monte Peloni. María del Carmen Fernández, hermana de Jorge Oscar, relató luego en los Juicios por la Verdad que a fines de noviembre les entregaron el cuerpo y que Ferreyra habría llegado "vestido de civil, dirigiéndose a la oficina de dicho cementerio para conminar al encargado que si yo no me retiraba, no iba a entregar el cuerpo".Otro testimonio de relevancia en la imputación a Ferreyra llegó de la mano del testimonio de Rubén Sampini, que cumplía con la conscripción cuando fue secuestrado. En su denuncia habló de mucho que veía puertas adentro del regimiento. Y habló de la presunta participación del sargento retirado en grupos de tareas, de la mano de Walter Jorge Grosse.Ferreyra jamás aceptó hablar sobre aquellos años. La única vez en que hizo alguna mención a ese tiempo fue cuando el sábado 10 de enero de 2004, en una tarde soleada y calurosa, EL POPULAR fue hasta Sarmiento 2115 y -grabador en mano- le preguntó y él escuetamente respondió lo siguiente: -El Diario cuenta con algunos testimonios que plantean que usted participó durante el Proceso Militar y estuvo actuando en Monte Peloni...-Si ustedes quieren saber algo, vayan al Regimiento y hablen con el Regimiento. Sobre esa época no quiero hablar absolutamente nada porque ya es mi vida pasada y no quiero de vuelta... no me grabe.-¿Estuvo en Monte Peloni?-...-¿Estuvo actuando en esa época?-Hasta luego.-¿Qué puede decir sobre esa época?-No, no. Hasta luego.A cinco años y cinco meses de esa breve entrevista, Omar Ferreyra salió de su casa esposado y rumbo a una cárcel común.A la hora de formalizar las imputaciones seguramente el único de todos los militares retirados a detener (o ya detenidos) en esta primera tanda que podrá ser acusado de homicidio será Verdura. El resto, es decir, Grosse, Leites, Castignani y Ferreyra serán acusados de privación ilegal de la libertad y tormentos. A treinta años del terrorismo de Estado, pero con las heridas todavía sin cicatrizar.
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La Corte refuerza juzgados para agilizar casos de lesa humanidad
17/06/2009 - El Máximo Tribunal asignó contratos para el nombramiento de secretarios y prosecretarios en tribunales federales de todo el país. Los nuevos agentes tendrán dedicación exclusiva en causas por violaciones a los derechos humanos. La lista completa
La Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó a la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura a suscribir la contratación de funcionarios judiciales, para que se desempeñen en juzgados y tribunales orales federales de todo el país, como nueva medida impulsada por el Máximo Tribunal para agilizar las causas de lesa humanidad.
Se trata de agentes que actuarán como secretarios y prosecretarios, y que tendrán dedicación exclusiva en casos por violaciones a los derechos humanos.
Las designaciones se realizaron luego de una evaluación encarada por la Unidad de Superintendencia de seguimiento causas de lesa humanidad de la Corte Suprema, con relación a la complejidad de las causas en curso, la cantidad de procesos en trámite y el número de personal existente en cada dependencia.
En la Capital Federal, los nombramientos reforzarán los planteles del TOF N° 2, que juzgará hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención "Atlético", "Banco" y "Olimpo", y del TOF N° 4, que llevará adelante el proceso por delitos cometidos en el centro clandestino "El Vesubio".
En tanto, en el interior del país, se asignaron, entre otros, contratos para el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, que entre otras causas investiga la desaparición de Julio López; el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que lleva adelante el juicio oral por la desaparición de Carlos Labolita, y el Tribunal Oral de Neuquén, que próximamente celebrará el debate de un nuevo tramo de la causa “Reinhold”.
Contratos asignados
- Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal N° 2: un secretario, un prosecretario y un oficial.- Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal N° 4: un secretario y un prosecretario.- Tribunal Oral Federal de Corrientes: un secretario.- Tribunal Oral Federal de Mar de Plata: dos prosecretarios.- Tribunal Oral Federal de Resistencia: un prosecretario.- Tribunal Oral Federal de Neuquén: un prosecretario.- Juzgado Federal N° 1 de La Plata: un secretario
Fuente:
http://www.cij.gov.ar/
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS









EL PAIS › PIDIERON PERPETUA PARA LOS SEIS REPRESORES ACUSADOS POR EL ASESINATO DE FLOREAL AVELLANEDA
“Romper con el mandato de la impunidad”
Las tres querellas acusaron a los imputados de privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio y allanamiento ilegal agravados “cometidos conformando parte del obrar genocida”.



Santiago Omar Riveros y cinco subordinados suyos son los acusados.


Por Adriana Meyer
“Desde hace 33 años, Iris Avellaneda lucha contra la impunidad: por su hijo, el Negrito, que le fue arrancado; por ella misma; por sus compañeros de cautiverio; por los 30 mil compañeros; con todo el dolor y con todo el horror, con su condición de madre, militante y ex detenida-desaparecida Iris Avellaneda rompió con el mandato de los represores. Hoy es este Tribunal el que tiene que romper con el mandato de la impunidad.” Con estas palabras cerró su alegato Myriam Bregman, una de las abogadas querellantes en el juicio por el asesinato de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra. Así, el proceso oral y público que el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín inició a fines de abril entró en su fase final.
Bregman destacó que este juicio demostró la necesidad de unificar las causas en circuitos represivos en lugar de juzgar casos individuales “que no dan cuenta del genocidio y revictimizan a los sobrevivientes”. Las tres querellas acusaron a los seis represores imputados, entre ellos el general retirado Santiago Omar Riveros, por privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio y allanamiento ilegal agravados “cometidos conformando parte del obrar genocida descripto por el artículo segundo de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio”, y solicitaron la pena de reclusión perpetua para todos.
“Iris Pereyra de Avellaneda nació en Entre Ríos. A los 11 años viajó a Buenos Aires, donde trabajó con su hermano en un restaurante. Hasta que en 1958 conoció a Floreal, su marido. Tuvieron dos hijos, el Negrito y Teda. Iris tuvo que salir a trabajar en una fábrica. Hasta que el 24 de marzo de 1976 los secuestraron y la llevaron a la cárcel de Olmos por pertenecer a un partido de izquierda (significa que pensaba diferente). Cuando salió en libertad empezó su lucha por los derechos humanos. Al poco tiempo tuvo otro hijo, Marcos, que es mi papá.” Con la historia familiar escrita por el nieto de Iris, Nicolás, de 8 años, terminó su alegato Sabrina Dentone, abogada de los Avellaneda.
Los acusadores que querellaron en nombre de la familia, del Partido Comunista (PC) y la Federación Juvenil Comunista y de Justicia Ya! pudieron expresar cosas de las que no fueron autorizados a hablar durante las audiencias porque “no era pertinente” o “no tenía que ver con el objeto procesal”. Jorge Brioso, también querellante de la familia, aplicó a su alegato el enfoque histórico-político que no había podido desplegar. “Ante el aplauso del público al heroísmo de algunos testigos víctimas, la señora presidente señaló que esto es un juicio y no un show, sin embargo tuvimos varios días en esta sala el show de los olvidos, las sorderas, la amnesia y la memoria selectiva”, manifestó el letrado en referencia a los policías que incurrieron en flagrantes contradicciones. Brioso destacó como “bien probados” los hechos: el allanamiento y destrucción de la casa de los Avellaneda, el reconocimiento de los invasores por las cuñadas de Iris y por su hija, el calvario de esta mujer torturada en dos centros clandestinos y dos cárceles, sin saber el destino final de su hijo adolescente de quince años mientras duró su prisión.
Bregman enfatizó el rol de los civiles en el plan de exterminio cuando recordó que en el juicio los policías declararon que la zona fabril de los hechos era “conflictiva”, y que las empresas llamaban a los militares para poner fin a los conflictos con los trabajadores.
Los seis acusados –Riveros, Fernando Verplätsen, César Fragni, Osvaldo García, Raúl Harsich y Alberto Aneto– presenciaron los alegatos. El que más luchó durante el juicio por despegarse de los hechos fue Aneto, ex policía de la comisaría de Villa Martelli. Ayer, cuando los abogados describieron cómo terminó autoincriminándose, bajó la cabeza. Brioso rechazó la idea sembrada por la defensa en cuanto a un posible exceso que hubiera causado la muerte “no deseada” del Negrito. Está probado, dijo Brioso, “que la intención que los animaba era la de aniquilar, a través de métodos inquisitoriales como el empalamiento, para crear un nuevo sujeto occidental y cristiano”.
A su turno, Sabrina Dentone dijo que los genocidas en el banquillo “son ancianos porque la Justicia llega tarde, pero por ancianos no son menos peligrosos”, y mencionó la desaparición de Jorge Julio López, el asesinato del prefecto Héctor Febres, las amenazas e intimidaciones. También definió las preguntas de la defensa y del tribunal a las testigos-sobrevivientes como “claros ejemplos de revictimización”. Para cerrar, Pedro Dinani citó a Pablo Neruda. “Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo.” Esta vez, a pesar de los pedidos de silencio de la presidenta del tribunal, los aplausos duraron cinco minutos.
Fuente: Pagina 12

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Ratifican al juez Manuel Blanco en caso por desaparición de Julio López
16/06/2009 - La Cámara Federal de La Plata rechazó dos recursos de casación contra la decisión que confirmó a Blanco como magistrado que instruye la causa. El mes pasado, el tribunal había ordenado agilizar la investigación. Fallos completos
Fallo completo (recursoquerellantes) 28.93 Kb.
Fallo completo (recursofiscal Rodolfo Molina) 32.38 Kb.
a Cámara Federal de Apelaciones de La Plata rechazó dos recursos de casación contra la decisión que confirmó al juez Manuel Blanco, titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, al frente de la causa en la que se investiga la desaparición de Jorge Julio López.
Los planteos habían sido presentados por un fiscal y por las partes querellantes (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y Liga Argentina por los Derechos del Hombre), contra la resolución del 14 de mayo último que rechazó los recursos de queja contra el fallo que dejó en manos de Blanco y en alguna de sus Secretarías la instrucción de la causa.
Para el tribunal, los recursos no fueron contra una sentencia definitiva y, por lo tanto, la decisión no es susceptible de ser atacada por un vía casatoria. Además, destacó que la medida tampoco violenta la garantía constitucional del debido procesado argumentada.
En mayo, además de dejar en manos de Blanco la causa, la cámara ordenó que el caso debe ser desarrollado “en forma continua y sin dilación ninguna la tarea investigativa tendiente a descubrir la verdad real respecto de las circunstancias del tiempo, modo y lugar y eventuales partícipes criminales en la desaparición”.
Oportunamente, los querellantes habían denunciado la parálisis de la causa y pidieron que el expediente pase a la Secretaría Especial del Juzgado Federal N° 3, dedicada a atender las cuestiones vinculadas a los delitos de lesa humanidad.
Fuente:
http://www.cij.gov.ar/
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El país / Edición Impresa
la cámara federal confirmó la nulidad de su indulto
Un fallo de reclusión para Massera
Martina Noailles
18.06.2009

Del paseo a la condena. Massera debe ser derivado a un neurosiquiátrico.

El dictador Emilio Massera deberá pasar el resto de su vida en un neuropsiquiátrico. La Cámara de Casación Penal confirmó el fallo que dos años atrás había declarado la inconstitucionalidad de los indultos y reestableció así la pena a reclusión perpetua que le dictó el Juicio a las Juntas. En la resolución, que ahora quedó firme, la Cámara Federal porteña aclaraba que, en caso de estar insano, Massera debía cumplir la máxima condena “en algún establecimiento especial de carácter asistencial médico y psiquiátrico”, como la unidad penal que existe dentro del hospital Borda. La decisión final quedará en manos de un juez de ejecución a designar. La Sala II de Casación durmió el expediente durante dos años. En ese período, el jefe de la ESMA, el mayor centro clandestino del país, fue sometido a distintas pericias. Todas –salvo una que le realizó un especialista italiano– determinaron que su estado de salud le impide enfrentar un proceso judicial. Sin embargo, la insania no es retroactiva. Cuando Massera fue condenado a perpetua en 1985 estaba lúcido y en perfecto estado físico. Y lo que impidió que cumpliera la pena fue el indulto que firmó Carlos Menem en 1990.En el fallo que la Cámara Federal dictó en abril de 2007, la Justicia no sólo estableció que ese perdón y el que benefició a Jorge Videla eran inconstitucionales. Los camaristas dedicaron un párrafo a aclarar que la “incapacidad sobreviniente” de Massera, decretada en otros expedientes, no impedía el reestablecimiento de la condena. Precisaron, además, que la pena debía hacerse efectiva en una unidad penal psiquiátrica. La resolución estuvo congelada hasta el 3 de junio pasado, cuando los camaristas Guillermo Yacobucci, Luis García y Wagner Mitchell finalmente declararon inadmisibles los recursos planteados por las defensas de los dos dictadores. Massera tiene 83 años y pasa los días junto a su mujer, en su departamento de la Avenida del Libertador. Desde 2002, las decenas de causas por delitos de lesa humanidad que pesaban en su contra quedaron suspendidas al decretársele “incapacidad sobreviniente”. Sin embargo, una pericia italiana entendió que el “Almirante Cero” “exagera” sus síntomas y el próximo 30 de septiembre un tribunal de Roma lo juzgará en ausencia.
Fuente: Critica de la Argentina
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Cros. Estos son los hechos más salientes del juicio que se reanudó hoy.
- Encuentran registros de la muerte de Julio Benítez, un sindicalista paraguayo
En el juicio a Cuenca y Gómez develan misterios del penal U17
:: En la causa que se sigue a dos ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal también se conocieron detalles de las sesiones de vejámenes a los que se sometía a los menoresPOSADAS. En las dos primeras jornadas del debate oral que se inició por 28 hechos de torturas agravadas, en las cuales se acusa a dos ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal, se develaron misterios de la última dictadura militar. Entre los que provocaron el mayor asombro de los presentes se destacó la muerte del dirigente sindical paraguayo Julio Benítez.Se trató de un referente nacido el 31 de enero de 1918, que falleció en los brazos de Pedro Oreste Peczak el 11 de junio de 1977 en las dependencias de la Unidad Penal Federal de Candelaria (la conocida popularmente como U17). Ese hecho fue producto de las sesiones de tormentos y de golpes reiterados en su humanidad, sin que recibiera atención médica. La referida muerte, tuvo su respectiva constancia formal en el Libro de ingresos y egresos de los presos políticos en el acta número 168. Aunque un acontecimiento de tal magnitud dentro del perímetro carcelario no fue recordado por ninguno de los uniformados y profesionales que prestaron servicios en la Unidad Penal de Candelaria 17 durante 1977.
- Lo que revelan las pericias psicológicas.
Según las pericias psicológicas realizadas a los imputados, José María Cuenca y Gómez, ambos presentan un carácter agresivo.En cuanto a Cuenca, los psicólogos explicaron que presenta una conducta psicopática, la cual le lleva a querer tener el control en todas las situaciones, “ocupar lugares importantes en las interrelaciones”.En el informe reflejaron que durante las pericias, Cuenca quería invertir los roles, cuestionando a los profesionales en forma amenazante. Por su parte, Gómez intentaba desviar las preguntas sobre los hechos que se le imputan, momentos en que presentaban “signos de ansiedad”. Según los profesionales Gómez tiene una conducta “actuadora”, y que utiliza la represión para defenderse, “como mecanismo de defensa”.
- En caso de ser condenado, Rubén “Lobo” Gómez, de 58 años, quien está procesado por 18 hechos de tormentos agravados que se cometieron en la Unidad Penal de Candelaria en los últimos meses de 1976 podría continuar en libertad si prospera una presentación que su defensora Susana Beatriz Criado Ayan realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Misiones.

POSADAS- 16/06/2009Delitos de lesa humanidad: duros testimonios de detenidos políticos
Noticiasdel6-








Tres de las víctimas de la última dictadura militar relataron los vejámenes que sufrieron durante su paso por la Unidad Penal 17 que el Servicio Penitenciario Federal tiene en Candelaria. Todos admitieron haber sufrido golpes pero también torturas psicológicas. Además, negaron haber recibido asistencia médica o psicológica durante el tiempo que estuvieron encerrados. Uno de los imputados habló pero sólo para explicar el funcionamiento de la cárcel.
Tres detenidos “especiales” que estuvieron alojados en la Colonia Penal de Candelaria durante la última y sangrienta dictadura militar tuvieron que revivir ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Misiones los vejámenes y tormentos a los que fueron sometidos mientras estuvieron alojados ilegalmente en ese lugar. Ocurrió este martes, durante la tercera jornada del juicio oral y público que se le sigue a los guardiacárceles Rubén “Lobo” Gómez y José María Cuenca, ambos acusados de aplicar tormentos a los detenidos.



Las expectativas que había sobre el pedido de declaración de Cuenca se diluyeron rápidamente cuando el imputado tomó el micrófono sólo para explicar el mecanismo interno de la cárcel y pidió que se incorporara al debate un escrito que fue utilizado en Corrientes en un juicio por delitos de lesa humanidad. Pese a la oposición de la Fiscalía y el abogado que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el Tribunal decidió incorporarlo y luego hacer la valoración correspondiente del documento.



Augusto Gilberto Speratti ahora tiene 51 años y trabaja en la Dirección Provincial de Vialidad, pero en 1976 era un ferviente militante de la Juventud Peronista e integraba la Unión de Estudiantes Secundarios. Tenía apenas 19 años cuando un grupo de tareas lo detuvo el 27 de octubre de 1976 y lo llevó inmediatamente a Informaciones de la Policía de Misiones, donde fue torturado con picana y golpes. Era el inicio del calvario que le tocaría vivir. Al borde del llanto y atormentado aún por el recuerdo, contó que fue llevado a una casita cerca del Club Rowing, donde estuvo colgado durante 48 horas junto con Ricardo Escobar, además de ser picaneado sobre la estructura de una cama metálica.



Con las manos casi gangrenadas quedó en dependencias de la Policía y 27 interminables días después fue llevado en un Ford Taunus a Candelaria. Speratti juró que nunca recibió atención médica pese a que eran sus compañeros de encierro quienes lo ayudaban a alimentarse y mantenerse en pie.



El relato de Speratti coincidió en gran parte con el de Alberto Carlos Bajura (57) y Héctor Alfredo “Pelo” Escobar. Todos relataron que por las noches era “Lobo” Gómez quien los hacía sacar del pabellón, con los ojos vendados y las manos atadas atrás con una cadena y que una vez fuera del penal recibían golpes con cachiporras, puñetazos y patadas. Y que la asistencia médica no existía. “Un enfermero nos daba lo que nosotros llamábamos la pastillita milagrosa porque cualquiera sea el motivo nos daba ese calmante”, explicaron.



Pero los testigos fueron más allá y apuntaron contra los imputados. Speratti contó que “durante una de las guardias de Cuenca fui sacado y golpeado, pero él era de los que se acercaba al pabellón en forma burlona y a la vez desafiante. En la cárcel había tres turnos de guardia: nosotros sabíamos que cuando estaban Gómez y Cuenca no podíamos dormir porque en cualquier momento nos venían a buscar. Nos sentíamos desprotegidos”.



Speratti agregó que “Gómez entraba al pabellón y teníamos que hacer flexiones de brazos con los colchones encima” y aseguró que estaban aislados del resto de la población carcelaria.



Los tres ex presos políticos coincidieron al señalar que “no nos preguntaban sobre nada en particular, sólo nos castigaban durante las noches”. Para Speratti “era un plan de la dictadura y ellos eran integrantes de los cuadros especiales”, mientras que Bajura y Escobar consideraron que los imputados les aplicaban tormentos sólo por diversión.



Bajura militaba en el PJ y el Movimiento Agrario de Misiones cuando fue apresado por el Ejército y Gendarmería en inmediaciones de San Ignacio. Fue el 18 de octubre de 1976. Tras ser arrastrado por una camioneta para que contara dónde estaba Igor Peczak, lo llevaron por varias dependencias y fue torturado en la Delegación Posadas de la Policía Federal; hasta que a fines de noviembre fue llevado a la Unidad Penal de Candelaria. “Gómez nos sacaba encapuchado y nos golpeaba y había otro de Jardín América pero no recuerdo el nombre”. Se refería a Cuenca. Finalmente un Consejo de Guerra lo sentenció a 22 años de prisión y fue conducido a varias cárceles hasta que en diciembre de 1982 recuperó la libertad en Rawson. “Me dieron pasajes en tren y en colectivo para volver”, agregó.



Escobar, en tanto, fue el más locuaz de los testigos. Contó que fue detenido el 21 de octubre de 1976 en Posadas y llevado a la Jefatura de Policía, donde fue sometido a torturas luego que un inspector de apellido Glinka le pidiera que “entregue a los muchachos”.



Sobre el trato recibido en la cárcel de Candelaria, dijo que “había golpes sistemáticos por parte de Gómez y en ocasiones de Cuenca. Junto con Aníbal Velázquez y Carlos González, fui uno de los más torturados por ellos”.



Y recordó que fue este último quien lo sacó una noche. “Me hizo redactar una carta de despedida y me hizo un simulacro de fusilamiento pero al momento de decir fuego me arrojaron el contenido de un matafuegos”.



Escobar dijo que pese a que colocaban música a un volumen alto, se podía escuchar los gritos de los presos que eran golpeados. “Buscaban destruirnos física y psicológicamente y por las noches nos sacaban de a uno para golpearnos. Eran seis o siete los compañeros que eran llevados por los guardias todas las noches”, contó.



El ahora funcionario de Desarrollo Social de la Provincia, dijo que “a un sacerdote le contamos y mostramos lo que estaba pasando, pero no pudo o no quiso hacer nada”.



Escobar, que fue condenado a 24 años y once meses de prisión por un Consejo de Guerra, afirmó que las torturas duraron dos meses y luego cesaron. La pregunta sin respuesta hasta el momento es ¿quién o quiénes frenaron a Cuenca y Gómez y por qué?.





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II CICLO DE CONFERENCIAS:
PROBLEMÁTICAS SOBRE HISTORIA RECIENTE

CHARLA:

“ LA MEMORIA VIVA EN EL PRESENTE”
[1] Y

Presentación del libro

“Detrás de la mirilla. Olvidos y memorias de ex presos políticos de Coronda 1974- 1979” (Obra colectiva testimonial de ex presos políticos que estuvieron en esta cárcel entre 1974 y 1979).

En el Marco del Programa Pedagogía de la Memoria
y Proyecto Histórico (DES – DGCyE)


Mesa Panel integrada por:
o Integrante del Programa Pedagogía de la Memoria y Proyecto Histórico, DES - DGCyE
o ANTONIO FERNÁNDEZ
[2]
o RAUL NUDEL 2
o AUGUSTO SARO 2


Jueves 18 de junio de 2009 a las 20:30
en ISFD Nº 34 - PALOMAR
(Aula de segundo año de la carrera de Historia)
[1] Cfr. http://www.swissinfo.ch/spa/archive.html?siteSect=883&sid=4397049&ty=st
[2] Ex presos políticos de la dictadura militar
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EL MUNDO › LA CORTE ELECTORAL VALIDO EL NUMERO DE FIRMAS REQUERIDAS PARA REALIZAR LA CONSULTA EN OCTUBRE
Uruguay plebiscitará la amnistía
El 25 de octubre habrá elecciones presidenciales y también consulta sobre la Ley de Caducidad. Según encuestas recientes, el 60 por ciento de los uruguayos está a favor de anular la ley que frena los juicios a los militares.


Miles de uruguayos piden verdad y justicia sobre los detenidos-desaparecidos de la dictadura.
Los uruguayos decidirán junto con las elecciones nacionales del 25 de octubre si anulan la Ley de Caducidad. La Corte Electoral señaló que se validó el número de 258.326 firmas requeridas para plebiscitar la norma que obstaculiza el enjuiciamiento de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985).
El pasado 24 de abril, la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad –integrada por la central obrera PIT-CNT y organizaciones de derechos humanos– presentó a la Asamblea General (la reunión conjunta de ambas cámaras del Congreso) 341.043 firmas para impulsar una consulta para anular la ley. Según la Corte Electoral, el porcentaje de descarte rondó el 9 por ciento; no obstante quedaron sin cotejar más de 50 mil adhesiones (sobrantes) por haberse alcanzado el 10 por ciento del padrón electoral. La premura para terminar con la validación de firmas se debió principalmente a que los datos de cotejos utilizados provenían de los cuadernos electorales, los que deben ser utilizados para las elecciones internas del 28 de junio, es decir, en menos de dos semanas.
La campaña de recolección había comenzado en septiembre de 2007 y ayer vio sus frutos. Según las recientes encuestas, el 60 por ciento de los uruguayos está a favor de anular la amnistía. Para tal efecto, se necesita la mitad más uno de los votos válidos en el plebiscito, que será simultáneo a las elecciones presidenciales de octubre.
La Ley de Caducidad o “punto final” puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos. Tras el retorno a la democracia, la amnistía fue promulgada en 1986 por un pacto entre los partidos Nacional y Colorado y tres años después ratificada en un plebiscito, con el voto a favor del 60 por ciento de los participantes.
Los impulsores de la anulación, la central PIT-CNT y algunas figuras de la cultura en primera línea, han dicho que en aquella consulta de 1989 los uruguayos votaron a favor de mantener la ley “por temor” y debido a que la democracia estaba “tutelada por los militares”, que a cuatro años de su recuperación “todavía tenían mucha incidencia” en la política del país.
Varios dirigentes de la hoy gobernante coalición de izquierda Frente Amplio firmaron a favor de volver a plebiscitar la norma y algunos sectores minoritarios del Partido Nacional, actualmente el principal de oposición, también respaldaron la posible derogación.
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, había dicho en Costa Rica en abril pasado, cuando se presentaron las firmas, que “el pueblo uruguayo no se merece tener una ley de impunidad como la que tenemos” y dijo esperar “fervientemente como ciudadano que el pueblo anule esta ley”. Vázquez se había mostrado contrario a la campaña de recolección de firmas. Al asumir el primer gobierno de izquierda de Uruguay en marzo de 2005 prometió cerrar las heridas abiertas por las violaciones de los derechos humanos en el marco de ley de impunidad. En San José dijo que no había firmado la iniciativa por su condición de presidente, y destacó que hizo cumplir la norma, aplicando el artículo que habilita al Poder Ejecutivo a decidir qué casos quedan excluidos de la amnistía.
Sin embargo, en febrero pasado tanto el Ejecutivo y como el Congreso declararon inconstitucional la amnistía para el caso del secuestro y asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray –el caso está en manos de la Corte Suprema–. Durante el mandato frenteamplista, fueron condenados ocho ex militares y policías a penas de 20 a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, en tanto se procesó a los ex dictadores Gregorio Alvarez (1981-1985) y Juan Bordaberry (1973-1976).



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EL MUNDO › HAY DOS CIUDADANOS ARGENTINOS, INFORMO UNA COMISION DE BRASIL
Denuncian 69 casos de desaparecidosa Comisión de Familiares de Muertos Políticos de Brasil denunció ayer que descubrió 69 nuevos casos de desaparecidos durante la última dictadura militar en ese país (196485), y que, entre ellos, hay dos ciudadanos argentinos y uno francés. La Comisión afirmó, además, que estos nuevos hallazgos reforzarían no sólo los indicios existentes acerca del grado de coordinación represiva entre las distintas dictaduras del Cono Sur conocido como Plan Cóndor sino que, además, asignaría a la dictadura brasileña un lugar mucho más preponderante en ese operativo que el que hasta ahora se le asignaba.
De acuerdo con la denuncia, los argentinos Lucio Pregone y Antonio Graciani, así como el ciudadano francés Jean-Henri Raya Ribard, todos residentes en Buenos Aires en aquel entonces, fueron detenidos y desaparecidos el 23 de noviembre de 1973 en Copacabana, Río de Janeiro, víctimas de un operativo montado por agentes de la dictadura brasileña en conjunto con miembros de “alguna” organización paramilitar que actuaba por entonces en la Argentina.
Janaína Teles, historiadora que integró el equipo que realizó la investigación, sostuvo que el caso de los argentinos y el francés es “paradigmático” por lo que representa en términos de prueba de la colaboración entre las distintas dictaduras de la región. “Estamos prácticamente seguros de que la operación de 1973 fue un ensayo del Cóndor, que estuvieron involucrados elementos de la represión brasileña con argentinos y también chilenos, porque días después también fueron apresados dos militantes que habían huido de Chile, donde todos saben que Brasil prestó gran colaboración en el golpe y aportó agentes”, explicó.
En apoyo de esta tesis, Teles citó el caso de un operativo también coordinado por elementos represivos de Brasilia, Buenos Aires y Santiago que en 1974 secuestró a varios militantes, entre ellos el argentino Enrique Ruggia. “La desaparición de Ruggia, por ejemplo, fue comandada por Paulo Malhaes, alias ‘Doctor Pablo’, un militar brasileño que en 1973 participó de interrogatorios a presos políticos en el Estadio Nacional de Chile”, precisó la historiadora.
Asimismo, Teles enfatizó el rol de la dictadura brasileña en tanto impulsora del método de desaparición de personas así como en el armado del Plan Cóndor. “Fue Brasil el país que inventó la eliminación y la desaparición de opositores como método y política de estado: los primeros desaparecidos brasileños son de 1972”, aseguró. “No hubiera habido Plan Cóndor si Brasil hubiera vetado la idea, por más que hasta hoy existe la falsa idea de que Brasil no tuvo nada que ver con ese sistema”, agregó.
Gracias a la ley de amnistía que dictó en Brasil en 1979 el por entonces dictador Joao Baptista Figueiredo, ninguno de estos crímenes fue investigado. “La amnistía en Brasil es sinónimo de ley de amnesia y de ella se ha valido el Poder Judicial para desentenderse de la búsqueda de la verdad”, explicó a su turno Suzana Lisboa, una de las fundadoras de la Comisión de Familiares.XXXxxxxxxxxx-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS



















DDHH: designan tribunal que juzgará a Menéndez en nuevo juicio en Córdoba
16/06/2009 - Será el Tribunal Oral Federal N° 1 de esa ciudad, que ya condenó al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Ahora será enjuiciado junto a otros 14 imputados por más violaciones a los derechos humanos
Mediante sorteo informático realizado en el Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, se designó el tribunal que llevará adelante un nuevo juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el último gobierno de facto, y en el que será juzgado el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Se trata del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, que tendrá a su cargo el debate en las causas acumuladas "Rodriguez Hermes y otros", donde se investiga la muerte del estudiante Diego Hunziker; "Vega, Carlos Alberto y otros", por la muerte de Rodolfo Gallardo, Nora Peretti, Néstor Páez y Oscar Liwacky, y "Manzanelli, Luis Alberto y otros", por la muerte de Cesar Roberto Soria.
Además de Menéndez, están imputadas otras 14 personas: Ernesto Barreiro, Jorge Acosta, Luis Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Ricardo Lardone, Hermes Rodríguez, José Hugo Herrera, Emilio Morard, Luis Quijano, José Arnaldo López, Carlos Díaz, Héctor Romero, Luis Gustavo Diedrichs y Héctor Pedro Vergez.
Presenciaron el sorteo informático titular del Juzgado Federal N°3, Cristina Garzón de Lascano; la fiscal federal N°3, Graciela López de Filoñuk; funcionarios de los tribunales orales números 1 y 2 y representantes de las partes querellantes. Aún no tiene fecha de realización del juicio oral.
El Tribunal Oral Federal N° 1 ya juzgó a Menéndez por delitos de lesa humanidad: en julio de 2008, en la causa "Brandalisis", los jueces lo condenaron junto a otros siete imputados por violaciones a los derechos humanos y le impusieron la pena de prisión perpetua.
Fuente:
http://www.cij.gov.ar/


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---------- Forwarded message ----------From: Asociación por la Memoria, la Verdad y La Justicia Sgo del Estero <
asociacionporlamemoria_sgo@yahoo.com.ar>Date: 16-jun-2009 12:31Subject: Invitacion - Conferencia: El derecho al cuerpo y a la verdadTo
JUEVES 18 DE JUNIO A LAS 19 HS

Conferencia: El derecho al cuerpo y a la verdad

El próximo jueves 18 de junio a las 19 hs., se llevará a cabo la conferencia “El derecho al cuerpo y a la verdad. Reflexiones en torno al primer juicio contra la impunidad en Santiago del Estero” a cargo de la Doctora en Filosofía Diana Maffía. El evento se desarrollará en el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales, Avellaneda 355.

Diana Maffía visitará la capital de Santiago del Estero para disertar y reflexionar en torno al histórico juicio contra la impunidad en la provincia, por el asesinato de Cecilio Kamenetzky.

Con el tema “El derecho al cuerpo y a la verdad”, Maffía además la segunda edición del libro "Nosotros, los Santucho", que narra la historia de la familia Santucho, sus luchas y la búsqueda de Blanca Santucho del cuerpo de su hermano, Mario Roberto Santucho, fundador de Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), quien en julio de 1976 fue detenido-desaparecido por fuerzas del Ejército, junto a otros miembros de la dirigencia política del PRT en la localidad de Villa Martelli.

“Con este libro podemos ver cómo la historia se hace narración a partir de la historia individual y cómo se transforma en colectiva”, relató Maffía, docente, investigadora y actual legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acompañarán a la disertante, la autora del libro Blanca Santucho y el director del Instituto Espacio por la Memoria Luis Garay.

El evento, que se desarrollará en el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales Avellaneda 355, está organizado por la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), el Instituto Espacio por la Memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Santiago del Estero.

ASOCIACION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA, EX-DETENIDOS POLITICOS Y FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
SANTIAGO DEL ESTERO
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El país / Edición Impresa
juicio oral por una protesta
Ambientalistas criminalizados
Un fiscal salteño pidió que se juzgue a once asambleístas por impedir en 2008 el paso de cuatro camiones a la minera Bajo La Alumbrera.


Diego Genoud
17.06.2009

Piquete. La Unión de Asambleas reclama contra la explotación minera a cielo abierto.

En una decisión inédita, un fiscal salteño acaba de pedir que se inicie un juicio oral y público contra once asambleístas acusados de impedir en agosto de 2008 el paso de cuatro camiones de la minera Bajo La Alumbrera que pretendían circular por un recorrido vedado por una ordenanza municipal.A fines de mayo, el fiscal correccional Nº6 Facundo Ruiz de los Llanos imputó a los miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados del Valle Calchaquí-Cafayate por el presunto “entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte”.Bajo La Alumbrera se instaló en Catamarca en 1996 y es una de los primeros emprendimientos mineros de oro y cobre. Las denuncias en su contra sostienen que la explotación a cielo abierto contamina no sólo en la provincia en la que está afincada, sino también en otras aledañas. Ruiz de los Llanos hizo lugar a un pedido de los encargados de la empresa de transporte chilena Carmona, que trasladaba en cuatro camiones un tanque de grandes dimensiones con destino a la mina. El 6 de agosto de 2008, los vehículos intentaron atravesar un camino municipal escoltados por Gendarmería pero sin pedir permiso a las autoridades locales. El requerimiento judicial representa una vuelta de tuerca en la ofensiva de las mineras trasnacionales por sofocar la oposición ciudadana a la minería a cielo abierto. Desde la Unión de Asambleas Autoconvocadas, que reúne a más de 70 organizaciones vecinales en todo el país, aseguraron a Crítica de la Argentina que el pedido de juicio oral marca un salto cualitativo en el proceso de “criminalización de la protesta ambientalista”. Si las mineras replican este tipo de reacciones estarían retomando el camino de la judicialización frente a las protestas sociales, tal como lo hicieron en la década del 90 los gobiernos nacionales y provinciales para erradicar los cortes de ruta de los desocupados. Mariana Araujo integra la lista de los once asambleístas imputados por el fiscal Ruiz de los Llanos y está entre los vecinos que vienen expresando su preocupación por la disminución del caudal de agua del río Santa María, que pasa por Salta y se nutre de Campo Arenal, el acuífero que utiliza la mina. “Queremos saber cuánto mermó el caudal. Hace treinta años que no se hacen estudios de ese tipo”, se quejó. Araujo vive en Cafayate desde hace 13 años cuando, junto a su marido, Claudio Gómez –otro de los imputados– decidió abandonar Buenos Aires en busca de “un lugar más tranquilo”. El pedido del fiscal contradice una disposición que el Concejo Deliberante sancionó por unanimidad en octubre pasado. Se trata de la ordenanza 13/08, que prohibió el ingreso de camiones en el ejido municipal y el transporte de sustancias como cianuro, mercurio o ácido sulfúrico.

Fuente: Diario Critica de la Argentina

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Se incendió la casa de hermana de M. Bustos
La vivienda donde reside la hermana del escribano Melitón Bustos, secuestrado y desaparecido durante la pasada dictadura militar, se incendió la noche del jueves último.
El fuego habría provenido del exterior, aunque se desconoce si se trató de un hecho intencional. Organizaciones de derechos humanos pidieron a la Justicia Federal que la mujer sea ingresada al programa de protección de testigos, y llamaron la atención sobre este hecho, que se produce cuando está próximo a llevarse a cabo el juicio oral y público contra dos militares acusados por el secuestro y la desaparición. La abogada Tania Kiriaco, quien junto a su para David Leiva representa legalmente a la familia de Bustos en el proceso penal en el que se investiga su desaparición, denunció el hecho el viernes último, en la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Eduardo Villalba.
Pidió que la hermana del escribano, Edith Bustos, ya anciana, sea incorporada al programa de protección de testigos para resguardar su seguridad. El hecho ocurrió alrededor de las 21 del jueves último. La mujer sintió olor a quemado y cuando estaba tratando de averiguar lo que ocurría, llegaron los bomberos, quienes habían sido alertados por vecinos que llamaron a esta repartición y al sistema de emergencias 911. El fuego alcanzó a quemar la cocina de la familia. La causa por el secuestro y desaparición de Melitón Bustos ya está elevada a juicio oral y público, trámite que debe realizarse en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Según estimaciones, las audiencias podrían empezar en agosto. Agilización de causas
Miembros de la Red Nacional de Abogados de Derechos Humanos se reunieron ayer en San Miguel de Tucumán. Debatieron sobre los caminos para agilizar las causas por violaciones a los derechos humanos y expusieron la preocupación por las decisiones de la Cámara Nacional de Casación Penal, que está dejando en libertad a represores. Estos beneficios están siendo otorgados con cauciones juratorias o reales. En el caso de Salta se concedieron con cauciones reales y de esta forma obtuvo su libertad el ex policía Víctor Hugo Boccos y se le concedió también la libertad ex jefe de Inteligencia de la Policía provincial, Joaquín Guil y al ex integrante del Servicio Penitenciario, Juan Carlos Alzugaray. Estos dos últimos están aún discutiendo el monto de la caución.

Fuente:
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/


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CAUSA “LA ESCUELITA”: Inauguran el “Lugar de la memoria” a 33 años del operativo Cutral Co

Varias de las víctimas, secuestradas el 14 y 15 de junio del ’76, siguen sin aparecer. Lo diseñó el hijo de un desaparecido, por la carta que envió desde la cárcel de Roca.





"El lugar de la memoria es un mensaje a los jóvenes". Pedro Maidana, Juan Pincheira, Rogelio Méndez y Pablo Hodola.
CUTRAL CO (AN/ACE) - Un muro de tres metros, con una decena de aberturas que simbolizan las ausencias, domina el monumento. En un extremo una escalera conduce a una ventana con barrotes, que sellaron el encierro de Miguel Angel Pincheira hasta su muerte, pero que no alcanzaron para frenar los sueños de libertad que alimentaban la fuerza y los proyectos de sus 22 años.El “Lugar de la memoria”, así lo han caracterizado, será inaugurado en los próximos días en un predio que limita Cutral Co y Plaza Huincul, frente al hospital de las dos ciudades, a poco metros del zanjón. Es un lugar estratégico desde el punto de vista urbanístico. Hoy se reunirán los familiares en torno de la obra.Por estos días todavía muestra el gris de los restos de mezcla y de cemento, pero la maqueta que sirvió para su construcción -lo aprobaron los concejales de las dos ciudades-, proyecta una serie de frondosos árboles en derredor, canteros cubiertos de verde y flores que simbolizan la vida.El 14 y 15 de junio de 1976 se llevó a cabo un operativo que concluyó con detenciones, secuestros incluyendo torturas en la comisaría cutralquense, y desapariciones de estudiantes secundarios -mujeres y hombres- obreros y empleados -de la construcción y petroleros- (ver aparte), de las dos localidades.Lo realizaron a la vista de todos con un espectacular despliegue de efectivos del ejército y la Policía de Neuquén, muchos camuflados, deteniéndolos en la escuela y sus casas, con un sentido intimidante que buscaba aplacar de antemano cualquier resistencia ante la flagrante ilegalidad.Cabe señalar que dos días antes ya habían detenido a Arlene Seguel en Cutral Co y el 9 en Neuquén capital se habían producido los primeros secuestros.A 33 años de aquellas jornadas algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas organizaron una serie de actividades, entre ellas la inauguración del monumento.“Tomé particularmente la carta de Roca porque quise expresar -en su proyecto-, lo que creo mi padre sentía en ese momento. Y era que él podía, por eso hablo del límite, trascender ese límite que le imponían los barrotes de la ventana, que en lo alto él veía”, comentó Juan Miguel, hijo de Miguel Angel Pincheira.“El cuenta que en lo alto de la celda había una ventana, con barrotes. Obviamente no existía la escalera para llegar a ella, que hice en el proyecto, pero aún sin los escalones y con los barrotes, él podía trascender ese ámbito de encierro”, agregó Juan, que tenía un año y medio cuando su padre fue encarcelado.-¿Aludía a que podría salir en libertad en sus cartas?-Se puede inferir que sí. Las cartas se la mandaba a mi mamá y le decía “quedate tranquila, que en cualquier momento vuelvo…”A Juana Aranda, la esposa de Miguel que como éste tenía 22 años, nunca le dieron una explicación de por qué lo detuvieron. Miguel era nacido y criado en Cutral Co, era petrolero, trabajaba en Producción en las oficinas de Campamento CentralJuana no ha vuelto a hablar más del tema pero cuando se llevaron a su marido movió cielo y tierra, primero para encontrarlo y después para pedir su libertad. Llegó, incluso, a entrevistar a quien era ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, en Buenos Aires.Hay que imaginarse a una joven del interior, en los primeros años de la dictadura, cuando se estaba desapareciendo a personas, golpeando las puertas de despachos militares para reclamar justicia.Miguel desarrollaba actividad comunitaria. Le enseñaba básquet a los chicos y la familia no le conocía actividad política ni gremial.Un hermano suyo menor, Omar Adolfo, al tiempo fue llamado al servicio militar y tal vez fue motivo de temor en la familia. Estaba bajo las órdenes de quienes habían detenido a Miguel.“En el monumento quise concretar materialmente una expresión de mi padre. Es una realidad que nos toca a todos. Quiere expresar, más allá de lo dramático y triste de lo que pasó, que siempre hay una salida para poder trascender cualquier límite, por más rígido que sea”, dijo Juan.Una definición que viniendo del hijo de un desaparecido y su visión de cómo debe juzgarse a los responsables de esta etapa de la historia- sin revanchismo, con apego absoluto a la ley y con total firmeza en la sanción-, encierra un enfoque superador mirando al futuro.Son tres las cartas de Miguel, todas del 76, que conserva la familia. Una de la U-9 de Neuquén, del 6 de agosto, que encabeza “Negra querida”. Otra de Roca, del 4 de setiembre, que comienza “Esposa querida, querida madre”. Y la restante de Trelew, del 27 de setiembre, iniciada con “Querida esposa”. En esta se despedía con “Muchos besos, Miguel”. Están escritas con llamativa prolijidad. Tienen el sello, azulado o bordó, descolorido, de “Controlada”.


Los Hodola huyeron, pero al año siguiente los secuestraron
CUTRAL CO (AN/ACE) - Luis Hodola y su esposa Sirena Acuña lograron eludir la detención aquel 14 de junio del 76 por una circunstancia fortuita: no estaban en su casa de Campamento Central, en Plaza Huincul. Habían ido al hospital de Cutral Co, donde tenían internado a su hijo Pablo, de unos pocos meses.
Les avisaron que el Ejército los estaba buscando y de inmediato, sin volver al domicilio, huyeron a Buenos Aires. Se refugiaron en la casa de la madre de Luis, en Villa Udaondo de Buenos Aires, donde a las 23 del 12 de mayo del 77 los secuestraron. Hoy siguen desaparecidos.
"En el secuestro intervino gente de civil, del Ejército, un Falcon color oscuro, según los vecinos, y gente de uniforme color marrón. Personal de civil encañonó a mi mamá y le ordenó que me dejara en la casa de una vecina, hasta que llegara personal femenino a llevarme", contó Pablo, hoy de 33 años.
Irma Quijada de Hodola es la abuela paterna, que retuvo a Pablo tras el secuestro de sus padres, hasta que con la ayuda del obispo Jaime De Nevares, la abuela materna Ana Rosales de Acuña, hoy de 86 años, fue a buscarlo y lo trajo a Cutral Co.
Luis trabajaba en YPF, en sistemas, cuando tuvo que huir. Pero para comprender mejor lo que a juicio de Pablo pudo ser el motivo de su detención vale señalar que tras terminar de cursar en la escuela 22, fue ordenado diácono en el 79 el colegio salesiano de Fortín Mercedes.
Pero no siguió el seminario, volvió a Huincul y a través del padre Santos, entró a trabajar en la obra del Chocón. Ahí vivió el proceso de la huelga junto a Pascual Rodríguez.
"Rodriguez era un sacerdote tercermundista -señaló Pablo-. La detención de mi padre pudo estar motivada por ese trabajo suyo. El tenía mucho trabajo en las comunidades eclesiales de base, producto de su formación de diácono y también militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)", conto Pablo.
Después del Chocón trabajó en Pilas Vidor, en Neuquén capital, donde participó de un proceso de huelga, que se superó con la participación de De Nevares.
La historia de Pablo es otra de las páginas del drama de los desaparecidos. Porque muestra otro capítulo, mirado desde otro lado, del de las víctimas que heredaron el drama. Pero que también son protagonistas. Y también víctimas.
¿Cuándo conocés lo sucedido a tus padres?, se le planteó.
"Es todo un proceso pero lo clave fue cuando la maestra, en cuarto grado, hizo una reunión de padres y yo era el único que no tenía papás. Pero ya venían pasando cosas?"
"Venía de ver unas fotos, de una señora muy elegante, con un saco de piel, un rodete, y cuando pregunté quién era mi tía me dijo era una amiga de otra tía. Y después supe que era mi mamá. Esa Navidad, armando el arbolito mi tía Noema me dijo: si querés podés decirme mamá. Y no lo sentí decirle mamá, le seguí diciendo Noema", relató.
Otro momento clave fue cuando tras la reunión de padres en la escuela, "le pregunté a mi abuela dónde estaban mi mamá y mi papá y ella se largó a llorar".
Del colegio lo hicieron asistir por un psicólogo. "Ahí se dio otro punto. En ese momento, hablo del 86, la psicología podía dar respuestas sobre qué era la vida o la muerte, ¿pero de qué óptica se enfocaba la desaparición? Evidentemente no me dio las respuestas que buscaba y, teniendo 11 años, me fui de la casa. Salí a buscarlos, viajé a dedo, sin rumbo fijo y llegue hasta Mendoza y San Juan".
Finalmente llegó a las casas de sus familiares paternos, en Buenos Aires, donde su otra abuela lo llevó a los organismos de derechos humanos y lo contuvo.
Pablo tiene un especial reconocimiento a sus familias, materna y paterna, porque entiende que cuando niño no le revelaron lo sucedido con sus padres, no fue más que un gesto de contención y protección“Mi papá se jubiló para buscarlo”CUTRAL CO (AN/ACE) - La familia Méndez encontró a José Delineo muy golpeado en el Batallón 181. “Primero se lo habían negado a mi papá, pero un dragoneante avisó que estaba allí y no tuvieron más remedio que reconocerlo. Cuando lo vimos ver nos contó que lo habían torturarlo”, dijo Rogelio, su hermano mayor.José estaba haciendo la conscripción en Junín cuando fue secuestrado. Sus padres y Rogelio fueron a verlo el 19 de junio de 1976 porque debía jurar la bandera, y en el cuartel les aseguraron que “se había ido en comisión”.Padres y hermanos lo encontraron en el Batallón 181. “Sin que escuchara mi vieja, me dijo que lo habían (supuestamente a La Escuelita) torturado; lo culpaban de volar una refinería, de andar entregando armas”, dijo Rogelio.Fue el mayor Luis Farías Barrera quien autorizó las visitas en el Batallón y en la U9. “En la U9 lo sacaban en la noche para torturarlo, Después cuando fue trasladado a Rawson eso cesó. En noviembre de 1976 nos regresaron una carta porque había sido trasladado, y cuando fuimos a ver a Farías Barrera al Comando nos dijo que cómo no había llegado, si él lo había puesto en un colectivo El Valle hacia Cutral Có, cuando lo fue a buscar a Rawson y lo dejó en Bahía”, recordó.
El padre de José se jubiló en 1977 de YPF “para tener tiempo de buscarlo. Envió notas y cartas a todos los medios, a todo el mundo; hasta Videla había ordenado una investigación de tanto que lo buscábamos”, dijo.Testimonios reveladores de un “traslado”CUTRAL CO (AN/ACE) - Según las constancias que obran en los expedientes la última vez que se lo vio con vida Miguel Angel Pincheira fue el 3 de noviembre del 76 -la última carta a su esposa está fechada en esa ciudad, el 27 de setiembre-, cuando junto con José Delineo Méndez, Orlando Cancio y Javier Seminario Ramos, todos de esta zona, desaparecidos, fueron sacados de la U-6 de Rawson..Ese dato se enhebra con el revelador testimonio que el 17 de noviembre pasado, en el juicio a represores -todos condenados- que se hizo en esta ciudad por esta causa, el ex suboficial del Ejército, Valentín Toledo. Dijo que participó de una comisión que de ese penal “sacó a tres personas vendadas, se las puso en el piso (de un Falcon, gris o blanco), una encima de otra” y se las trajo a Neuquén sin otra detención que unos diez minutos para cargar combustible.Toledo reconoció que viajó con los pies sobre los detenidos.En el juicio se reveló que otras víctimas de se traslado, pero en camiones del Ejército, fueron el ex policía de Inteligencia del Ejércio José Luis Cáceres, y los militantes justicialistas Pedro Justo Rodríguez, Francisco Ledesma e Isidro López.Estos cuatro luego, desde la U-9 de esta ciudad, fueron llevados a “La Escuelita” del batallón, donde fueron torturados.Toledo dijo que el Falcon lo manejaba su superior, Pablo Agustín Taquini y que el resto de los militares iba vestido de civil.
Ya había declarado el suboficial Antonio Urueña, quien dijo que en esa comisión fueron dos camionetas del Ejército, que él preparó, en las que iban el coronel Raúl Axel Pastor, Luis Farías Barrera, Goncalvez, Toledo y Taquini.
SHIRLEY HERREROS
centenario@rionegro.com.arNÉSTOR R. MATHUSnmathus@rionegro.com.ar

Fuente: Diario Rio Negro

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RED DENOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS










Hallaron documentos de actividades de la Policía santafesina durante la última dictadura. Describen el secuestro de una entrerrianaDate: Fri, 12 Jun 2009 15:12:52 +0000http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=103936 Santa Fe 11/06/2009Serían incorporados a causas por delitos de lesa humanidad Hallaron documentos de actividades de la Policía santafesina durante la última dictadura

Los documentos aportarían datos a causas por delitos de lesa humanidad y precisiones sobre el secuestro de Teresita Serra. La Procuración General de la Nación encontró documentación de la Policía de Santa Fe sobre seguimientos, espionaje y censura a dirigentes políticos y sociales durante la última dictadura militar. Los papeles fueron descubiertos por la fiscal santafesina Mabel Colalonga en los archivos Intermedio y de la Memoria de la vecina provincia. Entre las personas apuntadas por la inteligencia policial figuran los radicales Federico Storani y Marcelo Stubrin; pero también hay un documento donde se detalla como fue secuestrada la entrerriana María Teresita Serra, que permanece desaparecida. El procurador general de la Nación, Esteban Righi, junto con Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y Maco Somigliana, del Equipo Argentino de Antropología Forense dieron cuenta de la aparición de documentación de la Policía de Santa Fe sobre seguimientos, espionaje y censura a dirigentes políticos y sociales durante la última dictadura militar. La misma será analizada para ser eventualmente incorporada a causas por delitos de lesa humanidad o para abrir nuevas investigaciones, difundió DyN. María Teresita Serra fue secuestrada en Rosario en agosto de 1976. El hallazgo del archivo elaborado por la policía de la provincia de Santa Fe durante la última dictadura permitió obtener detalles sobre su detención por una “comisión policial” que se la llevó del edificio ubicado en Paraguay 1572.El material estaba en el archivo provincial y fue la fiscal federal de Santa Fe Mabel Colalongo quien lo rescató. La mujer había colaborado con la Conadep y el Juicio a las Juntas y fue a revisarlo. Así se topó con información potencialmente valiosa para las investigaciones sobre el terrorismo de Estado en la provincia. El documento que se refiere a Serra está fechado en Santa Fe el 11 de agosto de 1976. Tiene un sello que informa que es “estrictamente confidencial y secreto” y lleva por título “Informe de Inteligencia Diario Número 3106/76”. Allí se explica que el administrador del edificio en el que vivía la mujer llamó a la policía porque escuchó ruidos extraños y una voz que “expresaba ‘te vamos a fusilar’”. Después bajó al primer piso y encontró el departamento B con las puertas abiertas, desordenado y con una leyenda en la pared que decía “por aquí pasó la muerte”. El memo continúa así: “Es de mencionar que en dicho departamento se domiciliaban una pareja joven y el hermano de la mujer. Posteriormente se hizo presente en el lugar una comisión policial, que procedió a requizar (sic) el edificio y detuvo a la llamada María Teresa Serra, de 26 años, soltera, que ocupa en el edificio el Departamento 2 del Piso 1. A la misma se le secuestró gran cantidad de libros, panfletos y obleas pertenecientes al ERP y un tubo de pintura en aerosol color rojo usado y pastillas que serían drogas”. En el mismo papel se deja asentado que, un día antes, el 10 de agosto de 1976 “en horas de la mañana las fuerzas conjuntas llevaron a cabo un allanamiento en la finca de la calle Valparaíso 2017 de la ciudad de Rosario, con la finalidad de detener a Víctor Hugo Spina, responsable político del ERP (PRT), quien se resistió siendo muerto en las acciones”.
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Lesa humanidad: rechazan un pedido de nulidad contra informe de Conadep
15/06/2009 - La Cámara Federal de Resistencia desestimó un planteo contra la investigación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, utilizada por un fiscal al impulsar una causa. Un ex militar denunció falsedades y errores en el documento. Fallo completo
Fallo completo 51.28 Kb.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó un fallo que rechazó un planteo de nulidad contra el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), por contener falsedades y errores.
El documento de Conadep había sido utilizado por un fiscal al formular el requerimiento de instrucción en una causa donde se investigan violaciones a los derechos humanos.
El recurso fue presentado por el ex militar Luis Alberto Patetta, imputado por delitos de lesa humanidad, contra la resolución que en primera instancia desestimó el planteo, por considerar que la presentación del recurrente era precaria y carecía de elementos que justifiquen la solicitud de nulidad.
El juez a quo dijo que el escrito “dista mucho de efectuar un planteo nulificatorio, sino que materializa una disconformidad respecto de determinados dichos testimoniales, receptados en el marco del referenciado informe de la CONADEP (…) no caben dudas de la ausencia absoluta de razonabilidad del planteo por cuanto no se indica cual es el vicio del acto procesal que ha sido provocador de la violación de un derecho o garantía Constitucional”.
En tanto, la cámara aseguró que el rechazo de nulidad que se apela se ajusta a derecho, desde que no se advierte transgresión alguna a la garantía de la defensa en juicio del imputado.
El tribunal destacó el “innegable valor probatorio” del informe y que Patetta no especificó de qué forma o en qué contexto la circunstancia referida le causó un perjuicio o gravamen irreparable. En el caso, “el recurrente no demostró en qué forma se afectaron sus derechos, ni las consecuencias que el informe atacado de nulidad trajo aparejado al proceso”, añadió.
Indicó que “no se advierte vicio alguno en el hecho que el representante del Ministerio Público Fiscal haya tenido en cuenta al momento de formular el requerimiento de instrucción formal de la causa el informe en cuestión, siendo que – por lo demás – tampoco fue el único elemento considerado a tal efecto”.
“La alegada nulidad responde más bien a una disconformidad del encausado respecto de determinadas declaraciones testimoniales receptadas en el marco del referenciado informe de la CONADEP, destacando en tal sentido y en forma correcta el juzgador, que las únicas pruebas testimoniales por él utilizadas y valoradas en las resoluciones dictadas en el marco de la causa principal, fueron recibidas en la sede del Tribunal, con amplia intervención de las defensas”, destacó.
Y añadió: “Considerando las distintas instancias devenidas en la tramitación de la causa principal, y especialmente, su estado actual dada la proximidad de su elevación a juicio oral respecto del encausado, esta articulación no puede más que tomarse como un mero acto dilatorio en este complejo proceso judicial".

Fuente:
http://www.cij.gov.ar/

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Represión ilegal: Leites no declaró y se le subió la presión
Grosse sonreía ante los familiares de las víctimas
Dos militares retirados fueron llevados ayer ante el juez federal Comparato. Leites no declaró. Grosse lo hizo en modo formal y sin preguntas. Cuando el Servicio Penitenciario los llevó, esposados, al celular, Grosse no paró de sonreír mientras los familiares de las víctimas gritaban "asesinos". Están imputados en la megacausa por Monte Peloni.
por Claudia RafaelDesde el mismo instante en que se entreabrió la puerta interna que comunicaba con el garaje del Juzgado Federal de Azul, Walter Grosse ensayó una sonrisa que no sólo sostuvo sino que además profundizó hasta el momento en que se cerraron tras él las puertas del impecable camión celular en el que sería llevado de regreso a la cárcel común de Marcos Paz. Está imputado por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Pero se reía, mientras los familiares de José Alfredo Pareja, un par de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y unos pocos militantes de derechos humanos le gritaban una y otra vez "asesino" mientras con sus manos golpeaban las chapas del camión celular. Fueron apenas unos 30 segundos. No mucho más que eso. Unos cinco o seis policías de la Federal custodiaban su salida.Grosse se retiró como capitán del ejército. Pero ayer, muy lejano a la gloria que ostentó en otros días, salía esposado. Un metro delante suyo, también esposado, era llevado hasta el camión Horacio Rubén Leites, teniente primero retirado del ejército. Pero Leites no reía. A él, dentro del juzgado federal le subió la presión a 19. Y se lo veía serio y con el rostro colorado.El teniente se negó a declarar. Grosse, en cambio, hizo una declaración "formal" que no admitía preguntas. Fue su propio abogado, Gerardo Ibáñez, quien intentó mechar una pregunta pero el juez Juan José Comparato lo frenó a tiempo. "Si pregunta usted, también podrá hacerlo la fiscalía", les habría advertido. Ibáñez entonces no interrogó. Grosse tampoco contestó.Entre sus declaraciones planteó, por ejemplo, que la cárcel clandestina Monte Peloni no dependía del Regimiento de Olavarría sino de la Brigada de Tandil. No trascendió mucho más.En los pasillos del juzgado esperaban la esposa de Grosse, una mujer rubia, diminuta y hermosa. También su hijo, rubio y barbado. A Leites, en cambio, no lo acompañaba absolutamente nadie. Dicen que, mucho más temprano, cuando nadie más que ellos había llegado a la sede, se pudo encontrar unos instantes con un familiar.Llegaron a bordo del celular número 368 del Servicio Penitenciario Federal, Dirección de Traslados alrededor de las 7 de la mañana. Bien temprano, para evitar que hubiera cruces indeseados. Desde esa hora hasta las 15 el celular permaneció estacionado de culata contra el garaje del juzgado. Es que no hay un ingreso alternativo que la del frente.El juzgado es una vieja casona reciclada que alguna vez, en los tiempos del terrorismo de Estado, supo ser centro clandestino.A las 10.15 EL POPULAR Medios ingresó al despacho del juez Comparato. Fue el único medio periodístico que pudo entrar a la sede judicial. Sobre el escritorio del juez, estaba la respuesta de la jueza subrogante de Paso de los Libres, Gladys Mabel Borda, al pedido de detención de Ignacio Aníbal Verdura que desde hace años vive en Santo Tomé. Estaba fechada el 2 de junio, ocho días después de que saliera de Azul el exhorto ordenando la detención de quien supo ser dueño y señor de muchas vidas desde su rol de máximo jefe del regimiento de Olavarría. Sin embargo, todavía no hay novedades sobre la detención de Verdura, que además de ligado a los delitos de lesa humanidad tuvo gran protagonismo por el atentado de 1986 contra el entonces presidente constitucional Raúl Ricardo Alfonsín.Cabe imaginar que si para los próximos días no se produce la detención, el juez Comparato deberá reiterar el exhorto.Ven a míEl secretario golpeó la puerta del despacho del juez.-Doctor: Leites ya terminó la reunión con su abogado. Está listo para empezar la audiencia.-Vayan para la sala y empiecen a tomar los datos que enseguida voy.Eran las 10.35. Hasta ese momento, Leites había estado reunido a solas con su abogado en una pequeña oficina en el área de justicia correccional que debieron vaciar para facilitar el encuentro. Lo defiende Claudio Castaño, un joven abogado con menos de 40 años que supo trabajar en el área de Ceremonial de Casa de Gobierno durante el menemismo y que habitualmente defiende imputados en causas por delitos comunes. Uno de sus defendidos supo ser el tandilense Mario Omar Palacios, propietario del "café-bar" conocido como "Ven a mí", que estaba acusado en una causa ligada a la trata de personas. Entre las declaraciones de la víctima, una chica tucumana obligada a prostituirse, contó que "estuvo presionada y ejerciendo la prostitución en Tandil, por lo que se ordenó la detención y los allanamientos en procura de rescatar los documentos de identidad de ella y de dos de sus hijos, menores de edad", relató luego el comisario inspector tucumano Jorge Tobar, que supo estar en Olavarría en la búsqueda de Marita Verón. Esta es la primera vez que patrocina a un imputado en una causa por el terrorismo de Estado.Lo de Grosse es diferente. Su abogado es Gerardo Ibáñez, que por estos días defiende a Alejandro Duret en el juicio oral y público por el secuestro, torturas y homicidio de Carlos Alberto Labolita, un joven militante de Las Flores desaparecido el 25 de abril de 1976.Es extraño. Pero no sólo comparten el abogado. También la actitud. En cada una de las audiencias del juicio Labolita, Duret -que no llega a 60 años, es rubio, alto y de ojos claros- adoptó una sonrisa exasperante.Ayer, Grosse se mostró ante los familiares de las víctimas con su propia sonrisa exasperante. Y que también es alto, rubio, de ojos claros."Quieren mostrarse como que con ellos nadie va a poder", pensó en voz alta un observador.Del lado del solEL POPULAR Medios debió concluir la charla con el doctor Comparato que, tras lo que se evidenciaba era uno de tantos cigarrillos en el curso de la mañana, se preparó para ir a la audiencia. Fue más que breve y ya alrededor de las 11.10 empezó la indagatoria a Grosse que se extendió hasta alrededor de las 13.Sobre la vereda, del lado del sol, familiares de desaparecidos, sobrevivientes y militantes de derechos humanos esperaban el momento de la salida. Todos sabían que sería el único instante en que podrían hacer sentir su presencia y su repudio a los represores. A un costado, desde un Renault 18 azul, dos hombres a bordo tomaban fotos a los manifestantes desde un teléfono celular.Eran una quincena. La mayoría había llegado en una combi desde Olavarría a las 10. José Alfredo Pareja, "Pepe", estaba presente desde su imagen en una pancarta. Su nombre. Su cabello renegrido y lacio que reafirmaba estar ahí al momento en que pasara Horacio Rubén Leites que utilizó el teléfono de María Rosa Pareja y advertir, en código, que el joven abogado estaba llegando a la casa de su hermana. Momentos después sería secuestrado y nunca más -excepto por un paso por el Pozo de Arana- se supo de él."Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar", cantaban en la larga espera entre el frío intenso que entumecía los cuerpos de militantes y también, de policías.El momento culminante fue exactamente a las 15. Se abrió el portón del garaje del juzgado. Los policías se apostaron uno junto al otro. Dieron el OK y dos hombres del Servicio Penitenciario Federal abrieron las puertas traseras del celular. En ese mismo instante se vio asomar a Leites desde una puerta, con las manos por delante aferradas con esposas y un policía que lo llevaba del brazo. Un metro atrás, la sonrisa de Grosse irrumpía en escena. Los familiares de las víctimas gritaban "asesinos".Nadie pudo ver la mueca que seguramente se le escapó cuando las puertas se cerraron tras él.
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SANTA FE › HABILITARAN DOS ABOGADOS MAS EN LA CAUSA CONTRA BRUSSA EN SANTA FE.
Más peso para la defensa
Es una de las principales causas por terrorismo de Estado en Santa Fe, comenzará en setiembre y lleva ese nombre por uno de los principales implicados: El ex juez Brusa. Se agregan dos defensores más, para Schulman y Patricia Isasa.

José Ernesto Schulman, tiene la doble condición de víctima y querellante en ese expediente.

Por Alicia Simeoni
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Santa Fe resolvió ampliar a cuatro la participación de abogados patrocinantes de las víctimas-querellantes en el juicio que por la causa Brusa -lleva ese nombre por quien fue juez del fuero federal, Víctor Brusa-, comenzará el 1º de septiembre en la capital provincial. Así lo explicó a Rosario/12 el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre José Ernesto Schulman, quien tiene la doble condición de víctima y querellante en ese expediente y que en reitertadas oportunidades había manifestado el error procesal en que incurrió el Tribunal cuando el 29 de mayo pasado decidió la fecha de comienzo del proceso y, a la vez, fijó en dos el número de abogados que tuvieran voz en el proceso. Ahora serán cuatro, uno que representará a Schulman, Patricia Isasa y la LADH, otros dos a las otras víctimas que recurrieron a la posibilidad de la querella y un profesional más representará a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La información fue dada a Schulman por el secretario de Cámara de Derechos Humanos del Tribunal Oral Federal, César Eduardo Toledo, quien de esta forma explicó -según el secretario de la LADH- que se había buscado dar satisfacción a los reclamos planteados.
De todas formas Schulman aseguró que esa limitación en la participación de las víctimas querellantes "nos agravia" y tiene el contenido de un serio error procesal. "Pareciera desconocerse que el fallo en el juicio a la junta de comandantes, conocida como causa 13, afirmó que dada la naturaleza del modo en que se perpetró el terrorismo de Estado, los testimonios de los sobrevivientes adquieren el valor de prueba y a partir de ese fallo innovador en la doctrina latinoamericana se firmaron numerosos pactos y convenios que fueron incorporados a la Constitución Nacional en 1994, los que obligan al Estado argentino a cuidar a las víctimas, a respetar su rol en la lucha por la Justicia y a no revictimizarlas". En ese momento Schulman recordó que la Argentina debió comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos "por no haber cuidado la vida de Julio López".
El pasado miércoles, José Schulman fue recibido por el secretario del Tribunal Oral Federal, César Toledo, de quien recibió la información en cuanto a que el número de dos profesionales será ampliado a cuatro, con lo que se formarán tres grupos de querellantes: uno el mencionado de Schulman, Isasa y la LADH, otros dos para el resto de las víctimas que se presentaron como parte activa, ocho en total, y el cuarto profesional representará a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
De todos modos, la ampliación del número de 'cabezas' de querella es un error conceptual a juicio de la LADH porque, se sostiene, quienes tienen derecho a participar son las víctimas que luego eligen a sus abogados patrocinantes. En opinión de Schulman lo que se hace es "subalternizar el rol de la víctima, es evidente que se está cuestionando la verdad de la lucha por la Justicia...Quienes sostuvieron el impulso para que la causa Brusa llegue a juicio fueron justamente esas mismas víctimas".
Cabe recordar que tanto Schulman como Isasa son dos de los sobrevivientes que viajaron en 1998 a España para reunirse con el juez Baltasar Garzón en busca de dar impulso a los juicios.
Schulman quien explicó que "ya tiene que estar llegando la notificación por escrito" sobre la ampliación del número de abogados cabeza de querella, insistió en su sensación acerca de que desde el Tribunal Oral "no se entiende qué es lo que se va a juzgar" . También recurrió a un proverbio popular, el que dice que 'la mujer del César no sólo debe serlo, sino además parecerlo', esto quiere decir que desde el TOF Nº 1 se debiera tener "el triple" de cuidado en relación con otras causas y demostrar que "no hacen las cosas erróneamente porque a quien tienen que juzgar es a un miembro del mismo fuero".
Otro aspecto que devendrá en discusión sobre el juicio al ex juez federal Víctor Brusa es el que tiene que ver con el carácter "público" del proceso. "Para nosotros ese carácter público significa que pueda ser reflejado y transmitido por los medios masivos de comunicación" y para quienes están en la organización del juzgamiento tiene el sentido de una sala con capacidad para 30 personas, explicó José Schulman.
Fuente: Rosario 12

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AZUL, se negaron a declarar
las 15 los dos militares acusados de delitos de lesa humanidad se subieron al camión celular del Servicio Penitenciario para regresar a la cárcel de Marcos Paz luego de comenzar las declaraciones indagatorias que dieron inicio a las 9 de hoy.Rubén Leites, vinculado con la desaparición del olavarriense José "Pepe" Pareja, se negó a declarar mientras que Walter Jorge Grosse, a quien se asocia con el centro clandestino de detención Monte Peloni, decidió leer una declaración formal sin acceder a preguntas. Sin embargo, su abogado defensor intentó interrogarlo pero la acción fue impedida por el juez, que advirtió que si accedía a responder a su defensa, también debería hacerlo con el resto de los letrados. De esta manera, la declaración de Grosse concluyó al terminar su lectura.Al salir, familiares de víctimas del terrorismo de Estado y militantes de Derechos Humanos grtiaron "asesino" a Grosse quien respondía riendo con alevosía. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS





























En el Penal de Candelaria torturaron a menores alojados (jóvenes entre 15- 17 años)- El Territorio-12/06/09

La segunda jornada del juicio oral y público comenzó con la declaración de la actual subsecretaria de Derechos Humanos, Amelia Rosa Báez, quien el 21 de septiembre de 1976 sufrió la detención de quien por entonces era su esposo, Héctor Escobar. La funcionaria dijo que cerca de fin de año consiguió permiso para visitarlo y allí se enteró que era sometido a golpizas, torturas y simulacros de fusilamiento. Y agregó que las golpizas “eran recurrentes en las guardias de Gómez y Cuenca”.


--CHEMES, TESTIGO POR LA DEFENSA: "EN CANDELARIA HABÍA BUEN TRATO. "YA VENÍAN TORTURADOS DE AFUERA"


POSADAS- 12/06/2009Juicio por torturas: pacto de silencio de ex penitenciarios

Todos los ex agentes del Servicio Penitenciario Federal que declararon en el juicio que se les sigue a sus camaradas José María Cuenca y Rubén “Lobo” Gómez por el delito de tormentos agravados, negaron haberse enterado de malos tratos o vejámenes a los presos políticos que fueron alojados en la Unidad Penal de Candelaria durante la última dictadura militar.
El pacto de silencio fue evidente durante el testimonio de cuatro oficiales, un médico, el psicólogo y una trabajadora social que también se desempeñó en la cárcel durante los años de plomo en la Argentina..
Ismael Canteros, de 58 años, se desempeñó en la Unidad Penal 17 entre 1971 y 1978. Se retiró con el grado de inspector general, dijo que ningún preso podía ser sacado de los pabellones sin la connivencia de los sectores de seguridad interna y externa.
Pese a que consta en los registros que él realizaba, negó que hubieran ingresado menores de edad en calidad de detenidos, aunque luego ante la evidencia dijo que “eran personas que llegaban con un oficio del Area Militar 2-32”.

En ese sentido, dijo que era habitual la presencia del coronel Humberto Caggiano Tedesco y que los presos políticos llegaban en cualquier horario y ellos debían concurrir al penal para hacer los registros de ingreso. Además, dijo que sólo en una oportunidad vio a un detenido lesionado. “El señor Lozina no pudo firmar su ficha porque tenía lastimadas las manos”.
La licenciada en trabajo social Margarita Montejano de Cantero es esposa de Ismael Cantero y también trabajó en la Unidad Penal 17.

. También negó la presencia de menores y dijo que “sólo dos o tres de los entrevistados no pudieron firmar porque habían estado atados antes y tenían secuelas en las muñecas”.
Sobre el final de la audiencia de este viernes el imputado Cuenca tuvo que ser retirado porque sufrió una leve descompensación.
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No tomamos apuntes de la realidad. Le apuntamos a ella

http://www.reportedelasmadres.org.ar/

Les enviamos el Reporte de las Madres, con las noticias actualizadas.

Noticias publicadas: Viernes 12 de junio de 2009

LAS MADRES PRESENTAN EL CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS y LA MISION SUEÑOS COMPARTIDOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL. Hoy, viernes 12 de junio, a las 18 hs. la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini, y la Universidad Popular de las Madres, presentarán públicamente el Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de Políticas Públicas (CEMoP) y el proyecto Misión Sueños Compartidos en el Auditorio de la Biblioteca Nacional, sita en Agüero 2502 de la Ciudad de Buenos Aires. Acompañarán a Hebe de Bonafini, Sergio Schoklender por el proyecto Misión Sueños Compartidos, Felisa Miceli como Directora del CEMOP y la Rectora de la UPMPM, Inés Vázquez.
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Una decisión rápida y acertada. GARRÉ PROHIBIÓ UN HOMENAJE FUNEBRE A UN REPRESOR. Pese a que una resolución impide la ceremonia militar a los acusados por delitos de lesa humanidad, el jefe de la V Brigada de Montaña de Salta, Jorge Altieri, quiso homenajear a Rodolfo Wehner, procesado por 154 secuestros y delitos de lesa humanidad. Altieri no contaba con que la Ministra de Defensa, Nilda Garré, resolviera rápidamente no autorizar el homenaje. En efecto, el militar debió pedir el pase a retiro.
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Por abuso sexual y corrupción de menores. 15 AÑOS DE PRISIÓN PARA GRASSI PERO EN LIBERTAD HASTA QUE LA CONDENA ESTE FIRME. Por Mabel Corrales. El Tribunal Oral Nº 1 de Morón, integrado por los jueces Luis Andueza, Jorge Carrera y Mario Gómez condenó al cura Julio César Grassi a 15 años de prisión por haber quedado probado dos hechos de abuso sexual y corrupción de menores de los diecisiete que había presentado la querella. La condena es agravada por su investidura como sacerdote y por haber tenido la guarda de Gabriel, uno de los tres jóvenes que lo acusaron de estos delitos.
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Ley de Medios y circunstancia política. EL MOMENTO ES HOY
Por Demetrio Iramain Fotos: S.R. Cuándo es el momento. Esa es la cuestión que gangrena al movimiento popular desde hace 30 años. Hasta ahora siempre fue momento de otra cosa, si de defender el interés popular se trataba. De modo recurrente, nos hicieron creer que no era el momento de avanzar en democratizar el Estado y sus políticas, que no era el momento de distribuir la renta nacional, que no era el momento de hacer justicia con el genocidio militar, que no era el momento de alterar el statu quo de los medios de comunicación superconcentrados en las mismas manos que condensan toda la riqueza del país.
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Entrevista a Diego Capusotto. “EN CAMBIO DE LEXOTANIL, ESCUCHO RADIO”. Por Luis Zarranz. Foto: S.R. Tercera y última parte. Diego Capusotto es el humorista actual por excelencia. Lejos de ser una moda, se escapa de la pose, del lugar común y se muestra de una manera que es subversiva en el medio en el que trabaja: ser tal cual es. En esta tercera y última parte de la entrevista habla de su relación con la radio, la televisión, la noche y con el disfrute de la vida.
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LA ENVIDIA DE GOEBBELS. Reflexiones del Fidel Castro. Escuchaba ayer la Mesa Redonda. Se analizaba, entre otros temas, la Operación Peter Pan, uno de los más repugnantes actos de agresión moral llevados a cabo contra nuestro país. El tema de la patria potestad es sumamente sensible. Fue un golpe bajo y repugnante. En una de las novelas de Mijaíl Shólojov que leí años más tarde, se menciona esa calumnia que ya había sido usada contra la Revolución de Octubre de 1917.
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LA "FAUNA" DE PORTAL: DICTADORES, PEDÓFILOS Y GOLPISTAS
Por Cecilia Di Ludovico. En esta nota publicada en un portal de noticias, se descifran muchos misterios sobre la figura de Raúl Portal. De vocero de Videla a defensor público de Grassi, su historia es sumamente oscura. Aquí, la historia de su conexión con la Fundación Felices Los Niños y los vericuetos del padre de quien es el dueño de la productora, Gastón Portal, desde donde se injuria a las Madres.
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LA CUOTA ALIMENTARIA. UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Por Raquel Romero. Cuando hablamos de “alimentos” en el ámbito del Derecho nos referimos a todo lo necesario para la subsistencia de un ser humano: alimentación, vestimenta, atención, habitación, salud, educación, esparcimiento.
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TUCUMÁN TIENE SU VON WERNICH. Monseñor José Eloy Mijalchyk fue nombrado Capellán Auxiliar del Regimiento 19 de Infantería de Tucumán por su propio pedido en 1982. Está imputado en una causa por haber sido confesor en el Centro Clandestino de Detención Arsenal “Miguel de Azcuénaga”, donde instaba a los secuestrados a ‘decir la verdad’. Todas las semanas celebra misa en la parroquia San José Obrero de El Colmenar.
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Éstas notas pueden ser reproducidas libremente. Agradeceríamos que citaran la fuente.

Reporte de las Madres
Una producción del Equipo de Prensa Madres
prensa@madres.org
reporte@madres.org
4384-0998
Hipólito Yrigoyen 1584 –C.A.B.A
Argentina





























EL PAIS › ENCONTRARON EL ARCHIVO DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA SANTAFESINA DE LA EPOCA DE LA ULTIMA DICTADURA
Huellas policiales del terrorismo de Estado
Una fiscal recuperó el material de inteligencia de la policía de Santa Fe elaborado antes y durante el terrorismo de Estado. Hay seguimientos a dirigentes políticos y pruebas de detenciones de personas que luego desaparecieron.

El procurador Esteban Righi y Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad de Coordinación de las causas sobre el terrorismo de Estado.
Imagen: Sandra Cartasso

Por Victoria Ginzberg
María Teresita Serra está desaparecida. Fue secuestrada en Rosario en agosto de 1976. El hallazgo del archivo elaborado por la policía de la provincia de Santa Fe durante la última dictadura permitió obtener detalles sobre su detención. Sobre todo, proporcionó una prueba documental elaborada por la represión ilegal que establece que una “comisión policial” se la llevó del edificio ubicado en Paraguay 1572.
El descubrimiento fue anunciado ayer por el procurador general de la Nación, Esteban Righi; Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y Maco Somigliana, del Equipo Argentino de Antropología Forense. Fue la fiscal de Santa Fe Mabel Colalongo quien encontró la documentación hace diez días. En rigor, el material estaba en el archivo provincial pero nadie se había dado cuenta de su importancia. Colalongo, que había colaborado con la Conadep y el Juicio a las Juntas, recordaba su existencia y fue a revisarlo. Así se topó con información potencialmente valiosa para las investigaciones sobre el terrorismo de Estado en su provincia. Se trata de un hallazgo similar al archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que también fue recuperado. Ahora, la procuración comenzará a digitalizar el material y solicitará que quede a disposición de la Justicia y se preserve. “Recién cuando terminemos de analizarlo vamos a saber su valor exacto. Todavía falta el 95 por ciento del trabajo”, explicaron ayer Auat, Parenti y Righi.
Los papeles llenan un cuarto de cuatro por cuatro. Son los partes diarios de la Dirección de Inteligencia de la policía de Santa Fe. Dan cuenta del seguimiento a militantes, dirigentes políticos, sindicales o estudiantiles antes (hay bastantes memos del año 1975) y durante la última dictadura en jurisdicción del II Cuerpo de Ejército. Además, como en el caso de Serra, pueden aportar pruebas sobre secuestros y desapariciones. La información permitirá pofundizar en el entendimiento de las distintas estructuras de inteligencia que operaban en la provincia (Ejército, Policía provincial, Policía Federal, la SIDE) y sus interralaciones.
El documento que se refiere a Serra está fechado en Santa Fe el 11 de agosto de 1976. Tiene un sello que informa que es “estrictamente confidencial y secreto” y lleva por título “Informe de Inteligencia Diario Nº 3106/76”. Allí se explica que el administrador del edificio en el que vivía la mujer llamó a la policía porque escuchó ruidos extraños y una voz que “expresaba ‘te vamos a fusilar’”. Después bajó al primer piso y encontró el departamento B con las puertas abiertas, desordenado y con una leyenda en la pared que decía “por aquí pasó la muerte”. El memo continúa así: “Es de mencionar que en dicho departamento se domiciliaban una pareja joven y el hermano de la mujer. Posteriormente se hizo presente en el lugar una comisión policial, que procedió a requizar (sic) el edificio y detuvo a la llamada María Teresa Serra, de 26 años, soltera, que ocupa en el edificio el Dpto 2 del Piso 1. A la misma se le secuestró gran cantidad de libros, panfletos y obleas pertenecientes al ERP y un tubo de pintura en aerosol color rojo usado y pastillas que serían drogas”. En el mismo papel se deja asentado que, un día antes, el 10 de agosto de 1976 “en horas de la mañana las fuerzas conjuntas llevaron a cabo un allanamiento en la finca de la calle Valparaíso 2017 de la ciudad de Rosario, con la finalidad de detener a Víctor Hugo Spina, responsable político del ERP (PRT), quien se resistió siendo muerto en las acciones”.
En relación con los seguimientos de inteligencia, en el archivo hay un largo informe pedido a la policía de Santa Fe por sus colegas de Misiones vinculado al dirigente radical Marcelo Stubrin. Allí se menciona que en 1968 fue detenido “por arrojar petardos en una manifestación” y que en 1969 “usa la palabra en una asamblea que se realiza en la Facultad de Derecho, donde se resuelve la realización de actos relámpagos y un paro relacionado con la visita de Nelson Rockefeller a ésta”. Se agrega que “visitó a presos políticos y gremiales” y que “preconiza la unidad obrero-estudiantil, pero no la violencia para el logro de los objetivos”.
Entre los documentos hay un parte sobre un encuentro de dirigentes de la Juventud Radical y Franja Morada en la casa de Alberto Luis “Changui” Cáceres. “La reunión aludida –dicen los espías– se habría realizado para tratar problemas de la conducción de la Juventud Radical y Franja Morada en la provincia de Córdoba, por existir en esta provincia una fractura dentro de los cuadros de ambas agrupaciones”.
La clausura del periódico Estrella de Cañada de Gómez y la detención de su director por publicar una caricatura de Jorge Rafael Videla y los seguimientos a organismos de derechos humanos a raíz de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también fueron registrados por la policía santafesina.
“El archivo es el reflejo de la labor documental de la policía y de otros organismos estatales. Pero se pueden encontrar allí huellas de la actividad ilegal del Estado”, explicó Parenti. “La tarea de inteligencia suele ser el hilo de Ariadna de un caso. Muestra cómo una persona entra en un grado de sospecha y luego su seguimiento. Esa persona puede ser luego detenida o secuestrada. Aunque aquí no conste su destino final, es una prueba documental que no admite dudas”, agregó Auat.
Righi concluyó que el material es de utilidad en dos aspectos: “Da una sensación clara del estado policial que se vivía en la dictadura y proporciona evidencia utilizable en los juicios. Un acta en la que figura que una persona fue detenida es irrefutable y como en estos procesos es tan difícil obtener evidencias, para nosotros es muy importante”.
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EL PAIS › MURIO EL EX SUBCOMISARIO RODOLFO ALMIRON, EX JEFE OPERATIVO DE LA TRIPLE A
Para hacerle compañía al Brujo
El represor falleció a los 73 años, sin haber sido indagado por la Justicia, pese a su responsabilidad en más de un millar de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1976. Sólo queda un imputado vivo en la causa Triple A.
Por Diego Martínez
Formalmente insano y sin haber llegado a prestar declaración indagatoria, murió impune a los 73 años el ex subcomisario Rodolfo Eduardo Almirón, ex mano derecha de José López Rega y jefe operativo de la Alianza Anticomunista Argentina, responsable de un millar de asesinatos políticos entre fines de 1973 y 1976. Con su muerte, sumada a las de Juan Ramón Morales, en agosto de 2007, y Felipe Romeo, el mes pasado, el octogenario Miguel Angel Rovira es el único imputado del expediente Triple A, que agoniza en el juzgado federal de Norberto Oyarbide. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellante en la causa, denunció ayer la existencia de “una estrategia concertada entre los represores, sus abogados y una parte sustancial del Poder Judicial, para atrasar los juicios hasta que los genocidas mueran o sean declarados insanos”.
Almirón tenía orden de captura desde 1984, pero fue detenido el 28 de diciembre de 2006, tras una investigación del diario El Mundo, de España, impulsada por exiliados argentinos, que denunció que vivía en las afueras de Valencia. Recién entonces, un año después del pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, el juez Oyarbide dispuso reabrir la causa y pidió su extradición. Llegó al país en marzo del año pasado. El Cuerpo Médico Forense admitió sus problemas de salud, pero dictaminó que conservaba las facultades mentales como para comprender y responder preguntas. Sin embargo, el juez no dispuso su indagatoria.
Oyarbide ordenó apresar a Almirón en el penal de Marcos Paz y luego le concedió el arresto domiciliario en la casa de su hermana, privilegio que revirtió la Cámara Federal. Un mes y medio atrás sufrió un accidente cerebrovascular y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. La Comisión de Homenaje creada para recordar a los siete de-saparecidos que trabajaban allí repudió su presencia con un escrache atípico, desde el interior del hospital. “Estoy libre y seguiré libre”, desafió a una médica el ex ladero de López Rega. La semana pasada fue declarado insano y, por ende, inimputable. El jueves, Oyarbide suspendió el proceso en su contra. Murió el viernes, aunque la noticia se conoció ayer.
La causa Triple A está paralizada. La Cámara Federal confirmó en marzo de 2008 que los crímenes cometidos por los lugartenientes del ex ministro de Bienestar Social eran delitos de lesa humanidad, por eso imprescriptibles. Pero la investigación, que el juzgado no delegó, nunca avanzó. El 30 de diciembre el fiscal Taiano propuso ampliar la investigación, que abarcaba una docena de asesinatos, a 628 crímenes y cuarenta casos de amenazas de muerte. También sugirió al juez Oyarbide ochenta medidas de prueba: recopilar los expedientes judiciales dispersos, recibir infinidad de declaraciones testimoniales, convocar a la Universidad de Buenos Aires para que realice una pormenorizada reconstrucción histórica y a la sociedad para que aporte información, entre otras. Hasta ayer Taiano no fue notificado de que el juez hubiera ordenado producir ninguna prueba.
De los cuatro imputados que la causa tenía a fines de 2006, sólo sobrevive Rovira. El ex comisario Morales también fue detenido a partir de una investigación periodística que lo descubrió tomando aire, en pijama, en el balcón de su departamento de Carranza 2336. Llegó a ser indagado, pero murió con arresto domiciliario siete meses después, el 24 de agosto de 2007. Tenía 88 años. Felipe Romeo salió del país luego de que Página/12 revelara, en enero de aquel año, que vivía en Buenos Aires, reciclado como restaurador de edificios antiguos. El ex director de El Caudillo, desde donde señalaba a las futuras víctimas, estuvo prófugo en Brasil dos años. Familiares y amigos lo ingresaron al país a principios de enero y lo abandonaron en el Hospital Fernández. Murió vigilado por el Servicio Penitenciario Federal sin saber que estaba preso. El suboficial Rovira, ex jefe de seguridad de Metrovías, se entregó voluntariamente y goza de arresto domiciliario en su casa de Pasco 1032, barrio de San Cristóbal. Tampoco López Rega llegó a ser condenado: murió en prisión en 1989.
Almirón fue exonerado de la Policía Federal en los años ’60 por connivencia con delincuentes. López Rega lo reclutó en 1973. La marca registrada de las patotas que comandó se caracterizaron por “exhibir los cuerpos torturados, destrozados” luego de los asesinatos, apuntó Taiano en su dictamen. A mediados de 1975, una movilización gremial y las investigaciones judiciales desbancaron a López Rega y lo obligaron a abandonar al país. Los granaderos desarmaron a sus custodios en la quinta de Olivos. Almirón, Morales y Rovira, entre otros, acompañaron al Brujo en su exilio madrileño.
Almirón estaba acusado formalmente por una decena de crímenes, entre otros el del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, el ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, el abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, el abogado Alfredo Curuchet, el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, Daniel Banfi, Luis Latrónica y Pablo Laguzzi, un bebé de cinco meses hijo del entonces decano de la Facultad de Farmacia de la UBA. En marzo del año pasado, cuando llegó a Ezeiza y quedó detenido, un periodista alcanzó a preguntarle: “¿Se arrepiente?”. “¿De qué me tengo que arrepentir?”, desafió el homicida, encorvado y con esposas.
Seis años de changüí
Por Diego Martínez
Luego de tres años y medio prófugo de la justicia, fue detenido en Estados Unidos el gendarme retirado Juan Miguel Méndez, alias Nelson, ex segundo jefe de guardias de los centros clandestinos Banco y Olimpo. El represor se había refugiado en Estados Unidos hace seis años, cuando se reabrió la megacausa Primer Cuerpo de Ejército, y tenía pedido de captura del Juzgado Federal de Daniel Rafecas desde mediados de 2005.
La detención de Méndez, que según oficios de Interpol fue localizado en Florida hace tres años, se relaciona con la intención de la administración Obama de cambiar la imagen de su país como refugio de responsables de graves violaciones a los derechos humanos. También en Florida pasa sus días el fusilador de la Masacre de Trelew, teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, dueño de una empresa que provee de servicios médicos a fuerzas militares y de seguridad norteamericanas. Su pedido de captura no logra superar desde hace 16 meses las exigencias del agregado del Departamento de Justicia de la embajada de los Estados Unidos.
Méndez fue destinado luego del golpe de Estado al escuadrón móvil de Campo de Mayo, donde secundó a Guillermo Cardozo, alias Cortez. La relación entre nombre y alias la confirmó el fallecido Juan Antonio del Cerro, alias Colores. “Nelson recorría el centro clandestino pero no teníamos contacto directo. El y Cortez estaban por encima de los guardias”, recordó Isabel Fernández Blanco, sobreviviente de El Olimpo. “Gendarmería tenía guardias jodidas. Eran los responsables de seguridad del campo, lo cual no implicaba que no participaran en operativos. Nelson no tenía una presencia fuerte en Olimpo”, coincidió Enrique Guezán.
En 2003, cuando ingresó a Estados Unidos con visa de turista, declaró que no estaba imputado por violaciones a los derechos humanos. La megacausa se acababa de reabrir y aún no tenía pedido de detención, aunque sabía que sólo era cuestión de tiempo. Su pasado lo obsesionó desde el retorno de la democracia. Surge de su legajo que, cuando comenzó a ver su alias en notas de prensa, adujo problemas de depresión por tareas relacionadas en el marco de “la lucha contra la subversión” y pidió la baja. Fuentes con acceso al expediente aseguran que admitió por escrito haber torturado a prisioneros.
En agosto de 2005, cuando Rafecas ordenó su detención, le llevaron a un gendarme homónimo. Dos guardias ratificaron la confusión. El juez analizó los legajos, dictó la falta de mérito del homónimo y pidió la captura de “Nelson”. En 2006 Interpol notificó que vivía en Florida pero debieron pasar tres años y un cambio de presidente para que lo detuvieran.
Fuentes de trato regular con organismos de gobierno norteamericanos sugieren que, tras la asunción de Obama, los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior comenzaron a revisar pedidos de captura de acusados de graves violaciones a los derechos humanos con el fin de cambiar el perfil de su política ante crímenes de lesa humanidad cometidos por ciudadanos del resto del mundo. El tono del comunicado de la embajada ratifica el diagnóstico. “El arresto testimonia que no hay refugio seguro para violadores a los derechos humanos o para aquellos que hayan cometido crímenes de guerra y otras atrocidades”, dijo el encargado de negocios Thomas Kelly. El tiempo que demore la captura de Bravo, dueño en Miami de RGB Group, podrá confirmar o desmentir las buenas intenciones.
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EL PAIS › A UN MES DE SU MUERTE, NADIE RECLAMO EL CADAVER DE FELIPE ROMEO, FUNDADOR DE LA REVISTA EL CAUDILLO
La otra baja reciente en la vieja Triple A
Fue militante de Tacuara, cuadro del Comando de Organización, vocero de López Rega desde su revista, editor de Camps y vendedor de cocaína. Prófugo en la causa por los crímenes de la Triple A, murió solo y bajo custodia policial en el Hospital Fernández.

Por Sergio Kiernan
Felipe Romeo murió solo, bajo custodia policial y como un indigente en un hospital público en el que se entregó en enero, después de casi tres años prófugo. Su bajo perfil se había acabado en 2006, cuando Página/12 lo encontró viviendo en una cúpula de Congreso, dedicado a restaurar edificios antiguos. Eterno militante de derecha, tacuarista juvenil, fundador de la revista El Caudillo, cuadro de López Rega, amigo y editor de Ramón Camps, vendedor de cocaína arrestado, terminó su vida de un modo inesperado. No fue en un tiroteo contra “la sinarquía”, como se auguraba en su exilio español, sino en el pasado mes de abril, por las complicaciones respiratorias y cardíacas que le causó el sida.
Curiosamente, este símbolo del nacionalismo argentino era extranjero: había nacido en 1945 en la Italia arrasada por la guerra. Su familia lo trajo en brazos y el pequeño se crió en Florencio Varela, se hizo argentino y nunca aprendió la lección de lo que el fascismo podía hacerle a un país. Romeo fue un derechista desde la adolescencia, cuando comenzó a militar en el primer Tacuara. En una vida de violencia, su único gesto de moderación fue optar por la rama “revolucionaria” del tacuarismo cuando el grupo se dividió entre nazis de fuste y fascistas populistas. El anónimo militante saltó a la fama, sin embargo, con la vuelta de Perón del exilio: sus contactos con Alberto Brito Lima, jefe del Comando de Organización, y figuras como el coronel Osinde, lo colocaron entre los fundadores de la Juventud Peronista de la República Argentina, la “jotaperra”, y lo llevaron a José López Rega. De ahí vinieron el respaldo y los fondos para hacer política en un alto perfil.
Su instrumento fue la revista El Caudillo, que lanzó el 16 de noviembre de 1973, con 28 apenas cumplidos, bajo la divisa “El mejor enemigo es el enemigo muerto”. La publicación funcionaba abiertamente como órgano de la Triple A y la única firma era la del director, siempre al pie del editorial. El Caudillo bajaba línea contra la izquierda peronista, divagaba entre antisemitismos diversos y “doctrinas” de derecha, y emitía los “pedidos de castigo” a figuras políticas y culturales. A medida que la violencia de la Triple A aumentaba, la revista de Romeo simplemente emitía condenas a muerte que se cumplían con gran regularidad.
Una vez que El Brujo asumió en el Ministerio de Bienestar Social, la revista se pobló de interminables, amplios y repetidos avisos de diversos programas oficiales financiados por esa repartición. A partir de la muerte de Perón, en julio de 1974, aparecen anunciantes como ELMA, la desaparecida empresa naval estatal; el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Caja Nacional de Ahorro, el Banco Nacional de Desarrollo, el Banco Social de Córdoba y, poco antes del golpe, la municipalidad porteña. Nunca hubo un anunciante privado.
La identidad política de Romeo y de El Caudillo queda en claro no sólo por sus odios, sino por sus amores: Lorenzo Miguel, Casildo Herrera, Jorge Camus, Raúl Lacabanne, Oscar Ivanissevich, Ricardo Otero –“a todos hemos apoyado y todos tienen la confianza de la compañera Isabel”–, las 62 Organizaciones y la Falange Española, citada como ejemplo “de revolución nacional”. El Caudillo saludó alborozado el nombramiento de Ivanissevich como ministro de Educación y la intervención a la UBA del todavía más desatado Alberto Ottalagano, que apareció en la tapa de la revista Gente haciendo el saludo nazi y con el título de “Sí, soy fascista, ¿y qué?”’. Tanto le gustó el reportaje al interventor universitario que lo mandó a reeditar en un librito con el mismo título.
El golpe militar no encontró a Romeo en Argentina. Previsor, ya estaba instalado en Madrid, donde se reunía regularmente en un restaurante con viejos amigos como Herrera y el ex custodio presidencial y miembro de la Triple A Rodolfo Almirón, y soñaba en voz alta con tiroteos. La vuelta se dio después de Malvinas, cuando renació El Caudillo como parte de la campaña electoral. La derrota de Italo Luder significó el cierre definitivo de la revista, pero la actividad electoral continuó editando los libros del general Ramón Camps bajo el sello RO-CA, Romeo-Camps.
La siguiente novedad pública fue el 26 de octubre de 1988, cuando la División Moralidad de la Policía Federal detuvo a Romeo en el bar de una persona “con antecedentes de delitos contra la propiedad y robo de automotores”, en Gascón 1460. Según la causa, Romeo tenía “entre sus ropas” 110 gramos de cocaína de alta pureza. Después de seis días preso fue liberado bajo fianza de 50.000 australes y acusado de tenencia de estupefacientes, sin que se le pudiera probar que intentaba traficar.
Según personas que lo conocieron, en los años que siguieron Romeo sufrió recurrentes problemas de salud por su estilo de vida, que culminaron en un infarto en 2006 y la instalación de dos stents, a los 61 años de edad. Ya formaba parte hace años –en carácter de socio, amigo o acreedor, de acuerdo con distintas fuentes que se contradicen– de la empresa “CR”, dedicada a las restauraciones y que tiene como sede el último piso y la cúpula gaudiesca de Ayacucho y Rivadavia. El inesperado restaurador solía desconcertar a sus albañiles con arengas como “¡sean valientes!”.
Para la misma época en que se agudizaban sus problemas de salud, Romeo volvía a ser mencionado por la reapertura de la causa criminal de la Triple A en la que figura en forma prominente su camarada Almirón. Al ser descubierto por Página/12, huyó del país, en apariencia al sur de Brasil y luego a otros rumbos más seguros. Prófugo, reapareció solo en el Hospital Fernández en enero de este año, con un cuadro agudo de problemas respiratorios y cardíacos. Los médicos pronto descubrieron la causa del colapso: un cuadro avanzado de sida. Romeo pasó los últimos meses de su vida en un estado casi comatoso, bajo custodia, y murió en abril. Todavía nadie reclamó su cuerpo.
Fuente: Pagina 12

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Preocupación del INADI por una publicación sobre Nilda Garré
El Instituto Nacional de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación (INADI) envió ayer un escrito al diario El Tribuno expresándole su "profunda preocupación en relación con los titulares, el contenido y el sentido de la información brindada" en la edición de anteayer de ese matutino respecto de la decisión de la ministra de Defensa, Nilda Garré, de no permitir que general de división Rodolfo Wehner, fallecido el 4 de este mes, tuviera un funeral con honores militares.Nilda Garré.
La publicación que generó la reacción del INADI da cuenta de la renuncia presentada por quien era el jefe de la V Brigada de Montaña de Salta, el general de brigada Jorge Enrique Altieri, como consecuencia de la orden impartida por la ministra. El INADI sostuvo que esta orden "dista mucho de ser `insólita` o un `capricho ideológico`, como la califica la nota de la página 19 del diario" y, en cambio, es "una consecuencia directa de la vigencia de la resolución N° 506/2007, que instruye a los jefes de las Fuerzas Armadas a disponer la supresión en las dependencias de las Fuerzas, de los reconocimientos públicos, menciones u homenajes a personas que hubieren atentado contra el orden democrático y constitucional, que se aplica desde el año 2007". Wehner estaba siendo investigado por delitos de lesa humanidad, se le atribuía responsabilidad en unos 200 secuestros durante la pasada dictadura militar.

"La norma que la señora ministra de Defensa de la Nación aplicó hace un par de días, por otra parte, es consecuente con la política de memoria y reparación histórica que desarrolla el gobierno nacional, para que Nunca más en Argentina las diferencias ideológicas y políticas se eliminen a través del terrorismo de Estado", sostuvo el INADI.Señaló asimismo que entre los desafíos más importantes de la democracia, se cuenta el de "democratizar las fuerzas de seguridad y consolidar en el ámbito de la defensa una perspectiva de trabajo institucional que asuma la temática de los derechos humanos con una visión transversal e integral". Esta nueva política de defensa se plasmó en diversos instrumentos, entre ellos el decreto presidencial 44/2007, que releva a los militares de la obligación de guardar secreto cuando son llamados a declarar (sea como imputados o testigos) en causas por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado, y la derogación del Código de Justicia Militar.

El organismo nacional afirmó que con los antecedentes que "manchan la historia argentina" es necesario reforzar la autoridad que de la Presidenta como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y "recordar que las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas, la sustracción de menores y asesinatos cometidos durante la dictadura militar de 1976-1983 han sido calificados como delitos de lesa humanidad, y que la política de verdad y justicia desarrollada por Argentina en relación con los mismos, a favor del pleno juzgamiento de quienes se sindican como autores o partícipes de esos delitos de lesa humanidad, registra pocos precedentes, al punto de ser citada ejemplarmente en todo el mundo".

Fuente:
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/

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Que similitudes le encuentran?

Asunto: DECIAMOS AYER..."PRIMERO MATAREMOS A TODOS LOS SUBVERSIVOS, LUEGO MATAREMOS A LOS COLABORADORES, DESPUES A SUS SIMPATIZANTES, ENSEGUIDA A AQUELLOS QUE PERMANECEN INDIFERENTES Y FINALMENTE MATAREMOS A LOS TÍMIDOS."GRAL. IBERICO SAINT JEAN - MAYO DE 1977. "COMO EN LA GUERRA, HAY QUE IR MATANDO A LOS DE LA PRIMERA FILA, HAY QUE BARRER A LA MAYORÍA, A LA MUGRE, PARA DESPUÉS EMPEZAR A REMAR. LO PRIMERO ES EL ENEMIGO, AL QUE HAY QUE MATAR."JORGE CHEMES, EX TITULAR DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES DE ENTRE RÍOS Y CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL DEL ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL - MAYO DE 2009.

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Tribunal Oral Federal de Posadas restringió la difusión del Juicio por la Verdad- http://www.yamisiones.com/ 11/06/09

Por decisión del Tribunal integrado por la jueza Norma Lampugnani de Arce Mielnik y los jueces Manuel Alberto Jesús Moreira y Carlos Adolfo Sodá, solo se podrá cubrir periodísticamente con registro de voces e imágenes en la primera y última etapa del debate.

Posadas. Según comentó a radio Lt4 el Ministro de Derechos Humanos de Misiones, Edmundo Soria Vieta, los testimonios de aproximadamente 45 declarantes comenzarán esta tarde, debido a que se retrasaron las testimoniales por la lectura de documentos y declaraciones por un pedido de la defensa.

El funcionario observó que “hay un eje conductor de coincidencia en 100% de los testimonios que imputan a Gómez y Cuenca, ser los jefes de las golpizas, torturas y maltratos psicológicos, casi todos son coincidentes”, dijo.

POSADAS- 11/06/2009
http://www.noticiasdel6.com/Juicio por la Verdad: forenses investigan si hay cadáveres en predio de Jefatura de Policía y en el Regimiento de Apóstoles


El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación Luis Alem dijo que el Equipo Argentino de Antropología Forense “de probada seriedad científica y como perito auxiliar de la Justicia determinará si deben hacerse excavaciones” en predios de la jefatura de Policía de Misiones y en el Regimiento 30 de Apóstoles. Recordó que dicho equipo trabaja con la Secretaría de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos que ha permitido integrar “un archivo con los datos genéticos de familiares que permitió ya 42 casos positivos”.
Para Esteban Lozina es un retroceso no televisar el Juicio por la VerdadFue víctima de la dictadura a los 19 años, denunció que fue torturado por José María Cuenca y Rubén Alberto Gómez en el penal de Candelaria. Por otra parte, el diputado provincial consideró un retroceso la no televisación del segundo Juicio por la Verdad que hoy comienza, porque el tribunal “está compuesto por funcionarios públicos que deben garantizar un juicio imparcial a los acusados, y por otra parte el derecho de los argentinos a conocer esto que ha pasado, eso forma parte de la soberanía popular, que el pueblo sepa”.
El diputado provincial afirmó en radio Libertad 92.5 que “la importancia del juicio tiene que ver con la necesidad de una sociedad que tiene que marchar a una mayor calidad institucional y tiene que ejercer el derecho a la justicia que tienen los ciudadanos”.“Es un legado hacia el futuro lo que aquí pase, que se juzgue a estas personas con todas las garantías constitucionales, garantías que no tuvimos los argentinos que estuvimos sometidos a tormentos y proceso ilegales en la pasada dictadura cívico-militar”, añadió..Esteban Lozina consideró que “lo que se trata ante que nada que quede el mensaje a la gente, de que nada es impune, más cuando se trata de un delito de lesa humanidad que no pueden prescribir de ninguna manera”.Lozina comentó que las torturas, en este caso, eran realizadas por “dos oficiales jefes de turno de esa unidad, estos se encargaban, en uno de los casos, de sacarnos encapuchados y someternos a golpes hasta caer exhaustos. Y el otro caso también golpes pero fundamentalmente tortura de tipo psicológico, nos sacaban durante la madrugada para decirnos que había muerto nuestro padre o nuestra madre, acompañado por golpes que pretendían destruirnos psicológicamente”, remarcó el diputado provincial. Cabe recordar que los torturados estaban aislados, sin ningún contacto y conocimiento del estado de sus familiares. A la hora de hablar de la condena que deberían recibir estos oficiales, Lozina dijo que “la pena no paga lo que hemos padecido nosotros, ni nuestros familiares y seres queridos, lo que la pena hace en este caso muestra que este tipo de crímenes no pueden quedar impunes”.El diputado contó que “cuando tenía 20 años me llevaron a la cárcel, la metodología de Gómez era que el no mostraba la cara en la guardia, en la madrugada nos sacaban de a uno, nos ponían una capucha al salir del pabellón, nos esposaban, nos llevaban al patio y ahí nos rodeaban los guardias y nos propinaban golpes hasta caer.”Además contó que luego tenían días de recuperación, pero siempre con duras lesiones”, a veces con costillas fracturadas, yo oriné sangre durante varios días” afirmó Lozina.“En el caso de Cuenca, el sí daba la cara, ya que el se dedicaba hacernos sentir como si fuésemos la última escoria, y luego al ver que no teníamos ninguna conciencia de el estado de nuestro familiares, adoptó la modalidad de sacarnos en la madrugada para avisarnos que habían muertos nuestro padres” comentó.
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Elevacion a juicio oral
Imputados: Nicolas Caffarello y Fernando Delgado(profugo)

El juez federal sobrogante Rodolfo Pradas elevó a juicio la causa por la cual se juzga a un militar por la desaparición y torturas que sufriera el periodista marplatense Amilcar Gonzalez el 25 de marzo de 1976. Quien será juzgado es el ex represor Nicolás Caffarello, alias el "tano Nicola", fue detenido en mayo 2007 por disposición de la Justicia federal acusado de haber participado en el secuestro y posterior cautiverio del periodista Amilcar González en esta ciudad. Según se refleja en un cable de la Agencia DyN, la resolución fue firmada este miércoles por el juez Pradas y remitida al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata que deberá fijar fecha de comienzo del juicio oral y público. Caffarello está imputado por privación ilegítima de la libertad coactiva, mediante la sustracción, retención y ocultamiento de una persona con el fin de tolerar algo contra su voluntad, agravada", según consta en la causa. La tarde del 25 de marzo de 1976, un grupo paramilitar armado entró al ministerio de Trabajo de Mar del Plata y secuestró a Amilcar González quien, junto con otros miembros del Sindicato de Prensa local, participaban de la firma un acuerdo en la cartera laboral. La puesta en marcha del Juicio por la Verdad, en febrero 2001, llevó al periodista a denunciar su propio secuestro ante la Justicia. La causa involucra también al jefe del operativo paramilitar, Fernando Delgado, actualmente prófugo y uno de los represores más conocidos en el ámbito local por su accionar a cargo del aparato represivo en los años del proceso militar. También involucra al coronel Pedro Barda, titular de la Subzona militar 15, a quien respondía Delgado, que fue juzgado en 1985 por crímenes de lesa humanidad. El secuestro del periodista, quien en ese entonces tenía 36 años, se produjo veinticuatro horas después del golpe militar que derivó en la desaparición de 30.000 personas. Amilcar González murió en Mar del Plata el 2 de Junio de 2004 como consecuencia de un cáncer que lo aquejaba. Fue Secretario General del Sindicato de prensa durante los años 70, periodista del diario La Capital en 1971, corresponsal del diario La Opinión de Buenos Aires, miembro de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y en 1975 fue jefe de la corresponsalía de la Agencia TELAM de noticias. Luego de su secuestro lo dieron por muerto y fue arrojado en la Seccional Cuarta de Policía local. Cuando se realizó el Juicio por la Verdad, hace más de 7 años, Amilcar González declaró durante dos extensas jornadas ante los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra. En su declaración testimonial denunció las "responsabilidades de Fernando Delgado, el abogado Eduardo Cincotta (hoy detenido en la cárcel de Batán acusado por crímenes de lesa humanidad), Eduardo Ullúa, (los tres de militancia en la CNU), Mario Dourquet y Nicolás Caffarello, entre otros". Según declaró por aquél entonces "lo primero que había que establecer a partir de la irrupción de la dictadura más criminal de toda la historia argentina, es que el genocidio fue ideologico. En todo caso fue el primero". El periodista, que logró salir del país en 1978 y vivió exiliado en Venezuela hasta 1984, contrajo un cáncer a los 55 años de edad. Víctima de reiteradas torturas y tormentos, González fue uno de los primeros secuestrados en Mar del Plata, ciudad en la que en total hubo más de 400 desaparecidos durante la dictadura militar. La derogación por parte del gobierno nacional de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final terminó con el amparo de los represores denunciados ante la Cámara Federal marplatense.
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ASAMBLEA PERMANENTE por los DERECHOS HUMANOS (APDH) filial San Luis
Domicilio 9 de julio 333, Dto 14 y teléfonos: 425002 – 424156 - 423379

A 33 años del golpe militar
30.000 detenidos desaparecidos ¡Presentes!
1976 - 24 de Marzo - 2009
La ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS, Filial San Luis, repudia la actitud de la Fiscal Federal que ha impedido a ésta Asamblea, que somos querellantes y que hemos denunciamos todos estos hechos desde el inicio, tomar conocimiento de las actuales decisiones sobre las indagatorias a los genocidas, ya que una vez mas no se nos considera parte del proceso. Esta actitud manifiesta una clara protección a estos máximos responsables de asesinatos y desapariciones, como es el caso del Genocida Luciano Benjamín Menéndez, que acaba de ser indagado en la Delegación de la Policía Federal con sede en San Luis, quien también protegió su huída pretendiendo evitar el repudio popular, de quienes pedíamos información sobre los hechos que allí estaban ocurriendo.- Es la misma actitud que tuvo hace meses cuando fueron llamados a indagatorias los otros genocidas, como Plá, Fernández Gez etc.-

A partir de esta declaración indagatoria exigimos que Luciano Benjamin Menéndez quede detenido en CÁRCEL COMÚN, y que no vuelva a Córdoba a gozar de su detención domiciliaria como ocurre actualmente. Asi mismo, Cárcel Común, para todos aquellos que ya están con condena, o en procesos judiciales acusados de delitos de lesa humanidad, como así también para todos los civiles, eclesiásticos que fueron cómplices del terrorismo de Estado.-
Hicieron falta más de treinta años para que comenzaran nuevamente los juicios por estos delitos, mientras los responsables del terrorismo, gozaron de toda la impunidad que le dieron las leyes de obediencia debida, punto final y el indulto y que hoy siguen pretendiendo gozar de privilegios.
San Luis, 10 de Junio de 2009 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
From:
marianalarobina@hotmail.comSubject: Ex soldados rompieron el silencio sobre delitos de lesa humanidadDate: Wed, 10 Jun 2009 14:47:25 +0000
http://www.unoentrerios.com.ar/noticias_impresas/nota.php?id=14221


Continúan declarando testigos en la causa Área Paraná
Ex soldados rompieron el silencio sobre delitos de lesa humanidad
Ex conscriptos del Ejército contaron a la Justicia cómo se ejecutaba el terrorismo de Estado.



En el marco de la causa Área Paraná, en la cual se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la región de la capital entrerriana, ayer y el lunes declararon ante la Justicia Federal ex soldados que tenían a su cargo la custodia de los detenidos ilegales en las dependencias del batallón de Comunicaciones del Ejército. Sus testimonios fueron valiosos y aportaron precisiones sobre los delitos como torturas y privaciones ilegales de la libertad.
Las primeras cinco detenciones en esta causa se produjeron la semana pasada: Hugo Mario Moyano, José Anselmo Appelhans, Jorge Humberto Appiani y Rosa Susana Bidinost están presos en las unidades penales 1 y 6 de Paraná; mientras que Ramón Genaro Díaz Bessone tiene prisión domiciliaria en Buenos Aires. El único que accedió a declarar ante la jueza Myiram Galizzi fue Appiani, el lunes.

En tanto, esta semana se presentaron a declarar como testigos un grupo de ex conscriptos, que brindaron detalles sobre el cautiverio de las víctimas del terrorismo de estado, coincidentes con el relato de los mismos detenidos, indicó a UNO la abogada del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, Marina Barbagelata.

La abogada querellante señaló “en las últimas 48 horas declararon custodios” que, entre otras cosas, contaron que quienes sufrían cautiverio estaban alojados en celdas de Comunicaciones de “un un metro por 1,80”, de las cuales “los sacaban dos veces al día encapuchados”. Estas salidas, en muchos casos tenían como destino alguno de los centros de torturas que funcionaban en Paraná, de acuerdo con las denuncias y las pruebas reunidas en la causa.

“Cuando traían o sacaban a alguien, los hacían retirar para que no observaran. Ellos escuchaban los ruidos de los autos”, amplió Barbagelata al resumir los testimonios de los soldados.

Se trata de ex conscriptos que luego de tres décadas accedieron a colaborar con la causa, pero cuyas identidades se mantienen en reserva por razones de seguridad.

Más indagatorias.
Por otra parte, el coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano, adelantó que “se está trabajando en nuevos pedidos de indagatoria y nuevas medidas” y no descartó que incluso se soliciten nuevas imputaciones.
Además de los cinco detenidos, en esta causa están imputados por delitos de lesa humanidad Alberto Rivas, Oscar Ramón Balcaza, Luis Francisco Armocida, Daniel Manuel Rodríguez, Carlos Horacio Zapata, Julio Raúl Paredes y Oscar Ramón Obaid.

Finalmente, el ex represor Juan Carlos Ricardo Trimarco será sometido a indagatoria cuando se resuelva si es imputable o no a raíz de su estado de salud. La indagatoria a Díaz Bessone estaba prevista para el lunes 15, pero deberá reprogramarse a raíz de que ese día es feriado.
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Info enviada por el cumpa Marcelo Nuñez para Red de Noticias
Declararon militares pero no recordaron hechos puntuales




Varios ex militares declararon este miércoles en el juicio oral que se le sigue a dos represores por el secuestro, torturas y homicidio del militante peronista Carlos Alberto Labolita, ocurrida en abril de 1976, pero la falta de memoria de los testigos sobre hechos puntuales impidió que el debate se enriqueciera con nuevos elementos de prueba. Uno de los últimos en declarar fue el general de Brigada Edgardo Néstor Calvi, de 84 años, quien no pudo recordar casi nada sobre distintas cuestiones planteadas por el fiscal y la querella que llevan adelante la acusación contra el coronel Alejandro Duret y el general (r) Pedro Mansilla. Calvi, que en 1976 tenía el grado de Coronel y era comandante de la Brigada Blindada 1 con asiento en Tandil, fue quien más apeló al "no lo recuerdo" para responder las preguntas del fiscal Daniel Adler .
"No me acuerdo" fue la respuesta cuando le preguntaron cuáles eran las directivas específicas que tenía el Ejército para la lucha contra la subversión, ni tampoco recordó terminología del tipo "...aniquilar al enemigo..." en relación a esa lucha. También dijo que no conocía hasta que lo vio en los diarios a raíz del juicio, el nombre de Juan Carlos Labolita, y cuando se le exhibió una notificación de la Justicia de Azul realizada ya en democracia sobre el paradero de Labolita, si bien reconoció su firma dijo que era habitual que firmara expedientes "de rutina" sin leerlos. "No tengo la menor idea de lo que quiere decir", fue su respuesta cuando uno de los querellantes le preguntó si sabía que hubo una disposición que daba a las fuerzas armadas el "control operativo" de las distintas zonas en que se dividió el país, por sobre las fuerzas de seguridad. Dijo que en los regimientos los militares vivían "aterrorizados ante la posibilidad de cualquier ataque, como había sucedido en Azul". También convocado por la defensa declaró hoy el coronel (r) Gustavo Onel, quien prestó servicios en el regimiento de Azul, desde donde supuestamente fue desaparecido Labolita. Onel dijo que había "dos o tres calabozos" en ese regimiento, pero que era utilizado exclusivamente para soldados que habían cometido faltas graves. Dijo además que, entre el 24 y el 25 de marzo de 1976, junto a la Policía Bonaerense, participó de controles de tránsito en rutas de la zona de Azul y Las Flores, y aseguró que no se detuvo a nadie. También respondió "no sé" cuando se le preguntó sobre la existencia de los denominados "grupos de tareas". Por la mañana en tanto, comenzó a declarar el mayor (r) Ricardo Humberto Russi, quien era segundo jefe del regimiento de Azul cuando Mansilla era el jefe. Sin embargo, y a pesar de la insistencia de la defensa, el tribunal dispuso no tomarle declaración cuando advirtió que sus dichos podrían autoincriminarlo en relación a hechos de represión. Carlos Labolita fue detenido ilegalmente el 25 de abril de 1976 en su casa paterna, en Las Flores, y dos días después fue alojado, también ilegalmente, en el regimiento de Azul, donde fue sometido a tormentos. A partir de allí se pierde su rastro y la justicia presume que fue asesinado. El juzgamiento está a cargo de los magistrados platenses designados por la Cámara de Casación Penal: Alejandro Esmoris (quien preside el Tribunal), Carlos Rozanski y Nelson Jarazo., que reemplazan a los integrantes originales del Tribunal Oral Federal de esta ciudad, Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Portela, recusados por la defensa de Mansilla.
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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS





















-2ºJuicio por Delitos de Lesa Humanidad 76/83

Cros. Mañana comienza el 2º juicio en la Provincia de Mnes. Más abajo van los datos del mismo. Se agradece que difundan entre sus listas de correo. Bueno, que nos vaya bien a todos. Abrazo. Milagro

Posadas
Nº 30/09 (1-881/06) "Cuenca José María, Gómez Rubén Alberto, Personal de la Colonia Penal de Candelaria Misiones (u-17) durante losa años 1976 a 1983 s/torturas agravadas" TOF Posadas y Jzgdo. Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas
Imputados:
Gómez, Rubén Alberto;Cantidad de víctimas: 18 (dieciocho). Procesado por nueve hechos por los que se lo indagó, en las que fueron víctimas Carlos Alberto Bajura, Esteban Lozina, Jorge Armando Gonzalez,Aureliano Gauto, Aníbal Velázquez, Julio Hippler, AlipioCardozo, Toribio Gómez y Sergio Sobol.
Gómez (55), apodado por sus compañeros de tiras como el "Lobo". Al parecer, ese sobrenombre se lo ganó cuando trabajó en el Penal de Candelaria

Cuenca, José María; Cantidad de víctimas 11 (once) . Procesado por vejámenes contra Carlos Alberto Bajura, Esteban Cartago Lozina -actual diputado-, Jorge Armando Gonzalez y Aureliano Gauto, entre otros.

Jueza Norma Lampugnani de Arce Mielnik podria incorporar más testimonios.
Fiscalía estará a cargo de Vivian Andrea Barboza.
Defensora oficial de Rubén Gómez Dra Susana Criado Ayan.
Defensor de José María Cuenca. DrRafael Schwengber. Querellante por Misiones, la subsecretaria de Derechos Humanos, Amelia Báe.
Y como apoderado oficiará el abogado Juan Bautista Martínez.

Procesados dde comienzos del 2007, trasladados hasta la cárcel de Candelaria, casualmente la misma en la que Cuenca se desempeñó como jefe de turno durante la última dictadura militar.

Las víctimas remarcaron que en los turnos de eran sometidos a golpizas.

El año pasado, tras realizar apelaciones de excarcelación, un fallo les concedió esperar el juicio en libertad.

José María Cuenca y Rubén Alberto “Lobo” Gómez, oficiales del Servicio Penitenciario Federal, quienes prestaban servicio en la Unidad Carcelaria 17 de Candelaria durante la dictadura, a los que se les imputa tormentos y torturas.
En principio se espera la declaración de 43 testigos que figuran en la investigación, entre los que se encuentra Alfredo Ortellado, quien ya dio su testimonio de cómo se torturaba en el penal de Candelaria.
Es de recordar que uno de los testificantes en esta causa fue el cro Enrique Igor Peczak, fallecido, quien brindó un detalado relato de sucesos sobre los que se abre este juicio.

También Alejandro Rodríguez, Francisco Félix Barrios e Hilarión Félix Barrios.
Ambos esperan el juicio en libertad, luego de que un fallo los favoreciera tras una apelación a un pedido de excarcelación realizado el año pasado.

El primer juicio, en la tierra colorada ocurrió el año pasado. El 3 de julio de ese año el militar retirado Carlos Humberto Caggiano Tedesco (87) fue declarado culpable y condenado a 25 años de prisión por la desaparición y torturas del ingeniero químico e investigador universitario Alfredo González
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CIUDAD › PROCESARON A JOSE LOFIEGO EN LA CAUSA LABRADOR
Otro motivo para que siga detenido
El represor del ex Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, José Rubén Lo Fiego (alias el "Ciego"), fue procesado en una nueva causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, en la que "se le imputan seis privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y tres homicidios", según informó la agrupación Hijos. En el marco de la denominada causa Labrador, el juez federal de Rosario Martín Bailaque dictó una nueva prisión preventiva, al reconocido represor José Lo Fiego, de quien hace unos pocos días, se había anunciado que sería dejado en libertad por una resolución de Cámara de Casación Penal, en el marco de otro expediente, la mega causa Feced.
Textualmente, la resolución de Bailaque indica "el procesamiento de José Rubén Lo Fiego", por la posible "comisión de privación ilegítima de la libertad abusando de su carácter de funcionario público agravada por violencia y amenazas cometido en perjuicio de Esperanza Labrador, María Manuela Labrador, (querellantes de la causa) Edith Graciela Koatz y Oscar Rivero; en concurso real con el delito de homicidio cometido en perjuicio de Víctor Labrador, Palmiro Labrador y Edith Graciela Koatz".
Además, el juez ordenó "la prisión preventiva" de Lo Fiego y la continuidad de su alojamiento en el Penal Policial de la Alcaldía Mayor de la Unidad Regional II de las Policía de la provincia de Santa Fe.
La resolución de Bailaque tiene fecha del 8 de junio y llegó esté miércoles 10 a las manos de los abogados de Hijos Rosario, Nadia Schujman y Ana Oberlin, quienes representan en la causa a los querellantes Esperanza, María Manuela y Tomás Labrador.
Las noticia del nuevo procesamiento y la nueva prisión preventiva, trajeron "un poco de tranquilidad" para la agrupación, debido a que "esta resolución sería un nuevo obstáculo para la libertad del represor que había solicitado la defensa de Lo Fiego".
De hecho, la Cámara Federal de Casación Penal había dado luz verde a la liberación del represor, por el tiempo de prisión efectiva transcurrido sin juicio, pero la fiscalía y los querellantes apelaron la decisión, que quedó suspendida. La Cámara es la misma que el 19 de diciembre pasado había dictaminado la libertad para los imputados de la causa Brusa, con el mismo argumento de la extensión de la prisión preventiva. Pero esa misma instancia demoró los recursos de la defensa de los represores para dilatar el juicio."Esperamos que llegue finalmente el juicio oral donde se juzgue a este torturador, antes que tengamos que estar corriendo ante otro embate de la impunidad", expresó Hijos en un comunicado de prensa.
CIUDAD
Reclamos para la Justicia

Organizaciones de derechos humanos, políticas, y sociales, se movilizan hoy, a las 11, frente a los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900 para pedir por "la aceleración e inmediata elevación a juicio oral de todas las causas" por delitos de lesa humanidad, así como la "realización de las audiencias en lugares que garanticen que los juicios sean realmente orales y públicos". La convocatoria le exige a la Corte Suprema de Justicia que determine "que los presos por crímenes de lesa humanidad permanezcan detenidos en cárceles comunes a la espera de los juicios". Y denuncia a la "la Cámara Nacional de Casación por ordenar libertades".


Fuente: Rosario 12-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS














Derechos humanos / Tribunal Oral federal N° 1
Muscará quedó fuera del próximo juicio a Menéndez
Había sido recusado. Recurren a dos jueces riojanos para completar el tribunal
El presidente del Tribunal Oral federal N° 1 de la ciudad de Córdoba, José Vicente Muscará, fue apartado de ese cuerpo en la causa ya elevada a juicio y que tiene como procesados a Luciano Benjamín Menéndez y a otros cinco represores. La salida de Muscará, quien pidió su apartamiento tras ser recusado por uno de los imputados en ese expediente, se suma a la renuncia del vocal Carlos Otero Álvarez. De esta forma, para el proceso oral y público que debe ser puesto en marcha quedó como único integrante del tribunal Jaime Díaz Gavier. Las vacantes –sólo para este caso– serán cubiertas por dos jueces riojanos, según lo resolvió la Cámara Nacional de Casación Penal. Se trata de Sergio Arturo Grimaux y Jorge Quiroga Uriburu, ambos del Tribunal Oral Federal de aquella provincia. La decisión de Casación tiene fecha del 19 de mayo pasado, aunque recién trascendió ayer. “Si desde mayo ya está integrado el tribunal con Díaz Gavier y los dos jueces riojanos, tendrían que fijar fecha de una buena vez para el juicio en el caso Albareda”, comentó a este diario Miguel Baronetto, dirigente de entidades de derechos humanos y secretario de ésa área de la Municipalidad de Córdoba. En tanto, Díaz Gavier dijo a La Voz del Interior que faltan algunos pasos para que quede confirmada la incorporación de Quiroga Uriburu. “Objetivamente, Muscará no va a intervenir en el juicio. Aparte de que lo recusaron, él se inhibió porque hay una causa objetiva de apartamiento y así se lo aceptó el tribunal”, dijo Díaz Gavier. Agregó que Grimaux reemplazará al renunciante Otero Álvarez y que Quiroga Uriburu hará lo propio con Muscará. Este magistrado había sido objetado por el procesado Miguel Ángel Gómez, quien argumentó que Muscará lo defendió como abogado particular, a fines de la década de 1970, en una causa que se tramitó en la Justicia de Río Cuarto. En marcha. “Todavía no está constituido el tribunal, pero hemos pedido que Quiroga se integre en esta causa”, dijo Díaz Gavier en relación con el caso Albareda, que investiga el asesinato del comisario Ricardo Fermín Albareda, ocurrido a fines de la década de 1970. Este sumario tiene como principal procesado a Menéndez, quien el año pasado fue condenado en Córdoba y luego en Tucumán por delitos de lesa humanidad. Por los dichos de Díaz Gavier, se desprende que el juez Grimaux ya está designado para el futuro juicio a Menéndez y para otras causas vinculadas con la represión de la dictadura. Quiroga Uriburu sólo había sido convocado para analizar las recusaciones, pero Díaz Gavier sostiene que es inminente su oficialización como integrante del Tribunal Oral N° 1. “Son cosas más o menos rápidas. Como Quiroga Uriburu ya fue designado para intervenir, es una formalidad muy breve, algo para resolver en los próximos días”, estimó. El magistrado cree que el nuevo juicio a Menéndez podría sustanciarse en la segunda mitad del año. Para que eso ocurra, primero, debe resolverse qué otras causas se agregarán a la que ya está enviada a juicio, la referida causa Albareda. Entre la maraña de expedientes por violaciones a los derechos humanos que esperan ser elevados a juicio, se anotan la causa Gontero, en la que se analizan los secuestros y torturas sufridos por ex policías, y la denominada UP1, en la que se investigan 32 crímenes ocurridos en su mayoría en la cárcel de barrio San Martín. La jueza Cristina Garzón de Lascano ya corrió vista a las partes de la última causa para elevarla a juicio, lo que ocurriría antes de la feria de julio. “Lo positivo es que, ya que no pudimos tener el juicio por Albareda antes, ahora se van a acumular varias causas”, evaluó el abogado de entidades de derechos humanos Martín Fresneda. Causas en espera Albareda. Investiga el crimen del comisario de la Policía Ricardo Fermín Albareda, ocurrido a fines de la década de 1970 y tiene como procesados a Luciano Benjamín Menéndez y a otros cinco represores. Gontero. Se investigan los secuestros y torturas a ex policías. UP1. Se juzgarán los 32 crímenes perpetrados en su mayoría en la cárcel de barrio San Martín.


Análisis
Entre vacantes y recusacionesPor Carlos Paillet.
A la módica dotación de jueces que se desempeña en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba, por las vacantes de vieja data aún sin cubrir, se suma una ola de recusaciones e inhibiciones de magistrados. Este escenario se da en causas de alto impacto público y político, como las que se ventilan por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. La endeblez del sistema es de tal magnitud que el Tribunal Oral Federal N° 1 quedó con un solo miembro en pie para poner en marcha el próximo juicio a Luciano Benjamín Menéndez y otros represores enredados en varios expedientes que se terminarían por acumular. La renuncia de Carlos Otero Álvarez y la recusación que cayó sobre el titular del cuerpo, José Vicente Muscará, derivó en que Jaime Díaz Gavier tenga que compartir el estrado con dos camaristas federales con asiento en La Rioja. El tribunal desmantelado, que el año pasado cobró notoriedad nacional por condenar a Menéndez y a otros torturadores de La Perla, ya se había quedado sin su fiscal natural, Maximiliano Hairabedian, quien planteó su propia inhibición. Su reemplazante, José Fabián Asís, debutó con una sonora embestida contra Otero, quien optó por dimitir bajo sospecha de haber sido “funcional” a la dictadura. Nada parece claro. La campaña rumbo a las urnas del 28 de junio ha frenado en el Consejo de la Magistratura el tratamiento de la acusación que pesa sobre otros cuatro jueces federales de Córdoba. El panorama tiende a enredarse, mientras los juicios continúan en pausa y sin agenda definida.

Fuente:La Voz del Interior

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Cátedra Libre de Derechos Humanos dHs
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (UNSE)
CICLO DISERTACIONES
JUICIO A LA IMPUNIDAD
Disertaciones
DESDE EL 8 DE MAYO al 10 DE JULIO de 2009
TODOS LOS VIERNES
Lugar: Aula 23
Fac. Cs. Exactas y Tecnología, UNSE
19.00hs
Día 12 de JUNIO
Dra.Martha Vedio Dr. Oscar Alberto Rodríguez- querellantes juicios de M. O. Etchecolatz y Ch. F. Von Wernich.
Tema: LA EXPERIENCIA DE LOS JUICIOS DE LA PLATA Y LAS CONDENAS POR GENOCIDIO
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Date: Mon, 8 Jun 2009 15:39:20 -0300Subject: Foro 12 de junio. VIOLACIONES A LOS DDHH DE LAS MUJERES BAJO CONFLICTO ARMADOFrom:
clddhh3@gmail.com
AGRADECEMOS SU DIFUSION

La Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, organiza el

FORO

VIOLACIONES A LOS DDHH DE
LAS MUJERES BAJO CONFLICTO ARMADO

PARTICIPAN * ROCIO CLAROS, miembro de la Asamblea de Mujeres por la Paz y la Plataforma Continental de Mujeres "Paz Con Justicia Paz para Colombia" * SOLEDAD GARCIA MUÑOZ, directora del Area de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, Maestría de Derechos Humanos, FCJS, UNLP. Vicepresidenta del Comité Ejecutivo Internacional Amnistía Internacional * MARTA VASALLO, periodista * KATHARINA WOLTMANN, miembro de Amnistía Internacional, Alemania
VIERNES 12 DE JUNIO - 20 HORAS - AULA 345
PUAN 480
Lu-ma: 12 a 16 hs. Mié, juev, vie:de 14 a 18 hs.
Oficina 358 'C' – 3er. piso - Tel: 4432-0606 int. 207
cddhh@filo.uba.ar / clddhh@gmail.com
http://www.filo.uba.ar/extensión/catedras libres/ddhh

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La Corte confirma que Patti va a juicio oral por encubrimiento
09/06/2009 - Se trata de la causa en la que se investiga la desaparición de militantes montoneros en 1980. El Máximo Tribunal dejó firme la decisión de la Sala II de la Cámara Federal porteña que ordenó la sustanciación del juicio. Fallo completo
Fallo completo 11.24 Kb.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja presentada por la defensa de Luis Abelardo Patti, por lo cual quedó firme la decisión de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que ordenó la realización de un juicio oral en el que deberá aclararse la participación de Patti en el supuesto encubrimiento de dos prófugos, Jorge Granada y Luis Arias Duval, quienes tenían pedido de captura por la desaparición de un grupo de militantes montoneros en 1980.
La resolución del Máximo Tribunal obedece a que el planteo interpuesto por la defensa de Patti no había cumplido con el requisito de fundamentación autónoma. Anteriormente, la Sala II de la Cámara de Casación consideró que la apelación no se dirigía a una sentencia definitiva y también había desestimado la queja.
En los autos principales, el juez federal a cargo del Juzgado N° 7 de la ciudad de Mar del Plata, procedió a cambiar la calificación del hecho que se le imputaba a Luis Abelardo Patti –encubrimiento- por uno más grave, y la defensa, que pretendía se declarara prescripta la acción penal, apeló esa decisión.
La Sala II de la cámara federal porteña declaró abstracta la cuestión y decidió que lo actuado era válido: declaración indagatoria, prisión preventiva, requerimiento de elevación y el auto de clausura. Y por lo tanto, ordenó la realización del juicio oral para aclarar la participación de Patti en los hechos mencionados.
Informe de Prensa Nº 81 Buenos Aires, 9 de junio de 2009
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Fallo considera que torturas a soldados en Malvinas son delitos de lesa humanidad
09/06/2009 - Es una resolución de una jueza federal de Río Grande. Aseguró que los malos tratos de superiores a conscriptos son delitos contra los DDHH y por lo tanto son imprescriptibles. En la causa se investigan torturas y otras degradaciones. Fallo completo

Fallo completo 68.95 Kb.

Una jueza federal de Río Grande, Tierra del Fuego, consideró que los vejámenes de militares contra conscriptos argentinos en Malvinas son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben.
En la causa están imputados más de 70 oficiales y suboficiales del Ejército, y se investiga la comisión de torturas y otras degradaciones.
En la resolución, la magistrada Liliana Herraez aseguró que los crímenes investigados "son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van mas allá de los limites de lo tolerable para la comunidad internacional. Cuando el individuo es agredido en sus más altos valores, se ataca también a la humanidad. Por eso lo que caracteriza esencialmente el crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como victima".
"Los sucesos aquí denunciados y aún en plena etapa de investigación, admitirian en este precario estado de las actuaciones coincidir con lo dictaminado por el Sr. Fiscal, en cuanto luego de un exhaustivo analisis legal, califica a los delitos traídos en análisis como delitos de lesa humanidad. Por consiguiente imprescriptibles en base a los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos", agregó.
La resolución de Herraez fue en el marco de un incidente de incompetencia en razón de la materia y prescripción promovido por un abogado defensor.
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Lesa humanidad: ratifican a querellante en causa "Labolita"
09/06/2009 - La Corte Suprema de Justicia desestimó la queja presentada por el ex militar Pedro Mansilla, por el que cuestionó la decisión judicial que admitió como parte querellante a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Fallo completo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja interpuesta por la defensa del General del Ejército (RE) Pedro Pablo Mansilla, que había cuestionado la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, por haber admitido como parte querellante a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa en la que se investiga el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, ocurrido en la localidad de Las Flores, en el año 1976.
Los ministros Lorenzetti, Highton, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni tuvieron en cuenta que el recurso extraordinario cuya denegación había originado sus intervenciones en la causa, no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 15 de la ley 48). La Dra. Argibay, por su parte, consideró que el recurso era inadmisible sobre la base de lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Informe de Prensa Nº 82 Buenos Aires, 9 de junio de 2009
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DDHH: fijaron fecha para nuevo juicio oral en Santa Fe
07/06/2009 - Será el próximo 1° de septiembre. Se trata de la causa en la que se investiga al ex juez federal Víctor Brusa, acusado de violaciones a los derechos humanos. Hay otros seis procesados y en el debate se espera que declaren más de 100 testigos
El próximo 1° de septiembre comenzará el juicio oral contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros seis imputados, por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto.
El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, y se espera que más de 100 testigos declaren durante el debate.
Los otros imputados son Héctor Romero Colombini (ex comisario) Eduardo Alberto Ramos Campagnuolo, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi, Mario José Facino (subjefe comisaría 4ta.) y Domingo Manuel Marcelini.
En tanto, son 14 las víctimas y nueve los querellantes, y se espera que el juicio dure entre tres y cuatro meses, donde además están programadas varias inspecciones judiciales durante el debate.
El tribunal estará integrado por un juez subrogante, Roberto Manuel López Arango (del Tribunal Oral de Paraná), y dos conjueces abogados: Carlos Renna y Andrea Alberto de Creu.
Se trata del segundo juicio oral que ya tiene fecha de inicio. El otro será el próximo 30 de junio, por la causa contra Horacio Américo Barcos, ex personal civil de Inteligencia del Ejército Argentino, acusado de haber formado parte de un grupo que habría secuestrado a Amalia Petrona Ricotti y a su esposo, José Alberto Tur (ya fallecido), y de haberlos presuntamente sometido a tormentos mientras estuvieron en cautiverio, en 1978, en el centro clandestino de detención conocido como “La casita”.
Fuente:
http://www.cij.gov.ar/

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Ordenan nueva detención de un represor por la causa UP1
Pablo D’Aloia había sido liberado en noviembre pasado por la jueza Garzón de Lascano. Piden a la Cámara que frene la salida de Bouwer de Menéndez.
Redacción
LAVOZ.com.ar
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó hoy que un ex militar que había estado preso por crímenes de lesa humanidad cometidos en la cárcel de San Martín, ex Unidad Penitenciaria Nº1 (UP1), vuelva a quedar bajo arresto. Se trata de Francisco Pablo D’Aloia, quien había sido liberado en noviembre pasado por la jueza federal Nº3 Cristina Garzón de Lascano en el marco de la causa conocida como "UP1", en la que se analizan los tormentos y asesinatos de 32 presos políticos durante la dictadura. D’Aloia estaba esta mañana en Buenos Aires y se espera que se presente en Córdoba en las próximas horas. Antes había estado detenido en el Tercer Cuerpo de Ejército, pero como la jueza ya envió a los ocho represores que estaban alojados ahí hacia la cárcel de Bouwer, por lo que ése debería ser en principio su destino. Hoy, la Cámara Federal, integrada por Abel Sánchez Torres, Ignacio Vélez Funes y Luis Martínez, revocó la excarcelación de Garzón de Lascano y cuestionó a la juez por haber modificado la situación del imputado "sin elementos nuevos que permitan y justifiquen dicho cambio", haciendo lugar al pedido del fiscal general Alberto Lozada.

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Piden a la Cámara Federal de Apelaciones que frene la salida de Menéndez de Bouwer
Organismos de Derechos Humanos presentaron un petitorio para que se revea el beneficio del arresto domiciliario. Antes, la situación del represor puede cambiar por causas en San Juan.


Redacción
LAVOZ.com.ar
Un petitorio firmado por unas 2 mil personas fue entregado hoy a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba para que se rechace el beneficio de prisión domiciliaria de Luciano Benjamín Menéndez y otros represores (ver el escrito en el sitio de Hijos ). Menéndez continúa actualmente en la cárcel de Bouwer a disposición de la Justicia Federal de San Juan, aunque ya obtuvo el visto bueno de la Cámara Nacional de Casación y de la jueza Cristina Garzón de Lascano de Córdoba de seguir cumpliendo su condena de prisión perpetua en su casa de barrio Bajo Palermo. La fiscal federal Nº2 de San Juan, Silvina Godoy, dijo a LAVOZ.com.ar que recién ayer al mediodía accedió a los pedidos formulados por la defensa de Menéndez y que ahora tiene tres días para oponerse al beneficio solicitado, para que luego adopte una resolución el juez Leopoldo Rago Gallo (ver Menéndez seguirá otra semana en la cárcel de Bouwer 03/06/09). La semana pasada, al indagar en Córdoba al ex jefe de Tercer Cuerpo de Ejército, Rago Gallo había dicho a este medio que durante esta semana podía haber novedades. Menéndez aguarda en prisión la decisión del magistrado sanjuanino para volver a su casa, donde estará sin custodia y será controlado sólo cada seis días por el Patronato del Liberado, según dispuso la jueza Garzón de Lascano. En la Cámara. De todos modos, más allá de lo que disponga Rago Gallo en el marco de tres causas por secuestros, torturas y desapariciones ocurridas en San Juan, en Córdoba podría también interrumpirse la salida de la cárcel del represor. La fiscal federal Nº3 de Córdoba, Graciela López de Filoñuk, ya se opuso al beneficio otorgado y ahora es la Cámara Federal de Apelaciones la que puede revocarle a Menéndez la condición de arresto domiciliario, razón por la cual los organismos de derechos humanos entregan hoy el petitorio en esa instancia. "La Cámara tiene en sus manos la facultad para resolver esta situación luego de que la Fiscal López de Filoñuk apelara la resolución de la Jueza Cristina Garzón de Lascano que concedió el benefició", dice Hijos en un comunicado. "Los organismos de derechos humanos han realizado un petitorio en contra de la prisión domiciliaria de Menéndez. Queremos solicitar que se haga una correcta lectura de la ley, y que a los acusados por crímenes de lesa humanidad no puedan acceder a la prisión domiciliaria", dijo a Radio Universidad el abogado Claudio Orosz, de Hijos. Hasta el momento, Hermes Rodríguez y Carlos Vega son los represores condenados junto a Menéndez que ya están cumpliendo la sentencia en sus casas. Casación los benefició porque la condena no está firme y son mayores de 70 años.
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Revocan excarcelación de imputado por crímenes contra los derechos humanos
10/06/2009 - La Cámara Federal de Córdoba dejó sin efecto la medida que benefició al ex militar Francisco D'Aloia y ordenó su inmediata detención. Fue en el marco de la causa Alsina, donde se investigan delitos cometidos en aquella provincia. Resolución completa

Resolución completa 19.86 Kb.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó la resolución que concedió la excarcelación al ex militar Francisco Pablo D’Aloia, imputado por delitos de lesa humanidad, y ordenó su inmediata detención.
El tribunal también recomendó al Juzgado Federal N° 3 de aquella ciudad, que le había concedido el beneficio a D’Aloia en noviembre último, que evite modificar situaciones jurídicas resueltas por la cámara sin elementos nuevos que permitan y justifiquen dicho cambio.
La medida recayó en el marco de la causa “Alsina”, conocida como UP1, y en la que también está imputado el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla.
Fuente:
http://www.cij.gov.ar/
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EL PAIS › DEFENSA PROHIBIO QUE EL GENERAL ALTIERI BRINDARA HOMENAJES FUNEBRES A UN REPRESOR Y EL MILITAR FUE PASADO A RETIRO
Con 154 razones para un velorio sin honores


“Por suerte, la mayoría de las Fuerzas Armadas cree que éste es un capítulo vergonzoso que hay que cerrar con justicia”, dijo Garré.


Por Nora Veiras
El jefe de la V Brigada de Montaña de Salta, general Jorge Enrique Altieri, pidió el pase a retiro porque la ministra de Defensa, Nilda Garré, no lo autorizó a velar con honores al general retirado Rodolfo Wehner, procesado por 154 secuestros. Altieri había sido ascendido en diciembre pasado y le había ofrecido a la familia de Wehner realizar el velorio en el Regimiento de Caballería Ligero 5 “General Güemes”. Una resolución firmada por Garré establece que ese privilegio está vedado para los imputados en causas por delitos de lesa humanidad. Los allegados a Altieri hicieron trascender que estaba “harto de ser funcional a la destrucción de las Fuerzas Armadas”. En el Edificio Libertador evaluaron como “exagerada e impropia” la reacción del general. Un camarada interpretó que “es evidente que es una muestra de rechazo a la política de derechos humanos del Gobierno”. Garré dijo que “por suerte la gran mayoría de las Fuerzas Armadas cree que éste es un capítulo vergonzoso que hay que cerrar con justicia” (ver aparte).
Altieri fue uno de los coroneles propuestos para ser ascendidos a general por el ex jefe del Ejército Roberto Bendini y por su sucesor, Luis Pozzi. “Es un hombre poco flexible, pero hasta ahora podíamos decir que ideológicamente no estaba en ningún lado”, comentó un alto oficial que creía conocerlo. Altieri le pidió autorización al comandante del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, Carlos Pedro Artuso, para realizar el velatorio con honores. La respuesta fue que se comunicara directamente con el Estado Mayor Conjunto. En un par de horas, Altieri recibió la orden de no avanzar en esa ceremonia.
Guillermo Wehner, el hijo de uno de los jefes de las siete áreas en que se dividió la represión ilegal en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, calificó como “una gran injusticia” la decisión de Garré. En diálogo con Radio 10, Wehner dijo que “es un orgullo” contar con generales como Altieri pero que le causó “dolor perder hoy a un general”.
La esposa de Wehner, Lucrecia Milagro Grande, fue quien pidió la ceremonia con honores. Reina de Belleza en su juventud y perteneciente a una de las familias tradicionales de Salta, daba por descontado el beneplácito de las autoridades. El apoyo de los militares retirados y el acompañamiento de la prensa local tornaban inconcebible un rechazo. Para entender lo que estaba pasando, su hijo recomendó un artículo de El Tribuno, titulado “La montonera que se hizo jefa”, en alusión a Garré.
Prontuario
Wehner es uno de los seis acusados por 154 secuestros en la causa a cargo del Tribunal Oral Federal 5 en la que el principal imputado es el general retirado Jorge Olivera Róvere, ex segundo comandante del I Cuerpo y jefe de la subzona Capital de la represión ilegal durante la última dictadura.
Como ex jefe del Regimiento de Granaderos “General San Martín” y del área militar III desde el golpe de marzo de 1976 hasta fines de 1977, a Wehner se le imputaban 51 privaciones ilegales de la libertad. Bajo esa jurisdicción represiva funcionaron centros clandestinos de detención, torturas y exterminio como los denominados Club Atlético, El Banco y Olimpo.
El 24 de marzo de 1976, Wehner estaba al frente de los Granaderos que custodiaban a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. No intervino en su detención porque la sacaron de la Casa Rosada directamente en helicóptero y la recluyeron en la residencia de descanso oficial El Mecidor, en Villa La Angostura.
El proceso contra Wehner estaba suspendido por razones de salud. En realidad, había sido recluido con prisión domiciliaria, pero a raíz de su tratamiento de diálisis había sido beneficiado. Altieri habría discutido con su superior directo, el jefe del III Cuerpo, porque alegó que tiene que primar la presunción de inocencia. “No tuvo en cuenta que estaba procesado por más de cincuenta secuestros”, señaló un abogado que recordó la responsabilidad como responsable de área de Wehner.
El protocolo castrense sigue vigente aunque ha sido restringido en los últimos años. En 2003, el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri fue velado con honores y despedido por el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien lo definió como “un soldado disciplinado”. Murió mientras cumplía prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad, pero como mantenía el grado y no tenía una condena firme cumplieron con el ritual vigente. Desde la asunción de Garré se prohibió el reconocimiento a los imputados en causas por violaciones a los derechos humanos. Hasta el planteo de Altieri no habían aparecido reclamos de familiares que querían despedir con honores a los represores pese a que fueron varios los que fallecieron en los últimos años.
La inhumación de los restos de Wehner en el cementerio privado Virgen de la Misericordia fue acompañado por unas 160 personas, entre ellos cinco oficiales en actividad y varios retirados. Todos vestían uniforme, tal como lo estipula el reglamento vigente. El general Altieri asistió junto a un grupo de camaradas.
El desenlace del caso Wehner puso en evidencia que todavía quedan pendientes privilegios que sólo se justifican como una rémora del pasado. Garré repite que los militares son ciudadanos que visten uniforme. Ningún otro empleado público recibe honores por el sólo hecho de morirse.
EL PAIS
La “guardia de velatorio”
Dentro de la Jefatura de Personal de cada fuerza armada existe una “guardia de velatorio”. Oficiales superiores y jefes de cada jerarquía (generales, brigadieres, almirantes y así en línea descendente) permanecen atentos a que se produzca la muerte de un oficial de su misma jerarquía. Su función es comunicarlo a cada fuerza, informar del deceso y del lugar del velatorio. El oficial de la misma jerarquía que el fallecido es el encargado de organizar la rendición de honores reglamentaria, así como la presencia de un determinado número de oficiales y suboficiales y la posterior rendición del homenaje en el lugar de la inhumación de los restos. Cuanto mayor es el grado, mayor es la cantidad de gente y las pompas que corresponden. En el caso de los oficiales superiores con mando de unidades, la reglamentación habilita a que sean velados en el lugar donde ejercieron su comando de mayor importancia. A nivel internacional, los usos y costumbres establecen que los honores se les rinden a los muertos en combate y a los que tuvieron acciones heroicas durante la guerra. En línea con este criterio, la ministra Nilda Garré dictó hace un par de años una resolución que les otorga a veteranos de Malvinas de todas las jerarquías la rendición de honores idénticos.
EL PAIS › LA MINISTRA NILDA GARRE
“Un capítulo vergonzoso"
Hay algunos que creen que salvan a las Fuerzas Armadas mediante un comportamiento solidario y corporativo con los terroristas de Estado”, dijo la ministra de Defensa, Nilda Garré, en alusión al pedido de pase a retiro del general Jorge Enrique Altieri porque se le prohibió despedir con honores al represor Rodolfo Wehner. En diálogo con el programa El nombre de las cosas, de Radio Nacional, Garré destacó que “la justicia es la única forma de cicatrizar las heridas y de acercar a las Fuerzas Armadas con la sociedad”.
–¿Cómo se llega a la decisión de ordenar que no se le realizaran honores a este general que falleció el viernes en Salta?
–Este general era, en el momento del Proceso, coronel y estaba a cargo del Regimiento de Granaderos a caballo de manera que era la guardia presidencial, incluso en el momento del golpe de Estado. Estaba ahora procesado por graves delitos, en la causa en la que están también procesados el general Olivera Rovere, que es la causa del Primer Cuerpo del Ejército. Atento que tenía que estar haciendo diálisis dos o tres veces por semana, el tribunal entendió que había que suspender ese juicio para que pudiera atenderse de su problema de salud adecuadamente. No era posible tener una persona en las audiencias en la medida en que tuviera que ser retirada todo el tiempo para ser llevado a diálisis. Realmente por un tema de caridad, un tema humanitario, el tribunal suspendió el juicio. Es decir, que además de los múltiples obstáculos que se pusieron para que en tiempo y forma estuviera condenado por estos hechos aberrantes, hubo una situación en la que por el verdadero y profundo respeto por los derechos humanos que tiene hoy esta sociedad, se determinó que no estuviera todavía condenado. Pero su situación en ese juicio era muy comprometida. En medio de esta situación, se produce su muerte. Obviamente no íbamos a facilitar un regimiento para que fuera velado y le rindieran cualquier tipo de homenajes porque entendemos que es una persona que estaba sometida a juicio por hechos gravísimos y no podíamos ser tan incongruentes frente a esta acción de la Justicia que se interrumpe nada más que por razones humanitarias. De manera que dimos esa orden que motivó el pedido de retiro del jefe de la unidad. El retiro no está fundado, pero uno podría deducir que ha sido por discrepar con esa orden.
–Sí, al parecer ha dicho que él no iba a ser funcional a la destrucción de las Fuerzas Armadas.
–No conocía sus declaraciones ¿Qué no iba a ser funcional a qué?
–A la destrucción de las Fuerzas Armadas.
–Hay algunos que creen que salvan a las Fuerzas Armadas mediante un comportamiento solidario y corporativo con los terroristas de Estado, con aquellos que incurrieron en gravísimas violaciones a los derechos humanos, hechos que le produjeron a las Fuerzas Armadas un deterioro, un desgaste, un alejamiento de la sociedad y que las hicieron incurrir en los hechos más aberrantes, desde robarse chicos, hasta torturar a mujeres embarazadas. Algunos creen que rindiendo honores a los que hicieron esas cosas prestigian a las Fuerzas Armadas. Por suerte la gran mayoría de las Fuerzas Armadas entiende que ése es un capítulo vergonzoso y que hay que cerrarlo con justicia, es la única forma de cicatrizar las heridas y poder iniciar un proceso de acercamiento y de definitiva reconciliación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.
–¿Cómo analiza que se juzgue a militares que torturaron o habilitaron torturas en Malvinas?
–Es otra deuda pendiente, lamentablemente. Siempre se ha juzgado el acierto o el error de la decisión de la Guerra de Malvinas, se han juzgado también a través del informe Rattenbach, los errores de tipo profesional, de tipo táctico. Pero había un capítulo que era el del tratamiento de los soldados conscriptos tanto en la guerra como después de la guerra. Se los trajo casi escondidos y se los ocultó como si los culpables de haber perdido la guerra fueran ellos. Con eso se agudizaron las situaciones de stress postraumático y seguramente, este tratamiento tuvo mucho que ver con los suicidios que se produjeron postguerra. De manera que tanto el tema de juzgar los abusos, como el de reparar el olvido y los agravios que recibieron estos muchachos eran asignaturas pendientes de esta sociedad.
–En otro sentido, pero también con rémoras del pasado, usted tomó una decisión hace pocos meses de pedirle a la misión oficial militar de los Estados Unidos que tenía oficinas en el Ejército y la sede del actual Ministerio de Defensa que buscaran otro lugar donde alojarse.
–Parece una lógica obvia que no puede haber presencia de fuerzas extranjeras, de ninguna fuerza extranjera en el área de la Defensa argentina. Esos eran viejos convenios muy marcados por los principios y los criterios de la guerra fría. Había dependencias, primero en las tres fuerzas, incluso había una oficina de investigaciones de cooperación científica tecnológica en el propio Ministerio de Defensa y entendimos que eso no correspondía. Lo conversamos con las autoridades norteamericanas, con el propio embajador. Entendieron que esas cosas no son lógicas, más aún cuando no existe un mecanismo de reciprocidad.
–No hay militares argentinos en el Pentágono.
–No, claro. Y es lógico. Porque son áreas en las que no es razonable que haya fuerzas extranjeras presentes. Era algo de fuerte sentido simbólico y nos parecía razonable, en un ejercicio de nuestra soberanía, que fueran así las cosas. Las autoridades norteamericanas lo comprendieron. Y dijimos que si ellos no tenían donde ubicarse, podíamos dar alguna instalación por algunos meses en alguna de las áreas civiles del ministerio, pero de ninguna manera en las áreas militares. Las relaciones con Estados Unidos son de cooperación, de amistad, de intercambio y eso de ninguna manera lastima esos vínculos.
Fuente: Pagina12
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Garré frenó el velatorio de un militar represor
Rodolfo Wehner murió el jueves en Salta y, a pesar de la orden expresa del Ministerio de Defensa, se dispuso una ceremonia con honores en el Regimiento de Caballería. El jefe de la unidad militar pidió el pase a retiro.
Martina Noailles
10.06.2009


La decisión de la ministra de Defensa, Nilda Garré, de prohibir un velatorio con honores militares a un general retirado del Ejército, procesado por más de trescientos delitos de lesa humanidad, provocó malestar en un sector del Ejército. La ceremonia que frenó Garré estaba destinada a Rodolfo Wehner, un represor que murió el jueves pasado en Salta. En desacuerdo con la orden oficial, el jefe de la Quinta Brigada de Montaña de esa provincia, Jorge Altieri, renunció a su cargo. Aunque existe una resolución del Ministerio de Defensa que prohíbe velar en unidades militares a personas involucradas en causas por violación a los derechos humanos, el general Altieri decidió levantar una capilla ardiente en el Regimiento de Caballería 5, en honor a Wehner. Enterada, Garré ordenó frenar el velatorio, lo que generó el enojo de Altieri y su pedido de pase a retiro. El ex general de división Rodolfo Wehner fue jefe de Granaderos a Caballo durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Desde ese cargo, y luego de que Isabelita firmara en octubre de 1975 el decreto que ordenaba “el aniquilamiento del accionar subversivo”, Wehner definió a la militancia como “asesinos rechazados por Dios, por la Patria, por sus hogares y por el pueblo”.Meses después, con el golpe cívico militar en pleno funcionamiento, el general se transformó en jefe del Área III, una de las siete en que el Ejército dividió a la Capital Federal y, con ello, el mapa de la represión. Por este lugar en la cadena de mandos, la Justicia responsabilizó a Wehner de más de 300 casos, entre torturas, secuestros y desapariciones, cometidos en distintos centros clandestinos, bajo la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, a cargo de Jorge Olivera Rovere. Su enfermedad renal y el tratamiento de diálisis al que estaba sometido impidió que Wehner estuviera sentado en uno de los dos juicios orales que ya se elevaron en su contra y que comenzó en marzo pasado. En ese proceso, que actualmente lleva a cabo el Tribunal Oral 5, están siendo juzgados Olivera Rovere y otros cuatro jefes de área. El general retirado estaba involucrado además en el juicio por 158 delitos cometidos en el circuito de CCD “Atlético-Banco-Olimpo” que comenzará en los próximos meses. El represor había fallecido el jueves en el Hospital Militar de Salta, provincia en la que vivía desde hace años. Con su decisión de brindar un velatorio con honores, el general Altieri no sólo ignoró el pasado de Wehner, sino que también desconoció la orden del Ministerio de Defensa, lo que obligó a Garré a frenar sobre la marcha el traslado del militar desde la clínica a la unidad de caballería. Por la orden, los restos del militar tuvieron que ser trasladados nuevamente al centro asistencial y luego de algunas horas los familiares consiguieron que sean velados en una sala del centro de la ciudad de Salta.Enojado, Altieri se acercó a la familia de Wehner y le comunicó su decisión personal e irrevocable de pedir su retiro de la fuerza. El comandante de la V Brigada de Montaña había alcanzado ese cargo en febrero pasado, tras ser ascendido de coronel a general.
Fuente: Critica de la Argentina

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Mamaní habría tenido un incidente con cuatro policías antes de ser atacado
El joven Armando Mamaní, quien se recupera en el área de cirugía del Hospital San Bernardo, habría mantenido un altercado con cuatro policías de civil poco antes de recibir la paliza que le provocó una traumatismo encefalocraneano y lo dejó inconsciente por días.
Armando Mamaní.

El dato fue volcado en la investigación, a cargo del juez de Instrucción de 1º Nominación de esta ciudad, Martín Pérez, por testigos que la madrugada del 31 de mayo estuvieron en el boliche Zoomber Pub, en pleno centro de Cafayate, donde estuvo Mamaní antes ser atacado a golpes y dejado inconsciente en un callejón del Mercado Municipal.
El abogado Andrés Ruarte, quien ayer se constituyó en querellante en representación de la familia de Mamaní, informó que por los testimonios de los últimos testimonios, entre ellos el de Mario Gerardo Zerpa y del joven Sebastián Irigoyen, que estaba con el agredido, se sabe que hubo un incidente con cuatro policías que se desempeñan en Animaná y que inclusive dos de ellos prácticamente lo habían tomado de parte de su cuerpo.

Estas dos personas abandonaron el local poco después. Algunos testigos habrían mencionado que uno de los policías es conocido con el apodo de Jhony. Mamaní fue agredido a alrededor de las 4 de la mañana, luego de salir del boliche. A estas declaraciones se suman los dichos de otra testigo, Carolina Hansen.

El abogado de la querella dijo que la chica contó que cuando comenzó a preguntar sobre lo que había ocurrido con Mamaní, a quien vio tirado y con personas junto a él, el vendedor de choripanes Néstor Francisco Guaymás, le advirtió: "Mirá, si no querés tener problemas, andate". Según informaron fuentes judiciales, es posible que se ordene la libertad del único detenido por este hecho, un joven de apellido Suárez.
Las fuentes precisaron que no cuenta con antecedentes, además de que los testimonios recibidos estarían apuntando a desvincularlo del hecho. Se supo que en este sentido declaró una ex novia del detenido, Carolina Rodríguez, quien desmintió una versión acerca de que ella había bailado con Mamaní y eso había despertado el enojo de Suárez. El abogado del detenido pidió que fuera eximido de prisión. Ayer también declaró el hombre cuyos dichos fueron utilizados, en principio, por la Policía de Cafayate para afirmar que Mamaní se había provocado los traumatismos al caer y golpearse con el cordón cuneta. Carlos Daniel Martínez Villagra, un empleado del Ministerio de Educación insistió ayer en que vio al herido caminar borracho, caer y golpear su cara contra el cordón. Este hombre es quien avisó a los guardias del boliche sobre la presencia del muchacho inconsciente.
Las fuentes judiciales indicaron que todavía quedan muchos testimonios por tomar, por lo que el juez evalúa la posibilidad de constituirse en Cafayate para avanzar en la investigación de este hecho que mantiene en vilo a los vecinos de esa ciudad, quienes ya realizaron cinco marchas en reclamo del esclarecimiento. Otro dato conocido ayer apunta en dirección a miembros de la Policía. La médica legal de la Policía en Cafayate, Teresita Royano, habría dictaminado que los golpes de Mamaní eran producto de una caída.

La afirmación choca con el informe del médico Pedro Alcarez, del Hospital Nuestra Señora del Rosario, quien sostuvo que Mamaní tenía trauamatismo de cráneo, facial y de hombro izquierdo. Este informe coincide con el dado por el médico del Hospital San Bernardo que recibió al herido a las 20 del 31 de mayo y diagnosticó un traumatismo encefalocraneano grave.

Una de tantas marchas pidiendo por el esclarecimiento del caso Mamaní

Fuente:
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/



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Cafayate, 8 de Junio de 2009.

Al Señor Gerente General
Hospital de Cafayate
Dr. Héctor Molina.

S / D

Los abajo firmantes, familiares y vecinos, de ARMANDO GREGORIO MAMANI, ante los hechos que son de DOMINIO PUBLICO, y de interés de la ciudadanía, nos presentamos ante UD y solicitamos la entrega de copia de la HISTORIA CLINICA de la atención realizada al nombrado, Armando Gregorio Mamani, desde el momento del ingreso a horas 4:25 del día 31 de Mayo 2009 , hasta la hora en que se presenta la madre del nombrado y en que es derivado a la atención del Dr. Alcaraz.
Sin mas saludamos ATTE.

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El país
ESTABA ACUSADO DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Garré prohibió usar un cuartel para velar a un militar de la dictadura
Se trata del general retirado Rodolfo Wehner, quien estaba imputado por 200 secuestros durante el gobierno militar. En oposición a la decisión de la ministra de Defensa renunció el jefe del Ejército de Salta, Jorge Altieri.

La ministra prohibió los honores militares para un acusado de crímenes de lesa humanidad. (Archivo Télam)

La ministra de Defensa, Nilda Garré, impidió que se velara al general retirado Rodolfo Wehner por estar acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Tras la decisión de la funcionaria, renunció el jefe de la Quinta Brigada de Montaña en Salta, Jorge Altieri, quien se desempeñaba en ese cargo desde el 9 de febrero pasado. Tras conocerse la muerte de Wehner, el jefe del Ejército en Salta decidió brindarle los honores militares reglamentarios. Para ello Altieri ordenó que se levantara una capilla ardiente en las instalaciones del Regimiento de Caballería 5, pero esa determinación chocó con una contraorden directa de la ministra Garré, quien ordenó que se suspendiera cualquier ceremonia o acto relacionado con el militar fallecido.Wehner compartía la condición de acusados en aquel juicio con a los también generales Jorge Olivera Róvere y Teófilo Saá, y a los coroneles Lobaiza, Alespeiti y Menéndez. Los militares están acusados de unos doscientos secuestros.La comunicación de Garré llegó en momentos en que los restos de Wehner eran trasladados desde el Hospital Militar (donde había fallecido minutos antes) hacia la capilla ardiente, ubicada a unos metros de ese lugar. A raíz de la orden, los restos tuvieron que ser trasladados nuevamente al hospital y luego de algunas horas los familiares consiguieron que sean velados en una sala del centro de la ciudad.Si bien no hubo confirmación oficial, se supo que Garré había determinado negarle los honores militares a Wehner por su vinculación con crímenes cometido durante la última dictadura militar y por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos ocurridos en aquella época.
Fuente: Critica de la Argentina


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DERECHOS HUMANOS EL CURA TODAVÍA NO FUE LLAMADO A DECLARAR
Tucumán tiene su Von Wernich
Monseñor José Eloy Mijalchyk fue nombrado Capellán Auxiliar del Regimiento 19 de Infantería de Tucumán por su propio pedido en 1982. Está imputado en una causa por haber sido confesor en el Centro Clandestino de Detención Arsenal “Miguel de Azcuénaga”, donde instaba a los secuestrados a ‘decir la verdad’. Todas las semanas celebra misa en la parroquia San José Obrero de El Colmenar. NOTA DE TAPA EDICIÓN IMPRESA CONTRAPUNTO.

José Eloy Mijalchyk, el Padre Pepe, nació el 13 de diciembre de 1941. El 20 de julio de 1968 se ordenó, cuando tenía 26 años de edad. Está imputado en una causa por delitos de lesa humanidad y aparece nombrado por diversos testigos como capellán del Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Félix Viterbo Corbalán fue secuestrado por las fuerzas represivas de su ferretería ubicada en Monteagudo 2700 en agosto de 1976. Corbalán pasó por el CCD Arsenal. Su familia, desesperada por la situación, acudió al cura Mijalchyk quién se desempeñaba como párroco en la Iglesia Cristo Obrero de Tafí Viejo. No encontraron respuestas.
El Padre Pepe habría formado parte del terrorismo de Estado. Según consta en una causa abierta en el juzgado Federal, habría sido el capellán del Arsenal Miguel de Azcuénaga y su rol consistía en instar a los secuestrados/torturados a declarar ‘la verdad’.
Por eso, figura como imputado en el expediente por la desaparición de Félix V. Corbalán. Sin embargo, hasta el momento no fue llamado a declarar ni procesado.
Cuenta un declarante que en una ocasión se produjo la visita de Antonio Domingo Bussi al Arsenal junto al capellán del ejército Mijalchyk quien hablaba con los detenidos para exhortarlos a colaborar con los represores.
Otro testigo rememoró que durante su estadía en el Arsenal había una rutina de visitas de los comandantes a nivel local del terrorismo de Estado –entre ellos, Antonio D. Bussi y Alberto Cattáneo y Albino Zimmerman- y en ocasiones también iba el cura de los genocidas.
En otras causas a conocimiento de la Justicia Federal testigos declaran que lo vieron en procedimientos diversos de las fuerzas armadas y en el CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Marcos Taire, periodista tucumano, escribió en una nota del portal Argenpress que un prisionero, mientras realizaba tareas ordenadas por sus captores, se topó con Mijalchyk. Aprovechó la oportunidad para preguntarle si no iba a rezar por ellos, a lo que el cura respondió “para lo que les va a servir”.
Según se desprende de las declaraciones, el Padre Pepe conocía la magnitud y fue partícipe del terrorismo de Estado implementado en nuestro país entre 1976 y 1983. Sus labores en el mayor Centro Clandestino de Detención que funcionó en la provincia –considerado como el Auswitch tucumano por los organismos de derechos humanos- así lo demuestran.

Sus declaraciones
En la década del ´80, con la llegada de la democracia formal, el capellán de los torturadores declaró en dos ocasiones ante el juez militar Roque Cabral. De sus afirmaciones surge una contradicción, pues en una ocasión afirmó que su designación como capellán del ejército se había producido en 1978 y en otro momento deslizó que había sido en 1982.
Lo que consta es que el 18 de mayo de 1982 es nombrado Capellán Auxiliar del Regimiento 19 de Infantería de Tucumán por su propio pedido. Según informes, desde 1972 se desempeñó como párroco en la Iglesia Cristo Obrero de Tafí Viejo.

Premios del Vaticano
En marzo del 2006, el papa Benedicto XVI otorgó el título de “Prelado de Honor de Su Santidad” a José Eloy Mijalchyk. La distinción pontificia, por las que empezó a recibir el tratamiento de “monseñor”, fue por “los servicios ministeriales prestados” a la arquidiócesis de Tucumán.
Cabe destacar que las denuncias interpuestas contra el Padre Pepe son del año 2005, por lo que la cúpula eclesiástica premió a un sacerdote sospechado judicialmente de delitos de lesa humanidad.
Es presentado como sacerdote de la arquidiócesis de Tucumán y capellán castrense del Ejército Argentino por la página del Arzobispado provincial.
Actualmente, celebra misas todas las semanas en la parroquia San José Obrero de El Colmenar, ante la atenta mirada de vecinos que no sospechan del oscuro pasado de quien les dicta principios morales y mensajes divinos.

El antecedente Von Wernich
El cura Christian Federico Von Wernich fue capellán de la Policía bonaerense de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz durante la última dictadura y se desempeñó como asesor espiritual de los grupos de tareas de La Plata. Fue detenido desde 2003 por su participación en delitos de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención Puesto Vasco, Coti Martínez y el Pozo de Quilmes y condenado el 9 de octubre de 2007 a reclusión perpetua por dichos cargos.
Von Wernich fue el primer sacerdote juzgado por crímenes de la dictadura aunque no será el último, si la justicia decide avanzar en el camino de la verdad y la memoria.

CONTRAPUNTO Prensa Alternativa
redaccioncontrapunto@gmail.com
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EL PAIS › AUDIENCIA POR EL CRIMEN DEL MILITANTE PERONISTA
Los policías que entregaron a Labolita

Carlos Labolita era amigo de Kirchner, fue secuestrado en 1976.

Fue el turno de los policías en el juicio por el secuestro y homicidio del militante peronista Carlos Labolita, detenido ilegalmente en 1976, quien fuera amigo del ex presidente Néstor Kirchner. Los uniformados aseguraron que trasladaron a la víctima al Regimiento de Azul, donde prestaban servicio los militares represores que son juzgados por este hecho: el general retirado Pedro Mansilla y el coronel Alejandro Duret.
Los policías declararon también que, a partir del golpe de Estado de marzo de 1976, el Ejército tomó el mando de la comisaría de Las Flores, donde el 25 de abril de ese año fue detenido Labolita. Uno de esos policías, Juan Carlos Blanco, de 62 años, integró el grupo que lo trasladó al área de Inteligencia del Regimiento de Azul, donde Mansilla era jefe. Blanco declaró que Labolita fue trasladado junto a dos sindicalistas también detenidos ilegalmente. A cargo del traslado estuvo el ex oficial Pedro Jorge Cinalli, quien cumplía funciones administrativas en la comisaría, donde estuvo alojado Labolita entre el 25 y el 27 de abril.
Cinalli declaró ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que el entonces comisario de Las Flores, de apellido Lista, ya fallecido, le dio “verbalmente” la orden de traslado de Labolita y los sindicalistas detenidos, precisándole que tenía que dejar al primero en el área de Inteligencia del Regimiento y a los otros en el penal. Cinalli agregó que Labolita fue recibido por dos oficiales que inmediatamente lo encapucharon, y que había llegado al cuartel en perfecto estado de salud y que le pareció “anormal” que lo encapucharan apenas lo entregó.
Ayer también declaró Roberto Montenegro, un ex militante de la Juventud Peronista de Montes, que conocía a Labolita. En las sesiones de tortura a las que fue sometido le preguntaban por la presunta participación de aquél en atentados o hechos delictivos. El juicio es llevado adelante por el tribunal “ad hoc” integrado por los jueces platenses Alejandro Esmoris, quien preside el Tribunal, Carlos Rozanski y Nelson Jarazo, que reemplazan a los integrantes originales del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que fueron recusados a raíz de su participación en el Juicio por la Verdad.
Fuente: Pagina 12

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Un detenido por el ataque en Cafayate
Mientras el juez de Instrucción de 1º Nominación de esta ciudad, Martín Pérez, dispuso la detención de un joven, de apellido Suárez, en relación al ataque sufrido en la madrugada del 31 de mayo por Armando Mamaní, en Cafayate, los familiares, vecinos y amigos de la víctima desconfían de la palabra oficial y mantienen la sospecha sobre un miembro de la Policía provincial.

Según informó una fuente judicial, el joven estaba siendo indagado ayer. La fuente precisó que las pistas apuntan a este joven, aunque reconoció que los datos hasta ahora no son contundentes. El 31 de mayo, alrededor de las 4, Mamaní fue atacado frente al boliche Zomber Pub, en el centro de Cafayate. Antes había tenido un entredicho con un policía que estaba de civil.
El joven fue encontrado inconsciente y estuvo en coma hasta anteayer, en el Hospital San Bernardo, donde ahora está en terapia intermedia, informaron sus allegados. De 24 años, padre de una niña, enfermero y empleado de un corralón; descendiente de diaguitas calchaquíes, Mamaní es muy querido en Cafayate y el ataque generó una reacción de vecinos que anteayer hicieron la quinta marcha para exigir el esclarecimiento del hecho.

El mismo día hubo una reunión con el vicegobernador Andrés Zottos, quien se comprometió a seguir el caso y les pidió que se desmovilizaran. Sin embargo, por la tarde se hizo otra marcha, de la que también participaron los padres del joven detenido, quienes afirman que es inocente y, como el resto de los vecinos, apuntan sus sospechas hacia la Policía. Familiares de Mamaní y vecinos se entrevistaron con el gerente del Hospital Nuestra Señora del Rosario, Héctor Molina, quien les aseguró que la historia clínica de Mamaní está resguardada a disposición de la Justicia.

Fuente:
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/

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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS















DOCUMENTO DEFINITIVO DE LOS ORGANISMOS CONVOCANTES AL ACTO EN REPUDIO AL PODER JUDICIAL
11 DE JUNIO DE 2009 a las 10 Hs. en OROÑO 940 – FRENTE A LOS TRIBUNALES FEDERALES DE ROSARIO


Pese a las ampulosas y reiteradas declaraciones sobre “el año de los juicios” contra los genocidas, nada ha cambiado sustancialmente y la inmensa mayoría de los asesinos del pueblo pueden seguir confiando en un Poder Judicial lento, parcial a su favor, despreciativo de los reclamos de víctimas y familiares.
Queremos corregir la versión generalizada sobre lo que llaman la “apertura de los juicios orales”. La verdad es que debería hablarse de la apertura de muy pocos juicios orales, solamente contra algunos pocos criminales de lesa humanidad y en relación a sólo algunos pocos de los crímenes cometidos.
En su recientemente inaugurada publicación en Internet sobre el tema “Lesa Humanidad” -en lo que es casi un rechazo público del pedido de decenas de querellantes y organizaciones para que se considere que en Argentina hubo lo que hubo , es decir, un genocidio- la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de su Centro de Información Judicial, vuelca un panorama de la marcha de los juicios.
Aunque no pongan mucho esmero en su actualización ni en la precisión de los datos -y esto siempre en contra de quienes reclaman y no de los genocidas- las cifras a nivel nacional son escalofriantes. Pero como siempre hemos conjugado el panorama general dentro del cual estamos necesariamente inmersos y atentos, con las manifestaciones locales de la realidad, dejamos la siguiente cuenta, gruesa e imperfecta quizás, pero correcta en lo que demuestra, de lo que sucede en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario, que tiene como subordinados a los jueces de Santa Fe, San Nicolás y Rosario, es decir, gran parte de lo que estuvo sometido al II Cuerpo de Ejército.
Hay 38 imputados para 175 víctimas en 30 causas.


Pensar que en la zona de Rosario solamente, se registran más de 500 desaparecidas/os, más de 200 asesinadas/os y miles de secuestros, torturas, robos de bienes y sobre todo, robos de bebés, por parte de los represores, da la cabal idea de la impunidad imperante luego de 33 años de la instauración de la Dictadura Genocida.
En esta región también se cumple la regla que denunciamos más arriba: muy pocos juicios, solamente contra algunos pocos criminales y en relación a sólo algunos pocos de los crímenes cometidos.

Este accionar del Poder Judicial es constitutivo de la impunidad.

Los que hoy convocamos siempre hemos tenido como objetivo la condena penal, hemos luchado por CÁRCEL COMÚN A LOS GENOCIDAS y lo hemos hecho desde las situaciones más difíciles, como cuando regían las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Precisamente en ese marco hostil a los reclamos populares por parte de los Gobiernos, el Parlamento que las había aprobado y el Poder Judicial que se apoltronó en las condiciones que mejor le convenían a sus íntimas relaciones con los elencos dictatoriales, no cejamos ni un momento. Quienes hoy convocamos hemos sido iniciadores, adherentes, sostenedores en definitiva, del Primer Encuentro Nacional de Derechos Humanos, que se realizó en Rosario el 10 y 11 de junio de 2000 bajo una denominación que claramente indicaba el propósito de nuestra lucha: “Juicios por la Verdad.: Camino al juicio y castigo a todos los culpables”.

Luchábamos por cárcel a los genocidas, porque siempre entendimos que no hay memoria sin verdad ni verdad sin justicia. Porque a nuestras/os hermanas/os no les debemos un recuerdo simplemente, sino el castigo a sus asesinos. Porque el pueblo no triunfará jamás si se admite como cosa común la convivencia con sus propios verdugos. Porque el castigo no puede limitarse a la condena social, importante solo si es un principio de ejecución de un castigo efectivo.
Y hoy debemos decir que el panorama es insultante para la memoria de nuestros caídos y para nuestro propio y justo esfuerzo.

Han querido instaurarse criterios de optimismo para prestigiar magros logros. No se trata de eso. Se trata de conciencia clara y cruda sobre la situación. Por supuesto que nos alegramos de cada paso que damos, como cuando algún represor es condenado o va preso, pero eso no nos borra de la mente todo lo que no hemos podido dar por los mil escollos que nos plantea el sistema.
Se habló hace muy pocos meses y aún hoy, de la aceleración de las causas. Lo primero que se hizo, en nombre de tal reclamo que todos compartimos, es echarle culpas a las esforzadas querellas que deben no sólo empujar todos los días cosas que la llamada “justicia” niega y retarda, sino investigar, acusar, conseguir pruebas y hasta atrapar a los criminales. Así dice la Corte Suprema de la Nación en una Acordada en la que enumera las “dificultades” ante las que se encuentra la “justicia”:
".....se pueden señalar –dice La Corte- algunas situaciones problemáticas: Punto f de la acordada) “ Subsistencia del criterio que había regido en los juicios por la verdad para obtener toda la información posible acerca del esclarecimiento de la suerte corrida por miles de personas desaparecidas o que sufrieron distintos vejámenes durante el periodo de la represión ilegal y junto con ello la pretensión de que se investigue la totalidad de los hechos y la responsabilidad de todos los involucrados.”

Así que mientras la cosa era un simple "juicio por la verdad", para saber en que oscuro y siniestro lugar fue torturada/o, violada/o, destrozada/o, asesinada/o bestialmente un/a compañera/o, la cosa no era "problemática", era un ejercicio de "memoria", que a la luz de esto que dice la Corte, se convierte en un ejercicio de masoquismo y una morbosidad extrema, de interés por la noticia de sangre de un ser querido, de un/a compañero/a. Ahora, si no se trata de "la verdad", sino del castigo, del juicio penal, toda averiguación se convierte en "problemático". Es decir que -y debemos reiterarlo para marcar a fuego esta proclama por la impunidad- lo problemático para la Corte Suprema es la intención de obtener toda la información posible sobre la suerte de las/os compañera/os y “la pretensión de que se investigue la totalidad de los hechos y la responsabilidad de todos los involucrados”.

Consecuentes con este tipo de proclama, pasaron los Tribunales inferiores a la acción y una de las primeras medidas en que se manifiesta la “aceleración de los juicios” es en la exclusión de querellantes como Justicia Ya, nada menos que de un caso como la “Causa ESMA” - en la que tanto aportaron- lo que anticipa su proscripción en todos los demás. De un plumazo borraron de las causas a una gran cantidad de organismos que la constituyen y que, oh casualidad, son los que impulsan la tipificación de genocidio para el “plan sistemático de exterminio”. Y tampoco es casual que en la Acordada que citamos, uno de los puntos atribuye a las querellas la dilación de los juicios. Para que se entienda bien: las querellas, sobre las cuales recae el 90 por ciento del trabajo de investigación en la mayoría de los casos, y sin las cuales ni un sólo juicio avanzaría un milímetro, son responsables de dilaciones según la Corte Suprema.
Y todo esto declaradamente, como lo hizo notar en sus dichos el Presidente de la Corte, Lorenzetti y su par Zaffaroni, señalando los trastornos que originan la “multiplicidad de las querellas”.

Tamaña barbaridad sólo pretende ocultar que ahora son los jueces investidos de facultades los que contribuyen a la dilación real, no imaginada. Es el caso del juez Martín Gutiérrez, que precisamente en Santa Fe, ha iniciado un nuevo modus operandi para retrasar los pasos de los procedimientos: se excusan por sentirse “violentados moralmente” por cualquier declaración que reclame, precisamente, por la aceleración.
Sin embargo este Juez de espíritu tan sensible, había anulado la elevación a juicio oral de la causa contra el jefe más notorio de la represión en Santa Fe, el Coronel Rolón. Y este caso si que es una obra maestra del terror vigente. Tengamos presente el derrotero de impunidad trazado por este caso por los jueces santafesinos. En noviembre se decreta la elevación a juicio oral y un mes hábil después, en febrero de 2009, Gutiérrez y sus amigos anularon esa medida, con lo que volvió al inicio, para producir una demora mayor. Pero no tuvo que padecer mucho tiempo más: un mes después Casación le dio la libertad porque es un viejito enfermo que no puede ser juzgado, y eso se concretó inmediatamente. Así que hay un impune más, sin siquiera perspectiva de juicio. Ya está, ya el Poder Judicial arregló sus asuntos. Técnicamente vivirá lo que sea y morirá inocente. Así de sencillo. Tenía imputación por 14 víctimas, casos probados desde homicidio a desapariciones, torturas, etc.

Consecuentes asimismo con la proclama de los “supremos”, los juicios son cada vez menos públicos, lo que resulta de gran beneficio para los imputados y niega al conocimiento popular las circunstancias que desnudan el real carácter de las fuerzas que participaron de ese plan. El periodismo se ha visto sometido no sólo a las hasta ilegales restricciones para el trabajo de difusión, sino que ha sido burlado incluso cuando intentó esgrimir una disposición de la misma Corte ordenando el acceso a las audiencias por parte de todos los medios y con todos los recursos técnicos. Los Tribunales inferiores hicieron caso omiso de lo ordenado y la Corte no tomó ni la más mínima medida para que se cumplieran sus órdenes.
Pero aún más, ahora van contra los periodistas que investigan y denuncian (el caso de Paso de Los Libres) . Fueron denunciados por publicar los nombres de los “servis” aún en actividad que torturaron y asesinaron en el chupadero de La Polaca, después que un testigo los pusiera de manifiesto en el juicio. Y “la justicia” dio curso a esa infame apriete impulsado por un milico de alto rango de inteligencia, con lo que en su sacrosanta mano se convierte en un “proceso”.

Pero no menos terrible es el verdugueo a que son sometidos testigos, víctimas y familiares, en las causas abiertas y especialmente en las audiencias. El caso actual y más escalofriante es el del juicio por la muerte del Negrito Floreal Avellaneda. La jueza Lucila Larrandart no sólo acosa a la madre del Negrito sin el más mínimo recato, sino que, en una actitud de hostigamiento, hasta ampara la burlona actitud de los defensores de los genocidas hacia quién no sólo es querellante por ser la madre del asesinado, sino también víctima de secuestro, torturas y cárcel al mismo tiempo que el joven compañero.

Ya hemos señalado al principio la situación en Rosario pero seremos un poco más precisos.
Por el Juzgado Federal Nº 4 han pasado varios nombres desde la apertura de los juicios penales. Digerónimo, Vera Barros, Sutter Schneider (hijo de un jerarca de la Dictadura, el ex Ministro Eduardo Sutter Schneider) y ahora Bailaque.
Éste viene precedido de una celebridad como represor de los compañeros de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, cuando mediante su orden Gendarmería Nacional y Policía Provincial, desalojaron el piquete de Termap. Casi cuarenta trabajadores fueron apresados y torturados incluso con amenazas de violación a las compañeras. Sin embargo, o precisamente por ese antecedente y otros de igual naturaleza, fue propuesto para Juez Federal y está a cargo del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.
En dicha función ha producido resoluciones afines con la pretensión de impunidad de los genocidas, como es el caso de la falta de mérito y orden de libertad consecuente por el delito de desaparición forzada de la que es víctima el compañero Tito Messiez. En defensa de los represores Ariel Porra, Carlos Sfulcini y nada menos que el Barba Juan Andrés Cabrera, ha esgrimido que aún procesándolos por el secuestro -el que dice que está probado que fueron ellos-, aún así, no son responsables de su desaparición porque no tenían capacidad de mando para cometerlo. Es casi increíble, pero es así. Dice que está probado que lo secuestraron, que lo llevaron a La Calamita, que lo torturaron por unas 5 horas pero que después de ello, después de esas 5 horas que estuvo en su poder , aún así, no son responsables de su desaparición porque no tenían capacidad de mando.
De hecho que las resoluciones están apeladas, pero se trata de reclamos ante la misma Cámara Federal de Rosario que sistemáticamente ha ordenado libertades del mismo calibre para los genocidas. Pero debemos advertir que esta es la misma Cámara que ordenó libertades de represores sin reparo alguno, como en el caso del abogado Carlos Sfulcini, alias “Carlitos” y varios más de sus cómplices, entre otras "medidas" que han originado una generalizada repulsa. Y por si este escalón fuera poco, por encima está la Cámara de Casación, que para no extendernos en demasía, en estos días ha dejado en libertad bajo caución a nada menos que “El Ciego” Lofiego, el torturador insignia de Feced, que por sus méritos supo ganarse el apodo de “ “Doctor Menguele”

Compañeros,compañeras , no debemos creer que “el año de los juicios” se contrapone, como algunos pretenden, a la movilización popular haciendo de ésta un recurso perimido. Todo lo contrario: la existencia de los mismos nos pone ante la realidad de una práctica del Poder Judicial que trae como efectos la continuación de la impunidad por otros medios.
Y esto nos exige ser muy firmes. Como cuando nos movilizamos contra los indultos, como cuando nos movilizamos por la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, debemos movilizarnos más que nunca por CÁRCEL COMÚN A LOS GENOCIDAS, COMPLICES CIVILES Y BENEFICIARIOS.
En este orden debemos tener presente que nuestra movilización debe conservar el contenido de denuncia a los que tienen el poder, de ninguna manera reducirlas al aplauso fácil a un cuerpo que viene ejecutando el plan sistemático de impunidad desde hace 33 años. Ni siquiera por algún resultado ni por la presencia dentro de ese organismo de algún funcionario que haya cumplido con las exigencias de quienes demandan justicia.
Es este cuerpo, esta institucionalidad del sistema la que merece nuestro repudio.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

APARICION CON VIDA YA DE JULIO LOPEZ

ACLARACION SOBRE EL DOCUMENTO DE CONVOCATORIA AL ACTO DE REPUDIO AL PODER JUDICIAL

Compañeros: en el documento que se leerá frente a los Tribunales Federales de Rosario, el jueves 11 de junio a las 10 hs., incluimos equivocadamente a Paraná (Entre Ríos) y Reconquista como Juzgados bajo la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario.
El aporte de un compañero abogado de Reconquista recordándonos que la primera instancia de esa ciudad está sujeta a la Cámara Federal de Resistencia (Chaco), nos ha permitido corregir el texto.
Demás está decir que este detalle no altera ni en lo más mínimo el contenido del documento.
Lo que no resulta un detalle menor es la situación que denuncia el compañero: en la ciudad de Reconquista donde está radicada la causa Nº 50/06 no existe actualmente un juez federal formalmente designado por lo que entiende el Dr. Eduardo Valiente Juez Federal de Formosa, quien viaja esporádicamente para los trámites propios del curso del expediente.
Esta información que aporta un actor directo de ese proceso, es una muestra más de la terrible situación que deben soportar quienes luchan contra la impunidad en todo el país, reforzando nuestra convicción de concretar este acto de repudio al Poder Judicial.

Convocan:

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE ROSARIO (APDH)
UNIDAD ANTIREPRESIVA POR LOS DERECHOS HUMANOS (UADH)
CENTRO DE PROFESIONALES POR LOS DERECHOS HUMANOS ROSARIO (CeProDH)

Adhieren:

- LA COORDINADORA ANTIRREPRESIVA POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CADeP)
- Juan Carlos Wlasic. Presidente APDH-Mar del Plata. Profesor Titular Regular Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
- Pablo Fernandez p/ APDH delegación Tucumán
- ASOCIACION EX DETENIDOS DESAPARECIDOS
- MARTIN ALMADA, PREMIO NOBEL ALTERNARTIVO DE LA PAZ. (Paraguay)
- Ricardo Ariel Arèdez- Militante de DD.HH.- Ledesma- Jujuy(con lugar de residencia en la Ciudad Autònoma de Buenos )
- Dino Zaffrani. Comisión Derechos Humanos Asociación Abogados de Río Gallegos
- Jesú Chirino - Sec. DD.HH. CTA Villa María
- LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE - ROSARIO (L.A.D.H.)
- Coordinadora de Trabajo Carcelario
-."Programa Desde el Sur"
- "Biblioteca Popular Natalio Sviser"

- Red Eco Alternativo -colectivo de comunicación y cultura
- Red Nacional de Medios Alternativos
- Programa la Bodeguita del Medio
- Programa "Contra la pared" FM Aire Libre
- MILITANCIA GUEVARISTA
- TODU (Trabajadores Obreros Desocupados unidos) Mov. Social
- Aldo Getino- Documentalista. Mascaró, cine americano.
- Raúl Ferrando Secretario Prensa y Propaganda FUECI (Federación Uruguaya de Empleados de Comercio e Industria ) PIT-CNT URUGUAY
- La Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer- Argentina ( Cecilia Lipszyc )
COMISION POR LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS DE ROSARIO
- AgrupaciÓn Telefónicos " 23 de Diciembre"
- Centro de Estudios Clase Trabajadora de Rosario
- Blog Vientoencontra
- Convergencia de Izquierda
- Partido Guevarista Revolucionario.
- PTS
- Programa T.V. Mirada Interior
- Contraimagen
- Centro Estudiante Esc. Normal 1
- Centro de Estudiantes Escuela de Cine
- Agrupación Clasista Marrón de CTA
- Programa Radial Pateando el Tablero
- Refundación Comunista - Uruguay -
- Aníbal Ignacio Faccendini (A.D.S.)
- VICENTE ZITO LEMA, POETA, DRAMATURGO Y MILITANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS.
- Plenario Obrero y Popular - TMR
- MTD 17 DE JULIO (EMERENCIANO SENA) CHACO
- - Centro de Estudios Sociales Rafael Barrett
- ASOCIACION CRONISTAS PARLAMENTARIOS
- LA BANCARIA ROSARIO
-Dirección Editorial de GACETILLAS ARGENTINAS
- Desde Chilecito, pcia de La Rioja ASAMBLEA POR LA RECUPERACION DE LA MEMORIA, Eduardo Castro


Norma Ríos - Presidenta ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE ROSARIO NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

¿y Julio López?

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Denunciamos un nuevo caso de impunidad en Rosario,hemos tomado conocimiento que el represor Ariel Z. Porra,alias "el puma"quién se desempeñara como agente de la policia federal,hasta el 30 de octubre de 1977 y a partir del 1 de noviembre ingresara a formar parte del servicio de informaciones del ejército,violó la prisión domiciliaria de la que gozaba.Hecho comprobado por el juez de la causa,quién habría ordenado su inmediata remisión al penal de Marcos Paz.Porra apeló esta medida y la Cámara Federal de apelaciones de nuestra ciudad,ordenó que esta medida no se lleve a cabo hasta que la´Cámara no resuelva, por lo tanto la órden del juez no se ejecutó y el represor Porra sigue disfrutando en su casa.Este siniestro personaje,formaba parte de los grupos de tareas que funcionaban en los distintos centros clandestinos de detención,secuestros y torturas de rosario y su amplia zona, Porra se encuentra procesado por 14 homicidios en la causa Guerrieri y 2 en la causa Jordana Testoni,más 26 privaciones ilegales de la libertad y tormentos en ambas causas.Nuestros abogados están solicitando la elevación a juicio oral por los delitos debidamente probados.Hechos gravísimos como este son los que siguen cubriendo con un manto de impunidad a estos asesinos,y lo más grave aún que son jueces con nombre y apellido quienes toman estas medidas que son sin ninguna duda un cachetazo para todos aquellos que bregamos por justicia desde hace más de 30 añosFAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS ROSARIO

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CIUDAD › CONFIRMARON EL PROCESAMIENTO DE ARIEL PORRA, ALIAS PUMA
El asesino sigue en su casa
La Cámara Federal de Rosario también avaló la "falta de mérito" de Jorge Walter Pérez Blanco, ex agente de inteligencia. Porra mantendrá la prisión domiciliaria. El querellante Juan Rivero cuestionó las medidas que benefician a represores.

Porra está acusado de homicidios, secuestros y torturas en la ex Fábrica de Armas Domingo Matheu.
La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento del represor Ariel Zenón Porra, alias Puma, un ex personal civil de inteligencia imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El tribunal también confirmó la "falta de mérito" de Jorge Walter Pérez Blanco, otro ex agente civil de Inteligencia, al evaluar que "ninguna de las víctimas lo ha individualizado como participando en sus privaciones de libertad". Por su parte Juan Rivero, concejal de Rosario y querellante en la causa de la Ex Fábrica Militar junto a la abogada Gabriela Durruty, hicieron ayer pública su más profunda preocupación "por dictámenes que lleva adelante la justicia", y consideraron que "siguen beneficiando a represores de la última dictadura militar".
La sentencia fue suscripta por los camaristas Fernando Lorenzo Barbará, Carlos Carrillo, Edgardo Bello y José Guillermo Toledo, en tanto no participaron del acuerdo las vocales Liliana Arribillaga y Elida Vidal por haberse aceptado sus excusaciones.
En las 14 carillas de la resolución, los magistrados recordaron que los hechos que se le imputan a Porra se perpetraron en el centro clandestino de detención que funcionó en el predio lindero a la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.
A Puma, ex personal civil del Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército con categoría I 14, se lo procesó por el homicidio de Susana Miranda y Ariel Morando y los secuestros y torturas de Adriana Elba Arce, Juan Antonio Rivero, Ramón Aquiles Verón, Hilda Yolanda Cardozo y Olga Moyano, pero la defensa del represor apeló ante la Cámara.
Por su parte, el fiscal Claudio Palacín pidió su confirmación ya que el juez "realizó una evaluación minuciosa de la prueba incorporada al proceso, actuó con suficiente motivación razonada, valoró los elementos probatorios encontrando que éstos resultan pertinentes y conducentes para estimar que existieron hechos delictuosos y que Porra es penalmente responsable".
El tribunal también confirmó la "falta de mérito" de Jorge Walter Pérez Blanco, otro ex agente civil del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, que se desempeñaba en la Segunda Sección Ejecución como jefe del grupo Villa Constitución, al evaluar que "ninguna de las víctimas lo ha individualizado como participando en sus privaciones de libertad".
"A partir de esas consideraciones y con base en el contexto probatorio previamente referido, no puede sino compartirse la valoración que el juez de primera instancia hizo de la prueba en general y, en especial, el de tales actos procesales, que deriva naturalmente de su documentado resultado", sostuvieron los camaristas al confirmar el procesamiento de Porra y la "falta de mérito" de Pérez Blanco.
Por su parte tanto la abogada Durruty como el concejal Rivero criticaron que "a pesar de haberse constatado desde el Juzgado Federal 4 que Porra violó su prisión domiciliaria y por eso se ordenó su inmediata remisión a la cárcel de Marcos Paz, desde la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario se dictaminó que el trámite de apelación tenga carácter suspensivo por lo cual la orden del juez Martín Bailaque no se ejecutó".
"Este personero del terrorismo de estado permanece gozando de un privilegio que demostró no necesitar", lanzaron Rivero y Durruty. Porra se desempeñó como agente de la policía federal hasta el 30 de octubre de 1977. A partir del 1º de noviembre del mismo año formó parte del personal de inteligencia del ejército.
Está procesado por privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos y numerosos homicidios en las causas Guerrieri y Jordana Testoni, por su participación en los grupos de tareas que funcionaban en los centros clandestinos La Intermedia, El Fortín, la española, Escuela Magnasco, Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas.
Fuente: Rosario 12

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-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS



El país / Edición Impresa
en catamarca
Un ex jefe militar a indagatoria

Al ex militar Raúl Horacio Gallardo le llegó la hora de enfrentar a la Justicia por delitos de lesa humanidad. Hasta ayer, este oficial del Regimiento 17 de Catamarca, ascendido a teniente general por Néstor Kirchner y pasado a retiro poco después por hechos de corrupción en su fuerza, había logrado esquivar las indagatorias gracias a las gestiones de su amigo, el ex jefe del Ejército Roberto Bendini. Finalmente, el juez federal catamarqueño Ricardo Moreno citó a Gallardo y a otros tres ex militares en la causa que investiga las desapariciones de los hermanos Griselda del Huerto y Francisco Ponce, y del sobrino de ambos, Julio Genaro Burgos, ocurridas en 1976.Gallardo, jefe de Operaciones Militares hasta 2007, deberá presentarse ante el magistrado el próximo 6 de agosto imputado del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada”. Los otros citados son Darío Otero Arán y Juan Ángel Ortiz.

Fuente:
http://www.criticadigital.com.ar/

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ENTRE ELLOS SE ENCUENTRA EL TENIENTE GENERAL RAÚL HORACIO GALLARDO
La Justicia Federal citó a cuatro ex militares por el caso Ponce
El pedido está relacionado con la desaparición de los hermanos Ponce y un sobrino de ellos.

Desaparecidos. Griselda del Huerto y Francisco Ponce habrían sido secuestrados en 1976.
--El juez federal Ricardo Antonio Moreno citó a cinco ex militares como posibles imputados por el secuestro de los hermanos Griselda del Huerto y Francisco Ponce, y del sobrino de ambos, Julio Genaro Burgos, hechos ocurridos entre abril y diciembre de 1976, en plena dictadura militar. Todos los citados se desempeñaban en los cuadros de oficiales del desaparecido Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada o en la Policía Provincial cuando ocurrieron los hechos. Imputados como posibles responsables del delito de "privación ilegítima de la libertad agravada", fueron citados los ex militares Darío Otero Arán, Juan Dante Rauzzino (fallecido), Juan Ángel Ortiz y Raúl Horacio Gallardo, este último ascendido a teniente general poco antes de ser pasado a retiro.Para el 2 de julio próximo el juez Moreno citó a Otero Arán, mientras que el 7 del mismo mes fue convocado Rauzzino, quien durante aquellos años se desempeñaba como jefe de Policía. En este último caso se sabe que falleció hace algunos años, aunque como no existen constancias oficiales en el Juzgado Federal se lo convocó lo mismo. El 4 de agosto deberá comparecer Juan Ángel Ortiz y dos días después, el 6, lo hará Gallardo. Vale recordar que este último integra una nómina de 23 militares, entre ellos 4 generales, que fuera dada a conocer en agosto del año pasado por el ministerio de Defensa de la Nación, ante las denuncias por una supuesta administración fraudulenta en el seno del Ejército (ver nota relacionada).
La causaLa causa por la desaparición forzosa de los hermanos Ponce y de su sobrino Burgos se inició a instancias de una denuncia realizada ante la Justicia Federal por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Si bien estuvo radicada inicialmente en Córdoba, porque allí está radicada la jefatura del Tercer Cuerpo de Ejército, posteriormente fue girada a los estrados federales de Catamarca. Francisco Ponce, un dirigente gremial e integrante de la Juventud Obrera Católica (JOC), fue detenido en abril de 1976 en inmediaciones de la plaza 25 de Agosto, cuando cruzaba la calle. En tanto, Griselda del Huerto Ponce, que también militaba en la JOC, fue secuestrada el 15 de diciembre de ese mismo año junto a su sobrino, Julio Genaro Burgos. Ambos dormían junto al resto de la familia en su domicilio particular de 9 de Julio al 1.200 cuando un grupo de tareas paramilitar ingresó por la fuerza a la casa y se los llevó detenidos. A instancias de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán los sospechosos que pudieron haber tenido alguna participación en la detención, como el caso de los convocados, son acusados de "privación ilegítima de la libertad agravada". Originalmente el expediente Nº 809 había sido caratulado como "privación ilegítima de la libertad agravada seguida de muerte", aunque testigos que declararon en la causa indicaron que los detenidos fueron vistos con vida en centros clandestinos de detención de Tucumán.
La denuncia de Defensa contra Gallardo

En agosto del año pasado, la ministro de Defensa de la Nación, Nilda Garré, había dado a conocer una denuncia contra un grupo de militares por supuesta administración fraudulenta y otros cargos, que derivó en el pase a disponibilidad de 23 de ellos, incluidos 4 generales, entre los que se encontraba el teniente Raúl Horacio Gallardo, involucrado en la desaparición forzosa de los hermanos Ponce y Burgos ocurrida en esta provincia.En aquella presentación se acusaba a 30 miembros del Ejército y a otras 51 personas, que eran familiares o mantenían un vínculo comercial con los militares.Gallardo fue puesto a disponibilidad junto a otros tres generales: Héctor Mario Giralda, Mario Fernando Troncoso y Eduardo Salvador Gibelli.
Fuente:
http://www.elancasti.vom.ar/

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Crímenes de lesa humanidad
Al menos tres militares que actuaron en la represión fueron detenidos
San Luis (Pelr) 08-05-09. Fuentes allegadas a la causa en la que se investiga una veintena de hechos ocurridos durante la dictadura militar en San Luis, informaron que se produjo la detención de al menos tres militares retirados que ocupaban puestos de relevancia en las guarniciones militares en 1976, aunque podría haber un cuarto.
La fuente aclaró que "no se trata de la compulsa que se abrió en el jucio donde fueron condenados a prisión perpetua dos militares y tres policìas en marzo último, sino que está dentro de la nueva investigación por la que ya el juez Maqueda ordenó procesar a Miguel Ángel Fernández Gez", uno de los condenados a prisiòn perpetua en el juicio que se sustanció en esta capital, se informó.
Aunque la fuente no quiso confirmarlo, tampoco quiso desmentir que se tratara de Gerásimo Quiroga, Guillermo Daract y López, quienes integraban el Estado Mayor del Comando de Artillería 141 y acompañaban a Fernández Gez en sus decisiones. El cuarto hombre en cuestión está vinculado al asesinato de Dante Bodo y es de la Fuerza Aérea. Se trata de Humberto Godoy, quien ya prestó declaración hace un tiempo en la Fiscalía Federal por ese tema.
"La orden de detención es para todos", se limitó a decir el informante, quien evitó dar mayores detalles de quienes ya se encontraban en prisión y el alcance del "todos" que señaló.
En esta nueva causa se suman las denuncias por privación ilegítima de la libertad, secuestros, coacciones e imposiciones de torturas "que tienen como víctimas a Anibal Franklin Oliveras, Manuel Armando Alfonso, Juan Fernando Vergés, Carlos Enrique Correa, Andrónico Agüero, Mirtha Gladys Rosales, Ana María Garraza, Isabel Catalina Garraza, Juan Cruz Sarmiento Cabrera, Alfredo Luis Montoya, María Ponce de Fernández, Jorge Alfredo Salinas, Juan Manuel Echandia, Lucy María Beatriz, Alejo Sosa, Julio Lucero Belgrano y Ramón Gómez", según la orden de procesamiento a Fernández Gez que se conoció el miércoles último, que lleva la firma del Juez Federal Juan Esteban Maqueda y fue dada a conocer a las partes, cuando se supo del procesamiento del coronel que comandaba las acciones en el Área 333, que dependía del Comando del III Cuerpo de Ejército.
También por los mismos cargos "con seguimiento y/o causación de muerte, que tiene como víctimas a Domingo Idelgardo Chacón, Adolfo Pérez, Luis María Frum y Vicente Rodríguez". En el expediente están acumulados "los homicidios agravados" de Sebastián Cobos, ocurrido en San Luis en un presunto enfrentamiento y del abogado Dante Bodo que fue ultimado en Villa Mercedes, asesinato que se sospecha que fue llevado a cabo por personal de la V Brigada Aárea de Villa Reynolds, la base que está próxima a aquella ciudad.
Si bien no se conocieron los nombres de los detenidos, se trataría de quienes integraban el Estado Mayor del Comando de Artillería 141 con asiento en San Luis, pero las órdenes de detención alcanzarían además al ex segundo comandante de la Octava Brigada de Montaña, con asiento en Mendoza y a Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército durante la dictadura.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

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Se lo identificaba como jefe de inteligencia en la zona
fue detenido el ex militar Walter Grosse

Walter Grosse agredió en 2006 al periodista al Marcelo López en "La Plaza del No" realizada el 24 de mayo en Capital Federal. Foto: Archivo La Nación.
Quedó preso en la cárcel común de Marcos Paz el segundo de los militares involucrados en delitos de lesa humanidad cuya detención pidió el juez federal Juan José Comparato. Se trata de Walter Grosse, que era caracterizado como jefe de inteligencia en la zona. Los sobrevivientes de aquellos años coinciden en definirlo como alguien temible. Fue además interventor de LU32 Radio Olavarría. Y hace dos años fue denunciado por la agresión a golpes a un periodista de América TV en un acto político realizado en la Ciudad de Buenos Aires. Restan todavía por concretar las detenciones de Aníbal Ignacio Verdura, ex jefe del Regimiento y de Juan Carlos Castignani, su segundo. Ya fue encarcelado Horacio Ruben Leites.



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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

















Director Periodístico: Dante López Foresi

NOTICIAS "EL VIGÍA"
La Prensa Peligrosa



Sobre interferencias, hechos de inseguridad y monopolios ¿Por qué el proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual no aparece en las pantallas o las páginas de los grandes grupos mediáticos?

(Exclusivo Periódico EL VIGÍA- Por Dante López Foresi)- Lo anunciamos: la nueva Ley de Comunicación Audiovisual es "la madre de todas las batallas". En ediciones anteriores de EL VIGÍA publicamos los mapas de medios que señalan claramente de que manera pocas manos concentran la mayor parte de los medios de comunicación en nuestro país. La reacción de los monopolios que nos dicen cada día qué cosas son importantes y cuales no e influyen notoriamente en el ánimo social no se hizo esperar. Mencionaremos al Grupo Clarín porque es el monopolio más visible.
De los títulos de tapa de su diario, sus canales y sus radios, el proyecto que regulará la comunicación en Argentina, de ser aprobado, desapareció literalmente. La orden fue terminante e
n el Grupo: "de eso no se habla" Y no se habló. La pantalla destilaba sangre con hechos de violencia que suceden a diario, como para que la sociedad sienta aún más temor del que la propia inseguridad producto de la desigualdad social de años produce. Hasta que un día y solo por un día, Argentina se volvió para Clarín en el país más seguro del mundo.
Una interferencia de casi tres horas fue el tema excluyente. Conductores, cronistas, columnistas, redactores y trabajadores de cada medio de los que pueblan el infinito universo de medios del monopolio no dedicaron sus espacios informativos a otra cosa que no fuera "el brutal ataque a la libertad de expresión". Ese día no aparecieron viejecitas mutiladas, ni señores asaltados en la puerta de sus countries ni marchas contra la inseguridad. Es que hasta para hacer daño hace falta talento, y ese día Clarín demostró que en "la madre de todas las batallas" eligió lanzar las primeras municiones y encontró una oportunidad única para hacerlo. Se olvidó de los cortes de ruta que muestra mientras muestra un discurso p residencial o su campaña por una Argentina más insegura. Se les notó demasiado. No supieron hacerlo.
El Grupo Clarín –sin embargo- no realizó ninguna denuncia judicial ni formal ante el episodio. Fue el titular del Comfer Gabriel Mariotto, casualmente el impulsor del nuevo proyecto de ley de radiodifusión, quien exigió detectar el origen de la interferencia y castigo a los responsables. Ya que la interferencia –según Clarín- fue a un satélite que baja sus señales desde Canadá hasta Ushuaia, Mariotto solicitó informes del hecho a la firma Intelsat. La respuesta no se hizo esperar. En una carta enviada poco después al titular del Comfer, Intelsat explica que «un no autorizado carrier de alta potencia causo los cortes y que la fuente de esa interferencia fue localizada fuera del territorio argentino». Mariotto, presentó además una denuncia penal ante la justicia para que investigue las interferencias de nuncias por la empresa Artear, a la señales satelitales de LS85 TV Canal 13, TN, y Radio Mitre. Fue la primera denuncia presentada ante la justicia ya que Artear solo dio a conocer este problema por intermedio de sus medios de comunicación.
La dictadura y el menemismo le dieron solidez y legalidad a una manipulación de los medios de comunicación escandalosa. Solo unos pocos son dueños de casi todo. Más de 6 mil medios no monopólicos nos agrupamos en apoyo a la nueva Ley de Comunicación Audiovisual que –de aprobarse- le haría perder a Clarín y La Nación, por ejempo, cifras incalculables. Ya empezaron a mostrar su enojo y su resistencia. Las amenazas de guerra sin cuartel pueblan los pasillos del poder y de los lobbies. Los argentinos empezarán a comprobar que hay a quienes no les interesa tanto la viejecita mutilada acá a la vuelta, sino que la usan para que la paz social se pierda y ciertas leyes no puedan ser aprobadas.
Mientras tanto, políticos rastreros y calculadores de algunos partidos de oposición, prometen defender la libre expresión a través de los micrófonos que les prestan quienes más atentaron contra la diversidad de ideas ¿Por qué tenerle tanto miedo a una ley hasta el punto de extirparla de la pantalla y los diarios? Algunos muestran la realidad que les conviene, y la inseguridad vaya si le conviene a muchos. Pero abrir el debate sobre la nueva ley de radiodifusión no es tarea que les convenga. Como ocurrió tantos años en nuestro país, "de eso no se habla". Lo invitamos –estimado lector- a seguir consumiendo las informaciones que surgen desde medios de esa empresa. Pero esta vez le pedimos que haga caso de aquella verdad popular que señala que la verdad más pura se encuentra a menudo más en lo qu e se calla y oculta que en lo que se muestra y dice con énfasis. De este modo entenderá mucho mejor la necesidad de una nueva Ley de Comunicación Audiovisual.

MAPA DE MEDIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA:
ESTA SERÁ LA NOTA PODRÁ LEERLA EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE PERIÓDICO EL VIGÍA






































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REDH: Carta Abierta a Alan García Pérez

Montevideo, 8 de Junio de 2009
Sr. Alan García PérezPresidente de la República del PerúS. / D.

En el tono que la realidad permite, y considerando el cargo que aún ocupa por voluntad original de una parte del pueblo peruano, me dirijo a ud. para manifestarle mi más enérgico repudio y condena a la masacre que su gobierno perpetró contra los pueblos originarios de la amazonía peruana, alzados en defensa de sus derechos ancestrales, y la preservación del territorio y medio ambiente.
A los dos primeros meses de esta lucha ud. respondió con silencio, y cuando por fin se convenció que no ganaría por cansancio, decidió arremeter con represión, bala y mentira. No nos sorprenden sus actos a quienes aún exigimos justicia por las matanzas en los penales de San Juan de Lurigancho, el Frontón y la cárcel de mujeres de Santa Bárbara (1986), que también lo tienen como principal responsable. Sí quedamos perplejos ante la incomprensible frialdad con que justifica las acciones actuales, echando gasolina al fuego al utilizar el falso argumento de que un puñado de indígenas no puede contradecir lo decidido por millones de peruanos.
Ud. sabe que el Convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado por la república del Perú, obliga a su gobierno a consultar a los pueblos originarios toda intervención en sus territorios. Trámite que su gobierno ignoró imponiendo 9 decretos legislativos que abren camino a las condicionantes del Tratado de Libre Comercio suscripto entre el Perú y los Estados Unidos.
De pie, sobre la sangre que Ud. mismo derramó, llegó a inferir que detrás de esto ‘puede haber intereses comerciales del extranjero’. Obviamente, son los intereses que Ud. respalda, y por los que está dispuesto a matar. Es Ud., presidente García, quien privilegia los intereses de las transnacionales sobre la vida de los pueblos originarios de la amazonía peruana.
La lucha de estos pueblos está respaldada por los pueblos originarios del Abya Yala, (manifestado explícitamente en la cumbre de pueblos originarios realizada recientemente en Puno,) y por las organizaciones sociales de todo el continente. De modo que, le aseguro, no descansaremos hasta que responda por sus crímenes. Ud. no debe explicaciones sólo al Perú, donde -a juzgar por el acceso a su segunda presidencia- le resultó fácil evadir responsabilidades en el pasado. Ud. es un criminal de lesa humanidad, y será perseguido hasta que responda por sus actos. No debería tomar esto como una amenaza, sino como descripción fiel de la realidad que Ud. mismo acaba de desencadenar.
El pueblo del Perú sabrá cómo resolver institucionalmente la recuperación del cargo que ud. ha mancillado por segunda vez. Es responsabilidad de los peruanos que le otorgaron su confianza, y de los que no lo hicieron, pero por reglas del juego democrático debieron tolerarlo.Dentro o fuera de Perú, la Justicia le hará reclamo de sus crímenes. Le aseguro que así será y que no olvidaremos ni descansaremos hasta que llegue ese día.
Carlos D. PÉREZCoordinador de REDHRed Solidaria por los Derechos Humanos
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BUSCO A MI HERMANA - ABRIL 2009
Enviado por
Clara Petrakos
Mi hermana nació entre el 8 y el 13 de abril de 1977 en Banfield, provincia de Buenos Aires.
Fue arrebatada de los brazos de nuestra madre.
Puede tener cualquier nombre, apellido y fecha de nacimiento.
Todos los organismos que corresponde: nacionales, internacionales y la justicia conocen esta búsqueda que ya lleva 31 años. Mi hermana no, por favor reenvía este mail.
(No olviden quitar las direcciones del forward anterior y poner a los contactos en copia oculta, muchas gracias)
buscoavictoria@yahoo.com.ar
REDH - Red Solidaria por los Derechos Humanos











FRIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD DE MENENDEZ
Recordamos que mañana se presenta el petitorio para que menendez y todos los represores cumplan su condena en cárcel comun.

se debe enviar el nombre completo y el dni:
cárcelamenendez@gmail.com

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La adhesion de Martin Almada desde Paraguay
From:
almada@rieder.net.py
Subject: Cárcel a Menéndez, genocida de la OPERACION CONDOR. Tambien Carcel a Montanaro de ParaguayDate: Sun, 7 Jun 2009 10:00:49 -0400



A
H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio), van nuestros
saludos solidarios desde Asuncion,Paraguay ,expresando lo siguiente: En mi condicion de
victima de la OPERACION CONDOR y descubridor de sus Archivos Secretos en Asuncion, el 22
de diciembre de 1992,piezas documentales que comprometieron a los gobiernos militares de
de la decada del 70,de Argentina,Brasil,Bolivia,Chile,Paraguay y Uruguay exigimos a todos
estos gobiernos,en este caso, a la justicia argentina,que esta llegando tarde... 30 AÑOS despues porque no habia jueces con CORAJE , que los genocidas
tienen que cumplir sus condenas en carceles comunes. La misma medida estamos pidiendo a la justicia paraguaya para que el ex Ministro del Interior de Stroessner,Sabino Augusto Montanaro,principal responsable de la OPERACION CONDOR, cumpla su condena en la Carcel de Tacumbu. Si la Camara Nacional de Casacion Penal
y el Juzgado No. 3 de Cordoba dan lugar al petitorio de los genocidas UNA VEZ MAS LOS JUECES PUSILANIMES
NOS HARAN SENTIR EL PESO DE LA INJUSTICIA,hecho que venimos a Denunciar a nivel internacional.
Rendimos nuestro homenaje a los luchadores contra la tirania en la
Region,luchadores que simbolizaron la REBELDIA Y LA DIGNIDAD. DR. MARTIN ALMADA, PREMIO
NOBEL ALTERNATIVO DE LA PAZ Y MIEMBRO DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS (AAJ).
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A la Cámara Federal de la Provincia de Córdoba
Señores Jueces:
Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra profunda preocupación ante la posibilidad de que delincuentes de lesa humanidad, condenados el año pasado en los fueros federales de nuestra provincia, consigan el inaceptable beneficio de la prisión domiciliaria.
Llevamos más de treinta años reclamando Justicia, con la firme convicción de que el verdadero funcionamiento de las instituciones de la República es el único camino para la consolidación de nuestra democracia. Entendemos que permitir a los criminales de lesa humanidad Menéndez, Rodríguez y Vega, cumplir condena en sus domicilios, constituye un retroceso en el avance de la Justicia y la Verdad que nuestra sociedad demanda desde hace décadas. Estos genocidas fueron juzgados con todas las garantías constitucionales y condenados a cumplir altas penas en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
Resulta inexplicable que tamaños delincuentes que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de ciudadanos, sean considerados por la Justicia como personas que no revisten peligrosidad y en quienes se puede confiar, como se los considera en los recientes fallos dictaminados por la Cámara Nacional de Casación Penal y el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba. Decisiones como estas desandan el camino hacia la Verdad y la Justicia y significan una burla hacia una sociedad que se niega, cada vez con más fuerza, a convivir con la impunidad de los asesinos de miles de hombres, mujeres y niños.
No podemos permitir que personas que agraviaron a toda la humanidad cometiendo delitos aberrantes; que jamás facilitaron herramienta alguna para conocer el destino final de las miles de personas desaparecidas y que nunca manifestaron el más mínimo arrepentimiento sobre sus actos, sean beneficiadas. Recordemos que estos criminales continúan cometiendo, hasta el día de hoy, el delito permanente de privación ilegítima de la libertad, nombre jurídico con que se conoce el delito internacional de desaparición forzada de personas en nuestro país.
Por otra parte, los márgenes de libertad que permiten los arrestos domiciliarios constituyen un evidente peligro. Basten los ejemplos de Cesar Emilio Anadón, quién se quitó la vida en su propio domicilio cumpliendo la prisión preventiva en el marco de la causa Brandalisis; o de Jesús Herminio Antón, quien estando imputado en numerosas causas se encuentra prófugo de la justicia hace años. Ejemplos que se multiplican a lo largo y ancho de nuestro país. Además existen numerosos casos de amenazas, agresiones y secuestros sufridos por diferentes activistas de Derechos Humanos, cuya máxima expresión es la lamentable desaparición, aún no esclarecida, del testigo y querellante Jorge Julio López.
Hoy está en ustedes la facultad de revertir el criterio aplicado por la Jueza Garzón de Lascano, para que todos los procesados por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia cumplan sus prisiones preventivas en establecimientos carcelarios. Hoy está en ustedes la posibilidad de que, en su respuesta a las apelaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal, reviertan la resolución de primera instancia, estableciendo que los responsables de los delitos de lesa humanidad cumplan prisión preventiva en la cárcel.
Por todo lo anterior, los abajo firmantes elevamos el presente petitorio.
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Confirman procesamiento en Rosario por delitos contra DDHH
07/06/2009 - La cámara federal ratificó la decisión de procesar a Ariel Zenón Porra, un ex personal de inteligencia imputado por violaciones a los DDHH. Se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino conocido como "Fábrica de Armas". Fallo completo

Fallo completo 78.42 Kb.

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de Ariel Zenón Porra, un ex personal civil de inteligencia, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto.
Así, el tribunal ratificó el fallo del 21 de mayo de 2008, que procesó a Zenón Porra como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, en concurso real con tormentos, en siete oportunidades, por los hechos que damnificaron a Adriana Elba Arce, Juan Antonio Rivero, Ramón Aquiles Verón, Olga Moyano, Hilda Yolanda Cardozo, Susana Miranda y Ariel Morandi y en concurso real con el delito de homicidio, en dos oportunidades, por los hechos que damnificaron a Susana Miranda y Ariel Morandi.
En la causa se investigan hechos delictivos presuntamente acaecidos en el año 1978 en el centro clandestino de detención que funcionó en el predio lindero a la ex Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu”.
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Un nuevo aniversario de la pérdida de Amanda Mayor


Hoy se cumplen cuatro años de la pérdida de Amanda Mayor… se nos fue una gran luchadora, una madre coraje, una de nuestros imprescindibles… y se nos fue sin poder llegar a ver a los genocidas tras las rejas, donde tenían que estar desde siempre, desde hace más de 30 años… y donde hoy sí están.
Hoy la recordamos con mucha alegría, alegría por habernos enseñado que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y en ese aprendizaje andamos, entendiendo que no claudicando ante los cachetazos de la impunidad y la lentitud de la justicia había que seguir con pasos firmes hacia la victoria final…
Quisiéramos contarte Amanda que en estos tiempos muchos de los responsables del mayor genocidio de nuestro país, de nuestra provincia están tras las rejas, están pasando sus días y noches en la cárcel común.
Así es querida Amanda, en el marco de la causa Área Paraná, el Dr. Hugo Mario Moyano tiene nuevo domicilio, junto a Jorge Humberto Appiani y José Anselmo Appelhans, que no es otro que la Unidad Penal Nº1 –acompañados por Juan Antonio Zaccaría detenido en el marco de la causa Hospital Militar- de esta ciudad, así mismo Rosa Susana Bidinost, quien hoy duerme en la Unidad Penal Nº 6 de esta misma ciudad y Ramón Genaro Díaz Bessone –lamentablemente- en su domicilio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hoy, a cuatro años de tu partida todavía seguimos sintiendo tu ausencia, ausencia que se hace presente en la lucha de otras madres del dolor como Carmen Germano, Clarita Fink, Mary Bianchi, Benjamina Sosa, y tantas otras que cargan sobre sus hombros la historia de nuestro pueblo.
Amanda debes andar caminando de la mano con Pepita Goyeneche… a ambas las abrazamos, los H.I.J.O.S. que no dejaremos de sentir nunca el dolor de sus ausencias pero las tendremos presentes en la lucha diaria por el JUICIO Y EL CASTIGO.
Amanda Mayor PRESENTE!
Pepita Goyeneche PRESENTE!
30.000 compañeros detenidos- desaparecidos PRESENTE!
JUICIO Y CASTIGO A LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS
H.I.J.O.S.
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Paraná

http://www.hijosparana.blogspot.com/

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El país / Edición Impresa
la justicia electoral resuelve la apelación
La Cámara decide si Patti puede postularse
El juez platense Manuel Blanco habilitó al ex policía, preso por delitos de lesa humanidad. Los camaristas recibieron a los familiares que lo acusan.
Martina Noailles
08.06.2009

Tiempo de campaña. Con Menem, cuando todavía estaba en libertad.
La Cámara Nacional Electoral definirá esta semana si Luis Patti puede postularse a diputado nacional a pesar de estar tras las rejas, acusado de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Además de las presentaciones en contra del represor, al momento de decidir, los camaristas también contarán con el testimonio que los familiares llevaron a sus despachos. El jueves pasado, un día después de que el fiscal Jorge Di Lello dictaminara a favor de Patti, los jueces escucharon a los hijos de dos víctimas del ex policía, quienes relataron en primera persona las terribles historias que sufrieron en 1977. “Hay una esquizofrenia entre la justicia penal y la electoral. Mientras la Cámara Federal le vuelve a negar la excarcelación porque lo considera un peligro para los testigos y porque existe riesgo de que evada el accionar de la justicia, el juez electoral Manuel Blanco lo habilita para ser candidato”, se indignó Juana, hija del ex diputado Diego Muniz Barreto, secuestrado por el propio Patti y luego asesinado. Al igual que otros familiares y organismos de derechos humanos, Juana y Manuel Gonçalves no se resignan. Tal como lo hicieron ante la justicia penal para lograr la agilización de las causas que investigan las atrocidades que cometió Patti durante la dictadura, ahora llevan sus argumentos ante los magistrados electorales en busca de la impugnación a su candidatura a diputado nacional por la lista duhaldista-menemista Por Vos Buenos Aires. Sin embargo, hasta aquí todas fueron malas. El miércoles pasado el fiscal Di Lello rechazó las presentaciones y dejó la definición en manos de la Cámara Electoral. Al igual que lo había hecho el juez Blanco, el fiscal basó su dictamen en el Código Electoral, que establece que es necesaria una condena para impedir la presentación de un candidato.Para Juana Muniz Barreto la exigencia judicial es “perversa”. Reconoce que Patti aún no ha sido juzgado –aunque está a pocos meses de comenzar su juicio oral– pero recuerda una de las pruebas que constan en el expediente. Se trata del testimonio del propio represor, años atrás, en un programa televisivo.–¿Cuál ha sido su responsabilidad en la lucha antisubversiva? –le preguntó el periodista Carlos Ulanovsky.–Cuatro o cinco homicidios –contestó Patti, sereno. En la Argentina las leyes de Obediencia Debida y Punto Final aún estaban vigentes y permitían que los expedientes durmieran en los brazos de la impunidad. La apelación que presentaron los abogados de los familiares critica el fallo del juez Blanco porque “no valoró la prueba incorporada, no produjo las pruebas testimoniales planteadas y ni siquiera convocó a la audiencia pública solicitada”. Tampoco, dicen, tuvo en cuenta las obligaciones emanadas del derecho internacional.OPINIÓNLa oportunidad de la JusticiaAna Oberlin, Diego Morales y Pablo Llonto, querellantes contra Luis PattiEn los años 1995 y 2000 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas –órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos– consideró que el Estado argentino debía adoptar las medidas necesarias para excluir de cargos estatales a personas sospechadas de haber participado en graves violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar, a fin de evitar una profundización de la impunidad derivada de la falta de condena a los responsables.Las víctimas, sus familiares y los organismos de derechos humanos impulsaron el proceso de verdad y justicia con las causas por derecho a la verdad, las investigaciones criminales y los debates parlamentarios que culminaron en la derogación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y la confirmación de su inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema. Las secuelas de la impunidad, no obstante, son más profundas y exigen que los Estados agoten todos los esfuerzos necesarios para evitar que personas como Luis Patti, procesado y detenido por graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar participen en las próximas elecciones. La Cámara Nacional Electoral tiene una oportunidad única para confrontar estos antecedentes con las reglas del sistema democrático. Las secuelas del pasado y las distorsiones que ha generado el proceso de impunidad en la Argentina exigen una respuesta esclarecedora de parte de la Justicia. Esperemos que así sea.
Fuente: Critica de la Argentina-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS













07 de Junio de 2009
El juez Federal Ricardo Moreno le otorgó la libertad al coronel retirado bajo caución de 100.000 pesos
Procesaron a Nakagama como partícipe secundario del crimen
Dado el rango que revestía en 1974, el juez consideró que no tuvo poder para decidir la suerte de los guerrilleros. Pero que colaboró en el aniquilamiento.
Procesado y libre. Mario Nakagama fue el primer procesado por la Masacre de Capilla de El Rosario.


El coronel retirado Mario Nakagama (57) fue procesado como partícipe secundario del delito de "homicidio" por su participación en la conocida "Masacre de Capilla del Rosario" ocurrida en Fray Mamerto Esquiú el 12 de agosto de 1974 y en la que habrían sido abatidos 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Así lo resolvió el juez Federal Ricardo Antonio Moreno quien consideró "improbable" que la suerte de las víctimas haya sido decisión directa del imputado, aunque sí consideró que jugó un papel de colaboración.En la resolución emitida días atrás, a la que tuvo acceso EL ANCASTI, se resolvió dictar el procesamiento sin prisión preventiva, dado que la calificación fue atenuada y no hay elementos para considerarlo procesalmente peligroso. En consecuencia, podrá continuar en libertad una vez que cubra una caución de 100.000 pesos. Nakagama quedó detenido el pasado 14 de mayo y se convirtió en el primer sospechoso en ser indagado en le marco de la investigación de la "masacre". Junto al ex militar Carlos Carrizo Salvadores -que no se presentó aún- fue señalado por varios testigos como quienes tuvieron a su cargo las tropas del Ejército que se enfrentaron con los insurgentes. Y al ser indagado, se le imputó el delito de "Homicidio doblemente calificado".Sin embargo, luego de analizar tanto la declaración del acusado -que negó los cargos- y los testimonios incorporados, el juez Moreno decidió atenuar la imputación en su contra. En los fundamentos, señala que "los que comandaban la operación eran los oficiales superiores, en tanto que Nakagama era subteniente, es decir un recién recibido de la Escuela Militar". En otro tramo señala que el hecho fue consecuencia de "disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo Nacional relativas a la represión a la subversión (...) además se encontraban en las inmediaciones autoridades civiles, el Jefe de la Policía Federal de Catamarca y de la Policía de la provincia. (...) la presencia de todas estas autoridades llevan a pensar que resulta improbable haya sido el subteniente Nakagama quien decidiera la suerte de los insurgentes". Y señala que en aquel entonces, el imputado revestía el rango más bajo de la carrera militar con 22 años.
ParticipaciónNo obstante, Moreno consideró que Nakagama fue un "cooperador" del "accionar de otros que culminaron con la muerte de varios insurgentes". Esta participación, a criterio de Moreno surge de la propia declaración del imputado, quien indicó que el día de los acontecimientos, él sobrevoló en helicóptero la zona para ubicar a los guerrilleros ocultos en el monte. "Nakagama debió conocer que la orden de los mandos superiores era la de aniquilar a los insurrectos", afirma Moreno, quien también indicó que aunque no estuvo en el lugar de los fusilamientos -sino a varios kilómetros sobre la ruta-, "tenía y tiene cabal conocimiento de las situaciones resultando a todas luces complaciente con lo que ocurría". "Nakagama debió conocer que la orden de los mandos superiores era la de aniquilar a los insurrectos". Juez federal de catamarca sobre el procesamiento del militar.
La causa se investiga hace cuatro años y medio
Por aire. Uno de los helicópteros que utilizó Nakagama.

La causa por la llamada "Masacre de Capilla del Rosario" se inició por una denuncia penal que realizaron en diciembre de 2004 representantes de organismos defensores de los Derechos Humanos de Catamarca, en el marco de la reapertura de las investigaciones judiciales para determinar el destino final de los desaparecidos en el período comprendido entre 1974 y 1983.La causa se inició con la ubicación de los cuerpos de cinco de las víctimas de la masacre ocurrida en 1974 que estaban enterrados como NN en una fosa común del Cementerio Municipal. De ellos, tres pudieron ser restituidos a sus familiares. Al margen de la identificación de los cuerpos, se inició la investigación sobre la posible comisión de delitos de "lesa humanidad" por parte de las fuerzas militares en el enfrentamiento armado con los guerrilleros del ERP - MTP que pretendían robar pertrechos de guerra del R17. La investigación determinó la responsabilidad de los militares Nakagama y Carlos Carrizo Salvadores. El segundo, hasta el momento, ha logrado evadir el llamado para ser indagado por la masacre.

Fuente:
http://www.elancasti.com.ar/


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EL JUEZ FEDERAL NO NOS DEFRAUDO, LO DEJO EN LIBERTAD A NAKAGAMA

¿ LA MISMA DECISION CON CARRIZO SALVADORES?

ANTECEDENTE A TENER EN CUENTA: en la causa de los hermanos Ponce, ingresó carrizo salvadores al juzgado como imputado y salio como testigo.....


REITERAMOS DOCUMENTOS DEL 28 DE MAYO

Causa Masacre de Capilla del Rosario

Nakagama a punto de quedar en libertad…por falta de méritos


Alertamos que la Justicia Federal de Catamarca se apresta a dictar falta de méritos a uno de los principales imputados en la Causa Masacre Capilla del Rosario, Catamarca, el ex militar Mario Nakagama, uno de los que participó en el fusilamiento de los militantes argentinos y uruguayos se entregaron con vida después de deponer las armas, tras el frustrado intento de copar un regimiento.
En su declaración Nakagama, admitió haber estado el 11 de agosto de 1974 en el “teatro de las operaciones” en las inmediaciones de la Capilla, pero negó las acusaciones de los testigos que han declarado desde la reanudación del juicio en marzo del 2004. Ahora no solo no recuerda la represión que culminó con el fusilamiento como lo publica el diario “El Ancasti” del 30 de agosto del 2006 ( ver nota), sino también cuando participaba de las torturas a los detenidos en la Jefatura de Policía, mientras se jactaba a los gritos “yo los baje” “yo los baje”.
Lo de Nakagama no sería ninguna sorpresa ya que el juez federal Ricardo Moreno ha dado más de una muestra que la ley de obediencia debida y punto final sigue mas firme que nunca a más de cinco años de ser derogada por el Congreso de la Nación.
Entonces de no mediar un cambio en la posición Moreno le dictará falta de méritos con lo cual va a recuperar su libertad, una opción la que espera confiado Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, al igual que los otros ex militares y ex policías que deben ser citados este año o el que viene…
No sería ninguna sorpresa por cuanto las causas que investiga la Justicia Federal están a fojas cero y en ese contexto, la causa por la desaparición de tres militantes de la Juventud Obrera Católica, los hermanos Griselda y Francisco Pone y de su sobrino Julio Genaro Burgos en abril de 1976, es un ejemplo didáctico de nuestras afirmaciones.
De los tres acusados, dos ellos cumplen arresto domiciliario y el tercero ya informó a través de los medios de comunicación que no se presentará porque “es inocente”.
En febrero del 2007 el juez Moreno ordenó la detención del general retirado Carlos Lucena y después el Darío Otero Arán y les concedió el arresto domiciliario el primero en Mar del Plata y el segundo en Posadas, Misiones. En cuanto al tercero, el general retirado Raúl Horacio Gallardo tenía previsto citarlo y por ende ordenan su detención el 28 de marzo de ese año: 2007.
Desde esa fecha hasta ahora Gallardo no ha modificado su situación procesal y por ahora no hay ningún indicio que la cambie. Nada.
Cabe acotar que “la ministra de Defensa Nilda Garré denunció a la Justicia por asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, tráfico de influencias y falsedad ideológica a más de ochenta civiles y militares y ordenó al general Roberto Bendini el pase a disponibilidad de los militares imputados que siguen en actividad. Entre los presuntos responsables hay cuatro generales, muy próximos al jefe de Estado Mayor del Ejército, dos de ellos en actividad y en altos cargos. La denuncia se extiende a quien o quienes surjan como penalmente responsables con el devenir de la investigación y del proceso. Las auditorías prosiguen en otras dependencias del Ejército en las que se sospecha la utilización de los mismos métodos fraudulentos. También fueron acusados cinco coroneles, seis tenientes coroneles, siete mayores, dos capitanes, un teniente 1, siete suboficiales y cincuenta y un civiles. En varios casos, los civiles tenían relaciones familiares o comerciales con miembros del Ejército. Veintitrés de los treinta y un militares acusados están en actividad, entre ellos el director de Personal del Estado Mayor, general Mario Fernando Troncoso, y el Comandante de Intendencia, general Eduardo Salvador Gibelli. También integran la nómina el director de estudios históricos, general Héctor Mario Giralda, quien estaba en retiro pero había sido convocado a la actividad por el artículo 62 de la ley orgánica del personal, y el ex Comandante de Operaciones Terrestres, general Raúl Horacio Gallardo. Antes de ese Comando, Gallardo fue director del Colegio Militar. En marzo de 2004, Gallardo expresó su desacuerdo con la decisión del presidente Néstor Kirchner de descolgar los cuadros de los ex dictadores Jorge Videla y Benito Bignone de la galería de ex directores del Colegio Militar. En mayo de 2006, permitió que una señora se acercara a gritar insultos al entonces presidente Néstor Kirchner. Gallardo también debe responder ante la justicia federal de Catamarca por el secuestro y la desaparición forzada de los hermanos Griselda y Francisco Ponce y del sobrino de ambos Julio Genaro Burgos, el 6 de abril y el 15 de diciembre de 1976. Gallardo era asistente personal del general (R) Carlos Lucena, quien entonces era comandaba el Regimiento de Infantería 17. Según el fiscal de la causa, Santos Reinoso, Gallardo era el jefe de la compañía que llevaba a cabo los operativos. En los tres casos Bendini intercedió por Gallardo, para que se postergara la fecha de su indagatoria en Catamarca y para que no pasara a retiro, cosa que ocurrió al asumir el actual gobierno”, como lo precisa Horacio Verbitsky en una nota de Página 12 el 10 de agosto del 2008.
Entonces conjeturar que Nakagama y Carrizo Salvadores seguirán gozando de la impunidad como desde hace 35 años no es un mero ejercicio de imaginación, sino todo lo contrario. Los ejemplos dados lo certifican, salvo un imponderable de último momento o que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se involucre para que Catamarca deje ser el símbolo de la impunidad al igual que todas las provincias del norte.

Por la comisión de Familiares y Compañeros de Uruguay y Argentina de los 16 fusilados en la Masacre de Capilla del Rosario, Nydia y Elsa Betancourt, Ramon Paz, Sergio Ramirez y Lucho Soria

28 de mayo del 2009



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-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS





























EL PAIS › EL RECLAMO DE LOS HERMANOS IACCARINO, DESPOJADOS POR LA DICTADURA
“Nos quedamos sin nada, destruyeron nuestro patrimonio”
Bajo la amenaza de muerte a sus hijos, Rodolfo Iaccarino debió ceder 25 mil hectáreas y un avión. Los tres hermanos, que estuvieron detenidos-desaparecidos entre 1976 y 1978, hoy exigen la restitución de un predio ocupado por una cancha de golf en Córdoba.

“Todo comenzó cuando nos colocaron gente de Inteligencia en las sociedades que teníamos”, contaron Alejandro y Carlos Iaccarino.
Por Gustavo Veiga
Rodolfo, Alejandro y Carlos Iaccarino son víctimas del terrorismo de Estado: estuvieron detenidos-desaparecidos durante 22 meses entre 1976 y 1978. Los tres hermanos, que hoy superan los sesenta años, eran empresarios platenses y la dictadura los despojó de bienes valuados en nueve millones y medio de dólares mediante una compleja trama donde intervinieron militares, servicios de inteligencia, testaferros y escribanos. Bajo la amenaza de que sus tres hijos serían arrojados al Río de la Plata, Rodolfo Genaro Valentín Iaccarino firmó la cesión de 25 mil hectáreas de producción agropecuaria en Santiago del Estero y un avión ejecutivo que, en conjunto, tienen una valuación actual que supera los 125 millones de dólares. Como todo pago, le entregaron a la familia unos 300 mil dólares en tres documentos y 28 hectáreas de una cancha de golf del Sierras Hotel en Alta Gracia, Córdoba, que se encuentra en manos de una sociedad civil. Los hermanos reclaman ahora su devolución. En el lugar habitan familias de posición desahogada que ven cómo, treinta años después, sus legítimos dueños buscan una reparación histórica que también conlleva una reparación moral: “Nos cortaron el proyecto de vida”, explica Carlos, el menor de los tres hermanos.
Alejandro, el segundo de los Iaccarino, aún se pregunta: “¿Por qué fuimos elegidos?”. Lo secuestraron el 4 de noviembre de 1976 y pasó por catorce centros clandestinos de detención donde sufrió todo tipo de vejámenes, incluidas las torturas que le propinaron en Coti Martínez y el despojo de sus bienes que le notificaron en la Brigada de Lanús. En diálogo con Página/12, relata lo que vivió cuando tenía 30 años y comenzaba una incipiente carrera como empresario: “Un día nos vinieron a buscar a la comisaría 23. Así llegamos al centro de detención clandestino Coti Martínez, tabicados y esposados nos golpearon duramente, luego nos lanzaron al piso, y ahí vimos el rostro de la muerte. Unos días después me llevaron a la sala de tortura encapuchado y esposado, me desnudaron arrojándome sobre un catre elástico metálico, envolvieron mis tobillos y muñecas con gomas y sobre estos gruesos alambres sentí cómo las cuatro palancas tensaban mi cuerpo. Allí empezó la picana a taladrar todas las zonas más sensibles de mi cuerpo. Nadie que no haya sufrido ignominias de esta clase puede imaginárselas”.
Toda la familia fue secuestrada por la dictadura: el padre y sus hijos Rodolfo y Carlos en Santiago del Estero; Alejandro y la madre, Dora Emma Venturino de Iaccarino, en La Plata. “Nosotros estuvimos los primeros dieciséis meses con detenidos comunes. No sabíamos cómo venía la mano. No estábamos en el mundo político, estábamos en el mundo de los negocios. Y hasta que no llegamos a la cárcel número 9, porque antes habíamos pasado por Coti Martínez y el Infierno, la pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué? No entendíamos cómo se iba formando el terrorismo de Estado. Y eso nos traía mayor temor, hasta que vino un italiano de apellido Chezzi, un testaferro de los militares, que nos dijo: ‘si quieren salir, lo que deben hacer es entregar el campo de Santiago del Estero y el avión’.”
Alejandro y Carlos Iaccarino acaban de regresar de Córdoba, donde fueron recibidos por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Raúl Sánchez, y su subsecretario, Darío Olmo. La visita a los funcionarios resultó satisfactoria para ellos, aunque aclaran: “No fuimos a Alta Gracia porque temíamos que se desatara un conflicto. No íbamos a tomar posesión de lo que ya poseemos. Las 28 hectáreas las tenemos desde hace 32 años, faltan dos o tres trámites para que todo esto termine”, cuenta Alejandro.
Una escritura firmada el 24 de agosto de 1979 confirma su aseveración. La protocolizó el escribano Adolfo Barceló en Alta Gracia. En ella se lee que el ciudadano paraguayo Vicente Antonio García Fernández compareció “como presidente de la Sociedad Anónima ‘Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia’, con domicilio en calle Maipú 510, 2 piso, de la Capital Federal” y a solicitud de los Iaccarino manifestó que “según boleto de fecha 9 de octubre de 1977, han adquirido de la ‘Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia’ SA, firmando como presidente en esa oportunidad el señor Bruno Chezzi (CI 4.912.755), una fracción de terreno conocida como Cancha de Golf del Sierras Hotel, con una superficie de 28 hectáreas, 1010 metros cuadrados”.
El punto B de la escritura es el que más robustece la posición de los tres empresarios y compromete el usufructo de las 28 hectáreas por parte de la sociedad civil Alta Gracia Golf Club que preside el contador público Javier Ruarte. Dice: “Que la mencionada fracción está pendiente de escrituración, habiendo los señores Iaccarino abonado íntegramente todo el precio convenido, y a quienes se les ha otorgado la posesión, que por este acto la empresa viene a ratificar”.
El 22 de agosto del año pasado, Ruarte, quien es gerente del Banco Río de Alta Gracia, testificó en La Plata en el marco de la causa “Iaccarino sobre desapoderamiento de bienes” que tramita en el Juzgado Federal N 3 de Arnaldo Corazza. Durante la audiencia, dos abogados de la familia, Marta Vedio y Pablo Llonto, le preguntaron a Ruarte si había tomado nota de los reclamos por el terreno. Declaró que había recibido una carta documento con la demanda firmada por una letrada y que fue discutida en la comisión directiva de la sociedad civil, luego de lo cual se la pasaron a sus asesores legales para que la respondieran. “Se dio tratamiento a la carta como que no correspondía el reclamo”, precisó, y agregó que en sus diez años como presidente “con la cuestión de la quiebra del Sierras Hotel siempre surgen, de vez en cuando, rumores sobre algún que otro comprador en la quiebra o dueño, entre comillas, de las tierras; pero nada formal, solo comentarios de pueblo. Y porque tienen la posesión del club hace más de 30 años, no le dio trascendencia”.
La zona donde se encuentra el campo de golf es la más cara de Alta Gracia (las hectáreas que reclaman los Iaccarino podrían valer hasta 30 millones de dólares). Hasta allí, durante la primavera de 1932, llegó la familia Guevara Lynch con el pequeño Ernesto –conocido desde la Revolución Cubana mundialmente como el Che– que jugaba con sus amigos en los terrenos hoy reclamados por los Iaccarino (ver aparte).
El diario local Nuevo Sumario fue el primero que se ocupó del litigio entre los empresarios de La Plata y la asociación civil que preside Ruarte. En un artículo reciente firmado por la periodista Susana Salas informa sobre un intento por ampliar la superficie del predio, a sabiendas de que se avanzó sobre bosque nativo cuya tala está prohibida.
“En tanto, la Municipalidad de Alta Gracia afirma que las acciones del Alta Gracia Golf Club para ampliar su cancha, y la instalación de un loteo privado en el predio, a cargo del Fideicomiso La Rinconada, están en regla; la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba admite que hubo un desmonte ilegal al haberse violado legislación provincial y nacional. El accionar había sido constatado en diciembre de 2008 por el Area de Fiscalización y Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente de Córdoba, que ordenó el cese de los trabajos. Desde esa repartición se informó que no sólo se desobedeció la orden sino que se reincidió, por lo que el club deberá abonar una multa que rondaría los 100 mil pesos.”
Las topadoras utilizadas en el desmonte pueden observarse en clave simbólica. En la tierra yerma que dejaron los militares a sus espaldas proliferaron operaciones como la que denuncian los hermanos Iaccarino. El jefe de familia sufrió un accidente cerebro vascular a los tres días de que sus hijos fueron liberados. La madre permaneció diecisiete días detenida durmiendo en el piso de una comisaría, alimentada a mate cocido. Alejandro recuerda que cuando la llevaron ante el coronel Ricardo Flores Jouvet, el militar ordenó: “Lárguenla, esta mujer está destrozada”. El 1 de enero del año pasado falleció a los 90 años.
“Todo comenzó cuando nos colocaron gente de Inteligencia en las sociedades que teníamos. Eran Constructora Sureña Argentina Sociedad Anónima, Ilumbras SRL, Ciatra, que hacía auditorías para empresas, la láctea ILSA, La Marta SA y El Milagro. Sabían hasta de un campo que habíamos comprado en la localidad de Las Tahonas, cerca de Verónica. Y hubo otros empresarios a los que les pasó lo mismo; nosotros contabilizamos 266. Estuvimos detenidos con Ramón Miralles, el ministro de Economía de Victorio Calabró, con Rubén Dieguez, el secretario general de la CGT La Plata y el funcionario Alberto Liberman, todos salvajemente torturados”, recuerdan Alejandro y Carlos.
El primero fundó en 1983 la Confederación Económica Argentina (CEA) que presidió durante cuatro años y además integró la misión investigadora de la Comisión Trilateral y el FMI en América latina. Era el hombre de los contactos internacionales en la sociedad familiar hasta que los detuvieron, Carlos el organizador y Rodolfo el responsable del personal, de quien dependían unos 150 empleados. Los tres hermanos fueron dejados en libertad por la dictadura el 4 de septiembre de 1978 y, desde entonces, son guiados por dos ideas: conseguir que les devuelvan el patrimonio que les saquearon los militares y organizar a los empresarios que fueron secuestrados y saqueados durante la dictadura. “Nos quedamos sin nada, destruyeron todo nuestro patrimonio. Yo ahora me quiero jubilar, pero como nos robaron toda la documentación de nuestras oficinas, los papeles no se consiguen. Parece una tontera, pero no nos dejaron ni los muebles”, concluye Carlos. Los Iaccarino se reivindican continuadores del ideario del ex presidente Arturo Frondizi, con quien trabajaron durante quince años.
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EL PAIS
La huella del Che Guevara


Por Gustavo Veiga
Horacio López Das Eiras es un periodista cordobés que en 2006 publicó una valiosa investigación sobre la infancia y la adolescencia del Che Guevara transcurridas en las ciudades de Alta Gracia, Córdoba y Buenos Aires. Su libro Ernestito Guevara antes de ser el Che (Ediciones del Boulevard) describe en varios párrafos aquella búsqueda de aire puro para el niño asmático que llevó a la familia Guevara Lynch a instalarse en las inmediaciones del Golf Club de las sierras cordobesas.
“Una buena noticia se produce cuando Ernesto padre es contratado por la empresa Tierras y Hoteles, propietaria del Sierras, para ampliar los terrenos de la cancha de golf. El trabajo le viene de maravillas, teniendo en cuenta que la sola dependencia de las cosechas yerbateras le ha provocado varios altibajos financieros. Asociado con su hermano, el arquitecto Federico Guevara Lynch, ponen en marcha el trazado. De esta forma, el padre de Ernestito debió desempolvar sus conocimientos de Agrimensura, carrera que empezó a estudiar, pero al igual que Arquitectura, Medicina e Ingeniería no terminó. Una fotografía rescatada en el tiempo, lo muestra rozagante al frente de una cuadrilla, luciendo pantalones breeches, camisa blanca, medias al tono y chaleco oscuro. Cualquiera podría asegurar que se trataba de un distinguido lord”, relata López Das Eiras.
En otro tramo del libro, el autor describe lo que era –allá por los años ‘30– el lugar que los Iaccarino recibieron bajo presión de los testaferros de la dictadura a cambio de propiedades más costosas. “Después de vivir en el Hotel de La Gruta, Villa Chiquita y Villa Nydia, los Guevara realizan un nuevo traslado de casa. Esta vez deben retirarse hacia una zona de ensueño donde toman un chalet lindante al campo del Golf Club. Desde su galería pueden contemplarse los destellos de los links y las crestas de los cerros asomados sobre las copas de los olivos. La casa es propiedad de una acomodada familia porteña de apellido López Pondal y se encuentra al final de una calle sin salida que termina en los cercos del golf. Su amplio jardín más el verde contorno serán territorios tomados por Ernestito y su pandilla de amigos. Si la cancha se encuentra a un paso y los palos de golf se pueden hacer con ramas de árboles, es cuestión de apropiarse de las pelotitas que desparraman los golfistas chambones.”


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EL PAIS
Las cuatro causas de los tres hermanos

Por Gustavo Veiga
Son al menos cuatro las causas judiciales en que los hermanos Iaccarino tramitan distintas instancias relacionadas con su detención durante la dictadura militar y la apropiación de sus bienes. Dos se sustancian en La Plata, una en Buenos Aires y la restante en Córdoba.
Uno de los pleitos se sigue en el Juzgado Comercial N 14 de Buenos Aires a cargo de la doctora Susana Inés Polotto. Es por la quiebra de la compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia que regenteaba el paraguayo García Fernández. Los hermanos Iaccarino consiguieron que se detuviera una subasta de las hectáreas que reclaman.
También forman parte de la causa global sobre los centros clandestinos de detención del denominado circuito Camps y son querellantes en la que se encuentra en el Juzgado Federal N 3 de La Plata a cargo de Arnaldo Corazza (“Iaccarino sobre desapoderamiento de bienes”).
El expediente restante está abierto en Alta Gracia en un juzgado de instrucción que subroga Emilio Drazile y donde se tramitaba el pedido de usucapión (modo de adquirir un bien mediante la posesión) iniciado por la asociación civil Alta Gracia Golf Club. Según un artículo publicado por el diario La Voz del Interior el 18 de mayo, el juez niega que conste en la causa el reclamo de los Iaccarino. Pero Alejandro, el segundo de los hermanos, le dijo al medio que “han aportado variada documentación” cuando estaba al frente la jueza Graciela Vigilante, quien después se tuvo que inhibir porque estuvo vinculada con la Compañía de Tierras y Hoteles que quebró.
El juicio por usucapión se había iniciado en 2001, según declaró Javier Ruarte en el juzgado de Corazza, por “posesión veinteañal”. Contra esa intención de los administradores del Golf Club se presentaron los Iaccarino y, a juzgar por las últimas medidas judiciales, llevan las de ganar. La Cámara N 5 de Córdoba hizo caer la usucapión que pidió la sociedad Alta Gracia Golf Club, por lo que quedaron en inmejorables condiciones de recuperar las 28 hectáreas en las tierras más cotizadas de la ciudad.
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EL PAIS
Un predio distinguido

Por Gustavo Veiga
El Alta Gracia Golf Club tiene la cancha más antigua de Córdoba y la tercera que se inauguró en la Argentina, en agosto de 1913. En una de las páginas de Internet que difunden los campos donde se juega al deporte de los hoyos dice que “presenta características muy interesantes que hacen de él un recorrido muy entretenido a la hora de enfrentarlo”. Allí, según cuenta Alejandro Iaccarino, jugaron el príncipe de Gales y los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, y un ex presidente argentino, el radical Marcelo Torcuato de Alvear. También fueron huéspedes del Sierras Hotel, cuya sociedad se encuentra bajo proceso de quiebra.
Mucho más cerca en el tiempo, por sus links también pasó el ganador del prestigioso Masters de Augusta, Angel “Pato” Cabrera, el mejor golfista argentino. Un especialista en el deporte, el periodista del diario La Voz del Interior Enrique Lobos, le contó a Página/12 que “lo hizo en torneos no oficiales, de aficionados, cuando no era profesional”.
La Federación de Golf cordobesa es prácticamente controlada por el Alta Gracia Golf Club que preside el contador Ruarte y cuya conducción ejercen otras personas con el mismo apellido: José María, Enrique y Guillermo Ruarte, además de Luca Bori Vlasov.

Fuente: Pagina 12

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Moyano, Appelhans y Bidinost se negaron a declarar en el Juzgado Federal de Paraná

El médico Hugo Moyano fue abucheado fuertemente por el público presente.Foto inventario22
Los tres represores acusados por delitos de lesa humanidad en el marco de la Causa Paraná, que investiga los crímenes cometidos durante la dictadira, fueron trasladados detenidos al Juzgado Federal de la capital entrerriana y se abstuvieron de declarar frente a la jueza Miriam Gallizi. José Anselmo Appelhans, Rosa Susana Bidinost y el médico Hugo Mario Moyano, permanecerán detenidos mientras se sustancia la casa. Appelhans se burló de los integrantes de organismos de DDHH que se necontraban en la puerta del juzgado mientras era retirado con fuerte custodia. En tanto, Moyano fue abucheado por los asistentes cuando descendió del vehículo que lo trasladaba intentando ocultar su rostro detrás de los uniformados. En las próximas horas podría ser indagado otro de los detenidos, Jorge Humberto Appiani. Queda pendiente la citación al ex general Genaro Díaz Bessone que también está detenido.
Fecha: 05/06/2009 21:28:00 04:39

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04/06/2009
Ordenaron las detenciones de c...

En el marco de la causa Área Paraná, la Justicia Federal comenzó en la mañana de este viernes con las indagatorias a tres de los detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la capital entrerriana.El jueves, desde el juzgado se ordenaron las detenciones de Ramón Genero Díaz Bessone, Jorge Humberto Appiani, José Anselmo Appelhans, Rosa Susana Bidinost y el médico Hugo Mario Moyano. Éstos tres últimos fueron detenidos y alojados en las cárceles de Paraná, mientras que Appiani y Díaz Bessone serán interrogados en Capital Federal.El primer turno de las indagatorias fue para José Anselmo Appelhans, quien al retirarse de la sede de calle 25 de Mayo, con un chaleco antibalas y escoltado por dos agentes, saludó sonriente y tiró besos a los integrantes de la agrupación H.I.J.O.S, y testigos de la causa Área Paraná que se concentraron en la puerta de la Justicia Federal y se manifestaron con bombos, carteles y cánticos a medida que iban llegando los detenidos.El integrante de la Agrupación H.I.J.O.S., Julián Freidevaux, expresó su satisfacción por el avance de la causa y la detención de los represores que actuaron en la ciudad de Paraná.“Este es un momento muy esperado por todos los organismos, el pueblo, la sociedad y todos aquellos argentinos que tienen conciencia histórica. Es la primera vez después de 33 años que estos personeros de la muerte, que decidieron sobre la vida y la muerte de nuestros familiares y ciudadanos entrerrianos, van a responderle una pregunta a la Justicia Federal”, expresó el joven.Froidevaux remarcó que para lograr estas detenciones fueron muy importantes los reconocimientos oculares que se realizaron en los ex centros clandestinos de detención, de los cuales surgieron más pruebas contra los represores.Respecto a la situación de Juan Carlos Ricardo Trimarco, el integrante de H.I.J.O.S Paraná dijo que exigen su inmediata detención, la cual quedó en suspenso ya que aún no se resolvió si es imputable o no a causa de los problemas psiquiátricos que argumentó su defensa.Por su parte, Eduardo Ayala, testigo dentro de la causa Área Paraná, aseguró que la detención de estos ex represores “es un escalón más hacia la búsqueda de justicia. Hoy es un momento importante para nosotros porque se ha hecho realidad el ejercicio de la justicia como debe ser y lo que hicimos anteriormente es para que esto se pueda producir”.Sobre los reconocimientos a los ex centros de detención que se realizaron en diferentes puntos de la ciudad de Paraná, Juan Domingo Wurstein, señaló que volver a pisar aquellos lugares donde padecieron torturas y otros vejámenes, “fue muy duro por todo lo que pasamos”, a lo que se sumó el recuerdo de los desaparecidos.“Estos señores son los responsables de habernos torturado, secuestrado, y simplemente queremos que se haga justicia”, expresó finalmente.La abogada Marina Barbagelata, quien representa a un grupo de víctimas y familiares de los desaparecidos, explicó que el procedimiento lleva varias horas porque “es muy larga la lectura de la imputación”, dado el volumen de la documental recolectada en la causa. Por lo tanto, Moyano recién regresaría a la cárcel ya avanzada la noche.También recordó que se trata de un proceso escrito y secreto, ya que se aplica el antiguo Código Penal del siglo XIX, que no contemplaba el juicio oral y público. Por lo tanto, los querellantes no pueden ingresar a la sala donde se realiza la indagatoria. Luego de esta etapa, se realizará la acusación de la Fiscalía y los alegatos de las partes, para posteriormente producirse la sentencia.La indagatoria del ex general Juan Carlos Ricardo Trimarco, en tanto, quedó pendiente hasta tanto se resuelva sobre los problemas psiquiátricos a alegó para evitar someterse a declaración.Sobre la situación del ex militar, Barbagelata dijo que “los peritos están trabajando y ahora se tienen que producir los estudios tras lo cual se van a expedir en forma excluyente sobre su situación. Eso es en la causa Hospital Militar, pero como la tramita en el mismo juzgado toda la información que viene a una causa, se puede extrapolar a otra”, completó.Para concluir la letrada informó que la querella previo a las indagatorias de hoy, mantuvo una entrevista con el Ministerio Público “para exponerle nuestra visión respecto a lo medular para interrogar a los imputados, pero bueno tampoco teníamos tanta expectativa” de que declararan, concluyó. Los integrantes de organismos de derechos humanos repudiaron fuertemente a los represor al ingresar a la sede judicial, principalmente al médico Moyano, quien presta servicios en el hospital San Martín de Paraná. Durante la dictadura, este otorrinolaringólogo se desempeñaba como agente civil médico del Servicio Penitenciario de la Provincia, y en tal carácter está acusado de controlar la aplicación de los tormentos para que éstos no impidieran lograr el objetivo de que las personas torturadas proporcionaran la información que se pretendía.Appelhans, en tanto, era director de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, que funcionó como cárcel clandestina en el marco del sistema de privación ilegítima de la libertad, secuestros y torturas ejecutadas contra los disidentes políticos alojados en las unidades penales de la provincia. Este represor salió de los Tribunales riéndose y burlándose ante las recriminaciones de los familiares de las víctimas y desaparecidos.Bidinost era agente del Servicio Penitenciario de la Provincia y se desempeñaba como directora de la Unidad Penal Nº 6 femenina. En tal carácter, al igual que Appelhans, mantuvo sin orden judicial la privación ilegítima de libertad de los disidentes políticos.
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EL PAIS › EL ASESINATO DE MARIO MARRAS Y LA DESAPARICION DE
“Para nosotros es como empezar siempre de nuevo”
La viuda de Marras y hermana de Mastinu reclama que se condene a cuatro integrantes de Prefectura, responsables de los crímenes. Los represores fueron juzgados en ausencia en Roma en 2000 y recibieron 24 años de prisión. Aquí fueron procesados el mes pasado. Ahora están detenidos en Marcos Paz.


El general Santiago Omar Riveros, del que dependían los cuatro prefectos, es el responsable máximo de los crímenes de los trabajadores de Astarsa.

Por Gustavo Veiga
Santina Mastinu perdió a su esposo y a un hermano durante la última dictadura militar. Hastiada de una Justicia que ya demoró 33 años, el jueves se presentó como querellante ante los tribunales federales de San Martín. Su anhelo es que cuatro integrantes de la Prefectura, Juan Carlos Gerardi, Roberto Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Maldonado, reciban una condena, como sucedió en Italia en diciembre de 2000. En Roma, al grupo le dieron en ausencia 24 años de prisión en un proceso que se sustanció durante nueve meses. Aquí, el tiempo resulta incalculable para que los procesados vayan a juicio y cumplan sus sentencias. Hoy están alojados en el penal de Marcos Paz junto a otros represores. Son cuatro, porque falleció José Luis Porchetto, el quinto prefecto que tuvo responsabilidad en el asesinato de Mario Bonarino Marras, el marido de Santina, y la desaparición de Martín Mastinu.
Los Mastinu son inmigrantes de Cerdeña que llegaron a la Argentina en 1952 con sueños semejantes a los de otros europeos que cruzaron el Atlántico. A Santina se los truncaron en 1976. También a su cuñada, Emilia Rosa Zatorre, la viuda de Martín, que ni siquiera llegará a ver condenados a quienes lo secuestraron. Emilia falleció hace seis meses y jamás pudo curar su dolor e indignación.
“Queremos que todo esto se termine de una vez por todas. Que no se dilate más. Porque para nosotros es como empezar siempre de nuevo con la misma historia. Que a los responsables se los condene por las penas más severas y más. Ya no tolero convivir todo el día con mi pasado”, le dice Santina a Página/12, quien fue detenida y torturada en el lapso que medió entre la muerte de su esposo y la desaparición posterior de su hermano. El primer episodio ocurrió el 22 de mayo de 1976, el segundo el 8 de julio de ese año. Marras tenía 34 años cuando lo acribillaron a balazos en la isla Paicaribí del delta del Tigre; Mastinu, apenas 27 años cuando desapareció.
Los dos cuñados trabajaban en Astarsa, el astillero que llegó a ser el segundo en importancia del país, con capacidad para producir barcos de hasta 20 mil toneladas que compraba ELMA (Empresa Líneas Marítimas Argentinas), desguazada por la Ley de Reforma del Estado durante el gobierno de Carlos Menem. En el primer lustro de los años ’70, habían participado de las luchas obreras que buscaban mejorar las deplorables condiciones laborales impuestas por un directorio donde convivían los hermanos Braun Menéndez y algunos militares como el brigadier Jorge Rojas Silveyra, un furibundo antiperonista que había sido embajador en España durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse.
Cuando era delegado y en pleno apogeo de las reivindicaciones gremiales que levantaban los trabajadores de Astarsa, al Tano Mastinu –recuerda su hermana– “lo intentaron seducir con 30 mil pesos de la época y la compra de un departamento en Mar del Plata para que abandonara a sus compañeros. Mi hermano era muy jovencito. Se negó y siguió denunciando las muertes que se producían en el astillero por accidentes laborales”.
Uno de ellos le costó la vida al obrero José María Alessio, de quien tomaría el nombre la agrupación sindical en la que militaba Mastinu, la lista Marrón que se presentó en elecciones contra el oficialismo del SOIN (Sindicato de Obreros de la Industria Naval) a fines de 1972. Al año siguiente, en mayo, el astillero fue tomado por sus trabajadores en el momento en que Héctor Cámpora asumía la presidencia.
Un petitorio de la comisión interna pedía la reincorporación de los despedidos durante los últimos dos años –la mayoría por oponerse a la privatización de ELMA–, el despido del cuerpo de seguridad interno, la discusión de leyes laborales para hacer más seguras las condiciones de trabajo, la defensa de los salarios durante la huelga y que no hubiera represalias por parte del astillero.
La represión contra los obreros comenzó antes del golpe de marzo del ’76. Varios militantes fueron secuestrados y torturados. Algunos aparecieron y otros terminaron muertos un mes antes de que los militares asaltaran el poder. Mastinu sabía que lo irían a buscar. No pudieron atraparlo en la isla Paicaribí, donde acribillaron a tiros a su cuñado, pero lo detuvieron un mes y medio después en el domicilio de unos primos que vivían en Beccar.
“No volví al Tigre durante diez años, tampoco a la isla. Hubo una época en que no podía escuchar gritos. No podía pasar por ahí, aunque ahora lo hago, incluso puedo mirar a los de Prefectura”, cuenta Santina en su almacén de Talar de Pacheco, su medio de vida. Martín, ella y sus padres, Juan y María Manca, nacieron en Cerdeña y cuando arribaron a la Argentina se instalaron en la zona norte del Gran Buenos Aires. Después, la familia se amplió con dos hermanos más. “Mi padre, que falleció hace veinte años, había estado prisionero siete años de los ingleses en el frente de Africa, durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso, como no quería que su pequeño hijo viviera lo que le pasó a él, decidió venirse para acá. Una vez me dijo: ‘Lo salvé de una guerra y me lo mataron en un país donde no había’.” A mediados de junio se cumplen 33 años del primer secuestro de Santina. Había ido a la isla a buscar las pertenencias de su marido Mario, asesinado, y ahí la estaban esperando. La condujeron, detenida, a la Prefectura Naval de Tigre, donde permaneció tres días mientras la torturaban para obtener información sobre su hermano. Antes de que se cumpliera un mes, el 7 de julio del ’76, cuatro individuos irrumpieron en su casa y le exigieron bajo amenazas que los acompañara en un automóvil de color rojo hasta el domicilio de Beccar donde se ocultaba Martín.
En el auto de procesamiento de Gerardi, Rossin, Puertas y Maldonado se describe que Mastinu “se hallaba en la vivienda perteneciente a la familia De Montis ubicada en la calle Riobamba N° 2522 de la localidad de Beccar, provincia de Buenos Aires”. El hecho que se dio por probado es que “subieron al nombrado al automóvil donde se encontraba Santina, a la que dejaron en libertad en la esquina de su domicilio. Durante el procedimiento, el nombrado Mastinu reconoció como una de las personas que ingresaron a la vivienda a un sujeto llamado Porchetto, al que conocía porque había trabajado en Astarsa y luego dejado el empleo para ingresar a Prefectura Naval. El nombrado Martín Mastinú (así aparece mencionado en el expediente, pero su apellido se escribe sin acento) se encuentra desaparecido hasta el día de la fecha”.
EL PAIS
La causa en la Argentina

Por Gustavo Veiga
El caso Mastinu tiene el número 135 en la causa “Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio”. Además del general y de otro militar, Luis Sadi Pepa, por la desaparición del trabajador del astillero Astarsa se encuentran procesados desde el mes pasado los prefectos Juan Carlos Gerardi, Roberto Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Maldonado. Los cuatro integrantes de Prefectura están detenidos en el penal de Marcos Paz. Esa fuerza participó de lo que se denominó Plan Placitara, que señalaba cómo debía subordinarse y cooperar con las otras fuerzas armadas en la represión ilegal.
La causa se reabrió por decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, mediante la acordada del 18 de septiembre de 2003. Involucra los delitos de lesa humanidad cometidos en la Jurisdicción de la Zona 4, que estaba a cargo del Comando de Institutos Militares, con asiento en Campo de Mayo.
Fuente: Pagina 12
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Petitorio para Firmar por Cárcel a Menéndez
Estimados: Ante la gravedad que representa la posibilidad de que Menéndez y otros genocidas, obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria convocamos a la sociedad en su conjunto a expresar su rechazo a esta decisión.
Hemos realizado marchas y distintas presentaciones judiciales con el único objetivo de defender un fallo histórico que hace un año envió a ocho genocidas al penal de Bouwer.
En esta ocasión convocamos a todos aquellos que se sientan identificados con esta demanda a suscribir el petitorio que el próximo martes presentaremos a la Cámara Federal de Córdoba.
Esta Cámara tiene en sus manos la posibilidad de revocar la decisión de la jueza de primera instancia, Cristina Garzón de Lascano, y ordenar que los imputados por delitos de Lesa Humanidad cumplan sus prisiones preventivas en cárceles comunes y no en sus casas.
Aprovechamos también para invitarlos a apropiarse de esta iniciativa y reenviar este correo a todos sus contactos. Estamos convencidos que el único camino para vencer a la impunidad es el compromiso y la participación.
Para suscribir enviar un correo a:
carcelamenendez@gmail.com (todo junto y en minúscula) con el Apellido, Nombre y DNI
Adjuntamos debajo el texto de la presentación.
Saludos Cordiales.
H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio)
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A la Cámara Federal de la Provincia de Córdoba
Señores Jueces:
Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra profunda preocupación ante la posibilidad de que delincuentes de lesa humanidad, condenados el año pasado en los fueros federales de nuestra provincia, consigan el inaceptable beneficio de la prisión domiciliaria.
Llevamos más de treinta años reclamando Justicia, con la firme convicción de que el verdadero funcionamiento de las instituciones de la República es el único camino para la consolidación de nuestra democracia. Entendemos que permitir a los criminales de lesa humanidad Menéndez, Rodríguez y Vega, cumplir condena en sus domicilios, constituye un retroceso en el avance de la Justicia y la Verdad que nuestra sociedad demanda desde hace décadas. Estos genocidas fueron juzgados con todas las garantías constitucionales y condenados a cumplir altas penas en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
Resulta inexplicable que tamaños delincuentes que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de ciudadanos, sean considerados por la Justicia como personas que no revisten peligrosidad y en quienes se puede confiar, como se los considera en los recientes fallos dictaminados por la Cámara Nacional de Casación Penal y el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba. Decisiones como estas desandan el camino hacia la Verdad y la Justicia y significan una burla hacia una sociedad que se niega, cada vez con más fuerza, a convivir con la impunidad de los asesinos de miles de hombres, mujeres y niños.
No podemos permitir que personas que agraviaron a toda la humanidad cometiendo delitos aberrantes; que jamás facilitaron herramienta alguna para conocer el destino final de las miles de personas desaparecidas y que nunca manifestaron el más mínimo arrepentimiento sobre sus actos, sean beneficiadas. Recordemos que estos criminales continúan cometiendo, hasta el día de hoy, el delito permanente de privación ilegítima de la libertad, nombre jurídico con que se conoce el delito internacional de desaparición forzada de personas en nuestro país.
Por otra parte, los márgenes de libertad que permiten los arrestos domiciliarios constituyen un evidente peligro. Basten los ejemplos de Cesar Emilio Anadón, quién se quitó la vida en su propio domicilio cumpliendo la prisión preventiva en el marco de la causa Brandalisis; o de Jesús Herminio Antón, quien estando imputado en numerosas causas se encuentra prófugo de la justicia hace años. Ejemplos que se multiplican a lo largo y ancho de nuestro país. Además existen numerosos casos de amenazas, agresiones y secuestros sufridos por diferentes activistas de Derechos Humanos, cuya máxima expresión es la lamentable desaparición, aún no esclarecida, del testigo y querellante Jorge Julio López.
Hoy está en ustedes la facultad de revertir el criterio aplicado por la Jueza Garzón de Lascano, para que todos los procesados por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia cumplan sus prisiones preventivas en establecimientos carcelarios. Hoy está en ustedes la posibilidad de que, en su respuesta a las apelaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal, reviertan la resolución de primera instancia, estableciendo que los responsables de los delitos de lesa humanidad cumplan prisión preventiva en la cárcel.
Por todo lo anterior, los abajo firmantes elevamos el presente petitorio.
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SOCORRO-URGENTE- DESDE CAFAYATE El día 31 de mayo en plena zona central de la ciudad de Cafayate, a 100 metros de la comisaría, frente al boliche Zoomber Pub, fue encontrado tirado en la vereda, a Hs. 04 de la madrugada, el cuerpo del joven Armando Mamani, apaleado con brutal saña, que demostraba un intento de homicidio. Armando Mamani, joven trabajador, de origen humilde, padre de una niña de pocos años, que acaba de recibirse de enfermero, habitante de Cafayate, de ascendencia en los Pueblos Originarios de la Región Diaguita Calchaquí. Armando Mamani es querido y apreciado, tanto el como toda su familia, por sus cualidades humanas, vecinales, laborales, de vocación al estudio. El hecho brutal ha generado terror en la población. A tal punto que nadie quiere hablar de lo que vio. Hay miedo en los que vieron algo o todo. Este joven fue abandonado en la calle, con la cabeza destrozada con huesos del cráneo rotos - astillados-, con infinidad de coágulos en la masa encefálica, con dientes rotos, con el hombro sacado y retorcido hacia la espalda, con el pecho golpeado, con sangre y liquido en los pulmones, con un ojo morado, con un fuerte hematoma en la parte baja de una pierna.Con todo un cuadro de intento de Homicidio. Trasladado al Hospital de Cafayate, alrededor de las 4 Hs. A primeras horas de la mañana un policía se presento en la casa de una vecina- enfrente a la casa de la victima- a preguntar si allí vivía Armando Mamani. La vecina le indico que vivía enfrente, pero el policía no se dirigió a avisar a la familia. La mama de Armando se entero a media mañana por los dichos de esta vecina que su hijo estaba en el Hospital. Hacia allí se dirigió de inmediato la mama de Armando, Doña Eulalia Humano, a las 11Hs., encontrando a su hijo tirado en una camilla, con las mismas ropas ensangrentadas, sin higiene de ninguna clase, manando sangre, orinado y defecado.Recién a partir de su llegada se le comenzó a dar otro tipo de atención, siendo trasladado de urgencia a 18 Hs. al hospital San Bernardo de Salta, donde se debate entre la vida y la muerte, en estado de coma, con respirador artificial, desde hace 7 días. Ya se han hecho cuatro marchas para rogar por su vida y pedir juicio y castigo a los culpables. Por favor pedimos a todas las personas, Organismos de DDHH, Sociales, que puedan ayudarnos a esclarecer a esclarecer este hecho y peticionar a las autoridades de todo tipo para salvar a Armando y que se haga justicia. Nuestra petición es:
1) Salvar la vida de Armando.
2) Juicio y Castigo a los culpables.Gracias, muchísimas Gracias.
¡Es hora que descubras quién sos!
Alguien puede conocerte mejor que vos mismo.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS













































05 de Junio de 2009
dura respuesta de ex presos políticos e integrantes de derechos humanos al ex gobernador Mott
"Fueron juzgados y condenados"
Lila Macedo y Jorge Perea negaron que los guerrilleros del ERP hayan gozado de garantías durante el gobierno de Mott y cuestionaron su rol.


Ex detenidos políticos y representantes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos salieron al cruce de las declaraciones efectuadas por el ex gobernador Hugo Mott y le recordaron, entre otras cosas, que los guerrilleros que sobrevivieron a la "Masacre de Capilla del Rosario ya fueron juzgados y condenados". También le endilgaron que éstos y otras personas que fueron detenidas durante su gobierno "no gozaron de todas las garantías" que él pregona.En declaraciones a Multimedios Ancasti, Mott pidió que primero "se juzgue a los subversivos" y aseguró que durante su gobierno se brindó "todas las garantías" a los sobrevivientes de aquel episodio."¿A los muertos se los juzga?", se preguntó Lila Macedo, quien señaló que "entonces era vox pópuli y todo el mundo sabía que los guerrilleros, ante la numerosa posición de fuerza que tenía el Ejército, entregaron las armas y aún así los masacraron". La mujer aludió así a aquel acontecimiento histórico ocurrido en agosto de 1974, cuando 16 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fueron acorralados en las serranías adyacentes a la Capilla del Rosario y, presuntamente, ejecutados luego de entregar sus armas. La causa se encuentra actualmente en trámite en el Juzgado Federal de Catamarca y posee hasta el momento dos imputados, los ex militares Carlos Carrizo Salvadores y Mario Nakagama, el segundo de ellos detenidos tras ser indagado. Macedo está estrechamente vinculada a aquel episodio. Fue detenida el 11 de noviembre de 1974 y permaneció en esa condición por decreto, alojada en la cárcel de mujeres de Catamarca y en Devoto, durante cuatro años. Jamás se le abrió proceso alguno ni se le informó la causa por la que había sido privada de su libertad junto a otras personas. "Cuando sucedió esto, en una actitud humanitaria y sin que me guíe ninguna convicción política que no sea una razón humanitaria, asistí a los heridos, que habían quedado totalmente destruidos por las torturas, desprotegidos en una tierra que no era de ellos; fui solamente por solidaridad", explicó Macedo, 35 años después, para explicar la posible razón de su detención. Junto a Macedo fueron detenidos por decreto los hermanos Hernán y Raúl Colombo, Raúl "Cuerito" González, Joaquín Quiroga, Roberto y Nery Díaz, Alfredo Ripio y Julio y Enrique Marcolli. Posteriormente se detuvo a Cristina Ibáñez, Simón "Pelado" Gómez, María del Carmen Castillo y Roberto Sheafer. "A ellos les inventaron un complot", recordó Lila Macedo en respuesta a las "garantías que dice Mott que había durante su gobierno".
"No es coherente"
"Mott siempre dijo que mi padre (Luis Macedo) murió en un accidente aéreo, y ahora que está de campaña, en La Paz, dijo que fue un atentado en su contra; ni siquiera es coherente", señaló.
Piden "que Mott rinda cuentas"

Jorge Perea, integrante de la Liga por los Derechos del Hombre, se sumó a las críticas al ex gobernador Mott y sostuvo que el ex gobernador "debe dar cuenta sobre lo ocurrido en Catamarca antes del golpe de Estado de 1976". El dirigente recordó que "los medios de la época denunciaban que aquí había una verdadera caza de brujas, con detenciones y allanamientos de domicilios irregulares, coronados en muchos casos con bombas colocadas en casas de dirigentes políticos provinciales". Perea, uno de los denunciantes de la "Masacre de Capilla del Rosario", también recordó que "por testimonios brindados entonces por los mismos detenidos, ellos fueron torturados y sometidos a simulacros de fusilamientos", al tiempo que añadió que "estos hechos muestran a las claras que su vida no estaba asegurada por gestiones del entonces ministro de Gobierno, Alberto del Valle Toro, ni del mismo gobernador Hugo Mott, sino por la presencia de abogados defensores y de periodistas nacionales que en esos días ya denunciaban la masacre". "Un dirigente político de su trayectoria debería reconocer que hay jurisprudencia de más de treinta años en el mundo que muestra que no son equiparables aquellos delitos cometidos por particulares con los que llevan a cabo agentes del Estado", señaló."Los sobrevivientes de entonces ya fueron juzgados y condenados y no se niegan a testimoniar en la causa, como ocurre con los militares y con ex funcionarios provinciales de aquella época", agregó Perea, que negó cualquier intencionalidad política en la iniciación de la causa, fruto de una investigación comenzada en 2002.

Fuente:
http://www.elancasti.com.ar/

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Comunicado de Prensa


Desde la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos (AFADER) celebramos la decisión de la Justicia Federal de pedir la detención de cinco represores para ser indagados por Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en el marco del Terrorismo de Estado en la Ciudad de Paraná.
Cuando la llegada de la democracia, creímos que los secuestradores, torturadores y asesinos de nuestros hijos, hermanos, padres, compañeros serían condenados por los crímenes aberrantes que cometieron. Pero se declararon las leyes de impunidad y luego los indultos que los dejaron en libertad y les permitieron caminar por las mismas calles que nosotros.
Mucho luchamos en estos años, mucho pedimos también. Logramos que cayeran las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que la causa denominada Área Paraná se reabriera. Y aunque se lleve adelante por el viejo, retrogrado y oscuro procedimiento escrito, las detenciones de Ramón Genero Díaz Bessone, Jorge Humberto Appiani; José Anselmo Appelhans, Rosa Susana Bidinost y el médico Hugo Mario Moyano nos animan a no bajar los brazos.
Por esto celebramos. Pero pedimos más. Quedan cientos de militares, policías y civiles libres que participaron del terrorismo de Estado o fueron cómplices de los secuestros, las torturas, los vejámenes y las desapariciones.
Todavía queda mucho por hacer, pero es una buena noticia que los represores que trajeron tanta muerte ya no anden impunes por la vida. Y no cejaremos en lucha hasta que el último de ellos sea detenido en cárcel común.

Por los 30.000
Por Memoria, Verdad y Justicia


Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos
Entrerrianos y en Entre Ríos - AFADER

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Histórica decisión judicial: ordenaron las detenciones de cinco represores imputados en la causa Área Paraná, por hechos de la última dictadura, entre ellos, la del médico Moyano
Semanario Analisis de la ActualidadPellegrini 613 (3100) Paraná - Entre Ríos - Argentina 0343-4224421
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Trimarco continúa en libertad, ya que aún no se resolvió si es imputable; la lista incluye a Díaz Bessone, Appiani, Appelhans y a la ex carcelera Bidinost

Histórica decisión judicial: ordenaron las detenciones de cinco represores imputados en la causa Área Paraná, por hechos de la última dictadura, entre ellos, la del médico Moyano

Fueron detenidos Díaz Bessone, Appelhans, Moyano y Appiani. La Justicia Federal dispuso hoy la detención en el marco de la causa Área Paraná, del ex general Ramón Genero Díaz Bessone; el ex militar y abogado defensor de represores, Jorge Humberto Appiani; el ex director del Servicio Penitenciario durante la última dictadura, José Anselmo Appelhans; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost y el médico Hugo Mario Moyano, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. En tanto, la detención de Juan Carlos Ricardo Trimarco quedó en suspenso, ya que aún no se resolvió si es imputable o no a causa de los problemas psiquiátricos que argumentó su defensa. Según se confirmó a ANALISIS DIGITAL, la orden judicial establece que una vez detenidos, tendrán que ser trasladados a esa unidad penitenciaria, mientras que Bidinost tendrá que ser derivada a la cárcel de mujeres (UP6). El caso más saliente es el del médico Moyano, quien aún cumple funciones en el Hospital San Roque de Paraná. El pedido de indagatoria con detención de los ex represores había sido solicitado el mes pasado por los abogados querellantes Marina Barbagelata, Gamal Taleb y Marcelo Baridón, y luego esto fue avalado por la Fiscalía y dispuesto por la jueza Myriam Galizzi, según pudo determinar Uno.La detención fue dispuesta para tomarle declaración a los acusados, algo que había solicitado la querella ante la experiencia del Tribunal Federal paranaense con anteriores llamados a indagatoria, sin arresto, a imputados por crímenes de lesa humanidad que terminaron con la muerte de uno, Paul Alberto Navone, y la negativa de otro por supuestos problemas de salud, Trimarco. Los imputados están acusados de haber participado como autores mediatos, directos, partícipes primarios o secundarios de los delitos de secuestro, privación ilegítima de libertad agravada, severidades, tormentos y homicidios doblemente calificados por alevosía y por el concurso premeditado de más de dos personas; crímenes que “fueron cometidos en el marco de un plan sistemático perpetrado por las Fuerzas Armadas en el período 1976-1983, del que las personas imputadas formaban parte revistiendo cargos de distintas jerarquías en la Fuerza a la que pertenecían”, indicaron los abogados en su presentación.Cuando sucedieron los hechos, Díaz Bessone era comandante del Cuerpo de Ejército II, con sede en Rosario y con jurisdicción en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa; y Trimarco era subcomandante de la Brigada de Caballería Blindada, con asiento en Paraná, con jurisdicción en Entre Ríos. Ambos tenían la potestad no sólo de retransmitir sino también de impartir las directivas.En tanto, Appiani se desempeñaba, con la jerarquía de teniente primero, como auditor del Ejército y auxiliar del Consejo de Guerra Estable Nº 1 y Nº 2 de la Subzona de Defensa 22 – 2/22. En tal carácter organizó y llevó a cabo los interrogatorios al que fueron sometidos bajo tortura los detenidos ilegales, obligándolas a suscribir las declaraciones que servirían de fundamento a los consejos de guerra a las que fueron sometidas.El otorrinolaringólogo Moyano, quien presta servicios en el hospital San Martín de Paraná, se desempeñaba como agente civil médico del Servicio Penitenciario de la Provincia, y en tal carácter está acusado de controlar la aplicación de los tormentos para que éstos no impidieran lograr el objetivo de que las personas torturadas proporcionaran la información que se pretendía. José Anselmo Appelhans, con la jerarquía de suboficial mayor, era director de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, que funcionó como cárcel clandestina en el marco del sistema de privación ilegítima de la libertad, secuestros y torturas ejecutadas contra los disidentes políticos alojados en las unidades penales de la provincia.Justamente, Appelhans fue el primero de los imputados en quedar detenido y ser alojado en esa unidad penal, en tanto se esperaban novedades del resto de los ex represores. Por último, Rosa Susana Bidinost era agente del Servicio Penitenciario de la Provincia y se desempeñaba como directora de la Unidad Penal Nº 6 femenina. En tal carácter, al igual que Appelhans, mantuvo sin orden judicial la privación ilegítima de libertad.
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EL PAIS › CINCO REPRESORES DETENIDOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
En Paraná avanza la justicia
La jueza federal de Paraná Miryan Galizzi ordenó la detención de cinco represores acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos durante la última dictadura militar. Ramón Genaro Díaz Bessone, quien fue jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, y el ex teniente Jorge Humberto Appiani están entre los arrestados.
La lista de los acusados se completa con el ex director de la Unidad Penal número 1 de Paraná, Anselmo Appelhans; el médico paranaense Hugo Mario Moyano y la ex directora de la cárcel de mujeres, Rosa Susana Bidinost. Appiani fue auditor del Ejército y auxiliar del Consejo de Guerra Estable de la zona correspondiente a Entre Ríos. Después de su retiro, fue socio del mayor Jorge Olivera, junto a quien defendió a sus compañeros acusados de violaciones a los derechos humanos hasta que a Olivera lo arrestaron en Italia a pedido de la justicia francesa. Appiani estuvo involucrado en la falsificación de un certificado de defunción que le permitió a su ex socio recuperar la libertad.
La detención de un sexto implicado, el ex comandante de la segunda brigada de Caballería Blindada de Paraná, general Juan Carlos Ricardo Trimarco, quedó en suspenso porque aún no se resolvió si es imputable o no. Su defensa argumentó que tiene problemas psiquiátricos que le impiden afrontar el proceso. Los arrestos fueron solicitados por los abogados querellantes Marina Barbagelata, Gamal Taleb y Marcelo Baridón, y avalado por la fiscalía.
Todos los represores están acusados de los delitos de secuestro, privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos cometidos contra una decena de presos políticos. Además, están involucrados en los homicidios de Victorio José Ramón Erbetta, Juan Alberto Osuna, Carlos José María Fernández y Pedro Miguel Sobko. Todos los crímenes fueron cometidos en la subzona 22, que incluyó los centros clandestinos de detención que funcionaron en el escuadrón de Comunicaciones de la brigada de Caballería Blindada II, cerca de la base Aérea y en la Unidad Penal 1 del Servicio Penitenciario provincial.
Durante las audiencias testimoniales de la causa, ex detenidos desaparecidos de Entre Ríos relataron que el arzobispo de Paraná durante la última dictadura y vicario castrense Adolfo Tortolo (ya fallecido) recibió a personas secuestradas en su residencia, las visitó en cautiverio y presenció en ellos las marcas de las torturas. Tres testigos contaron que Tortolo estuvo con ellos en la cárcel y dio misa el 24 de marzo de 1976. “A los comunes me los sentás de este lado, a los subversivos de este otro”, dijo el religioso. De otra declaración se desprende que, ante la denuncia de lo que ocurría en Paraná durante la dictadura, el arzobispo afirmó: “Si ellos matan gente, las armas están bendecidas”.
Fuente: Pagina 12.

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OPINION
La "normalidad procesal" y la impunidad de Brusa
Por José Ernesto Schulman *
En diciembre de 1977, pocos días después de ser liberado de mi segundo secuestro en la Seccional Cuarta de la Policía, me presenté ante el Juez Iribas y denuncié los tormentos sufridos a manos del Grupo de Tareas compuesto por el Curro Ramos y otros (simulacros de fusilamientos, brutales golpes en el hígado, palos con clavos en las rodillas, etc.). A pesar de que el Dr. Orellana constató los daños sufridos y que la causa avanzó bastante; al final el caso quedó sin condena.
En agosto de 1992 denuncié que el Dr. Brusa era uno de los que participaba en las torturas, pero a pesar de que la denuncia fue amplificada por los diarios rosarinos (no así por El Litoral de Santa Fe) el Senado de la Nación, a iniciativa de los senadores de Reutemann lo hizo Juez Federal al miserable torturador. Hasta el año 2002 la Justicia no realizó ninguna investigación de las denuncias del 77, ni de las presentadas a la Conadep (que ya consideraba Centro Clandestino a la Cuarta en el 84) ni de las que presentamos ante Garzón en Madrid.
La causa se inició en mayo de 2002, luego de que De la Rúa rechazara el pedido de extradición y que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre le pidiera al Procurador General de la Nación (Rosario/12 del 28/11/2001) que ordenara al Fiscal Freiler la apertura de la causa. El juez Rodríguez recepcionó rapidamente las testimoniales de los sobrevivientes (que ya habían declarado ante el Consejo de la Magistratura en el tramite que destituyó a Brusa en el 2000) pero luego congeló la causa hasta el 2005 en que los citó, detuvo y tomó indagatorias. Pero cometió un "error" procesal (los acusó de asociación ilícita sin interrogarlos) y la Cámara Federal de Rosario aprovechó para apartarlo y así enredar la causa que entró en un pantano jurídico del que solo emergió en febrero de 2008 al constituirse el Tribunal Oral Federal luego de un interminable desfile de jueces y abogados renunciantes que declaraban su admiración por Videla o su simpatía por Brusa. Al elevar la causa se decidió dejar de lado la desaparición forzada de Alicia López en octubre de 1976, que siempre denuncié y otros "detalles".
Este 29 de mayo, siete años después de iniciada la causa, se ha convocado al Juicio Oral para el 1º de setiembre al tiempo que declaran inimputable al jefe Rolón y ordenan que solo dos abogados tengan voz en el Juicio. ¿Por qué? En aras de la normalidad procesal, contestan los miembros del Tribunal. ¿Cuál normalidad? ¿La que rechazó los habeas corpus que mi mamá presentó en el 76? ¿O la del Juez que desestimó mis denuncias de torturas de diciembre de 77? ¿O la del Senado que aceptó a Brusa? ¿O la del Juez Rodríguez que explicó la ausencia del secuestro de Alicia del auto de procesamiento por un "olvido"? ¿O la de este mismo Tribunal que tardó 450 días para "organizar" el Juicio Oral? Encapuchados nos tuvo la dictadura. Privados de justicia, invisibles, ninguneados, nos tuvo la democracia por veinticinco años. Ahora, pretenden silenciar nuestra voz en el juicio porque diremos que la "normalidad procesal" que reivindican es el modo de encubrir la "excepcionalidad" de un Estado que garantizó la impunidad de los represores. No lo permitiremos. La memoria es más larga que la traición.
* Querellante en la causa Brusa desde el 2002. Secretario de la Liga Argentina Por los Derechos del Hombre.

Fuente: Rosario 12.
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> COMUNICADO DE PRENSA > Justicia Ya! La Plata> > Agradecemos su difusión> > JUSTICIA YA! LA PLATA presentó este jueves 4 de junio> al juzgado a cargo del magistrado Manuel Blanco, el pedido> de indagatoria de más de cien represores que actuaron en el> Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como La> Cacha, responsables de los secuestros, torturas, asesinato o> desaparición de casi 200 compañeros. > > El CCD La Cacha funcionó como tal entre los años 1976> y 1978 en un predio ubicado en la localidad de Olmos,> detrás de donde se emplazaban las Unidades Penitenciarias 1> y 8.> Debe señalarse que esta causa se inició en el año> 2002 con la denuncia del fiscal Crous en la que ya se> identificaba un número importantísmo de víctimas y de> represores, la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos> aportó posteriormente su Trabajo de Recopilación de Datos> sobre este centro en el que se completa la información> inicial ofrecida por Crous y en el año 2005, la fiscalía> presentó un nuevo requerimiento aportando más datos sobre> víctimas y represores. A pesar de eso y habiendo> transcurrido casi siete años desde el inicio, no> hay a la fecha ningún procesado en la causa.> > > Los represores por los que se solicita indagatoria ocuparon> las Cadena de Mandos de la Marina, del Ejército y de la> Policía bonaerense. También se incluyen nombres y cargos> de miembros de la Comisaría 8va de La Plata, del Servicio> Penitenciario Bonaerense (SPB), del Servicio de Inteligencia> del Ejército (SIE), de civiles y de profesionales del > hospital que funcionaba en la Unidad 8, que participaron> directamente en los hechos denunciados de acuerdo a la> prueba que se aporta.> > Justicia Ya! La Plata solicita la indagatoria de estos> genocidas acusándolos de haber cometido los delitos de> secuestro, tormentos, asesinato, desaparición forzada de> personas. Además se destacan los casos de varias mujeres> detenidas desaparecidas que, en el período de cautiverio> estaban embarazadas y eran trasladadas al hospital de la U 8> para parir. > > En el nuevo pedido de Justicia YA! se sostiene que las> violaciones a los derechos humanos ocurridas en La Cacha> formaron parte del genocidio perpetrado en nuestro país> durante el terrorismo de Estado, comprendiendo el genocidio> como un criterio de condena acorde a las decisiones y> acciones de los represores por lo que se solicita que se los> indague también por ese delito, ya que considera que esa> calificación específica es la que corresponde y no la más> general de crímenes de lesa humanidad. > > > Genocidio implica que el Estado –en este caso bajo un> gobierno dictatorial- se propuso eliminar a determinados> colectivos de nuestro país con el fin de transformar la> sociedad a largo plazo, sus acciones no fueron sólo> mediatas -decenas de miles de torturas, asesinatos,> desapariciones y apropiación de más de 500 niños- sino> que, junto a la impunidad posterior, estuvo dirigido a> reformular las relaciones sociales y políticas de toda la> sociedad.> > > JUSTICIA YA! LA PLATA> > PARA CONOCER LA LISTA DE REPRESORES QUE> FIGURAN EN NUESTRO PEDIDO DE INDAGATORIA INGRESE EN
http://www.justiciayalp.blogspot.com/> > > e-mail: mailto:justiciayalp%40gmail.com> > > > -- > ¿y Julio López?> > -//-//-//- Justicia Ya! LP -//-//-//-> > mailto:justiciayalp%40yahoo.com.ar> http://www.yjuliolopez.blogspot.com/> -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Caso Labolita
cuarta audiencia

Hugo Saúl Ferray y Juan Roque Urraca aseguraron ayer, frente a los jueces que juzgan a dos militares por el secuestro, las torturas y la desaparición del militante peronista Carlos Alberto Labolita, que el coronel Alejandro Duret (56) –uno de los imputados- fue quien participó de su captura y los sometió a interrogatorios bajo tormentos. Por otro lado, el tribunal decidió no citar a la Presidenta de la Nación Cristina Fernández, ni a su marido como testigos en la causa.
Juan Roque Urraca ingresó a la sala de audiencias, pasadas las 18. Fue el cuarto testigos de la jornada. Frente al tribunal describió con detalle los siete días que pasó como detenido desaparecido durante la última dictadura cívico militar.
A principios de junio de 1977, Urraca se desempeñaba como administrador interino del cementerio de Las Flores, atendía su comercio en el centro de la ciudad y militaba en la JP junto con Carlos Labolita.
El testigo contó que el 2 de junio un grupo de militares llegaron en un camión del ejército y le solicitaron que los acompañara hasta el cementerio. Uno de los oficiales, un joven alto, rubio y de ojos claros, le preguntó cuales eran los trámites necesarios para enterrar a una persona. Urraca declaró que luego de la visita, supo por otros empleados municipales que la persona que andaba a bordo de un camión militar por el centro de Las Flores era el teniente Alejandro Duret.
Esa misma noche cuando Urraca llegó a su casa fue secuestrado por un grupo paramilitar. El testigo recordó que cuando salió junto a su socio de su comercio notó que dos Ford falcon, uno rojo y otro azul, los seguían.
Según su relato, los secuestradores estaban armados y cubrían sus rostros con medias de mujer. Fue subido en uno de los Ford falcon y se alejaron de sus casa. La primera parada fue en la casa de Hugo Ferray, un compañero de militancia de Urraca y de Labolita. A partir de ese momento el testigo se desoriento en el espacio. Sólo dijo que recorrieron un largo camino, pro hasta el día de hoy nunca supo donde estuvo.
Al llegar al lugar de cautiverio, fue engrillado y encapuchado. El primer interrogatorio al igual que los cuatro que siguieron, fueron bajo tortura: “Me acostaron desnudo en un catre me mojaron y me picanearon”. Le preguntaron por su militancia, por sus compañeros de la JP y si era Montonero. Cuando nombró a Carlos Labolita, la voz de su interrogador contestó: “no, boludo a ese ya lo tenemos”.
Urraca cree que estuvo detenido una semana. Un día lo sacaron del calabozo, lo subieron a un auto y lo dejaron atados de manos en la esquina de las calles 17 de Octubre y Perón, a las afueras de Las Flores.


La voz de Duret

Como último testigo de esta audiencia declaró Hugo Saúl Ferray, compañero de militancia de Labolita en Las Flores, quien también fue detenido de manera ilegal a principio de junio del ´77.
En su testimonio, que duró alrededor de 45 minutos, Ferray reconoció a Duret como la persona que le hacía las preguntas en las reiteradas sesiones de tortura a las que fue sometido.
En un relato desgarrador, recordó como en la noche del 2 de junio, al retornar de su trabajo, encontró sentado en el living de su casa a una persona encapuchada. Inmediatamente, fue encañonado con una pistola.
En ese momento recordó, que al llegar vio dos automóviles Ford Falcon –uno rojo y otro azul- estacionados en la vereda de enfrente. Los dos vehículos, al momento de ingresar a su casa, cruzaron y se estacionaron en la puerta. De ellos, bajaron cuatro personas más.
A punta de pistola le pidieron que se identificara para luego subirlo en la parte trasera de uno de los automóviles a golpes. De igual modo, fue recostado sobre el piso y a patadas le exigieron que no levantara la cabeza. “Me doy cuenta de que encararon para la Ruta 3 y observo –porque todavía no me habían encapuchado- que tomamos hacía el sur”, expresó el testigo y aclaró que se dio cuenta por un cartel de una estación de servicio YPF que hay en ese camino.
Luego de transitar alrededor de mil metros, descendieron por un camino de tierra donde lo bajaron y lo encapucharon, sin dejar de golpearlo. Además, Feray recordó que en ese momento lo picanearon con un dispositivo que conectaban al automóvil mientras otro de los secuestradores sugirió que lo “mataran y listo”. Allí se produjo un entredicho entre los captores y decidieron continuar la marcha que, por el tiempo estimado, Ferray estimó que se dirigían a Azul (100 Km aproximadamente).
Esposado, con las manos en la espalda lo bajaron por una escalera y lo dejaron solo por un tiempo que no pudo precisar. Allí, fue sometido a interminables sesiones de tortura en las cuales le aplicaban electricidad en su cuerpo mientras estaba engrillado sobre un elástico de metal. Además, fue sometido a tormentos psicológicos como simulacros de fusilamiento y amenazas que involucraban a sus familiares. “Si no hablás todo lo que estás viviendo vos lo va a vivir tu madre”, recordó que le decía una voz mientras continuaba encapuchado.
Durante la tortura Ferray recordó que una voz –siempre la misma- proveniente de una persona que se colocaba a su izquierda le preguntaba constantemente sobre si conocía a Labolita, Villegas y “Ciche” Medina. También le llamaba la atención que le preguntaran sobre si su sobrenombre era un nombre de guerra (desde la escuela primaria lo apodaban “El peje”).
Otro dato importante que aportó el testigo fue una idea del lugar donde estuvo detenido por aquellos días. Según expresó, mientras estaba en cautiverio, escuchaba constantemente ruidos de ferrocarril y un sonido característico de las maquinas secadoras de cereales. Con estos datos, años después Ferray pudo reconocer que el lugar de su cautiverio fue la Unidad Regional de la Policía Bonaerense.
Sin poder precisar cuanto tiempo pasó desde su captura, el testigo relató que fue liberado al borde de una laguna ubicada en cercanías de Las Flores.
El relato continuó haciendo hincapié en el coronel Alejandro Duret, remitiéndose a un hecho particular que llevó al testigo a asociar sus tormentos con la figura del militar. En una fracción de su declaración en la cual recordó que una vez liberado, mientras ayudaba a su padre –que era mayordomo municipal, a servir un chocolate en el desfile cívico militar de una fiesta patria (podría ser 9 de julio o 20 de junio) reconoció a su espalda la voz que escuchaba en las reiteradas sesiones de tortura. Cuando giró para ver quien era, un hombre flaco, alto y rubio; uniformado con una insignia de subteniente (estrella plateada) lo reconoció e inmediatamente se fue del lugar. Luego de consultar a otros empleados municipales sobre “qué militares iban habitualmente a la municipalidad” le contestaron entre otros el nombre del coronel Alejandro Duret. En ese momento el fiscal pidió al tribunal que el acusado se pusiera de pie para que el testigo pudiera reconocerlo. Ferray, giró su cabeza y luego de unos instantes, dijo estar casi seguro de que era la misma persona. También, en la oportunidad del desfile, reconoció estacionados frente al edificio municipal, uno de los automóviles Ford Falcon que participaron en el operativo de su secuestro. En ese momento, el dato fue confirmado por el padre de Ferray que en la noche del secuestro apuntó la patente de los automóviles.
El juicio continuará el próximo lunes a partir de las 10 con el cronograma previsto. El testigo que ayer no declaró y Pastorini (declarante en la audiencia del 8 de septiembre) fueron reprogramados para el martes 16 del corriente.


Néstor y Cristina no declaran

El tribunal oral federal decidió que la Presidenta de la Nación Cristina Fernández y su esposo Néstor Kirchner no declararán como testigos en la causa que se investiga el secuestro, las torturas y la desaparición de Carlos Labolita.
Por mayoría el tribunal compuesto por los jueces, Alejandro Esmoris, Carlos Rozansky y Nelson Jarazo decidieron no dar lugar al pedido de las querellas y el ministerio público fiscal para que el matrimonio presidencial comparezca como testigo en el juicio contra el general retirado Pedro Pablo Mansilla (77) y el coronel Alejandro Duret (56).
Los jueces Jarazo y Esmoris determinaron que los testimonios de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner no constituyen “una prueba manifiestamente útil” para los hechos que juzgan en esta causa.
Por su parte el magistrado Rozansky, dejó en claro su posición a favor del pedido de las querellas y el ministerio público considerando que es “pertinente el pedido de llamar a declarar a Néstor Kirchner y a la Presidenta de la Nación.
Rozansky entendió que el matrimonio Kirchner no sólo compartió una amistad y la vivienda con Carlos Labolita sino que en los últimos días en La Plata fue Néstor Kirchner el que insistió para que Labolita no viajara a Las Flores a sabiendas del riesgo que corría su vida.
Por último, Ronzansky argumentó que los Estados están obligados a investigar seriamente los crímenes contra la humanidad perpetrados por el mismo Estado y que bajo esa premisa es necesario escuchar el testimonio de Néstor Kirchner y que la declaración de la Presidenta, quedara supeditado a lo dicho por su marido.
La solicitud para que el matrimonio presidencial sea llamado a comparecer frente al tribunal fue formulada por el abogado querellante Cesar Sivo, quien consideró que su testimonio podría ayudar a terminar de armar el cuadro probatorio expuesto por Gladis D’ Alessasndro, viuda de Labolita. Durante su declaración realizada el jueves, la mujer nombró en varias oportunidades a Néstor y Cristina Kirchner como la pareja de amigos que estuvieron junto a ella y su marido hasta que decidieron volver de La Plata a Las Flores.
El querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Rezses y el fiscal Daniel Adler habían adherido a la solicitud.

"La literatura abre la cabeza"
María de las Nieves Alonso supo el 25 de marzo de 1976 que su compañero de trabajo, Carlos Orlando Labolita, padre de Carlos, había sido detenido sin motivo por las fuerzas militares. La docente de literatura del Normal de Las Flores no dudó en organizar una colecta para ayudar a la familia Labolita. Su solidaridad le costó más de un dolor de cabeza.
Con sus 86 años y el pelo totalmente blanco, la mujer se sentó frente al tribunal. Esperó muchos años este día y estaba ansiosa por declarar. Alonso contó que cuando Carlos Labolita padre fue detenido ella y otro docente organizaron una colecta para ayudar a la familia de sus compañero detenido. Pero a la tercera colecta, una orden del regimiento militar de Azul les prohibió seguir ayudando a los Labolita.
En otro tramo del relato, la docente contó que en abril de 1976, el comisario de Las Flores, Aníbal Lista, mandó a pedir al colegio Normal el expediente de Alonso, intrigada la mujer le preguntó a un policía el porqué de esa medida y sólo le contestaron "son ordenes del regimiento de Azul".
Alonso recordó a Carlos Labolita hijo con una anécdota. La mujer relató que cuando era alumno del Normal, Carlos junto a otros compañeros editaban la revista "El polizón". Un día en grupo convocó a la maestra de literatura para que escribiera un artículo sobre la "anti literatura" de Cortázar. "Ese día me di cuenta que estos chicos sabían mucho. Lo que pasa es que la literatura abre la cabeza", dijo Alonso.
Las fuerzas militares no dejaron de hostigar a la maestra. En octubre del 76 un comando entró a su casa mientras ella no estaba, requisaron la casa y destruyeron la biblioteca. Pero el acoso no se detuvo, al año siguiente, en abril de 1977, un Ford Falcon rojo con varios militares dentro la esperó en la puerta de su casa. Alonso fue subida al auto y secuestrada por varias horas.
Según el relato de la testigo, fue sometida a un interrogatorio que incluyó golpes y tortura psicológica. Alonso no entendió muchas de las preguntas que le hizo su interrogador: cuál es tu nombre de guerra, a qué "orga" pertenecés. También recordó que le mostraron una lista donde figuraban todos los nombres de los docentes y alumnos de la escuela Normal de las Flores. Qué literatura le daba a sus alumnos, fue otra de las preguntas.
Después de algunas horas, Alonso fue abandonada en Monte una localidad cercana a Las Flores. Tres años después, en el 79, fue dejada cesante sin ningún tipo de explicación. Solicitó una entrevista con el coronel Pedro Pablo Mansilla, pero el jefe de la zona militar 125 nunca la recibió.
En 1980, Alonso fue al Ministerio de Educación de la Nación. Su expediente de desempeño tenía adosado un papel con una leyenda en lápiz: "Ojo Nieves Alonso". El intendente de Las Flores se largó a llorar delante de ella porque dijo no poder hacer nada para ayudarla. Sus compañeros juntaron firmas para que la reincorporaran pero no hubo caso. Ayer antes de retirarse del tribunal agradeció a los jueces por permitirle contar la verdad y felicitó a Gladis Labolita por su lucha de tantos años. La sala entera la aplaudió.


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Dramáticos testimonios sobre la desaparición de Carlos Labolita
El padre, la viuda y tres hermanas de Carlos Labolita –desaparecido en 1976– declararon ayer en el juicio oral que se le sigue a dos militares. Relataron detalles de la detención del joven en la ciudad de Las Flores y de la última vez que lo vieron con vi

»El general de brigada Mansilla junto al cororel Duret. A la izquierda, el abogado Geraldo Ibañez.
En una extensa jornada de testimonios cargados de dramatismo, los familiares de Carlos Labolita (24) –desaparecido en Las Flores en 1976– declararon ayer en el juicio que se le sigue al general de brigada (r) Pedro Mansilla (77) y al coronel Alejandro Duret (56).
Gladys D'Alessandro –viuda del desaparecido militante peronista–
se declaró "viuda" y realizó un pormenorizado relato de los hechos y de su relación con Labolita ante el Tribunal Federal "ad hoc" de Mar del Plata, integrado por los jueces platenses Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Carlos Rozansky. D'Alessandro mencionó reiteradamente al ex presidente Néstor Kirchner y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes en aquella época eran amigos y compañeros de militancia de ella y de Labolita, e incluso compartieron una vivienda en La Plata.
Labolita y D'Alessandro nacieron y se conocieron en Las Flores, pero decidieron radicarse en La Plata.
El 24 de marzo de 1976 fue detenido en Las Flores el profesor Carlos Orlando Labolita, padre del joven desaparecido. Su hijo decidió entonces volver a su ciudad natal con el propósito de "canjearse".
"Cinco días en la parrilla"
Gladys D'Alessandro recordó ayer que Kirchner le recomendó insistentemente a Carlos Labolita que no fuera a Las Flores porque lo iban a detener, pero el joven regresó "porque se sentía responsable, por su militancia, de la detención de su padre".
Labolita fue detenido en su casa paterna el 25 de abril por una comisión policial que lo alojó en la comisaría local, desde donde habría sido trasladado al regimiento de Azul.
En la madrugada del 1º de mayo la casa paterna de Labolita volvió a ser allanada por un grupo de personas vestidas de civil. En esos momentos se hallaban allí Gladys D'Alessandro, la madre de Labolita (ya fallecida) y dos de las hermanas del joven.
Los responsables del allanamiento traían al joven secuestrado e incluso lo hicieron entrar en la casa en presencia de sus familiares.
Gladys D'Alessandro relató ayer que "ocho hombres de civil pero con botas de militares lo llevaron de nuevo a la casa, buscando una libreta de direcciones que nunca existió".
"Hace cinco días que me tienen en 'la parrilla'", refirió la mujer que le alcanzó a decir esa madrugada su esposo, quien estaba encapuchado, descalzo, esposado a la espalda "y con terribles signos de haber sido torturado", dijo.
También señaló que ese "grupo paramilitar" estaba comandado por un "joven rubio y alto. Yo deduzco que era Duret, porque mi suegra (ya fallecida) dijo que era Duret, el mismo que encabezó el operativo de detención del padre de Carlos".
"Nos destrozaron la vida"
D'Alessandro también declaró que tanto ella como su suegra, tras la detención fueron a ver a Mansilla, por entonces coronel en el Regimiento de Azul, y que el militar les dijo de mala manera que Labolita hijo había sido liberado. "Nos maltrató, nos dijo que nosotros sabíamos en qué andaba mi esposo", señaló la mujer.
Dijo que esa madrugada del 1º de mayo volvieron a llevar a Carlos Labolita a la casa paterna y "después nos sacaron y nos metieron en dos autos distintos. Eran Fiat 125, beige y celeste creo, y nos llevaron a dar vueltas por Las Flores, yo creo que para que Carlitos señalara a otros supuestos militantes".
Después de un rato, la hicieron bajar a ella del auto, la hostigaron con simulacros de fusilamientos y finalmente la dejaron, llevándose a su marido: "Fue la última vez que lo vi", dijo, rompiendo en llanto.
La mujer dijo que Carlos Labolita hijo militó en la Juventud Universitaria Peronista y en Montoneros, pero que "a principios de 1975 se fue de Montoneros, porque no estaba de acuerdo en pasar a la clandestinidad y a la lucha armada".
Durante su declaración de dos horas, la mujer refirió que la incertidumbre de no saber qué hicieron con Carlos Labolita hizo que su vida y la de los padres y las hermanas del militante resultaran una tortura, en una constante búsqueda sin resultados.
"A mí me arruinaron la vida. Hoy estoy sola, porque nunca pude superar esto y volver a tener una pareja" dijo.
Añadió que en la búsqueda de su marido, acompañada por su suegra –ya que su suegro estuvo preso hasta 1980– "recién en 1979 un juez me aceptó un hábeas corpus, mientras que la Iglesia, por ejemplo, no nos dio ninguna ayuda".
"En el pueblo nadie quería ni hablar con nosotros o con otras familias que tenían parientes detenidos. Todos estaban aterrorizados, al igual que nosotros mismos", dijo.
"Esa atmósfera nefasta que produce la ausencia"
"Nunca milité en política, siempre fui un profesor. Lo único que estaba haciendo con un grupo de colegas fue constituir una filial del gremio docente en mi localidad. Y por eso me tildaron de delincuente subversivo y terrorista", aseguró ayer ante el Tribunal el profesor de filosofía jubilado Carlos Orlando Labolita (79), padre del joven desaparecido.
"Por supuesto, no fui testigo ocular de la detención ni del regreso de mi hijo cuando lo condujeron encapuchado y con signos de haber sido maltratado cuando allanaron mi casa, y después se lo llevaron definitivamente. Sucede que yo había sido detenido en la madrugada del mismo 24 de marzo de 1976 y después de un mes trasladado a la unidad de Sierra Chica, hasta ser liberado en 1980".
"Me detuvieron como preso político –continuó– y después, incomprensiblemente, me declararon delincuente subversivo terrorista. Yo lo único que había hecho era, mientras me desempeñaba como profesor en colegios secundarios y terciarios, intentar conformar con otros docentes nuestro gremio en la localidad de Las Flores".
Al relatar su detención, indicó: "Se hicieron presente más o menos media docena de efectivos uniformados que me dijeron que eran del Ejército. Me detuvieron por averiguación de antecedentes. Cuando me vinieron a buscar, me hallaba durmiendo en mi casa, donde estaban mi mujer y mis dos hijas. Me llevaron encapuchado hasta la comisaría de Las Flores".
"Un hombre con voz grave me interrogó, preguntándome por mi hijo y haciéndome otras preguntas que podría calificar de baladíes, como a qué país le gustaría que se pareciera la Argentina. Le respondí que a los nórdicos, porque los trabajadores viven bien".
"Después –continuó– me interrogaron como si yo formara parte de un grupo, lo cual no era así porque nunca milité en ningún partido. 'Ustedes qué quieren', me preguntaban, y como pensé que lo decía por los peronistas con los que simpatizaba, le respondí: "Una patria libre, justa y soberana. Y enseguida me replicó: '¿Y Aramburu?'. Yo entonces le respondí: No me consta".
"Otro me dijo a modo de acusación que yo era marxista-leninista. La verdad que nunca leí a Marx, más allá de alguna frase o párrafo de un libro que figuraba en algún lado".
Ya en la cárcel, Labolita pudo mantener un breve contacto con dos gremialistas de Luz y Fuerza que habían sido detenidos en Las Flores: Rafael Amicone y José Viegas.
Al recordar aquella breve conversación, Labolita señaló que Amicone, a quien conocía del barrio, "me contó que los habían llevado en el mismo vehículo con mi hijo, y que a Carlos lo hicieron bajar en la Guarnición de Azul, donde fue recibido por Duret, que lo agarró a golpes y patadas y se lo llevó para adentro".
"Mi familia, para que no me preocupara más de lo que estaba, me comunicó después de unos días que lo habían detenido a Carlos", manifestó el profesor Labolita.
"Como yo estaba detenido los trámites para que liberaran a mi hijo los hacía mi nuera, Gladys, acompañada por mi esposa Rosa, ya fallecida, y alguna de mis hijas. Presentaron hábeas corpus y se entrevistaron con policías, militares y gente de la Iglesia, como hacían todos, incluso varias veces con Mansilla, pero no tuvieron ninguna respuesta".
Con respecto a su esposa, reseñó que "ella estaba delicada de salud, pero se enfermó más y falleció porque nunca pudo superar este dolor".
Y en cuanto a él, sostuvo que "yo nunca hice lo que se llama el duelo psicológico. Vengo padeciendo esta atmósfera nefasta que produce la ausencia de un ser querido como mi hijo. Superé problemas de salud muy graves. Y lo peor de todo es que no tenemos un lugar donde estén sus restos. Por eso, en Las Flores, se erigió un monolito en el que constan el nombre de Carlos con otros seis muchachos desaparecidos. Allí nos reunimos a recordarlos".
Un cruce fugaz en la comisaría
Una de las hermanas de Carlos Labolita aseguró que vio a su hermano detenido en la comisaría de Las Flores y que, en ese momento, el entonces coronel Pedro Mansilla se encontraba dentro de la dependencia policial.
María Inés Labolita afirmó que esa escena se produjo el 26 de abril de 1976, al día siguiente de que su hermano fuera detenido en su casa paterna.
La mujer aseguró que aquel día tuvo que concurrir a la comisaría para pedir un certificado, oportunidad en que su hermano Carlos era conducido de una dependencia a otra de la seccional. "Quedate tranquila que estoy bien", llegó a decirle el joven, que hasta ese momento no mostraba signos de torturas.
María Inés Labolita aseguró que el coronel Pedro Mansilla –jefe del regimiento de Azul– estaba en la comisaría e incluso fue quien la atendió y le extendió el certificado, que se relacionaba con la detención de su padre, ocurrida el 24 de marzo de 1976.
La llegada al cuartel
Para la jornada de hoy está prevista la comparecencia de nueve testigos, incluyendo a uno que presenció el traslado de Labolita al regimiento de Azul.
Se trata de Rafael Alfonso Amicone, un dirigente del sindicato de Luz y Fuerza al que detuvieron en Las Flores.
Amicone fue trasladado desde esa ciudad a Azul junto al joven Carlos Labolita, pero ambos tuvieron destinos distintos. De hecho, Amicone habría presenciado el descenso de Labolita en el regimiento mientras que a él lo llevaron posteriormente a la cárcel.
El padre de Carlos Labolita declaró ayer que se cruzó con Amicone en la cárcel de Azul, y que éste le confirmó que su hijo había sido recibido en el regimiento por Duret, que lo entró a golpes y patadas.
Por aquel entonces Duret, con grado de teniente primero, era el jefe de inteligencia de esa región militar.
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Viernes 5 de Junio de 2009 - 09:18 hs.


Normativa
Los Juicios por la Verdad serán televisados
:: Se aprobó por mayoría anoche la televisación en vivo del debate oral del juicio contra acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura
En la sesión de anoche se aprobó por mayoría el proyecto de Comunicación que solicita que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas permita la televisación en vivo de las instancias del debate oral del juicio que se iniciará la próxima semana contra José María Cuenca y Rubén Alberto Gómez, acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.La norma aprobada fue presentada por la Comisión de Seguimiento de los Juicios por la Verdad en Misiones, atendiendo a la imposibilidad de televisación del primero de ellos que se llevó a cabo en junio del 2008. La misma, permitirá que en este segundo juicio de estas características que se realizará en nuestra Provincia, “toda la ciudadanía sea testigo de un acontecimiento histórico que fortalece los valores democráticos, reafirmando la garantía republicana de publicidad de lo actos de gobierno”, reza el escrito.Para la diputada Sandra Montiel, quien preside dicha Comisión en la Legislatura Provincial, “limitar la televisación de juicios penales tan trascendentes como son los llevados en contra de los represores de la Dictadura Militar, implica lisa y llanamente censurar el derecho de acceso a la información, o mejor dicho, a la historia de nuestro país, colocándose vallas en la memoria de todo un pueblo, lo cual no se condice con los principios democráticos y con nuestro Estado de Derecho.“Sin lugar a dudas, esto contribuirá a mejorar la calidad de las instituciones de la República, pero también a tener viva nuestra memoria y de las generaciones que vienen construyendo este País”


Fuente: Territorio
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS






























































































Fuente: Miradas al Sur
El represor Nakagama,a punto de quedar en libertad

El Japonés está
acusado de partici-
par de los fusila-
mientos de 16 gue-
rrilleros del ERP,
ocurrido en Cata-
marca en 1974.

Por Gabriela Juvenal
gjuvenal@miradasalsur.com



El recuerdo de los fusilamientos conocidos como la
Masacre de Capilla del Rosario reflotan hoy en la
memoria de muchos catamarqueños. Organismos
de derechos humanos alertaron que la Justicia fede-
ral de esa provincia “se apresta a dictar la falta de mérito a
uno de los principales imputados que participaron en el fu-
silamiento de los militantes argentinos y uruguayos que se
entregaron con vida después de deponer las armas, tras el
frustrado intento de copar el Regimiento 17”.
Se trata del coronel retirado Mario Nakagama (57), alias
El Japonés,detenido hace diez días por orden del juez federal
Ricardo Antonio Moreno por ser uno de los presuntos res-
ponsables de aquella masacre.En su declaración negó haber
participado: dijo que fueron otras las compañías del regi-
miento las que participaron del enfrentamiento en las inme-
diaciones de la Capilla del Rosario,en Fray Mamerto Esquiú.
El militar retirado negó las acusaciones de los testigos que
declararon tras la reanudación del juicio en marzo del 2004.
“Ahora no sólo no recuerda la represión y el fusilamiento si-
no tampoco cuando participaba de las torturas en la Jefatu-
ra de Policía”,informa un comunicado de la Comisión de Fa-
miliares y Compañeros de Uruguay y Argentina de los 16 fu-
silados en la masacre.
–¡Yo los bajé,yo los bajé! –dicen que se jactó a los gritos El
Japonés, tras someter a los detenidos a tormentos y torturas.
Era oscura y árida la noche del domingo 12 de agosto de
1974 en San Fernando del Valle de Catamarca.Los 47 guerri-
lleros del ERP habían partido desde Tucumán tres días antes.
Habían parado en Banda de Varela, donde iniciaron las pri-
meras comunicaciones. El plan: la obtención de armamento
del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, plan si-
multáneo al copamiento de la Fábrica Militar de Pólvora y
Explosivos. Lo cierto es que el viernes 10, ya asentados, fue-
ron vistos por la División de Investigaciones catamarqueña y
al día siguiente se produjo un primer enfrentamiento que,
pese a que fue reducido por los guerrilleros,dejaría un saldo
de dos militantes y dos policías muertos. Otros serían luego
detenidos. La operación, así, quedaba abortada. Los guerri-
lleros contaban con pocas municiones. Una columna de 16
hombres, al mando de Antonio del Carmen Fernández, El
Negrito, se asiló en el campo. Un comando los rastreó con helicópteros del Ejército. Huyeron cómo pudieron. Al me-
diodía siguiente los vieron.Sin chances,El Negrito Fernández
negoció la entrega. Pero los militares los fusilaron a todos.
En ese entonces, los familiares dieron su versión en una
improvisada conferencia de prensa. Denunciaron “un cri-
men similar al de Trelew”. La prensa luego iría a la goberna-
ción. Allí “el gobernador Hugo Mott aca-
baba de recibir a su colega riojano y lo ha-
bía invitado a participar en un encuentro
con jefes militares presentes. Con poncho
y pelo largo y patillas, Carlos Menem sa-
lió de la audiencia y se enfrentó a los pe-
riodistas”,cuentan en La Voluntad Martín
Caparrós y Eduardo Anguita. El riojano
salió así a respaldar a las fuerzas militares
que “abatieron a elementos que están con-
tra el pueblo”.
Hoy, a casi 35 años del hecho, los fa-
miliares denuncian que el juez Moreno
“le dictará la falta de mérito a Nakaga-
ma, con lo cual va a recuperar su liber-
tad. Una opción que espera Eduardo del Valle Carrizo
Salvadores, al igual que otros que deben declarar”. Agre-
gan que causas que investiga la Justicia Federal como la
desaparición de tres militantes de la Juventud Obrera Ca-
tólica,los hermanos Griselda y Francisco Pone y su sobri-
no Julio Genaro Burgos, en abril de 1976,“son ejemplo de
que están a fojas cero”. De los tres en el banquillo, dos
cumplen arresto domiciliario y el otro ya dijo que no de-
clarará. En febrero de 2007, Moreno ordenó la detención
del general retirado Carlos Lucena, a quien le dio arresto
domiciliario en Mar del Plata, y después el de Darío Ote-
ro Arán, a quien le otorgó el mismo beneficio, en la ciu-
dad de Posadas. Respecto del general retirado Raúl Hora-
cio Gallardo tenía previsto detenerlo para indagarlo el 28
de marzo de ese año, pero hasta ahora su situación es la
misma de siempre: sigue impune.
Por otra parte, la comisión denuncia que “entre los 23
de los 31 militares que están en actividad, se encuentra el
director de Personal del Estado Mayor, general Mario
Fernando Troncoso, y el comandante de Intendencia, ge-
neral Eduardo Salvador Gibelli. También el director de
Estudios Históricos, general Héctor Mario Giralda, que
estaba en retiro pero había sido convocado a la actividad
por el artículo 62 de la ley orgánica del
personal, y el ex comandante de Opera-
ciones Terrestres general Gallardo. An-
tes de ese Comando, Gallardo fue direc-
tor del Colegio Militar”. Éste, que en
2004 se mostró en desacuerdo con des-
colgar los cuadros de Videla y Bignone
en el Colegio Militar, fue el mismo que
en 2006 permitió que Cecilia Pando in-
sultase a Kirchner en un acto.
Gallardo era asistente personal de Lu-
cena, que comandó el Regimiento de In-
fantería 17.Según el fiscal Santos Reinoso,
Gallardo era el jefe de la compañía que lle-
vaba a cabo los operativos.“En los tres ca-
sos, Bendini intercedió por Gallardo para que se postergara
la fecha de su indagatoria en Catamarca y para que no pasa-
ra a retiro,cosa que ocurrió al asumir el actual gobierno”,es-
cribió el periodista Horacio Verbitsky en agosto de 2008.Los
familiares afirman que conjeturar que Nakagama y Carrizo
Salvadores seguirán gozando de la impunidad “no es un me-
ro ejercicio de imaginación,sino todo lo contrario.La impu-
nidad terminaría si la Corte Suprema se involucrara para que
Catamarca deje ser el símbolo de la impunidad al igual que
Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero”
.
gjuvenal@miradasalsur.com
TELAM

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Lesa humanidad
Procesan nuevamente a Fernández Gez por crímenes durante la dictadura
San Luis (Pelr) 04-06-09 Miguel Ángel Fernández Gez, condenado a prisión perpetua por el homicidio de Graciela Fiochetti y los hechos conexos que allí se investigaron, deberá rendir cuentas ahora por 17 casos de torturas, cuatro hechos "por las privaciones ilegitimas de libertad, secuestros, coacciones e imposiciones de torturas" y por los homicidios agravados de Sebastián Cobos y Dante Bodo, ocurridos durante la dictadura militar.
Así lo resolvió el juez federal Juan Esteban Maqueda, cuyo resolutorio se comunicó a las partes ayer.
En el documento expedido por el juez federal, también se ordena "trabaar embargo preventivo por la suma de un millón de pesos para cubrir gastos y costas procesales".
En esta causa se suman las denuncias por privación ilegítima de la libertad, secuestros, coacciones e imposiciones de torturas "que tienen como víctimas a Anibal Franklin Oliveras, Manuel Armando Alfonso, Juan Fernando Vergés, Carlos Enrique Correa, Andrónico Agüero, Mirtha Gladys Rosales, Ana María Garraza, Isabel Catalina Garraza, Juan Cruz Sarmiento Cabrera, Alfreo Luis Montoya, María Ponce de Fernández, Jorge Alfredo Salinas, Juan Manuel Echandia, Lucy María Beatriz, Alejo Sosa, Julio Lucero Belgrano y Ramón Gómez.
También por los mismos cargos "con seguimiento y/o causación de muerte, que tiene como víctimas a Domingo Idelgardo Chacón, Adolfo Pérez, Luis María Frum y Vicente Rodríguez".
Esta resolución también traería aparejado a futuro un nuevo procesamiento para algunos de los represores que ya cumplen condena por crimenes de lesa humanidad en el juicio desarrollado en San Luis y también integrantes del aparato de terrorismo de Estado que actuó en estas tierras a partir del año 1976. Otro de los implicados en estos hechos que debería responder cuando se sustancie el juicio oral y público, sería quien se desempeñaba como jefe del III Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, de la que dependía San Luis, el general Luciano Benjamín Menéndez.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
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Los escraches surgieron para denunciar la impunidad, no contra el que piensa diferenteTo:
San Miguel de Tucumán, 3 de junio, 2009


La Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán –FADETUC—informa que en el marco del clima electoral que se vive y ante las acciones de violencia partidaria que se vienen desarrollando en varios lugares del país bajo la modalidad denominada “escraches”, nuestra organización ha decidido adherir a la declaración de los compañeros de Familiares de Desaparecidos de Santa Fe, que sienta la siguiente posición:


SANTA FE, 2 de junio de 2009

DECLARACIÓN
En los últimos días, pero desde finales del año pasado, se han producido en el país y especialmente en nuestra provincia diferentes “escarches” realizados o fomentados por las organizaciones patronales del campo contra diferentes candidatos o dirigenentes políticos kirchneristas como Jerónimo Vargas Aignasse, Julio de Vido, Patricia Vaca Narvaja, Carlos Kunkel, José María Díaz Bancalari , Daniel Sioli e incluso actores como son los casos de Raúl Rizzo y Juan Palomino, en nuestra provincia en varias oportunidades al Diputado Agustín Rossi; llegando incluso hasta la presidenta Cristina Fernández en la ciudad de Paraná y en una localidad de la provincia de Córdoba.
En primer lugar queremos aclarar que la modalidad del escrache fue llevada adelante por los organismos de derechos humanos como consecuencia de la denegación de justicia y la consagración de la impunidad sobre los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado, delitos considerados de Lesa Humanidad, es decir crímenes contra la humanidad.
Esta construcción de la impunidad que cimentaron los gobiernos de la “democracia” a través de las leyes de la impunidad (Punto Final y Obediencia Debida) con Alfonsín, los indultos presidenciales con Menem y la denegación de la extradición a diversos tribunales internacionales, que reclamaban la comparencia de distintos genocidas, con De La Rúa y Duhalde; hizo que recurriéramos a los escarches como método de justicia ante la falta de ésta con los crímenes de los genocidas.
En segundo lugar queremos destacar que los escarches nunca significaron la agresión física a los genocidas sino la denuncia y el señalamiento de sus domicilios para que los vecinos conocieran quién vivía en su barrio y que delitos se le imputaban, en algunos casos se arrojó pintura roja sobre sus viviendas como una metáfora sobre sus crímenes sangrientos. Bajo la consigna SI NO HAY JUSTICIA HAY ESCRACHE llevamos adelante estas acciones para que fuera la sociedad la que condenara a los genocidas ya que la justicia no lo hacía.
Los organismos de derechos humanos hemos dado sobradas muestras de que jamás propiciamos justicia por mano propia ni venganza, nuestros más de treinta años de lucha son el mayor testimonio de la búsqueda permanente de caminos que nos permitieran juzgar los crímenes aberrantes cometidos por los genocidas contra todos los argentinos, siempre dentro de los marcos de la democracia y de las leyes.
Por eso ante estos hechos queremos expresar nuestro más enérgico repudio a quienes realizan estas agresiones físicas que no son llevadas adelante, además, precisamente no contra personas que han cometido crímenes contra la humanidad, sino contra aquellos que sólo piensan distinto. Que pensar diferente se convierta en un delito o transforme a las personas en blanco de una sanción o una agresión, lamentablemente en nuestro país, no es una novedad. Pero es precisamente por eso que nos preocupa enormemente que este tipo de hechos se naturalicen, justifiquen o no sean enérgicamente condenados por la sociedad en su conjunto ni por sus dirigentes, ya sean políticos, sociales o sindicales. Después de haber vivido los años del terrorismo de estado con sus Centros Clandestinos de Detención, sus Centros de Tortura y sus Centros de Exterminio, nuestra sociedad no puede permanecer indiferente cuando a disentir políticamente se lo intenta convertir en algo pasible de represión física.
NO SOMOS INGENUOS, estos hechos se dan al mismo tiempo y, en el caso de Reconquista, en el mismo lugar donde están siendo amenazados testigos, querellantes, abogados e incluso jueces, que están vinculados a los juicios a los genocidas. Es público y conocido que desde hace ya un tiempo, en especial desde que finalizó el conflicto del gobierno nacional con las entidades patronales del campo, que estas últimas han emprendido una serie de encuentros y charlas a lo largo y ancho del país “Seminarios de formación cívica”, a manera de una especie de escuela de cuadros, a cargo de personajes como Vicente Massot, el propio Hugo Biolcati, el consultor Felipe Noguera y del rabino Bergmann entre otros, todos ellos de incuestionable vinculación o simpatías con el terrorismo de estado, desde donde están diseñando una serie de estrategias y de acciones en contra del gobierno nacional. En el encuentro de Bahía Blanca por ejemplo el actual director de la Rural bahiense, el martillero Juan Roberto González Biocca, que no oculta su nostalgia por aquellos tiempos, expresó: “Estamos cansados de palabras por lo cual voy a ser muy breve”, “¡Estamos en democracia gracias a las Fuerzas Armadas que eliminaron a la subversión!”. La “paisanada” lo ovacionó.
Así tenemos por ejemplo que mientras en diálogos privados Biolcati repite que “hay que ganarles en octubre y empujarlos para que no terminen el mandato”; Jorge Chemes, ex titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), actual candidato a diputado en las listas del Acuerdo Cívico y Social y cercano a la Sociedad Rural Argentina y a CRA; expresa: “Como en la guerra, hay que ir matando a los de la primera fila. Hay que barrer a la mayoría, a la mugre, para después sí empezar a remar”, “hay que cortarles la mano a los Kirchner porque vienen por más”, “lo primero es el enemigo al que hay que matar”. En el caso del Diputado Rossi, según cuenta el periodista Lucas Carrasco: días antes se reunió la “Mesa de Enlace” de Reconquista para definir el “escrache” donde estaban presentes monseñor Ramón Dus y los presbíteros Armando Faccioli y Tomás Spángero, de la Iglesia Católica; los legisladores Pablo Zancada y Federico Pezz; los intendentes Jacinto Speranza (Reconquista) y Orfilio Marcón (Avellaneda); los presidentes comunales Sergio Ramseyer (Romang), Juan Chapero (Los Laureles) y Ángel Nóbile ( La Sarita); el presidente del Concejo de Reconquista, Héctor Gregoret; además de los infaltables empresarios prósperos como Eduardo Abett, del Centro Industrial y Comercial del Litoral Norte; y José Suligoy, del Centro Industrial y Comercial de Malabrigo.
Existe además una cada vez más profusa cantidad de sitios de Internet donde se agrupan, y organizan acciones, distintos grupos de la derecha vernácula vinculados a los genocidas. En las mismas se pueden apreciar las distintas estrategias y tácticas que se van dando con el objetivo de evitar el desarrollo de los juicios y la condena de los genocidas dilatando el proceso a la espera de un cambio en la coyuntura política nacional que les sea más beneficiosa, léase que el “kirchnerismo” sea desplazado.
Hay investigaciones periodísticas que sostienen que una de estas estrategias de los grupos conservadores que se nuclean alrededor de las entidades patronales del campo consistiría en un armado de territorio rural que aspira al modelo boliviano. Dejar al kirchnerismo “en zona de exclusión” es uno de los objetivos que más se repiten en los blogs rurales. En ese sentido estos “escraches” se abren en dos líneas: la que lleva a los ruralistas a acosar a los dirigentes kirchneristas y la que intenta ahora, con más énfasis, impedir que los candidatos kirchneristas, los ministros y hasta la Presidenta recorran el interior del país. En este sentido y, atando cabos, no habría que olvidarse de la participación de militares carapitandas argentinos en los comandos que en la hermana república de Bolivia pretendían llevar adelante un magnicidio, asesinando a Evo Morales y su vicepresidente, y que fue en parte desbaratada, ni la identificación y solidaridad de la juventud cruceñista y los líderes de la “Media Luna” boliviana con la mesa de enlace durante el conflicto por la 125. No es casual tampoco las reuniones internacionales de la derecha mundial el año pasado en la ciudad de Rosario y ahora en Venezuela, donde se dieron cita bajo la tutela de los Vargas Llosa, unos cuantos dirigentes de la oposición de nuestro país.
Ninguno de estos hechos es casual ni producto de la espontaneidad de algunos actores sociales enardecidos, supuestamente autoconvocados, son parte de una planificación minuciosamente orquestada e impulsada por los grupos de poder económicos concentrados que saben que no pueden recurrir, en este contexto, al terrorismo de estado como lo han hecho en el pasado, pero que para buscar el mismo objetivo de mantenerse en el poder para defender sus riquezas y sus privilegios de clase, desarrollan otros métodos y técnicas. Hoy usan sobre todo los medios masivos de comunicación, como herramienta de poder, crean un clima de miedo en la sociedad a través de machacar constantemente sobre la inseguridad y el aumento del delito por ejemplo, donde el enemigo siempre es el pobre, creando un clima social enrarecido que genera hechos como el recientemente vivido entre los vecinos del barrio de Villa Giardino y los pobladores de un asentamiento vecino en el gran Buenos Aires.
Recurren a lo que ahora suele titularse “golpes suaves”, pero que en realidad son guerras desatadas contra los pueblos a partir del engaño, falacias, doble discurso, la mentira lisa y llana que incluye hasta asesinatos y planes siniestros para buscar por todas las maneras posibles torcer la voluntad de los pueblos e impedir su capacidad de organización, de unidad y de triunfo en pos de la edificación de sociedades mas justas.
Por todo esto es que llamamos a todos aquellos ciudadanos democráticos que en algún momento hicieron suyo el Nunca Más a expresar su más repudio a estas actitudes violentas que abren la puerta para que vuelva el pasado. Porque si hoy se tolera con el silencio a aquellos que agreden a otro porque piensa distinto, estaremos habilitando a que mañana repriman al que reclama por su salario o al desocupado que pide trabajo o a todos aquellos que queremos UN PAÍS PARA TODOS.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS
POR RAZONES POLÍTICAS DE SANTA FE
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS



























































































































































































El país / Edición Impresa
juan antonio azic, del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA
El apropiador de la diputada Donda irá a juicio oral
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04.06.2009

Victoria. Supo su identidad en 2004.

El represor Juan Antonio Azic tiene la agenda completa. Durante los próximos años deberá enfrentar varios juicios orales por su responsabilidad en más de cien delitos de lesa humanidad. Ayer sumó un nuevo tropiezo. El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio la causa en la que se investiga la apropiación de una niña nacida en la ESMA: la actual diputada Victoria Donda Pérez. El ex suboficial de Prefectura está detenido en una clínica psiquiátrica desde 2003, cuando sobrevivió a un intento de suicidio con un disparo en la boca. En primera instancia quedó demostrado que la bebé, hija de los desaparecidos José María Laureano Donda y María Hilda Pérez, fue inscripta en septiembre de 1977 en forma fraudulenta como hija propia de Azic, un temible integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA. El torturador no sólo se apropió de la ahora diputada y militante de Libres del Sur. Según los análisis genéticos, también le robó su identidad a otra niña, hija de Orlando Ruiz y Silvia Dameri, que también nació en ese centro clandestino pero tres años después, en 1980. Victoria recuperó su identidad en octubre de 2004 y Laura, la segunda niña apropiada, supo su verdadero origen el año pasado, cuando se analizaron las muestras tomadas, por orden de la Justicia, a algunos de sus objetos personales.En la causa que se acaba de elevar a juicio, también se investiga si el ex teniente Adolfo Donda –tío de Victoria– tuvo alguna participación en la apropiación de la bebé. Él pertenecía al mismo grupo de tareas en el que actuaba Azic. Desde hace seis años, Azic se encuentra alojado en una habitación vip de la clínica psiquiátrica San Jorge.


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ESMA: elevan a juicio causa por sustracción de menor
03/06/2009 - Se trata de una elevación parcial del proceso en el que se investiga la responsabilidad penal del ex suboficial Juan Antonio Azic y de otros tres imputados en la apropiación de la hoy diputada nacional Victoria Donda. Decreto completo

Decreto completo 197.17 Kb.


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Juicio "Campo de Mayo": fijaron fecha para los alegatos
04/06/2009 - El 17 de junio comenzará la etapa de exposiciones de las cuatro querellas. Se trata de la causa que investiga la muerte del militante Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra de Avellaneda. Hay seis ex militares imputados
El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín, que lleva adelante el juicio oral contra seis imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto, fijó para el 17 de junio próximo la fecha de inicio de la etapa de alegatos.
El hecho investigado sucedió el 15 de abril de 1976. Se trata de la privación ilegal de la libertad de Iris Pereyra de Avellaneda y de Floreal Avellaneda, la imposición de tormentos a ambos y el homicidio de éste último, cuyo cadáver apareciera en las costas de Uruguay el 14 de mayo de ese año. Su madre, en tanto, fue puesta a disposición de Poder Ejecutivo y permaneció en esa condición hasta junio de 1978.
Los imputados son: Santiago Riveros, que fuera comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo; Osvaldo García, que estaba a cargo de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo; César Fragni y Raúl Harsich, quienes se desempeñaban en la citada escuela; Fernando Verplaetsen, jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, y Alberto Aneto, ex oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien cumplía funciones en la Comisaría de Villa Martelli.
Las cuatro querellas son: Iris Pereyra y su marido, Floreal Avellaneda, representados por Jorge Brioso de Armas; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Federación Juvenil Comunista y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, que encabeza la querella de otros organismos oportunamente unificados.
En tanto, la fiscalía está representada por el fiscal general Marcelo García Berro, y los dos fiscales coadyuvantes Javier De Luca y Juan Patricio Murray.
El juicio oral comenzó el 23 de abril en la Sala de Audiencias de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Martín, ubicada en Av. Balbín 1753, San Martín, provincia de Buenos Aires.

Fuente:
http://www.cij.gov.ar/

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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS





























































































DD.HH. Será el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Santiago

Kamenetzky: nombran un tribunal para decidir sobre las excusaciones

Selección. La Cámara de Casación Penal eligió a tres jueces del Litoral para que se expidan sobre el apartamiento de los seis magistrados designados con anterioridad y de los tres integrantes del tribunal santiagueño.

La Cámara de Casación Penal de la Nación (CCP) nombró, por tercera vez en dos meses, a un tribunal provisorio para la causa por el homicidio del estudiante Cecilio Kame-netzky. Esta vez, a diferencia de las anteriores, no trascendieron los nombres de los magistrados. No obstante, EL LIBERAL pudo saber que la jueza Lilia Graciela Carnero del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná (TOF) será una de los que integren el trío de jueces que llevarán adelante las primeras partes del proceso que concluirá con el juicio oral de seis represores. Se supo también, de importantes fuentes judiciales, que a la jueza Carnero la acompañará uno de sus pares del TOF paranaense, mientras que del tercer magistrado no se supo el nombre y el único dato que trascendió es que también será del Litoral. De acuerdo con la ley de subrogancias, sólo los miembros titulares de Tribunales Orales Federales pueden subrogar a los jueces santiagueños que se excusaron de participar en el proceso. Los magistrados nombrados esta semana por la Cámara de Casación Penal no serán los que lleven adelante el debate oral por el homicidio del estudiante santiagueño. Este flamante tribunal decidirá sobre la excusación de los jueces
En noviembre de 1976, la Dirección de Investigaciones comunicó que Kamenetzky había sido ultimado en un intento de fuga. Una autopsia posterior demostró que le habían disparado a quemarropa, apoyándole una escopeta en la cabeza y en la espalda."
santiagueños Alberto Pravia, Eduardo López y Josefina Curi. Luego, sobre el pedido de alejamiento de los tucumanos Ricardo Mario San Juan, Marina Cossio de Mercau y Alicia Noli y finalmente sobre la excusación de los jueces Luis Rodríguez Sein y Adolfo Raúl Guzmán, de Catamarca, y del riojano José Quiroga Uriburu. Si se aceptan los pedidos de los tres magistrados de Santiago y los seis nombrados con posterioridad, este nuevo tribunal integrado por jueces del Litoral serán los encargados de enjuiciar a los seis acusados del homicidio del joven santiagueño. La causa tiene seis imputados: el ex comisario sindicado como jefe del aparato represivo santiagueño, Musa Azar Curi; el ex gobernador de facto en Tucumán, Antonio Domingo Bussi; Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, y Jorge Rafael Videla, ex presidente de facto, todos imputados por el delito de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado por alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas con el propósito de ocultar delito. Tomás Garbi, quien estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Provincia (DIP), donde fue asesinado Kamenetzky, está imputado de allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad; a Ramiro López Veloso, por su parte, se le imputan: privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado por alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas con el propósito de ocultar delito. Salvo Garbi, el resto de los represores enfrenta la pena de prisión perpetua. 
-Fuente: El Liberal
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