domingo, 31 de mayo de 2009

CONFERENCIA DE PRENSA

PRIMERAS IDENTIFICACIONES OBTENIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL EAAF:
“INICIATIVA LATINOAMERICANA PARA LA IDENTIFICACION DE PERSONAS”

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tiene el agrado de convocar a los organismos de DDHH, a la prensa y al público en general a participar de la conferencia en la cual se explicarán las tareas realizadas y los resultados obtenidos al presente en el marco del proyecto “Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas” .

La conferencia de prensa se realizará el martes 2 de junio de 2009 a las 15 hs. en la sala Emilio Mignone, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sito en la calle 25 de mayo 550 de la Ciudad de Buenos Aires.

ESPERAMOS CONTAR CON SU PRESENCIA

Contacto: Andrea del Rio, Laura Bacari
Tel: (011) 4951-8547, (011) 4954-6646.
Horario: 10 hs. a 18 hs.





DerHumALC - DOMINGO 31 DE MAYO

PROGRAMACION DESTACADA

14 horas Hoyts 6
“Ojos que no ven”, de Ana Cacopardo y Andrés Irigoyen (Argentina).
Con la presencia de los directores.

16 horas Gaumont
Concurso La Colifata – Programa 1

16 horas Hoyts 6
“Evo presidente” / “Child Miners” (Niños mineros), de Rodrigo Vázquez (Bolivia, Reino Unido).
Con la presencia del director.

16horas ArteCinema
“Silence in a Noisy World”, de Katrine Philp (Dinamarca, Egipto).
“Allein in vier Wanden”, de Alexandra Westmeier (Alemania).

18 horas Gaumont
“I moti spontanei”, de Antonio Caiafa (Italia).
“World Napoli”, de Prospero Bentivenga (Italia).
Con la presencia de los directores.

18 horas ArteCinema
“L’ora d’amore”, de Christian Carmosino, Andrea Appetito.
Con la presencia de los directores.

20 horas Gaumont
“She’s a boy I Knew” (Ella es un chico que conocí), de G. Haworth (Canadá).

20 horas Hoyts 6
“Berlín-Buenos Aires. Las lágrimas de mi madre”, de Alejandro Cárdenas Amelio (Alemania).

22 horas Gaumont
“La buena nueva”, de Helena Taberna (España).

22 horas Hoyts 6
“Proibido Proibir”, de Jorge Durán (Brasil).


sedes
Hoyts Abasto
Av Corrientes 3200

Espacio INCAA Km. 0 - Cine Gaumont
Av. Rivadavia 1635

Alianza Francesa
Córdoba 936

Centro Cultural Recoleta
Junín 1930

Espacio Incaa Km. 2 - Complejo Tita Merello
Suipacha 442

Goethe-Institut Buenos Aires
Av. Corrientes 319

Arte Cinema
Salta 1620

Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires
Tucumán 1646 PB


Más información en
www.derhumalc.org.ar


31 de Mayo de 2009

LA MASACRE DE CAPILLA DEL ROSARIO
El ex militar Carrizo Salvadores engañó a la Justicia Federal
Había sido citado para indagatoria el 13 de mayo pasado, pero adujo que estaba enfermo. El 14, como abogado, ejerció una defensa penal por un crimen.

IMPUTADO. PEDIRÍAN LA DETENCIÓN DE CARRIZO SALVADORES.



El ex militar y ahora abogado Carlos Carrizo Salvadores, imputado como uno de los responsables de la "Masacre de Capilla del Rosario", engañó a la Justicia Federal de Catamarca con un certificado médico que sería falso, con el que logró evitar ser indagado el 13 de mayo pasado. Ese día presentó un certificado que indicaba que padecía una afección cardíaca por la que debía guardar quince días de reposo absoluto, pero el 14 de mayo, un día después, se presentó a defender a una mujer acusada por un homicidio en una de las cámaras de juicio de la capital jujeña. La noticia fue difundida ayer por El Tribuno de Jujuy, que señalaba que la defensa asumida por Carrizo Salvadores, dedicado al fuero penal, era la de una mujer acusada por el crimen de Rodolfo Dionisio Barrios. El caso tuvo repercusión en la provincia norteña y el medio mencionado tenía previsto cubrir el debate, pero, curiosamente, un empleado judicial evitó mediante engaños el ingreso de la prensa, para evitar que se fotografiara en la sala de audiencias al ex militar, debido a que ya había trascendido que había sido citado a indagatoria como uno de los sospechosos de la masacre de 16 guerrilleros del ERP en agosto de 1974, cuando Carrizo Salvadores se desempeñaba en los cuadros superiores del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada.Tal como viene informando este diario, Carrizo Salvadores está imputado junto al también ex militar Mario Nakagama, actualmente detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, como supuesto autor de "homicidio doblemente agravado", considerado en este caso como un delito de lesa humanidad. Se sospecha que el entonces militar fue uno de los autores del fusilamiento de los guerrilleros una vez que éstos habían depuesto las armas y se habían rendido ante la superioridad numérica del Ejército y de la Policía de Catamarca. La indagatoria de Carrizo Salvadores había sido prevista para el 13 de mayo, aunque no se cumplió porque el abogado defensor presentó un certificado médico.

Monti, contra Nakagama

El fiscal de cámara Víctor Monti se expresó en contra del pedido de sobreseimiento y excarcelación del ex militar Mario Nakagama, actualmente detenido como uno de los presuntos responsables de la "Masacre de Capilla del Rosario". Lo hizo al contestar la vista que le corrió el juez federal Ricardo Moreno, ante una presentación que efectuó el abogado defensor Lucio Montero, defensor del imputado. Sobre el sobreseimiento, Monti opinó que el pedido no es viable porque la causa no se encuentra en la etapa procesal oportuna. En tanto, sobre la solicitud de excarcelación se manifestó en contra por considerar que "de la magnitud de los delitos y penas correspondientes conminados al imputado (...) se desprende que la situación bajo examen escapa a la posibilidad de otorgamiento del beneficio procesal en cuestión".

Fuente.
www.elancasti.com.ar

-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS



CIUDADORDENARON LIBERAR A EL CIEGO LOFIEGO, CONNOTADO MIEMBRO DE LA PATOTA DE FECED.
Uno de los más atroces represores


Lo ordenó Casación Penal porque lleva 4 años preso sin condena. Le fijaron una fianza y el tema terminará en la Corte.



Lofiego (en el centro, de lentes) cuando aún revestía en la policía cerca de 1990.
Imagen: Alberto Gentilcore

Por José Maggi
La tristemente célebre Sala II de la Cámara de Casación Penal ordenó la libertad de José Rubén Lofiego, alias el Ciego, uno de los más emblemáticos represores rosarinos, por haber pasado más de cuatro años detenido sin sentencia. Además, le fijó una fianza de 100 mil pesos, más tres fiadores cada uno de los cuales debe acreditar ese monto. En este trámite se encuentra ahora quien se hiciera conocido por el apodo "Dr Menguele". Las querellas por su parte apelaron la decisión, y será la Corte Suprema de la Nación la que decida. José Rubén "el Ciego" Lofiego fue encontrado responsable de 17 casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, y otros 40 casos de secuestros agravados por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, junto a 2 casos de secuestro y amenazas en concurso real con desaparición física, y la figura de la asociación ilícita.
La abogada Gabriela Durruty resumió de este modo a pedido de Rosario/12 el camino judicial que podría terminar con la libertad de el Ciego:
* El 5 de diciembre de 2008, en el marco de los autos "Díaz Bessone, Nº 120/09" que tramita ante el Tribunal Oral Federal 2, la defensa de Lofiego solicita se dicte el cese de prisión del mismo, conforme que este se encuentra detenido desde el 7 de setiembre de 2004.
* El 9 de diciembre el TOF II rechazó el cese solicitado, resolviendo en forma similar a un pedido de excarcelación anterior
* El 23 de diciembre de 2008 la defensa de Lofiego interpuso recurso de Casación.
* El 6 de marzo de 2009, el TOF II prorrogó la prisión preventiva de Lofiego por 8 meses.
* Mediante resolución nº 14056 la CNCP, sala II, con el voto de Yacobucci y García, y la disidencia de Mitchell, resuelve hacer lugar al recurso de casación, ordenando el cese de prisión preventiva de Lofiego. Disponiendo su libertad, que será efectiva bajo la caución personal prestada por el imputado y otros tres fiadores. Contra dicha resolución, el Fiscal Wechsler interpuso recurso extraordinario, con el fin de que sea el tribunal superior el que resvuelva.
* La Cámara Nacional de Casación Penal, rechaza el recurso extraordinario mediante resolución 14305, y contra aquella el Fiscal interpone recurso de queja por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (CSJN)
* Ante la resolución de casación, la defensa de Lofiego plantea la inmediata libertad.
* El 28 de abril el Tribunal Oral II fija la caución personal de Lofiego en 100.000 pesos que deberá ser prestada por el nombrado y otros tres fiadores, quienes deberán acreditar solvencia. Se establece la prohibición de salida del país, no mudar de domicilio y presentarse el primer y tercer miércoles de cada mes por ante el Tribunal Oral II.
* El 30 de abril el TOF II, no hace lugar a la aclaratoria de la fiscalía y dispone el 22 de mayo que, el recurso de queja interpuesto por el Fiscal de cámara ante la CSJN, no tiene efecto suspensivo, disponiendo la inmediata libertad del mismo.
Por otro lado, La Cámara de Apelaciones de Rosario, confirmó el procesamiento de Lofiego por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio de Oscar Manzur, compañero de Marta Bertolino, querellante en esta causa.
La Cámara en este acuerdo determina que se revoque la prisión preventiva ordenada por el juez Marcelo Bailaque por considerar que la cuestión ya ha sido oportunamente resuelta toda vez que la Cámara rechazó la libertad del procesado.
Contra esa resolución Bertolino representada por Durruty interpondrá recurso de casación a fin de que anule lo resuelto por la Cámara de Apelaciones de Rosario en relación a la prisión preventiva y resolver la cuestión restableciendo el considerando del juez de primera instancia ordenando que Lofiego permanezca detenido hasta el juicio oral.
"Las características de los delitos por los cuales está procesado en numerosos casos Lofiego tiene directa relación con la peligrosidad procesal de los perpetradores, son los delitos más graves que la humanidad toda pueda imaginar" razonó Durruty.
A pesar de las posiciones que viene sosteniendo la Cámara Nacional de casación, que ya fueran objeto de un pedido de juicio político por parte del Secretario de DDHH de la Nación, los querellantes seguirán apelando a que los detenidos esperen las audiencias orales, que deberán realizarse a la brevedad posible, en cárceles comunes.

Fuente: Rosario 12

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PCIs y DDHH: "El Juzgado está dando pasos mesurados y tiene que dar pasos justos, porque se necesitan pruebas"

Con afiches, en Tierra del Fuego denunciaron al ex senador por el departamento General Obligado, Enrique "Chichito" Vallejos, como Personal Civil de Inteligencia durante la dictadura de 1976-83. Raúl Borsatti, de Norte Amplio, señaló que "hay un sobre cerrado en el Juzgado Federal de Reconquista" cuya apertura serviría para tirar un poco más de hilo de la madeja".
Ese sobre «acompaña el informe que mandó Defensa, y en el informe se dice que en ese sobre hay 39 páginas de material microfilmado, que no sería en algunos aspectos no muy legibles porque fue escrito a máquina, y no lo abren porque evidentemente tira más el hilo de la madeja de esta historia», evaluó Borsatti. Tras la «disidencia» del '74, «muchos hombres pasaron a cumplir tareas de Inteligencia en la propia interna del peronismo, y después aparecen aquí en estas historias», indicó.Varios afiches aparecieron colocados en jueves en el centro de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego de la República Argentina, específicamente en la calle San Martín entre 25 de Mayo y Lasserre. En ellos se deja ver al ex ministro provincial Enrique Vallejos, oriundo del norte de Santa Fe, como represor, según consignó Crónicas Fueguinas en su sitio web (
cronicasfueguinas.blogspot.com).
La misma información fue reproducida más tarde por el sitio web
argenpress.info, donde se refiere que «a pesar de lo llamativo de las imágenes colgadas en las paredes de Ushuaia, ningún medio se hizo eco del escrache a Enrique Vallejos, denunciado por organizaciones de derechos humanos de la provincia de Santa Fe, por su participación como personal civil de inteligencia en la ultima dictadura militar.»
«En Tierra del Fuego -señala la crónica de Argenpress-, nadie se expresó al respecto, ni siquiera la Secretaría de Derechos Humanos, ni otras asociaciones. Los afiches aparecieron sobre la Calle San Martín de la capital fueguina y es la primera vez que ocurre.»
«Recordemos -dice el sitio web Crónicas Fueguinas- que se lo vincula a Chichito Vallejos con los (PCI) Personal Civil de Inteligencia que operaban en Santa Fe, en la época del Proceso militar, como lo publicamos, hace un tiempo.» Y ciertamente, en otro artículo previo había dado detalles del caso el 30 de marzo, reflejando la información que había vertido el comunicador Gabriel Nieto en su programa El Embudo (Radio Uno, 95.3 Mhz).
«Estos afiches -finaliza- fueron colocados por una organización denominada Desesperados por Tierra del Fuego, los cuales se adjudicaron la pegatina, por medio de un e-mail, dejando además informado en el mismo que no será el único escrache que se realizará con esta metodología, sino que se verán involucrados otros políticos y personajes que se encuentran ocultos en Tierra del Fuego y que eran parte del Proceso militar.»
En la misma página también se ofrece el acceso a uno de los listados de PCIs que operaron en Santa Fe paralelamente al desarrollo de la última dictadura militar, idéntico al que conoció Edición 4 al hacer público el desempeño de Enrique Vallejos y Carlos Rafael Cenoz.
Precisamente la falta de documentación oficial permitió a lectores de Crónicas Fueguinas cuestionar el rigor informativo del sitio y del comunicador Gabriel Nieto sobre Vallejos. No obstante, en febrero de 2009, referentes de organizaciones de derechos humanos con acceso a causas sobre violaciones a los derechos humanos que tramita el Juzgado Federal de Reconquista han ratificado que la documentación obrante en el expediente depositado en este tribunal corrobora la noticia publicada por Edición 4 en noviembre de 2007.La mirada localRaúl Borsatti, del Norte Amplio por los Derechos Humanos, explicó ayer que ellos no fueron hasta Tierra del Fuego, pero que se les había cursado una invitación para viajar al sur, «y tratar de aportar lo que se sabe de Enrique Horacio Vallejos, que fue personal civil de Inteligencia del Ejército, entre el 1º de octubre del ’77 hasta el 1º de marzo del ’79. Carlos Rafael Cenoz, duró más en ese cargo», señaló.
- ¿Acá había dos entregadores a sueldo del Ejército? -le preguntó Gustavo Raffín en el programa radial La Tarde Ideal, a Borsatti.
- Claro, esto surge a raíz de una causa que se tramita en el Juzgado Federal de Santa Fe, la causa Amalia Ricotti, que denuncia aun personal civil de Inteligencia que es la causa que va a permitir el primer juicio oral, que está establecido el 30 de junio, y que se ha demorado porque renuncian los jueces. Y a raíz de esa causa se pide los datos del personal civil de Inteligencia que prestaba servicio en el Batallón de Inteligencia, Destacamento de Inteligencia nº 122, que tenía asciento en la ciudad de Santa Fe. Y aparecen personajes de Santa Fe, aparecen personajes de Entre Ríos, y aparecen dos de la ciudad de Reconquista, de acá del norte.
A raíz de esta historia, en Juzgado Federal de Reconquista, en la causa que investiga la represión en el norte pide el informe al Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa responde, constatando lo de estos personajes que cumplieron tareas de inteligencia: Carlos Rafael Cenoz, a partir de 1º de octubre del ’77 hasta noviembre del ’82. Y Vallejos desde el 1º de octubre del ’77 hasta marzo del ’79.Las funciones de VallejosA su vez, Borsatti rememoró los puestos que ocupó Vallejos después del trabajo que realizó para el Ejército: «primero fue senador, después diputado nacional, después va a Medio Ambiente con María Julia Alsogaray, y de allí va a Tierra del Fuego donde ocupa lugares importantes. Entre ello, fue ministro Coordinador de la provincia de Tierra del Fuego, durante la gestión del gobernador menemista. Después, cambia el signo político, y aparece en los últimos tiempo tratando de ingresar al Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego. Eso hace que aparezcan estas historias allí, porque elegían dos representantes por el Colegio de Abogados para integrar ese Consejo: uno era por Río Grande y el otro por Usuahia. Por Usuahia era número puesto Enrique Vallejos y a raíz de la aparición de todos estos informes que tienen que ver con su historia, bueno, los propios abogados cambian la ficha y colocan a una mujer en su reemplazo en el Consejo de la Magistratura. Evidentemente es un hombre muy posicionado, muy público en Tierra del Fuego».
El sobrePor otro lado, el integrante del Norte Amplio, contó que «hay un sobre en el Juzgado Federal de Reconquista que no ha sido abierto, por parte de quien administra la justicia federal de aquí; donde hay, bueno, evidentemente se podría tirar un poco más el hilo de la madeja para descubrir estas historias».
El sobre «acompaña el informe que mandó Defensa, y en el informe se dice que en ese sobre hay 39 páginas de material microfilmado, que no sería en algunos aspectos no muy legibles porque fue escrito a máquina, y no lo abren porque evidentemente tira más el hilo de la madeja de esta historia. Y en el caso de Vallejos, tiene un hilo en general que fue en 1974, que fue la expulsión que se produce de la plaza, la famosa disidencia. De esa famosa disidencia, muchos hombres pasaron a cumplir tareas de Inteligencia en la propia interna del peronismo, y después aparecen aquí en estas historias».
También, Borsatti contó que «el informe que envía el Ministerio de Defensa fue autorizado el presidente Kichnner para que se habiliten los datos de quienes cumplieron tareas represivas durante la dictadura militar, y a quien tributaban la información Carlos Rafael Cenoz y Enrique Vallejos. Te puedo decir que entre el ’77 y el ’78, tributó información como superior inmediato al capitan Julio César Dominguez, y como superior mediato al teniente Antonio Ramón Richiardi. Después sigue los informes, y después aparece el teniente coronel Luis Alberto González, que fue detenido hace un tiempo en un geriátrico en la ciudad de Santa Fe. Lo buscan en otros lugares del país, y estaba ahí en el geriátrico, en la capital de la provincia. Pero están los informes».
Y agregó que «hay algunos otros personajes, como por ejemplo, y que fueron denunciados y que tienen que ver con nuestra región, y que aparecen en este hilo, que tiene que ver con la división del ’74, y que con un sector que en su momento integraron la Juventud Peronista, como la denuncia que hizo un detenido, Felipe Solé de Santa Fe en la que involucra, y denuncia en la Conadep a quien fuera en su momento Julio Ramos, diputado provincial, y hoy creo que es concejal en Vera. Bueno, ese hombre denunció que en un momento cuando lo estaban torturando le levantan la capucha y estaba Julio Ramos allí, y Julio Ramos le dice ‘no mientas que vos eras mi responsable en lo que era el Peronismo Revolucionario’».
- De las personas que el Chino Cenoz y Vallejos en Villa Ocampo pasaban al Ejército, ¿en base a eso ellos después te secuestraban?- preguntó el periodista a Borsatti.
- Es toda tarea de inteligencia represiva. Lo que pasa es que se necesitan muchos elementos, muchas pruebas. ‘Los ex agentes civiles Cenoz y Vallejos -dice el informe-, al momento de su cese por renuncia revistaban en la categoría Inteligencia 13 e Inteligencia 14, respectivamente, percibiendo sus haberes por partida secreta de presupuesto. Asimismo la erogación que demandó el nombramiento de los mencionados fue imputado al 2047’, y siguen los datos del presupuesto general de la Administración Nacional, para el ejercicio 1977. Está comprobado que eran personal y tenían que ver con la represión en muestra la región. Aparte llevaban identidad falsa los dos. Y la identidad falsa tenía que ver con las iniciales de su nombre real, y Cenoz tenía Carmelo Raúl Castromaño».

Fuente: -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

sábado, 30 de mayo de 2009


SI NO HAY JUSTICIA HAY ESCRACHE

Juan Orlando Rolón
DNI: 3.171.577, domicilio: Gran Bourg 4101, santa fe
Como alto funcionario del ejército participo activamente de toda la represión en nuestra provincia durante la dictadura
Coronel del ejército. Comandante de artillería121, tenía a su cargo: la jefatura del área 212 con asiento en la ciudad de santa fe y jurisdicción en dicha ciudad y departamentos
colindantes, desde noviembre de 1976 a los primeros meses de 1979,responsable de el C.O.T(comando de operaciones tácticas) controlando através del C.O.T. la G.I.R. (guardia de infantería reforzada) según sus propias palabras, como así también los operativos conjuntos con la policía federal
Mando a asesinar y desaparecer a más de 39 ciudadanos, por los que todavía no fue sometido a juicio
Rolon cumplía prisión domiciliaria acusado por 25 victimas sobrevivientes de: SECUESTRO, PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, VIOLENCIA, AMENAZAS, VEJACIONES, TORTURAS Y APREMIOS ILEGALES
La cámara nacional de casación penal, una vez más como lo viene haciendo en los últimos años y en todo el país resolvió beneficiar y privilegiar a un genocida asesino.Como el coronel ROLON, por estar este anciano y enfermo
En la ciudad de Santa Fe, el hospital JOSE MARIA CULLEN cuenta con una sala policial, donde los detenidos reciben asistencia medica, no entendemos porque el coronel ROLON estando tan mal de salud no es inmediatamente hospitalizado y atendido como corresponde. Es que acaso la excarcelación lo sanara?
Creemos que el coronel ROLON, como muchos de sus amigos, está enfermo de IMPUNIDAD Y COBARDIA
ROLON que ya gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria no es un asesino que cometió muchos delitos solamente, es el que dirigió el aparato represivo en esta ciudad, el que coordino, mando, ejecuto, el dueño de la vida y la muerte, este anciano enfermo y desvalido pidió ser liberado ¿para que? Para convocar a sus compañeros de armas? Para mover sus influencias? Para amenazarnos mejor? Para mandar desaparecer a los testigos?
En que podría cambiar la situación de este asesino que no puede moverse, tristemente respira y según dicen no comprende?? Para que la cámara nacional de casación penal le brinda un beneficio que en principio no mejorara su situación de salud y por tanto no podrá usar, para que quiere la libertad entonces el asesino de ROLON??
La impunidad y la injusticia es el cáncer de nuestra todavía joven democracia, que tanta sangre le costo al pueblo argentino conseguir
La justicia argentina que durante muchos años no apreso ni enjuicio al genocida ROLON, por complicidad o miedo, hoy tiene la oportunidad de resarciré fallando a favor de la justicia, la democracia, la igualdad, la libertad y la vida
Apresando y enjuiciando a todos aquellos que atentaron y atentan contra la democracia, las instituciones, los partidos políticos, los gremios y los derechos y garantías de nuestro pueblo
El día martes 2 de junio de 2009, a las 13hs .Convocamos a los ciudadanos y ciudadanas, a los trabajadores, estudiantes, profesionales, comerciantes, artitas, deportistas, asociaciones barriales políticas y culturales, a todos los gremios, a los partidos políticos y cada hombre y mujer a:
ESCRACHAR AL GENOCIDA ROLON
A CONDENAR LA IMPUNIDAD
PORQUE LOS JUZGA UN TRIBUNAL PERO
LOS CONDENAMOS TODOS
UNA VEZ MAS TRANSFORMAREMOS, EL PAIS, LA PROVINCIA, LA CIUDAD Y EL BARRIO DONDE HABITA
EN SU CARCEL!!
Si no hay justicia no hay democracia, no hay patria, no hay futuro para nosotros ni nuestros hijos, no hay nación no hay pueblo en libertad
SI NO HAY JUSTICIA HAY ESCRACHE POPULAR!!
Martes 2 de junio a las 13hs
En monumento al brigadier Estanislao López, costanera santafesina

Listado de compañeros desaparecidos y asesinados durante el periodo en que JUAN ORLANDO ROLON se desempeño como máximo jefe militar de esta ciudad


PONTI YOLANDA ROSA-------------------------------1/12/76- asesinada
MENDICUTE ANTONIO--------------------------------3/1/77-asesinado
MEURZET NORA GLADIS-----------------------------3/1/77-asesinada
FERREYRA EDGARDO LUIS -------------------------4/1/77- desaparecido
BIANCHI ADRIANA MARIA --------------------------4/1/77-desaparecido, identificado por el equipo argentino de antropología forense
MUJICA MARIA JOSEFINA ---------------------------4/1/77-desaparecida, identificada por el equipo argentino de antropología forense
VENTURA JOSE PABLO--------------------------------4/1477- desaparecido, identificado por el equipo argentino de antropología forense
LERA FRANCISCO DOMINGO-----------------------13/1/77-desaparecido
NICOLINI RICARDO------------------------------------17/1/77- desaparecido
FRIGERIO CARLOS MARIO--------------------------19/1/77-asesinado
GOMEZ ILEANA ----------------------------------------19/1/77- asesinada
PIOTTI JORGE LUIS ------------------------------------19/1/77- desaparecido, identificado en democracia
ZICCARDI ORLANDO ALBERTO-------------------19/1/77- desaparecido, identificado por el equipo argentino de antropología forense
SEGGIARO OSVALDO ANGEL----------------------19/1/77- desaparecido
HATTEMER REINALDO ALBERTO ---------------–25/1/77-desaparecido
FERESIN EMILIO OSVALDO ------------------------10/2/77- desaparecido
WHITE GUILLERMO HORACIO---------------------10/2/77- desaparecido
CORTASSA ENRIQUE JOSE--------------------------11/2/77- desaparecido
ZAPATA BLANCA--------------------------------------11/2/77- desaparecida embarazada, identificada por el equipo argentino de antropología forense
RUIZ LOPEZ CRISTINA -------------------------------11/2/77- desaparecida embarazada,
identificada por el equipo argentino de antropología forense
GONZALEZ GENTILE CARLOS---------------------12/2/77- desaparecido, identificado por el equipo argentino de antropología forense
GOMEZ JOSE LUIS-------------------------------------24/3/77- asesinado
MEURZET NORMA ESTHER-------------------------24/3/77- desaparecida, identificada por el equipo argentino de antropología forense
WOLLERT SILVIA HAIDE ---------------------------24/3/77- desaparecida, identificada por el equipo argentino de antropología forense
ELIAS NILDA NOEMI---------------------------------11/4/77-asesinada
CUBAS MARIA GEORGINA E.----------------------21/4/77-desaparecida
PEREZ RICARDO ADRIAN--------------------------21/4/77-desaparecido
TRUJILLO ORLANDO RUBEN----------------------25/4/77-desaparecido
CARIGNANO RUBEN LUIS--------------------------23/5/77- asesinado
ALMIRON VICTOR RICARDO----------------------30/5/77- asesinado
FLEMING CATALINA ---------------------------------1/6/77- desaparecida
SUAREZ ROBERTO DANIEL-------------------------1/8/77-desaparecido
CHERRY GEISER NESTOR HUGO---------------------19/8/77- desaparecido
DIAZ ELSA---------------------------------------------------19/8/77-asesinada
PEPE NUÑEZ CARLOS MIGUEL-----------------------19/8/77-desaparecido
FIOCHI ARCE ANGEL EDUARDO --------------------20/8/77-desaparecido
PARTIDA ALDO ALBERTO-----------------------------20/8/77- desaparecido
VERDU LUIS ALBERTO---------------------------------20/8/77- desaparecido
SOLE RIVAS ALBERTO----------------------------------20/8/77-desaparecido
COMPAÑERO NN---------------------------------------------------
COMPAÑERA NN---------------------------------------------------


JUICIO Y CASTIGO A ROLON Y TODOS LOS GENOCIDAS

H.I.J.O.S. REGIONAL SANTA FE
MESA POR JUICIO Y CASTIGO
PARTIDOS POLITICOS Y GREMIOS SANTAFESINOS
hijosredsantafe@gmail.com
Martes 2 de junio a las 13hs
En monumento al brigadier Estanislao López, costanera santafesina



Informamos que el día 8 de junio se llevará a cabo la audiencia preliminar relacionada con los seis patriotas paraguayos que fueron entregados por el Gobierno Argentino a la Justicia Stronista paraguaya, alterando así por primera vez en casi doscientos años la tradición histórica Argentina de asilo y solidaridad con los perseguidos políticos de cualquier lugar del mundo.-
Como todos saben se trata de seis dirigentes campesinos del Partido Patria Libre y del Movimiento Agrario Popular que ingresaron legalmente a la Argentina sin orden de captura o causa pendiente en su contra y solicitaron refugio ante las autoridades correspondientes acreditando la persecución política de que fueran objeto en Paraguay.-
La respuesta Argentina fue el encarcelamiento.-
La durísima resistencia de los propios compañeros presos, el gran apoyo de los mas amplios y diferentes sectores populares y nacionales y la lucha jurídica del equipo de abogados de FIDELA evitaron la extradicion por mas de dos años, la que finalmente se concretó con la complicidad de las autoridades argentinas y paraguayas y las presiones del imperialismo Yanki.-
Ahora se inicia en Paraguay la parte sustantiva del proceso y es necesario redoblar los esfuerzos para lograr la libertad de los compañeros.-
Nuestra GREMIAL DE ABOGADOS de la Argentina estará presente en la audiencia solidarizandonos con los compañeros campesinos y con la inclaudicable Defensa que ejercen los colegas paraguayos.-
Acompañaremos las luchas de las diferentes organizaciones campesinas que acamparán frente a los Tribunales paraguayos durante el tiempo que tramite la audiencia.-
Sabemos lo dificultoso que es movilizarse hasta Paraguay en los tiempos que corren, pero aún así instamos a compañeros, referentes de distintas agrupaciones, personalidades y a las propias organizaciones que tanto han hecho en la Argentina por la libertad de estos compañeros a que hagan el último esfuerzo para redoblar la presión internacional.-
Vale la pena intentarlo

Gremial Solidaria de Abogadas y Abogados Populares
Buenos Aires, República Argentina
Mayo 2009



DerHumALC - VIERNES 29 DE MAYO
PROGRAMACION DESTACADA

16.00 horas Hoyts 6
“El círculo”, de J.P. Charlo y A. Gray (Uruguay, Alemania, Chile).

16.00 horas ArteCinema
“Fútbol Violencia S.A.”, de Pablo Tesoriere (Argentina). Con la presencia del director.

18.00 horas Gaumont
“Días de mayo”, de Gustavo Postiglione (Argentina). Con la presencia del director.

20.00 horas Gaumont
“Ojos que no ven”, de Ana Cacopardo y Andrés Irigoyen (Argentina). Con la presencia de los directores.

20.00 horas Hoyts 6
“Lemon Tree”, de Eran Riklis (Israel, Alemania, Francia).

20.00 horas Alianza Francesa
“The Tunnel Dwellers of New York”, de Chantal Lasbats, y “Mirages”, de Oliver Dury (Francia). Gratis.

22.00 horas Gaumont
“Brad, una noche más en las barricadas”, de Miguel Castro (España, Brasil). Con la presencia del director.

22.00 horas Hoyts 6
“Villa”, de Ezio Massa (Argentina). Con la presencia del director.

actividades
19.00 horas Inauguración de la Muestra de Valerio Bispuri, “Mirada interior”, en el Centro Cultural Recoleta
21.00 horas Recital de Falopa en Mu. Punto de Encuentro

sedes
Hoyts Abasto
Av Corrientes 3200

Espacio INCAA Km. 0 - Cine Gaumont
Av. Rivadavia 1635

Alianza Francesa
Córdoba 936

Centro Cultural Recoleta
Junín 1930

Espacio Incaa Km. 2 - Complejo Tita Merello
Suipacha 442

Goethe-Institut Buenos Aires
Av. Corrientes 319

Arte Cinema
Salta 1620

Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires
Tucumán 1646 PB

MU. Punto de encuentro
Hipólito Yrigoyen 1440

Más información en
http://www.derhumalc.org.ar/


Estimados amigos nuevamente los invitamos a la Muestra Cine para Ser
Se agradece su difusión

CINE PARA SER
en
MAR DEL PLATA
Invita a la
Muestra de Cine e Identidad Biológica*

Espacio Cultural “POLO NORTE”
Av. Constitución 5843, Mar del Plata
- Provincia de Buenos Aires- Argentina -
Domingo 21 de Junio – 16.00 hs a 19. 30 hs

* La muestra incluye temáticas relacionadas con la Identidad Biológica: adopciones legales e ilegales, tráfico de niños, búsqueda de orígenes biológicos, etc.
* Se exhibirán Cortometrajes y Largometrajes de realizadores Nacionales e Internacionales

*También habrá charlas donde se abordara la temática, a fin de sensibilizar y concientizar sobre este tema.

16.00 hs. “Cortometrajes para Ser”. Se proyectarán los cortometrajes:
“Cigüeña”, “Made in Japan”, “Pacto de Silencio”, “Matumbo Goldberg”, “Journey”, “Rompecabezas” y “Identidad”

17.00 hs. “Unlocking the Heart of Adoption” /”Descubriendo el Corazón de la Adopción”. Dir: Sheila Ganz, año 2002.

Charlas para Ser

18.00 hs. Panel 1: “Cine e Identidad Biológica, 7mo Arte con Compromiso Social”
Participan:
*María José Freire
*Soledad Madeira
Dirección General “Cine para Ser”

18.20 hs. Panel 2: “Inspiración en la Búsqueda, un Motivo para Mirar”
Participan:
*Integrantes Asoc. Raíz Natal
19.00 hs Palabras Finales y Cierre de la Muestra

Para informes y acreditaciones visiten nuestro sitio Web

http://www.cineparaser.com.ar/
Mail:
info@cineparaser.com.ar
-Entrada es Libre y Gratuita –
“Con el Auspicio de la Secretaría de Culturade la Presidencia de la Nación"
Cine para Ser esta organizado junto a la Asociación Raíz Natal (
http://www.raiznatal.com.ar/) quien lucha por el Derecho a la Identidad Biológica.



(*) ¿QUÉ ES LA IDENTIDAD BIOLÓGICA?

La IDENTIDAD BIOLÓGICA es el conjunto de atributos y características, adquiridos y heredados, actuales y del pasado, que permiten individualizar a las personas y que es mutable hacia el futuro.
El derecho a la Identidad Biológica, es el derecho a la verdad. Sin nuestra identidad no sabemos de dónde venimos, por qué estamos, cuál es nuestra historia genética o en quién nos reflejamos.

Por diversas razones si el Derecho a la Vida es inalienable, el Derecho a la Identidad Biológica lo es aun más, existen personas que por diversas razones fueron privados de su Identidad Biológica, algunos adoptados ilegalmente, otros legalmente pero con una verdad que les fue ocultada con mentiras y pactos de silencio, y otros a los que les fue negada solo una parte de su identidad.

Nuestra meta es sensibilizar a la sociedad, proponiendo al séptimo arte como medio para difundir y concientizar sobre la temática de la Identidad Biológica.


Comunicado de Prensa
H.I.J.O.S. manifiesta su preocupación por los lamentables hechos acontecidos en las últimas horas, debido a la desaparición por más de 24 horas del testigo Orlando González.

Esta situación nos llena de indignación, pero no nos sorprende, ya que desde el año pasado venimos denunciando las reiteradas amenazas a las que son sometidos testigos, víctimas, querellantes y abogados de las diversas causas por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en nuestra provincia.

Tantos años de impunidad no pasaron en vano, el miedo y el terror sembrados a sangre y fuego, dejaron una marca imborrable en las víctimas y en la sociedad toda. Pero los años de luchar por Verdad y Justicia tampoco pasaron en vano, ni para los sobrevivientes, ni para los familiares ni para la sociedad en su conjunto.

Porque a 33 años del inicio de la dictadura militar y 34 del Operativo Independencia en la provincia, los genocidas está empezando a pagar por los crímenes y las aberraciones cometidas. Y esto es gracias a la lucha permanente de los Organismos de Derechos Humanos, organizaciones y familiares, pero principalmente de los sobrevivientes del horror.

Porque son ellos, sus dolorosos recuerdos y su valiente espera de tres décadas, los que con su testimonio dan cuenta del genocidio que atravesó este país.

Es por esto que desde H.I.J.O.S. exigimos al Estado nacional y provincial que establezca los mecanismos necesarios para proteger a las víctimas, testigos, querellantes y abogados en las causas que se llevan adelante por delitos de Lesa Humanidad

Exigimos el inmediato desmantelamiento del aparato represivo y se investigue las amenazas y amedrentamientos sufridos por los testigos y familiares del Empalme-Ranchillos, por parte del circulo del ex comisario Camilo Orce.

Porque una Justicia lenta no es Justicia. Exigimos la aceleración de las causas por delitos de lesa humanidad, porque el único lugar para los genocidas es la cárcel, común, perpetua y efectiva.

H.I.J.O.S. Tucumán
"Lo imposible solo tarda un poco más"
"CÁRCEL, COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA, NI UN SOLO GENOCIDA POR LAS CALLES ARGENTINAS"




11° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DERECHOS HUMANOS DE BUENOS AIRES
(27 de MAYO- 10 de JUNIO)

El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires inicia su nueva edición el próximo 27 de mayo en el Centro Cultural Borges con la exhibición de “Stories on Human Rights”. Este filme colectivo fue realizado para conmemorar el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y se compone de cortometrajes dirigidos por notables del cine mundial, entre los que se incluye el argentino Pablo Trapero.

La jornada inicial estará marcada también por los homenajes que se rendirán a Raymundo Gleyzer, a 33 años de su desaparición, y Pepe Soriano, en reconocimiento a su larga trayectoria.

La edición 2009 de DerHumALC tiene como eje temático el “encierro”, el cual se abordará desde las diferentes secciones y específicamente con el II Concurso Colifata: Otra mirada, realizado en colaboración con LT22 Radio La Colifata que conducen los internos del Centro Psiquiátrico Borda, y el apartado Cárceles, el cual contará con un jurado compuesto por las mujeres privadas de su libertad que participan del Centro Universitario del Instituto Correccional U3 de Ezeiza.

Las cárceles son también el foco de la Muestra de fotografías Mirada interior de Valerio Bispuri, que se realizará paralelamente al festival como complemento del tema central de este año.

En el marco del Festival se celebrarán diferentes eventos especiales, destacando el Primer Foro de Cine Social y Político, que contará con representantes de diferentes sectores del audiovisual nacional e internacional, buscando ser una plataforma de difusión del cine social y un espacio de encuentro e intercambio para potenciar futuras colaboraciones en este campo.

El 11° Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (DerHumALC) se desarrollará del 27 de mayo al 10 de junio en diferentes salas de Ciudad de Buenos Aires y Morón.

APERTURA

La apertura oficial del 11° Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos tendrá lugar el 27 de mayo en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges con “Stories on Human Rights”, película colectiva que produjo el Alto Comisionado por los Derechos Humanos a través de ART for the World. La misma se compone de cortometrajes dirigidos por reconocidos cineastas y videoartistas de todo el mundo, enfocados en seis ejes temáticos: Cultura, Desarrollo, Dignidad y Justicia, Ambiente, Género y Participación.

Siguiendo sus visiones personales, cada uno de los directores ha escrito una historia relacionada con uno de esos temas, eligiendo para representarlo diferentes géneros, locaciones y lenguajes en un corto de 3 minutos.

Los cortos cuentan con la dirección de Marina Abramovic (Serbia/Holanda), Hany Abu-Assad (Palestina), Armagan Ballantyne (Nueva Zelanda), Sergei Bodrov (Rusia), Charles De Meaux (Francia), Dominique Gonzalez-Foerster y Ange Leccia (Francia), Runa Islam (Gran Bretaña/Bangladesh), Francesco Jodice (Italia), Etgar Keret y Shira Geffen (Israel), Zhangke Jia (China), Murali Nair (India), Idrissa Ouedraogo (Burkina Faso), Pipilotti Rist (Suiza), Daniela Thomas (Brasil), Saman Salour (Irán), Sarkis (Francia/Turquía), Bram Schouw (Holanda), Teresa Serrano (México), Abderrahmane Sissako (Mauritania), Pablo Trapero (Argentina), Apichatpong Weerasethakul (Tailandia) y Jasmila Zbanic (Bosnia).

En la ceremonia de apertura se realizará también un homenaje a Raymundo Gleyzer -al cumplirse exactamente 33 años de su desaparición (ocurrida el 27 de mayo de 1976)-, que contará con la presencia de Jorge Denti, compañero suyo en Cine de la Base.

Además, se reconocerá la trayectoria de Pepe Soriano en un homenaje del cual participarán Osvaldo Bayer (guionista de “La Patagonia Rebelde”) y muchos de los actores que lo acompañaron en su carrera.


SECCIONES y PELICULAS

Alrededor de 100 obras conforman la programación 2009 de DerHumALC, que acrecienta en este año la participación de producciones de ficción.

A las tradicionales secciones de Ambiente, Miradas de Género, Infancia y Juventud, Migrantes, Pueblos Originarios y Memoria e Identidad, se suma en esta edición Cárceles.

Las películas de la sección Cárceles se exhibirán en el Instituto Correccional U3 de Ezeiza, y un jurado compuesto por mujeres privadas de su libertad entregará el premio a la mejor película en la ceremonia de clausura del certamen. Este evento es una extensión de la experiencia que viene realizando desde hace seis meses el Instituto Multimedia DerHumALC, a través de un taller de análisis de cine sobre DDHH dictado en el Centro Universitario de la cárcel de Ezeiza.

Dentro de las secciones especiales de esta edición se incluyen las Retrospectivas de Mimmo Calopresti y Jorge Denti, quienes estarán presentes en el festival; una mirada a la realidad boliviana con Foco Bolivia –en la que se exhibirá “Evo Presidente”- y una programación especial para escuelas que protagonizará las jornadas finales del festival.

Nuevamente se realizarán competencias de largometrajes y de cortometrajes y mediometrajes:

Competencia de largometrajes: “Berlín-Buenos Aires. Las lágrimas de mi madre”, de Alejandro Cárdenas Amelio (Alemania); “El círculo”, de José Pedro Charlo y Aldo Garay (Uruguay, Alemania, Chile); “Estómago”, de Marcos Jorge (Brasil, Italia); “Lemon Tree” (Los limoneros), de Eran Riklis (Israel, Alemania, Francia); “Másik Bolygó” (Otro planeta), de Ferenc Moldoványi (Hungría, Finlandia); “Ojos que no ven”, de Ana Cacopardo (Argentina); “Querida Mara: Cartas de un viaje por la Patagonia”, de Carlos Echeverría (Argentina); “Ramchand Pakistani” (Ramchand, el paquistaní), de Mehreen Jabbar (Pakistán); “Sita Sings the Blues” (Sita canta blues), de Nina Paley (EE.UU.); y “Villa”, de Ezio Massa (Argentina).

Competencia de cortometrajes y mediometrajes: “Arrakis”, de Andrea Di Nardo (Italia); “Arrosez le bien!” (¡Déjenlos crecer!), de Christelle Soutif (Francia); “Bajo mi piel”, de Diego Adrián de Llano (Argentina); “Child Miners” (Niños mineros), de Rodrigo Vázquez (Bolivia, Reino Unido); “El cuenco de las ciudades mestizas”, de Alexis Fusario (Argentina); “El empleo”, de Santiago Bou Grasso (Argentina); “Felix”, de Andreas Utta (Alemania); “Kavalar, the White Zone” (Kavalar, la zona blanca), de Ralf Küster (Alemania); “Mama Coca, le feuille sacrée” (Mama Coca, la hoja sagrada), de Félix Atencio González (Perú, Canadá); “Mirages” (Espejismos), de Olivier Dury (Francia); “NiNa”, de Sofía Vaccaro (Argentina); “Silence” (Silencio), de Ava Lanche (Alemania); “Silence in a Noisy World” (Silencio en un mundo ruidoso), de Katrine Philp (Dinamarca, Egipto); y “The Tunnel Dwelers of New York” (Los moradores de los túneles de Nueva York), de Chantal Lasbats (Francia).

Las secciones paralelas incluyen títulos como "LT22 Radio La Colifata", de Carlos Larrondo (España); “La Buena Nueva”, de Helena Taberna (España); “Haroldo Conti Homo Viator” y "Espejitos de colores", de Miguel Mato (Argentina); "Los 100 días que no conmovieron al mundo", de Vanessa Ragone (Argentina); “Stranded. Vengo de un avión que cayó del cielo”, de Gonzalo Arijón (Francia); "Fútbol Violencia S.A.", de Pablo Tesoriere (Argentina); “Outlanders”, de Dominic Lees (Reino Unido); “Hermana Constitución”, de Soledad Domínguez (Bolivia); “Cascos azules: Paz y Deshonor”, de Raymonder Provencher (Canadá); “Brad, una noche más en las barricadas”, de Miguel Castro (España, Brasil); “Nuestra historia está en la tierra”, de Elizer Arias (Venezuela); “L’ora d’amore”, de Andrea Appetito y Cristian Carmosino; “Le monde selon Monsanto”, de Marie-Monique Robin (Alemania, Canadá, Francia); "Abaixando a máquina", de Guillermo Planel y Renato de Paula (Brasil). También se verá en la sección oficial –pero fuera de concurso- “Días de mayo”, de Gustavo Postiglione (Argentina).

II CONCURSO LOCURA: OTRA MIRADA
Culminación del concurso organizado por La Colifata con la colaboración de otras radios similares dirigidas por usuarios de salud mental de diversos países. El jurado compuesto por los internos del Centro Psiquiátrico Borda otorgará el premio, conjuntamente con los demás jurados oficiales y de las secciones, al mejor cortometraje.

Como parte del evento está previsto el estreno de la película “LT22 Radio La Colifata”, documental del director Carlos Larrondo, que cuenta con música del reconocido Manu Chao. La película refleja la realización del programa radial conducido por pacientes psiquiátricos del Borda, que se puso en marcha en 1991 como parte de la terapia de recuperación. Esta iniciativa del psiquiatra Alfredo Olivera encontró su eco en el mundo, y radios de similares características se han puesto en marcha en España, Francia y Chile, entre otros países, gracias al alcance internacional que logró la radio por su estrecha relación con artistas como Manu Chao.

EVENTOS ESPECIALES

PRIMER FORO DE CINE SOCIAL Y POLITICO (1, 2 y 3 de junio)
El foro tiene como objetivo proveer un espacio de encuentro profesional entre directores, productores, distribuidores, canales públicos y privados de TV, ONGs, cine clubs, intelectuales y personalidades de la cultura y demás festivales dedicados a la exhibición y difusión de material audiovisual alternativo, planteándose así también como una plataforma de difusión de obras de cine social.

El encuentro permitirá a actores y productores del área de cine social de América Latina y del ámbito internacional reunirse para debatir la integración de América Latina dentro de las dinámicas de las estructuras internacionales, con el fin de fortalecer iniciativas locales existentes e impulsar nuevas colaboraciones transnacionales.

Algunos de los participantes del Foro serán Jean Garner (EE.UU.), responsable de coproducciones y adquisiciones del programa Witness para Al Jazeera; Kathryn Bonnici (Francia), ejecutiva de Marketing y Adquisiciones de Java Films, una de las más grandes distribuidoras independientes de Europa, especializada en el cine documental y noticias. Debra Zimmerman (EE.UU.), directora ejecutiva de Women Make Movies, la mayor distribuidora de películas hechas por y sobre mujeres; Stefan Kaspar (Perú), Director Ejecutivo del Grupo Chasky, asociación civil sin fines de lucro que desde 1982 trabaja en el campo de la producción y difusión audiovisual orientada al fortalecimiento de valores sociales y culturales; y Vincent Carelli (Brasil), fundador de Videos Nas Aldeias, organización independiente que apoya el desarrollo del video indígena en Brasil.

MIRADA INTERIOR, MUESTRA DE FOTOGRAFIAS DE CARCELES ARGENTINAS (29 de mayo - 13 de junio)
El fotógrafo italiano Valerio Bispuri expone en el Centro Cultural Recoleta la muestra Mirada interior, en la cual se acerca a la realidad de las cárceles argentinas. Las imágenes tomadas en penales de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza forman parte de un trabajo de nueve años, en los cuales Bispuri recorrió 74 cárceles de toda Sudamérica con la intención de mostrarlas como espejo de un país. Este material será compilado en un libro de próxima edición. En el sitio web
http://www.valeriobispuri.com/ se puede acceder a un adelanto de la muestra.

CINE AL SUR – CICLO ITINERANTE DEDICADO AL VIAJE (25 de abril – 7 de junio)
A modo de antesala del Festival, el 25 de abril se inició el recorrido de Cine al Sur, un ciclo de proyecciones itinerantes dedicado al viaje y a sus representaciones cinematográficas, que se desarrollará en ocho sedes de los barrios de La Boca y Barracas. Este evento es organizado por el proyecto Turismo sostenible en La Boca Y Barracas, promovido por la ONG italiana ICEI y co-financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores Italianos y la Corporación Buenos Aires Sur, en colaboración con el Instituto Multimedia DerHumALC.

Todas las funciones como así también las charlas con directores, visitas guiadas, talleres audiovisuales, exposiciones fotográficas y espectáculos musicales, son con entrada libre y gratuita.

VENTANA NAPOLES
Se proyectarán filmes que participaron del 1° Festival de Cine de Derechos Humanos realizado en Nápoles en diciembre de 2008: “World Napoli”, de Prospero Bentiveng; “I Moti Spontanei”, de Antonio Caiafa , y “Nisida”, de Lara Rastelli.

Durante los eventos paralelos que tendrán lugar en las distintas sedes del Festival, se mostrarán los ganadores del concurso de preselección realizado en esa ciudad por la Asociación Cinema e Diritti y la Film Commission de la Región Campania. Participará de la velada una delegación de al menos diez representantes de la Región y de las asociaciones que organizan el festival de cine de derechos humanos de esa ciudad, además de los directores de las películas en exhibición.

SEDES

· Ciudad de Buenos Aires

Hoyts Abasto
Av Corrientes 3200

Espacio INCAA Km. 0 - Cine Gaumont
Av. Rivadavia 1635

Alianza Francesa
Córdoba 936

Centro Cultural Recoleta
Junín 1930

Espacio Incaa Km. 2 - Complejo Tita Merello
Suipacha 442

Goethe-Institut Buenos Aires
Av. Corrientes 319

Arte Cinema
Salta 1620

Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires
Tucumán 1646 PB


· Morón


Sala teatro Municipal Gregorio de Laferrere
Brown y San Martín (Morón centro)

UGC 5
William Morris 3520 (Castelar sur)

UGC 6
Baradero 1340 (Morón sur)

ETAARF
Caseros 555 (Haedo)

Capilla Nuestra Señora de la Asunción Barrio Carlos Gardel


La entrada en el Hoyts Abasto y ArteCinema es de 12 pesos, y en el Gaumont y Tita Merello de 6 pesos. El resto de las salas son con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Agradecemos su difusión


Para mayor información y/o solicitud de entrevistas,
escribir a
prensa@derhumalc.org.ar

Contacto: Cynthia García Calvo
15 3165 9427



A 40 años del cordooobazo
Charla-debate

Panelistas:
ALEJANDRO SCHNEIDER: Historiador. Docente de la UBA.
Autor de Los compañeros y coautor junto a Pablo Pozzi de Setentistas.

FACUNDO AGUIRRE: Integrante del Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx de Buenos Aires.
Coautor del libro Insurgencia obrera en Argentina 1969-1976.

PABLO BONAVENA: Sociólogo. Docente UBA y UNLP.

Viernes 29 de mayo- 19hs- Aula 48

NOPASARAN

EN CLAVE ROJA

Cátedra Libre
Karl Marx

Se cumplen 40 años del Rosariazo y el Cordobazo. Esas grandes gestas obreras y populares que abrieron una década revolucionaria como parte de un periodo de ascenso de la lucha de clases a nivel mundial, desde el Mayo Francés, al otoño caliente Italiano y la primavera de Praga, pasando por los cordones industriales chilenos.
Pensamos que en Argentina desde el Cordobazo y el Rosariazo se abrió una década de “insubordinación obrera” en las fabricas, con el Clasismo cordobés del Sitrac-Sitram, el Villazo y el surgimiento de las Coordinadoras Obreras Interfabriles del '75, entre otras experiencias. Y esto fue acompañado por la radicalización de sectores importantes del movimiento estudiantil y la juventud.
Hoy más que nunca, cuando la crisis capitalista mundial se cierne sobre el planeta entero, y los capitalistas descargan su crisis sobre los trabajadores con millones de despidos y redoblados ataques a la salud, la educación y las condiciones de vida, creemos que el debate sobre el Cordobazo y el Rosariazo tiene una gran actualidad. Porque hoy mismo grupos de trabajadores ocupan fábricas en Francia tomando a los gerentes como rehenes, y luchan en nuestro país contra despidos con ocupaciones y movilizaciones
Queremos poner en el centro del debate el protagonismo de las luchas de masas y de la clase obrera, desafiando el poder de los capitalistas. Nuestra intención es poner a debate también las diversas estrategias políticas de la izquierda, y la relación de esas organizaciones con los trabajadores.
Es necesario abrir el debate y reflexionar sobre el presente, y creemos que estas jornadas pueden ser un aporte en ese sentido.



H.I.J.O.S.
Miércoles 27 de mayo de 2009

Los H.I.J.O.S. votamos a Patti

No hay dudas de que Patti es el mejor candidato. Su desempeño en el país lo demostró y sus declaraciones públicas lo avalan. Por eso vamos a votarlo como principal candidato.

Conocemos su historia, sus actos, sus ideas, sus proyectos de país. Luis Abelardo Patti es el mejor candidato que podemos encontrar en la actualidad, porque en su persona concentra todos los atributos necesarios para el cargo, representando a muchos más. Patti es el candidato preferido de los H.I.J.O.S. y nos atrevemos a decir que de cualquier persona que tenga una lectura crítica de la historia argentina y que actúe situado.
Por eso convocamos a votarlo masivamente. Nadie puede pasar por alto esta candidatura y dejar de votarlo. Es un hecho histórico.

Toda persona que tenga memoria tiene que votarlo en esta oportunidad, porque “el voto vale”, claro que sí, y mucho. No hay dudas, nadie puede dejar pasar esta oportunidad de hacer historia con lo justo, de ejercer el derecho democrático de elegir, porque de eso se trata este sistema. No se lo pierdan: voten a Patti con nosotros.


Los H.I.J.O.S., Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, postulamos a Luis Abelardo Patti como principal candidato para el día Nacional de la Impunidad a consagrarse el 28 de junio de 2009.

Porque es un asesino confeso, porque cometió sus crímenes en el marco de un genocidio, por lo tanto son de lesa humanidad e imprescribtibles. Los hijos de sus víctimas todavía tienen que verlo reivindicar el asesinato de sus padres. Patti representa a la impunidad mejor que nadie, o por lo menos se esmeró en destacarse. La impunidad (que sólo genera más impunidad) representada en el letargo de la Justicia, posibilita que Patti aún no haya sido juzgado y condenado. Si Patti estuviera donde tiene que estar este debate no se estaría dando. Patti y todos los genocidas tienen que estar en cárcel común, perpetua y efectiva.

Por eso convocamos a votar Patti como principal exponente y representante de la impunidad en el país:

El 28 de junio votá a Patti:
candidato a presidente de la impunidad nacional

¡Sumate!


H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Capital
http://www.hijos-capital.org.ar/
hijos@hijos-capital.org.ar
www.fotolog.com/hijos_capital


@DIN - Santiago del EsteroPronto, Claro, BienAgencia Digital Independiente de Noticias
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Apareció con vida testigo contra los represores en Tucumán@DIN, 27 de mayo de 2009 - 14:00 - Orlando Argentino González, quien debía presentarse ayer a declarar en una causa que se prosigue contra el ex comisario Camilo Orse y era dado por desaparecido, apareció vivo hoy en Villa Angelina, según informó la Gendarmería Nacional, que lo ubicó cerca del mediodía al Sur de la Capital provincial de Tucumán.Versiones no confirmadas de fuentes policiales indican que habría habido "fuertes presiones para que apareciera", desde el gobierno nacional, pues "no se quería darle letra" a la multitud que iba a movilizarse hoy por el paro de la CTA.Orlando Argentino González, sobreviviente de la última dictadura militar en Tucumán, fue encontrado con vida este mediodía por efectivos de la Gendarmería nacional en Villa Angelina, al Sur de la Capital provincial.El hombre había desaparecido ayer cuando se dirigía a los Tribunales Federales locales para prestar declaración como testigo en una de las causas por delitos de lesa humanidad en la que está imputado el ex comisario Camilo Orse. El hecho había generado alarma entre organismos de los derechos humanos, que hoy se concentraron frente a la sede de la Justicia Provincial para exigir por su aparición.González tiene 63 años, está desocupado pero supo tener un fondo cañero familiar. Fue uno de los integrantes de la lista de las víctimas oriundas del "Empalme-Ranchillos " que fueron secuestradas durante la última dictadura militar para la averiguación del paradero de vecinos del lugar. Muchos de ellos están desaparecidos y otros lograron sobrevivir, como González. A nivel nacional, el primer hecho que alarmó al país fue el del Julio López, que hasta el momento no aparece.Hace algunos meses estuvo hospitalizado por un procedimiento oncológico y durante ese período tuvo custodia. "Sin duda es un testigo clave porque denuncia a un comisario retirado que está detenido en el penal de Villa Urquiza y que actualmente maneja un grupo de tareas que amenaza constantemente a los sobrevivientes, querellantes y testigos de la causa", comunicó a @DIN la abogada Laura Figueroa. El hombre había quedado en encontrarse con un grupo de psicólogos ayer a las 9.00 y luego iría a Tribunales, donde nunca llegó. González vive en el campo, pero la noche del lunes se quedó en casa de su hermana, quien asegura que salió de ahí ayer a las 6.00. A partir de ese momento nada más se supo de González, hasta este mediodía, cuando fue encontrado por Gendarmería, que junto a las policías Federal y de la Provincia lo buscaban intensamente.
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Cartas de Lectores: las cartas se publican textualmente, @DIN no se hace responsable por los errores ortográficos. Cuando se trata de invitaciones no olviden consignar ciudad, comunidad o pueblo y país de origen. Ante los numerosos mensajes de consultas médicas recibidas, reiteramos que no podemos contestar esas consultas. Únicamente las publicaremos aquí, consignando la dirección del remitente, para que si profesionales de la medicina las leen y deciden contestarlas, lo hagan. NOTA IMPORTANTE: Ninguna denuncia a personas o instituciones se publicará si no lleva suficientes datos aclaratorios comprobables (documento, domicilio, teléfono, correo electrónico) del denunciante.
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Desaparece en Tucumán testigo clave en juicio por crímenes de lesa humanidad
Según los organismos de DDHH, Orlando Argentino González "denunció al Malevo Ferreyra y a su socio Comisario Francisco Camilo Orse", quien "está preso pero que sigue dirigiendo la patota desde la cárcel" para que amenacen y acosen a los testigos y a los abogados.
@DIN, 27 de mayo de 2009 - Organismos argentinos de Derechos Humanos denunciaron la desaparición de un sobreviviente de la dictadura militar, en Tucumán. Ayer martes, un testigo clave debía presentarse a las 9 de la mañana para testimoniar contra un ex represor hoy detenido, pero no llegó."¿Dónde está Orlando Argentino González?", se preguntan sus familiares, en un comunicado que fue remitido a la Redacción de @DIN. "A las 9 hs. debía presentarse en la Fiscalía Federal", continúa narrando "para denunciar un nuevo hecho que involucra al ex comisario Francisco Camilo Orce (actualmente detenido)".Orlando Argentino González, "es sobreviviente del Campo de Concentración Arsenal Miguel de Azcuénaga, fue detenido en mayo de 1976, en un bar de la localidad de ranchillos a las 17 hs. Fue interrogado y golpeado por Francisco Orce. La causa de Orlando González está relacionada con la de todas las víctimas oriundas del Empalme Ranchillos, "fue secuestrado en esa fecha pues querían averiguar el paradero de vecinos del lugar", dicen los familiares del presunto desaparecido "algunos están desaparecidos y otros son sobrevivientes. Orlando gonzález cultivaba caña de azúcar y no mantenía relación con las personas buscadas, sólo tenían de común el apellido. Después de una larga jornada de trabajo fue al bar junto a otro amigo y ese día comenzó su calvario..."Por su parte, el organismo nacional de Derechos Humanos "Encuentro Memoria, Verdad y Justicia", difundió una ficha general del desaparecido, para contribuir a su búsqueda:1) Orlando Argentino Gonzalez, sobreviviente del CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, secuestrado en 1976 en Ranchillos, El Empalme, Tucumán, alrededor de 60 años.2) Denunció al Malevo Ferreyra y a su socio Comisario Francisco Camilo Orse, que está preso pero que sigue dirigiendo la patota desde la cárcel. Amenazan y acosan a los testigos y a los abogados.3) De la misma zona y en la misma causa hay 4 desaparecidos, las familias también fueron amenazadas.4) Orlando Argentino Gonzalez sufría desde hace una semana un acoso constante, hoy (por ayer) debía declarar en la causa e iba a pedir custodia.5) Salió de la casa de la hermana muy temprano en la mañana, se sabe que tomó un taxi/colectivo para ir al juzgado, nunca llegó.6) El ministro Aníbal Fernandez ya fue anoticiado, lo busca la Federal, la Policía Provincial y la Gendarmería.7) La abogada es Laura Figueroa, también fue amenazada, Iniciativas ya lanzadas resueltas en la reunión del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, anoche:1) Que todos los org. de DDHH participemos (hoy 27 de mayo) del acto de CTA a las 13 hs. frente al gobierno de la Ciudad (Buenos Aires), para denunciar el hecho. Ya contactamos a Fabio Basteiro, a Victor De Gennaro y a Ricardo Peidró. Este último estrá en el acto de Puente Puyerredón y lo denunciará allí. CTA Tucumán lo denuncia también en los actos de hoy.2) Jueves 12 hs. conferencia de prensa Hotel Bauen.3) Viernes 17:30, concentración en Obelisco para marchar a la casa de Tucumán, Suipacha al 100 (Buenos Aires).4) Llamados, correos o telefonogramas a Anibal Fernández y a Randazzo de todas las organizaciones. Correo de Fernandez:
http://ar.mc316.mail.yahoo.com/mc/compose?to=anibalfernandez@infovia.com.ar De Randazzo: entrar a http://www.mininterior.gov.ar/institucional/form_ministro.asp, Secretario de Derechos Humanos de Tucuman, Daniel Posse 0381155892243.Por su parte, los familiares de la presunta víctima dicen tener "elementos suficientes para pensar que está pasando por una situación muy difícil, pues estaba asustado, preocupado, pues durante una semana fue amenazado para que retirara la denuncia contra el excomisario Francisco Orce, hasta que se animó de hablar con su abogada". Según esta, Laura Figueroa, "el juzgado estaba advertido sobre los nuevos acontecimientos y sólo restaba la formalidad del trámite para que el Estado le brindara seguridad".El año pasado "mientras estaba hospitalizado fue amenazado por Orce, debiendo ser custodiado por fuerzas de seguridad para que pudiera ser intervenido quirúrgicamente sin que su vida corriera peligro", dice su abogada. "Hoy, la situación es más grave pues no lo encontramos. .."En el comunicado, los familiares alegan que "el Malevo Ferreyra se mató en cámara de televisión y Francisco Orce eligió apretar y amenzar a través de manos desocupadas, al mejor estilo de los grupos de tareas". Ambos -Ferreyra y Orce- "actuaron en la localidad de Ranchillos, ambos fueron voluntarios en el Operativo Independencia, ambos despreciaron la Justicia, por eso eligieron el camino de la sombra y del delito.
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Curso de Dibujo y Pintura para docentes y público en general (no es necesario saber dibujar) lunes y martes en Teatro Municipal. Preguntar horarios al 4274640. Certificados oficiales. El Teatro de La Banda está ubicado en Chacabuco 65, sobre la vereda del Club Olímpico. Horarios probables: lunes y martes de 9,30 a 11,30 y 18,30 a 20,30; jueves, 10 a 12hs. Llevar hojas de dibujo y lápiz 3b.




H.I.J.O.S. Tucuman
"CÁRCEL, COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA, NI UN SOLO GENOCIDA POR LAS CALLES ARGENTINAS"
NUNCA LLEGÓ – DÓNDE ESTÁ ORLANDO ARGENTINO GONZÁLEZ?

A LAS 9 HS. DEBÍA PRESENTARSE EN LA FISCALÍA FEDERAL PARA DENUNCIAR UN NUEVO HECHO QUE INVOLUCRA AL EX COMISARIO FRANCISCO CAMILO ORCE (ACTUALMENTE DETENIDO), ES SOBREVIVIENTE DEL CCD ARSENAL MIGUEL DE AZCUÉNAGA, FUE DETENIDO EN MAYO DE 1976 EN UN BAR DE LA LOCALIDAD DE RANCHILLOS A LAS 17 HS. FUE INTERROGADO Y GOLPEADO POR FRANCISCO ORCE. LA CAUSA DE ORLANDO GONZÁLEZ ESTÁ RELACIONADA CON LA DE TODAS LAS VÍCTIMAS ORIUNDAS DEL “EMPALME – RANCHILLOS” , CASUALMENTE, FUE SECUESTRADO EN ESA FECHA PUES QUERÍAN AVERIGUAR EL PARADERO DE VECINOS DEL LUGAR, ALGUNOS ESTÁN DESAPARECIDOS Y OTROS SON SOBREVIVIENTES. ORLANDO GONZÁLEZ CULTIVABA CAÑA DE AZÚCAR Y NO MANTENÍA RELACIÓN CON LAS PERSONAS BUSCADAS, SÓLO TENÍAN DE COMÚN EL APELLIDO. DESPUÉS DE UNA LARGA JORNADA DE TRABAJO FUE AL BAR JUNTO A OTRO AMIGO Y ESE DÍA COMENZÓ SU CALVARIO.. .-
HOY BUSCAMOS A ORLANDO. TENEMOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PENSAR QUE ESTÁ PASANDO POR UNA SITUACIÓN MUY DIFÍCIL, ESTABA ASUSTADO, PREOCUPADO, DEBIDO A LAS AMENAZAS CONSTANTES. QUERÍAN QUE RETIRARA LA DENUNCIA CONTRA EL EXCOMISARIO FRANCISCO ORCE. EL JUZGADO ESTABA ADVERTIDO SOBRE LOS NUEVOS ACONTECIMIENTOS Y SÓLO RESTABA LA FORMALIDAD DEL TRÁMITE PARA QUE EL ESTADO LE BRINDARA SEGURIDAD.
EL AÑO PASADO MIENTRAS ESTABA HOSPITALIZADO FUE AMENAZADO POR ORCE, DEBIÓ SER CUSTODIADO POR FUERZAS DE SEGURIDAD PARA QUE PUDIERA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE. HOY, LA SITUACIÓN ES MAS GRAVE PUES NO LO ENCONTRAMOS... .-
“EL MALEVO” FERREYRA SE MATÓ EN CÁMARA DE TELEVISIÓN Y FRANCISCO ORCE ELIGIÓ “APRETAR” Y AMENZAR A TRAVÉS DE “MANOS DESOCUPADAS” AL MEJOR ESTILO DE LOS GRUPOS DE TAREAS, AMBOS ACTUARON EN LA LOCALIDAD DE RANCHILLO, AMBOS FUERON VOLUNTARIOS EN EL OPERATIVO INDEPENDENCIA, AMBOS DESPRECIEARON/A A LA JUSTICIA POR ESO ELIGIERON EL CAMINO DE LA SOMBRA Y DEL DELITO.
Laura Figueroa- abogada de Orlando González

- QUE APAREZCA CON VIDA ORLANDO ARGENTINO GONZÁLEZ
- QUE NINGÚN REPRESOR CAMINE POR LAS CALLES DE ARGENTINA. JUSTICA YA!!


El paísMartes, 26 de Mayo de 2009
Manuel Gonçalves, víctima de Patti
“Chocante y doloroso”
Por Adriana Meyer
Manuel Gonçalves vuelve de La Plata al anochecer del feriado lluvioso. Este nieto recuperado fue al juzgado de Manuel Blanco a notificarse del rechazo a la impugnación de la candidatura del represor Luis Patti, victimario de sus padres desaparecidos. “Los legisladores de este país deberían estar de acuerdo para no tener a Patti sentado entre ellos, pero no lo están tomando en cuenta”, se quejó Gonçalves, en alusión al proyecto de ley que inhabilita a represores para aspirar a cargos públicos. “Si hubiera estado aprobada, se evitaba todo esto”, resumió.Gonçalves fue solo y sin demasiadas expectativas de que fuera aceptada la impugnación al torturador confeso Patti, candidato a diputado nacional del duhaldista Daniel Basile y de los ex carapintadas del Modin.En el entorno de Blanco comentaban que el juez “se tapó la nariz y firmó”, según confió a Página/12 una fuente judicial. “Resulta que no es prueba suficiente para impugnarlo siete casos de tortura, uno de homicidio, la causa elevada a juicio, un año de Patti preso. Como sigue faltando la condena, lo habilitan”, dijo con desazón el hijo de Gastón Gonçalves y Ana María Granada, secuestrados por la patota de Patti. “Mientras la Corte decidía que tenía fueros y el Congreso se los quitaba, la causa avanzó. Es muy distinta su situación procesal ahora. Pero si hay que llevarles un condenado ¿para qué tanta energía?”, se preguntó.–En 2006 el argumento era que no tenía impugnaciones previas.–Claro, por eso hicimos todo, pero la Justicia responde así. Nos quita energía, tenemos tanto que recorrer con la causa en sí. Hay que hacer una pausa, que esta persona responda a las acusaciones, que venga libre a pretender un cargo. Es un caso más que conocido, el juez ya ponderó la prueba y elevó a juicio. Ya demostramos judicialmente de quién estamos hablando, es chocante y doloroso que eso no sea suficiente para impugnarlo. ¿Por qué no lo frenamos acá? Todo vuelve a empezar y no es sólo responsabilidad de la Justicia, sino del Parlamento, que no sancionó a tiempo una ley para evitarlo. Fallan las instituciones democráticas.–¿Se refiere al proyecto de Victoria Donda?–Sí. Todavía no tenemos esa herramienta, está saliendo con fórceps, y ya no va a tener efecto con este caso, sino a futuro. Si este tipo llega a ganar, inmediatamente va a tener fueros para asumir, y habrá que quitárselos de nuevo. Había que sancionar una ley para que quienes cometieron delitos de lesa humanidad ni puedan aspirar a cargos, así se acababa la discusión y no era necesario impugnar ni nada.–¿El peor escenario es que vuelva a estar libre por unos días?–Sí, y es un retroceso que afecta a los testigos, todo se vuelve a repreguntar, debilita el sistema judicial. Los legisladores de este país no lo ven, el proyecto tiene más de un año en el Congreso.–¿Quiere decir que si fuera ley, se evitaba todo esto?–Claro, el proyecto nació luego del episodio anterior.–¿Faltó voluntad política?–Todas las fuerzas políticas deberían estar de acuerdo para no tener a Patti sentado entre ellos, no lo están tomando en cuenta. Es cierto que si el oficialismo con su mayoría quiere sacar algo, lo hace, pero en este caso por el tema del que hablamos se necesitaba de todas las fuerzas. Está claro que ya la tendrían que haber impulsado, y aunque hay diputados puntuales que lo hicieron, no fue así con los bloques en su conjunto. Ni oficialistas ni opositores iban a las reuniones de comisión, fue desidia de todos los sectores.
El paísMartes, 26 de Mayo de 2009
El juez Blanco habilitó la candidatura a diputado de Luis Patti, preso por crímenes de lesa humanidad
Con la cárcel como comando de campaña
La Justicia consideró que como aún no tiene condena, Patti puede presentarse. Su candidatura había sido impugnada por organismos de derechos humanos.
Por Victoria Ginzberg
Durante 25 años los familiares de las víctimas de Luis Abelardo Patti intentaron que el ex comisario respondiera judicialmente por sus crímenes. Durante más de veinte años los tribunales estuvieron cerrados para ellos. Amparado en su impunidad, el represor fue intendente y quiso ser gobernador y diputado, aspiración que no abandonó en esta elección. Los hijos y hermanos de las personas que había secuestrado y asesinado buscaron, entonces, impedir al menos que asumiera cargos públicos. Pero la Justicia les respondió que, como no pudieron condenarlo, no hay obstáculos para que sea legislador nacional. El juez federal Manuel Blanco habilitó ayer la candidatura del torturador que espera su juicio en la cárcel de Marcos Paz.El magistrado sostuvo que el Código Electoral Nacional prevé que para que una persona sea excluida del padrón debe estar “condenada por delitos dolosos a pena privativa de libertad” y que “no existiendo condena alguna respecto del nombrado, resulta claro que la impugnación no encuadra en las previsiones objetivas normadas en la ley de la materia para prohibir la postulación de un candidato”.En la práctica es casi imposible que Patti –si consiguiera los votos para ser electo diputado– asuma su banca. Para eso debería ser absuelto de los crímenes de lesa humanidad por los que ya está procesado y muy cerca de ir a juicio oral. Los especialistas sostienen que los fueros que podría obtener en junio no le valdrían en la causa que lo llevó a la cárcel en noviembre de 2007. De hecho, en ese año, la Cámara de Diputados lo desaforó para que el juez federal de San Martín Alberto Suárez Araujo ratificara su decisión de encerrarlo por el secuestro de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, la desaparición de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti.“Es otra oportunidad perdida, presentamos una impugnación que exigía un debate de fondo. Las causas contra Patti han avanzado, hay mucha prueba en su contra que pedimos que se analizara y también solicitamos una audiencia pública y nada de esto se produjo. Creemos que el tema exigía una discusión compleja sobre los derechos políticos de aquellas personas vinculadas con la última dictadura militar, más allá del avance en las condenas penales. Eso fue lo que señaló la Corte Suprema cuando rechazó que el Congreso excluyera a Patti. Dijo que la vía para discutir el tema era la impugnación ante la Justicia antes de que se realizara la elección. La Justicia, en cambio, nos dio una respuesta formal”, señaló a Página/12 Diego Morales, director del área legal del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). El abogado adelantó que la decisión de Blanco será apelada ante la Cámara Nacional Electoral.El juez respondió a la impugnación realizada por los abogados Carolina Varsky, del CELS; Ana Oberlin, de Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), y Pablo Llonto en representación de Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, Gladys y Ethel Cambiaso y Gastón y Manuel Gonçalves. Y a un escrito que en el mismo sentido hizo Ana Cacopardo, de la Comisión Provincial por la Memoria.En la presentación ante Blanco, el CELS, Hijos y Llonto aseguraron que Patti “no se encuentra legitimado constitucionalmente para presentarse como candidato a un cargo electivo de acuerdo con lo prescripto por diversas normas nacionales e internacionales, así como por la doctrina emanada de los órganos de aplicación y control del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos”.También reseñaron casos similares abordados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este último organismo se expidió acerca de una denuncia hecha por el general guatemalteco Ríos Montt, que alegaba la violación de su derecho a ser elegido por parte del gobierno de Guatemala. La CIDH entendió legítimas las restricciones impuestas por el derecho interno de ese país y dijo que correspondía evaluar su validez dentro del contexto histórico–político. Así, descartó la pretensión de Ríos Montt de argumentar que estaba siendo discriminado porque darle la razón hubiese significado privilegiar a aquellos que asumen el poder de manera ilegítima ante quienes lo hacen a través de procedimientos legítimamente establecidos. Agregó que no importaba que el dictador hubiera recibido una amnistía, ya que su exclusión tenía por objeto la protección y defensa del sistema democrático. Sobre este caso, Blanco resaltó que la imposibilidad de Ríos Montt de presentarse como candidato se realizó a través de una ley y no por una disposición judicial.El CELS, Hijos y Llonto mencionaron otro hecho a tener en cuenta al analizar la impugnación de Patti: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus observaciones de 1995 y 2000, recomendó a la Argentina que estableciera procedimientos adecuados, y adoptase todas las medidas necesarias con el fin de asegurarse de que aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y aquellos funcionarios de la administración pública sobre los cuales existan pruebas suficientes de participación en violaciones a los derechos humanos no sigan ocupando un empleo en dichas fuerzas y en la administración pública. “El estándar que se exige para examinar las calidades de las personas que pretendan ejercer cargos públicos –explicaron– es menos riguroso que el que supone una condena en un proceso penal. Ello se debe, por un lado, a las anormales circunstancias en las que se desenvuelven las instituciones estatales (y en particular el Poder Judicial) durante los períodos de gobiernos dictatoriales, y por otro lado, a las dificultades materiales con las que –con posterioridad– se enfrentan los intentos por identificar, juzgar y sancionar tanto a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En el caso argentino, esta excepcionalidad toma un cariz especial, tanto por la gravedad de los hechos ocurridos, como por el posterior contexto de prolongada impunidad y denegación de justicia en el que fue sumido el país por casi 30 años, con la consiguiente imposibilidad de investigación judicial y sanción penal de los responsables.”Pero estos argumentos no convencieron al juez, que dio a Patti el mismo trato que a un delincuente común y no tuvo en cuenta la paradoja de exigir una condena cuando el mismo Estado –a través de sus tres poderes– era el que, hasta no hace tanto, impedía obtenerla. La discusión seguirá en los tribunales superiores. Si finalmente su candidatura es ratificada, al menos Patti contará sus votos desde la cárcel.

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Un ensayo del terror, en Patagonia

Por Oscar Taffetani

(APe).- En estos tiempos de láser y fibra óptica, cuando podemos enterarnos al instante, casi en tiempo real, de lo que está pasando en algún remoto confín del planeta globalizado (o del globo planetizado), se vuelve sospechosa la lentitud con que le llegan a la población ciertas noticias.

La denuncia del copamiento del pueblo chubutense de Corcovado, por ejemplo, realizado por efectivos enmascarados del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), ocurrido entre el 8 y el 16 de marzo de este año, cuando cerca de 3.000 pobladores de esa localidad fronteriza debieron vivir bajo un virtual estado de sitio, sufriendo agresiones, torturas, vejaciones, secuestros, fusilamientos y desapariciones, tardó dos meses en llegar a los medios masivos de Buenos Aires, motivando la intervención de las autoridades nacionales. ¡Dos meses!

Debió encadenarse a las rejas de un ministerio la dirigente mapuche Moira Millán, el pasado 10 de mayo, para que un funcionario del Gobierno la recibiera y decidiera tomar cartas en el asunto.

Luciano González, miembro de la comunidad de Cerro Centinela, vecina a Corcovado, que desoyó el toque de queda del GEOP, fue detenido y está desaparecido. También permanece desaparecido el prófugo de la justicia Cristian Omar Bustos, cuya búsqueda, aparentemente, fue la excusa para desatar la cacería.

Tres de los hermanos de Cristian Omar también sufrieron la embestida del GEOP: Wilson Ruperto, de 19 años y a punto de ser papá, fue fusilado a mansalva. Marcos Abrahán quedó cuadripléjico de un balazo. Daniel Ernesto fue herido en una pierna después de entregarse desarmado, y sigue detenido en una comisaría sin que pesen cargos en su contra.

No sólo la familia Bustos sufrió el atropello. Una niña de 8 años que se estaba duchando en una de las casas de Corcovado allanadas con violencia, fue abusada delante de su propia madre. A algunos de los detenidos clandestinamente, y luego liberados, se los torturó de brutales maneras que no merecen ser descriptas.

Las denuncias al Fiscal interviniente se acumularon, pero la agresión no se detuvo (ocurre que había sido el mismo Fiscal quien había solicitado la intervención del GEOP). El comisario general de la Policía de Chubut, Juan Luís Ale, desestimó las denuncias: “Fueron allanamientos hechos con orden judicial -dijo- y no consta que haya habido hechos de violencia”.

Moira Millán, cuando tuvo la oportunidad, se lo gritó en la cara al poder: “Torturas, violaciones y robos cometidos por policías en allanamientos violentos y sin órdenes. Detenciones sin razón y desapariciones. ¿Qué es eso sino terrorismo de Estado?”

Recuerdos del pre-Proceso

A principios de la década del ’70, como continuación de las luchas obreras manifestadas en el Cordobazo y el Viborazo, se renovaron las conducciones locales de grandes sindicatos como la UOM , el SMATA y Luz y Fuerza, dando espacio a las corrientes denominadas clasistas en el movimiento obrero argentino.

Un epicentro de aquellas luchas que estaban jaqueando a las patronales y que arrancaban al poder una mejor “distribución de la riqueza”, era la ciudad de Villa Constitución, cercana a San Nicolás, en un punto limítrofe entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

A fines de 1974, la tristemente célebre Triple A y grupos de tareas integrados por ex policías y ex miembros de fuerzas de seguridad, contratados por las mismas empresas del cordón industrial, comenzaron a hostigar a la dirigencia obrera y popular de San Nicolás y Villa Constitución con actos de terror semejantes a éstos que se han cometido en Corcovado: intimidación, secuestros, torturas, fusilamientos clandestinos, desapariciones.

La actuación policial “salvaje” en San Nicolás y Villa Constitución, lo mismo que la intervención “salvaje” del brigadier Lacabanne en Córdoba, fueron claros ensayos del terrorismo de Estado que se practicaría a gran escala a partir del 24 de marzo de 1976.

Del demonio rojo al demonio verde

En la nueva Doctrina de la Inseguridad Interior (así la ha bautizado nuestro colega AG), el lugar que antes ocupaba la vanguardia obrera clasista hoy lo ocupan las organizaciones populares, los ambientalistas y particularmente esos jóvenes Mapuche, herederos del gran Sayhueque, que tienen la osadía de recordar que esas tierras del País de las Manzanas, con sus montañas y sus lagos... les pertenecen.

Primero fue el plebiscito contra la mina de oro y plata que quería instalar la canadiense Meridian Gold -con apoyo del gobernador chubutense Das Neves- en la zona de Esquel, contaminando con cianuro las aguas de la región. Y perdieron. Debieron dar marcha atrás. El pueblo entero de Esquel se puso de pie en defensa de su derecho.

Después, fue el proyecto “Trafipán 2000” , para crear una mega cancha de esquí en un predio de 2.500 hectáreas junto al lago homónimo. El emprendimiento (que debió ser urgentemente desmentido por el productor televisivo Marcelo Tinelli y por el gobierno chubutense) contemplaba la erradicación de 300 familias Mapuche que habitan esas tierras y que están reclamando su restitución jurídica.

Ahora, la minera canadiense Aquiline Resources -siempre con el apoyo del gobierno de Mario Das Neves- ha puesto en marcha el proyecto minero “Navidad”, supuestamente orientado a la extracción de plata y plomo (aunque todo indica que habrá en el negocio otros metales preciosos, y tal vez la guarda y depósito de desperdicios nucleares en Gastre).

Los recientes anuncios de Mario Das Neves de que se pavimentarán las pistas de los aeródromos del interior, son música para los oídos de Aquiline Resources y las otras empresas mineras. El reciente veto presidencial a la ley de protección de los glaciares, es más música para los oídos de esas poderosas empresas.

¿Es descabellado, entonces, pensar que el poder político provincial está actuando como un simple agente de los intereses de las multinacionales mineras?

¿Es descabellado analizar el terror que se ha visto en el copamiento de Corcovado como un ensayo de la represión a gran escala que podría desatarse en los años que vienen, contra las organizaciones populares y ambientales?

El poder aprende de sus errores, ya se ha visto. Aquel policía que asesinó al maestro Fuentealba no tomó la precaución de ponerse la capucha. Pero éstos de Corcovado sí: estaban todos encapuchados.

Por suerte -y más que un deseo es una certidumbre- el pueblo también aprende de sus errores.. Y de sus dolores. Después de los hechos de Corcovado, una verdadera red de solidaridad y denuncia se tendió para que esos abusos y esos crímenes no queden impunes.

La red tiene que ampliarse, por supuesto. Y fortalecerse. Estamos defendiendo nada menos que nuestra tierra, nuestra agua y nuestro pan. No es poco programa, en el milenio que empieza.



Sumario
. La historia clínica estaba adulterada / Razzias en el conurbano bonaerense. Entrevista con Alejandro Slokar / Casos Avellaneda y Santucho / Colecciones temáticas. Se capacitaron 330 docentes / 294 escuelas inscriptas. Invisible / Ojos que no ven / Talleres / Videoteca. Revista Puentes

Impugnación a la candidatura de Patti
La Comisión Provincial por la Memoria impugnó la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del ex comisario Luis Abelardo Patti, acusado de crímenes de lesa humanidad. Esta presentación judicial se suma a otras de similar tenor realizadas por numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos. La impugnación se sustenta en las distintas normas nacionales e internacionales, así como por la doctrina emanada de los órganos de aplicación y control del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos.
El garantismo como insulto
Solidaridad con la jueza Calcinelli. La Comisión Provincial por la Memoria expresó su solidaridad con la jueza de Garantías de Bahía Blanca, que fuera descalificada a través de opiniones vertidas en el diario La Nueva Provincia. Una delegación de la Comisión integrada por Hugo Cañón, Susana Méndez y Aldo Etchegoyen visitó a la jueza en Bahía Blanca y le entregó una carta que, entre otros párrafos, afirma: “Hemos tomado conocimiento que usted ha sido víctima de un maltrato sistemático y catalogada de “garantista”(adjetivo que se pretende descalificador), para menoscabar su investidura y condicionar su actuación responsable al analizar y adoptar medidas frente a los hechos que se reputan como infracciones a la ley penal. Es evidente que por su accionar apegado a la justicia, los principios que emergen de los tratados internacionales y la Constitución Nacional, como así también por el respeto a las debidas garantías procesales, se ha desarrollado esta campaña.”
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Comité contra la tortura

La historia clínica estaba adulteradaRepresión en la Unidad 33. Durante la noche del lunes 27 de abril, en la Unidad Penal N° 33 de Los Hornos hubo una violenta represión con balas de goma y gases; fueron víctimas mujeres, embarazadas y detenidas con sus hijos. Las detenidas reclamaban la urgente adecuación del área de sanidad de la Unidad Penal 33 luego de la reciente muerte del bebé de Patricia Alejandra Rojas, ocurrida en el momento del parto. El Comité contra la Tortura se hizo presente en la cárcel, entrevistó a las detenidas, y presentó una denuncia penal ante la UFI Nº 1 de La Plata y un pedido de informes ante el Ministerio de Justicia a fin de deslindar:1. Las responsabilidades administrativas de los funcionarios penitenciarios en los hechos de violencia y represión.2. Las responsabilidades médicas o del personal de sanidad, en relación a los hechos ocurridos con Patricia Rojas y la posible negligencia en el cumplimiento de sus responsabilidades profesionales.3. La responsabilidad del jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense por no haber concurrido cuando fue convocado por las detenidas, lo que hubiera descomprimido la situación de violencia que se desencadenó posteriormente.En el marco de la denuncia, se realizó una audiencia judicial de la que participó el Comité, declaró Patricia Rojas y se corroboró que su historia clínica había sido adulterada. Además, se realizaron presentaciones individuales y colectivas vinculadas a la atención de la salud de las detenidas y sus hijos. Razzias en el conurbano bonaerenseEl 23 de abril se produjeron en barrios del conurbano bonaerense tres operativos realizados por la policía Buenos Aires 2, que concluyeron con detenciones masivas y arbitrarias. Estos procedimientos fueron informados a la opinión pública como operativos de disuasión y prevención del delito. Vecinos del barrio Las Ranas (partido de San Martín) se comunicaron con el Comité contra la Tortura y denunciaron que el procedimiento consistió en detenciones masivas a toda persona que “se encontraba en actitud sospechosa”. Se detuvo a niños de entre 12 y 16 años, y se privó de su libertad a una niña embarazada de 14 años. También se denunció el ingreso de personal policial a las casas sin orden de allanamiento, bajo el argumento de que se estaba persiguiendo a personas que habían cometido delitos. Queda claro que se están reeditando y profundizando prácticas policiales como las razzias (detenciones masivas y arbitrarias) que han tenido consecuencias trágicas en la historia de nuestro país.
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Archivo y centro de documentación

Entrevista con Alejandro Slokar Informe del Archivo DIPBA. Una delegación de la Comisión por la Memoria se entrevistó con el Dr. Alejandro Slokar, representante del Poder Ejecutivo en la comisión tripartita conformada en el ámbito de la Corte Suprema para realizar el seguimiento de los juicios por delitos de lesa humanidad. En la reunión se hizo entrega de un informe pormenorizado de los aportes realizados a la justicia desde el Archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hasta el momento la Comisión entregó 2.014 informes a requisitoria de la justicia, en el marco de las causas que investigan el terrorismo de estado en nuestro país. Campo de Mayo, Arana, Brigada de Investigaciones de La Plata, Hospital Posadas, Contraofensiva, Patti, La Cacha son algunas de las causas a las que se aportó valiosa documentación probatoria.
Casos Avellaneda y SantuchoDesde el año 2006 el área de Centro de Documentación y Archivo Dipba ha respondido 186 requerimientos que fueron presentándose de manera individual para la causa 4012 “Riveros, Santiago Eduardo s/ privación ilegítima de la libertad, tormentos, homicidio, etc.”, conocida como la causa “Campo de Mayo”.Caso Avellaneda. Uno de los aportes se vincula específicamente a la causa que investiga el secuestro de Iris Pereyra de Avellaneda, y el secuestro y asesinato de su hijo Floreal. Se presentó un informe sobre la Zona Militar 4 y la centralidad del Comando de Institutos Militares respecto a la desaparición forzada de personas. Claudia Bellingeri, perito del Archivo, declaró en la audiencia oral y pública. Floreal Avellaneda era un adolescente de 15 años que fue secuestrado junto con su madre y cuyo cadáver apareció, brutalmente torturado, en las costas del Río de la Plata.
Caso Santucho. La causa 4012 investiga también el procedimiento llevado a cabo por personal del Ejército en el edificio de la calle Venezuela 3145 de Villa Martelli, el día 19 de julio de 1976, en el que resultaron víctimas Mario Roberto Santucho, Ana María Lanzilotto de Mena, Domingo Mena, Liliana Delfino y Benito Urteaga (h). En un legajo del ex Archivo de la DIPBA se encontró el número del legajo elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) antes de 1976. Esta información permitió repetir la solicitud a la SIDE (que antes fuera contestada negativamente) lo que implicó que, por primera vez, admitiera la existencia del legajo.
Colecciones temáticas en CD/DVDLa segunda serie de la colección temática producida por el área está a disposición del público. Esta iniciativa es el resultado del trabajo del equipo técnico del área y un paso en la apertura y democratización de los documentos de la ex Dirección de Investigaciones de Investigaciones de la Polícia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA). Área de Centro de Documentación y Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria: calle 54 Nº 487, La Plata. Teléfono (0221) 483-1737 /
archivocpm@speedy.com.arEsta segunda tanda documental está compuesta por los siguientes trabajos: Visita de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos de 1979, con introducción de Hernán Sorgentini / Petroquímica Sudamericana - Hilandería Olmos - Mafissa, con introducción de Victoria Basualdo / Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, con introducción de Esteban Campos / Universidad Nacional del Sur, con introducción de Patricia Orbe.Durante los próximos meses, las colecciones van a ser presentadas en universidades nacionales que funcionan en la provincia de Buenos Aires.
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Investigación y enseñanza

Se capacitaron 300 docentesCapacitación docente. Este año participaron alrededor de 330 docentes, desdoblados en dos tandas de tres días cada una. Los módulos abordados fueron los siguientes: Historia, memoria y educación / La reconstrucción del pasado: las memorias en conflicto / Los procesos de radicalización política en la Argentina de los primeros años 70 / Taller de formulación y diseño de proyectos.
294 escuelas inscriptasJóvenes y memoria. Se inscribieron 294 escuelas distribuidas geográfica y numéricamente de la esta manera: La Plata y gran La Plata: 32; Conurbano sur: 47; Conurbano oeste: 53; Conurbano norte: 35; Interior; 127. Los ejes temáticos que trabajarán los alumnos son los siguientes: Dictadura y represión / Educacion y dictadura / Transformaciones socioeconómicas / Agenda actual de derechos humanos / Resistencia cultural / Guerra de Malvinas / Consecuencias de la dictadura / Biografías / Participación juvenil / Discriminación / Percepciones de la dictadura / Vida cotidiana / Protesta social / Dictadura y trabajo / Violencia institucional. Por primera vez participarán liceos militares, colegios secundarios dependientes del Ministerio de Defensa. Se trata del Liceo Naval de San Martín y el Liceo Militar de Vicente López, ambos con proyectos de investigación relacionados con la guerra de Malvinas.
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Comunicación y cultura

InvisibleEl 4 de junio se inaugura esta muestra de la fotógrafa Helen Zout. Para esta producción, se trabajó la historia de una mujer detenida junto a su hijo en la Unidad 33, y las historias de algunos de los chicos que el año pasado vivieron en la Plaza San Martín de La Plata (bautizada por la prensa local como "la banda de la frazada"). Esta muestra está producida por el Museo de Arte y Memoria y está pensada, además, como un recurso para aportar en la discusión sobre las políticas de niñez y el acceso a la justicia.Ojos que no venEl 29 de mayo a las 20 en el cine Gaumont se estrena “Ojos que no ven”, un documental sobre el mundo del encierro y la exclusión en Argentina producido por la Comisión Provincial por la Memoria. La película se proyectará a las 20 horas en el cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires y se proyectará en el Hotys de Abasto el domingo siguiente. Las proyecciones se realizan en el marco del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos.Talleres Fotografía con Alfredo Srur. El curso se desarrolla en la sede del Museo de Arte y Memoria desde mediados de abril hasta noviembre de 2009. Habrá prácticas fotográficas y de laboratorio, y edición y selección de fotografías. Participarán los fotógrafos invitados Adriana Lestido, Eduardo Gil, Marcos Adandía y Ariel Gutraich, especialista en fotografía estenopeica.Escenografía con Omar Gasparini. Este taller intensivo de producción escenográfica, pintura y títeres está coordinado por Omar Gasparini y las docentes Ximena Bianchi y Ana Serralta, directores teatrales, plásticos y titiriteros del grupo de teatro comunitario Catalinas Sur.VideotecaEn la sede del Museo de Arte y Memoria de La Plata –calle 9 número 984, entre 51 y 53 de La Plata- funciona la videoteca de la Comisión Provincial por la Memoria, especializada en historia reciente, memoria y derechos humanos, que cuenta con más de 500 títulos. Los préstamos son gratuitos; para asociarse basta concurrir con los documentos. Para consultar el catálogo y las condiciones de uso, ver http://www.comisionporlamemoria.org/museodearteymemoria
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Revista Puentes #25CON UN CD QUE CONTIENE LAS 24 REVISTAS ANTERIORES
SUMARIO
Políticas de memoria.Escriben Enzo Traverso, Ricard Vinyes, Isabel Piper y Nancy Nicholls. Conflictos entre historia, justicia y memorias en el marco de una globalización de las políticas de memoria. Usos rituales y usos críticos.
Niños, adolescentes y jóvenes en riesgo.La estigmatización y criminalización de amplios sectores sociales como parte de una sociedad desigual. Comunicado de la Comisión por la Memoria. Opina: Julián Axat.
El lugar de la educación.Derechos Humanos en institutos militares. Por Ana Cacopardo, Julieta Sahade y J.B. Duizeide. Opina: Nilda Garré.
Los exilios de Remo Bianchedi.Entrevista de Laura Ponisio.
Usted puede suscribirse a la Revista Puentes, o solicitar algunos de sus números, llamando por teléfono al 0221 483 1737, o a través de un e-mail a
puentescpm@speedy.com.ar
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Comisión Provincial por la Memoria - Calle 54 nº 487, La Plata, +54 221 4831737Museo de Arte y Memoria - Calle 9 Nº 984 entre 51 y 53, La Plata, +54 221 4831737 ó 4835590


H.I.J.O.S JUJUY


fue detenido en Jujuy Nestor Eusebio Singh, indagado por la causa Álvarez de Scurta. Este genocida fue alcalde el penal de Villa Gorriti y tuvo a cargo todos/as las preso/as por razones políticas, responsable del traslado y posterior desaparición de alrededor de 20 compañeros/as.



A 7 años del asesinato de ANDREA VIERA. Marcharemos nuevamente en busca de "JUSTICIA", el día sábado 23, 14 horas, desde la Comisaría 1ª de Florencio Varela, Av. San Martín 450, hasta el barrio San Jorge donde vive la única condenada Marta Jorgelina Oviedo Zalazar, con la pulsera electrónica, violandola "CONSTANTEMENTE", y los otros cuatros asesinos caminan hoy libremente. Desde Capital Federal, habrá un micro que saldrá 11:30 hs: desde la sede de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.RIOBAMBA 34, CONGRESO.Esperamos contar con la presenciade todos los compañeros que luchan. Eugenia Vázquez. 011-15 49 14 84 71.
-- H.I.J.O.S.Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio Regional Capital en la Red NacionalSi naciste entre 1975 y 1980, tenés dudas sobre tu identidad y creés ser hij@ de desaparecid@s, comunicate con nosotr@s al 15-3-571-0767 o a
hermanos@hijos-capital.org.ar



Primer juicio en Mar del Plata por delitos de lesa humanidad
A partir del 26 de mayo serán juzgados oralmente en Mar del Plata dos militares acusados por la desaparición de un joven durante el último gobierno de facto. Será el primer juicio que se desarrolle en esta ciudad por delitos de lesa humanidad.
La víctima Carlos Alberto Labolita (23), fue secuestrado en la ciudad de Las Flores.
Las audiencias comenzarán el martes 26 de mayo a partir de las 8,30hs. Los acusados son dos militares que se desempeñaban en Azul: el general Pedro Pablo Mansilla (77) y el coronel Alejandro Guillermo Duret (56). Este último se hallaba en actividad cuando fue detenido en 2006.
Fue conformado un Tribunal ad hoc integrado por los jueces platenses Alejandro Esmoris, Carlos Rozanski (presidió los juicios del comisario Etchecolatz y Von Wernich) y Nelson Jarazo.
El Ministerio Público estará representado por el fiscal general de Cámara de Mar del Plata, doctor Daniel Adler junto a los fiscales federales Oscar Blanco (Azul) y Horacio Solín (Necochea), con intervención de la Unidad de Asistencia y Coordinación de la Procuración General.
Imputaciones
Los dos militares están acusados como coautores de *"privación ilegal de la libertad agravada, por haber sido cometida bajo violencia física" y participación primaria.*"imposición de torturas agravadas por tratarse de un perseguido político y homicidio calificado, por ser cometido con alevosía y ensañamiento



H.I.J.O.S.Jueves 21 de mayo de 2009

Basta de los grupos de tareas de Macri
Nuevamente tenemos que soportar cómo la UCEP - Unidad de Control del Espacio Público-, el grupo de tareas de Macri, sigue reprimiendo y esta vez en connivencia con la Policía Federal Argentina.
El pasado lunes, personal de la UCEP dependiente del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad que comanda Juan Pablo Piccardo desalojó con topadoras una huerta que vecinos y vecinas del barrio llevaban adelante en unos terrenos que anteriormente eran baldíos, cercanos a las vías de la estación Caballito.Los vecinos se encontraban en negociación con las autoridades del Gobierno de la Ciudad, pero sin ninguna orden judicial se procedió al desalojo. Los famosos desalojos silenciosos del gobierno de Macri, son muchos y no se ven. Según fuentes del mismo Gobierno de la Ciudad, se calcula que son dos por día.
Los integrantes del espacio de la Huerta Orgázmika, se movilizaron el martes al CGP 6, siendo brutalmente reprimidos por la PFA con un saldo de 22 detenidos, entre ellos un periodista de la radio FM La Tribu, y 3 heridos, uno de los cuales aun se encuentra en el hospital y corre peligro de perder su riñón debido a los golpes recibidos por la Policía Federal Argentina.El agravante del hecho es que en el mismo momento en que eran reprimidos en el CGP, la policía entraba al Centro Cultural La Sala en Avellaneda al 600, de donde son varios de los chicos de la huerta, tirando la puerta abajo sin orden judicial y llevándose detenidos a los que allí estaban, destrozando el lugar y robándose una cámara de fotos (fotos del operativo:
www.flickr.com/photos/glifosato/)
Las denuncias contra la UCEP se apilan, por golpear a indigentes y cartoneros, y ahora también a integrantes de la huerta.
Basta de patotas y de grupos de tareasBasta de desalojosExigimos al Gobierno de la Ciudad que disuelva esta fuerza represiva y violenta que rememora épocas de la dictadura genocida Porque un Gobierno democrático no puede tener prácticas de la dictadura: basta de grupos de tareas en la Ciudad

Conferencia de prensa:
jueves 21 de mayo, 16:30 horas
Riobamaba 34

Participan:
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
H.I.J.O.S.
Huerta Orgázmika
entre otros

H.I.J.O.S.Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el SilencioRegional Capital
http://www.hijos-capital.org.ar/hijos@hijos-capital.org.ar
15-3-571-0767
Huerta Orgázmika:
http://www.orgazmika.blogspot.com/


Córdoba, 21 de Mayo de 2009


A la señora Jueza Garzón de Lascano:


Por la presente queremos expresar nuestro repudio a la decisión por usted tomada, de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a quién es uno de los mayores responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en diez provincias argentinas, entre ellas Córdoba, en el marco del terrorismo de Estado.
Entendemos que esta decisión constituye un retroceso en el avance de la justicia y la verdad por la que venimos luchando hace décadas. Luciano Benjamín Menéndez fue juzgado con todas las garantías constitucionales y condenado a cumplir su pena de prisión perpetua en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba. Los fallos como el dictaminado por usted esta semana, desandan ese camino y significan una burla ante el histórico reclamo social de ver a los asesinos de miles de hombres, mujeres y niños tras las rejas.
Así, la modificación de la ley 24.660, sancionada en diciembre del año pasado por el Congreso de la Nación , omite expresarse en relación a quienes delinquen contra la humanidad y otorgan a los jueces el poder discrecional para disponer donde alojar a los presos. En este mismo sentido, la Cámara Nacional de Casación Penal, auténtico bastión de quienes se oponen al avance de la Verdad , sin resolver sobre el fondo de la cuestión, la condena, y apelando a una interpretació n rebuscada de la modificación de la ley antes citada, ordenaron que se otorgue a Menéndez, Manzanelli, Vega y Rodríguez el beneficio de la prisión domiciliaria, sin más argumentos que el de ser mayores de 70 años. Estos ejemplos representan una clara muestra de cómo los poderes institucionales desoyen el histórico reclamo de juicio y castigo de la sociedad argentina, respaldado a nivel internacional.
En relación a lo dictaminado por usted esta semana, compartimos su decisión de que Manzanelli continúe cumpliendo su pena en la cárcel de Bouwer, pero resulta incomprensible, tanto para nosotros como para la opinión pública en general, que el caso de Menéndez sea distinto. Luciano Benjamín Menéndez manifestó en audiencia oral durante el primer juicio sustanciado en nuestra provincia el pasado año, que consideraba contrario a la constitución dicho juicio, desconociendo a las instituciones democráticas y sosteniendo, en una actitud claramente intimidatoria, que los “terroristas subversivos” que “atacaron la República porque no creían en las instituciones democráticas, son justamente quienes se refugian ahora en esas instituciones que lo acusan”. Asimismo, durante todos estos años nunca manifestó el más mínimo arrepentimiento, ni colaboró para hacer cesar los efectos de los delitos por él cometidos y su actitud amenazante quedó registrada para la historia en aquella foto tomada en 1984 amenazando a un grupo de personas con su facón. Situación que, casi diez años después, se repitiera cuando, utilizando una sevillana, amenazó a un grupo de estudiantes en el centro de Córdoba.
Por otra parte, es inexplicable que tamaño delincuente que secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de ciudadanos, sea considerado por usted como alguien que no reviste peligrosidad y en quien se puede confiar. Menéndez continúa cometiendo, hasta el día de hoy, el delito permanente de privación ilegítima de la libertad, nombre jurídico con que se conoce el delito internacional de desaparición forzada de personas en nuestro país.
Es de destacar que los márgenes de libertad que estos represores obtienen al estar en sus domicilios, mucho más cuando se trata de Menéndez, quien siempre se ha caracterizado por actuar por medio de otros autores materiales, atenta contra el avance de la justicia y el esclarecimiento de los hechos que se investigan ya que pone en serio peligro físico y psíquico la integridad de los testigos y todos aquellos que luchamos en contra de la impunidad. Recordemos lo sucedido con el testigo y querellante Jorge Julio López, y las numerosas amenazas en nuestra provincia a testigos y familiares de las víctimas. Sumado a ello, existe el peligro concreto de que, gozando de la prisión domiciliaria y teniendo acceso a armamento, por su condición de militares retirados, se suiciden como ya sucedió con César Emilio Anadón, entre otros.
En su resolución que beneficia a Menéndez, usted afirma que “Sólo puede actuarse frente al delito desde la ley, torcerla para acomodarla al doloroso sentir de una sociedad ante la lesión sufrida, implicaría rebajar la administració n de justicia al parámetro de la revancha”. ¿Desconoce usted que en todos estos años en los que estos delincuentes gozaron de impunidad, ningún testigo, querellante o familiar de las víctimas buscó venganza o justicia por mano propia? ¿Desconoce que desde hace años la sociedad exige justicia y no revancha? ¿De qué “revancha” nos habla?
Jamás hemos pedido que se tuerza la ley, lo que demandamos es un criterio de aplicación igualitaria, en el que ningún responsable de delitos de lesa humanidad sea beneficiado, en el que no se mantenga, como ocurre actualmente, algunos detenidos en Bouwer, otros en el III Cuerpo de Ejército, otros en la Guardia de Infantería y otros en la comodidad de sus casas.
Hace más de 30 años exigimos justicia y verdad, desde hace más de 30 años buscamos que se repare, en la medida de lo posible, el enorme daño producido por el Estado terrorista. En todo este tiempo jamás hemos reclamado un trato inhumano para estos asesinos y siempre nuestras acciones se circunscribieron al marco de la ley. Mucho hemos luchado y seguiremos luchando para que en nuestro país Nunca Más se violen sistemáticamente los derechos humanos, aunque a veces no encontremos eco en instituciones como la que usted representa.
Por todo lo anterior, los abajo firmantes expresamos nuestro profundo repudio al otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria a Luciano Benjamín Menéndez y solicitamos que la misma sea revocada, además adjuntamos los pronunciamientos emitidos por distintas entidades de nuestra provincia.

LOS CONSCRIPTOS NO SON DESERTORES

H.I.J.O.S. Regional Cordoba y Familiares de Detenidos-Desaparec idos por Razones Políticas.

Conscripto desaparecido Albarracin Eduardo Pablo el 13-04- 1977 prestaba servicios en la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “Gral. Lemos”.
Buscamos a los familiares del conscripto ya que es muy probable que este año se decrete el retiro de la figura de desertor de todos los documentos en donde estuviera asi colocado, además se reivindicara la figura del soldado como desaparecido.
Esto se ha realizado con la participación de otros familiares de soldados desaparecidos, con los cuales se ha ido al Ministerio de Defensa y hemos sido recibidos por la Doctora Ileana Arduino Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Estos familiares se han estado reuniendo, con el abogado Pablo Llonto abogado de familiares de soldados desaparecidos de Zona IV. Esta zona es la que corresponde a Campo de Mayo.
PEDIMOS QUE QUIEN CONOZCA A LOS FAMILIARES DE ESTE SOLDADO SE COMUNIQUE A ESTE MAIL. GRACIAS


A 32 MESES DE LA DESAPARICIÓN
DE JORGE JULIO LÓPEZ
A 33 AÑOS DE IMPUNIDAD
" LA JUSTICIA K SIGUE DE FIESTA"
GRAN KERMESSE
LUNES 18 DE MAYO DESDE LAS 12HS EN 8 E/ 50 Y 51
Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!
HIJOS La Plata



Hermana busca su hermana nacida entre el 15 y el 20 de noviembre de 1976 en La Plata. Acá fotos de aquella época de quienes son sus padres y actualmente de su hermana. Reenvialo. Es la única forma de que alguien se detenga para ver una cara
Por favor reenviá este e-mail para que Laura pueda encontrarse con su hermana. Ayudanos a buscar a Mariana! gracias!
Querida Hermana: Soy Laura, hija de Nora Susana La Spina y Jorge Néstor Cena. Nuestros padres fueron secuestrados por la dictadura militar entre el 15 y 20 de Noviembre de 1976 en La Plata, en calle 34 entre 13 y 14.Mamá estaba embarazada de vos y esa misma noche naciste en una comisaría. Tres días pasaste con ella, mamá te puso el nombre de Mariana, que es tu verdadero nombre. Luego te llevaron y nunca más supimos nada de tu paradero.Nuestros padres están desaparecidos. Yo te busco desde hace años, sos mi única hermana y mi deseo es que estemos juntas. Quiero que sepas que tenés una familia que te espera y te ama, y a pesar de que nunca te vimos sabemos que estás viva.
Ojalá que si alguien sabe algo de vos nos ayude a encontrarte. Si hay algún dato,por mínimo que sea, por favor escribir a http://ar.mc528.mail.yahoo.com/mc/compose?to=lauraymarianajuntas@yahoo.com.arMuchas gracias.::MENSAJE DE REDH : :Haceunosaños enviamos un mensaje muy similar a este, donde Clara Petrakos busca a su hermana Victoria. Ese mensaje aún continúa rodando por Internet,como aúncontinúa la búsqueda de Clara. Hoy es la misma Clara quien noshace llegar labúsqueda de Laura. Creoqueno tiene sentido cambiar el texto con que acompañé la búsqueda deVictoria,por tanto esta nueva búsqueda se abre camino de la mismamanera. Prontoesperamos tener novedades tanto de Victoria como deMariana, y de todas y todosa quienes buscamos: Se solicita máxima difusión para este pedido.REDH ha distribuidoel mensaje a una nómina de 26.085 direccionessuscriptas a su lista. Se esperaque gran parte de uds.. tome la campañade búsqueda como propia yreenvíe el pedido a su grupo de contactos (como siempre en copia oculta a fin de no favorecer cadenas que terminan siendo bases de datos para campañas dee-marketing) . Cada uno de uds. puede sumarse a la campaña de la manera en que consideren sea más propicia: reenviándola, imprimiendo volantes, difundiéndola en medios a los que pertenezcan.No importa el país o región adonde se envíe el llamado de Clara, no existen datos que restrinjan la búsqueda a Argentina. Cualquier orientación que tome esta búsqueda puede resultar definitoria, esperemos que así sea. UnGran abrazo,CarlosD. PEREZCoordinador General de REDH(Red Solidaria por los Derechos Humanos) http://www.redh.org/Alejandro BenedettiMora NinPrensa
Piden juicio a cafayateños que cortaron el paso a camiones de una minera
En todo el país se conoce el accionar de la Justicia contra quienes protestan por la contaminación que podrían producir las mineras.

Uno de los camiones de Minera Alumbrera.
Los vecinos de Salta no quedaron libres de esta imputación.


El fiscal correccional Nº 6, Facundo Ruiz de los Llanos, requirió juicio oral y público en contra de vecinos de Cafayate por "presunto entorpecimiento del normal funcionamiento de transporte terrestre previsto y reprimido por el artículo 194 del Código Penal". Las notificaciones a los vecinos llegaron (casualmente) en fechas cercanas a la noticia que daba cuenta de que la provincia iba a defender la seguridad jurídica de la Minería. Para los vecinos esta señal no es inocente pues (justamente), su lucha y la de sus pares de Tucumán, Catamarca y Jujuy es en contra de la “minería contaminante", calificativo que dirigen a Minera Alumbrera, que explota en Catamarca una mina de oro y cobre. Referentes de esta empresa se encuentran procesados en Tucumán por el presunto delito de contaminación ambiental. Los cuatro camiones que el 6 de agosto pasado querían pasar por Cafayate con tanques de grandes dimensiones (que ocupaban más de la mitad de calzada), se detuvieron en distintos puntos de su trayecto. Para Ruiz de los Llanos el paso de los camiones no implicaba "un peligro para la seguridad pública", dado que ello nunca se pudo verificar. En un comunicado que los cafayateños hicieron llegar a Nuevo Diario, sostuvieron que ellos nunca detuvieron los camiones sino que estos se detuvieron porque no podían pasar. Los camiones ingresaron "por una calle no apta para transporte de cargas", además de haber avanzado hasta el Hospital Nuestra Señora del Rosario, cuya guardia fue bloqueada por su presencia.

Sostuvieron que si los vehículos no pudieron seguir pasando fue porque había autos estacionados, y las dimensiones de los camiones hacían imposible su paso por esa misma arteria. Criminalizar la protesta"La reacción popular fue inmediata. La población está cansada de este tipo de camiones que pasan sin controles destruyendo viviendas, arboledas y calles", indicaron los vecinos al agregar que su manifestación fue pacífica.

La denuncia que ahora se encuentra en el Juzgado Correccional Nº 3, fue realizada por los encargados del transporte de la empresa chilena "Carmona". Los vecinos indicaron que la acusación es falsa dado que "expone que a dichos camiones se les interrumpió el tránsito por esa calle durante 14 días, cuando el propio informe de la policía local contradice la denuncia".

Indicaron que fueron los camiones rumbo a Alumbrera los que estorbaron el normal funcionamiento de la comunidad. Pero "a la luz de los hechos, pareciera que quien reclama el cumplimiento de la ley es tratado como criminal", manifestaron. Recordaron por otra parte que tras lo acontecido con los camiones el Concejo Deliberante de Cafayate sancionó por unanimidad la ordenanza Nº 13/08 por la que se prohíbe el ingreso de los camiones al ejido urbano además del ingreso de sustancias peligrosas al municipio (con algunas excepciones). Igual, indicaron que la ordenanza no se cumple.

Fuente:
www.nuevodiariodesalta.com.ar

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En la primera cedula estas los nombres de los acusados por la Justicia y la segunda cedula estas los fundamentos. Afirma que " los cortes de ruta y caminos en todo el territorio se tratan de mecanismos primitivos de pseudo defensa de sectores e intereses, o en algunos casos ni siquiera estos, inaceptables en los tiempos que corren y que constituyen además de delitos, actos de disgregación social. Los jueces no deben ni pueden invocando extremos inexistentes, modificar o derogar los delitos que previamente el legislador ha tipificado como tales..."

@@@@@@@@@@@-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Córdoba -A 40 años del Cordobazo

29 de mayo, jornada histórica Será difícil encontrar muchas coincidencias en torno de lo que significó aquella explosión popular que pasó a la historia nacional como “el cordobazo”, a pesar de que nos separan de aquel día escasos 40 años y de que muchos de sus protagonistas y de quienes fuimos espectadores estamos vivos y, creo, en nuestras cabales.
Obreros y estudiantes, derrocaron a Onganía
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2009-05-28 -
Por Ernesto "El Tío" Ponsati*Como suele suceder en los accidentes, los recuerdos de los testigos pueden no coincidir a pesar de haber estado en el mismo lugar y a la misma hora y de haber sido parte de un mismo proceso, aquel proceso que culminó en esas horas dramáticas en las que buena parte de la sociedad cordobesa se acopló espontáneamente a la protesta encabezada por un movimiento obrero que acababa de unificarse para esta precisa acción. Es tanta la confusión que no se sabe a ciencia cierta cuántas personas murieron en aquella jornada, aunque al anochecer del 29 de mayo de 1969 en las redacciones locales se las calculaba en una treintena. Dos de sus principales actores, Agustín Tosco e Hipólito Atilio López, han muerto en circunstancias parecidas, víctimas ambos de la persecución de elementos armados que luego aparecerían aplicando el terrorismo de Estado en la dictadura militar. López fue acribillado a balazos por la Triple A; y un año más tarde, en 1975, Tosco murió a raíz de una enfermedad mal atendida debido a su aislamiento, en una clandestinidad obligada por aquel acoso. También murieron Felipe Alberti (Luz y Fuerza) y Jorge Canelles (activista del gremio de la construcción) y Tomás Carmen Di Toffino (Luz y Fuerza), que desapareció en 1976 luego de ser secuestrado por la patota de La Perla. Y años atrás falleció Elpidio Torres, quien fuera jefe del combativo sindicato de mecánicos, personaje clave en el Cordobazo aún descontento por la primacía que en general se otorga a la figura de Agustín Tosco.Esta nota también dará preponderancia a la influencia del líder lucifuercista, sin intentar por ello hacer una apología del dirigente sindical nacido en Coronel Moldes. Lejos está de nuestro empeño la idea mágica de la intervención de personajes iluminados, y el mismo Tosco jamás dio motivo para que alguien lo considerara de esa manera. Los episodios como el Cordobazo se generan cuando la sociedad alcanza un grado de conciencia tal que la enfrenta abiertamente con un régimen dictatorial como el que sojuzgaba a los argentinos en ese tiempo. Es la fuerza del conjunto la que se expresa, aunque detrás de ella fuerza es que reconocer el aporte de dirigentes lúcidos capaces de encauzar las manifestaciones sociales y ayudarlas a encontrar un rumbo hacia la democracia.Por eso conviene rastrear los orígenes del Cordobazo años más atrás, en los inicios mismos de la autodenominada Revolución Argentina. El 28 de junio de 1966 las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente radical Arturo Umberto Illia. Condujo el golpe –y asumió en presencia y con el beneplácito de empinados caciques sindicales- un teniente general que había sido titular de la Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército. Parco de palabras y escaso de ideas –es fama que sus proclamas y comunicados nacieron de la pluma de Mariano Grondona-, Juan Carlos Onganía prometió un proceso que no tendría plazos sino objetivos. Primero vendría un tiempo económico; a éste le seguiría un tiempo social, cuando se comenzaría a gozar de los beneficios del esfuerzo realizado; y por último llegaría el tiempo político, cuando los argentinos recuperarían a sus instituciones; eso si se portaban bien. Como no había plazos, nadie podía entrever la duración del “onganiato”; pero sus allegados más íntimos calculaban sotto voce aquel plazo en unos 20 años, más o menos.La verdad es que se instauraba un régimen de privilegio y fuertemente autoritario, y eso lo supimos pronto, muy pronto. En julio fueron arrasadas las universidades con brutalidad castrense, en lo que se conoció como “la noche de los bastones largos”. Se suprimieron la libertad de cátedra y el gobierno tripartito, y por cierto las casas de altos estudios quedaron intervenidas; muchos que hoy se dicen democráticos aprovecharon para ingresar a la docencia universitaria por la ventana, mientras la mayoría de los cerebros más brillantes emprendieron el camino del exilio. Los estudiantes se lanzaron a las calles a defender sus derechos y la democracia, sólo para ser metódicamente apaleados por una policía que había sido provista de carta blanca y de elementos modernos.Para dar fuerza simbólica a ese elitismo, en agosto Onganía concurre a la tradicional muestra de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y hace su ingreso en una carroza tirada por caballos y con palafreneros de librea. Por supuesto, fue aplaudido con fervor por lo más granado de la alta sociedad argentina, enrolada en un conservadorismo ultracatólico y, como en Córdoba, muchas veces admiradora de las ideas de don José Antonio Primo de Rivera y aquí y en todo el país, siempre heredera de la Legión Cívica.Casi en coincidencia con esa aparición teatral y de boato monárquico en la SRA, Luz y Fuerza de Córdoba publicaba una solicitada que, bajo el título de Signos Negativos, planteaba una ácida crítica al gobierno de facto y reclamaba, más que medidas correctivas, un profundo cambio de rumbo. Algunas de ellas mantienen vigencia cuatro décadas después. Nadie atendió esos reclamos, pero en ese texto de Agustín Tosco se levantaba el primer mojón hacia el Cordobazo. Un mes más tarde fue asesinado, en una protesta callejera, Santiago Pampillón, estudiante y obrero de IME. Esa misma noche se produjo la primera toma del barrio Clínicas por los estudiantes, un acto espontáneo que traería secuelas. En medio de la noche, en una calle del oscurecido sector, un grupo de jóvenes interpeló a los ocupantes de un jeep carrozado verde, que se había detenido frente a una fogata. ¿Quiénes son? “Somos de Luz y Fuerza”, respondieron desde dentro del vehículo. Allí se plantó el segundo mojón en el camino al Cordobazo. La primera ocupación del barrio fue, se dijo, espontánea. La protagonizaron estudiantes independientes que entonces no se sentían cercanos a la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y que luego se agruparían en los Comandos de Resistencia Santiago Pampillón (CRSP, o simplemente “los pampi”). Con ellos, Tosco extendió la red opositora que estaba formando.Un año antes, el líder lucifuercista había conocido la revista Cristianismo y Revolución, que fundó y dirigía Juan García Elorrio, y representaba una corriente de pensamiento católica acorde con los planteos de la Iglesia posconciliar. Tosco no solamente leyó con atención esos textos –también lo hizo con la encíclica papal Populorum Progressio-, sino que ellos le facilitaron en ese mismo año 1966 la base para vincularse con los sectores católicos más progresistas, que ya orbitaban en torno al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. ¿Es necesario decir que allí se asentó un tercer mojón hacia el Cordobazo? Tosco tenía la capacidad de comprender las líneas generales de la política del momento y de ensamblarlas y coordinarlas para guiarlas hacia un objetivo. Desplegaba hacia fuera los mismos diseños que empleaba en su sindicato. Allí lo acompañaban peronistas (mayoritariamente), radicales, comunistas, independientes, socialistas… y hasta un dirigente llegado de las filas del Partido Demócrata. En fin, todo aquel que deseara aportar a la causa de la dignidad de los trabajadores.Por eso no eran extraños sus contactos con dirigentes políticos, sin diferencias.Había un plano en el que las cosas no se desarrollaban como anhelaba el espíritu inquieto de Tosco, y ese plano era precisamente el de su actividad, el del sindicalismo. Onganía gobernaba entonces con mano férrea con el silencio cómplice de los principales sindicatos nacionales. Desde el principio, se trazó en ese terreno una divisoria de aguas entre los que confiaban en la negociación y postergaban cualquier movimiento que los acercara a la ruptura con la Casa Rosada, y los que pretendían hacer una oposición firme, a partir de los postulados del programa de La Falda. Los primeros fueron rápidamente tildados de dialoguistas, y al poco tiempo de colaboracionistas, con la connotación que sugiere este último término; los segundos se dijeron combativos y empujaban sin éxito para movilizar a la CGT Nacional. Desde Azopardo 802 les respondía el silencio.Empero, la dictadura apretaba el acelerador con escasa o ninguna prudencia. El tiempo económico no era otro que un tiempo de ajuste feroz, por aplicación de las recomendaciones del FMI. El achicamiento del gasto y la proclamada eficiencia empresarial constituían el norte de la administración de Onganía, y en 1967, de un plumazo, se decretó el cierre de una docena de ingenios azucareros tucumanos, de los treinta y pico que funcionaban en la provincia.
Para dar una idea del golpe social que representó, hay que apuntar que hacia 1965 la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) tenía afiliados unos 100.000 trabajadores, entre obreros del surco y de fábrica, por lo que el golpe condenó a la miseria y el desarraigo a por lo menos unas 30.000 familias. Hubo reacción popular, por supuesto, y represión brutal. Allí quedó el cadáver de Hilda Guerrero de Molina, como muestra de que la autodenominada Revolución Argentina no se ponía límites a la hora de aplicar sus medicinas.Y a todo esto, ¿qué era del movimiento obrero organizado, qué era de la CGT?Ya se habló del ánimo contemplativo –para no llamarlo cómplice- con el que los burócratas encaramados en la conducción de la CGT acompañaban los hechos del onganiato. De modo que no fue extraño que, entre los gremios combativos, pronto se comenzaran a plantear profundas diferencias con lo que llamaban “la burocracia sindical” y a identificarla con el régimen dictatorial. Eso llevó a enfrentamientos que al principio sólo se manifestaron en lo retórico, pero que años más tarde tendrían sus consecuencias. En camino hacia la profundización de la resistencia a la dictadura, la oportunidad de saldar algunas cuentas fue el congreso normalizador de la CGT, de marzo de 1968. En ese cónclave, Luz y Fuerza de Córdoba funcionó junto a un grupo de sindicatos independientes de tendencia izquierdista, como ya lo venía haciendo. Pero lo novedoso fue la confluencia con los sectores peronistas y socialcristianos de avanzada que lideraba el obrero gráfico Raimundo Ongaro. La presión de del oficialismo cegetista no fue suficiente para atemperar los ánimos de los rebeldes y, como en otras ocasiones, la “central única” terminó quebrándose. Los colaboracionistas, en mayoría, se quedaron con la casa de Azopardo 802; la minoría combativa, liderada por Ongaro, se trasladó a la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, y creó la CGT de los Argentinos.Esto tendría su correlato en nuestra ciudad, pues Tosco se alineó con el sector combativo y planteó en la Regional Córdoba la adhesión a la CGT de los Argentinos (CGTA). Su propuesta no fue aceptada por los principales gremios industriales, como SMATA y la UOM, y tampoco por los trabajadores del transporte público. Pero, si bien integrada por sindicatos de menor número de afiliados y escasa capacidad de acción, una mayoría de organizaciones respaldó la iniciativa, y aquí, en esta ciudad, la CGT de los Argentinos se quedó con la casa de avenida Vélez Sarsfield que hoy pertenece a la Lotería de Córdoba. Otro mojón en el camino hacia el cordobazo, pues el nucleamiento, empujado por Luz y Fuerza, pasó a encabezar sin vacilaciones una especie de frente policlasista democrático y popular. Visto en perspectiva, parece la coronación de los esfuerzos de Tosco. Pero no era así: aún le faltaba densidad y experiencia. El régimen estaba firme y la mayor fuerza popular, compuesta por los obreros industriales, aún no se había sumado al empeño por enfrentarlo.Los hechos de 1968 dejaron clara esa insuficiencia. Ese año pasó casi sin sucesos que motivaran la esperanza de imponer algún cambio en un gobierno que se mostraba monolítico e inmune a las presiones surgidas del seno del pueblo. Un viaje de Ongaro a Córdoba dio la pauta de la debilidad objetiva de la CGTA. Se programó un acto frente al local de Vélez Sarsfield segunda cuadra para escuchar a Ongaro. El fuerte dispositivo policial impidió la concentración, hubo corridas y detenciones (entre ellas la del lucifuercista Alberto Caffaratti, secuestrado y desaparecido en enero de 1976, cuando aún María Estela Martínez de Perón era presidenta), pero la concentración no se hizo. Ongaro tuvo un momento para arengar a medio centenar de dirigentes y militantes en el viejo local de Luz y Fuerza, en calle San Jerónimo. Esa noche, la iniciativa la tuvieron nuevamente los estudiantes, que tomaron otra vez el barrio Clínicas. Ongaro, por su parte, lanzó un discurso encendido en el que sostuvo que con el valor del pueblo resultaba suficiente para enfrentar a los tanques. Era su estilo.Pero si la oposición a la vista –que por entonces sólo estaba integrada por una parte del movimiento obrero, los estudiantes y algunos partidos de izquierda- no cuajaba en acciones significativas, los equipos de Onganía se las arreglaban con medidas cada vez más impopulares para mantener vivas las tensiones. En Córdoba, esa impasse fue aprovechada por el interventor Carlos Caballero, un católico ultramontano, para poner a punto un proyecto que, él y sus íntimos confiaban, podría adelantar el tiempo político, encaminándolo por rumbos afines al pensamiento del régimen. A través de unos nada novedosos “consejos asesores”, de corte corporativista, aspiraba a nuclear a todos los sectores activos de la sociedad incorporándolos según su origen: empresarios, obreros, profesionales, etcétera. La sociedad vaciló ante la propuesta, y la primera voz de alerta provino, otra vez, de la CGTA, donde se comenzó a denunciar el proyecto por sus raíces fascistas. No se sabe si la idea tuvo buena acogida en la Casa Rosada, pero es posible que, dado el hecho de la creciente soledad del gobierno, haya tenido por lo menos un guiño favorable. Se alteraban los tiempos establecidos en junio de 1966, pero había una oportunidad, aunque sea vaga, de institucionalizar a la llamada Revolución Argentina más allá del ámbito castrense.Mientras tanto, comenzaba aquel fantástico y conmocionado año 1969. El clima de asamblea y las protestas se reactivaron con el regreso de los estudiantes a las universidades. Las autoridades respondieron con su único argumento, su marca registrada: una fuerte represión, que de todas formas comenzó a mostrarse insuficiente ante la multiplicación actos y manifestaciones. Poco a poco fue aumentando la violencia de la respuesta y, a pocos días del Cordobazo, murieron dos estudiantes en Corrientes y Rosario, lo que creó, junto con las protestas en la Universidad de Tucumán, un estado de tensión que comenzó a cubrir todo el país. En Córdoba se recibían esas noticias con creciente inquietud. El estudiantado, esta vez con una FUC remozada y activa, se encontraba movilizado y en ebullición. El gobierno vino a intervenir nuevamente, como si se esmerara en echar más leña a una hoguera que ya tendía a descontrolarse. Dispuso la suspensión de las llamadas quitas zonales, un beneficio convencional que favorecía a los obreros mecánicos, aquellos de las terminales automotrices afiliados al SMATA, el sindicato que conducía Torres y que se ubicaba en la CGT Legalista (CGTL), opuesta a la CGTA en la que militaba Tosco. Si algo faltaba para unir a los dos sectores gremiales era una provocación de ese calibre.Tosco y Torres no tenían buen feeling, pero se sentaron a dialogar. No puedo establecer con exactitud de dónde partió la iniciativa, y perdí hace ya mucho tiempo la oportunidad de hacerlo, acaso porque nunca supuse que estaría escribiendo sobre el Cordobazo a cuarenta años del hecho. Lo que es posiblemente cierto, es que Lucio Garzón Maceda –tal vez proporcione su versión en un libro de pronta aparición- fue quien facilitó el encuentro, y ambos líderes sindicales hablaron en el restaurante El Manantial, de propiedad del periodista Sergio Villarruel. La conversación fue, si se quiere, breve. Conocedores del escenario, trazaron la táctica para un combate que no tenía secretos. Tosco, harto de los paros convencionales “para tomar mate”, postulaba un paro activo, con abandono de los lugares de trabajo y una concentración en el centro de la ciudad. Ese plan se aprobó en dos plenarios que realizaron, por separado pero simultáneamente, las dos CGT. El abandono de tareas se produciría a las 10 de la mañana del día 29, y tras el acto el paro de actividades continuaría hasta las 24 del día 30. Un detalle, que todos advertimos, es que, cualquiera sea el punto de vista que se usara, que con esa unidad en la acción se había formado una masa crítica que auguraba un verdadero estallido social. La suerte estaba echada. Para colmo, el gobierno no había tenido, días antes, mejor idea que reprimir con el escuadrón de caballería una asamblea de mecánicos realizada en el Córdoba Sport Club, un estadio donde se realizaban matches de boxeo, en la calle Alvear, frente a la sinagoga. Los afiliados del SMATA quedaron más que predispuestos para el siguiente encontronazo. Así es que los días previos fueron de febriles preparativos. En todos los talleres se fabricaron gomeras y se prepararon bulones y recortes de hierro para enfrentar a una policía que, como ya lo había hecho antes, usaría armas de fuego además de las pistolas de gases. Hubo inconvenientes con las bombas molotov, que en algún momento se negaron a arder; pero un cambio de ácido fue suficiente para poner las cosas en orden. Todo lo demás estaría en el ánimo de los manifestantes y en su determinación para enfrentarse a los uniformados.Caballero también advirtió lo grave de la situación, y pidió ayuda a Buenos Aires. Estaba convencido de que solamente sacando el ejército a las calles se podría frenar una protesta que se preveía como la más grande en la historia de esta ciudad. Pero no lo escucharon. Qué papel jugaron en esa decisión protagonistas de peso, jefes castrenses de primera línea, sería motivo de un análisis mucho más extenso. Lo definitivo es que Caballero fue abandonado a su suerte, y sólo le quedó el recurso de traer policías del interior provincial para reforzar sus fuerzas. Y así amaneció, en vigilia de armas, el 29 de mayo de 1969.El plan sindical se fue cumpliendo tal cual se había previsto. Desde el sur se movilizaron miles de trabajadores del SMATA. Desde el sudeste, avanzaron los obreros de los complejos fabriles de Ferreyra. En el oeste se movilizaron los estudiantes, progresando desde la zona del Clínicas hacia el centro. En el norte comenzó a moverse el sindicato de Luz y Fuerza, y más tarde, cerca de las 13, aparecieron por avenida General Paz y el Mercado Norte operarios de fábricas como Ilasa y otras.La policía resistió cuanto pudo, pero poco a poco fue superada en todos los puntos donde estableció defensas, como la zona de la vieja Terminal de Ómnibus, los puentes sobre la Cañada, el trayecto de las avenidas Colón y Olmos. Particularmente, los afiliados al SMATA se tomaron revancha frente al escuadrón de caballería, derrotándolo frente a la Terminal. La policía terminó refugiada en la Plaza San Martín, donde, en el Cabildo, estaba la Jefatura; sólo dejó piquetes que sobre vehículos recorrían diversos sectores para detener a los activistas. Uno de ellos atacó el diario Córdoba, golpeando a un operario, pero el episodio fue de menor gravedad. A propósito: la edición del día llegó a imprimirse pero no se distribuyó. No había canillitas que lo vocearan, ni gente que lo comprara. Un título catástrofe cubría todo el ancho de la primera página: “La ciudad llora sus muertos”.Lo que nadie había calculado, ocurrió: la masiva adhesión y participación del pueblo cordobés, que le puso una lápida al gobierno de Caballero e hirió de muerte a la dictadura. Las Flores, Güemes, Yofre,San Vicente, grandes sectores de Alta Córdoba, y por supuesto Alberdi, se plegaron a la protesta; hasta en Nueva Córdoba y el Centro hubo ejemplos de esa adhesión. Es decir, el Cordobazo fue organizado al detalle. Lo espontáneo fue la reacción popular, que explicaba el humo de cientos de fuegos que se elevaba hacia el cielo de una tarde de aspecto tristeA las cinco de la tarde entró el ejército, mientras la población parecía contener la respiración. Los ánimos comenzaron a aplacarse, salvo un apagón con el que Luz y Fuerza recordó su presencia y disparos aislados que no se sabía a ciencia cierta de dónde provenían. No encontré evidencias terminantes de francotiradores, pero es posible que se hicieran para inquietar a los bisoños soldados. Al día siguiente fueron detenidos Tosco, Torres y otros dirigentes, y sometidos a consejo de guerra. Las penas máximas recayeron sobre ellos dos, más Jorge Canelles, a quien habría perjudicado su condición de dirigente comunista.Qué dejó el Cordobazo es algo también muy largo de analizar, y la tarea corresponde a sociólogos e historiadores. Fue un ejemplo de dignidad popular, es solamente un aspecto parcial y casi limitado a lo ético. La expresión de una maduración política de la sociedad, es una afirmación cierta pero que también nos deja muy lejos. Hay que mencionar que en ese día se pueden ubicar los nombres de los primeros jefes de Montoneros y también de algunos que luego pertenecieron al ERP, nos ubicaría en una minoría ínfima. En fin, que hay muchas verdades pero todas referidas a facetas específicas. Habría que unirlas en un mosaico para interpretarlas, y aun así con el riesgo de no acertar en el diseño, de producir un esperpento. Tal vez lo más claro que quede de esos días –pero tan solamente de esos días- sea aquella consigna coreada por miles de personas, que exhortaba a luchar “por un gobierno obrero, obrero y popular”. Qué lejos parecen cuarenta años.* Periodista. En 1969, trabajaba en el vespertino diario Córdoba. Fue colaborador de Agustín Tosco. Actualmente es Director periodístico de Hoy Día Córdoba.
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Ajuntamos los textos del PGN
PROTOCOLlZACION
FECHA:
RES. PGN51 /09.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO:
La resolución de la Cámara de Apelaciones de Rosario, dictada el día 16 de
abril de 2009, en el marco del expediente n? 2315-P, "Srio. Avg. s/ Privación ilegítima de
la libertad (víctima: Argentino del Valle Larrabure) Ppal. 18/07 s/incidente de nulidad"
(expte. nO356/08), y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 20 de noviembre de noviembre de 2007 la Unidad Fiscal de
Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos durante el
terrorismo de Estado emitió un dictamen en el que puso de manifiesto diversas
irregularidades procesales en la tramitación de la causa n? 18/07 del registro del Juzgado
Federal n" 4 de Rosario. Concretamente, se señaló que: (a) se modificó injustificadamente
el régimen procesal; (b) al correr la vista del artículo 180 del CPPN se pretendió dar a la
investigación un impulso que ya tenía en el régimen procesal anterior; y (c) se le dio
intervención al Fiscal General a través de un mecanismo de consulta que de ningún modo
está previsto para casos en que juez y fiscal acuerdan sobre la trascendencia penal
(tipicidad) de una conducta y sólo discrepan sobre la vigencia de la acción penal (cuestión
que debía ser resuelta en los términos de los artículos 339 y ccts. del CPPN).
Que ante dicha situación los fiscales intervinientes efectuaron diversos planteo s
tendientes a que se dejaran sin efecto los actos procesales llevados a cabo fuera del marco
legal aplicable y a que se adoptaran las decisiones correspondientes en un todo de acuerdo
con la normativa procesal.
Que al decidir diversos planteo s efectuados por los representantes del
Ministerio Fiscal, la Cámara Federal de Rosario señaló que "[oo.] resultan preocupante s, las
sucesivas y constantes articulaciones de revocatoria o nulidad de los fiscales intervinientes,
que no se compadecen plenamente con la defensa de la legalidad ni los derechos de las
partes, y que sin duda han provocado desgaste jurisdiccional, que debe ser evitado, no sólo
en beneficio de lalabor de los jueces y fiscales, sino en aras de los intereses generales de la
sociedad (art. 120 eN.)".
Que, al respecto, cabe señalar que el velar por la observancia de las normas
procesales forma parte sustancial de la función de promover la actuación de la justicia en
defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad que la Constitución
nacional asigna al Ministerio Público Fiscal (art. 120 Consto naco yart. 1 de la LOMP). Es
claro que el resguardo del debido proceso por parte de los fiscales de ningún modo puede
ser visto como un valor contrapuesto a esas funciones constitucionales, como parecería
surgir de la resolución de la Cámara Federal de Rosario. Precisamente, garantizar que el
proceso penal se desarrolle conforme a las normas vigentes es un deber ineludible de los
fiscales en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
Que, en consecuencia, al advertirse lo que en principio podría constituir una
manifiesta perturbación al ejercicio de las funciones de los fiscales federales intervinientes,
entiendo corresponde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la ley 24.946-
rechazar lo manifestado por la Cámara Federal de Rosario en la resolución citada y
ratificar la actuación de los fiscales, quienes han efectuado las presentaciones que han
estimado convenientes en el marco de la autonomía propia de la magistratura que
desempeñan y, a fin de cumplir la misión que la Constitución nacional asigna al Ministerio
Fiscal que integran (art. 120 Consto nac.).
Por todo lo expuesto:
EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°: Rechazar las consideraciones vertidas por la Cámara Federal de Rosario en la
resolución dictada el día 16 de abril de 2009 en el marco del expediente n? 2315-P, "Srio.
Avg. s/ Privación ilegítima de la libertad (víctima: Argentino del Valle Larrabure) Ppal.
18/07 s/ incidente de nulidad" (expte. n? 356/08) con respecto a los fiscales del
Ministerio Público Fiscal de la Nación, y ratificar su actuación en el entendimiento de que
se cumplió de acuerdo con la normativa legal vigente y dentro del ámbito de autonomía
funcional propia de la magistratura que ejercen (art. 120 Consto nac. ---\ y ley 24.946).
\
Artículo 2°: Protocolícese, comuníquese al Co~sejo de la Magistratura del Poder Judicial
I
de la Nación, a la Cámara Federal de Rosario y * los fiscales de esa jurisdicción y archívese.
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PROTOCOLIZACION
FECHA: :
Buenos Aires,26 de mayo de 2009.
VISTO:
La resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Códoba del 11
de marzo de 2009 adoptada en el marco de la causa n? 281/08, caratulada "Menéndez,
Luciano Benjamín y otros p. ss. aa. privación ilegítima de la libertad; imposición de
tormentos agravados y homicidio agravado", y
CONSIDERANDO:
Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la ciudad de Córdoba
remitió a esta Procuración General de la Nación copia de la resolución adoptada en la
causa N° 281, caratulada "Menéndez, Luciano Benjamín y otros p. ss. aa. privación
ilegítima de la libertad; imposición de tormentos agravados y homicidio agravado", por la
que se rechazó el planteo recusatorio interpuesto por el fiscal subrogante José Fabián Asís
respecto del vocal de ese cuerpo colegiado, doctor Carlos Otero Álvarez, y a su vez
dispuso:
"JI) Formular denuncia de la actuación del señor Fiscal General Subrogante
Dr. José Fabián Asís ante el Señor Procurador General de la Nación a los fines que
hubiere lugar, conforme arto 16 de la Ley 24.946.
"IJI) Solicitar al señor Procurador General de la Nación la remoción del señor
Fiscal General Subroganre Dr. José Fabián Asís en esta causa y la designación de un Fiscal
sustituto que cumpla los requisitos de estabilidad consagrados en el arto 13 de la Ley
24.946 como garantía de las partes en este proceso por violaciones de Derechos
Humanos.
"IV) Elevar copia de la presente resolución jurisdiccional al Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación y a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, a
sus efectos."
Que, a la luz del contenido del resolutorio en cuestión, como medida
preliminar, se le dio intervención a la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las
causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de
v~stado, que emitió un pormenorizado informe acerca de los antecedentes y fundamentos
del planteo recusatorio formulado por el fiscal José Fabián Asís y los términos de la
decisión del tribunal oral federal de Córdoba. Allí se concluye en que la actividad procesal
desempeñada por el fiscal José Fabián Asís se ha ajustado a su función como
representante del Ministerio Público Fiscal en defensa de la legalidad y los intereses
generales de la sociedad y se sugiere la desestimación de la denuncia y la solicitud de
remoción formulados por resultar improcedentes, inexactas e infundadas.
Que, analizadas estas actuaciones, corresponde expresar que comparto en un
todo el informe elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación, lo hago propio y parte
integrante de esta resolución.
Que, ciertamente, cabe señalar que el velar por la observancia de las normas
procesales forma parte sustancial de la función de promover la actuación de la justicia en
defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad que la Constitución
nacional asigna al Ministerio Público (art. 120 de la Consto naco yart. 1 de la LOMP). Es
claro que el resguardo del debido proceso por parte de los fiscales de ningún modo puede
ser visto como un valor contrapuesto a esas funciones constitucionales, como parecería
surgir de la resolución del Tribunal Oral Federal de Córdoba analizada. Precisamente,
garantizar que el proceso penal se desarrolle conforme a las normas vigentes es un deber
ineludible de los fiscales en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la
sociedad.
Que, en consecuencia, al advertirse lo que en principio podría constituir una
manifiesta perturbación al ejercicio de las funciones de los fiscales federales intervinientes,
entiendo corresponde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la ley 24.946,
rechazar lo manifestado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba en
la resolución citada y ratificar la actuación del fiscal José Fabián Asís, quien ha efectuado
las presentaciones que ha estimado convenientes en el marco de la autonomía propia de la
magistratura que desempeña, y a fin de cumplir la misión que la Constitución nacional
asigna al Ministerio Fiscal que integra (art. 120 Const. nac.).
Por todo lo expuesto:
EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°: Desestimar la denuncia y la solicitud de remoción formulados por el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba por resolución del 11 de marzo de 2009
PROTOCOLlZACION
FECHA:
el marco de la causa n? 281/08, caratulada "Menéndez, Luciano Benjamín y otros p. ss. aa.
privación ilegítima de la libertad; imposición de tormentos agravados y homicidio
agravado", por resultar improcedentes, inexactas e infundadas; expresar el rechazo a las
consideraciones allí vertidas con respecto al fiscal subrogante del Ministerio Público Fiscal
de la Nación, doctor José Fabián Asís; y ratificar su actuación en tanto se cumplió de
acuerdo a la normativa legal vigente y dentro del ámbito de autonomía funcional propia de
la magistratura que ejerce (art. 120 Consto naco y ley 24.946).
Artículo 2°: Protocolícese, comuníquese al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
de la Nación, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a la
Secretaría Legal y Técnica Presidencia de la Nación, al Tribunal Oral en lo Criminal
\
Federal N° 1 de Córdoba, a la CámaraFederal de Apelaciones de Córdoba y a los fiscales
de esa jurisdicción y archívese.

Fuente
www.diariojudicial.com

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Lesa humanidad: en Córdoba niegan excarcelar a un imputado
29/05/2009 - La Cámara Federal rechazó liberar a Emilio Morard, quien se desempeñó como agente civil de inteligencia durante el útlimo gobierno de facto. La medida recayó en dos causas, en las que está imputado por violaciones a los derechos humanos. Fallos completos
Fallo en causa "Herrera" 90.32 Kb.
Fallo en causa "Díaz" 92.72 Kb.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó excarcelar a Emilio Morard, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto en aquella provincia.
La misma decisión recayó en dos causas en las que Morard es investigado por su participación en crímenes contra los derechos humanos, mientras se desempeñaba como agente civil de inteligencia, en el grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino, que habría estado específicamente destinado en el “lugar de reunión de detenidos” La Perla
En ambos casos, la cámara confirmó los fallos de primera instancia que negaron liberar a Morard, quien se encuentra detenido desde marzo de 2007.
Morard está imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio agravado y sustracción de menor de 10 años.
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Confirman prórroga de prisión preventiva para Ricardo Cavallo
29/05/2009 - La Sala II de la Cámara Federal rechazó un planteo del ex oficial de Inteligencia, en uno de los tramos de la megacausa ESMA. El tribunal ratificó una decisión de primera instancia. Fallo completo
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó la prórroga por un año de la prisión preventiva de Ricardo Miguel Cavallo, ex oficial de Inteligencia de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en una causa en la que se investigan los delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y asociación ilícita cometidos durante el último gobierno militar.
El tribunal ratificó así un fallo de primera instancia, y afirmó que “después de tantos obstáculos para avanzar en las investigaciones y la actual etapa de elevación al juicio, no puede soslayarse ante las características de los eventos, la presión que su libertad puede ejercer hacia quienes, habiendo sobrevivido, hayan declarado o deban declarar en su contra y que, eventualmente, tengan que confrontarlos en oportunidad del debate oral y público…”
En la causa se investiga la responsabilidad del ex oficial en el secuestro, desaparición y sustracción de diversos bienes de Conrado Higinio Gómez el 10 de enero de 1977.
Los camaristas determinaron que “resulta válido sostener que persiste en autos un riesgo procesal de entorpecimiento del proceso, actual, concreto y de elevada magnitud, así como un peligro de fuga que imposibilite la realización del juicio”.
Y concluyeron: “El plazo de detención que viene sufriendo el encausado Cavallo, por el momento y en el estado actual de la causa, no se ha extendido de una manera que lo haga aparecer como irrazonable”.
Fuente:
www.cij.gov.ar

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-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
EL PAIS › EL 1º DE SEPTIEMBRE EMPIEZA UN JUICIO A SIETE REPRESORES
Un ex juez federal en el banquillo santafesino
Desde Santa Fe
El Tribunal Oral Federal definió la fecha del juicio oral y público a siete presos por delitos de lesa humanidad en Santa Fe: será el 1° de septiembre. Las audiencias sentarán en el banquillo al único militar que sigue bajo proceso: el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, coronel Domingo Manuel Marcellini; al ex juez federal Víctor Brusa y a cinco policías: los ex comisarios Héctor Romeo Colombini, Juan Calixto Perizzotti, Mario José Facino, la ex carcelera María Eva Aebi y el ex oficial de Inteligencia, Eduardo Ramos.
El tribunal apartó del juicio al principal responsable del aparato represivo en el período más sangriento de la dictadura: el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, a quien la semana pasada la Cámara Nacional de Casación Penal dejó en libertad por el “agravamiento ostensible de su salud”, que lo obliga a estar postrado y asistido por un respirador.
El juicio a Brusa y compañía será el segundo en Santa Fe. El primero comenzará el 30 de junio, cuando sea juzgado el ex gremialista de la Uocra Horacio Américo Barcos, que operó como personal civil del Ejército.
La investigación a los siete presos por delitos de lesa humanidad se remonta a 2002, fue la primera en la que el juez federal Reinaldo Rodríguez –después apartado de la causa– declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, acumuló miles de fojas, decenas de pruebas y el testimonio de más de cien testigos, que ahora volverán a declarar en las audiencias públicas.
Los siete imputados están presos desde hace cuatro años, desde principios de 2005, pero sólo tres detenidos en cárceles: Brusa y Ramos, en Las Flores, y Aebi, en la Estación de Tránsito. Los otros cuatro: Marcellini y los comisarios Colombini, Perizzotti y Facino tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. Desde entonces están procesados por varios cargos: “privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos”, en distintos grados. Y seis ellos –excepto Marcellini–, imputados por “asociación ilícita”, aunque esta causa fue desdoblada, está en la etapa de instrucción y aún no fue elevada a juicio por el conjuez Ricardo Lazzarini, lo que significa que después de este proceso habrá un segundo debate oral y público.
Después de varias vicisitudes, el Tribunal quedó integrado por dos conjueces: Andrea Alberto de Creus y Carlos Renna y el juez del Tribunal Oral de Paraná, Roberto Manuel López Arango, quien reemplazó al abogado santafesino Martín Gutiérrez, que pidió apartarse del cargo por sentirse “coaccionado” por el Gobierno para condenar a los acusados por violaciones a los derechos humanos. Gutiérrez solicitó que lo eximan de su obligación de juzgar a Brusa y los demás por considerarse objeto de “violencia moral y psíquica, producto de las recientes declaraciones y amenazas, de público y notorio, surgidas desde el mismo seno del Estado nacional”, dijo. La Cámara Nacional de Casación Penal aceptó su renuncia, pero confirmó a los otros dos conjueces que también habían sido recusados por la defensa de Brusa.
En la resolución que convoca a las audiencias, el Tribunal apartó también del juicio al coronel Rolón con el argumento del “deterioro ostensible de su salud”. “En función de los certificados médicos recibidos corresponde suspender la tramitación de la causa respecto al procesado Juan Orlando Rolón, al igual que los términos de la citación a juicio”, dice el decreto que firman Alberto de Creus y sus colegas Renna y López Arango.
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EL MUNDO › ANUNCIO EXCAVACIONES PARA ENCONTRAR RESTOS DE DESAPARECIDOS
Bolivia remueve su pasado
La ministra de Justicia, Celima Torrico, anunció que participará de la búsqueda el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y que ya se identificaron diecinueve sitios para la búsqueda. Pero los familiares siguen en huelga de hambre.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue convocado a trabajar en Bolivia.

Por Sebastián Ochoa
Desde Santa Cruz
La ministra de Justicia, Celima Torrico, anunció ayer que el mes próximo comenzarán las excavaciones en Teoponte, departamento de La Paz, donde 58 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron asesinados en 1970 por las fuerzas armadas. La ministra informó que ya se identificaron 19 sitios para iniciar la búsqueda.
Hasta hoy se sabía poco y nada del destino que tuvieron esos cadáveres y el de otros 170 desaparecidos durante las dictaduras que mandaron hasta los ’80. Pero el anuncio de la ministra no satisfizo para nada a las tres mujeres que motorizaron el reclamo.
Martha Montiel, la hija de Tirso Montiel, uno de los asesinados en Teoponte, había entrado en huelga de hambre el cinco de mayo pasado para que los militares digan dónde están los restos de su padre Tirso, muerto en Teoponte, y dónde están los demás desaparecidos. Junto a ella, Olga Flores y Hortensia de Flores no comen desde hace 25 días a la espera de una respuesta tangible del Estado boliviano. Olga Flores exige saber dónde está su hermano Carlos Flores, desaparecido durante la dictadura de Luis García Meza. Hortensia de Flores pide por su marido, Rodolfo Flores Sanmillán, secuestrado por la dictadura de René Barrientos en 1968 y enviado a Paraguay como parte del Plan Cóndor.
Ayer, las mujeres anunciaron que siguen de huelga porque consideran que el gobierno nacional “miente”. Aseguran que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que participará de la búsqueda, vendrá recién en julio no para trabajar, sino para dialogar sobre este tema con el gobierno.
Montiel, periodista chileno, fue uno de los 67 guerrilleros que continuaron la campaña de Ernesto “Che” Guevara fracasada en 1967. Tuvieron peor suerte que el grupo dirigido por el cubano-argentino: en sólo cien días, entre mil militares bolivianos eliminaron a 58 rebeldes, contra cuatro bajas propias. Venían ejercitados del combate contra los insurgentes del ’67 en el sur del país, también iban acompañados de militares de EE.UU. y usaban su armamento. Además, continuaba en vigor el pacto militar-campesino, por lo que los insurgentes eran rechazados y denunciados en la mayoría de las poblaciones rurales.
El ELN evaluaba que un foco revolucionario, a 300 kilómetros de la ciudad de La Paz, podría captar la adhesión de las masas explotadas, pero la oportuna intervención de las fuerzas armadas los aisló en lo profundo de la selva hasta matarlos de hambre, cuando no lo hacían con tiros. Los revolucionarios contaban con un brazo urbano que actuaría en coordinación con la guerrilla rural, pero los de Teoponte perdieron velozmente su equipo de comunicación y quedaron desconectados.
Los guerrilleros de Teoponte eran mayormente bolivianos. También había chilenos, argentinos, un brasileño, un colombiano y un español-estadounidense. Un argentino era Ricardo Puente (“Diego” su nombre de guerra), que participó de los atentados a 16 supermercados de Mini Max organizado en 1969 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Puente estuvo entre las decenas de desertores del ELN. Uno de los motivos que generó más abandonos en la guerrilla fue la llegada al poder en 1969 del general izquierdista Alfredo Ovando Candia mediante un golpe de Estado. Su gobierno contaba con apoyo popular porque había nacionalizado la petrolera norteamericana Gulf Oil y había detenido la represión a las organizaciones políticas y sindicales.
Uno de los pocos sobrevivientes de la guerrilla fue Osvaldo “Chato” Peredo, su comandante, hermano menor de Coco e Inti Peredo. Inti, que había fundado el ELN junto a Guevara en Ñancahuazú, fue asesinado por las fuerzas armadas en 1969. Actualmente, el sobreviviente de los Peredo es concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad de Santa Cruz. En 1970 habría ordenado la ejecución de dos guerrilleros, uno boliviano y otro chileno, porque habían robado una lata de sardinas, según el investigador Gustavo Rodríguez Ostria.
La Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) señaló al gobierno 18 sitios de Teoponte donde estarían enterrados guerrilleros. “No son desaparecidos. Son caídos en combate. Si hubiéramos tenido posibilidades económicas, empezábamos las excavaciones 30 años atrás porque sabemos dónde buscar. Recién ahora tenemos acceso a la cooperación internacional para financiarlas”, dijo a Página/12 Delia Cortez, presidenta de Asofamd.
“Es una nueva treta del gobierno. Nos dijeron que comenzarán las excavaciones en junio, pero nos comunicamos con la directora del EAAF y nos aseguró que vendrían después de julio para iniciar las negociaciones con el gobierno. No hay fecha para el inicio de la búsqueda, el gobierno nos ha mentido nuevamente. Juega con nuestra salud mental, es una tortura psicológica lo que vivimos. Hasta ahora tenemos cuatro promesas del gobierno para ir a Teoponte y nunca ha cumplido”, dijo a este diario la hija de Montiel.
Para las tres mujeres que están en huelga de hambre desde hace casi un mes, la protesta sigue.
Fuente: Pagina 12
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-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Un verdadero GENOCIDIO , de los tantos que se cometen en nuestro país todos los días. Este es terrible, porque es una muerte lenta y los niños son conscientes de lo que les puede pasar.

Quien sabe que se comete un crimen y no lo denuncia es un cómplice
José Martí


El 'mosquito' es una máquina que vuela bajo y 'riega' una nube de plaguicida.
CHICOS ROCIADOS CON PESTICIDAS TRABAJAN COMO BANDERAS HUMANAS. Escrito por Diario La Capital - Rosario -


'A veces me agarra dolor de cabeza en el medio del campo. Yo siempre llevo remera con cuello alto para taparme la cara y la cabeza'.Gentileza de Arturo Avellaneda
arturavellaneda@ msn.com
LOS NIÑOS FUMIGADOS DE LA SOJA
Argentina / Norte de la provincia de Santa Fe Diario La Capital
Las Petacas, Santa Fe,
29 septiembre 2006
El viejo territorio de La Forestal, la empresa inglesa que arrasó con el quebracho colorado, embolsó millones de libras esterlinas en ganancias, convirtió bosques en desiertos, abandonó decenas de pueblos en el agujero negro de la desocupación y gozó de la complicidad de administraciones nacionales, provinciales y regionales durante más de ochenta años.
Las Petacas se llama el exacto escenario del segundo estado argentino donde los pibes son usados como señales para fumigar.
Chicos que serán rociados con herbicidas y pesticidas mientras trabajan como postes, como banderas humanas y luego serán reemplazados por otros.
'Primero se comienza a fumigar en las esquinas, lo que se llama 'esquinero'.
Después, hay que contar 24 pasos hacia un costado desde el último lugar donde pasó el 'mosquito', desde el punto del medio de la máquina y pararse allí', dice uno de los pibes entre los catorce y dieciséis años de edad.
El 'mosquito' es una máquina que vuela bajo y 'riega' una nube de plaguicida..
Para que el conductor sepa dónde tiene que fumigar, los productores agropecuarios de la zona encontraron una solución económica: chicos de menos de 16 años, se paran con una bandera en el sitio a fumigar..
Los rocían con 'Randap' y a veces '2-4 D' (herbicidas usados sobre todo para cultivar soja). También tiran insecticidas y mata yuyos.
Tienen un olor fuertísimo.
'A veces también ayudamos a cargar el tanque. Cuando hay viento en contra nos da la nube y nos moja toda la cara', describe el niño señal, el pibe que será contaminado, el número que apenas alguien tendrá en cuenta para un módico presupuesto de inversiones en el norte santafesino.
No hay protección de ningún tipo.
Y cuando señalan el campo para que pase el mosquito cobran entre veinte y veinticinco centavos la hectárea y cincuenta centavos cuando el plaguicida se esparce desde un tractor que 'va más lerdo', dice uno de los chicos.
'Con el 'mosquito' hacen 100 o 150 hectáreas por día. Se trabaja con dos banderilleros, uno para la ida y otro para la vuelta. Trabajamos desde que sale el sol hasta la nochecita. A veces nos dan de comer ahí y otras nos traen a casa, depende del productor', agregan los entrevistados.
Uno de los chicos dice que sabe que esos líquidos le puede hacer mal: 'Que tengamos cáncer', ejemplifica. 'Hace tres o cuatro años que trabajamos en esto. En los tiempos de calor hay que aguantárselo al rayo del sol y encima el olor de ese líquido te revienta la cabeza.
A veces me agarra dolor de cabeza en el medio del campo. Yo siempre llevo remera con cuello alto para taparme la cara y la cabeza', dicen las voces de los pibes envenenados.
-Nos buscan dos productores.
Cada uno tiene su gente, pero algunos no porque usan banderillero satelital.
Hacemos un descanso al mediodía y caminamos 200 hectáreas por día.
No nos cansamos mucho porque estamos acostumbrados..
A mí me dolía la cabeza y temblaba todo. Fui al médico y me dijo que era por el trabajo que hacía, que estaba enfermo por eso', remarcan los niños.
El padre de los pibes ya no puede acompañar a sus hijos. No soporta más las hinchazones del estómago, contó. 'No tenemos otra opción. Necesitamos hacer cualquier trabajo', dice el papá cuando intenta explicar por qué sus hijos se exponen a semejante asesinato en etapas.
La Agrupación de Vecinos Autoconvocados de Las Petacas y la Fundación para la Defensa del Ambiente habían emplazado al presidente comunal Miguel Ángel Battistelli para que elabore un programa de erradicación de actividades contaminantes relacionadas con las explotaciones agropecuarias y el uso de agroquímicos.
No hubo avances.
Los pibes siguen de banderas.
Es en Las Petacas, norte profundo santafesino, donde todavía siguen vivas las garras de los continuadores de La Forestal.
Fuente: Diario La Capital, Rosario, Argentina
Un verdadero GENOCIDIO , de los tantos que se cometen en nuestro país todos los días. Este es terrible, porque es una muerte lenta y los niños son conscientes de lo que les puede pasar.

Quien sabe que se comete un crimen y no lo denuncia es un cómplice
José Martí


El 'mosquito' es una máquina que vuela bajo y 'riega' una nube de plaguicida.
CHICOS ROCIADOS CON PESTICIDAS TRABAJAN COMO BANDERAS HUMANAS. Escrito por Diario La Capital - Rosario -


'A veces me agarra dolor de cabeza en el medio del campo. Yo siempre llevo remera con cuello alto para taparme la cara y la cabeza'.Gentileza de Arturo Avellaneda
arturavellaneda@ msn.com
LOS NIÑOS FUMIGADOS DE LA SOJA
Argentina / Norte de la provincia de Santa Fe Diario La Capital
Las Petacas, Santa Fe,
29 septiembre 2006
El viejo territorio de La Forestal, la empresa inglesa que arrasó con el quebracho colorado, embolsó millones de libras esterlinas en ganancias, convirtió bosques en desiertos, abandonó decenas de pueblos en el agujero negro de la desocupación y gozó de la complicidad de administraciones nacionales, provinciales y regionales durante más de ochenta años.
Las Petacas se llama el exacto escenario del segundo estado argentino donde los pibes son usados como señales para fumigar.
Chicos que serán rociados con herbicidas y pesticidas mientras trabajan como postes, como banderas humanas y luego serán reemplazados por otros.
'Primero se comienza a fumigar en las esquinas, lo que se llama 'esquinero'.
Después, hay que contar 24 pasos hacia un costado desde el último lugar donde pasó el 'mosquito', desde el punto del medio de la máquina y pararse allí', dice uno de los pibes entre los catorce y dieciséis años de edad.
El 'mosquito' es una máquina que vuela bajo y 'riega' una nube de plaguicida..
Para que el conductor sepa dónde tiene que fumigar, los productores agropecuarios de la zona encontraron una solución económica: chicos de menos de 16 años, se paran con una bandera en el sitio a fumigar..
Los rocían con 'Randap' y a veces '2-4 D' (herbicidas usados sobre todo para cultivar soja). También tiran insecticidas y mata yuyos.
Tienen un olor fuertísimo.
'A veces también ayudamos a cargar el tanque. Cuando hay viento en contra nos da la nube y nos moja toda la cara', describe el niño señal, el pibe que será contaminado, el número que apenas alguien tendrá en cuenta para un módico presupuesto de inversiones en el norte santafesino.
No hay protección de ningún tipo.
Y cuando señalan el campo para que pase el mosquito cobran entre veinte y veinticinco centavos la hectárea y cincuenta centavos cuando el plaguicida se esparce desde un tractor que 'va más lerdo', dice uno de los chicos.
'Con el 'mosquito' hacen 100 o 150 hectáreas por día. Se trabaja con dos banderilleros, uno para la ida y otro para la vuelta. Trabajamos desde que sale el sol hasta la nochecita. A veces nos dan de comer ahí y otras nos traen a casa, depende del productor', agregan los entrevistados.
Uno de los chicos dice que sabe que esos líquidos le puede hacer mal: 'Que tengamos cáncer', ejemplifica. 'Hace tres o cuatro años que trabajamos en esto. En los tiempos de calor hay que aguantárselo al rayo del sol y encima el olor de ese líquido te revienta la cabeza.
A veces me agarra dolor de cabeza en el medio del campo. Yo siempre llevo remera con cuello alto para taparme la cara y la cabeza', dicen las voces de los pibes envenenados.
-Nos buscan dos productores.
Cada uno tiene su gente, pero algunos no porque usan banderillero satelital.
Hacemos un descanso al mediodía y caminamos 200 hectáreas por día.
No nos cansamos mucho porque estamos acostumbrados..
A mí me dolía la cabeza y temblaba todo. Fui al médico y me dijo que era por el trabajo que hacía, que estaba enfermo por eso', remarcan los niños.
El padre de los pibes ya no puede acompañar a sus hijos. No soporta más las hinchazones del estómago, contó. 'No tenemos otra opción. Necesitamos hacer cualquier trabajo', dice el papá cuando intenta explicar por qué sus hijos se exponen a semejante asesinato en etapas.
La Agrupación de Vecinos Autoconvocados de Las Petacas y la Fundación para la Defensa del Ambiente habían emplazado al presidente comunal Miguel Ángel Battistelli para que elabore un programa de erradicación de actividades contaminantes relacionadas con las explotaciones agropecuarias y el uso de agroquímicos.
No hubo avances.
Los pibes siguen de banderas.
Es en Las Petacas, norte profundo santafesino, donde todavía siguen vivas las garras de los continuadores de La Forestal.
Fuente: Diario La Capital, Rosario, Argentina Es de Reconquista y nació en un sanatorio local durante la última dictadura.
Padres e hijo ya se encontraron y se reconocieron.
Solo falta que el juzgado federal -que dispuso los ADN- les diga que el resultado es "positivo", lo que ocurrirá en las próximas horas. Los tres nos contaron que están ansiosos.
El rol de un programa de radio que aceleró el encuentro ...y las emociones.
Apasionantes relatos que conmovieron a la audiencia y probablemente a quienes lean este artículo.
Gieco puede escribir otra canción.
Hace 32 años, mientras su marido Rubén Moulín estaba detenido por los militares, Luisa Prattodio a luz un varón en el Sanatorio Reconquista, donde el RN ya era nombrado con el apellido falso y así pasó inmediátamente a manos de su madre de crianza, quien vive en Reconquista y está en situación muy complicada, igual que la médica Gladis Nasasky de Martino, quien asistió el parto y certificó lo que no ocurrió: que el alumbramiento fue realizado por la señora Cecilia Góngora.
Esta acusación surgió en el marco de la investigación de los delitos de lesa humanidad en los 70, causa que tramita el juzgado federal de Reconquista y en la que ya hay varios detenidos y prófugos con pedido de captura internacional. Tras escuchar el testimonio de Luisa Pratto, el juez resolvió abrir otra causa que con los ADN pegó un gran salto y derivaría en detenciones.
EMOCIONES TRANSMITIDAS EN LA RADIO QUE LOS UNIÓ
Emociones. Eso generó escuchar en la tarde de Radio General Obligado a los padres de José, 32, a horas de la notificación oficial del ADN positivo.
Luisa reveló cómo fue el emocionante encuentro con su hijo, quien trabaja en una industria de la Ciudad de Avellaneda.
El joven contó que cuando escuchó el caso en nuestro programa de Radio General Obligado, el año pasado, sospechó que el protagonista era él.
Sabía que no era hijo biológico de Cecilia pero no conocía la historia. Por eso aceptó el encuentro con sus padres, psicólogo del poder judicial mediante y ahí se emocionaron todos. Es que el funcionario judicial testigo del encuentro los vio tan parecidos que sonrieron como si se tratara de una picardía, como que no hacía falta el ADN, estaba cantado. Es que José es parecido a su padre, tanto como su hijo lo es con el abuelo. Los genes de Moulín se transmiten claramente en la fisonomía.
-¿Cómo está a horas de que sea confirmada la verdad?, le preguntamos este martes 26 de mayo en la tarde de AM 1440.
"Qué querés que te diga después de 32 años de lucha y sufrimiento?. Tengo frío, tengo calor, me duele el estómago. Mi hijo está contento y ha llorado mucho".
HISTORIA INVENTADA
Luisa nos contó que a su hijo "le vendieron otra cosa". Si bien siempre le reconocieron que no era hijo biológico (aunque así figura en la partida de nacimiento conseguida con el certificado de nacimiento engañoso), le dijeron que no sabían bien quién era la madre y que llegó a esa familia a los 8 años de edad.
José siempre quiso saber su identidad pero no contó con la colaboración de sus íntimos. Así que al escuchar el caso de supresión de identidad revelado en nuestro programa de radio se interesó por la historia y quiso saber quién era esa mujer que por su calidad de testigo protegido en la causa por delitos de lesa humanidad prefería reservar su identidad, nos contó su caso pero con el pedido de no revelar su nombre, solo a ese joven que quiso tomar contacto con ella y pidió su número telefónico.
-¿Cómo fue?
-"El me llamó por teléfono en enero y me dijo -soy fulano de tal, soy tu hijo. Y yo soñaba eso".
José le contó que "durante un mes llamaba y cortaba, llamaba y cortaba. Yo siempre tenía el presentimiento que era él".
REVELAR TODO
"Primero me pedía que tapara a la supuesta madre, ahora me dice: .
Luisa remarca que José es el calco de Rubén (su padre). Cuando lo detuvieron era igual que él. Lo del ADN es una formalidad, por eso a horas de revelar el resultado ya se da por hecho lo que confirmará.
EN EL SANATORIO
Luisa recuerda que con 23 años de edad ingresó al sanatorio Reconquista el 26 de marzo de 1977 y 45 minutos después dio a luz, asistida en el parto por la Dra Nasasky de Martino. "Me hicieron pasar no más, sin mostrar documentos ni papeles, directamente me pasaron a la sala de parto".
A la hora de dar de mamar al recién nacido, algo la sorprendió: -"Señora Cecilia Góngora de Secretín, dele de mamar a su bebé". Era el pediatra Restanio, quien la llamó por el nombre de la futura madre postiza, la mujer de un señor que trabajaba en la terminal de ómnibus de Reconquista para la empresa La Internacional, quienes figuran como padres biológicos.
Luisa deduce que no fue un error. Cree que Restanio no tenía ni idea de lo que estaba acordado. Cree que los que estaban al tanto de todo eran Cecilia Góngora de Secretín, la Dra Nasasky y una tía de Rubén Moulín, padre del recién nacido, quien por esos días estaba detenido por los militares y sometido a torturas. Cree que las enfermeras sabían que ella no era Cecilia Góngora, por la manera que actuaban.
¿Cuál era el "peso" de la familia Secretín Góngora para conseguir el "favor" siendo que no tenían poderío económico?
Luisa cree que fue su vínculo con los militares. "Ella es hija de un militar que trabajaba en El Palomar (ya falleció) y tenía dos hermanos más que eran militares".
Considera que tener esos vínculos en la dictadura la hacía sentir poderosa a la "apropiadora", ya que cuando tuvieron algunos cruces en la calle la desafiaba con verse ante la Corte Suprema de Justicia.
EL HOMBRE MÁS PODEROSO DE LA CIUDAD LO SABÍA
Cuenta Luisa que el día que los militares liberaron a su hermana menor, de 18 años, también "detenida 45 días en la base, violada y torturada", el Capitán Sambuelli le sugirió que vaya al sanatorio Reconquista que su hermana había dado a luz.
"Yo era una inocente aterrada. Me desmantelaron la casa. ¿Sabés lo que es encontrar tu casa desmantelada?. Mi hermana me decía para salir a disparar con el bebé. Eso no ocurrió y el bebé se fue en otros brazos. Dice que lo llevó el señor Secretín, quien después lo inscribió en el Registro Civil como si fuera su propio hijo.
Allí estaría el delito de "supresión de identidad", para lo cual se falsificó documentación, con una profesional del sanatorio que certificó el nacimiento. Esos son los presuntos delitos que se investigan, nos explicó en la tarde de Radio General Obligado el fiscal federal Roberto Salum.
¿Por qué no denunció la sustracción del bebé?.
Luisa dice que hay que entender lo que se vivía en la dictadura que le había detenido a su marido y a su hermana menor, que le hacían la vida imposible en la calle, con amenazas de muerte y simulacro de fusilamiento. "Yo tenía miedo, no tenía amparo de nadie, ningún familiar, mis padres muertos, mi marido preso y los milicos que no me dejaban de joder".
Reiteró que a su hermana la violaron en la III Brigada Aérea y reveló cómo es que a ella la violaron en la Unidad Regional IX, donde fue citada bajo engaño, supuestamente tenía que ir a retirar la ropa de su marido que ya lo habían matado. Fue y la violaron. Su ex pareja sigue vivo.
EN DEMOCRACIA
Luisa recuerda que "en el noventa fui a pedir por mi hijo a un juzgado de Vera y la respuesta fue.
En esa época todavía no había organismos a los cuales recurrir". Desde que el Estado decidió respaldar la búsqueda de la verdad de las victimas, Luisa se animó y así está a horas de recuperar su hijo, aunque él ya le dice "Mami".
BABERO PARA EL PADRE Y ABUELO
Jorge Moulín está tan emocionado como un padre primerizo. Con su hija Gisela y una hermana están mirando fotos de la historia familiar y no dejan de repetir lo parecidos que son. Todos tienen genes de Moulin, se jacta.
Recuerda que el profesional que los atendió en el Hospital Duran de Buenos Aires donde fueron para que les hagan las extracciones para determinar los ADN "nos miró, nos siguió mirando y sonrió como diciendo <¿para qué vamos a hacer el ADN?>".
Es notable el parecido con su hijo y con su nieto, al que también acaba de conocer.
Doblemente emocionado ...y agradecido. "Agradezco que a través de tu medio se acortaron muchas distancias", nos dijo al aire en la tarde de Radio General Obligado, donde destacó "la coherencia" del trabajo periodístico.
Hay un nuevo capítulo en este caso que hemos seguido desde que Luisa se decidió a contarnos su historia, primero con temores, por eso incluso nos pidió mantener en reserva su identidad, la que al primero que nos autorizó a revelarsela es a un joven oyente que al enterarse pensó que podía ser también su historia y quería hablar con ella. Hablaron por teléfono y al instante sabían quienes eran: MADRE E HIJO.

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Formosa

Miembros del Tribunal inspeccionaron La Escuelita y el ex cementerio del Itatí
Miembros del Tribunal Oral Federal que preside el Dr. Eduardo Belforte estuvieron en las instalaciones de lo que se conoció como “La Escuelita”, un centro clandestino de detención dependiente de la Policía provincial que funcionó en la ex colonia San Antonio durante la última dictadura militar, y uno de los últimos lugares donde se lo vio con vida al abogado paraguayo Fausto Carrillo.
Fuente: La Mañana--
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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS Santa fe, Jueves 28 de Mayo de 2009 - 15:27 Temp: 15°C
CAUSAS REPRESIÓN
Reconquista: otra detención por violaciones a los derechos humanos
Se trata de Héctor Aglieri, quien durante la última dictadura militar se desempeñó como Jefe de la 1ª Companía de Servicios de la Guardia Rural Los Pumas. Es la primera detención de un personal de esta fuerza por el centro clandestino de detención que funcionó en el cuartel general de la Guardia Rural en Santa Felicia, en el departamento Vera.
Tapa Noticia 27-05-2009
Por Marcelo Manzatto para ECWEn el marco de la causa que se investiga en el Juzgado Federal de Reconquista por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la última dictadura militar en el norte de la provincia de Santa Fe, en la mañana de este miércoles se produjo la detención de Héctor Aglieri (a) "El Rengo" en la ciudad de Vera por parte de personal de Gendarmería Nacional.Según dijeron a FM Activa fuentes vinculadas al procedimiento al momento de realizarse la detención, Aglieri se aprestaba a asar un chivo como parte de los festejos por su cumpleaños.
Con esta detención ya suman siete la que se produjeron en el marco de la misma causa. Cinco son policías que actuaron en la U.R IX de policía. Todos procesados y con apelación presentada por los abogados defensores ante la Cámara de Resistencia. Otro de los procesados es el capitán Danilo Sambuelli por su actuación en la III Brigada Aérea y que actualmente se encuentra en el penal de Marcos Paz. La detención de Aglieri es la primera que se produce por hechos ocurridos en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en aquellos años en el cuartel central de la Guardia Rural Los Pumas en Santa Felicia, en el departamento Vera.Aglieri había declarado en la causa en oportunidad en que el juzgado federal estaba a cargo del Dr. Virgilio Palud quién a pesar de haber reconocido que participó de los procedimientos de secuestros le dictó la falta de mérito. El entonces fiscal federal José Ignacio Candiotti apeló la medida ante la Cámara de Resistencia de la provincia del Chaco que hizo lugar a la medida con lo que se pidió la detención que se produjo en la mañana de este miércoles.
En diáogo con FM Activa en actual fiscal de la causa, Dr. Roberto Salum, dijo que los delitos por el cual se pidió la detención del ex puma fueron "además de los hechos que él había reconocido en su momento, por privación ilegitima de la libertad ejercida con violencia y tormentos agravados en varios hechos producidos en Febrero de 1977". Esto es lo que entiende la fiscalía lo que no significa que el juez tenga el mismo criterio" sostuvo.Aglieri comenzó a prestar declaración este miércoles al mediodía y luego de algunas horas se decidió continuar con la misma en la mañana de este jueves. A partir de producido esto el juez federal, Dr. Valente, tendrá diez días para resolver su situación procesal.

Aglieri comenzó a prestar declaración este miércoles al mediodía y luego de algunas horas se decidió continuar con la misma en la mañana de este jueves. A partir de producido esto el juez federal, Dr. Valente, tendrá diez días para resolver su situación procesal.Según el fiscal Salum "en base a la pruebas que tenemos, que no sólo son testimoniales ya que en este caso de la Guardia Rural hay importantes pruebas documentales, una vez que este confirmado el procesamiento creemos que estamos en condiciones de clausurar la instrucción al menos en este caso, no obstante queda un tiempo bastante largo".Las confesiones del puma

Las siguientes son las declaraciones de Héctor Aglieri ante el entonces juez federal Virgilio Palud:Por aquella época dijo desempeñarse como Jefe de la compañía de Servicios de la Guardia Rural “Los Pumas” y se presentó a declarar bajo la imputación de privación ilegítima de la libertad y vejaciones.En el comienzo de su declaración, a la que tuvo acceso exclusivo FM ACTIVA, reconoce haber participado del operativo del secuestro de José Humberto García, habiéndosele ordenado que preparara a cinco o seis empleados “para hacer un trabajo”. A García lo secuestraron en la oficina de su trabajo, lo trasladaron a su casa y allí Aglieri dice que le ordenan “cerrar para que no se escape nadie” luego de lo cual empezaron a cargar los libros que había en una biblioteca de la casa de García. Según él quién comandaba el operativo era Rubén Darío Gaitán, quién por entonces se desempeñaba como Jefe de la Guardia Rural “Los Pumas”.Reconoció que de allí trasladaron a José García y sus pertenencias al cuartel en Santa Felicia. “El jefe (Gaitán) tenía varios oficiales que trabajaban con él que eran de Rosario, no eran de la zona, para mí se dedicaron a trabajar en eso” afirmó Aglieri en su declaración.

En otro párrafo dice que le dijeron que tenían que “detener” a Juan Carlos Silvestri, pero pidió que lo dejaran afuera de eso porque el se había criado con Silvestri. “Dije que me dejen afuera entonces no me llevaron” afirmó.

Según el propio Puma uno de los de Rosario que participaba de los operativos de secuestro se llamaba Héctor Trazaboschi y el otro cree que era Omar Moreno de la policía de la provincia. “Ellos eran especialistas” afirma Aglieri quién después reconoce haber visto detenidos en el cuartel de la Guardia Rural en Santa Felicia al propio Silvestri y a Juan Carlos Giordano, otro de los verenses secuestrados en aquella época de la dictadura.

Más adelante, en su declaración, reconoce haber participado del operativo de secuestro de Alberto Romero en un campito del camino de La Concordia ( cerca de Santa Felicia ). Según el propio Aglieri aquí también participa Daniel Evan Robert que era el jefe de informaciones. “Él era el especialista en drogas, explosivos y en todo lo que era libros que ellos consideraban subversivos” dijo. Romero fue trasladado encapuchado al cuartel de la fuerza.A pesar de haber reconocido haber participado en todos los operativos de secuestro, dijo no haberlo hecho en el de Enriqueta García y Máxima Ortiz quienes lo mencionaron en sus declaraciones, pero sí reconoce haberlas trasladado a la ciudad de Santa Fe en su propio auto acompañado por otro Puma, “Tito” Avalo, que era un cabo que trabajaba en informaciones. Y contradiciéndose, en otro párrafo de su declaración dice no haber visto que estuvieran detenidas en la Guardia Rural ambas mujeres que ya han aportado su testimonio en la causa y reconocido su lugar de cautiverio.

También dijo ver como cargaban a gente encapuchada en un vehículo militar que para él eran del ejército.Reconoció que el lugar donde se llevaban a cabo los interrogatorios era la propia jefatura, coincidiendo el lugar con el reconocimiento ocular que recientemente realizaron las victimas que pasaron por allí.En el tramo final de su declaración, Héctor Aglieri indica “Las veces que me llevaron a mí fue el jefe (Gaitán) y Robert que eran los que entendían en la materia y eran los que más trabajaban. A nosotros no nos dejaban acercar al lugar cuando había detenidos en el pabellón de la jefatura”.--
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PREOCUPACIÓN PROVINCIAL
Bejas propuso la creación de un cuerpo especial de policías para la protección de testigos




Bejas, junto a la secretaria de Derechos Humanos, Virginia Duffy, visitó ayer al gobernador José Alperovich.


El juez federal Daniel Bejas propuso ayer al Poder Ejecutivo la creación de un grupo especial de policías para que actúen en la protección de testigos en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El magistrado advirtió que los agentes de Gendarmería y Policía Federal son insuficientes, teniendo en cuenta el avance de los 600 expedientes abiertos en la Justicia Federal que multiplican el número de testigos y víctimas sobrevivientes. Hoy se realizará una reunión en el Ministerio de Seguridad Ciudadana. El caso González profundizó el temor a la desaparición de víctimas y testigos, como pasó con Julio López.
Después del susto que generó el caso de Orlando Argentino González, después de que estuvo unas 30 horas sin que se supiera sobre su paradero, el juez federal subrogante Nº1, Daniel Bejas, acudió ayer al gobierno provincial para pedir ayuda a fin de garantizar la protección de testigos de los casos de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
En un encuentro que mantuvo con el gobernador José Alperovich, el magistrado propuso la creación de un cuerpo especial de policías de la provincia, aduciendo que las fuerzas de seguridad que conforman Gendarmería y Policía Federal son insuficientes para atacar la problemática. “Con el avance de las causas de delitos de lesa humanidad van a empezar a llegar nuevos imputados y testigos, y esto puede generar inconvenientes”, advirtió Bejas al mismo tiempo que admitió que el caso de González, aceleró el tratamiento de este tema. Precisamente para avanzar sobre esta propuesta anticipó que hoy se realizará, a las 10, una reunión en el Ministerio de Seguridad Ciudadana.
González es un sobreviviente del ex centro clandestino de detención Arsenales Miguel de Azcuénaga, oriundo del Empalme-Ranchillos que el martes pasado tenía que presentarse en la Justicia Federal para denunciar al ex comisario Francisco Orce, actualmente preso por otros casos de la dictadura, por amenazas reiteradas. Pero nunca llegó. Su abogada Laura Figueroa denuncia su posible desaparición y finalmente Gendarmería Nacional lo encontró el miércoles en la casa de un familiar de Villa Angelina, donde acudió luego de haber sido “apretado” para que no complique más a Orce, según versiones extraoficiales.
Acompañado de la secretaria de Derechos Humanos del Juzgado, Virginia Duffy, Bejas explicó que la propuesta -elaborada por la funcionaria- implica la selección de policías jóvenes por parte de una comisión especial que deberá tener en cuenta sus legajos. Además, los agentes deberán ser capacitados especialmente para la protección de testigos de delitos de lesa humanidad. “Es una tarea que veníamos trabajando con la doctora Duffy en función de lo que ya se realiza en Santa Fe y Córdoba. Y no puedo negar que el caso de González provocó un mayor avance en el tema”, dijo Bejas.
Los funcionarios judiciales proponen que el cuerpo sea integrado por unos 20 o 25 agentes, dependientes del Ministerio de Seguridad de la provincia que actuarían bajo pedido de un juez federal. Por su lado, Duffy explicó que la comisión estaría integrada por representantes de organismos derechos humanos, querellantes, miembros de las secretarias de derechos humanos de la provincia, y funcionarios.“Tenemos casos en que las víctimas también actúan como testigos, y necesitan cierta protección y contención durante el proceso, sobre todo cuando los imputados forman parte del cuerpo social de la víctima. Actualmente, hay personas que están siendo amenazadas en la provincia”, alertó la funcionaria, quien acotó que la actuación del grupo especial de policías se daría en el marco de la ley nacional Nº 7.860 de protección de testigos.


Fuente:
www.primerafuente.com.ar

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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
TESTIMONIOS DE LOS INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS POSTERIORES AL GOLPE DE PINOCHET, EN 1973
Revelan datos estremecedores de la muerte del músico chileno Víctor Jara
Un subteniente jugó a la ruleta rusa y lo mató de un tiro. Luego ordenó acribillarlo.
Por: santiago. ciper, especial



DESTINO. AL AUTOR DE "TE RECUERDO AMANDA" LE QUEBRARON LAS MANOS Y LO MATARON A BALAZOS EN EL ESTADIO.


Su historia es uno de los capítulos más dolorosos y emblemáticos del golpe de Estado que lideró en Chile el general Augusto Pinochet el 11 de setiembre de 1973. A lo largo de los años se sucedieron los relatos sobre la detención, las torturas y la muerte del destacado músico chileno Víctor Jara, asesinado en el emblemático estadio de Santiago, pero recién ahora, a casi 36 años de la tragedia, comienza a armarse el rompecabezas de su padecimiento y de lo que fueron sus últimas horas con vida y del escalofriante rescate clandestino de su cadáver.El mismo 11 de septiembre del golpe y de la muerte del presidente socialista Salvador Allende, cerca de 600 estudiantes y profesores se amotinaron en protesta en la Universidad Técnica del Estado en Santiago. Entre ellos estaba Víctor Jara, que era profesor de esa universidad y estaba a punto de cumplir 41 años.Los militares irrumpieron en la universidad llevándose a varios detenidos al Estadio Chile, entre ellos a Jara, reconocido folclorista y símbolo de la izquierda chilena, autor de temas como Te recuerdo Amanda y Plegaria del labrador. Según la declaración judicial del ex conscripto José Alfonso Paredes, hoy detenido por el caso (ver recuadro), una vez alojado junto con otros detenidos en el estadio devenido gigantesca prisión, un subteniente "comenzó a jugar a la ruleta rusa con su revólver apoyado en la sien del cantautor. De allí salió el primer tiro mortal que impactó en su cráneo". "El cuerpo de Víctor Jara cayó al suelo de costado. Paredes observó cómo se convulsionaba. Y escuchó al subteniente ordenarle a él y a los otros conscriptos que descargaran ráfagas de fusiles en el cuerpo del artista". Según la autopsia, el cuerpo de Jara tenía alrededor de 44 impactos de bala.El mismo testigo indica que metieron el cuerpo de Jara en una bolsa y luego lo cargaron en un vehículo militar. Otras 14 personas fueron acribilladas junto a él y sus cadáveres tuvieron en principio igual destino. El testimonio de Paredes coincide con el de otros ex prisioneros al señalar que Jara fue interrogado al menos dos veces en los camarines del estadio y que fue sometido a torturas que incluyeron la fractura de sus manos a golpe de culata, un símbolo del ensañamiento con que actuaron los agentes del naciente régimen militar al reconocer al músico.En relatos previos sobre la presencia de Jara se menciona el conmovedor intento de otros prisioneros para cambiar su aspecto luego de una sesión de tortura, vistiéndolo con otra ropa y tratando de cortar su cabello negro rizado con un cortauñas. Los últimos que lo vieron con vida dijeron que estaba muy golpeado, con la cara hinchada y las manos fracturadas.Su cadáver fue trasladado como NN al Instituto Médico Legal (I
Fuente: Diario Clarin, jueves 28 de mayo

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La Rioja, Argentina - Jueves 28 de mayo de 2009 - FM América 94.1 - 25 de Mayo 299 - Tel. 464699 - Mensajes de texto 03822 - 15 50 10 75
Para Bordón, Angelelli se accidentó…

“Es muy difícil recolectar pruebas en el accidente que derivó en la muerte del obispo Angelelli”, dijo esta mañana a FM América, el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Domingo Bordón. Parece que el responsable de DDHH en La Rioja no cree que Angelelli fue asesinado… (Bordón es un ex preso político de la dictadura genocida).
Domingo Bordón dijo a FM América que “es difícil recolectar pruebas en el accidente que derivó en la muerte del obispo Angelelli”, por lo que se deduce que el Secretario de Derechos Humanos de la Rioja no cree que haya habido un asesinato.
Estas declaraciones fueron efectuadas en torno a las pericias, cuyos resultados iban a estar 20 días después de realizados los estudios. “Todavía no hay novedades, una vez que las tengamos entregaremos al Juez Federal, con quien estamos en permanente contacto, para que la causa tome su curso”.
Finalmente sostuvo que “si bien los resultados periciales están demorados, esperamos que en las próximas horas tengamos los resultados”.@@@@@@@
SANTA FE › EL JUICIO A BRUSA Y CIA COMIENZA AL 1º DE SETIEMBRE EN SANTA FE
Siete represores al banquillo
Lo resolvió el Tribunal Oral de Santa Fe que apartó del proceso a Rolón, quien está postrado y con respirador artificial. Así que quedaron siete imputados: el ex juez, cinco policías y un coronel. "Es lo que esperábamos desde hace años", dijo uno de los querellantes.



Brusa actualmente está detenido en Las Flores.

El Tribunal Oral Federal definió ayer la fecha del juicio oral y público a siete presos por delitos de lesa humanidad en Santa Fe: el 1º de setiembre, a las 9. Las audiencias sentarán en el banquillo al único militar que sigue bajo proceso: el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, coronel Domingo Manuel Marcellini; al ex juez federal Víctor Brusa y a cinco policías: los ex comisarios Héctor Romeo Colombini, Juan Calixto Perizzotti, Mario José Facino, la ex carcelera María Eva Aebi y el ex oficial de Inteligencia, Eduardo Ramos. "Es lo que esperábamos desde hace años", dijo anoche a Rosario/12 uno de los querellantes que fue notificado de la resolución a media tarde, con un agregado: el Tribunal apartó del juicio al principal responsable del aparato represivo en el período más sangriento de la dictadura: el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, a quien la semana pasada la Cámara Nacional de Casación Penal dejó en libertad por el "agravamiento ostensible de su salud", que lo obliga a estar postrado y asistido por un respirador.
El juicio a Brusa y compañía será el segundo en Santa Fe. El primero comenzará el 30 de junio, cuando sea juzgado el ex gremialista de la UOCRA, Horacio Américo Barcos, que operó como Personal Civil del Ejército.
La investigación a los siete presos por delitos de lesa humanidad se remonta a 2002, fue la primera en la que el juez federal Reinaldo Rodríguez después apartado de la causa declaró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, acumuló miles de fojas, decenas de pruebas y el testimonio de más de cien testigos, que ahora volverán a declarar en las audiencias públicas.
Los siete imputados están presos desde hace cuatro años, desde principios de 2005, pero sólo tres detenidos en cárceles: Brusa y Ramos, en Las Flores y Aebi, en la Estación de Tránsito. Los otros cuatro: Marcellini y los comisarios Colombini, Perizzotti y Facino tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. Desde entonces están procesados por varios cargos: "privación ilégitima de la libertad agragada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tomentos", en distintos grados. Y seis ellos excepto Marcellini , imputados por "asociación ilícita", aunque esta causa fue desdoblada, está en la etapa de instrucción y aún no fue elevada a juicio por el conjuez Ricardo Lazzarini, lo que significa que después de este proceso habrá un segundo debate oral y público.
Después de varias viscisitudes, el Tribunal quedó integrado por dos conjueces: Andrea Alberto de Creus y Carlos Renna y el juez del Tribunal Oral de Paraná, Roberto Manuel López Arango, quien reemplazó al abogado santafesino Martín Gutiérrez que pidió apartarse del cargo por sentirse "coaccionado" por el gobierno para condenar a los acusados por violaciones a los derechos humanos. Gutiérrez solicitó que lo eximan de su obligación de juzgar a Brusa y los demás, por considerarse objeto de "violencia moral y psíquica, producto de las recientes declaraciones y amenazas, de público y notorio, surgidas desde el mismo seno del Estado nacional", dijo. La Cámara Nacional de Casación Penal aceptó su renuncia, pero confirmó a los otros dos conjueces que también habían sido recusados por la defensa de Brusa.
Ayer, en la resolución que convoca a las audiencias, el Tribunal apartó también del juicio al coronel Rolón con el argumento del "deterioso ostensible de su salud". "En función de los certificados médicos recibidos corresponde suspender la tramitación de la causa respecto al procesado Juan Orlando Rolón, al igual que los términos de la citación a juicio", dice el decreto que firman Alberto de Creus y sus colegas Renna y López Arango.
El Tribunal ordenó también unificar "las representaciones de los querellantes en dos profesionales como máximo", según las normas procesales. "Es una de las cuestiones previstas en el Código Procesal, así que lo lo vamos a estudiar", dijo uno de los querellantes ante una consulta de este diario. Uno de los penalistas que se menciona para el cargo es el abogado santafesino Horacio Coutaz, que patrocina a varias víctimas de la dictadura que denunciaron a Brusa y a Ramos, entre otros.
Fuente: Rosario 12

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EL PAIS › DOS REPRESORES SE NEGARON A DECLARAR EN MAR DEL PLATA
Con la boca cerrada


En Mar del Plata juzgan a los secuestradores de Carlos Labolita.

Los dos militares retirados imputados por la desaparición del militante peronista Carlos Labolita, secuestrado en Las Flores en abril de 1976 y trasladado al Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, se negaron a declarar ayer en la segunda audiencia del juicio a cargo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Los jueces rechazaron el pedido de nulidad del proceso de los defensores y postergaron para el jueves próximo, cuando comiencen las testimoniales, la respuesta al pedido del abogado César Sivo de revocar el arresto domiciliario del general Pedro Mansilla. Ayer respaldó ese reclamo el fiscal Jorge Auat, titular de la Unidad Especial abocada a causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.
El coronel Alejandro Duret, a cargo de la oficina de inteligencia del cuartel en el que estuvo cautivo Labolita y miembro del grupo de tareas que allanó la casa de sus padres junto al secuestrado encapuchado y destruido por la tortura, fue el primer invitado a declarar. Se abrochó el saco y con tranco militar caminó hasta el banquillo de los acusados. Escuchó los delitos que se le imputan –secuestro y tormentos agravados por tratarse de un perseguido político, homicidio calificado por ensañamiento y alevosía– y se amparó en la Constitución para mantener el pacto de silencio. Luego hizo lo propio Mansilla. El tribunal leyó sus negativas durante la instrucción, el 15 de diciembre de 2005. Duret presentó ese día un escrito en el que negó conocer el destino de Labolita. Mansilla agregó en el suyo que consideraba “una farsa retrotraer las investigaciones de hechos ocurridos hace treinta años en el marco de una guerra subversiva”.
Sivo, abogado de la familia Labolita, expuso los argumentos para revocar el arresto domiciliario de Mansilla, ex jefe del cuartel y del área militar 125. Destacó que en ningún país del mundo los imputados por crímenes de lesa humanidad gozan de ese privilegio, repasó los informes médicos que certifican la buena salud del represor y citó como ejemplo a seguir al TOF de La Plata que interrumpió el goce de la prisión hogareña a Miguel Etchecolatz y Cristian von Wernich en la primera etapa del debate.
Fuente: Pagina 12@@@@@@

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COMUNICADO DE FEDEFAM

XXVIII SEMANA INTERNACIONAL
DEL DETENID@ DESAPARECID@

Por la Firma y Ratificación de la Convención que protege
a Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas


Están en algún sitio, nube o tumba..
Están en algún sitio, estoy seguro.
Allá en el sur del alma”.
M. Benedetti

Desde el 25 al 30 del mayo del 2009 diversas organizaciones de familiares, políticas, sindicales, amigas y amigos de FEDEFAM de diversos continentes, estaremos conmemorando la XXVIII Semana Internacional del Detenid@ Desaparecid@. Desde 1981 FEDEFAM ha impulsado este evento, logrando que cada año se sumen más organizaciones hermanas que están concientes de la necesidad de que perdure la memoria en los pueblos, para que nunca más vivamos los horrendos crímenes como son las desapariciones forzadas que han dejado las dictaduras y las pseudos democracias.

Este año lo queremos dedicar a reforzar el llamado a los gobiernos de todo el mundo a que se comprometan a Firmar y Ratificar la Convención que Protege a Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas. Dicha ratificación requiere el compromiso de 20 países para que entre en vigor el Comité que dará seguimiento a los gobiernos que cometan el delito de las desapariciones forzadas, el cual hemos logrado que sea catalogado como crimen de Estado y delito de lesa humanidad. Hasta la fecha 81 países han firmado la Convención y 10 países la han ratificado, debemos señalar que América Latina está a la cabeza de las ratificaciones, en efecto, Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras, México y Uruguay ya lo hecho y han dado un ejemplo a los estados europeos, asiáticos y africanos-

Sin embargo una vez más queremos manifestar nuestra preocupación por el incremento de la desaparición forzada en México y Colombia. Precisamente, el día 25 de mayo, inicio de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, se estarán cumpliendo dos años de la detención y desaparición de los señores Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejercito Popular Revolucionario, EPR, en México. El grupo armado solicitó la conformación de una comisión de Intermediación con el gobierno mexicano que trabajó un año en las investigaciones y el pasado mes de marzo dio por finalizado su accionar denunciando la nula disposición del gobierno de dar respuesta a la solución de presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Por que involucra en la desaparición forzada al ejército mexicano y a la Policía Federal Preventiva (PFP)

Otro hecho que nos preocupa es que el gobierno de Colombia siga con su política represiva y genocida, muestra de ello es el caso de los “falsos positivos” por los cuales se asesinó a gente inocente para hacerlos aparecer como caídos en combate y miembros de las FARC.

De igual manera, nos preocupan las intimidaciones que están recibiendo los familiares, abogados y defensores de los derechos humanos en cada país. Cabe destacar que si bien es cierto en algunos países tenemos avances sustanciales en la lucha contra la impunidad, como son Argentina o Uruguay, en otros casos vemos con preocupación las amenazas que están recibiendo nuestros compañeros y compañeras por impulsar las demandas legales contra los represores, tal es el caso de México, Colombia, Honduras, Guatemala, Perú, etc. A pesar de ello, por fortuna, cada día se suman más organizaciones que reivindican la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Podemos citar también este año, la retardación de justicia lo que obliga a los familiares a tomar medidas como la huelga de hambre en Bolivia. A pesar de ello, por fortuna, cada día se suman más organizaciones que reivindican la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.

Este año que nos toca despedir a nuestro gran poeta Mario Benedetti, quien fuera uno de los hombres que denunció la represión, el asesinato, el exilio forzado y la tortura como mecanismos de silenciamiento, control y dominio por parte de los grupos más reaccionarios y aliados del imperialismo. Benedetti, a pesar de todo, se mantuvo firme en la lucha por la verdad, la justicia, la recuperación de la memoria y contra la impunidad. No sólo es fedefam quien reivindica estas banderas sino, también, son cientos de organizaciones hermanas y fraternas que enarbolan estos principios, y que buscan mantener viva la memoria de los pueblos

FEDERACION LATINOAMERICANA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
FEDEFAM


20 DE MAYO DE 2009, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Causa Masacre de Capilla del Rosario

Nakagama a punto de quedar en libertad…por falta de méritos...


Alertamos que la Justicia Federal de Catamarca se apresta a dictar falta de méritos a uno de los principales imputados en la Causa Masacre Capilla del Rosario, Catamarca, el ex militar Mario Nakagama, uno de los que participó en el fusilamiento de los militantes argentinos y uruguayos se entregaron con vida después de deponer las armas, tras el frustrado intento de copar un regimiento.
En su declaración Nakagama, admitió haber estado el 11 de agosto de 1974 en el “teatro de las operaciones” en las inmediaciones de la Capilla, pero negó las acusaciones de los testigos que han declarado desde la reanudación del juicio en marzo del 2004. Ahora no solo no recuerda la represión que culminó con el fusilamiento como lo publica el diario “El Ancasti” del 30 de agosto del 2006 ( ver nota), sino también cuando participaba de las torturas a los detenidos en la Jefatura de Policía, mientras se jactaba a los gritos “yo los baje” “yo los baje”.
Lo de Nakagama no sería ninguna sorpresa ya que el juez federal Ricardo Moreno ha dado más de una muestra que la ley de obediencia debida y punto final sigue mas firme que nunca a más de cinco años de ser derogada por el Congreso de la Nación.
Entonces de no mediar un cambio en la posición Moreno le dictará falta de méritos con lo cual va a recuperar su libertad, una opción la que espera confiado Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, al igual que los otros ex militares y ex policías que deben ser citados este año o el que viene…
No sería ninguna sorpresa por cuanto las causas que investiga la Justicia Federal están a fojas cero y en ese contexto, la causa por la desaparición de tres militantes de la Juventud Obrera Católica, los hermanos Griselda y Francisco Pone y de su sobrino Julio Genaro Burgos en abril de 1976, es un ejemplo didáctico de nuestras afirmaciones.
De los tres acusados, dos ellos cumplen arresto domiciliario y el tercero ya informó a través de los medios de comunicación que no se presentará porque “es inocente”.
En febrero del 2007 el juez Moreno ordenó la detención del general retirado Carlos Lucena y después el Darío Otero Arán y les concedió el arresto domiciliario el primero en Mar del Plata y el segundo en Posadas, Misiones. En cuanto al tercero, el general retirado Raúl Horacio Gallardo tenía previsto citarlo y por ende ordenan su detención el 28 de marzo de ese año: 2007.
Desde esa fecha hasta ahora Gallardo no ha modificado su situación procesal y por ahora no hay ningún indicio que la cambie. Nada.
Cabe acotar que “la ministra de Defensa Nilda Garré denunció a la Justicia por asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, tráfico de influencias y falsedad ideológica a más de ochenta civiles y militares y ordenó al general Roberto Bendini el pase a disponibilidad de los militares imputados que siguen en actividad. Entre los presuntos responsables hay cuatro generales, muy próximos al jefe de Estado Mayor del Ejército, dos de ellos en actividad y en altos cargos. La denuncia se extiende a quien o quienes surjan como penalmente responsables con el devenir de la investigación y del proceso. Las auditorías prosiguen en otras dependencias del Ejército en las que se sospecha la utilización de los mismos métodos fraudulentos. También fueron acusados cinco coroneles, seis tenientes coroneles, siete mayores, dos capitanes, un teniente 1, siete suboficiales y cincuenta y un civiles. En varios casos, los civiles tenían relaciones familiares o comerciales con miembros del Ejército. Veintitrés de los treinta y un militares acusados están en actividad, entre ellos el director de Personal del Estado Mayor, general Mario Fernando Troncoso, y el Comandante de Intendencia, general Eduardo Salvador Gibelli. También integran la nómina el director de estudios históricos, general Héctor Mario Giralda, quien estaba en retiro pero había sido convocado a la actividad por el artículo 62 de la ley orgánica del personal, y el ex Comandante de Operaciones Terrestres, general Raúl Horacio Gallardo. Antes de ese Comando, Gallardo fue director del Colegio Militar. En marzo de 2004, Gallardo expresó su desacuerdo con la decisión del presidente Néstor Kirchner de descolgar los cuadros de los ex dictadores Jorge Videla y Benito Bignone de la galería de ex directores del Colegio Militar. En mayo de 2006, permitió que una señora se acercara a gritar insultos al entonces presidente Néstor Kirchner. Gallardo también debe responder ante la justicia federal de Catamarca por el secuestro y la desaparición forzada de los hermanos Griselda y Francisco Ponce y del sobrino de ambos Julio Genaro Burgos, el 6 de abril y el 15 de diciembre de 1976. Gallardo era asistente personal del general (R) Carlos Lucena, quien entonces era comandaba el Regimiento de Infantería 17. Según el fiscal de la causa, Santos Reinoso, Gallardo era el jefe de la compañía que llevaba a cabo los operativos. En los tres casos Bendini intercedió por Gallardo, para que se postergara la fecha de su indagatoria en Catamarca y para que no pasara a retiro, cosa que ocurrió al asumir el actual gobierno”, como lo precisa Horacio Verbitsky en una nota de Página 12 el 10 de agosto del 2008.
Entonces conjeturar que Nakagama y Carrizo Salvadores seguirán gozando de la impunidad como desde hace 35 años no es un mero ejercicio de imaginación, sino todo lo contrario. Los ejemplos dados lo certifican, salvo un imponderable de último momento o que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se involucre para que Catamarca deje ser el símbolo de la impunidad al igual que las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero donde el fusilamientos de presos políticos, el robos de bebes, las ejecuciones extrajudiciales, la apropiación de bienes, la complicidad empresarial, las condiciones ilegales de detención tiene dos condenados con arresto domiciliario pese al trabajo oficial de la Unidad Fiscal sobre los cursos de acción de los juicios como lo destacara el CELS en su informe anual. Los demas represores, bien gracias al Poder Judicial.

Por la comisión de Familiares y Compañeros de Uruguay y Argentina de los 16 fusilados en la Masacre de Capilla del Rosario

Nibya y Elsa Betancour, Mario Paz , Jorge Ramirez y Lucho Soria

28 de mayo del 2009





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EL ANCASTI POLICIALES/JUDICIALES Catamarca - Miércoles 30 de agosto de 2006
EL ANCASTI accedió a documentos que permanecieron ocultos desde hace 32 años
Autopsias confirman que se ejecutó a los guerrilleros

Aunque las pericias eran claras, la Justicia nunca investigó de oficio lo sucedido. Todos los cuerpos presentan heridas certeras, casi todas en el tórax. s Uno de ellos recibió tres balazos en la parte posterior de la cabeza, en lo que fue una clara ejecución. 1974, confirman que éstos no murieron en un enfrentamiento sino que fueron ejecutados. Los protocolos de dichas pericias, llevadas a cabo por tres médicos forenses de la Policía provincial, se encuentran ahora incorporada a la causa iniciada a partir de la denuncia que realizaron representantes de organismos defensores de los Derechos Humanos y se convirtieron en una de las pruebas más contundentes para afirmar que miembros del Ejército Argentino y posiblemente de la Policía provincial cometieron entonces delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles para la ley penal.
E L ANCASTI tuvo acceso a esos documentos, en los que se detallan y muestran gráficamente las heridas de bala sufridas por cada uno de los integrantes del ERP: todos recibieron disparos certeros efectuados a corta distancia, que afectaron órganos vitales e incluso en algunos casos miembros superiores, usados en un gesto defensivo reflejo.
Un caso es paradigmático y por demás elocuente: el del guerrillero identificado entonces como Norberto Carlos Rufino o José Eduardo Gruss: la pericia indica que presentaba cuatro disparos de arma de fuego, tres en el cráneo con orificio de entrada en región parietal posterior izquierda, occipital y temporo-occipital izquierda, con salida en región frontal, cavidad orbitaria y región auricular derecha respectivamente”.
El cuarto disparo lo recibió en la parte posterior de la muñeca izquierda. Es decir, le dispararon desde atrás y posiblemente intentó cubrirse la cabeza con sus manos antes de ser ejecutadoDenuncias
Esta situación ya había sido denunciada públicamente en 1974, aún a costa de su seguridad personal, por los abogados Mardonio Díaz Martínez, Mario Marca y Alfredo “Cuqui” Curuchet.
Éste último letrado apareció asesinado con 50 balazos, en La Plata. La última vez que se lo vio con vida fue abordando el ómnibus desde la Terminal de Catamarca. Se sospecha que el homicidio lo cometió la Triple A. Sin embargo, ni con las denuncias realizadas entonces -los abogados mencionaron que las heridas tenían rastros de pólvora, lo que indica que los disparos se hicieron a corta distancia- ni con las pericias oficiales a la vista, la Justicia jamás inició una causa de oficio para investigar las circunstancias de lo ocurrido en Capilla del Rosario. Sí fueron juzgados y condenados en el fuero federal trece guerrilleros capturados en distintos puntos del Valle Central.
Recién en diciembre de 2004, con la denuncia que hicieron Mirta de Clérici, Ana Radusky, Jorge Alberto Perea y Guillermo Díaz Martínez con el patrocinio de los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda, y con el posterior requerimiento del fiscal Santos Reynoso, comenzó a instruirse en el Juzgado Federal de Catamarca la causa para determinar las circunstancias y autores de la masacre, como también procurar la identificación de los cinco cuerpos que fueron sepultados en 1974 como NN en elcementerio municipal.
El expediente comenzó a ser tramitado por entonces juez federal Pedro Armando Navarro -secretaría de Manuel Moreno (h)- y evidenció importantes avances desde entonces, ya que se incorporó el expediente inicial, se citó a varios testigos que presenciaron aquellos hechos y se exhumaron los cinco cadáveres que estaban sepultados en el cuadro 24 del cementerio local. Uno de ellos ya fue identificado y resultó ser, tal como se sospechaba, un guerrillero uruguayo que se había sumado a la intentona rebelde, Rutilio Dardo Betancour Roth. Sus familiares no sólo reclaman los restos mortales que permanecieron sepultados más de treinta años sin ser identificados.
Van más allá. Con la reciente constitución como querellantes particulares, sus hermanas quieren que se conozca la verdad de lo sucedido y que se castigue a los responsables de la masacre.
Daniel Saseta
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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

El paísJueves, 28 de Mayo de 2009
Gendarmería encontró al testigo desaparecido en causa de DD.HH.
Fin para una incertidumbre
Orlando Argentino González, testigo en la causa por violaciones a los derechos humanos en la que está procesado el comisario retirado Camilo Orce, fue encontrado por la Gendarmería en las afueras de Tucumán. Dijo estar confundido.
Por Ramiro Rearte

González es testigo por la represión en el Arsenal Azcuénaga.
Desde TucumánDespués de catorce horas de rastrillaje, un grupo de gendarmes encontró cerca del barrio Villa Angelina, en las afueras de la capital tucumana, a Orlando Argentino González, el testigo desa-parecido en la jornada del martes, quien debía presentarse a declarar en una causa por violaciones a los derechos humanos que tiene como principal acusado a Camilo Orce, mano derecha del suicidado Malevo Ferreyra. El testigo de 63 años, que es pastor evangelista, fue encontrado en la casa de uno de sus familiares, sano y salvo. Según lo declarado frente a los jueces federales Daniel Bejas y Mario Racedo, ayer pasado el mediodía, se produjo “un malentendido” con respecto a su declaración y posterior desaparición.Cuando Bejas recibió la noticia a través de la abogada querellante Laura Figueroa, dispuso que la Gendarmería, la Policía Federal y la provincial se trasladaran hacia el interior de la provincia para rastrear a González. Ayer, cerca de las 13.00, los uniformados dieron con el testigo, quien aseguró estar “totalmente confundido”. El juez Bejas aseguró a Página/12 que “lo que pasó durante estos días se lo puede resumir como una situación de estrés y confusión vivida por esta persona que fue objeto de amenazas de parte de allegados a Orce”. Además, “González nos relató que estuvo desorientado y confundido durante los días previos a la visita a los tribunales” remarcó.El testigo dijo que intentó comunicarse con Figueroa en varias oportunidades a su celular y no pudo dar con ella, ya que debían mantener una reunión con un grupo de psicólogos de los organismos de derechos humanos provinciales.El día de su desaparición el testigo tenía previsto presentar un escrito al fiscal federal en el que daría a conocer las diversas situaciones de presión y amenazas que había sufrido de parte de allegados al represor Orce. González es una pieza clave de la investigación que está llevando adelante la secretaria de Derechos Humanos Virginia Duffy: es la única persona con vida que vio el accionar de Orce cuando secuestró en los ‘70 a dos miembros de su familia que residían en la localidad de Ranchillos.González contaba con custodia policial en 2008. Por decisión propia se levantó la medida después de haber sido internado en un hospital.Por otra parte, Bejas adelantó a este diario que González deberá presentarse nuevamente hoy para determinar si quiere o no ser incluido en el Programa Nacional de Protección de Testigos, ya que en el caso de que acepte debería ser trasladado a otra provincia, “y en muchos casos los testigos se niegan por diversos motivos”, sostuvo.Durante la mañana, casi todos los organismos de derechos humanos se trasladaron hasta la sede de tribunales federales, ubicada a dos cuadras de la Casa Histórica, para esperar las novedades del caso. “Buscamos a Orlando; tenemos elementos suficientes para pensar que está pasando por una situación muy difícil, estaba asustado, preocupado, debido a las amenazas constantes. Querían que retirara la denuncia contra el ex comisario Orce. El juzgado estaba advertido sobre los nuevos acontecimientos y sólo restaba la formalidad del trámite para que el Estado le brindara seguridad”, aseguró la agrupación H.I.J.O.S. en un comunicado de prensa.Según fuentes de tribunales, la semana entrante se instrumentaría un nuevo sistema de protección para testigos, pero de carácter provincial, para que trabajen las fuerzas nacionales con asiento en Tucumán y con dedicación exclusiva a las causas de delitos de lesa humanidad.Luego de una jornada agotadora, González pasó por otro trago amargo. Cuando el juez le preguntó adónde quería ser trasladado, respondió, “a casa de mi sobrina”. Cuando llegaron al lugar, fueron echados literalmente por los familiares porque, según dijeron, no querían tener problemas judiciales. Tuvo que volver a la oficina del magistrado a esperar que se le asigne un lugar donde pasar la noche.---------------------------------------------------------------------------------------
El paísJueves, 28 de Mayo de 2009
Apelaron el fallo que habilitó al represor a ser candidato
“El juez no evaluó los antecedentes de Patti”
Los familiares de Diego Muniz Barreto, Gastón Gonçalves y Osvaldo Cambiaso apelaron la resolución del juez federal de La Plata Manuel Blanco que habilitó la candidatura a diputado nacional del represor Luis Abelardo Patti. Argumentaron que, en su resolución, el magistrado evitó evaluar los antecedentes de la participación del ex comisario en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar y el contexto de impunidad que impidió la investigación de esos hechos.“La impugnación de Patti se fundó en su falta de legitimidad constitucional para presentarse como candidato a un cargo público, de conformidad con lo prescripto por diversas normas nacionales e internacionales, así como por la doctrina emanada de los órganos de aplicación y control del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos”, recordaron los abogados Carolina Varsky, del CELS, Ana Oberlin (HIJOS) y Pablo Llonto. También le reprocharon al juez que no valoró la prueba que presentaron –sobre los crímenes en los que está invulcrado Patti–, no produjo otras pruebas solicitadas y no se pronunció sobre la solicitud de convocar a una audiencia pública sobre el tema.La presentación fue realizada ante Blanco y éste debe remitirla a la Cámara Nacional Electoral para que se expida. Mientras la Justicia analiza su situación, el represor preso en la cárcel de Marcos Paz tiene previsto hablar hoy desde un teléfono público en un acto en el teatro Brodway que oficiará de lanzamiento oficial de su lista.Los abogados resaltaron que el propio magistrado dijo que no había controversia alguna sobre los delitos atribuidos al represor pero se limitó a rechazar la impugnación porque Patti todavía no había sido condenado. Lo que se buscó dejar en claro en este escrito es que más allá de que el Código Nacional Electoral contemple que las personas “condenadas” no pueden ser candidatos, el planteo apuntaba a discutir la posibilidad de presentarse para un cargo público de aquellas personas que cometieron delitos de lesa humanidad, sobre todo teniendo en cuenta que durante veinte años no hubo posibilidad de llevar a los sospechados de esos crímenes ante la Justicia. Recordaron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró en 1995 y 2000 que el Estado argentino debía adoptar las medidas necesarias para la exclusión de cargos estatales de personas sospechadas de participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar a fin de modificar la “sensación de impunidad”. “El proceso de impuganción iniciado contra el candidato Patti no es ni más ni menos que una variante para el cumplimiento de esta obligación, ineludible para el Estado argentino”, destacaron. También hicieron mención al proyecto de ley que apunta a prohibir a los represores presentarse a elecciones, que obtuvo media sanción en general en la Cámara de Diputados. “Es otra variante más que el Estado argentino está desarrollando en la materia”, señalaron. Y aclararon que “la falta de una regulación específica no es óbice para que el Poder Judicial descarte sin más su obligación de desarrollar los esfuerzos y medidas necesarios para determinar la separación de personas sospechadas de participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura”.La apelación de los familiares de algunas víctimas de Patti contesta a Blanco en tanto el magistrado aludió a la resolución con la que la Corte Suprema dijo que el Congreso no tenía facultades para excluir al dictador Antonio Domingo Bussi del cuerpo, que fue usada luego como antecedente para el ex comisario: “La Corte analizó la facultad de la Cámara de Diputados para juzgar la idoneidad de sus miembros, aquí se trata de las obligaciones legalmente impuestas a la justicia electoral”.

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Alción Editora

tiene el agrado de invitarlos a la
presentación del libro



Mano en vuelo

de

Alicia Kozameh

el día jueves 28 de mayo a las 18,30 hs.


Participan:

María Malusardi, María Neder
y
Juan Carlos Maldonado.

La autora leerá partes de Mano en vuelo.


Lugar:

Bukowski Bar
Bartolomé Mitre 1525, Buenos Aires

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SANTA FE › AGRAVAMIENTO DE SU SALUD
Rolón ya está libre
El coronel Juan Orlando Rolón ya está en libertad. El ex jefe del Area 212 y máximo responsable de la represión en Santa Fe en el período más sangriento de la dictadura fue excacelado por orden de la Cámara Nacional de Casación Penal ante "el agravamiento ostensible de su salud", afectada por una enfermedad terminal que lo obliga a permanecer postrado en su casa y con la asistencia de un respirador. Pero ahora, un nuevo dictámen médico firmado por una forense del Poder Judicial de Nación, Mabel Padró, ?que lo revisó el viernes, cuando le notificaron la excarcelación? sugiere que Rolón tampoco estaría en condiciones de ser sometido al juicio oral y público ante el Tribunal Oral de Santa Fe que debería juzgarlo por "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" en más de una decena de casos.
La excarcelación de Rolón ya había sido rechazada en dos instancias: primero, por el conjuez Ricardo Lazzarini y luego, por la Cámara Federal de Rosario. Pero la Cámara Nacional de Casación Penal la concedió, en un fallo unánime de la Sala 3, formada por los vocales Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci. La misma sala que a principios de mayo otorgó la prisión domiciliaria al ex comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, a pesar de estar condenado a prisión perpetua.
La resolución de la Cámara que benefició a Rolón fue conocida el jueves 21 de mayo y notificada al día siguiente, en su casa, en el coqueto barrio de Villa Setúbal. Sin embargo, la excarcelación no se otorgó bajo caución juratoria porque el represor no estaba en condiciones de prestar juramento y, por lo tanto, notificarse de los límites que impone esa figura, por ejemplo, la imposibilidad de ausentarse de la ciudad sin conocimiento del Tribunal Oral que debe juzgarlo.
Casación dispuso la libertad de Rolón por "el agravamiento ostensible de su salud", según confirmó a Rosario/12 el abogado querellante, Jorge Pedraza. "No lo declaran incapacitado para ser sometido a juicio, pero sostiene que por el estado en que se encuentra, no hay posibilidades de que se pueda sustraer al accionar de la justicia, es decir, que se pueda fugar", explicó.
El fallo se fundamentó "en un informe de dos peritos forenses del Poder Judicial de la Nación que dice que (Rolón) padece una enfermedad terminal que lo obliga a permanecer postrado y con la asistencia de un respirador", dijo Pedraza. Pero, el viernes se agregó un segundo informe médico, firmado por otra forense del Poder Judicial de la Nación, que sostiene que Rolón tampoco está en condiciones de ser sometido a juicio. "Ese es un elemento nuevo, porque la Cámara de Casación no había dicho que no puede ser sometido a proceso. Eso lo dice la doctora Padró, después de revisarlo en su casa, el viernes al mediodía, cuando intentan que preste caución juratoria que, finalmente, no lo puede hacer porque no tenía conciencia plena", explicó el abogado.

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SANTA FE › PRISION PREVENTIVA PARA ALTAMIRANO, EX INTEGRANTE DE LA PATOTA DE FECED
Aunque el represor zafó de siete casos
Lo procesaron como coautor de tres casos de secuestros y seis casos de secuestros y torturas. Sin embargo, le dictaron el falta de mérito en otros siete casos. "La función que cumplía en la maquinaria ilegal era preponderante", señaló la abogada Durruty.
Por José Maggi
Carlos Ulpiano Altamirano, ex miembro del Servicio de Informaciones de la policía fue procesado por el juez federal Marcelo Bailaque como coautor de tres casos de secuestros y seis casos de secuestros y torturas. Sin embargo se le dictó falta de mérito en otros siete casos, medida que ya fue apelada por la abogada Gabriela Durruty y la fiscalía. Altamirano fue procesado como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas contra Angel Ruani, Gregorio Larrosa y Marcos Alcides Olivera. También como coautor de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos contra Eduardo Nassini, María de las Mercedes Sanfilippo, Marcelo de la Torre, Néstor Vivono, Estela Maris Hernández y Laura Torresetti.
Sin embargo, Bailaque le dictó falta de mérito por los casos de Lelia Ferrarese, Elba Juana Ferraro de Betanín, Ana Ferrari, por el secuestro y tortura de Marta Bertolino, asi como por el secuestro, la tortura y el homicidio de su compañero Oscar Manzur y por el secuestro y tormentos a Rut González. Tampoco se hallaron pruebas suficientes por el delito de tormentos cometidos contra Marcos Alcides Olivera.
Bailaque ordenó la prisión preventiva y confirmó su alojamiento en el penal ubicado en los fondos de la jefatura de Policía de Rosario, de Ovidio Lagos al 5000.
Para la abogada Durruty "el juez, al momento de sopesar el alcance de las declaraciones de las víctimas de autos, los informes confeccionados por la URII, así como el legajo personal del encartado, incurre en una valoración equivocada que tiene como correlato una decisión arbitraria debido a la ausencia de motivación suficiente requerida por el ordenamiento normativo".
Para la abogada "se encuentra acreditada la participación de Altamirano en los hechos; su intervención en los mismos, lo ha sido en base a las ?probadas? funciones que cumplía, y no puede pasarse por alto, que en el desempeño de esas funciones se encuentra procesado conforme surge de la propia resolución. El hecho de que en los casos de Bertolino y Manzur, la víctima no mencione a Altamirano acredita la clandestinidad del plan sistemático de exterminio, pero nunca puede significar la inocencia del encartado o su falta de participación en los hechos".
Para Durruty "la interpretación del instructor consagra la impunidad del plan de desaparición de personas, tan anhelada por lo ideólogos del mismo. No puede olvidarse que la ilegalidad de las privaciones de libertad estuvo dada por las condiciones en que se mantuvo el cautiverio (encapuchados, tabicados) seguida del ocultamiento a los familiares de dicha situación; exigir, por ello, un señalamiento directo de las víctimas a los responsables, resulta ?cuanto menos? altamente reprochable, y representa, lisa y llanamente, un obstáculo en la obligación contraída por nuestro país de llevar adelante los juicios a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período que se investiga en autos".
Para la abogada querellante "el criterio utilizado por el juez para tener por acreditada la responsabilidad del encartado en los hechos que venimos mencionando, esto es, la concreta mención de varias víctimas (no sabemos cuántas son suficientes), resulta jurídicamente inaceptable".
"La autoría en estos casos, se analiza a través del reparto de funciones, y por ello, no existen dudas posibles acerca de la participación del procesado en los hechos. La función que cumplía el encartado en la maquinaria ilegal de represión que llevó delante el plan clandestino lo ubican en un rol preponderante de cómo sucedían y sucedieron los hechos", concluyó.

Fuente: Rosario 12, miércoles
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El paísMiércoles, 27 de Mayo de 2009
Otro represor habilitado
En un espejo del caso Patti, la Justicia de Salta habilitó al ex comandante de Gendarmería Jorge Folloni, secretario de Estado del gobernador de facto Roberto Ulloa, a participar como candidato a diputado por el Partido Renovador, del que fue miembro fundador en 1982. Folloni está imputado por la desaparición en 1978 del escribano Aldo Melitón Bustos. Dos meses antes del secuestro le negó por decreto la habilitación para ejercer en base a “los antecedentes ideológicos suministrados”. El juez Julio Bavio destacó que el decreto es un “ejemplo paradigmático de discriminación ideológica contrario a nuestro derecho”, pero que “escapa de la esfera de control de la Justicia federal con competencia electoral”, dado que Folloni ni siquiera fue indagado por la Justicia. El ex gendarme fue impugnado por los abogados David Leiva y Tania Kiriaco, de la Red de Derechos Humanos.
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El paísMiércoles, 27 de Mayo de 2009
Repudios a la habilitación del represor
Patti se lanza con Carlos Menem
En medio de una ola de críticas al fallo que lo habilita como candidato a diputado para las próximas elecciones, el represor Luis Abelardo Patti dijo que no tenía ningún “margen de duda” sobre la resolución judicial, se manifestó optimista de cara a los comicios y reivindicó su inocencia.El ex presidente Néstor Kirchner calificó al fallo del juez federal Manuel Blanco, que rechazó la impugnación de Patti, como “una barbaridad”, mientras que familiares de las víctimas anticiparon que apelarán la decisión del magistrado, el mismo que habilitó las candidaturas de Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa y observó a postulantes de Unión–PRO y otros partidos por irregularidades con la verificación de su domicilio.“Vamos a iniciar una campaña”, anunció Patti desde un teléfono público en el penal de Marcos Paz, donde permanece detenido con prisión preventiva por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El acto de lanzamiento será mañana en el teatro Broadway, donde se prevé la presencia del ex presidente Carlos Menem, “padrino” del Frente Con Vos Buenos Aires, para cerrar la noche. El referente duhaldista Daniel “Chicho” Basile aseguró que “si no le otorgan la libertad a Patti, hablará ante el auditorio a través de un teléfono”.Ana Oberlin, abogada de Hijos y una de las impulsoras de la impugnación, advirtió que “Patti pretende escudarse en sus fueros para no responder por los delitos que cometió”.Desde casi todos los sectores del espectro político se manifestaron en contra de la decisión del juez Blanco. Agustín Rossi, jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara baja, anticipó que volverán a impedir que asuma en caso de que obtenga una banca, tal como sucedió en 2006. “La Cámara sentó un precedente clave: aquellas personas responsables de delitos de lesa humanidad no pueden entrar al Parlamento”, sentenció Rossi. Por su parte, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue más prudente: “No avalamos la decisión, simplemente la respetamos”.La diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur) atribuyó la candidatura de Patti a “la falta de voluntad política”. “No es ninguna barbaridad, como dijo Kirchner –confrontó Donda–, sino el resultado de la falta de voluntad política de los bloques mayoritarios, que desde 2006 no quisieron tratar un proyecto que hubiera evitado esta situación.”La radical Silvana Giudici definió la situación como “lamentable” y dijo que “el compromiso con los derechos humanos debe ser permanente”. El intendente de Morón (de licencia) y candidato a una banca, Martín Sabbatella, calificó la situación como “una burla a la democracia” y advirtió que no se debe permitir que “un represor juegue con la democracia”.

Qué preferís: ¿El día o la noche? ¿el verde o el rojo?
¡Descubrí quién sos realmente!-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
A un año del juicio a los Represores

En repudio a la prisión domiciliaria


¡¡¡TODOS A TRIBUNALES!!!


Este miércoles 27 de mayo concentramos a las 17:00hs en Obispo Oro y Buenos Aires

Para exigir ¡CARCEL COMÚN y JUICIOS YA!

Convocan:
H.I.J.O.S
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Abuelas de Plaza de Mayo
Asociación Ex Presos Políticos
Mesa de Trabajo Por Los Derechos Humanos

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Córdoba: prisión domiciliaria para condenado en causa "Brandalisis"
Lo dispuso el Juzgado Federal N° 3 de aquella provincia, para el ex suboficial Carlos Alberto Vega, sentenciado en julio de 2008 por delitos de lesa humanidad. El fallo sigue el criterio fijado en abril por la Cámara de Casación Penal. Fallo completo
Fallo completo 119.56 Kb.
El Juzgado Federal N° 3 de la provincia de Córdoba, a cargo de la jueza Cristina Garzón de Lascano, hizo efectivo el beneficio de la prisión domiciliaria en favor del ex suboficial Carlos Alberto Vega, condenado en julio de 2008 a 18 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto en el centro clandestino de detención “La Perla”, de aquella provincia.
La magistrada tuvo en cuenta el criterio fijado en abril último por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, por el que consideró que la sentencia que condenó a Vega en la causa “Brandalisis” y anuló el beneficio de prisión domiciliaria no está firme.
“La magnitud del reproche que cabría a quienes se encuentran sindicados por delitos que merecen la calificación de `lesa humanidad´ no habilita de manera alguna a dar por tierra los derechos que la legislación les acuerda”, dijo la jueza.
La semana pasada, la magistrada hizo efectivo el mismo beneficio en favor de Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, también condenado en la causa “Brandalisis”.

Fuente:
www.cij.gov.ar



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Confirman prisión preventiva a imputado por violación de DDHH
Se trata del agente de inteligencia Eduardo Alfredo Ruffo, acusado de sustracción y ocultamiento de un menor durante el último gobierno de facto. Para tomar la decisión, la Cámara Federal consideró la gravedad del delito investigado. Fallo completo

La Sala I de la Cámara Federal resolvió confirmar la prisión preventiva del ex agente de inteligencia Eduardo Alfredo Ruffo, imputado de sustracción y ocultamiento de un menor durante el último gobierno de facto. Los jueces tuvieron en cuenta la gravedad del delito investigado, como los motivos que permitirían inferir que el imputado se sustraería del proceso en caso de recuperar su libertad.

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El país / Edición Impresa
debía declarar en tucumán contra un represor
Preocupación por un testigo que no aparece
Un sobreviviente del terrorismo de Estado desapareció el mismo día en que debía testimoniar ante la Justicia. Orlando Argentino González salió ayer a las 6 de la mañana hacia los Tribunales Federales de Tucumán, donde horas después presentaría su testimonio contra el ex comisario Francisco Orce. El represor, detenido hace un mes, formó parte del grupo de tareas que interrogó y golpeó a González en la comisaría del pueblo de Ranchillos, donde también operaba Mario “Malevo” Ferreyra, quien se suicidó.“Desde hace un año, Orce reinstaló en Tucumán un grupo de terror, similar a los grupos de tareas de la dictadura. Hace seguimientos, intimida a las víctimas, amenaza de muerte a los familiares para que retiren las denuncias en su contra. No tiene límites”, explicó Laura Figueroa, abogada de González. Desde hace meses, la mujer también cuenta con custodia personal. El jueves pasado, Figueroa había solicitado protección para González ante el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, a cargo de Daniel Bejas. Pero la custodia no se efectivizó y ayer por la mañana el testigo, ya desaparecido en mayo de 1976, volvió a desaparecer. A las 9 debía presentarse ante la fiscalía para interponer una denuncia contra Orce, pero nunca llegó.“Tenemos elementos suficientes para pensar que está pasando por una situación muy difícil; estaba asustado y preocupado. Fue amenazado para que retirara la denuncia. De hecho, el lunes se fue a dormir a la casa de su hermana por precaución”, relató la abogada.González fue uno de los tantos detenidos ilegales del centro clandestino Arsenal Miguel de Azcuénaga. Anoche aún no había noticias de González. Los antecedentes no son alentadores. El propio represor fue a “visitarlo” el año pasado cuando el testigo se encontraba internado en un hospital, a punto de ser sometido a una operación. Las amenazas no cesaron desde entonces. Sin embargo, la abogada aún confiaba en que González hubiera decidido postergar su presentación ante la fiscalía ante el temor de las amenazas reiteradas.

Fuente:
www.criticadigital.com

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El paísMiércoles, 27 de Mayo de 2009
La policía y la Gendarmería investigan el paradero de un sobreviviente de la dictadura
La búsqueda de un testigo
Orlando Argentino González es testigo en Tucumán, en la causa en la que está involucrado el comisario Francisco Orce y que comprometía al Malevo Ferreyra, que se suicidó el año pasado. Debía declarar ayer. Había sufrido amenazas.
Por Adriana Meyer

Uno de los involucrados en la causa por la que se busca a Orlando González era el Malevo Ferreyra.
Orlando Argentino González tenía que declarar ayer en un juicio por delitos de lesa humanidad en los tribunales federales de Tucumán, pero nunca llegó. En su condición de sobreviviente de la dictadura es un testigo clave contra el comisario retirado Francisco Orce, detenido desde abril, y como había sido víctima de amenazas e intimidaciones, al igual que todos los demás testigos e incluso los abogados del caso, pensaba pedir ser incluido en un programa de protección. Al cierre de esta edición estaba siendo buscado por la Gendarmería y por las policías federal y tucumana, mientras los organismos de derechos humanos se preparaban para diferentes actividades de “alerta y movilización”. “Estamos desesperados pero queremos ser cautos, nos queda la esperanza de que las amenazas lo hayan hecho esconderse por miedo”, dijo a Página/12 la abogada Laura Figueroa, querellante en este proceso judicial en el que también estaba imputado Mario “Malevo” Ferreyra, que se suicidó el 24 de noviembre de 2008.Ayer a la tarde la noticia corrió rápido. Quienes la transmitían apenas podían contener el desasosiego que les provocaba otra vez la ausencia de un testigo, aunque todos esperaban que fuera momentánea.Orlando González tiene 63 años, está desocupado pero supo tener un fondo cañero familiar. Hace algunos meses estuvo hospitalizado por un procedimiento oncológico y durante ese período tuvo custodia. “Sin duda es un testigo clave porque denuncia a un comisario retirado que está detenido en el penal de Villa Urquiza y que actualmente maneja un grupo de tareas que amenaza constantemente a los sobrevivientes, querellantes y testigos de la causa”, dijo a Página/12 Figueroa.Había quedado en encontrarse con un grupo de psicólogos a las 9 y luego iría a Tribunales. Vive en el campo, pero la noche del lunes se quedó en casa de su hermana, quien asegura que salió de ahí ayer a las 6. A partir de ese momento nada más se supo de González.El juez federal Bejas está a cargo de la megacausa que investiga los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga contra unas 80 víctimas, de un total de mil que se supone pasaron por el lugar. El 11 de noviembre pasado, el magistrado ordenó la detención de Ferreyra y Orce, acusados de la desaparición de los dirigentes comunistas Víctor Hugo González, Carlos Raúl Osores y María Celestina González, y del secuestro de Graciela Osores, Eduardo Osores y Orlando Argentino González. Todos ellos vienen siendo víctimas de permanentes intimidaciones, al punto que uno pasó a integrar el programa de protección de testigos, según señaló a este diario Julia Vitar, abogada y militante de HIJOS. Al parecer, mientras Ferreyra planeaba pegarse un tiro en cámara, Orce organizó a un grupo de muchachos que no habría tenido reparos en amedrentar a los abogados de HIJOS en los pasillos de Tribunales. “Tuvimos que hacer una presentación ante la Cámara para pedir que fuera garantizado nuestro derecho a trabajar sin ser fotografiados y sin que nuestras conversaciones sean grabadas por la patota que responde a Orce”, denunció Vitar. La declaración indagatoria de Orce había convulsionado el juzgado porque se quiso tirar por una ventana y sus familiares invadieron el despacho de Bejas.El Encuentro Memoria Verdad y Justicia anunció que si hoy González no aparece dará una conferencia de prensa mañana en el hotel Bauen y realizará una marcha el viernes hacia la Casa de Tucumán en Buenos Aires.

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El paísMiércoles, 27 de Mayo de 2009
Opinión
Desguazar
Por Adriana Calvo *
La causa Comisaría 5ª fue elevada a juicio oral: sólo dos oficiales del Ejército y seis policías serán juzgados y por una pequeña fracción de los delitos cometidos en la Comisaría 5ª de La Plata durante la última dictadura militar.Hace años que denunciamos que el desguace de las causas contra los genocidas reproduce y es funcional a la impunidad. El diccionario ayuda a aclarar, a fijar ideas. Desguazar. Del it. sguazzare. Deshacer, dividir, desmoronar, desbaratar, destruir, inutilizar, separar, desarmar, arruinar, consumir, devastar.La causa de la Comisaría 5ª se inició en mayo de 2002 por una denuncia de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) y la APDH La Plata, basada en el Trabajo de Recopilación de Datos de la Comisaría 5ª elaborado por la AEDD, en el que ya entonces constaba un listado de 113 víctimas identificadas al menos por su apellido –hoy son 143– y los nombres de más de 100 integrantes de la Cadena de Mandos y del personal policial que se desempeñó en el CCD –hoy son 138–. Durante dos años y medio la causa paseó de un cajón a otro. Desde la anulación de las leyes de impunidad (agosto de 2003) hasta fines de 2007, el juez Arnaldo Corazza procesó sólo a una decena de esos imputados y, por supuesto, acusando a cada uno de ellos por menos víctimas que las que correspondía y resolvió elevar la causa a juicio oral.Un año y medio después ya se murieron tres, con lo que hoy nos anuncian, con bombos y platillos, que ocho (sí, 8) genocidas serán juzgados por los hechos de la Comisaría 5ª. Eso sí, no de-sesperemos, porque el juez Corazza en noviembre de 2007 decidió abrir una nueva causa sobre la Comisaría 5ª, “para investigar una serie de delitos que no formarán parte del juicio oral a sustanciarse el año próximo”. Hasta hoy, indagó a un solo nuevo represor en esa causa y ése... ¡se murió!Hagamos una precisión porque vale la pena: uno de los acusados en el próximo juicio es Etchecolatz. Al indagarlo, Corazza traspapeló la segunda hoja de la lista de víctimas elaborada por la AEDD que estaba ordenada alfabéticamente. Resultado: todas las víctimas que estaban ubicadas debajo de Lidia Fernández quedaron excluidas de la acusación. Lamentamos particularmente por Leonardo, que nació en la 5ª hace 32 años. Deberá esperar todavía un poquito más para que Etchecolatz sea condenado por haberlo hecho pasar 29 años de su vida sin saber quién era y por la desaparición de su mamá y de su papá. Solo porque sus apellidos son Fossatti Ortega. Leonardo, no bajes los brazos, ¡seguí participando!¿Se entiende? Desguazar. Del it. sguazzare. Deshacer, dividir, desmoronar, desbaratar, destruir, inutilizar, separar, desarmar, arruinar, consumir, devastar.* Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, en Justicia Ya!.

Tus elecciones hablan por vos…
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INVITACION
La Asociación ME.DE.H.S. (MEMORIA DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD) de Goya tiene el agrado de invitar a Ud/s a los actos que con el lema “Educando desde la Memoria” se llevarán a cabo los días 29 y 30 de mayo de 2009 con motivo de la presentación del Libro “DICTADURA, MEMORIA Y VERDAD. Educación y represión en la ciudad de Goya” compilado por la profesora Gladys María Marcón de Di Gregorio, de acuerdo al programa adjunto.

Esperando contar con su presencia, saludamos a Ud/s muy atentamente.
PROGRAMA DE ACTOS
“EDUCANDO DESDE LA MEMORIA”
Viernes 29 de mayo- 20 hs.
Descubrimiento de Placa Recordatoria.
Lugar: Instituto “Pbro Manuel Alberti”

Sábado 30 de mayo- 20 hs
Presentación del libro “Dictadura, memoria y verdad. Educación y represión en la ciudad de Goya.”
Lugar: Teatro Municipal.

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Jornadas “A 40 años del Cordobazo: ciento treinta años de historia de las luchas de la clase obrera en Argentina, 1878-2008”

Córdoba, 27 y 28 de mayo de 2009



MESA Nº 4:
Testimonios y estudios de la organización y lucha obrera en el noroeste argentino. De los años del Cordobazo a nuestros días.

Coordinadores:

· Dra. ADRIANA KINDGARD (CONICET- UNJu)
· Lic. RUBÉN EMILIO CORREA (P.I.-CIUNSa Nº 1804 Memoria e Historia Regional, 1955-1976. -Red de Archivo de Historia Oral- Nodo Salta)

PANELISTAS INVITADOS
ARMANDO JAIME
Armando Jaime. edad 74 años, supo ser maestro de escuela en Santa Victoria Oeste por los años 48, 49, obrero del vestido en Salta afiliado al Sindicato Argentino de los Obreros del Vestido, participante activo de la resistencia peronista, fundador y secretario general del Frente Revolucionario Peronista, fundador de la C.G.T. clasista de Salta y del F.A.S, dirigente político y en la actualidad Sec. General del Movimiento Obrero Campesino Estudiantil Popular (MOCEP)

CARLOS “PERRO” SANTILLÁN
Carlos Santillán: desde la dirigencia gremial del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy fue símbolo de la protesta más radical contra el menemismo, jugando un papel central en la conformación del Frente de Gremios Estatales de la provincia norteña, de gravitación decisiva en el movimiento de resistencia obrera a las políticas neoliberales de los años ’90. Las luchas que lideró el “Perro” Santillán alcanzaron una fuerza y una centralidad que trascendieron los marcos locales, para repercutir en el desarrollo del movimiento obrero a nivel nacional. Hasta el año 2006, Santillán lideró la Corriente Clasista y Combativa, permaneciendo en la actualidad inmerso en la militancia social y en derechos humanos a través del Movimiento Social y Cultural TUPAJ KATARI por él fundado.

GERARDO BAVIO
Militante del peronismo desde sus orígenes en 1945. En 1955, participa en la resistencia en Córdoba y el norte argentino. Vivió y participó de las luchas que culminaron en la creación de la CGT de los Argentinos, en el Cordobazo en l969. En Salta, en los 70 participa de la campaña para la restitución democrática del 11 de marzo de 1973. Es elegido Intendente Municipal de la ciudad de Salta, formando parte del equipo del gobernador Miguel Ragone. En 1975 forma parte de la Junta Promotora del Partido Peronista Auténtico participando en las luchas contra la dictadura militar de 1976-1983.

HUGO ANDINA LIZÁRRAGA-
Militante del peronismo en Tucumán sobre todo en la resistencia contra las dictaduras. Desarrolla sus tareas sindicales en FOTIA , junto a Benito Romano, Leandro Fote y A. Santillán. En 1955 fue encarcelado y logra fugarse, incorporándose a la resistencia contra la dictadura de Aramburu, luego de Onganía, Lanusse, etc. En los 70 participó en las luchas que culminaron con la restitución democrática del 11 de marzo de 1973. Actualmente desarrolla su militancia en organizaciones populares y de derechos humanos

ROBERTO PUCCI-
Profesor de la Cátedra de Historia de la Universidad Nacional de Tucumán.
Investigador del proceso histórico de Tucumán y el noroeste argentino, con acento en el movimiento obrero. Publicó varios libros sobre el tema. Su último trabajo se refiere al período posterior al cierro de 11 ingenios durante la dictadura de Onganía en 1966 y las luchas obreras emergentes y los Tucumanazos. Actualmente, además de sus tareas docentes y de investigación participa en organizaciones sociales universitarias y de derechos humanos.

JUAN CARLOS CENA
Juan Carlos Cena es miembro fundador del MoNaReFA (Movimiento Nacional de Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos) y del Instituto Argentino de Estudios Ferroviarios y del Transporte. Su experiencia como ferroviario contribuye a la dilucidación de cuestiones técnicas sobre las causantes de los accidentes, así como su práctica como periodista y autor de investigaciones simplifica y hace accesible la información a quienes no somos expertos en el tema. El autor realiza una reflexión sobre las motivaciones profundas del estado actual del transporte en la Argentina, enfatizando el rol del ferrocarril y su decadencia posterior


NORBERTO SEÑOR:
Secretario General, de la Seccional Gran Buenos Aires sur de ATE y, dirigente político sindical de “Rompiendo Cadenas”, compañero experimentado y luchador por la defensa de los trabajadores y el socialismo


RESUMENES PRESENTADOS

ACOMPAÑAR EL CORDOBAZO
Movilizaciones obreras y estudiantiles en la provincia Salta
Mayo del 1969

Carlos Fernando Abrahan- Alejandra Soler Carmona
Proyecto de investigación CIUNSa Nº 1804
Facultad de Humanidades-Universidad Nacional de Salta

En 1969, fracciones proletarias y de la pequeña burguesía articulan movilizaciones y protagonizan una serie de huelgas políticas de masas: el primer Rosariazo (mayo 1969), el Cordobazo (mayo 1969) y el segundo Rosariazo (setiembre 1969).
Los hechos de 1969, principalmente en Córdoba, conmovieron el escenario nacional, el monopolio de la burocracia sindical y provocó la crisis del régimen. Pero por sobre todo: con la irrupción independiente de la clase obrera en la escena política, en medio de una crisis y división de la burguesía, se inauguró un proceso de características revolucionarias en Argentina, en sintonía con un escenario internacional de procesos revolucionarios. En esos años comienza a constituirse en Argentina una fuerza social, que se fue conformando por la alianza entre una fracción minoritaria de la clase obrera y de la pequeño burguesía que sustenta una estrategia revolucionaria.
En ese proceso histórico, por indicios en trabajos clásicos referidos al tema en cuestión
[1] centraremos nuestra investigación en el estudio de la situación del movimiento obrero y el movimiento estudiantil en la provincia de Salta. Con el objetivo de describir, periodizar y conceptualizar las movilizaciones obreras y estudiantiles desarrolladas durante mayo de 1969.
En la provincia de Salta, por su pertenencia a una estructura económico-social concretas de Argentina, los conflictos y enfrenamientos sociales adquieren especificidades que se desprenden de esa estructura económica-social concretas.
Sobre la base de estas particularidades nos interrogamos sobre el protagonismo que tienen las fracciones de clases sociales en pugna en la formación de la fuerza social con estrategia revolucionaria. De allí la necesidad de indagar sobre las organizaciones (sindicales y políticas), personificaciones, programas y el alcance de las acciones en los enfrentamiento sociales.
Para completar el análisis consideraremos las posiciones de las fuerzas armadas en el gobierno, las organizaciones patronales, los partidos políticos y la Iglesia Católica en relación al movimiento obrero y estudiantil, y en sus posiciones e intervención en los distintos momentos de las movilizaciones y luchas.
De conjunto esta investigación forma parte de un proyecto por recuperar a través de distintas manifestaciones la trayectoria de la clase obrera para enriquecer su historia. Con el objetivo de producir un conocimiento de la clase obrera en la provincia.


RELACIÓN ENTRE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y HUELGAS OBRERAS- ZAPLA POST PRIVATIZACIÓN
Eugenia Calvó
Fac. de humanidades y Cs. Sociales- UNJU
eugecalvo76@yahoo.com.ar


A fines de la década del ’90 y hasta el 2005, se registró un creciente número de protestas obreras en la fábrica Aceros Zapla, siendo la huelga del 2004 la más importante, en cuanto fue la que más tiempo se prolongó. Las demandas de los trabajadores hacían referencia a problemas concretos que vivían en el desarrollo de su trabajo. Uno de los puntos principales fue el de Seguridad Industrial. Este punto estaba vinculado al pedido de aplicación de un Plan de inversión, aumento del salario e implementación del Programa de Propiedad Participada (P.P.P.). Estas no eran demandas nuevas, sino que la mayoría de ellas son reclamos de años atrás (por lo menos del 97), como el tema de la Seguridad e Higiene, recomposición salarial y recategorización. Otras, como la implementación del P.P.P., desde la privatización de la fábrica que tiene vigencia.

En este trabajo, quiero considerar la influencia que tuvieron los cambios en la Organización del Trabajo con el desarrollo de estas huelgas.

Zapla se concibió y se desarrolló con una organización correspondiente a Gran Industria, donde el medio característico de producción es la máquina, organización que consiste en una división del trabajo, donde el objeto que se trabaja recorre diferentes procesos parciales continuos; equivale a lo que Marx denomina sistema de maquinarias (El Capital- Tomo I-Cáp. XIII).

En este sentido, considero importante realizar un breve repaso de la historia productiva de la fábrica, marcando como punto de quiebre la privatización de la empresa en el año 1992. Además de representar la expulsión de cientos de trabajadores de sus puestos de trabajo, a partir de este año se registra un considerable deterioro de la empresa y de las condiciones de trabajo.

A diferencia de otras firmas, donde la aplicación de métodos post fordista de producción se impusieron, en Zapla se puede observar que sobre la misma base técnica que mantenía después de la privatización, se incrementó el grado de explotación de los obreros, y aparecieron nuevas formas de contratación de trabajadores manifestando un alto grado de precariedad.

A su vez, el deterioro de la empresa, y la falta de seguridad consecuente, llevó a que los obreros sienten sobre esta base los puntos de sus reclamos.


"ECOS DEL CORDOBAZO EN EL NORTE ARGENTINO: PROTESTAS EN SAN SALVADOR DE JUJUY DURANTE LA TRANSICIÓN DE LA REVOLUCIÓN ARGENTINA
AL RÉGIMEN PERONISTA"

Fernando Castillo
Fac. de humanidades y Cs. Sociales- UNJU

A principios de 1971 se inicia el proceso de transición del régimen militar que había tomado el gobierno en 1966, designado como Revolución Argentina, hacia un gobierno democrático, que finalmente sería asumido por el Partido Peronista. Este pasaje se fue dando en el marco de gran actividad en el ámbito de las protestas desde fines de la década de 1960, entre las que se destacó el Cordobazo. Este espacio de confrontación entre los sectores trabajadores y el Estado abrevó por un lado fundamentalmente en las circunstancias económicas que atravesaba la Argentina –caracterizadas por la caída del salario real y la continuidad inflacionaria– y en las particularidades de la provincia de Jujuy –ante todo la fuerte participación del Estado en los puestos de trabajo del sector terciario–; por otro lado, las acciones de protesta se inscribieron además en demandas específicamente políticas, como la liberación de la actividad política y la legalización del peronismo. Comprendemos este momento de las acciones políticas de los trabajadores como el sostenimiento continuo de demandas de corte tanto económico como político.
En el presente trabajo se propone la reconstrucción y el análisis del campo de la protesta en San Salvador de Jujuy en 1971; se relevan algunos de sus actores –fundamentalmente los trabajadores estatales–, demandas y los puntos de antagonismos específicos en los cuales confrontaron con el Estado. Se enfoca además las diferentes tácticas que los trabajadores instrumentaron, destacando fundamentalmente el tejido de redes asociativas, orientadas a la formación de un sujeto colectivo (con diversos matices, de acuerdo los discursos de las diferentes agrupaciones políticas). Por otro lado, se plantean, aunque rápidamente, las estrategias –coercitivas y hegemónicas– ejecutadas por el gobierno provincial a fin de contrarrestar las acciones de protesta y de organizar el plexo social a partir de referentes identitarios disímiles a los propuestos por los sectores trabajadores.


LAS ORGANIZACIONES DE COMUNIDADES ABORÍGENES A LA LUZ DE LOS PROCESOS DE EXPULSIÓN DE TRABAJADORES Y CRECIMIENTO DE LA SUPERPOBLACIÓN OBRERA. EL CASO DE MINA PIRQUITAS

Lucía Castro Olivera
Carrera de Antropología (FHyCs),
Universidad Nacional de Jujuy


El presente trabajo constituye la presentación de las hipótesis y preguntas que orientan un proceso de investigación que se propone identificar, a partir de un estudio de caso, de qué manera impactó la masiva expulsión de trabajadores durante la década del 90 en las formas de organización de la clase trabajadora. El trabajo se propone analizar qué organizaciones emergieron en éste período, sus características y los intereses que representan.

Para desarrollar un tema de tanta amplitud nos concentraremos en las comunidades aborígenes de la puna jujeña, por constituir una forma de organización que surge y se difunde ampliamente en la provincia en un contexto de incremento sostenido de la desocupación.

El interés puesto en las comunidades aborígenes parte de observar que en el contexto de expansión actual de capitales agroindustriales y mineros en la provincia las comunidades asumen un rol en las negociaciones y enfrentamientos con las empresas capitalistas, de la región. En éste sentido nos interesa particularmente analizar la relación de las comunidades aborígenes con las organizaciones de los trabajadores en activo y desocupados en la actualidad.

Tomaremos como caso a analizar las comunidades aborígenes de las zonas próximas al establecimiento de Mina Pirquitas, un yacimiento minero ubicado en el Dpto. de Rinconada al NO de la provincia de Jujuy. El interés por analizar las comunidades aborígenes en este caso, parte de la función que cumplen actualmente como mediadoras para el acceso a trabajo en la empresa minera.

En la puna de Jujuy la persistencia de la producción familiar ha contribuido a “cimentar la imagen popular sobre la capacidad de la población local para subvenir sus necesidades en base a los recursos familiares”
[2], imagen que es negadora de los procesos históricos que han incorporado a la población puneña al mercado de trabajo capitalista y han constituido a la puna como una zona proveedora de mano de obra para la agroindustria y la minería.
Entendemos que la condición de clase no es excluyente de la reivindicación étnica y la subsume; en el sentido que la condición de expropiados de sus condiciones materiales de existencia es común a las distintas fracciones de la clase obrera (proletarios urbanos y campesinos semiproletarizados), de la cual la población indígena de la región constituye una parte.
En éste contexto ¿qué intereses representan las organizaciones de comunidades aborígenes? ¿cuáles son sus características? ¿qué formas adquiere y qué obstáculos presenta su vinculación con las organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados así como su relación con el gobierno y las empresas?

La intención de presentar las hipótesis y preguntas en ésta instancia es recibir los aportes y consideraciones de los investigadores y miembros de las organizaciones presentes.


EL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO SINDICALMENTE Y LOS DESOCUPADOS: UN ESTUDIO DE CASO; JUJUY

Elizabeth Gómez
FHyCs, Universidad Nacional de Jujuy




Esta ponencia presenta algunos avances de la investigación que estamos realizando en el marco del PIMSA que se inserta en el campo de problemas que hacen a la organización de los trabajadores. El objetivo general es conocer las características, obstáculos y formas que toma la vinculación entre dos partes de la clase trabajadora: 1) los ocupados organizados sindical y políticamente y 2) los desocupados, tomando como soporte empírico el caso argentino en dos momentos históricos: 1) la primera mitad de la década de 1930 y 2) la segunda mitad de la década de 1990 y comienzos de los años 2000.
Vamos a referirnos aquí a un aspecto de los procesos de luchas sociales actuales: la relación entre la organización sindical de los trabajadores asalariados y el movimiento de los desocupados en la provincia de Jujuy, entre 1995 y comienzos de los años 2000. En este caso la organización de los desocupados aparece teniendo una relación de larga data con el movimiento sindical y la dirección del movimiento de los desocupados aparece estrechamente vinculada a las organizaciones sindicales a diferencia de otros casos en que, en un primer momento, dicha relación presenta una forma conflictiva (Santa Cruz) o donde aparentemente no habría vinculación entre ambas partes (Chaco).
La información fue recogida de fuentes periodísticas locales (diario Pregón de Jujuy y El tribuno de Jujuy) así como de fuentes sindicales y partidarias, documentos del movimiento obrero y de organizaciones de desocupados y entrevistas a informantes clave.
El método que utilizamos privilegia la observación de confrontaciones sociales, tanto entre los trabajadores y empresarios o gobierno, como entre los trabajadores mismos, con relación a los desocupados y de estos con el movimiento obrero, lo que permite analizar tanto las políticas y posiciones de centrales sindicales, organizaciones político-sindicales o determinados sindicatos como acciones espontáneas, con bajo grado de organización institucionalizada.



“EL IMPACTO DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA EN LOS TRABAJADORES ESTATALES JUJEÑOS, ENTRE 1990 Y 2003”

Mirta Ruth Gutiérrez
UER Estudios Socio Históricos Regionales
FHyCs, Universidad Nacional de Jujuy
mirtaruth@fiberway.com.ar


El objetivo de esta comunicación es analizar el impacto de los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) en los trabajadores estatales de la provincia de Jujuy, entre 1990 y 2003.
En el país, la década de 1990 se caracterizó por la aplicación de políticas de cuño neoliberal. En este contexto, los sucesivos Pactos Fiscales entre los Ejecutivos Nacional y Provincial refrendaron el programa de Reforma del Estado traducida en “ajustes” para las provincias, por medio de las leyes que declaraban el estado de Emergencia Económica del sector público y el ajuste al gasto estatal.
Los DNU fueron el correlato de estas leyes provinciales y producto de ellos hubo, entre otras disposiciones, reducción y congelamiento de salarios y de antigüedad; jubilaciones de oficio; despidos masivos (de los que muchos aparecían encubiertos bajo la figura de “retiros voluntarios”),etc. Si bien marcaron todo el período, las más drásticas se aplicaron hacia el final de la década.
Todo esto ocurría en un clima de crisis institucional, pues varios de los gobernadores renunciaron bajo la presión de los trabajadores del Estado nucleados en torno al Frente de Gremios Estatales, cuya tenaz lucha contra el “ajuste” viabilizó la derogación de las medidas más radicales, hacia el final del período en cuestión.
La metodología empírico-inductivista nos permitió reconstruir el problema abordado a través de las siguientes fuentes: decretos, DNU, leyes, fallos judiciales y recibos de sueldos de la administración pública provincial.


LA CONFORMACIÓN SOCIAL Y LOS ENFRENTAMIENTOS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE LEDESMA, JUJUY. LA GÉNESIS DE LA NOCHE DEL APAGÓN.

Bascur, Omar; Monje, Juan Pablo; Tellería, Florencia
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales.
E-mails:
juanpymonje83@hotmail.com, bascur_omar@hotmail.com, flortelleria@hotmail.com

Nos proponemos aportar al conocimiento del proceso social que generó la denominada “Noche del Apagón”, suceso acaecido a partir del 20 de julio de 1976 en los pueblos de Ledesma y Caleligua, y que continuó toda esa semana, durante el cual, por las noches, se cortaba la luz en estos dos pueblos mientras las fuerzas represivas salían a secuestrar a los pobladores. En este hecho, el Ejército y la Policía con la ayuda y la complicidad del Ingenio Ledesma, que prestó sus camionetas, secuestraron alrededor de 400 personas de Ledesma y Caleligua, de las cuales 34 todavía siguen desaparecidas.
Existen varios trabajos relatando este hecho, sin embargo, no se encuentra producciones académicas acerca del modo en que los enfrentamientos entre los trabajadores y la patronal fueron la acumulación social que desencadenó la ofensiva de la burguesía agroazucarera
[3]. Nuestra premisa teórica es que todo hecho represivo debe ser enmarcado en un proceso de enfrentamiento de clases. Por lo tanto, no intentamos profundizar en lo sucedido específicamente en la “Noche del Apagón” sino, por el contrario dar cuenta del desarrollo de aquel proceso social en tanto génesis de este acontecimiento.
Para ello, seleccionamos una serie de dimensiones del proceso social abierto en los 1970 en el pueblo de Ledesma en general y en particular en el Ingenio, dimensiones tales como la estructura social, el proceso de producción, las formas de organización de los trabajadores pero también de la burguesía, haciendo hincapié en los distintos enfrentamientos sociales de la patronal del Ingenio Ledesma y los trabajadores, y tomando esepecialmente en cuenta la relación entre la burguesía local y el Estado.

La organización de los trabajadores en el Ingenio Ledesma

Respecto a la forma de organización de los trabajadores, con el Cordobazo en mayo de 1969 se abrió un periodo en que los sectores populares y la clase obrera empezaron a cuestionar a través de sus luchas el régimen social existente en la Argentina. El sindicalismo combativo durante este periodo recuperó sindicatos como el SITRAC, SITRAM, UOM Villa constitución, SMATA y demás. En el norte del país, el clima de conflictividad que generó el cierre de los ingenios en Tucumán se trasladó a los ingenios de Salta y Jujuy aumentando la lucha de los trabajadores de esta industría. En esta coyuntura, en el Ingenio Ledesma se conformó una agrupación clandestina de trabajadores denominada GOL (Grupo de Obreros de Ledesma) nacido a partir de un cuerpo de delegados conformado poco antes de 1970, que en el año 1973 recuperó el Sindicato del Azúcar de Ledesma
[4] de manos de una conducción pro patronal inaugurando un periodo de democracia sindical y de lucha por los derechos de los trabajadores inédito, consiguiendo desarrollar un sindicato autónomo respecto a la empresa.
En 1974 el sindicato de Ledesma apoyó el plan de lucha llevado acabo por FOTIA en Tucumán, regionalizando el conflicto azucarero en todo el norte argentino al lograr plegar a otros ingenios del norte a la lucha. El conflicto fue ganado y el sindicato Ledesma se convirtió en un referente de los ingenios del norte en lo que respecta a la combatividad y en remarcar la necesidad de la unidad de todos los gremios azucareros. Creemos que esta capacidad que tuvo la dirección combativa del Ledesma para comprometer en el conflicto a otros ingenios marcaría un hecho que sería determinante para la intervención del sindicato. Así es que en 1975 el sindicato es intervenido mediante un operativo de la policía, la gendarmería y el ejército en conjunto obligando a huir a gran parte de la conducción.

Relación del estado con la burguesía en el Dto. de Ledesma.
En el departamento de Ledesma, la vinculación entre la burguesía del Ingenio y el Estado ha sido particularmente estrecha debido a que la constitución de ambos se produjo de forma paralela en el tiempo, y su desarrollo recíprocamente condicionado. El modelo azucarero salto-jujeño se caracterizó por la concentración y monopolio de la tierra, la fábrica-ingenio con un mismo propietario
[1], y por el requerimiento de una gran cantidad de mano de obra para la cosecha y zafra, que sólo pudo garantizar - en una región de baja densidad demográfica- mediante la intervención del Estado. Así, su afianzamiento como la empresa más importante en el rubro a nivel nacional fue producto de un largo proceso que incluyó diversas medidas por parte del Estado, como el uso del Ejército en sus inicios para acarreo de mano de obra, la exención de impuestos, el otorgamiento de tierras, la construcción de caminos, puentes, viaductos, el reacomodamiento jurídico (ley de conchabo, de vagancia, etc.) la intervención de los ingenios tucumanos, en otras. En este contexto, se enmarca la creación de la localidad de Ledesma, realizada a través la cesión de tierras de la empresa a la provincia de Jujuy, frente a la necesidad de infraestructura (especialmente sanitaria) que no estaban dispuestos a solventar con sus propios recursos. Al tiempo que puede comprenderse la particular influencia de la empresa sobre los habitantes de la región, que ejerce, asimismo, a través de las múltiples obras públicas llevadas a cabo (escuelas, clubes deportivos, asociaciones juveniles, etc.) y que han derivado en la extensión de su autoridad y control por fuera del proceso productivo, haciendo difícil la distinción entre las nociones de Estado y empresa, de público y privado.
[1] A diferencia del modelo tucumano donde la concentración demográfica permitió a campesinos vender su producción a pequeños empresarios con molinos.
Conclusiones e interrogantes que se abren

Nuestra investigación arroja como resultados preliminares que la represión desatada en el Depto. de Lesdema, Jujuy, se debió al cambio cualitativo operado en la organización de los trabajadores del Ingenio, el cual fue posibilitado por el proceso operado en la clase trabajadora a nivel nacional a partir de las jornadas del Cordobazo y en particular, a la lucha de clases en Jujuy. Este cambio se expresó en la recuperación del sindicato en 1973 por un sector combativo de la clase trabajadora, que implicó un cuestionamiento a la hegemonía de la burguesía local y un incremento en las relaciones y organización de los trabajadores con la FOTIA y otros ingenios.
Al mismo tiempo, debido a que los pueblos del Departamento de Ledesma se constituyeron a partir de la necesidad de la industria azucarera de obtener mano de obra para su producción, en terrenos de la empresa que luego fueron cedidos al Estado, y por lo tanto, que en estos lugares es difícil distinguir las nociones de Estado y empresa, de lo público y lo privado, la específica forma que adquirieron los enfrentamiento en este lugar tiene características distintivas, el cuestionamiento de la hegemonía de la burguesía local por parte de los trabajadores no quedó limitado al lugar de trabajo y en consecuencia, la represión se extendió y la lucha salió de la fábrica para abarcar a otros sectores sociales de los pueblos de Ledesma y Caleligua.
No obstante, estos resultados no son concluyentes, sino más bien son una invitación a abrir nuevas preguntas sobre los sucesos que abarcaron el Departamento de Ledesma y el ingenio del mismo nombre. Surgen algunos interrogantes; ¿como eran las prácticas militantes cotidianas de los activistas sindicales combativos en el lugar de trabajo antes y después de la recuperación del sindicato? ¿Como era la organización obrera de base durante este proceso? ¿Cual fue el papel de las organizaciones políticas de izquierda en el ingenio?, otras preguntas son referidas al accionar de la burguesía tales como ¿cuáles eran los mecanismos de disciplinamiento de la burguesía (empresa Ledesma) en la fábrica? ¿Cómo era el control directo sin mediaciones del aparato estatal por parte de la burguesía, a la hora de ejercer la dominación y el disciplinamiento de los trabajadores del ingenio y del Departamento? ¿Hasta que punto la distinción burguesa de lo publico y lo privado en el Departamento de Ledesma, quedaba diluida ante el explicito control de la empresa Ledesma de las instituciones estatales a favor de sus intereses empresariales? Toda estas preguntas, y muchas otras solo podrán se contestadas con un trabajo investigativo a largo plazo que consista en recolección de datos secundarios pero también en un exhaustivo trabajo de campo.


[1] Balvé, Beba y Beatriz Balvé. El ’69. Huelga política de masas. RyR-CICSO, Buenos Aires. 2005.
[2] Kindgar, Federico; Gómez, Elizabeth y otros. Transformaciones del mercado de trabajo en la puna jujeña y su impacto sobre la situación del proletariado local. Ponencia presentada en
[3] Encontramos trabajos literarios, históricos y filmográficos sobre el tema, pero orientados a la temática de derechos humanos.
[4] SOEIL: Sindicatos de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma

El paísMartes, 26 de Mayo de 2009
El ex sargento Víctor Ibáñez contó cómo vio al Negrito Avellaneda, secuestrado por el Ejército
“Estaba encapuchado y en mal estado”
El suboficial estuvo asignado en El Campito, donde le acercó comida al chico de 15 años secuestrado junto a su madre. Lidia Biscarte, sobreviviente, contó cómo fue torturada y también declaró la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas.
Por Adriana Meyer

Santiago Riveros y Fernando Verplätsen son dos de los generales que están siendo juzgados.
“Ay, mami’, balbuceó Floreal Avellaneda cuando se abrió la puerta del cuartito. Estaba encapuchado y en muy mal estado.” Así describió el ex cabo Víctor Ibáñez su encuentro con el Negrito Avellaneda, que tenía 15 años cuando fue secuestrado en 1976, durante una nueva jornada del juicio oral por el asesinato de este joven y el secuestro de su madre, Iris Avellaneda. También declararon Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo que fue aplaudida al bajar del estrado; los coroneles retirados Horacio Ballester y José Luis García, del Cemida (Centro de Militares para la Democracia), que describieron la doctrina que organizó el genocidio y el rol de la Junta Interamericana de Defensa, de la que el imputado Omar Riveros fue parte, y la dirigente sindical Lidia Biscarte, sobreviviente de El Campito. “Me torturaron tanto que no podía hablar, me tiraron a una pileta de natación donde había muchos compañeros muertos”, dijo quebrada entre lágrimas. Contó que había sido violada y pidió perdón a sus hijos porque nunca se los había dicho. El público lloró con ella.Ibáñez ya había roto el pacto de silencio el 25 de abril de 1995, cuando su testimonio sobre lo que vivió entre los genocidas apareció publicado en el diario La Prensa. Un día más tarde, el entonces comandante en jefe del Ejército, Martín Balza, hizo su primer reconocimiento público de las atrocidades cometidas por su arma durante la dictadura. Ibáñez era un cabo talabartero que estuvo a cargo de tareas de logística y atención a prisioneros que pasaron por El Campito, uno de los centros clandestinos que funcionó en Campo de Mayo entre 1976 y 1980. Llegó hasta el grado de sargento, pero le dieron la baja por “rebeldía”. En la audiencia describió que su función era atender el radio, un teléfono, buscar el desayuno y el almuerzo de los detenidos. Precisó que las construcciones de la plaza de tiro eran muy antiguas, con decena de piezas pequeñas, galpones, un baño, una caldera, una piscina y varios quinchos. “Los detenidos estaban en los galpones, encapuchados y en colchones o colchonetas o trapos, y la radio estaba en el mismo edificio donde trabajaban (sic) los torturadores”, dijo Ibáñez en su testimonio. Como en sus relatos anteriores, describió a los represores: Jorge Vozo, alias “Ginebrón”; Fernando Verplätsen, que se reunía con oficiales y torturadores; y Santiago Riveros, quien iba a supervisar.“Me comentaron que al chico Avellaneda lo había mordido un perro”, dijo mientras lo interrogaba la fiscalía. Le preguntaron si estaba seguro de haberlo visto. “Me ordenaron llevar la comida a alguien en un cuartito, que estaba con candado. Un gendarme vino a abrir la puerta con una detenida que era enfermera y tenía una caja de primeros auxilios. Al fondo, parado y vestido, estaba este chico. Quizá la voz de la enfermera lo confundió y mencionó a su mamá”, respondió. Los padres del Negrito, Iris y Floreal, se conmovieron en medio del completo silencio del público.El ex cabo ya había visto el apellido Avellaneda en unos gráficos que desplegaban los represores, y en unas listas escritas a mano a las que tenía acceso. “La pista de aviación estaba como a dos kilómetros; en una oportunidad vi un avión en el que estaban cargando personas vestidas y encapuchadas, y me comentaron que era un traslado a una base en el sur, pero era vox populi que eran lanzados”, dijo sobre los llamados “vuelos de la muerte”. Como el cadáver del Negrito Avellaneda apareció en las costas uruguayas, es probable que ése haya sido su destino. Una pregunta de la abogada defensora del imputado Alberto Aneto, Elda Berasain, consolidó el testimonio. La letrada quiso saber cómo recordaba sólo ese apellido de las listas. “Porque había una indignación total en los cuarteles, se sabía que había un chico, se lo recriminé a mis superiores”, dijo el ex militar.A su turno, Cortiñas declaró: “Nos enteramos de lo que le habían hecho al Negrito; para planificar esa tortura indescriptible, los militares, y algún civil, se sentaron a una mesa. ¡Empalar a un chico de 14 años! ¿Cómo no vamos a exigir cárcel perpetua?”.
El paísMartes, 26 de Mayo de 2009
Opinión
Genocidio y discriminación
Por Carlos Slepoy
¿Qué diría usted si le dijeran que la ley penal califica como homicidio doloso la muerte intencional de un argentino (o un boliviano), un gitano (o un aymara), un negro (o un blanco) o un judío (o un católico) porque lo que sanciona la ley es el propósito de matar a alguien por su nacionalidad, etnia, raza o religión? ¿Y qué diría si esa misma ley penal excluyera de su consideración como homicidio la muerte intencional de un obrero, un estudiante, una mujer, un político, un ateo, un intelectual, un esquizofrénico, un parapléjico y así hasta el infinito, cuando la intención de quien comete el delito fuere matarlo debido a cualquiera de estas características, pero no en atención de su nacionalidad, etnia, raza o religión? Me atrevo a adelantar que no entendería tal desigualdad ante la ley. Atribuiría a desvarío la decisión de los legisladores que así lo decretasen.¿Y qué diría de los jueces que no repararan tamaño dislate fulminando con la nulidad esa ley por vulnerar la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales que prohíben toda discriminación cualquiera sea la condición de la persona? ¿Qué diría si esos jueces, cediendo a la tentación de no cuestionar a los legisladores desvariados, no calificaran como homicidio la muerte intencional de cualquier persona? Presumo que no lo comprendería. Es que el bien jurídico protegido es la vida y para el derecho (y para el sentido común) no tiene relevancia, al menos no debería tenerla, cuales sean la nacionalidad, las ideas, la etnia, el género, la raza, la situación social, la religión o la condición física o mental de la víctima.Aunque usted no lo crea, esa insólita desigualdad de trato es la que están consintiendo los tribunales de nuestro país que dictan sentencias respecto de los crímenes cometidos por la última dictadura. Basándose en que la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio incluye solamente como grupos protegidos a los grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos, opinan que queda fuera de la posibilidad de sancionar por genocidio el propósito de destruir cualesquiera otros y, en consecuencia, los delitos de que fueran víctimas múltiples grupos humanos en nuestro país. Como interpretan esta Convención en forma rígida y limitada aplican un delito distinto, el de crímenes de lesa humanidad, como si éste fuera un cajón de sastre para introducir en él cualquier crimen masivo. Asumen, en general, que la intención de la dictadura fue destruir esos grupos pero, como consideran que se trataba de grupos políticos, y estos no estarían incluidos en la Convención, no se habría cometido un genocidio en nuestro país. Con seguridad declararían inconstitucional una ley que estableciera que es homicidio doloso la muerte intencional de una persona y no de otra según fuera su condición, pero en cambio no consideran contraria a la Constitución y a los tratados internacionales una norma que incluiría a unos grupos y excluiría a otros en el crimen de genocidio. Es muy grave y obedece a distintos equívocos.En primer lugar, la dictadura no sólo se propuso eliminar lo que podrían considerarse como grupos políticos en sentido estricto, que también, sino un amplio espectro de colectivos de nuestro país –todos aquellos opuestos al modelo de sociedad que impusieron los represores–. (Por cierto, ¿en qué grupo político habría que incluir a los cientos de niños secuestrados?)En segundo lugar, así como el homicida atenta contra la vida individual de una persona, el genocida atenta contra la existencia del grupo. Como vimos, distinguir una vida de otra constituye una aberración jurídica. Por ende, también lo es distinguir un grupo de otro.En tercer lugar, la Convención que sanciona el genocidio fue dictada en 1948. Muchos ríos han discurrido desde entonces y, en el derecho internacional, mares. Tratados y resoluciones múltiples señalan que las normas protectoras de los derechos humanos deben entenderse dinámicamente, atendiendo al fin para el que han sido dictadas, teniendo en cuenta sus precedentes, la evolución del derecho y el contexto en que deben ser aplicadas. Así como el concepto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil es lo que caracteriza al delito contra la humanidad en sentido genérico, el propósito de destrucción del grupo es lo que define al genocidio. Este crimen es el que se cometió en Argentina y no el primero. Aun si los jueces argentinos entendieran, como lo vienen haciendo mayoritariamente, que la Convención no protege a determinados grupos, ¿no es hora de que declaren a la Convención discriminatoria y la completen en el único sentido posible, es decir, incluyendo en el delito a aquellos que ésta excluiría?Estas reflexiones no son más que una introducción al meollo de esta cuestión: la trascendencia que tiene asumir que la sociedad argentina fue víctima de un genocidio.Quede dicho en todo caso que la labor de los jueces no es aplicar mecánicamente las leyes a determinados hechos, eso podría realizarlo una computadora. Entre otras, su tarea es interpretar las normas y cuando su literalidad es equívoca o irracional, como en este supuesto, deben hacerlo de modo que sirvan a los fines para el que fueron dictadas y no consentir discriminación de ningún tipo, como lamentablemente muchos vienen promoviendo en la cuestión a que se alude.P.D.: Se nos murió Don Mario. Siempre será temprana la muerte de los que aún después de muertos nos siguen dando tanta vida.

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El paísMartes, 26 de Mayo de 2009
Manuel Gonçalves, víctima de Patti
“Chocante y doloroso”
Por Adriana Meyer
Manuel Gonçalves vuelve de La Plata al anochecer del feriado lluvioso. Este nieto recuperado fue al juzgado de Manuel Blanco a notificarse del rechazo a la impugnación de la candidatura del represor Luis Patti, victimario de sus padres desaparecidos. “Los legisladores de este país deberían estar de acuerdo para no tener a Patti sentado entre ellos, pero no lo están tomando en cuenta”, se quejó Gonçalves, en alusión al proyecto de ley que inhabilita a represores para aspirar a cargos públicos. “Si hubiera estado aprobada, se evitaba todo esto”, resumió.Gonçalves fue solo y sin demasiadas expectativas de que fuera aceptada la impugnación al torturador confeso Patti, candidato a diputado nacional del duhaldista Daniel Basile y de los ex carapintadas del Modin.En el entorno de Blanco comentaban que el juez “se tapó la nariz y firmó”, según confió a Página/12 una fuente judicial. “Resulta que no es prueba suficiente para impugnarlo siete casos de tortura, uno de homicidio, la causa elevada a juicio, un año de Patti preso. Como sigue faltando la condena, lo habilitan”, dijo con desazón el hijo de Gastón Gonçalves y Ana María Granada, secuestrados por la patota de Patti. “Mientras la Corte decidía que tenía fueros y el Congreso se los quitaba, la causa avanzó. Es muy distinta su situación procesal ahora. Pero si hay que llevarles un condenado ¿para qué tanta energía?”, se preguntó.–En 2006 el argumento era que no tenía impugnaciones previas.–Claro, por eso hicimos todo, pero la Justicia responde así. Nos quita energía, tenemos tanto que recorrer con la causa en sí. Hay que hacer una pausa, que esta persona responda a las acusaciones, que venga libre a pretender un cargo. Es un caso más que conocido, el juez ya ponderó la prueba y elevó a juicio. Ya demostramos judicialmente de quién estamos hablando, es chocante y doloroso que eso no sea suficiente para impugnarlo. ¿Por qué no lo frenamos acá? Todo vuelve a empezar y no es sólo responsabilidad de la Justicia, sino del Parlamento, que no sancionó a tiempo una ley para evitarlo. Fallan las instituciones democráticas.–¿Se refiere al proyecto de Victoria Donda?–Sí. Todavía no tenemos esa herramienta, está saliendo con fórceps, y ya no va a tener efecto con este caso, sino a futuro. Si este tipo llega a ganar, inmediatamente va a tener fueros para asumir, y habrá que quitárselos de nuevo. Había que sancionar una ley para que quienes cometieron delitos de lesa humanidad ni puedan aspirar a cargos, así se acababa la discusión y no era necesario impugnar ni nada.–¿El peor escenario es que vuelva a estar libre por unos días?–Sí, y es un retroceso que afecta a los testigos, todo se vuelve a repreguntar, debilita el sistema judicial. Los legisladores de este país no lo ven, el proyecto tiene más de un año en el Congreso.–¿Quiere decir que si fuera ley, se evitaba todo esto?–Claro, el proyecto nació luego del episodio anterior.–¿Faltó voluntad política?–Todas las fuerzas políticas deberían estar de acuerdo para no tener a Patti sentado entre ellos, no lo están tomando en cuenta. Es cierto que si el oficialismo con su mayoría quiere sacar algo, lo hace, pero en este caso por el tema del que hablamos se necesitaba de todas las fuerzas. Está claro que ya la tendrían que haber impulsado, y aunque hay diputados puntuales que lo hicieron, no fue así con los bloques en su conjunto. Ni oficialistas ni opositores iban a las reuniones de comisión, fue desidia de todos los sectores.
El paísMartes, 26 de Mayo de 2009
El juez Blanco habilitó la candidatura a diputado de Luis Patti, preso por crímenes de lesa humanidad
Con la cárcel como comando de campaña
La Justicia consideró que como aún no tiene condena, Patti puede presentarse. Su candidatura había sido impugnada por organismos de derechos humanos.
Por Victoria Ginzberg
Durante 25 años los familiares de las víctimas de Luis Abelardo Patti intentaron que el ex comisario respondiera judicialmente por sus crímenes. Durante más de veinte años los tribunales estuvieron cerrados para ellos. Amparado en su impunidad, el represor fue intendente y quiso ser gobernador y diputado, aspiración que no abandonó en esta elección. Los hijos y hermanos de las personas que había secuestrado y asesinado buscaron, entonces, impedir al menos que asumiera cargos públicos. Pero la Justicia les respondió que, como no pudieron condenarlo, no hay obstáculos para que sea legislador nacional. El juez federal Manuel Blanco habilitó ayer la candidatura del torturador que espera su juicio en la cárcel de Marcos Paz.El magistrado sostuvo que el Código Electoral Nacional prevé que para que una persona sea excluida del padrón debe estar “condenada por delitos dolosos a pena privativa de libertad” y que “no existiendo condena alguna respecto del nombrado, resulta claro que la impugnación no encuadra en las previsiones objetivas normadas en la ley de la materia para prohibir la postulación de un candidato”.En la práctica es casi imposible que Patti –si consiguiera los votos para ser electo diputado– asuma su banca. Para eso debería ser absuelto de los crímenes de lesa humanidad por los que ya está procesado y muy cerca de ir a juicio oral. Los especialistas sostienen que los fueros que podría obtener en junio no le valdrían en la causa que lo llevó a la cárcel en noviembre de 2007. De hecho, en ese año, la Cámara de Diputados lo desaforó para que el juez federal de San Martín Alberto Suárez Araujo ratificara su decisión de encerrarlo por el secuestro de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, la desaparición de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti.“Es otra oportunidad perdida, presentamos una impugnación que exigía un debate de fondo. Las causas contra Patti han avanzado, hay mucha prueba en su contra que pedimos que se analizara y también solicitamos una audiencia pública y nada de esto se produjo. Creemos que el tema exigía una discusión compleja sobre los derechos políticos de aquellas personas vinculadas con la última dictadura militar, más allá del avance en las condenas penales. Eso fue lo que señaló la Corte Suprema cuando rechazó que el Congreso excluyera a Patti. Dijo que la vía para discutir el tema era la impugnación ante la Justicia antes de que se realizara la elección. La Justicia, en cambio, nos dio una respuesta formal”, señaló a Página/12 Diego Morales, director del área legal del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). El abogado adelantó que la decisión de Blanco será apelada ante la Cámara Nacional Electoral.El juez respondió a la impugnación realizada por los abogados Carolina Varsky, del CELS; Ana Oberlin, de Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), y Pablo Llonto en representación de Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, Gladys y Ethel Cambiaso y Gastón y Manuel Gonçalves. Y a un escrito que en el mismo sentido hizo Ana Cacopardo, de la Comisión Provincial por la Memoria.En la presentación ante Blanco, el CELS, Hijos y Llonto aseguraron que Patti “no se encuentra legitimado constitucionalmente para presentarse como candidato a un cargo electivo de acuerdo con lo prescripto por diversas normas nacionales e internacionales, así como por la doctrina emanada de los órganos de aplicación y control del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos”.También reseñaron casos similares abordados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este último organismo se expidió acerca de una denuncia hecha por el general guatemalteco Ríos Montt, que alegaba la violación de su derecho a ser elegido por parte del gobierno de Guatemala. La CIDH entendió legítimas las restricciones impuestas por el derecho interno de ese país y dijo que correspondía evaluar su validez dentro del contexto histórico–político. Así, descartó la pretensión de Ríos Montt de argumentar que estaba siendo discriminado porque darle la razón hubiese significado privilegiar a aquellos que asumen el poder de manera ilegítima ante quienes lo hacen a través de procedimientos legítimamente establecidos. Agregó que no importaba que el dictador hubiera recibido una amnistía, ya que su exclusión tenía por objeto la protección y defensa del sistema democrático. Sobre este caso, Blanco resaltó que la imposibilidad de Ríos Montt de presentarse como candidato se realizó a través de una ley y no por una disposición judicial.El CELS, Hijos y Llonto mencionaron otro hecho a tener en cuenta al analizar la impugnación de Patti: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus observaciones de 1995 y 2000, recomendó a la Argentina que estableciera procedimientos adecuados, y adoptase todas las medidas necesarias con el fin de asegurarse de que aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y aquellos funcionarios de la administración pública sobre los cuales existan pruebas suficientes de participación en violaciones a los derechos humanos no sigan ocupando un empleo en dichas fuerzas y en la administración pública. “El estándar que se exige para examinar las calidades de las personas que pretendan ejercer cargos públicos –explicaron– es menos riguroso que el que supone una condena en un proceso penal. Ello se debe, por un lado, a las anormales circunstancias en las que se desenvuelven las instituciones estatales (y en particular el Poder Judicial) durante los períodos de gobiernos dictatoriales, y por otro lado, a las dificultades materiales con las que –con posterioridad– se enfrentan los intentos por identificar, juzgar y sancionar tanto a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En el caso argentino, esta excepcionalidad toma un cariz especial, tanto por la gravedad de los hechos ocurridos, como por el posterior contexto de prolongada impunidad y denegación de justicia en el que fue sumido el país por casi 30 años, con la consiguiente imposibilidad de investigación judicial y sanción penal de los responsables.”Pero estos argumentos no convencieron al juez, que dio a Patti el mismo trato que a un delincuente común y no tuvo en cuenta la paradoja de exigir una condena cuando el mismo Estado –a través de sus tres poderes– era el que, hasta no hace tanto, impedía obtenerla. La discusión seguirá en los tribunales superiores. Si finalmente su candidatura es ratificada, al menos Patti contará sus votos desde la cárcel.


-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
*** A l@s Cr@s. de Chile y a la Solidaridad Internacional ***
Querid@s Compañer@s:

Estando en viaje, con dificultades para acceder al correo y operar la REDH, recibo desde Chile el correo del Compañero Carlos Rivera, que les reenvio.

Carlos Liberona, además de ser un queridísimo amigo/hermano/compañero, es una de esas personas que por su capacidad de lucha, la energía que pone en lo que hace, los espacios de encuentro y los caminos que abre, resulta imprescindible. Pese a sus serios problemas de salud, nunca detuvo su esfuerzo solidario, promoviendo el intercambio de experiencias, discusión y actividades de promoción en la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos originarios, y la cultura popular.

Hoy, es él quien necesita de nuestra solidaridad, por esto recurro a uds. reenviando el mensaje de Carlos Rivera convocando a una actividad solidaria el próximo sábado 30 de mayo. Descuento que muchas Compañeras y Compañeros concurrirán o colaborarán con su adhesión, pero como l@s conozco, sé que a quienes no les sea posible hacerlo de esta manera se les ocurrirá alguna otra, para lo que les pido que coordinen con este Compañero su viabilidad. Su email es:
carrivera4@hotmail.com.

La solidaridad no se agradece, se retribuye; y nos van a faltar años para retribuir tanta solidaridad recibida del Cro. Carlos Liberona. Es hora de comenzar.

Muchas gracias por la atención y difusión que den a este mensaje

Un gran abrazo,
Carlos D. PÉREZ
Coordinador de REDH
Red Solidaria por los Derechos Humanos

AQUI EL MENSAJE ENVIADO POR CARLOS RIVERA (
carrivera4@hotmail.com):

"Sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario... Che"
POR FAVOR DIFUNDIR CON LA MAXIMA PRIORIDAD, ES NECESARIO PARA LA PROSPERIDAD DEL EVENTO
GRACIAS
AtteClaudia Videla Sotomayor

INVITACION
Estimad@s Compañer@s y Amig@s:
Nuestro compañero, Carlos Liberona, se encuentra en delicado estado de salud, después de haber sido sometido a una difícil y compleja intervención quirúrgica para extraerle un tumor desde su garganta que le impedía hablar.
Debemos recordar que el año pasado le han extirpado sus riñones y actualmente debe dializarse 3 veces por semana.
Carlos y su familia requieren de todo nuestro apoyo y solidaridad.
Estamos organizando una cena para reunir fondos que permitan pagar los gastos de su última hospitalización y operación
La cena será el sábado 30 mayo a las 19:00, en la CAVA, Llano Subercaseaux 3516, San Miguel, Estación Metro el Llano
La cena tiene tiene tres adhesiones:
1) Una adhesión de $ 5.000
2) Una adhesión de $ 10.000
3) Una adhesión de $ 15.000 y más
Rogamos colaborar comprando una entrada para esta actividad, en el depósito de la cuenta bancaria de la esposa de Carlos. Los datos son los siguientes:
Ulrike Meissner-Liberona
RUT: 14.485.234-6
Banco de Chile
Nº de cuenta: 608683-00-3

"En este planeta morir no cuesta nada,
vivir es lo que cuesta"
Vladimir Mayakovsky
El país Lunes, 25 de Mayo de 2009
EN LA INVESTIGACION POR EL PRESUNTO INTENTO DE ASESINATO A EVO MORALES, UN TESTIGO VINCULO AL ARGENTINO MONES RUIZ
Un dedo que apunta al mismo ex carapintada
Ante la Justicia boliviana, el principal testigo de la causa dijo que Jorge Mones Ruiz se reunió con el cabecilla del grupo terrorista acusado. La comisión multipartidaria que integran diputados nacionales pediría información al gobierno argentino.

El grupo terrorista desbaratado en abril habría planeado matar al presidente Evo Morales y a otros funcionarios.
Por Nora Veiras
El testigo clave de la investigación que está realizando la Justicia de Bolivia sobre el presunto intento de magnicidio en ese país abrió la trama de vínculos nacionales e internacionales de Eduardo Rózsa Flores, alias Germán, señalado como cabecilla del grupo terrorista y muerto por la Policía Nacional. En su declaración ante la fiscalía, Ignacio Villa Vargas, chofer de Rózsa, detalló los contactos de su jefe con militares retirados argentinos e identificó al ex carapintada Jorge Mones Ruiz. Ante los datos aportados por Villa Vargas, la comisión multipartidaria, integrada por diputados nacionales, anticipó a la prensa que pediría información al gobierno argentino. El embajador en La Paz, Horacio Macedo, dijo a Página/12 que “hasta última hora del viernes no había recibido ningún requerimiento oficial sobre esas reuniones. En cambio, sí ha sido gestionado el pedido de extradición de otro militar prófugo por delitos de lesa humanidad, Luis Enrique Baraldini”.
Villa Vargas, quien acaba de ser imputado por terrorismo por la misma fiscalía, pasó de ser jefe de las Juventudes Cruceñistas, una organización secesionista de Santa Cruz de la Sierra, a chofer de Rózsa. Durante su extenso testimonio, “El Viejo” aseguró que el objetivo del grupo desbaratado el pasado 16 de abril en el Hotel Las Américas de Santa Cruz planeaba asesinar al presidente Evo Morales, a su vice Alvaro García Linera y al ministro de Gobierno, Juan Ramón Quintana. Dio detalles de los vínculos de Rózsa con el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, con el ex titular del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, y aseguró que uno de los pilares financieros era Hugo Antonio Achá Melgar, el titular de Human Wright Foundation, que abandonó el país y se instaló en los Estados Unidos apenas empezó la investigación. El viernes, el fiscal Marcelo Sosa –al mando de la instrucción– dispuso el embargo de los bienes de Achá. “El Código de Procedimiento Penal señala en uno de sus artículos la anotación preventiva de bienes del declarado rebelde o prófugo que evade la Justicia”, dijo Sosa, amparándose en el decreto de confiscación de bienes a quienes hayan financiado y apoyado acciones terroristas en Bolivia.
“Los gauchos”
–¿Qué otros vínculos internacionales tenía Rózsa? –le preguntó el fiscal a Villa Vargas.
–Sólo con los gringos, pero una vez lo llevé a una reunión en el hotel Los Tajibos, allí se encontró con el doctor Achá, una mujer y otra persona, me dijo que era un militar argentino que me acuerdo bien el nombre porque me pareció divertido: se llamaba Mona Ruiz (sic), con él y Achá entraron al hotel y al salir mientras lo llevaban a su hotel, él me dijo que habían hecho un buen trato y que ya llegarían los gauchos a entrenar a nuestra gente. Después me comentó que llegaría un grupo de avanzada y que él tenía que ver dónde lo acomodaría para que empiece el trabajo. Creo que llegaron unos siete, pero los vi sólo una vez, en estas cosas él era muy reservado.
El apellido que le resultó simpático a Villa Vargas es, en realidad, Mones Ruiz, el consecuente carapintada que participó de los alzamientos contra la democracia en los ’80 en defensa de la impunidad de los ejecutores del terrorismo de Estado. Entre el 25 y el 30 de marzo el ex carapintada estuvo en Bolivia como parte de un grupo de avanzada de UnoAmérica, la organización de ultraderecha que pretende ser la contratara de Unasur y dice estar investigando la Masacre de Pando con el fin de presentar una denuncia contra el gobierno de Morales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver aparte).
El 12 de mayo, Página/12 consignó que un informe que llegó a la Cancillería argentina daba cuenta de que “estaría presente en la zona del Beni (norte de Bolivia) una célula argentina de once ex carapintadas que se sumarían a otras dos células (brasileña y uruguaya), integradas por ex militares que habrían estado en misión en los Balcanes. La mencionada ‘célula argentina’ habría mantenido contactos con sectores de ‘ultraderecha’, opositores al actual gobierno nacional boliviano, en Santa Cruz y en Cobija, departamento de Pando”. La información, fechada el 4 de mayo, señala que “empresarios y terratenientes de Santa Cruz de la Sierra habrían requerido la presencia de los ex militares con el objetivo de ser instruidos en materia de autodefensa ante eventuales intentos de apresamiento por parte de organismos oficiales”.
La participación en la Guerra de los Balcanes habría sido el lugar de encuentro de uniformados argentinos con Rózsa, el ciudadano boliviano-húngaro-croata que se convirtió en “héroe” de esa guerra y regresó a Bolivia con el objetivo de lograr la autonomía de Santa Cruz de la Sierra. Rózsa, un fanático que supo ser militante del Opus Dei y luego del islamismo, confesó en una entrevista realizada en setiembre del año pasado por la televisión húngara –con el compromiso de ser difundida sólo en caso de muerte– que un grupo de opositores políticos lo contactó hace más o menos año y medio desde Santa Cruz. Su misión principal era defender la región de los grupos y milicias de indígenas. “Estamos dispuestos, dentro de unos meses, en el caso de que la coexistencia no funcione y en virtud de la autonomía, a proclamar la independencia (de Santa Cruz) y crear un nuevo país”, dijo Rózsa, quien se hacía llamar también Germán. El reportaje está fechado el 8 de septiembre, apenas tres días después se produjeron los asesinatos, secuestros y torturas de decenas de campesinos en el departamento de Pando. El entonces prefecto de ese departamento, Leopoldo Fernández, está preso como responsable de haber ordenado la masacre. El titular de UnoAmérica, Alejandro Peña Esclusa y Liliana Raffo, la viuda del teniente coronel Horacio Fernández Cutiellos, acompañante de Mones Ruiz en su periplo por Bolivia, visitaron al detenido para brindarle su solidaridad a fines de marzo. Fernández Cutiellos fue muerto durante el intento de copamiento del Regimiento de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria (MTP) en enero del ’89.
Donde hubo fuego
Mones Ruiz se desempeñó como agregado militar en la embajada argentina en Bolivia durante la última dictadura. Desde entonces cosecha vínculos con camaradas en actividad y retirados de ese país. Gracias a esas lealtades corporativas pudo reinsertarse en sociedad otro ex carapintada prófugo de la Justicia argentina que también ocupó el mismo destino diplomático: Luis Enrique Baraldini. El embajador Macedo confirmó que Interpol Bolivia está buscando al oficial a pedido de una orden del juez federal Daniel Rafecas.
El diario El Nuevo Día, de Santa Cruz de la Sierra, publicó en marzo de 2006 que Baraldini había instalado una escuela de equinoterapia, El Centro Ecuestre Especial. En esa oportunidad, Luis Baraldini se hizo llamar “Luis Pelliegre”, en vez de Pellegri, como es el apellido materno. “La inteligencia y capacidad de trabajo, pero sobre todo la lealtad, compañerismo y nobleza de éstos animales hace que tengamos buenos resultados y que los niños disfruten su terapia”, declaró el ex jefe de la Policía de La Pampa buscado por delitos de lesa humanidad.
El militar que desapareció de la Argentina en 2003 apenas se reactivó el juicio por la represión ilegal en La Pampa fue contenido por sus pares bolivianos. El diario La Arena de La Pampa informó que “hasta fue condecorado por el Círculo de Oficiales del Ejército de ese país en el año 2005 con la Gran Cruz. También actuó como comisario en campeonatos ecuestres en el Country Club Cochabamba, un exclusivo barrio privado de esa zona. Había actuado como agregado militar entre 1980 y 1982 donde adiestró a oficiales bolivianos y también continuó con la actividad de los caballos de equitación”.
En su reciente viaje a Bolivia, Mones Ruiz se habría reunido también con Baraldini. Después de esos encuentros, el oficial abandonó sus caballos y hasta ahora Interpol no logró localizarlo.
El avance de la investigación sobre el supuesto grupo terrorista desbaratado en Santa Cruz de la Sierra está cerrando el círculo de relaciones peligrosas.
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Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La PlataPersonería jurídica N° 13.799-58.484 - Entidad de bien público 825Calle 48 N° 632, piso 6°, oficinas 79-80(1900) La Plata - Buenos AiresRepública Argentina Tel./fax:+54 221 482-0595________________________________________1979 - 2009APDH LA PLATA - Treinta años de lucha por un mundo libre del temor y de la miseria
Otra causa a juicio oral en La Plata
Elevan a juicio el primer tramo de la causa Comisaría Quinta
Dos oficiales del Ejército y siete ex policías bonaerenses, irán a juicio oral a partir de la decisión adoptada por el juez Arnaldo Hugo Corazza, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de La Plata en la causa “Crous, Félix Pablo s/ Denuncia Comisaría 5ª La Plata”. El expediente fue recibido ayer en el Tribunal Oral Nº 2.
Los hechos de la causa incluyen más de ochenta casos de privación ilegal de la libertad y tormentos y tres casos de apropiación de niños. Entre ellos, el cautiverio que sufriera en la dictadura Jorge Julio López y el secuestro aún no esclarecido de Clara Anahí Mariani, a quien su abuela continúa buscando.
(APDH LAPLATA, 22mayo2009).- La causa se inició a raíz de una denuncia conjunta que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata interpusieron en el año 2002 ante el fiscal Félix Crous. Radicada la causa ante el juez federal Arnaldo Corazza, éste se declaró incompetente lo que provocó que APDH LA PLATA y la Fiscalía apelaran, obteniendo una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que dispuso que la causa continuara tramitando en esta ciudad.
En noviembre de 2004 se produjeron las primeras detenciones y luego de ello la instrucción de la causa se prolongó por otros cuatro años y medio hasta llegar a la decisión de elevarla a juicio.
La causa será remitida al Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por los jueces Nelson Jarazo, Jorge Miceli y Alejandro Esmoris, quienes deberán en primer término definir si aceptan su competencia en la causa. Este mismo tribunal tuvo asignada la causa contra el cura represor Christian Von Wernich y se declaró incompetente porque existía una conexión entre ese proceso y el que se había seguido a Miguel Etchecolatz ya que ambos actuaron como miembros de la policía provincial.
Nueve represores deberán responder por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Comisaría Quinta:
1. Osvaldo Sertorio, titular de la Comisaría Quinta de La Plata desde el 23 de junio de 1976 hasta el 25 de noviembre de 1977.
2. Rodolfo Aníbal Campos, Subjefe de la Policía Bonaerense desde el 14/12/77 hasta el 22/3/79.
3. Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien actuó a partir del 5/5/76 como Subdirector de Investigaciones, a partir del 15/6/76 a cargo de la Dirección de Investigaciones, a partir del 30/12/76 como Director General de Investigaciones y a partir del 1/1/77 en que asciende a Comisario General, continúa como Director General de Investigaciones hasta el día 28/2/79 en que pasó a retiro activo voluntario.
4. Hugo Alberto Guallama, cabo de la policía provincial y chofer de Etchecolatz.
5. Carlos García, quien se desempeñó en la División Delitos contra la Propiedad con el grado de Oficial Principal Seg. el 1° de marzo de 1975. El 10 de agosto de 1976, manteniendo el grado, fue asignado a la Brigada de Martínez. El día 11 de marzo de 1977, con el mismo grado, García pasó a revistar en la Brigada de San Martín. Pero un mes y medio después, el 29 de abril de 1977, fue trasladado a la Unidad Regional de La Plata. Cinco meses después de esa fecha, el 23 de septiembre de 1977, fue ascendido a subcomisario “por méritos extraordinarios”.
6. Domingo Almeida, se desempeñó con el Cargo de Cabo 1° desde el 1° de enero de 1976 hasta el 1° de enero de 1980 en el que fue designado Sargento hasta el año 1984.
7. Luis Vicente Patrault, que revistó como sargento entre el 1° de enero de 1976 y el 1° de enero de 1978, fecha ésta última, en la que fue designado sargento 1°, cargo que ocupó hasta el 1° de enero de 1982.
8. Horacio Elizardo Luján, Comisario Mayor con legajo N°3552 revistó desde el 13/05/76 en la Unidad Regional hasta el día 30 de diciembre de 1976 cuando fue trasladado a la Dirección de Seguridad Interior.
9. Alejandro Agustín Arias Duval, que prestó servicios en el Destacamento de Inteligencia 101 en la ciudad de La Plata, dependiente del Comando en Jefe del Ejército, Jefatura II Inteligencia.
Campos y Etchecolatz serán juzgados como integrantes de la cadena que comandó la represión y tenía bajo su órbita a las personas secuestradas que fueron alojadas en la Comisaría Quinta de La Plata. Sertorio era el titular de la dependencia y Luján el Jefe de la Unidad Regional.
En el caso de Etchecolatz será juzgado también, junto con Guallama y García, como autor directo por su participación personal en los homicidios cometidos en la casa Mariani-Teruggi y por el secuestro y ocultamiento de Clara Anahí.
García deberá responder además por doce casos de privación ilegal de la libertad y tormentos a doce víctimas, por su carácter de integrante de la “patota” que secuestraba, trasladaba e imponía vejámenes a las personas privadas de su libertad.
Almeida y Patrault (a) “El Tío” eran policías de baja jerarquía y están acusados de cometer abusos contra los secuestrados y de integrar el aparato de represión que posibilitó la comisión de delitos. Ambos fueron reconocidos por liberados de ese centro clandestino.
Finalmente, Alejandro Arias Duval integró el Destacamento 101 de Inteligencia, cuya participación en el aparato del terrorismo de estado es halla probado por distintos medios.
La investigación acerca de los delitos cometidos en este importante centro clandestino de detención no ha concluido, ya que en el Juzgado Federal Nº 3 a cargo del Dr. Corazza se continúa tramitando otra causa que abarca también un número importante de casos.
Asimismo, esta Comisaría era parte de un circuito mucho mayor y quienes allí se alojaban también habían estado cautivos en la Brigada de Investigaciones de La Plata y en el Destacamento de Arana. La causa “Arana” tiene confirmados los procesamientos dictados hasta el momento y la Sala II de la Cámara Federal recomendó hace pocos días el juzgamiento conjunto de los tres centros.
Por su parte, los procesamientos dictados en la causa “Brigada de Investigaciones La Plata” están a la espera de su resolución por la Sala I de la misma Cámara.
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EL PAIS › EN LA INVESTIGACION POR EL PRESUNTO INTENTO DE ASESINATO A EVO MORALES, UN TESTIGO VINCULO AL ARGENTINO MONES RUIZ
Un dedo que apunta al mismo ex carapintada
Ante la Justicia boliviana, el principal testigo de la causa dijo que Jorge Mones Ruiz se reunió con el cabecilla del grupo terrorista acusado. La comisión multipartidaria que integran diputados nacionales pediría información al gobierno argentino.

Por Nora Veiras
El testigo clave de la investigación que está realizando la Justicia de Bolivia sobre el presunto intento de magnicidio en ese país abrió la trama de vínculos nacionales e internacionales de Eduardo Rózsa Flores, alias Germán, señalado como cabecilla del grupo terrorista y muerto por la Policía Nacional. En su declaración ante la fiscalía, Ignacio Villa Vargas, chofer de Rózsa, detalló los contactos de su jefe con militares retirados argentinos e identificó al ex carapintada Jorge Mones Ruiz. Ante los datos aportados por Villa Vargas, la comisión multipartidaria, integrada por diputados nacionales, anticipó a la prensa que pediría información al gobierno argentino. El embajador en La Paz, Horacio Macedo, dijo a Página/12 que “hasta última hora del viernes no había recibido ningún requerimiento oficial sobre esas reuniones. En cambio, sí ha sido gestionado el pedido de extradición de otro militar prófugo por delitos de lesa humanidad, Luis Enrique Baraldini”.
Villa Vargas, quien acaba de ser imputado por terrorismo por la misma fiscalía, pasó de ser jefe de las Juventudes Cruceñistas, una organización secesionista de Santa Cruz de la Sierra, a chofer de Rózsa. Durante su extenso testimonio, “El Viejo” aseguró que el objetivo del grupo desbaratado el pasado 16 de abril en el Hotel Las Américas de Santa Cruz planeaba asesinar al presidente Evo Morales, a su vice Alvaro García Linera y al ministro de Gobierno, Juan Ramón Quintana. Dio detalles de los vínculos de Rózsa con el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, con el ex titular del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, y aseguró que uno de los pilares financieros era Hugo Antonio Achá Melgar, el titular de Human Wright Foundation, que abandonó el país y se instaló en los Estados Unidos apenas empezó la investigación. El viernes, el fiscal Marcelo Sosa –al mando de la instrucción– dispuso el embargo de los bienes de Achá. “El Código de Procedimiento Penal señala en uno de sus artículos la anotación preventiva de bienes del declarado rebelde o prófugo que evade la Justicia”, dijo Sosa, amparándose en el decreto de confiscación de bienes a quienes hayan financiado y apoyado acciones terroristas en Bolivia.
“Los gauchos”
–¿Qué otros vínculos internacionales tenía Rózsa? –le preguntó el fiscal a Villa Vargas.
–Sólo con los gringos, pero una vez lo llevé a una reunión en el hotel Los Tajibos, allí se encontró con el doctor Achá, una mujer y otra persona, me dijo que era un militar argentino que me acuerdo bien el nombre porque me pareció divertido: se llamaba Mona Ruiz (sic), con él y Achá entraron al hotel y al salir mientras lo llevaban a su hotel, él me dijo que habían hecho un buen trato y que ya llegarían los gauchos a entrenar a nuestra gente. Después me comentó que llegaría un grupo de avanzada y que él tenía que ver dónde lo acomodaría para que empiece el trabajo. Creo que llegaron unos siete, pero los vi sólo una vez, en estas cosas él era muy reservado.
El apellido que le resultó simpático a Villa Vargas es, en realidad, Mones Ruiz, el consecuente carapintada que participó de los alzamientos contra la democracia en los ’80 en defensa de la impunidad de los ejecutores del terrorismo de Estado. Entre el 25 y el 30 de marzo el ex carapintada estuvo en Bolivia como parte de un grupo de avanzada de UnoAmérica, la organización de ultraderecha que pretende ser la contratara de Unasur y dice estar investigando la Masacre de Pando con el fin de presentar una denuncia contra el gobierno de Morales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver aparte).
El 12 de mayo, Página/12 consignó que un informe que llegó a la Cancillería argentina daba cuenta de que “estaría presente en la zona del Beni (norte de Bolivia) una célula argentina de once ex carapintadas que se sumarían a otras dos células (brasileña y uruguaya), integradas por ex militares que habrían estado en misión en los Balcanes. La mencionada ‘célula argentina’ habría mantenido contactos con sectores de ‘ultraderecha’, opositores al actual gobierno nacional boliviano, en Santa Cruz y en Cobija, departamento de Pando”. La información, fechada el 4 de mayo, señala que “empresarios y terratenientes de Santa Cruz de la Sierra habrían requerido la presencia de los ex militares con el objetivo de ser instruidos en materia de autodefensa ante eventuales intentos de apresamiento por parte de organismos oficiales”.
La participación en la Guerra de los Balcanes habría sido el lugar de encuentro de uniformados argentinos con Rózsa, el ciudadano boliviano-húngaro-croata que se convirtió en “héroe” de esa guerra y regresó a Bolivia con el objetivo de lograr la autonomía de Santa Cruz de la Sierra. Rózsa, un fanático que supo ser militante del Opus Dei y luego del islamismo, confesó en una entrevista realizada en setiembre del año pasado por la televisión húngara –con el compromiso de ser difundida sólo en caso de muerte– que un grupo de opositores políticos lo contactó hace más o menos año y medio desde Santa Cruz. Su misión principal era defender la región de los grupos y milicias de indígenas. “Estamos dispuestos, dentro de unos meses, en el caso de que la coexistencia no funcione y en virtud de la autonomía, a proclamar la independencia (de Santa Cruz) y crear un nuevo país”, dijo Rózsa, quien se hacía llamar también Germán. El reportaje está fechado el 8 de septiembre, apenas tres días después se produjeron los asesinatos, secuestros y torturas de decenas de campesinos en el departamento de Pando. El entonces prefecto de ese departamento, Leopoldo Fernández, está preso como responsable de haber ordenado la masacre. El titular de UnoAmérica, Alejandro Peña Esclusa y Liliana Raffo, la viuda del teniente coronel Horacio Fernández Cutiellos, acompañante de Mones Ruiz en su periplo por Bolivia, visitaron al detenido para brindarle su solidaridad a fines de marzo. Fernández Cutiellos fue muerto durante el intento de copamiento del Regimiento de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria (MTP) en enero del ’89.
Donde hubo fuego
Mones Ruiz se desempeñó como agregado militar en la embajada argentina en Bolivia durante la última dictadura. Desde entonces cosecha vínculos con camaradas en actividad y retirados de ese país. Gracias a esas lealtades corporativas pudo reinsertarse en sociedad otro ex carapintada prófugo de la Justicia argentina que también ocupó el mismo destino diplomático: Luis Enrique Baraldini. El embajador Macedo confirmó que Interpol Bolivia está buscando al oficial a pedido de una orden del juez federal Daniel Rafecas.
El diario El Nuevo Día, de Santa Cruz de la Sierra, publicó en marzo de 2006 que Baraldini había instalado una escuela de equinoterapia, El Centro Ecuestre Especial. En esa oportunidad, Luis Baraldini se hizo llamar “Luis Pelliegre”, en vez de Pellegri, como es el apellido materno. “La inteligencia y capacidad de trabajo, pero sobre todo la lealtad, compañerismo y nobleza de éstos animales hace que tengamos buenos resultados y que los niños disfruten su terapia”, declaró el ex jefe de la Policía de La Pampa buscado por delitos de lesa humanidad.
El militar que desapareció de la Argentina en 2003 apenas se reactivó el juicio por la represión ilegal en La Pampa fue contenido por sus pares bolivianos. El diario La Arena de La Pampa informó que “hasta fue condecorado por el Círculo de Oficiales del Ejército de ese país en el año 2005 con la Gran Cruz. También actuó como comisario en campeonatos ecuestres en el Country Club Cochabamba, un exclusivo barrio privado de esa zona. Había actuado como agregado militar entre 1980 y 1982 donde adiestró a oficiales bolivianos y también continuó con la actividad de los caballos de equitación”.
En su reciente viaje a Bolivia, Mones Ruiz se habría reunido también con Baraldini. Después de esos encuentros, el oficial abandonó sus caballos y hasta ahora Interpol no logró localizarlo.
El avance de la investigación sobre el supuesto grupo terrorista desbaratado en Santa Cruz de la Sierra está cerrando el círculo de relaciones peligrosas.
EL PAIS › EL PRESIDENTE DE UNOAMERICA, PRESENTADO POR MONES RUIZ
De conferencia en el Jockey Club

Por Nora Veiras
El coqueto salón del Jockey Club de la ciudad de Córdoba fue el escenario elegido para la conferencia del ilustre visitante. El presidente de la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), el venezolano Alejandro Peña Esclusa, fue paseado la semana pasada por el delegado en la Argentina, el ex carapintada Jorge Mones Ruiz. Ante distintos auditorios se explayó sobre la necesidad de “enfrentar los ataques a la libertad y la democracia amenazada por el socialismo del siglo XXI” que encarnan los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa especialmente. Ambos conferencistas defendieron sus incursiones en Bolivia porque van a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos culpando al gobierno boliviano de haber orquestado la Masacre de Pando.
El auditorio cordobés exhalaba cierto olor a naftalina. Rostros semejantes se reunieron en el Club del Progreso aunque aparecieron algunos más conocidos: Gustavo Breide Obeid, otro ex carapintada reciclado en fallido candidato electoral y un amigo de todas aquellas batallas, el empresario y ex viceministro de Defensa del menemismo Vicente Massot.
Peña Esclusa despotricó contra “el marxismo-leninismo” de Chávez y extendió sus condenas hasta Luiz
Inácio Lula da Silva. Dijo que Lula y Fidel Castro son los creadores del Foro de San Pablo, por lo tanto tienen los mismos proyectos que Chávez, y que el presidente de Brasil es parte de ese socialismo y avala a esos dictadores como Chávez. Peña Esclusa aseguró que el presidente venezolano no llegará a diciembre del 2010 y se atrevió a decir que en su país no hay salida electoral al proceso chavista.
Este ingeniero venezolano que está de gira proselitista por América latina porque “la salida debe ser regional y todavía es posible” se mostró decepcionado por la actitud de Barack Obama en la Cumbre de las Américas. Dijo que hubiese esperado que fuera más enérgico y que le hubiese contestado a Chávez cuando le regaló un libro. Peña Esclusa se excusó de ser él más enérgico porque estaba en otro país. En rigor, lo bueno de UnoAmérica y sus adláteres es que son explícitos.
Fuente: Pagina 12-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

EL PAIS › EMPIEZA EL TERCER JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN BUENOS AIRES
Dos represores rinden cuentas
El Tribunal Oral de Mar del Plata juzgará desde mañana al general Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret por el secuestro, las torturas y el asesinato de Carlos Alberto Labolita, en 1976.


Por Diego Martínez
A un tercio de siglo de los hechos y un lustro de la reapertura de las causas, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzará a juzgar mañana al general de brigada Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret. Están acusados por el secuestro, las torturas y el asesinato en 1976 de Carlos Alberto Labolita, militante de la Juventud Peronista visto por última vez en el centro clandestino que funcionó en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul. Será el tercer juicio por delitos de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires, donde sólo fueron condenados Miguel Etchecolatz y el sacerdote en actividad Christian von Wernich.
Oriundo de Las Flores, Labolita tenía 23 años, estudiaba Sociología en la Universidad de La Plata y trabajaba en la petroquímica de Berazategui. Se había casado tres años antes con Gladis D’Alessandro. En los meses previos al golpe de Estado, por razones de seguridad, abandonaron su departamento y se alojaron en la casa de los santacruceños Néstor Kirchner y Cristina Fernández. “Después de un tiempo, nos fuimos a una pensión hasta el 24 de marzo. Ahí cada uno salió como pudo”, recordó Gladis ante Página/12.
El día del golpe, la policía detuvo a Carlos Labolita padre, docente y militante socialista, que padecería la cárcel durante cuatro años. Un mes después, a pesar del peligro, su hijo decidió volver. “Yo no estaba de acuerdo pero, como siempre, lo acompañé. Las Flores es un pueblo chico, circulan muchas historias, éramos militantes y se corría un gran riesgo. Carlos quiso ver a su madre y a sus hermanas, saber qué pasaba con su padre. Era difícil medir los riesgos en ese momento. Llegamos a la casa y en menos de media hora apareció la policía”, contó Gladis.
Fue el 25 de abril de 1976 a la madrugada. El comisario Aníbal Lista declaró que el teniente coronel Mansilla, jefe del Grupo de Artillería, consideraba a Labolita un “elemento subversivo” y le dio “expresas instrucciones” para capturarlo. En la comisaría dejaron constancia de que el detenido quedaba “a disposición del área militar 125”, que conducía Mansilla e incluía a Tandil, Azul y Olavarría. Dos días después, el 27 a la mañana, la policía lo entregó en la oficina de inteligencia del regimiento. Lo recibió el teniente Duret, alias “Porra”, quien se negó a entregar constancia del ingreso. En presencia de los policías, le pusieron una capucha negra.
En la madrugada del 1º de mayo, un grupo de tareas de civil, a cara descubierta y con borceguíes militares, allanó la casa de la familia. “Trajeron a Carlos torturado, encapuchado, descalzo, con las manos atadas. Me encerraron con él en la cocina. Buscaban una valija, direcciones. Carlos les decía que yo no tenía nada que ver”, recordó Gladis. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, alcanzó a contarle su compañero. Apenas podía caminar. Los ocho miembros de la patota, incluido Duret, destruyeron bibliotecas, muebles, teléfonos, dieron vuelta la casa. Decían buscar “la valija verde con los fierros”, que no encontraron. Se llevaron a Gladis, la hicieron dar varias vueltas, la cabeza contra el piso de un auto, hasta que la abandonaron.
Sobrevivientes del centro de detención del cuartel de Azul contaron que fueron interrogados sobre Labolita. “A ése ya lo tenemos”, confesó un torturador. “Aquí se entra solo, y sólo Dios te ayuda a salir”, explicaba una inscripción que un ex cautivo vio desde la mirilla de su calabozo. Cuando Gladis fue con su madre a pedir por su esposo, Mansilla las maltrató y dijo que lo habían liberado. No negó su paso por el cuartel.
Con el retorno de la democracia, el juez federal de Azul, Jorge Ferro, avanzó en la instrucción de las causas, hasta que se declaró incompetente y envió el expediente el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Las leyes de Raúl Alfonsín implicaron para los militares veinte años de impunidad. En 1994, el nombre de Duret reapareció como jefe del Grupo de Artillería de Neuquén, donde fue asesinado el soldado Omar Carrasco. En 2000, los organismos de derechos humanos impugnaron su ascenso en el Senado. Al año, con el visto bueno de Fernando de la Rúa, se convirtió en coronel.
La causa Labolita se reabrió en 2004, impulsada por su familia y por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que reclamó al juez federal Juan José Comparato investigar los delitos de lesa humanidad en el ex área militar 123. En diciembre de 2005, a casi tres décadas del crimen, el juez citó a los represores, que se negaron a declarar. El pintoresco Duret, entonces en actividad, concurrió al juzgado con el uniforme verde oliva que no usaba en las madrugadas de 1976. Se retiró con esposas rumbo a la cárcel de encausados de Campo de Mayo, hoy Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, donde aún pasa sus días el militar de 56 años. El general Mansilla, de 77 años, goza de arresto domiciliario en su departamento de Dorrego 2699, Capital Federal.
EL PAIS › DIALOGO CON CARLOS O. LABOLITA
“Fueron lacayos”


Por Diego Martínez
Carlos Orlando Labolita fue profesor de filosofía y pedagogía, militante gremial en Las Flores, y padeció la dictadura en carne propia: cuatro años preso en los penales de Marcos Paz y La Plata. A fines de 2005, después de ver en el juzgado de Azul al septuagenario general Pedro Mansilla, quien se negó a hablar sobre su hijo desaparecido, confesó al diario El Popular de Olavarría que sintió lástima por el represor. “Con los años uno entendió cosas que ellos no entendieron nunca. Fueron los lacayos de los verdaderos dueños de este país”, explicó.
–¿Qué espera del juicio?
–Espero justicia, esa cosa tan huidiza y ausente en la Argentina. Después de 32 años no estoy henchido de ilusiones, pero eso espero, nada más. Es lo que hay, como dicen los chicos.
–¿Sigue sintiendo lástima por Mansilla?
–En 32 años he pasado por toda la gama de sentimientos que se puede experimentar, tuve tiempo de revisar todo el inventario. Me dio lástima porque está viejo y tiene que hacerse el distraído, decir que no recuerda, aunque lo cierto es que está en su casa viendo TV con sus nietos. Al principio los hubiera querido hacer volar, pero pasa el tiempo y se va naturalizando todo.
–¿Volvió a militar después de la cárcel?
–No. Cuando se fueron los milicos, dejaron tierra arrasada, nadie quiso formar nada después de semejante experiencia. Seguí en la docencia pero, con un currículum que incluía cinco años en cana y un hijo muerto, al principio se me huía, era como mufa. “Lo que pasó, nos marcó a todos. Es algo que nos dejó medio vacíos y, por otro lado, llenos de conocimientos desagradables, sobre el papel del Estado, los políticos, la Iglesia. Nunca tuve demasiadas ilusiones con respecto al hombre, pero esto fue terrible, una experiencia nefasta. Más allá del compañerismo y la amistad en la cárcel, en el fondo fue negativo”, explica con voz serena.
“Hay algo que me alegra, que no sé si es correcto decir, aunque nunca fui políticamente correcto”, dice. “Me alegra que ellos me hayan considerado su enemigo. Es lo único que me queda como una especie de posgrado en Oxford. Si los enemigos del país, de la patria y de los trabajadores me consideran su enemigo... ¡caramba!, significa que no estoy tan errado.”
EL PAIS
Los jueces y los abogados

Como la Cámara Federal de Mar del Plata apartó a los miembros del Tribunal Oral local con el argumento de que le tomaron declaración a Carlos Labolita padre durante el Juicio por la Verdad, el TOF estará integrado por tres jueces de La Plata: Alejandro Esmoris, Carlos Rozansky (presidente del TOF-2 que condenó a reclusión perpetua a Etchecolatz y a Von Wernich) y Nelson Jarazo (presidente del TOF-1 que en 2004 condenó a Etchecolatz y a Jorge Bergés a siete años de prisión por sustituir la identidad y falsificar la partida de nacimiento de Carmen Sanz, hija de desaparecidos). La acusación estará a cargo del fiscal federal Daniel Adler, del abogado César Sivo en representación de la familia y de Silvana Rivas y Eduardo Rezses por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. El general Mansilla será asistido por el defensor oficial Diego Fernández. El coronel Duret, por los abogados privados Gerardo Ibáñez y Eduardo Sinforano San Emeterio, ex agente de la SIDE que durante la dictadura custodiaba al jefe del centro clandestino Automotores Orletti. San Emeterio descolló durante el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Corrientes, donde obtuvo una condena a reclusión perpetua para el coronel Julio Barreiro y de 25 años de prisión para el capitán Juan Carlos De Marchi.
Fuente: Pagina 12


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---------- Forwarded message ----------From: marcelo nuñez <
marce_nu@yahoo.com>Date: 18-may-2009 20:48Subject: Detalles Juicio a LABOLITA, mardel.
Detalles del primer juicio a militares en Mar del Plata
Comenzará a celebrarse en esta ciudad el primer juicio contra dos militares acusados por la desaparición de un joven en Las Flores, cerca de Azul. Entre los testigos figura la monja Marta Pelloni y el ex presidente Néstor Kirchner.

»El coronel Duret, uno de los militares imputados.

El martes comenzarán a ser juzgados en esta ciudad de Mar del Plata, el general retirado Pedro Pablo Mansilla (77) y el coronel Alejandro Guillermo Duret (56). Ambos están acusados por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita (24), ocurrida el 25 de abril de 1976 en la ciudad de Las Flores.
Labolita -militante de la Juventud Universitaria Peronista y empleado de una petroquímica de Berazategui- era amigo y compañero de militancia de Néstor Kirchner y de su esposa, la actual presidenta de la Nación, Cristina Fernández.

Carlos Labolita fue detenido el 25 de abril de 1976 en su casa paterna por una comisión policial. Luego fue trasladado al regimiento de Azul y fue visto con vida por última vez el 30 de abril cuando personal militar allanó la casa de sus padres, en busca de "un paquete de armas" que nunca fue hallado.

El joven fue ingresado a la casa, donde su madre, sus hermanas y su esposa lo vieron encapuchado, esposado y visiblemente desmejorado por los golpes y las torturas. Desde aquella noche, se carece de toda información sobre su paradero.
Cronograma del juicio

El juicio se desarrollará en la sede del Tribunal Oral Federal, ubicado en av.Luro 2455, casi Santiago del Estero.

La primera audiencia (26/5) estará destinada íntegramente a la lectura del pedido de elevación a juicio, donde constan las imputaciones que se formulan contra ambos militares y las pruebas que fundamentan esa acusación.

En la segunda audiencia -prevista para el jueves 28 de mayo- se producirán las indagatorias de los imputados. Y en caso de que se nieguen, serán leídas las declaraciones que oportunamente prestaron ante el juez de primera instancia.

Al momento de producirse la desaparición de Labolita, Mansilla era teniente coronel y tenía a su cargo la Unidad Blindada de Azul donde habría sido alojada la víctima.
Duret, que era teniente primero, era el jefe de inteligencia de esa jurisdicción militar. Y cuando fue detenido en el año 2006 se hallaba en actividad, con el grado de Coronel.

Ambos, al declarar en primera instancia, negaron toda responsabilidad en la desaparición de Labolita.
El juicio oral y público prevé dos audiencias semanales que se extenderían hasta el mes de julio.
Las declaraciones testimoniales comenzarán el 3 de junio a las 8.30 con la comparecencia de los familiares de Carlos Labolita. Los primeros en hacerlo serán sus padres, Carlos Orlando y María Claudia, sus hermanas María Claudia y María Inés y la esposa del joven desaparecido, Gladis D'Alessandro de Labolita. El mismo día lo harán otros tres familiares de la víctima.

En las audiencias del 4 de junio depondrán testigos propuestos por la fiscalía y la parte querellante. Se trata de habitantes de Las Flores e, incluso, de algunas personas que fueron detenidas en la misma época que Labolita y conocen circunstancias del hecho.
En la nómina también figura Alejandro Inchaurregui, integrante de Cuerpo Argentino de Antropología Forense, quien se referirá a las metodologías represivas aplicadas durante el gobierno de facto.

Las testimoniales se extenderán a los días 9 y 10 de junio en que comparecerán los testigos solicitados por la defensa. Se encuentra entre ellos la religiosa Marta Pelloni y siete militares retirados.

Terminadas las testimoniales, se estima que el juicio tendrá al menos otras ocho audiencias cuyas fechas deberán ser fijadas por el Tribunal. En las mismas se producirán los alegatos de los fiscales, los dos querellantes y los dos abogados defensores.
Otras jornadas estarán destinadas a las réplicas y dúplicas, mediante las cuales todas las partes podrán responder los argumentos de las otras. La última audiencia estará destinada a que los acusados formulen las palabras finales y luego los jueces darían un veredicto anticipado.
Tribunal ad hoc
El juicio iba a ser realizado en marzo por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, pero la Cámara de Casación Penal Federal lo separó del caso porque los magistrados marplatenses le tomaron una declaración testimonial a Carlos Labolita padre.
En consecuencia, fue conformado un Tribunal ad hoc integrado por los jueces platenses Alejandro Esmoris, Carlos Rozanski (presidió los juicios del comisario Etchecolatz y Von Wernich) y Nelson Jarazo.
El Ministerio Público estará representado por el fiscal general de Cámara de Mar del Plata, doctor Daniel Adler, junto a los fiscales federales Oscar Blanco (Azul) y Horacio Solín (Necochea), con intervención de la Unidad de Asistencia y Coordinación de la Procuración General.
Como querellantes actuarán el abogado César Sivo en representación de la familia Labolita y la doctora Silvana Rivas por la Secretaría de Derechos Humanos.

Mansilla y Duret serán asistidos, respectivamente, por los abogados Diego Fernández y Gerardo Ibañes.
Los cargos que se les formulan son "privación ilegal de la libertad agravada, por haber sido cometida bajo violencia física" y participación primaria en "imposición de torturas agravadas por tratarse de un perseguido político y homicidio calificado, por ser cometido con alevosía y ensañamiento".

En la actualidad, Mansilla cumple arresto domiciliario y Duret se encuentra detenido en la Unidad Penal 34.
La causa fue instruida por la Justicia Federal de primera instancia de Azul y el juicio debe desarrollarse en Mar del Plata por razones jurisdiccionales.
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@@@@@@@@@-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
ABI: FFAA-DDHH-DICTADURADesclasificación de archivos militares comienza en junio (oficial)
Una vista del Estado Mayor de Ejército en La Paz, donde organziaciones de DDHH y autoridades de las FFAA se reunieron el viernes (JL Quintana, ABI) La Paz, 22 mayo (ABI).- La desclasificación de los archivos militares inherentes a la dictadura instaurada en Bolivia entre 1964 y 1982 comenzará el 2 de junio que viene, confirmó el viernes el activista de los derechos humanos, Rolando Villena, luego de reunirse con el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, almirante José Luis Cabas. "El trabajado de desclasificación de los archivos será visto en la práctica, porque será la realidad que muestre qué documentos existen, a partir del 2 de junio próximo", precisó el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). La decisión fue adoptada luego que el presidente Evo Morales ordenara la instauración del proceso, un mito en la historia política boliviana de los últimos 40 años y que busca hallar a 156 desaparecidos en el período de mención. La reunión de coordinación entre Cabas y activistas de derechos humanos da continuidad a las gestiones de la ministra de Justicia, Celima Torrico, y se registra dos días después que el ministro de Defensa, Walker San Miguel, autorizara a las FFAA a facilitar el acceso a los familiares de las víctimas de las dictaduras. La reunión de coordinación se llevó a buen puerto en el Gran Cuartel de Miraflores, y en la que participaron, además de Villena y San Miguel, representantes de la Asociación de Familiares, Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asfamd), y los viceministros de Coordinación Gubernamental, Sacha Llorenti, y de Justicia, María Rocabado. A casi 29 años de la desaparición del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y del dirigente obrero Carlos Flores Bedregal, asesinados el 17 de julio de 1980, cuando el general de Ejército Luis García Mesa se encaramó en el poder por fuerza de los fusiles, Villena resaltó la gran apertura de las Fuerzas Armadas para no dejar impunes los delitos de lesa humanidad registrados en los gobiernos de facto. "Queremos superar todos de manera coordinada que en nuestro país, sobre todo, ahora que ofrece inmejorables condiciones el actual Gobierno para marchar en ese camino y hacer de que la impunidad sea una página que debe ser superada", resaltó el activista. Por su parte Llorenti subrayó el resultado positivo de la reunión, a fin de observar "el derecho a la verdad, que es un derecho humano fundamental". Llorenti confirmó la realización de una visita de verificación al Gran Cuartel de Miraflores, donde se almacena información confidencial, como así a las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB), con el mismo objetivo. El Viceministro resaltó que, por instrucción de Morales, no se descansará hasta encontrar a los desaparecidos e identificar y hallar responsabilidades compartidas en la violación de derechos humanos en el período 1964-82.Dea/cc ABI Derechos Reservados 1998-2009. La propiedad intelectual del material periodístico que difunde la ABI corresponde a los redactores de este medio. Por lo tanto, se ruega respetar el crédito correspondiente.
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ABI 23-05-2009Juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada reanuda tras pausa de 4 días
El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (ABI)
Sucre, 22 mayo (ABI).- El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Bolivia reanudó el viernes el juicio de responsabilidades por genocidio al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03), a tres de sus ministros y cinco jefes militares de entonces, con la lectura formal del acta de acusación, informaron fuentes judiciales. El Tribunal de Justicia dispuso, como medidas cautelares, para los ocho imputados que asisten al juicio, la presentación cada 15 días, tres ex ministros y cinco militares en la Fiscalía General de la República y arraigo para quienes no hubieran sido consignado en la etapa preparatoria como el ex ministro de Trabajo, Adalberto Kuajara, informó el viernes la CSJ. El proceso se restableció plenamente a media tarde, tras un cuarto intermedio declarado a petición de la Fiscalía General, a causa de la interposición de un incidente procesal por parte de los uno de los abogados que patrocina a dos de los militares acusados. El argumento incidental, la recusación del ex ministro de Gobierno Yerko Kukoc, expuesta el lunes último y que, pese a su rechazo, paralizó el proceso hasta este viernes. Este recurso apuntaba a la nulidad de los mandamientos de aprehensión librados contra los inasistentes procesados, los ex ministros de Hacienda, Jorge Torres Obleas, de Participación Popular, Mirtha Quevedo; de Salud, Javier Tórrez Goitia; de Agricultura, Guido Anez y Kukoc, de Gobierno, asilados en Perú y Estados Unidos. El pleno de Tribunal presidido por el conjuez Saúl Paniagua, rechazó el planteamiento y se dispuso un cuarto intermedio agotado hacia media tarde. Al reanudarse la sesión, la Fiscalía General propuso considerar las medidas cautelares con todas las fundamentaciones del caso, para evitar nuevas fugas y permitir la prosecución del juicio. De los ministros imputados de Sánchez de Lozada, sólo comparecen los ex titulares de Trabajo, Adalberto Kuajara; de Servicios Financieros, Dante Pino, y de Medio Ambiente, Erik Reyes Villa, además de los cinco jefes militares de esa época. Sánchez de Lozada, refugiado desde 2003 en EEUU, es acusado por la matanza de 67 civiles a manos de la fuerza pública durante una brutal represión a una insurrección popular entre setiembre y octubre de 2003.Vhm/cc ABI Derechos Reservados 1998-2009. La propiedad intelectual del material periodístico que difunde la ABI corresponde a los redactores de este medio. Por lo tanto, se ruega respetar el crédito correspondiente.
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ABI 22-05-20091-Q ABI: BOLIVIA-QUIROGA SANTA CRUZ-FFAAExperto estadounidense en pos de Marcelo Quiroga Santa Cruz
El experto de EEUU, Peter Kornblug (JL Quintana, ABI) La Paz, 22 mayo, (ABI).- El investigador y analista estadounidense, Peter Kornbluh, ha iniciado en su país la búsqueda de archivos clasificados que puedan dar indicios sobre el paradero de los restos del líder socialista boliviano Marcelo Quiroga Santa Cruz asesinado en la dictadura de Luis García Meza, en 1980. “Ya hemos pedido documentos en Estados Unidos sobre el ataque contra la Central Obrera Boliviana (el 17 de julio de 1980) donde estaba secuestrado y luego fue muerto Marcelo Quiroga. Vamos a empujar más para encontrar esta información”, señaló, durante un seminario realizado en La Paz. Kornbluh presentó, además, algunas de sus investigaciones sobre “El Plan Cóndor”, una red de espionaje montada por el ex dictador de Chile, Augusto Pinochet y que involucró, entre otros de Argentina y Uruguay, al régimen dictatorial de Hugo Banzer Suárez (1971-1978). El especialista estadounidense dijo que será muy difícil “pero no imposible”, encontrar documentación porque mucha de esta información estaba en manos de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y de otras instancias que dependían del Gobierno de Estados Unidos. “Son documentos más difíciles de obtener pero ya pasaron 30 años. Vamos a tratar de conseguir todos los documentos sobre el caso”, dijo. “Ojalá que haya más información y que los documentos norteamericanos puedan estimular el proceso para encontrar más información aquí en la ciudad de La Paz”, añadió. Quiroga Santa Cruz fue asesinado entre el 17 y el 18 de julio de 1980. La revista alemana Seitung denunció, en base de una investigación en 1997 que los restos mortales de Quiroga Santa Cruz fueron inhumados en uno de los patios del Estado Mayor del Ejército en La Paz, extremo que fue negado por autoridades castrenses. La familia del líder socialista boliviano ha pedido al gobierno de Evo Morales la desclasificación de los archivos militares de la época. El ministro de la Defensa, Wálker San Miguel, repuso que no existe información clasificada sobre la dictadura de García Mesa.mam ABI Derechos Reservados 1998-2009. La propiedad intelectual del material periodístico que difunde la ABI corresponde a los redactores de este medio. Por lo tanto, se ruega respetar el crédito correspondiente.


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De corazón. La vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo fue homenajeada en compañía de hijos de detenidos desaparecidos
Maldonado tiene memoria y, desde ayer, su primera "ciudadana ilustre"
Aplausos, emoción, miradas que por momentos revivieron un duro pasado, y sonrisas, se vivieron ayer a la tarde en la ciudad de Maldonado. Para su sorpresa, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo fue declarada "Ciudadana Ilustre de Maldonado".
Ricardo Almada MALDONADO
Macarena, Mariana y Victoria. Ciudadanas ilustres, también en Maldonado.
Rosa Rosimblit. Homenajeada por De los Santos y el embajador argentino.
Como ocurrió en Montevideo, muchos de los presentes, afirmaron que un acto así era impensado años atrás, incluso en aquel edificio municipal construido durante la sangrienta dictadura que asoló el país. La doctora María del Carmen Salazar abrió el acto nada menos que con un poema de Mario Benedetti.
La vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, sonriente, feliz y remarcando que "ellas" ya han cumplido la tarea y las nuevas generaciones tienen que tomar su bandera de lucha por encontrar quienes faltan, quebró el silencio cuando la doctora Salazar mencionó que ella sería declarada, por primera vez en la historia de este departamento, "Ciudadana Ilustre". Rosa sólo dijo "no lo sabía, pensé que vine a acompañar a los chicos".
El acto de ayer en el edificio municipal, que dejó habilitada además la muestra documental y fotográfica conteniendo 30 años de memoria, contó con la presencia de los hijos de detenidos desaparecidos, más emblemáticos del Río de la Plata: Macarena Gelman, Mariana Zaffaroni y Carlos Amaral García, entre otros.
El intendente de Maldonado presidió el acto que contó con la presencia del diputado Pablo Pérez, ediles departamentales, autoridades de la Mesa Política del FA de Maldonado y público en general
El embajador argentino en nuestro país, Hernán Patiño Mayer, volvió a mostrarse muy duro con los militares de su país, insistiendo en que es momento de que rompan el silencio para que, los familiares de los cientos de desaparecidos aún sin ubicar, puedan sellar las heridas para siempre. Destacó el trabajo incansable de Abuelas de Plaza de Mayo durante más de 30 años para encontrar a sus nietos, "un trabajo que realmente ha dado sus frutos porque tenemos 97 nietos recuperados, algunos de los cuales están acá". Destacó además la presencia de los nietos, por el esfuerzo que hacen para superar el sufrimiento, y muchos de ellos tomando el compromiso con la lucha de sus abuelas.
La doctora María del Carmen Salazar, recordó que la administración De los Santos, comenzó hace algún tiempo a trabajar "para recuperar la memoria y para hacer un reconocimiento moral a todos quienes fueron víctimas directas del terrorismo de Estado, y la verdad que, para nosotros, es un orgullo que estén acá, que hayan venido, que puedan dar su testimonio, porque es un aporte importante a la reconstrucción de la memoria".

La sorpresa de la abuela Rosa
Rosa Rosimblit fue recibida con un cerrado aplauso de los presentes, todos de pie, aunque inmediatamente se dio vuelta y comenzó a aplaudir el ingreso del puñadito de "nietos". Sorprendida por el recibimiento que está teniendo en Uruguay y, particularmente, ayer en Maldonado, cambió muchas veces su triste rostro, por el de una abuela orgullosa, sabedora, además, de haber cumplido en esa larga lucha, junto a tantas como ella en Argentina.
"¡¡Por favor!!, no sabía que era ciudadana ilustre", dijo cuando los periodistas le preguntamos precisamente que sentía al recibir tan grato homenaje por primera vez en nuestro departamento. "Muchas gracias entonces por eso; para mí es un momento muy emotivo, saber que hay gente acá, en Maldonado, que se va a enterar de algunas cosas que voy a contar, y además que se va a exhibir la muestra nuestra que hace mucho que la tenemos y, a medida que pasa el tiempo, va aumentando, a medida que encontramos nuestros nietos".
Dijo que ni siquiera un puente puede separar a uruguayos y argentinos, haciendo referencia a lo que ocurre en Fray Bentos. "El puente tiene que unirnos, esa es la verdad. Siempre hablamos de nuestros hermanos uruguayos, así los denominamos; así que estoy muy contenta de estar acá, y la cosa es lo que ustedes están haciendo en el Uruguay, hacer venir a los chicos y honrarlos a ellos. Nosotras, las abuelas, no somos tan importantes, lo importante son los chicos y siempre lo decimos en nuestra institución; que los protagonistas son los nieto, no nosotras, nosotras los buscamos nada más. Ellos son las víctimas de la dictadura, ellos son los que han sufrido y quienes todavía tienen, a lo mejor, resabios de ese sufrimiento. Así que están haciendo una cosa muy honorable, muy sentida, al hacer venir a los chicos desde Argentina".
Rosa Rosimblit dijo que la tarea de búsqueda no debe terminar, porque aún hay muchos "nietos" sin ubicar y están diseminados por todo el Cono Sur, haciendo un llamado a trabajar entre todos los países latinoamericanos para avanzar en este tema. "Nosotros estimamos que hay entre 400 y 500 niños que fueron secuestrados durante la dictadura, y hemos encontrado 97; ahora falta mucho todavía y nosotros somos personas muy mayores y a lo mejor no vamos a encontrar a todos los nietos porque somos conscientes de que nadie vive eternamente, pero ya tenemos nuestro recambio, porque estos mismos chicos que nosotras hemos localizado, van a seguir buscando, van a seguir trabajando, van a seguir levantando las banderas de las Abuelas de Plaza de Mayo".
Fuente:
www.larepublica.com.uy
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Emotivo homenaje. Hijos de detenidos desaparecidos por la dictadura declarados "visitantes y ciudadanos ilustres"
"Ilustres eran nuestros padres"
Hijos de argentinos y uruguayos secuestrados, asesinados y desaparecidos por la dictadura en ambos países fueron declarados "visitantes y ciudadanos ilustres" de la ciudad de Montevideo ayer al mediodía en un acto llevado a cabo en el salón de actos de la Intendencia de Montevideo.
Ehrlich encabezó ceremonia. Hacia atrás, historias desgarradoras e imborrables, Por delante, esperanza y justicia.
Con todos. Emotiva ceremonia, impensable hace pocos años atrás en el salón de actos de la Intendencia de Montevideo.
Sin palabras. Primera aparición pública en Uruguay: Mariana Zaffaroni, la tan buscada y querida. Desde ayer, visitante ilustre.
Ellos son los argentinos Laura Acosta, Juan Cabandié, Paula Logares, Matías Reggiardo, Victoria Torres Ruiz y los uruguayos Carlos D'Elía, Carlos Amaral García, Macarena Gelman, Victoria Julien, Victoria Moyano y Mariana Zaffaroni.
Para esta última, fue su primera aparición pública en Uruguay. A pocos metros, sentada en primera fila, estaba María Esther Gatti de Islas, su abuela materna, protagonista de una de las historias de búsqueda con final feliz más dramáticas, sobre la cual también se han escrito libros.
Los once hijos homenajeados sufrieron la usurpación de sus identidades y crecieron en familias que los habían adoptado ilegalmente o en los propios hogares de militares.
Hoy casi todos rondan los treinta y pico, algunos ya tienen hijos. Ayer se los vio emocionados y todos coincidieron en que el homenaje no era hacia ellos, sino a sus padres.
Así lo expresó Victoria Moyano, hija de María Asunción Artigas y Alfredo Moyano, matrimonio de uruguayos desaparecido en la Argentina.
"Los ciudadanos ilustres son mis padres, nuestros padres y todos sus compañeros que han luchado por una sociedad distinta, una sociedad sin miserias, una sociedad sin explotados ni explotadores.
El mejor homenaje que les puedo hacer y creo que esta generación le podemos hacer es retomar sus banderas", expresó Victoria tras recibir un cerrado aplauso del público presente.
De la misma manera, lo sintieron el resto de los hijos presentes homenajeados que hablaron y los que prefirieron no hacerlo.
Por su parte Macarena Gelman, hija de Marcelo Gelman y María Claudia García, contó tras la declaración de ilustre que a "todos" el hecho de que iban a ser declarados "ciudadanos ilustres" les generó "una instancia de reflexión". "Uno en definitiva no hizo nada para merecerlo, o por lo menos eso es lo que siento yo", y expresó que ella se queda con el "ciudadano", ya que en su opinión "de alguna manera esta sociedad en un momento los expulsó y secuestró a nuestros padres", indicó.
El homenaje fue impulsado por la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en el marco de la reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, un homenaje que busca realizar "una reparación simbólica hacia los jóvenes homenajeados, así como restituir la dignidad de sus padres víctimas del terrorismo de Estado".
El primer orador de la ceremonia fue el embajador argentino en Uruguay, Herán Patiño Mayer, quien se refirió a los jóvenes y a la vicepresidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo que allí se encontraba presente, Rosa Rosinblit.
"Quiero rendir un homenaje muy sincero y profundo a esas mujeres, esto no es el producto del azar, de la espontaneidad casual, es el producto de un trabajo iniciado en tiempos en que buscar la verdad era asomarse a los umbrales de la muerte, de la desaparición y de esto saben muy bien las madres y sobre todo las abuelas de Plaza de Mayo", expresó.
"Es intransferible el dolor, el coraje, la búsqueda de verdad, de justicia, el tiempo que lleva volver a ser lo que uno nunca debió dejar de haber sido", dijo y afirmó que en realidad el "objetivo perverso de quienes llevaron adelante este plan era la destrucción, es decir, un doble crimen, el primero: la desaparición de los padres, el segundo: matarlos de nuevo privándolos de su propia identidad".
"A los que se imaginaron este plan, un plan siniestro, porque significaba sacar a esos hijos recién nacidos de al lado de sus madres y no entregarlos a las familias porque decían que iban a repetir lo que habían hecho sus padres, es decir, eran potencialmente peligrosos.
Ese plan, señores, ha fracasado, está fracasando y fracasará cuando los cuatro centenares de nietos que están buscando las abuelas sean encontrados".
Seguidamente, el intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, expresó que "el camino de la recuperación de la memoria y del conocimiento de la verdad es largo" y en ese sentido expresó que el objetivo del "sencillo" acto era dejar plasmado el deseo de un Estado, de "un Estado que cada día esté más al servicio de la gente y sea más libre".
"En este sencillo acto nuestra sociedad los reconoce, se mira y se encuentra en ustedes, reconoce sus dolores, sus esfuerzos y también sus sueños y proyectos", dijo al referirse a los once hijos y les expresó que "sus heridas, las vuestras son heridas para nuestros pueblos, ustedes son hijos e hijas de nuestros pueblos, hombres y mujeres que lucharon dando lo mejor de sí por un mundo mejor".
"Vuestras historias, vuestras heridas, son responsabilidad de todos. Heridas que con enorme valentía debemos asumir y enfrentar como sociedad y ser capaces de hacerlas cicatrizar", dijo.
En el acto además estuvieron presentes la ministra de Educación y Cultura, María Simon, el embajador argentino ante el Mercosur y Aladi, Federico Villegas, el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Alejandro Zavala, la directora de Derechos Humanos (DDHH) del Ministerio de Educación y Cultura, María Elena Martínez, el representante de la dirección de DDHH de la Cancillería argentina, Fabián Odone, la vicepresidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa de Rosinblit, y representantes de diferentes organizaciones de derechos humanos de Argentina y Uruguay.
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Parlamentario.com publica la versión taquigráfica de la intensa discusión final sobre la inhabilitación para acceder a cargos públicos a implicados en delitos de lesa humanidad.
El proyecto de ley que prohíbe la candidatura de Luis Patti y cualquier persona que esté vinculada a delitos de lesa humanidad quedó inconcluso, ya que se aprobó en general por 133 votos a favor y 3 abstenciones. Luego, por diferencias ideológicas se rompieron pactos políticos previos y se quiso incluir la figura del funcionario judicial en la época de la dictadura.Inhabilitación para acceder a cargos públicos a implicados en delitos de lesa humanidadSr. Presidente (Fellner).- En consideración en general el dictamen elaborado por la Honorable Cámara constituida en comisión.La Presidencia informa que tratándose de un proyecto de ley que requiere para su aprobación la mayoría absoluta del total de miembros de la Honorable Cámara, de acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Constitución Nacional, hará uso de la facultad reglamentaria para votar en esta oportunidad.Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.Sr. Prieto.- Señor presidente: había solicitado la palabra con anterioridad porque hay una cuestión muy importante que debe ser corregida, por más que nos encontremos todos cansados.De acuerdo con el texto de los artículos 11 y 14, quien haya ejercido el cargo de director nacional durante la dictadura no puede ser diputado ni senador, pero sí lo podría ser quien haya ocupado el cargo de juez en esa misma época. Me parece que esto se resuelve muy rápidamente en los incisos a) de los artículos 77 ter y 1º bis de la ley 25.188, que son modificados por los artículos 11 y 14, con un simple agregado. Donde dice: “Quedan comprendidos en la inhabilitación prevista en el artículo 33 bis de la presente: a) las personas que hayan usurpado cargos electivos...” se agregaría “o de juez”, y continuaría “...en el período de interrupción del orden institucional”. De este modo podemos cerrar la puerta a aquellos que fueron parte del aparato represor. (Aplausos.)Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Carlotto.- Señor presidente: si bien ha terminado el debate de la Cámara en comisión, si hubiere acuerdo se podría hacer la modificación en ese inciso.Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Ferro.- Señor presidente: dado que usted dio por terminado el debate de la Cámara en comisión, la propuesta del señor diputado es extemporánea. Más allá de la simpatía o no de la posición que se plantea, formalmente estaba cerrada la conferencia de la Honorable Cámara. Sr. Presidente (Fellner).- Así es, señor diputado.Se va a votar nominalmente en general el proyecto despachado por la Honorable Cámara constituida en comisión, con las modificaciones anunciadas.- Se practica la votación nominal.- Conforme al tablero electrónico, sobre 135 señores diputados presentes, 132 han votado por la afirmativa, registrándose además 3 abstenciones.Sr. Secretario (Hidalgo).- Se han registrado 132 votos afirmativos y ninguno negativo.Sr. Presidente (Fellner).- En consideración en particular el artículo 1º.- Resulta afirmativa.- Sin modificaciones, se votan y aprueban los artículos 2º a 9º.Sr. Presidente (Fellner).- En consideración el artículo 10, con las modificaciones introducidas.- Resulta afirmativa la votación.Sr. Presidente (Fellner).- En consideración el artículo 11.Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.Sr. Prieto.- Señor presidente: insisto en la modificación planteada en el sentido de agregar en el inciso a), a continuación de “cargos electivos”, la expresión “o de jueces”.Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Pasini.- Señor presidente: en el sentido de la propuesta del señor diputado Prieto habría que incluir a los miembros del Ministerio Público.Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.Sra. Ibarra.- Señor presidente: creo que hasta acá hemos llegado con un consenso importante de los distintos bloques en un proyecto elaborado por la Cámara constituida en comisión. Entrar en el debate sobre los miembros del Ministerio Público y los distintos fueros o diferentes instancias de los jueces nos va a crear un problema que va a terminar deteniendo el tratamiento en particular del proyecto de ley. En aras de ese consenso, y más allá de compartir muchos aspectos planteados, sugeriría dejar el punto señalado para otra instancia y abordarlo como una cuestión de ética pública, como un proyecto de idoneidad de la función pública, porque si no se va atentar contra la sanción de esta iniciativa. De lo contrario tendríamos que discutir fuero por fuero, instancia por instancia, lo relativo a los defensores y a los fiscales, y vamos a terminar sin ley.Como tenemos un texto consensuado, avancemos para lograr que esta Cámara sancione el proyecto en el día de hoy.Sr. Presidente (Fellner).- Antes de seguir otorgando el uso de la palabra la Presidencia hace constar que todos los artículos votados fueron aprobados por mayoría absoluta.Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.Sr. Heredia.- Señor presidente: propongo que la modificación no se refiera a los jueces sino a los funcionarios judiciales. (Aplausos.)Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.Sra. Rodríguez.- Señor presidente: yo soy la fiscal que trató de entablar juicio político al juez Lona, involucrado en la masacre de Palomitas, y a los camaristas que actuaron en el caso de Margarita Belén. Quiero decir que perdí ambos casos y que solamente los representantes políticos votaron a favor. Los jueces estuvieron en contra y el argumento que por supuesto no comparto fue que el acuerdo del Senado blanqueaba la actividad anterior de los jueces.En el caso de Lona llegué a demostrar cómo personas que habían sido torturadas declararon ese hecho ante el juez y sin embargo eso no se logró llevar a juicio. Lo que vamos a conseguir es poner en peligro toda la ley, porque los jueces la van a declarar inconstitucional. Me pliego al pedido de la señora diputada Ibarra. Si hemos llegado a un consenso hasta este momento, tratemos de arribar a la sanción del proyecto de ley en el día de la fecha.Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.Sra. Córdoba.- Señor presidente: quiero señalar que no hay riesgo de que hoy no se sancione el proyecto de ley porque ya ha sido aprobado en general. Ahora estamos abocados al tratamiento del artículo 11. No existe efectivamente ningún riesgo de que hoy no se apruebe esta iniciativa. Podremos tener discrepancias o mayoría y minoría de votos respecto de algunos artículos, pero la ley la vamos a tener.Dejando en claro que eso no está en riesgo, quiero acompañar el criterio que ha propuesto el señor diputado Heredia en el sentido de que la modificación incluya a los funcionarios judiciales para que todos queden incluidos. No puede ser que por temor a algún sector de una corporación judicial nosotros nos veamos impedidos de poner los términos que creemos que corresponden en este proyecto de ley. (Aplausos.) Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.Sr. García Hamilton.- Señor presidente: propongo un agregado –no estoy seguro si corresponde al artículo 13 o al siguiente, que diría así: “Las inhabilitaciones a las que alude esta ley sólo podrán aplicarse en los casos de sentencias firmes judiciales.” Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.Sr. Baladrón.- Señor presidente: la diputada Marcela Rodríguez hizo referencia a la remoción del juez Lona de Salta. En aquel momento yo representaba a la Cámara de Diputados en el Jurado de Enjuiciamiento y fui uno de los que votaron por la remoción del juez Lona. Quería dejar sentado cuál fue una de las dos posiciones de los representantes de esta Cámara.Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Recalde.- Señor presidente: sólo quiero aclarar que en el caso de que haya una inconstitucionalidad no sería de la ley sino del caso concreto del agregado propuesto por un diputado preopinante. Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Pasini.- Señor presidente: solicito que este artículo se vote nominalmente.Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Carlotto.- Señor presidente: específicamente con respecto a la modificación propuesta por el señor diputado Prieto y posteriormente por el diputado Heredia, me parece que es factible que la incorporemos. Este proyecto irá en revisión al Senado, y en todo caso, en el marco del tratamiento en comisión esa Cámara podrá introducir las modificaciones que considere y que posteriormente vendrán a este cuerpo.Aquellos que hemos seguido los procesos vinculados a la última dictadura militar sabemos que muchos miembros del Poder Judicial estuvieron efectivamente involucrados y que han sido cómplices en la comisión de los crímenes que estamos planteando en este proyecto de ley. Me parece que cuando hablamos de la Administración Pública Nacional y de las estructuras del Estado, también estamos incorporando a aquellos que ocuparon cargos públicos en el Poder Judicial, por lo que se podría incorporar ese párrafo. Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.Sra. Hotton.- Señor presidente: pido disculpas porque quiero hacer una aclaración en relación con mi voto respecto del artículo 10. Primero quiero decir que durante la época del Proceso yo era muy chiquita, y además en esos años vivía en el exterior. La verdad es que durante mi adolescencia y juventud me no quería tratar el tema porque siempre apuesto más al perdón que a la venganza. Sin embargo, ahora que soy diputada nacional me doy cuenta de que tengo una responsabilidad sobre este tema, y por eso participo de este debate. No evadiré mi responsabilidad y de ahí mi voto por la afirmativa.Sr. Presidente (Fellner).- Se cortó el audio, señora diputada...Sra. Hotton.- ¿Me lo habrán cortado?Sr. Presidente (Fellner).- No, aquí no se priva del uso de la palabra a nadie.Sra. Hotton.- Más allá del perdón que siempre me gustaría instalar, para mí es muy importante el respeto de la justicia, y por eso considero fundamental que en el artículo 10 se garantice que debe existir sentencia firme, pues creo en el principio de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Como decía, asumo mi responsabilidad, estoy presente aun teniendo en cuenta quizás el costo político que esto puede implicar, y quiero decir que lamento que haya diputados presentes que han compartido la boleta con el señor Patti y a quienes no hemos escuchado en esta sesión. Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Pérez (A.).- Señor presidente: todos sabemos que hemos llegado a este debate por medio de la aprobación de una moción de tratamiento sobre tablas de un proyecto que ha surgido tras mucho tiempo de discusión en la comisión y que a pesar de ello no logró tener dictamen. Pero hubo un texto que logró algún nivel de consenso. Me parece que las modificaciones tienden a cambiar cuestiones que ya habían sido acordadas. Pero además de eso, la verdad es que no sé cuál es el criterio. ¿Que el que fue designado juez no puede ser legislador, pero sí puede ser juez? La verdad es que no queda claro, porque con este criterio el actual juez Zaffaroni no podría ser juez de la Corte y no podría ser candidato a diputado.Creo que la redacción está tergiversando lo que se ha logrado consensuar. Se está cambiando absolutamente el consenso al que se había arribado en la comisión y se está planteando una cuestión absolutamente distinta.Nosotros vamos a acompañar el proyecto en la medida en que se respete un texto que tiene quince artículos y que se ha redactado después de mucho tiempo de discusión en comisión. Ahora, si se empieza a modificar nosotros no lo vamos a acompañar.Sr. Presidente (Fellner).- Señor diputado Carlotto: le cedo la palabra para que haga el cierre final respecto del artículo 11 y la propuesta de modificación. ¿Acepta o no la comisión?Sr. Carlotto.- Señor presidente: este proyecto está vinculado a la comisión de crímenes durante la última dictadura militar, de crímenes de lesa humanidad, de actos de genocidio, de secuestro y de tortura. No se plantea que sea un proyecto que venga a generar una caza de brujas ni nada que se le parezca.Este es un proyecto que expresa con mucha claridad en sus distintos artículos cuáles son los presupuestos de incompatibilidades. Yo planteo lo siguiente. Hay miembros que han conformado el Poder Judicial de la Nación y los poderes judiciales de las provincias que no están vinculados a la comisión de crímenes de lesa humanidad, y hay otros que sí tuvieron participación.Entonces, eso significaría que frente a un fiscal que participó en interrogatorios donde se aplicaba la picana, nosotros no tendríamos herramientas para plantear su inhabilitación. Esto a mí me parece que es un punto fundamental.Lamento si los integrantes de los bloques que han planteado la objeción no dan quórum para continuar con la sesión, pero no es responsabilidad de este bloque porque nosotros estamos planteando algo que ha sido parte de un debate en las comisiones específicas y que en su momento se acordó llevarlo al recinto, tal cual lo estamos haciendo hoy.A nosotros nos parece que debemos sostener lo que plantearon los señores diputados Heredia y Prieto para incorporarlo en el proyecto.Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.Sra. Giudici.- Señor presidente: quiero aclarar una situación. Los diputados que nos quedamos a dar el debate advertimos que el procedimiento era desprolijo y que incluso no se tenía ni siquiera la redacción final. La Secretaría no tenía el texto ni tampoco la diputada que lo proponía. A pesar de esto hemos superado todo eso para llegar a un consenso y ahora nos encontramos con que vuelven a modificar el texto, no sabemos claramente cómo queda y pretenden que lo votemos cuando ya se cerró el debate de la Cámara en comisión. Por lo tanto, no vamos a seguir con el tratamiento.Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.Sr. Zavallo.- Señor presidente: la señora diputada Marcela Rodríguez ha sido muy clara respecto de la actitud colaboracionista de algunos jueces durante el proceso. Lo único que solicitamos es la incorporación de dos palabras para que también les quepa la responsabilidad a las personas que tuvieron esta actitud partícipe en aquellos momentos duros.Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.Sra. Donda Pérez.- Señor presidente: me parece que en este momento la prioridad consiste en que sancionemos el proyecto de ley con el consenso alcanzado, sin ninguna otra modificación.Si nos quedamos sin quórum, como está ocurriendo, no habrá sanción. Se trata de discutir una modificación con la que puedo estar de acuerdo. Pero sometamos a debate otro proyecto de ley. Llamemos a reunión de comisión la semana que viene para sancionarlo en una nueva sesión.Vamos a presentar otro proyecto en el que se contemple a las personas sobre las que exista prueba suficiente. Pero este proyecto de ley debe salir hoy, y nos estamos quedando sin quórum.Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.Sra. Rodríguez.- Señor presidente: estamos en una falta de sentido, donde ustedes nos proponen que aquellos torturadores denunciados ante la Conadep, que no tengan auto de procesamiento, se puedan presentar y ser candidatos. Pero Strassera, no. Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.Sra. Córdoba.- Señor presidente: creo que no sería la primera vez que aprobamos un proyecto de ley en general y luego pasamos a cuarto intermedio para continuar con el tratamiento del articulado.Teniendo en cuenta que los señores diputados se están retirando, y que el proyecto de ley ha sido aprobado en general, propongo pasar a cuarto intermedio para continuar otro día con el tratamiento en particular.Sr. Presidente (Fellner).- La Presidencia informa a la señora diputada que se ha votado hasta el artículo 10. Y para votar su moción de pase a cuarto intermedio hace falta quórum.Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. Lozano.- Señor presidente: la propuesta que acaba de formular la señora diputada preopinante es la misma que efectué para obtener un consenso mayor en relación con el proyecto vinculado con el Área Material Córdoba. La idea era debatirlo en particular en comisión.Cuando estas cosas no se aplican en un caso y sí en otro, me parece que medimos mal las cuestiones.Tenemos la oportunidad de aprobar un proyecto con un consenso importante que pone un piso que todos después podemos levantar.Perder la posibilidad de contar con un proyecto de ley esta noche por un agregado que no cuenta con consenso, francamente sería una falta de respeto para quienes vienen bregando por estas cosas hace demasiado tiempo. (Aplausos.)Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.Sra. Moisés.- Señor presidente: pido disculpas porque ingresé en el debate de este proyecto hace un par de horas y en realidad hace mucho más que se está debatiendo.En primer lugar, deseo aclarar que soy hija de un hombre que estuvo preso nueve meses, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 24 de diciembre del mismo año.Hoy está vivo y hace política. Nunca dejó de estar comprometido no solamente con una ideología sino también con la causa de la democracia y los derechos de los que menos tienen. Seguramente está vivo porque tuvo la suerte de muchos compañeros que hoy están acompañándonos. Ellos luchan por los derechos humanos y por los derechos civiles de una punta a otra del país. Realmente no entiendo cuál es el apuro de sancionar hoy un proyecto de ley que, evidentemente, no cuenta con el consenso suficiente para que todos podamos sentirnos incluidos.¿Por qué se tiene que medir con una vara a algunos y con otra a otros? ¿Por qué no se respetan muchos principios de nuestro esqueleto jurídico que este proyecto de ley está violando? ¿Por qué los que elaboramos las leyes o en el futuro quienes estén sentados en estas bancas, con la responsabilidad de hacerlo, sí tienen que tener esta marcada conducta ética y moral, con la que estoy totalmente de acuerdo, y los otros poderes del Estado no gozan de esa misma justicia en cuanto a los requisitos para poder ocupar una función pública?No creo que sea mayor la responsabilidad de un legislador que la de un juez, un ministro, un director de la administración pública nacional o provincial, un funcionario del Poder Judicial o del Legislativo. Entonces, en principio debemos tener un criterio justo y equitativo para todos, porque no legislamos sólo para un poder sino para los tres poderes del Estado, para preservar los valores de la democracia, garantizar seguridad jurídica en este país y fundamentalmente para todos y cada uno de los ciudadanos de la Argentina. No entiendo cuál es la urgencia para no tratar en comisión un tema que creo que debe tener la rigurosa evaluación de los constitucionalistas y abogados, pero además una oportunidad, que entiendo que no era esta sesión porque no estaba previsto que nos embarcáramos en esta problemática, donde cada uno de los diputados tiene el derecho de tener una opinión. El consenso no se puede lograr en unas cuantas horas. Entonces, la conducta ética y moral se puede aplicar para algunos pero no para otros porque estamos apurados en sancionar una ley, cuando sinceramente creo que en la Argentina queda mucho por hacer en materia de derechos humanos. Como legisladores tenemos mucho por hacer para mejorar nuestra legislación. Y creo que el compromiso de todos nosotros está expresado en esa votación en general. Más adelante podremos avanzar en algunos detalles en particular. Creo que no es oportuno y que el tema está totalmente agotado, por lo que realmente deberíamos replantearnos la cuestión. Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.Sra. Fadel.- Señor presidente: en verdad los integrantes del bloque del Frente para la Victoria hemos estado sentados en nuestras bancas en forma permanente, poniendo toda la voluntad para que este proyecto fuera tratado. De ninguna manera estamos obstaculizando el tratamiento de la iniciativa. Eso debe quedar bien en claro. Algunos bloques que habían presentado propuestas de tratamiento se han retirado del recinto. Muchas veces, durante la consideración de un proyecto de ley, se observa que hay artículos respecto de los cuales los diputados se pronuncian a favor y otros sobre los que se pronuncian en contra. Esto ha pasado muchas veces en este recinto. Y no entiendo por qué si existe un artículo respecto del cual no todos están de acuerdo no se vota igual, a favor o en contra, y finalmente se ve el resultado. Debe quedar en claro que este bloque está sentado, pudiendo esperar todo el tiempo que sea necesario para discutir lo que haga falta. Así lo hemos demostrado desde que empezó el debate. Cuando no haya consenso en algún artículo, entonces voten en contra y se acabó, pero no se retiren del recinto. (Aplausos.)Sr. Presidente (Fellner).- La Presidencia advierte que nuevamente nos hemos quedado sin quórum. Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.Sr. Acuña.- Señor presidente: lamento que en estas condiciones haya que levantar la sesión, pero lo que quiero decir es lo siguiente: ojalá el bloque del Frente para la Victoria diera el quórum para todos los temas. Pero en cuanto a esto.Sra. Vaca Narvaja.- Siempre damos el quórum. Sr. Acuña.- Celebro que se dé el quórum para un tema que es una deuda con la sociedad, pero el consenso evidentemente se ha roto con las modificaciones propuestas. Quizás el señor diputado Carlotto debió expresarse con mayor vehemencia para aceptar o no las modificaciones. Más allá de eso, debe quedar perfectamente en claro que se votó hasta el artículo 10 inclusive, para que después no tengamos que revisar todos los otros artículos que hemos votado. Aclaro que el bloque del Movimiento Popular Neuquino dio el debate, lo seguirá dando, cree en la discusión en el plano de las ideas y no juega con el quórum. Siempre da el debate, sea cual fuere el proyecto, porque cree que la discusión debe darse aquí, en este recinto, y no con las chicanas de los reglamentos. Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.Sr. Perié.- Señor presidente: creo que el debate ha sido muy interesante, pero la prolongación dio pie a que algunos legisladores no quieran votar esto. Si aquí se hubiera estado tratando la recuperación de Aerolíneas Argentinas, habrían votado en contra. Si hubiésemos estado debatiendo acerca de la recuperación del agua para nuestra población, también habrían votado en contra, y si se hubiese estado considerando la recuperación de los fondos de los jubilados en manos del Estado, también hubiesen estado en contra.Esta es una manifestación más de aquellos que siempre ponen palos en la rueda. Aquí se les dio tiempo y lugar para obstaculizar con chicanas, y ahora no tenemos el quórum suficiente. Por eso hay que dejar en claro quiénes son unos y quiénes son otros en esta película. No nos vengan a pedir quórum a nosotros, que estamos cansados de darlo. A veces nos dejaron intencionadamente sin número para votar. Tal vez algunos y algunas están yendo a escuchar un debate de Aguinis. Puede ser. Son los mismos que estuvieron contentos con el voto no positivo y que lo festejaron junto con algunos procesistas.Con respecto a Aguinis, los peronistas estamos acostumbrados a que nos vengan a buscar. Voy a referirme a una cuestión personal, por mí y por mi hermana diputada. Ella vive en Posadas, en la calle Tucumán 522; y yo vivo en Corrientes, en Gobernador Ruiz 2758. Esto es para el señor Aguinis: que el 29 de junio vaya a buscarnos. ¿O va a mandar a alguno de sus amiguitos de la Sociedad Rural Argentina o a algunos de sus amigos procesistas? No me trago esas amenazas de un gorila golpista impertinente como Aguinis. (Aplausos.)Sr. Presidente (Fellner).- No habiéndose reunido quórum para votar, se levanta la sesión.- Es la hora 23 y 18.

Fuente:
www.parlamentario.com
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- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Un silencio lleno de palabras. Más de 90 mil compatriotas eligieron "Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más"
La mayor "Marcha del Silencio" desde 1996
A 33 años de la aparición de los cadáveres de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw asesinados en Buenos Aires, más de 90 mil personas marcharon ayer por la Avenida 18 de Julio en reclamo de Verdad y Justicia para con los uruguayos desaparecidos.
Siete cuadras repletas de compromiso. La marcha se extendió desde la Plaza Libertad hasta la calle Vázquez.
La 14ª "Marcha del Silencio" resultó ser "la más grande y concurrida de la historia", desde que los familiares de los victimizados por el terrorismo de Estado comenzaron a reclamar en 1996 para que fuera esclarecido el paradero de los restos de los compatriotas secuestrados y asesinados.
"El pueblo uruguayo acabará con la impunidad de los represores en octubre cuando plebiscite la nulidad de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", dijo a LA REPUBLICA Luis Puig, responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la central de trabajadores PIT-CNT.
La marcha, que llegó a concentrar una muchedumbre más compacta que años anteriores a lo largo de siete cuadras, se desarrolló con absoluta normalidad sin que se registrara ningún incidente. Incluso permanecieron abiertos muchos comercios, incluidos los que pertenecen a multinacionales.
"Acá", dijo a LA REPUBLICA Juan Camejo de la Secretaría de Organización del PIT-CNT, "no hace falta hacer seguridad ninguna. Con nuestra gente no se mete nadie". La concurrencia multitudinaria a la marcha fue "un espaldarazo" tras la campaña de recolección de firmas, agregó Camejo, quien tuvo a su cargo la tarea de contabilizar las papeletas firmadas que juntó la central de trabajadores.
Las filas con los carteles con fotografías de los rostros de los compatriotas desaparecidos se fueron formando a paso lento, en Avenida Rivera y Juan Jackson, frente a la Plaza erigida en memoria de los desaparecidos en América Latina. Expresiones austeras tenían los familiares de las víctimas.
Inesperadamente pasaron las 19, la hora prevista para dar comienzo la movilización, cuando la noche, que se presumía sería helada, se acaloró. La humedad ambiente se disipó. Parecía que la fuerza de voluntad de los manifestantes hubiera alejado toda amenaza de lluvias anunciadas.
Las miradas decididas de los familiares de los desaparecidos, forjadas por décadas de lucha para derribar el muro infame del silencio cómplice de los criminales y terroristas de Estado y de sus personeros políticos, se plantaron al frente de la muchedumbre y caminaron a paso de hombre.
El compromiso ciudadano de los uruguayos con la libertad y el respeto por la dignidad humana se volvió a expresar a través del silencio absoluto de la marcha, un silencio apenas interrumpido por el movimiento de un enjambre de periodistas y los disparos de luz de fotógrafos y camarógrafos.

Un silencio estrepitoso se tornó en expresión
Imponente en su modo de expresión en el que sobran las palabras, la marcha arrancó a las 19:14, en la última cuadra de Avenida Rivera, antes de desembocar en 18 de Julio, bajo cariñosa custodia y protección de una doble cadena humana de seguridad, integrada en su gran mayoría por jóvenes.
"Le agradezco a la juventud", diría luego Luisa Cuesta, de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. "Quiere decir que tienen la cabeza abierta para luchar contra cosas que nosotros no pudimos porque teníamos las cabezas cerradas", argumentó Cuesta, una de las principales referentes de los familiares organizados en la procura de sus seres queridos.
Apenas unos minutos después, sobre las 19:21, fue preciso reagrupar y estrechar filas para dar cabida a las decenas de compatriotas que llegaban, algunos hasta la Plaza de los Desaparecidos, otros directamente apostados en 18 de Julio, en las plazoletas que rodean el monumento a Emilio Oribe.
El desplazamiento de la multitud silenciosa pasó a ser una ostentación estrepitosa de reafirmación ética cuando la muchedumbre ingresó a la avenida principal, mientras que aún quedaban centenas de personas junto a la plaza conmemorativa. Abigarrada, la gente siguió la marcha como nunca.
La Avenida 18 de Julio se cubrió en segundos de vereda a vereda. El gentío tomó cuenta de la calzada en ambos sentidos. Al llegar al edificio de la Universidad de la República, una nueva pausa permitió conglomerar a más personas cuando ya sonaban las 19:25 horas. Y seguía llegando gente.
Casi innecesario resultó el despliegue de policía motorizada que abrió camino frente a la marcha. La muchedumbre supo despejar el paso por sí sola. Nadie se atrevió a desacatar el ya anunciado corte de tránsito que había cerrado la entrada de vehículos desde todas las calles perpendiculares.
Media cuadra antes de alcanzar el cruce con la calle Magallanes, la marcha debió ser detenida otra vez para acceder a los requerimientos de incontables decenas de fotógrafos y camarógrafos que encontraron en todo momento alguna otra imagen, única e irrepetible, de un evento conmovedor.
Eran las 19:35 cuando se detuvo la caminata ante el requerimiento de los comunicadores. Pero otra vez debió detenerse en la esquina con Carlos Roxlo, a las 19:48, ante la avalancha de gente anónima. No hubo celular ni cámara, por más casera que sea, que no haya sido usada para captar el momento. Fue como si cada manifestante hubiera querido documentar el histórico reclamo.

"¡Presente!", corearon tras nombrar los desaparecidos
Habían pasado seis minutos de las 20 horas cuando la muchedumbre llegó hasta la calle Ejido y se detuvo por penúltima vez. Al instante comenzaron a ser nombrados, desde los equipos de sonido en Plaza Libertad, todos y cada uno de los nombres de los más de 200 uruguayos desaparecidos.
Los altavoces, instalados contra las fachadas de los edificios que están en las últimas cuatro cuadras del recorrido de la marcha, propalaron a todos los vientos las identidades de compatriotas supliciados. "¡Presente!", coreaba la multitud tras escuchar el nombre de cada desaparecido.
Cuatro cuadras continuó la marcha y aún se resonaban sobre la Avenida los nombres del listado de las víctimas. Eran las 20:11 cuando se reinició la caminata que pudo llegar al cruce con la calle Zelmar Michelini recién sobre las 20:24. Un minuto después estallará una salva de aplausos.
La Plaza Libertad fue el punto final de la 14ª Marcha del Silencio. Militantes y activistas sociales se entremezclaron con miembros de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. Otro enjambre de periodistas y reporteros gráficos rodeó a los familiares que encabezaron la marcha.
La muchedumbre, estimada en más de 90 mil personas, iba desde la Plaza Libertad hasta el cruce de la avenida con la calle Vázquez. Siete cuadras compactas con una inesperada concurrencia de decenas y más decenas de jóvenes, casi todos ellos con edades menores a la treintena de años.
Un poema de Mario Benedetti difundido por los altavoces impuso un marcado silencio. Se trataba del poema cantado "a dos voces" con Daniel Viglietti en memoria de los desaparecidos y homenaje a la corajuda lucha de sus familiares para derrotar el silencio cómplice de los militares impunes.
Las estrofas del Himno Nacional marcaron el final de la movilización, al igual que en los 14 años anteriores, desde que los familiares comenzaron su lucha en 1996, casi en solitario, para clamar por una reparación, que este 2009 se rigió por una única consigna: "Elegimos Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más", tal como se postuló desde el pasacalle que abrió paso a la multitud.
Un aplauso estremecedor y prolongado dio por cumplida la jornada, a las 20:35, cuando en paz y con la alegría aportada por la reconfortante concurrencia juvenil, los veteranos familiares de los compatriotas secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos se dispersaron con calma.
Fuente:
www.larepublica.com.uy

Golpe a la impunidad. "Viola" separación de poderes y fue dictada "bajo presión" militar
El fiscal de Corte, Ubiría, consideró inconstitucional la Ley de Caducidad
La Ley de Caducidad "viola la separación de poderes", se contrapone a normas del derecho internacional aprobadas por el Estado uruguayo. Además, fue dictada bajo "presión", ante la "crisis institucional existente". El fiscal de Corte, por tanto, la consideró "inconstitucional".
Mauricio Pérez
Doctor Rafael Ubiría. La Ley 15.848 "violenta" la Constitución.
La Ley de Caducidad "fue dictada bajo 'presión', ante la 'crisis institucional existente' y anunciada por los mandos militares de la época, quienes se negaban a comparecer a los estrados judiciales a declarar por eventuales ilícitos cometidos, y estaban dispuestos a "desacatar" las órdenes del Poder Judicial, y aún del Poder Ejecutivo".
La expresión surge del dictamen del fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Rafael Ubiría, presentado el pasado martes ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por el cual se consideró inconstitucional la Ley 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", por violentar la separación de poderes y contraponerse a normas del derecho internacional aprobadas por el Estado uruguayo. En este sentido, el fiscal de Corte consideró que la ley violenta los artículos 4, 7, 72, 82 y 233 de la Constitución de la República, y es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los Estados Americanos; la Carta de las Naciones Unidas; y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, entre otros tratados.

Desde el origen
La "lectura atenta y pormenorizada" de las actas parlamentarias del 19 y 20 de diciembre de 1986, cuando el Poder Legislativo votó la Ley de Caducidad, lleva a la convicción de que la ley se aprobó bajo un contexto de "grave crisis institucional" y ante la "presión" ejercida desde ámbitos castrenses.
Ubiría recogió, en este sentido, las intervenciones de los legisladores Uruguay Tourné, Manuel Flores Silva y Guillermo García Costa, cuyas exposiciones "fueron terminantes en cuanto a la 'presión indebida' ejercida entonces contra los Poderes del Estado. En este caso contra el Poder Legislativo".
La crisis institucional "era hasta tal punto conocida e irreversible, que puso a los legisladores de la época en la 'encrucijada' de tener que sancionar una ley con efectos conclusivos acerca de la comparecencia de militares y policías ante la justicia ordinaria".
Sin embargo, los legisladores dejaron constancia desde la primera palabra -"Reconócese"- y con la redacción del artículo 1º que "su voluntad se encontraba 'constreñida', su libertad 'condicionada'", pero no se pretendía "conceder indultos" o "acordar amnistías" para los militares, indica Ubiría.
La norma dispuso "la caducidad" de la pretensión punitiva del Estado, pero esa figura no es prerrogativa de los legisladores. La Asamblea General tiene la potestad de "conceder amnistías", pero la Constitución "no le dio la potestad de caducar la pretensión punitiva", dice Ubiría en cita del profesor de Derecho Constitucional Jorge Cagnoni.
El poder punitivo del Estado nace con la soberanía y, por esa razón, "no es transmisible, prescriptible, renunciable o enajenable, por tratarse justamente de un poder soberano inseparable de su existencia; al perder esa potestad el Estado se perdería a sí mismo", señala el fiscal.

Injerencia indebida
Asímismo, la Ley 15.848 "violenta" la Constitución al darle "participación al Poder Ejecutivo, o mejor dicho, el poder de disponer la continuación o la clausura de los procedimientos" por los delitos cometidos por militares durante el proceso dictatorial, expresa Ubiría.
"Esto supone una injerencia indebida, no permitida por la Constitución, de un Poder del Estado (el Ejecutivo) en asuntos que son de plena y absoluta competencia de otro Poder de igual rango, como lo es el Poder Judicial", por lo cual "se viola el principio de separación de poderes". Las normas cuestionadas "le confieren al Poder Ejecutivo un poder absoluto de decisión, en cuestiones que son de competencia natural y constitucional del Poder Judicial", estima Ubiría. Asimismo, el fiscal de Corte señala que la aprobación de la Ley 18.026, por la cual el Estado uruguayo se acompasó con la normativa internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, derogó "parcial y tácitamente" los artículos impugnados de la ley.
En tanto, el dictamen sustancia una importante valoración sobre las normas del derecho internacional. "Las normas 'programáticas imperativas' que contienen los instrumentos de origen internacional pueden tener efectos derogatorios sobre el ordenamiento anterior, y si tratan de derechos humanos, concluir en la inconstitucionalidad de una ley que se oponga a su contenido", considera el fiscal.
Las normas de origen internacional "pueden ser invocadas ante los tribunales nacionales y deben ser aplicadas por éstos en aquellos casos en que resulten pertinentes, y aun en defecto de la legislación de origen interno", plantea el fiscal de Corte. "La resolucion 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (por ejemplo) es vinculante jurídicamente para el gobierno uruguayo", dice Ubiría, para reafirmar su naturaleza violatoria del derecho internacional de la ley, y por ende su inconstitucionalidad.
Fuente:
www.larepublica.com.uy
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Declaran ciudadanos ilustres de Montevideo a diez hijos de desaparecidos
16:07
Son seis argentinos y cuatro uruguayos. Entre ellos, está Macarena Gelman, la nieta del poeta Juan Gelman. Es para "contribuir a la reparación de la memoria de sus padres y a todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos".
Diez hijos de desaparecidos, cuatro uruguayos y seis argentinos -entre ellos Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman- fueron declarados hoy visitantes y ciudadanos ilustres de Montevideo. Con este reconocimiento honorífico el gobierno de Montevideo "procura fortalecer la memoria de la sociedad y contribuir en la reparación a su persona, a las de sus padres y a todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado reciente", señala la declaración aprobada por la Intendencia. Además, destaca que gracias a la labor de distintas personas y organizaciones, en particular de Abuelas, Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, cerca de un centenar de los niños apropiados recuperaron su identidad, lograron conocer su verdadera historia y reencontrarse con sus familiares.
Es el caso de Macarena Gelman, cuya madre, María Claudia García, fue detenida ilegalmente en Argentina en 1976 y trasladada clandestinamente a Uruguay, donde desapareció después de dar a luz en un hospital militar. La niña, cuyo padre, Marcelo Gelman, hijo del Premio Cervantes 2007, fue asesinado por la dictadura argentina, fue entregada a poco de nacer a un policía uruguayo que la crió. Recién en el año 2000 recuperó su verdadera identidad. Además de Macarena Gelman fueron declarados ciudadanos ilustres los uruguayos Amaral García, Carlos D'Elía y Victoria Julián, así como los argentinos Juan Cabandié, Laura Acosta, Matías Reggiardo, Victoria Torres Ruiz, Paula Logares y Victoria Moyano. Los flamantes ciudadanos ilustres se juntaron para respaldar la presentación del libro "De vuelta a casa. Historia de hijos y nietos restituidos" de la periodista argentina Analía Argento, que tendrá lugar hoy en el Teatro Solís de Montevideo. El libro relata las historias de diez chicos secuestrados durante la última dictadura argentina, quienes recuperaron su identidad gracias al trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo. La Intendencia de Montevideo lanzó hoy un concurso para realizar una escultura en homenaje a los detenidos desaparecidos de América Latina, que será colocada en la ciudad.
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=102631Entre Ríos 21/05/2009 Se trata de un ex titular de la Departamental Gualeguaychú Por primera vez procesaron a un ex policía de Entre Ríos por crímenes de la dictadura

Juan Carlos Mondragón fue detenido por el secuestro de un militante de Gualeguaychú.
Por Valentín Bisogni(de la redacción de Miércoles Digital, desde Concepción del Uruguay)La jueza federal de Concepción del Uruguay, Beatriz Aranguren, dictó el procesamiento contra el ex subcomisario de la Policía Federal Francisco Crescenzo y contra el ex jefe de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos Juan Carlos Mondragrón por los delitos de allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad y torturas en asociación ilícita durante la última dictadura. A su vez, ambos fueron embargados por las sumas de 100.000 y 15.000 pesos, respectivamente, aunque la querella apelará dicha medida ya que considera que se trata de cifras irrisorias respecto a los embargos establecidos para otros represores de la misma causa. La jueza Aranguren ordenó el procesamiento y el embargo de Francisco Crescenzo y Juan Carlos Mondragrón. Ambos se encuentran imputados en la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina. Crescenzo se encuentra detenido en el penal federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, desde el pasado lunes 27 de abril, fecha en la que se había presentado a la declaración indagatoria. Ese día, el represor se negó a declarar pero presentó un extenso escrito donde se defendía de los delitos por los que está acusado. Por su parte, Mondragón se presentó a prestar declaración indagatoria el miércoles 29 de abril, pero había salido caminando del Juzgado Federal sin quedar detenido, ya que formalmente solo está denunciado por el secuestro y torturas contra Hugo Angerosa, un militante de Gualeguaychú que es hermano de una desaparecida, pero otras víctimas no han realizado aún formalmente denuncias al respecto. La medida judicial firmada este lunes 18 de mayo, incluye el embargo a Crescenzo a Mondragón por las sumas de 100.000 y 15.000 pesos respectivamente. Francisco Crescenzo era subcomisario de la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina durante la última dictadura militar y fue procesado por los delitos de allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad y torturas como integrante de una asociación ilícita contra César Román y Carlos Martínez Paiva. Román fue quien inició la causa en febrero de 2006, al presentarse como querellante, y declaró que Crescezno “era quien coordinaba las sesiones de tortura que tenían una duración de hasta 18 horas. Los que aplicaban los métodos de tormentos eran José Darío Mazzaferri (prófugo de la justicia actualmente) y Julio Rodríguez, alias Moscardón Verde (detenido en el penal de Marcos Paz). Crescenzo les daba las ordenes”. Por su parte Juan Carlos Mondragón, quien se desempeñaba al frente de la Jefatura Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos, también fue procesado por los mismos delitos que Crescenzo, pero en su caso contra Hugo Angerosa, que fuera detenido en aquella ciudad y luego trasladado a la delegación uruguayense de la Policía Federal. Si bien se hizo lugar al pedido de los procesamientos, la abogada querellante María Isabel Caccioppoli indicó a Miércoles Digital, que apelará ambos embargos ya que se tratan de cifras irrisorias teniendo en cuenta la responsabilidad de ambos represores en los hechos. También cuestionó que esas cifras no se condicen con los embargos aplicados, en diciembre de 2008 por el entonces juez federal Guillermo Quadrini, a los otros dos detenidos en la misma causa, Juan Valentino y Julio Rodríguez de 800.000 y 600.000 pesos respectivamente.
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DDHH: confirman procesamiento de un ex funcionario judicial
Se trata de Carlos Flores Leyes, acusado de delitos de lesa humanidad mientras se desempeñaba como secretario de un Juzgado Federal. Está imputado por tormentos agravados. La medida fue dispuesta por la Cámara Federal de Resistencia. Fallo completo
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La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Carlos Flores Leyes, un ex funcionario judicial imputado por delitos de lesa humanidad, que luego se desempeñó como fiscal federal.
Flores Leyes fue procesado en diciembre del año pasado por tormentos agravados en cuatro hechos, cometidos a fines del año 1975 mientras se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal de Primera Instancia de aquella ciudad, decisión que fue recurrida por la defensa y ahora confirmada por la cámara.
El juez de primera instancia tuvo por probado que Flores Leyes presenció en la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco hechos de tortura física y psíquica, y que participó en interrogatorios extrajudiciales llevados a cabo sin un mínimo marco de legalidad, constituyéndose por su calidad de secretario judicial “en un eslabón necesario e indispensable en el proceder delictivo de los funcionarios policiales que resultaron procesados mediante anteriores resoluciones dictadas en la causa”.
Agregó que el ex funcionario “formaba parte del aparato represivo, amparado en su cargo judicial, obrando no obstante de manera clandestina”, y que su presencia aparece como indisoluble al proceder delictivo, pues “poseía el conocimiento y efectivo control del mismo así como la capacidad de evitarlo”.
La cámara consideró que se encuentran acreditados en la causa “los tormentos físicos y psíquicos sufridos sistemáticamente por personas detenidas durante los últimos meses del año 1975 en la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco…, por ser consideradas ‘subversivas’ (perseguidos políticos), a manos de las personas encargadas de su guarda (funcionarios públicos) entre los que se encontraba Flores Leyes”.
Así, indicó que “se advierte sin hesitación su presencia (por Flores Leyes) en el ámbito donde se perpetraban las torturas denunciadas, sin que haya cumplido con los deberes que su puesto le imponía”, y que tomó declaración indagatoria a los denunciantes a pocos días de que éstos fueran víctimas de torturas durante su estadía en la Brigada de Investigaciones, “siendo indiferente respecto de los visibles signos de violencia que ellos demostraban y con trato amedrentador”.
Fuente:
www.cij.gov.ar

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EL PAIS › LA CAMARA FEDERAL DE CORDOBA ORDENO QUE NO HAYA MAS DETENIDOS EN UNIDADES MILITARES
Ocho represores mudados a la fuerza
La jueza Garzón de Lascano mudó a los militares, pero no aludió a la disposición del tribunal superior. Una inspección de funcionarios judiciales y de Defensa había constatado los privilegios de los acusados presos en el Tercer Cuerpo de Ejército.


La jueza Cristina Garzón de Lascano ignoró las órdenes de Defensa para sacar a represores de los cuarteles.
Desde septiembre de 2003 hasta ayer la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lascano consintió que militares retirados y civiles procesados por secuestros, torturas y asesinatos se alojaran como honorables huéspedes en cuarteles del Tercer Cuerpo de Ejército, donde conviven con camaradas en actividad. Durante más de cinco años ignoró pedidos de Hijos y Familiares regional Córdoba, de la fiscal Graciela López de Filoñuk y del Ministerio de Defensa para que ex miembros de grupos de tareas de La Perla fueran trasladados a cárceles y obligó a jóvenes soldados a violar las leyes que les impiden oficiar de guardiacárceles. Ayer la magistrada dispuso el traslado de ocho represores desde el cuartel Unión a una prisión común. Pero no lo hizo por propia voluntad. La Cámara Federal de Córdoba ordenó el miércoles que todos los detenidos de su jurisdicción sean alojados en unidades penitenciarias. La jueza, sin embargo, simuló ignorar la instrucción del tribunal superior e invocó como motivo de su decisión la negativa de la ministra de Defensa, Nilda Garré, para que los suboficiales requisen las habitaciones de los presos en busca de armas, medida que ella ordenó la semana pasada, luego de que las obscenas condiciones de detención fueran constatadas por funcionarios de Defensa y de la Procuración General de la Nación.
Habitaciones con televisión, muebles de estilo y baño en suite. Comedor con fogón y vista panorámica. Sala de Internet. Huerta y criadero de conejos. Taller de carpintería. Servicio de comida y limpieza a cargo de subordinados. Médico y profesor de educación física para actividades terapéuticas. Así eran las condiciones de detención en el Tercer Cuerpo de Ejército de militares retirados y agentes de inteligencia civiles procesados por secuestros, torturas y asesinatos. Los privilegios, de vieja data y autorizados por Garzón de Lascano, fueron corroborados por primera vez a fines de abril por la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado y funcionarios del Ministerio de Defensa.
La ley prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de seguridad interior en reemplazo de policías o carceleros. La ley de Ejecución Penitenciaria encomienda al Servicio Penitenciario Federal “la custodia y guarda” de procesados privados de la libertad. La de Personal Militar obliga a los activos a respetar la jerarquía de superiores retirados. Su combinación con la orden de Garzón de Lascano enfrenta a los soldados con la esquizofrénica misión de servir y a la vez custodiar a coroneles y generales imputados en torturas y asesinatos.
Desde mediados de 2006, Garré reiteró en tres oportunidades a los jueces federales que las unidades militares no están diseñadas para servir de cárceles ni los soldados capacitados para controlar presos. La aparición del cadáver envenenado de Héctor Febres en su dúplex de Prefectura y las fotos del ex ESMA haciendo la plancha en la pileta de la base naval de Azul llevaron a algunos jueces a replantearse los privilegios. Garzón de Lascano no acusó recibo. En julio pasado, tras la fuga del oficial de inteligencia Julián Corres de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, Garré ordenó a las tres fuerzas bajo su mando no acatar nuevas órdenes judiciales de recibir detenidos. Ante esta situación, Garzón de Lascano concedió a sus nuevos represores presos arrestos domiciliarios o excarcelaciones.
En enero, ante un requerimiento de Defensa, el Cuerpo III informó que los detenidos a disposición de Garzón de Lascano se alojaban en los casinos de oficiales o suboficiales, según la jerarquía, junto a militares en actividad. El informe destacó que los ex subordinados del condenado Luciano Benjamín Menéndez no estaban en celdas sino en cuartos, se los controlaba “golpeando la puerta de la habitación”, y a las visitas apenas se les “advertía respetuosamente” la prohibición de ingresar con armas, explosivos, bebidas alcohólicas o celulares. Ante “la gravedad de la situación”, la ministra solicitó una inspección de las unidades del Tercer Cuerpo al fiscal federal Jorge Auat, titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración.
El 28 de abril, Auat se presentó en el cuartel Unión, donde pasan sus días ocho imputados. Lo acompañaron en la inspección la fiscal federal Graciela López de Filoñuk y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Ileana Arduino. Los recibió el comandante del Tercer Cuerpo, general de división Carlos Artuso. Tres coroneles oficiaron de testigos. El panorama que encontraron consta en un acta de cuatro páginas manuscritas:
- Los imputados se alojan en habitaciones con televisor, muebles de madera, escritorio y baño en suite. Algunas tienen dos camas, para esposas o visitantes. Las puertas se cierran con llave sólo desde adentro.
- No hay rejas en “ninguna dependencia del edificio”.
- Los presos “cohabitan con personal en actividad”, que producto de la orden judicial padecen de “faltante de lugar”.
- En el comedor del casino de oficiales, con fogón y vista panorámica, encontraron “una mesa con cuatro lugares con su respectiva vajilla” a la espera de los comensales/presos.
- Hasta 2007 tenían “Internet en la habitación, a su cargo”. Garzón de Lascano dio “directivas” para que se equipara una sala especial con servicio gratuito.
- A las 8 desayunan. De 8.30 a 12.30 realizan “actividades físicas o trabajos autorizados, bajo la supervisión del médico o del profesor de educación física de la unidad”. De 14 a 16.30 realizan “actividades en su habitación”, léase siesta, y luego retoman sus hobbies hasta la hora de la cena.
- Garzón de Lascano autorizó actividades con “fines terapéuticos” que “no forman parte de las propias del cuartel” y generan “inconvenientes” con los suboficiales/guardiacárceles. El capitán Jorge Exequiel Acosta, trasladado a una cárcel común tras la condena del Tribunal Oral Federal, tenía su propia huerta. El sargento ayudante Hugo “Tarta” Herrera, que salió y no pudo volver a entrar porque ya regía la orden de Garré, instaló un criadero de conejos. El ex PCI Emilio Morard aún se dedica al “fraccionamiento de carbón” para la venta. Su colega Héctor “Palito” Romero realiza “trabajos de carpintería”.
- Reciben visitas de viernes a domingo de 9 a 22, aunque si lo desean pueden quedarse a “pernoctar”. Los abogados defensores pueden ir cuando quieran. Los días de festividades cristianas, Garzón de Lascano autoriza la extensión del horario hasta la 1.15 de la madrugada.
- No se requisan las habitaciones ni a los visitantes porque “no cuentan con las facultades para hacerlo”. Consecuencia: “No es posible saber si ingresan armas o no”.
- La vigilancia está a cargo de dos suboficiales.
- “Todas las erogaciones que generan los detenidos” corren por cuenta del Ejército.
- Los huéspedes dejan constancia de que “la jueza Garzón de Lascano ha visitado las instalaciones y tiene conocimiento de estas circunstancias”.
Con este panorama, Auat envió un escrito a la Cámara Federal de Córdoba, (superior de Garzón de Lascano) para “poner en su conocimiento una situación de gravísima irregularidad”, donde detalló las conclusiones de su visita al cuartel de Unión del Tercer Cuerpo de Ejército. “Resulta impostergable la adopción de medidas que de un modo definitivo regularicen las condiciones de alojamiento de los detenidos (...) que se neutralicen los altos riesgos procesales que se asumen al mantener vigente esta situación, como así también la irritante situación de desigualdad en relación a los demás casos que se ventilan en los distintos tribunales del país”.
La Cámara Federal de Córdoba tomó nota del asunto y a través de un acuerdo extraordinario dispuso informar a todos los jueces de su jurisdicción que “deberán alojar a las personas privadas de su libertad por cualquier tipo de ilícito penal de competencia federal en las unidades penitenciarias que correspondan conforme a la etapa procesal por la que transiten”.
Ayer, Garzón de Lascano ordenó el traslado de ocho represores a “una unidad del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba”. Pero no se dio por enterada de la orden de la Cámara. Argumentó, en cambio, que no podía garantizar la seguridad de los detenidos ni de terceros porque Garré impedía que el personal militar requisara a los internos y a sus visitas. La jueza no dijo nada aún acerca de siete ex policías del Departamento de Informaciones (D2) que pasan sus días en la guardia de infantería de la misma policía de Córdoba ni del coronel Luis Gustavo Diedrich, en la práctica jefe de las patotas del Destacamento, que es bien atendido en la Brigada de Infantería de Montaña VIII de Mendoza. Según la resolución de la Cámara Federal, también ellos deberían dormir en una cárcel.
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Fuente:
www.cij.gov.ar

@@@@@@@@@@A la señora Jueza Garzón de Lascano:


Por la presente queremos expresar nuestro repudio a la decisión por usted tomada, de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a quién es uno de los mayores responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en diez provincias argentinas, entre ellas Córdoba, en el marco del terrorismo de Estado.
Entendemos que esta decisión constituye un retroceso en el avance de la justicia y la verdad por la que venimos luchando hace décadas. Luciano Benjamín Menéndez fue juzgado con todas las garantías constitucionales y condenado a cumplir su pena de prisión perpetua en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba. Los fallos como el dictaminado por usted esta semana, desandan ese camino y significan una burla ante el histórico reclamo social de ver a los asesinos de miles de hombres, mujeres y niños tras las rejas.
Así, la modificación de la ley 24.660, sancionada en diciembre del año pasado por el Congreso de la Nación, omite expresarse en relación a quienes delinquen contra la humanidad y otorgan a los jueces el poder discrecional para disponer donde alojar a los presos. En este mismo sentido, la Cámara Nacional de Casación Penal, auténtico bastión de quienes se oponen al avance de la Verdad, sin resolver sobre el fondo de la cuestión, la condena, y apelando a una interpretación rebuscada de la modificación de la ley antes citada, ordenaron que se otorgue a Menéndez, Manzanelli, Vega y Rodríguez el beneficio de la prisión domiciliaria, sin más argumentos que el de ser mayores de 70 años. Estos ejemplos representan una clara muestra de cómo los poderes institucionales desoyen el histórico reclamo de juicio y castigo de la sociedad argentina, respaldado a nivel internacional.
En relación a lo dictaminado por usted esta semana, compartimos su decisión de que Manzanelli continúe cumpliendo su pena en la cárcel de Bouwer, pero resulta incomprensible, tanto para nosotros como para la opinión pública en general, que el caso de Menéndez sea distinto. Luciano Benjamín Menéndez manifestó en audiencia oral durante el primer juicio sustanciado en nuestra provincia el pasado año, que consideraba contrario a la constitución dicho juicio, desconociendo a las instituciones democráticas y sosteniendo, en una actitud claramente intimidatoria, que los “terroristas subversivos” que “atacaron la República porque no creían en las instituciones democráticas, son justamente quienes se refugian ahora en esas instituciones que lo acusan”. Asimismo, durante todos estos años nunca manifestó el más mínimo arrepentimiento, ni colaboró para hacer cesar los efectos de los delitos por él cometidos y su actitud amenazante quedó registrada para la historia en aquella foto tomada en 1984 amenazando a un grupo de personas con su facón. Situación que, casi diez años después, se repitiera cuando, utilizando una sevillana, amenazó a un grupo de estudiantes en el centro de Córdoba.
Por otra parte, es inexplicable que tamaño delincuente que secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de ciudadanos, sea considerado por usted como alguien que no reviste peligrosidad y en quien se puede confiar. Menéndez continúa cometiendo, hasta el día de hoy, el delito permanente de privación ilegítima de la libertad, nombre jurídico con que se conoce el delito internacional de desaparición forzada de personas en nuestro país.
Es de destacar que los márgenes de libertad que estos represores obtienen al estar en sus domicilios, mucho más cuando se trata de Menéndez, quien siempre se ha caracterizado por actuar por medio de otros autores materiales, atenta contra el avance de la justicia y el esclarecimiento de los hechos que se investigan ya que pone en serio peligro físico y psíquico la integridad de los testigos y todos aquellos que luchamos en contra de la impunidad. Recordemos lo sucedido con el testigo y querellante Jorge Julio López, y las numerosas amenazas en nuestra provincia a testigos y familiares de las víctimas. Sumado a ello, existe el peligro concreto de que, gozando de la prisión domiciliaria y teniendo acceso a armamento, por su condición de militares retirados, se suiciden como ya sucedió con César Emilio Anadón, entre otros.
En su resolución que beneficia a Menéndez, usted afirma que “Sólo puede actuarse frente al delito desde la ley, torcerla para acomodarla al doloroso sentir de una sociedad ante la lesión sufrida, implicaría rebajar la administración de justicia al parámetro de la revancha”. ¿Desconoce usted que en todos estos años en los que estos delincuentes gozaron de impunidad, ningún testigo, querellante o familiar de las víctimas buscó venganza o justicia por mano propia? ¿Desconoce que desde hace años la sociedad exige justicia y no revancha? ¿De qué “revancha” nos habla?
Jamás hemos pedido que se tuerza la ley, lo que demandamos es un criterio de aplicación igualitaria, en el que ningún responsable de delitos de lesa humanidad sea beneficiado, en el que no se mantenga, como ocurre actualmente, algunos detenidos en Bouwer, otros en el III Cuerpo de Ejército, otros en la Guardia de Infantería y otros en la comodidad de sus casas.
Hace más de 30 años exigimos justicia y verdad, desde hace más de 30 años buscamos que se repare, en la medida de lo posible, el enorme daño producido por el Estado terrorista. En todo este tiempo jamás hemos reclamado un trato inhumano para estos asesinos y siempre nuestras acciones se circunscribieron al marco de la ley. Mucho hemos luchado y seguiremos luchando para que en nuestro país Nunca Más se violen sistemáticamente los derechos humanos, aunque a veces no encontremos eco en instituciones como la que usted representa.
Por todo lo anterior, los abajo firmantes expresamos nuestro profundo repudio al otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria a Luciano Benjamín Menéndez y solicitamos que la misma sea revocada, además adjuntamos los pronunciamientos emitidos por distintas entidades de nuestra provincia.

H.I.J.O.S. Regional Cordoba y Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas.

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Menéndez recusó al camarista Díaz Gavier
El comienzo del segundo juicio por la represión en Córdoba podría demorarse todavía más a partir de la recusación presentada por Luciano Benjamín Menéndez contra uno de los jueces integrantes del tribunal. La defensa oficial del ex jefe de Tercer Cuerpo de Ejército, todavía en la cárcel de Bouwer pero con futuro arresto en su casa, recusó a Jaime Díaz Gavier por declaraciones periodísticas difundidas antes y después del juicio del año pasado, en el que terminó condenado a prisión perpetua. Lo hizo en un escrito de su autoría que fue fundado por Evangelina Pérez Mercau, a cargo de la defensa del represor en el juicio en el que se analizará el secuestro y desaparición del ex comisario Ricardo Fermín Albareda. Fuente: la Voz del interior RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Asilo federal se busca
La Dra. Aromí, en la difícil situación de querer explicar lo inexplicable.
Luego del escándalo judicial del que fue protagonista en la "Causa Arapí", la Dra. Aromí de Sommer, Presidenta del Tribunal que hizo caer el debate en el juicio del homicidio de Ramón Arapí, asesinado por el gatillo fácil en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, quiere recalar en la Cámara Federal de Corrientes como Jueza de dicho fuero. Podría intervenir en juicios por delitos de lesa humanidad si su estrategia prospera.Voceros de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes habían señalado que sus abogados estaban analizando impulsar un juicio político para el fiscal Smith y la magistrada Aromí, tras el escándalo judicial que los tuvo como protagonistas en el juicio en el que se investigaba la muerte del joven Ramón Arapí en manos de policías de la provincia.El Fiscal habría actuado como el mejor defensor de los uniformados, solicitando que "caiga" el debate oral, con esos términos incluso, lejos de cualquier terminología jurídica apropiada. El Tribunal sin embargo, en una notable capacidad de entendimiento rayana en la adivinación, entendió que el Fiscal quería que "caiga" el Requerimiento Fiscal y el Auto de Elevación a Juicio, y pese a la extemporaneidad del planteo y en una expeditiva deliberación, decidieron hacer lugar al confuso planteo negándole a la familia Arapí la posibilidad de tener al menos justicia en el corto plazo. El Fiscal paradójicamente manifestó en los medios que está convencido que los policías acusados participaron del hecho de una u otra forma, y la Jueza, en ocasión del escrache que le hicieran los familiares de Arapí acompañados por miembros de la Comisión de Derechos Humanos, dijo a la hermana de la víctima que creía en el aporte del testigo clave, valorando inoportunamente la prueba. Sin embargo, ambos prefirieron reenviar la causa a Instrucción.En caso de que finalmente se impulse el juicio político contra la magistrada y que en éste se determine que actuó contrario a derecho, la Dra. Aromí ya tiene un Plan "B", y es recalar en la órbita federal, fuero en el que está concursando como Jueza de Cámara y podría intervenir en el caso de tener suerte, en causas que juzgan delitos de lesa humanidad como la "Causa Goya" por ejemplo, que investiga desapariciones y torturas en el marco de la represión a campesinos de las Ligas Agrarias fundamentalmente.El Dr. Vigay, letrado de la familia Arapí, le recriminó su actuación a la Dra. Aromí no solo en éste caso, sino también en la instrucción de la "Causa Arce", donde se investiga el homicidio de "Monchito" Arce, dirigente político asesinado a golpes por la policía frente a sus vecinos y familiares.



SANTA FE › INFORME DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Ante inminente inicio de los juicios
La secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Rosa Acosta, y el director de Programas de Derechos Humanos, Oscar Blando, brindaron ayer detalles del trabajo que se está realizando, ante el inminente inicio de los juicios por causas de lesa humanidad. Asimismo, revelaron los casos de amenazas e intimidaciones sufridas por testigos, querellantes y abogados vinculados a las causas y reafirmó el compromiso del gobierno provincial para colaborar con la investigación de estos hechos.
En una conferencia de prensa realizada ayer en Rosario, los funcionarios se refirieron a las acciones coordinadas que se desarrollan en materia de memoria, verdad y justicia. En la oportunidad, estuvieron presentes testigos, ex detenidos, representantes de organismos de derechos humanos, diputados provinciales y concejales de Rosario, entre otros.
Acosta hizo referencia al contexto histórico en que se producen los juicios y destacó "la importancia que revisten para toda la sociedad, como forma de consolidación del sistema democrático, y también para lograr que se termine la impunidad".
"El Poder Ejecutivo provincial ha tomado la firme decisión política de colaborar con la Justicia para que la impunidad cese", señaló la secretaria de Derechos Humanos, al tiempo que describió las acciones emprendidas en coordinación con otras áreas del Estado, organismos de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, para aportar elementos investigativos en el marco de las causas.
Asimismo, la funcionaria señaló los casos de amenazas e intimidaciones sufridas por testigos, querellantes y abogados vinculados a las causas. "Hemos iniciado expedientes para aportar elementos a nuestro alcance que ayuden a la Justicia", aseguró Acosta, que mencionó a algunas de las personas que sufrieron amenazas en Santa Fe y Rosario: Soledad Chávez, Alicia Gutiérrez, Antonio Riestra, Lucila Puyol, Emiliano García, Liliana Gómez y Angel Ruani, ex detenido, testigo y coordinador zona sur del Programa de Protección y Acompañamiento a testigos y querellantes.
Además, Acosta señaló que en Reconquista se recibieron una serie de mensajes electrónicos intimidatorios firmados por una presunta hermandad que reivindica hechos cometidos durante la última dictadura militar.
Por su parte, Blando explicó el funcionamiento del Programa Provincial de Acompañamiento y Protección de Testigos y Querellantes de Delitos de Lesa Humanidad, que está en marcha desde agosto pasado y que incluye el acompañamiento, la contención y la asistencia jurídica, médica y psicológica a testigos, querellantes y abogados patrocinantes.
"Todos en este gobierno estamos convencidos de la necesidad de acelerar los juicios y que haya una condena a los represores", señaló Blando, al tiempo que señaló que actualmente hay 70 personas ingresadas al programa, de las cuales 38 pertenecen a la zona norte y 32 a la zona sur de la provincia. El funcionario indicó que "al 60 por ciento de los ingresados se les realiza un monitoreo telefónico de seguridad".
Acosta insistió sobre la importancia de las políticas en marcha en el contexto del inminente inicio de los juicios, previstos para fines de junio en la ciudad de Santa Fe, y para fines de agosto en Rosario.
En ese sentido, la funcionaria provincial se refirió a la actividad desarrollada en el marco de la Comisión de apoyo a los juicios de lesa humanidad, que la semana pasada se reunió en Rosario y en Santa Fe.
Fuente: Rosario 12--

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Scozzina no se presentó por problemas de salud y piden más apertura para la prensa
EL obispo emérito de Formosa, monseñor Raúl Marcelo Scozzina, presentó esta mañana un certificado médico ante el tribunal oral que juzga al ex general Juan Carlos Colombo por delitos de lesa humanidad.El obispo emérito de Formosa se encuentra con problemas de salud, por lo que no se descarta que se tramite su testimonio a través de un escrito ante la imposibilidad de presentarse ante el tribunal.En tanto, abogados querellantes de la causa solicitaron a los jueces del tribunal que flexibilicen de alguna manera las restricciones que tiene la prensa para poder cubrir las alternativas del juicio oral y público contra el general Colombo.“La gente debe saber lo qué sucedió y debe conocer los testimonios que acá se están dando”, argumentó el abogado Pedro Velázquez Ibarra al reclamar que se deje trabajar con menos restricciones a la prensa.
Fuente: La Mañana

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Represor Francisco Ortiz Téllez: “un gorrión de la manada”
19 de mayo de 2009. Redacción. Asunción. Francisco Ortiz Téllez (70), es oriundo del departamento de Cordillera. En los años sesentas, se incorporó como seminarista aunque no alcanzó el sacerdocio. Prefirió la carrera política donde logró escalar rápidamente hasta la Presidencia de la Seccional de la ANR, partido colorado de Barrero Grande, hoy Eusebio Ayala. Y desde ese cargo encabezó diversos actos represivos sobre las organizaciones campesinas, e incluso las primeras escaramuzas sobre la Iglesia Católica y sus órganos educativos, hasta el punto que en 1967 fue excomulgado temporalmente por el Arzobispo Ismael Rolón.
En Eusebio Ayala, desde la Seccional Colorada, se decidían y dirigían las acciones que el destacamento policial de la ciudad debería ejecutar en la práctica con apoyo de los milicianos armados del partido sobre las organizaciones políticas, campesinas, cooperativistas, religiosas, educativas en la década de los sesentas.
Se enroló en el Grupo de Acción Anticomunista, GAA, de abierta y permitida actuación en el Paraguay de Stroessner. El GAA, fue dirigido por Juan Manuel “papacito” Frutos del Instituto de Bienestar Rural, IBR, y por el verdadero padrino de Ortiz Téllez, el secretario privado de la Presidencia de la República, Mario Abdo Benítez, entre otros líderes del partido colorado, fuerzas policiales y militares.
Toda actividad político-partidaria y represión policial en forma indisoluble, estuvieron en él desde sus inicios, habilidad que nunca abandonó, antes bien, su verdadera carrera, en realidad fue la de un represor promocionado a agente de inteligencia internacional al servicio directo del Presidente Alfredo Stroessner, y como correo y enlace ultrasecreto ante los militares, paramilitares, fuerzas de seguridad, inteligencia y contrainteligencia del Proceso de Reorganización Nacional que se hicieron del poder en la Argentina desde el 24 de marzo de 1976.
A partir de 1971 es premiado como Cónsul del Paraguay en la fronteriza ciudad de Posadas, República Argentina, cargo que ejerce hasta 1989 en forma ininterrumpida. Realiza en forma primordial un trabajo de inteligencia y contrainteligencia sobre la población paraguaya exiliada en la Argentina, recibiendo y enviando informes de todas las unidades policiales, militares, como prefectura, gendarmería, inteligencia, desde la Argentina hacia los órganos represivos paraguayos, empezando por el Presidente Alfredo Stroessner, el II departamento de Inteligencia del Ejército, el Ministerio del Interior, sus dos órganos represivos, Investigaciones y La Técnica. Su relacionamiento con los militares argentinos fue de primer nivel, pasando por el Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino en la ciudad de Buenos Aires y los más altos mandos militares y políticos a los que contactaba en forma periódica y personal.
Integró necesariamente la Operación Cóndor desde sus inicios, y en el camino trabó amistad, estableció acuerdos de cooperación con grupos de tarea y cuadros militares de diversa graduación en la Argentina. Estuvo al servicio del intercambio de información sobre opositores, intercambio de prisioneros, y comprobadamente en el “operativo safari” dentro del Cóndor, la acción criminal de secuestro, desaparición y asesinato de Agustín Goiburú el 7 de febrero de 1977.
Ortiz Téllez participó y tuvo conocimiento acabado de la Operación Cóndor y participó en muchas de sus acciones y planes. Nunca negó participar en él, aunque irónicamente, insinuó que jamás actuó sólo, siendo él, solamente una parte de la gran maquinaria y en sus propias palabras “El Cóndor existió, pero yo fui sólo un gorrión de la manada”.
Durante los 20 años de transición residió sin problemas en el Paraguay, se transformó en un adinerado hacendado de San Ignacio, departamento de Misiones, y en cuya ciudad, durante las presidencias de Rodríguez y Wasmosy fue electo concejal municipal. Desde hace un año y seis fue condenado por la participación en el secuestro de Agustín Goiburu, y ninguna autoridad del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional realizó tramitación alguna, hasta que los propios familiares del médico desaparecido, urgieron y peticionaron, sentencia en mano, el efectivo cumplimiento de la orden de prisión, la que se cumplió recién el sábado 16 de mayo de 2009.
Hoy, Francisco Ortíz Téllez, tiene una condena a 10 años de prisión en primera instancia, a la cual podrá apelar por no encontrarse aún firme y ejecutoriada, pero hace tres días le correspondió por la fuerza policial, tocar el Penal Nacional de Tacumbú. De acuerdo al código bajo el cual fue juzgado y condenado, podrá solicitar medidas alternativas, aunque ya dentro del sistema, y los abogados querellantes y familiares de desaparecidos estarán ante una nueva posibilidad de que con su presencia y nuevas indagatorias, puedan activarse causas por desaparición forzada de paraguayos y extranjeros que estaban semi paralizadas en instancias judiciales nacionales.
Federico Tatter.
Familiares de Detenidos Desaparecidos

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El paísJueves, 21 de Mayo de 2009
Media sanción para inhabilitar a los represores
Escudo protector contra los Patti
Por Diego Martínez

La diputada Victoria Donda.
Con decenas de representantes de organismos de derechos humanos en los palcos desde primera hora, la Cámara de Diputados aprobó finalmente anoche el proyecto de ley que inhabilita a imputados por graves violaciones a los derechos humanos a asumir en cargos públicos. La norma la propuso hace ya quince meses la diputada y nieta restituida Victoria Donda, de Libres del Sur, e implicará modificar la Ley de Etica Pública, el Código Electoral y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir que torturadores como Luis Patti, cuya impugnación resolvería hoy el juez electoral platense Manuel Blanco, puedan volver a presentarse como candidatos.“¡Néstor, la ley para que no asuman represores!”, gritó de palco a palco Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos, al ex presidente Kirchner, presente por la asunción de Jorge Rivas. Como la jura del diputado insumió más de media hora y ya era imposible votar el tratamiento sobre tablas, Donda propuso y consiguió que tres cuartos de la Cámara aceptara apartarse del reglamento y que dos tercios se comprometiera a analizar el proyecto. La tarde pareció consumirse luego en discursos de homenaje a Raúl Alfonsín.–¡No se vayan! –gritó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo.–No nos vamos, se fueron los de la oposición –aclaró tres pisos abajo Agustín Rossi, del Frente para la Victoria, que en noviembre se comprometió sin éxito a tratar el proyecto en comisión. Salvo contadas excepciones, el PRO y la UCR se habían ido del recinto.La insistencia de Donda, el aguante de Madres, H.I.J.O.S., Familiares, CELS, Hermanos y demás militantes de distintas generaciones y la presión de legisladores del FpV a sus compañeros más remisos dieron al fin su fruto. Poco antes de las diez comenzaron las exposiciones: Remo Carlotto, Marcela Rodríguez, Rossi, Donda, Eduardo Macaluse. Nadie argumentó en contra del proyecto. Donda y demás impulsores pretendían que la “prueba suficiente de participación” en secuestros y torturas alcanzara para excluir a ex represores, pero tuvieron que bajar las pretensiones para lograr consenso. Los sectores duros del PJ condicionaron su apoyo a la exigencia de procesamiento. Así fue. Minutos antes de las once, con 131 votos a favor (todo el FpV, el ARI y el SI), cuatro abstenciones y 123 ausentes, se aprobó la norma en general, que ahora deberá tratar el Senado.


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El mundoJueves, 21 de Mayo de 2009
Tras la huelga de hambre de tres familiares de las víctimas en Bolivia
Evo abre archivos de la dictadura
Ayer el gobierno ordenó a las fuerzas armadas mostrar los documentos sobre lo sucedido durante las últimas dictaduras militares, durante las cuales hubo 170 desaparecidos, a pedido de tres familiares de víctimas de la represión.
Por Sebastián Ochoa

Banzer Suárez fue acusado de forjar un pacto de impunidad para tapar crímenes de las dictaduras.
Desde Santa CruzEl 5 de mayo pasado, tres mujeres comenzaron una huelga de hambre en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en la ciudad de La Paz. Su manifestación no fue un suceso mediático, como la huelga encabezada por el presidente Evo Morales a inicios de abril para exigir la aprobación de la ley electoral. Pero la medida de presión instalada por Olga Flores, Martha Montiel y Hortensia de Flores se hizo conocida con el pasar de los días y reavivó una pregunta casi olvidada: ¿Dónde están los 170 desaparecidos de las últimas dictaduras militares de Bolivia? Ayer, el gobierno ordenó a las fuerzas armadas mostrar los documentos sobre lo sucedido en aquellos años. Sin embargo, las huelguistas continuarán sin probar bocado porque consideran que la respuesta de Morales es insuficiente.Juan Carlos Flores Bedregal, hermano de Olga, desapareció en el asalto del ejército a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) en 1980. Tirso Montiel, compañero de Marta, fue asesinado en la guerrilla de Teoponte, en 1970. Rodolfo Flores Sanmillán, esposo de Hortensia, fue secuestrado por la dictadura de René Barrientos en 1968 y enviado a Paraguay. “La semana pasada nos reunimos con el Comando de las Fuerzas Armadas y nos dijeron que no tenían nada. Sabemos que en 1985 el gobierno de Víctor Paz Estenssoro llevó toda la documentación sobre las dictaduras del Estado Mayor y la archivaron en bóvedas del Banco Central. Luego la llevaron con rumbo desconocido. Nosotros hemos investigado y creemos que esos archivos están en el Departamento Segundo de Inteligencia”, dijo a Página/12 Delia Cortez, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd).En los primeros días, la huelga de las familiares pasó desapercibida. La atención mediática estuvo centrada en el desmantelamiento de una célula terrorista internacional que intentaba asesinar al presidente boliviano para avanzar la causa del secesionismo en la prefectura de Santa Cruz de la Sierra.Pero con el pasar de las semanas y la falta de respuestas la huelga de hambre se convirtió en un tema de debate en todo el país. Hace días, consultado por la prensa, Morales dijo que “he hablado con el Alto Mando Militar y no hay nada que desclasificar en las Fuerzas Armadas. Y eso lo conoce la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos”.Ayer, el Ministerio de Defensa resolvió “autorizar al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas el acceso a familiares y víctimas de regímenes militares a archivos, registros públicos y documentos existentes en las Fuerzas Armadas”. Quien lo solicite revisará los archivos acompañado del un integrante de la APDH, un funcionario del Ministerio de Justicia y un escribano. “Si existieran documentos que todavía no fueron revisados con prolijidad para descubrir más elementos, ahí está la resolución ministerial que acabamos de promulgar. Está la voluntad política del gobierno”, dijo el ministro Walker San Miguel.En las organizaciones de derechos humanos son escépticos. “Una resolución ministerial no es tan fuerte. Un decreto o una ley serían mejor. Hay que ver cuál será la reacción de los militares, pero creo que no se va a avanzar mucho”, indicó la titular de la Asofamd.“Es insuficiente esta resolución. La clasificación ha sido hecha por ley. Según la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, para desclasificar archivos hace falta una orden judicial o una solicitud del Congreso. Hemos tenido estos elementos y ni así han acatado la orden. Por eso creemos que la resolución ministerial por orden jerárquico es insuficiente”, dijo a este diario Olga Flores, que lleva dos semanas de ayuno.“Somos víctimas de un pacto de silencio que comenzó con el gobierno espurio de (el ex dictador entre 1971-1977) Banzer. Este pacto se mantuvo en estos 25 años de democracia manejada por Banzer y el banzerismo. Entendemos que el gobierno de Morales tiene las manos limpias, pero en estos tres años de su presidencia hemos realizado varios esfuerzos para pedir algo elemental: que se cumpla la ley. Como no tuvimos resultados, hemos recurrido a la huelga de hambre”, dijo la hermana de Carlos Flores.“No somos de palo y lo hemos comprobado en estos días de huelga. Nos gratifica que la sociedad sea solidaria. Somos tres mujeres que hemos logrado insertar en la agenda nacional un tema que se tenía olvidado. Aunque somos familiares creemos que esta lucha no es personal. Se trata de una causa nacional para terminar con la impunidad”, afirmó Flores.

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Denunció que lo tuvieron siete meses en un aljibe del Ejército en Salta
Un ex integrante de la Banda de Música Municipal de Orán denunció anteayer que durante la última dictadura militar fue torturado en el Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionó en la Guarnición Ejército Salta, donde estuvo detenido por 19 meses, siete de ellos dentro de un aljibe.
Carlos Alberto Mulhall.--

Los viernes o sábados le aplicaban picana y otras formas de martirio, le dijeron que era por orden del coronel Carlos Alberto Mulhall; luego "muchas veces pensó en ir a buscarlo para vengarse y pegarle un tiro, por eso nunca se olvidó de ese nombre".

Es la primera vez que un sobreviviente de un CCD de Salta, sin haber sido puesto a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, hace una denuncia para pedir que se investigue este hecho. Martín Condorí Puma, jornalero de origen boliviano que hoy reside en Embarcación, la presentó en la Fiscalía Federal de Orán, acompañado por el abogado David Leiva, de Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia de Salta. En la Banda de Música Condorí Puma conoció a René Russo (hoy desaparecido) y adhirió al Partido Comunista. Días antes del golpe militar de 1976, vino a Salta capital a ver a un dirigente del PC, luego viajó a Jujuy, donde "otro compañero de apellido Vaca" lo alertó del peligro que corrían.

Condorí Puma fue entonces a San Pedro, con el propósito de tomar el cochemotor a Orán. Se quedó en un hotel, de donde fue sacado, junto a otras personas, con los ojos vendados y esposado, y fue a parar al Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional, en Orán, donde estuvo entre 30 y 40 días. Allí había unos 18 detenidos. Condorí Puma recordó que "todas las noches lo sacaban para ser interrogado y lo golpeaban con patadas, culatazos y puños; le preguntaban dónde estaban las armas y los compañeros comunistas, entre ellos Russo, Pinto y Luna, y por el coordinador general del PC" y lo interrogaban también sobre sus contactos en Bolivia.


Una medianoche lo cargaron en un camión, junto a otras personas, y lo llevaron al cuartel del Ejército en Salta. Durante siete meses estuvo en un aljibe seco del que solo salía para comer o ir al baño. Lo compartía con otros dos hombres; sus carceleros les tiraron una rata para que les mordieran las orejas, y les tenían prohibido conversar entre ellos.La detención siguió en un galpón del cuartel, donde Condorí Puma permanecía, junto a otros detenidos, vendado y esposado y con la prohibición de hablar.


Una noche integró un grupo de 17 ó 18 detenidos a quienes quitaron las vendas y ofrecieron un café con leche. Vió a un "montón de militares, unos 20 más o menos, todos armados" y reconoció a uno de ellos, Salva, porque tocaba en la banda de música del Ejército. Salva le hizo una seña "pasándose el dedo por el cuello, (un aviso) de que lo iban a matar". A la medianoche, esposados y vendados, los subieron a un camión y los llevaron a Coronel Moldes, allí alguien que no pudo ver pero cree que es Salva le sacó las esposas y lo tiró del camión, que siguió su marcha. El sobreviviente no desperdició la oportunidad: caminó hasta las vías y tomó el tren a Salta, donde se subió a un carguero hasta Pocitos. De allí siguió hasta Santa Cruz de la Sierra.
Condorí Puma añadió un dato de interés para la investigación de la desaparición de Russo: hace cuatro o cinco años, en la plaza Pizarro de Orán, escuchó que "un hombre vestido de civil le decía a otro que él lo había entregado a Russo", a quien habían sacado de su casa a las 2 de la mañana, "en calzoncillos". El denunciante reconoció a quien hablaba como "el gendarme Galván", quien fue director de Tránsito de Orán.

Fuente:
www.nuevodiariodesalta.com.ar

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El país / Edición Impresa
la ministra garré anulará las “cauciones” que permitían la liberación de militares acusados
El Ejército no será garante de represores
La firma de un coronel posibilitaba hasta ahora la excarcelación de acusados de cometer delitos de lesa humanidad. La Justicia aceptaba un “aval institucional” de la fuerza para otorgar la libertad condicional de los procesados. Garré prohibirá la maniobra.
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Martina Noailles
20.05.2009

Revista. La ministra Nilda Garré decidió impedir la argucia legal que había convertido al Ejército en un patronato de liberados.
El Ejército ya no podrá salir de garante de los represores detenidos que piden quedar en libertad. La ministra de Defensa, Nilda Garré, firmará en las próximas horas una resolución que deja fuera de vigencia las cauciones institucionales que transformaban a la fuerza –la misma desde donde los militares procesados secuestraron y torturaron– en un patronato de liberados. Aunque no existe en el Código Procesal, la figura fue establecida por la Cámara de Casación Penal y permitió la excarcelación de varios represores acusados por delitos de lesa humanidad. La utilización de las “cauciones castrenses” como método para liberar a militares procesados fue revelada por Crítica de la Argentina a comienzos de año.El sistema normativo vigente prevé tres tipos de cauciones en torno a la excarcelación de un detenido con prisión preventiva: juratoria, personal y real. En ningún artículo el código habla de la figura “caución institucional”. Quien instaló la idea, que impuso jurisprudencia, fue la jueza Ángela Ledesma, miembro de la Sala III de la Cámara de Casación. Primero en minoría y luego en concordancia con los dos camaristas que la acompañan, propuso que el Ejército “cumpla un rol asimilable al patronato basado en el régimen disciplinario”. Esto es, que la fuerza controle al represor excarcelado, le haga cumplir las condiciones que se le impongan y asegure su presencia en el juicio oral.Hasta ahora, la firma para que queden libres algunos miembros retirados del Ejército la ponía Edgardo Benjamín Carloni, jefe de Asuntos Humanitarios de la Fuerza. Este coronel es el mismo que hasta hace algunos meses designaba camaradas para hacer de chofer o acompañar a los represores a nadar al Círculo Militar, atribuciones que según la Ley de Defensa Nacional no pueden cumplir las Fuerzas Armadas. Para el fiscal general de la Unidad de Seguimiento de Causas por Delitos de Lesa Humanidad de la Procuración, Jorge Auat, la decisión de la ministra Garré permitiría dejar sin efecto una “práctica escandalosa y aberrante que no se inspira en una base normativa y cuyo único propósito es favorecer a los procesados por crímenes de lesa humanidad para que obtengan su libertad”. Y puso un claro ejemplo: “Si se lleva a casos análogos, cuando un maestro es procesado por un delito, el Ministerio de Educación podría salir de garantía para su excarcelación”. Entre los beneficiarios de este tipo de herramienta, utilizada en más de una oportunidad por los camaristas de Casación, se encuentran represores imputados en causas radicadas en juzgados de la Ciudad de Buenos Aires, Formosa y Mendoza.Para quedar en libertad, el fallecido general Jorge Rearte y el sargento Juan Carlos Camicha no debieron poner sus bienes ni los de terceros. En mayo de 2007, Casación los envió a su casa a cambio de la firma del coronel Carloni. Antes de ser jefe de la Casa Militar en el gobierno de Carlos Menem, Rearte fue jefe de Operaciones del Regimiento de Infantería de Monte 29, el principal centro clandestino de Formosa. Procesado por al menos 30 casos de secuestros y torturas, el general murió el sábado pasado libre, en su departamento de Palermo.

Fuente:
www.criticadigital.com

RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENO
LO LOGRAMOS CON LA LUCHA

Desde temprano nos hicimos presentes frente a la Camara Federal de Gral Roca para conocer la resolución que ésta tomara en relación a la competencia para investigar las causas de 22 compañeros y compañeras de la región. Aunque los jueces sólo querían hablar con abogados, nuestra presión se hizo sentir.
De los 22, se declara la competencia sobre 18 casos.
Esto significa que la Justicia Federal de Neuquén, a cargo de la Doctora Margarita de Arguelles deberá seguir investigando, a su pesar, los secuestros, torturas y traslados de: Eduardo Bumascha, Eduardo París, Alicia Villaverde, Susana Mujica, Darío Altomaro, Cecilia Vecchi, Alicia Pifarré, Mirta Tronelli, Carlos Schedan, Nora Rivera, Arlene Seguel, Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Dora Seguel, Eva Garrido, Argentina Seguel, Raúl Gonzalez y César Dante Giliberto.
Aún sin conocer los fundamentos pudimos saber que los casos de Elida Sifuentes, Gladis Sepúlveda, Raúl Eugenio Metz y Graciela Romero de Metz son enviados a Bahia Blanca.
Estamos convencidos que a pesar de las maniobras de la Justicia para cerrar la investigación que implica indagar e imputar a los responsables de la Comisaría de Cutral Co, de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Neuquén, hemos dado una batalla importantísima para demostrar que en la región hubo un trabajo sistemático y conjunto de todas las fuerzas represivas y que los operativos del mes de Junio lo demuestran.
Que la historia de la militancia y lucha del 70 en nuestra región la llevaron adelante estudiantes y trabajadores que desde la Universidad, el Barrio, la organización y el Teatro, intentaron revertir la desigualdad y la opresión. Y que los militares, servicios de inteligencia, policias y federales lo impidieron a través de la implementación de un Genocidio librado contra las personas que sostenían esas ideas y esa organización.
La Verdad Histórica nos demanda seguir Luchando contra quienes desde la Justicia intentan taparla o distorcionarla.

H.I.J.O.S. alto valle - Eco en lucha, estudiantes de UNCo - ARTE, en Unter - Víctimas del genocidio en el Alto Valle, Familiares de Víctimas.

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En Córdoba otorgan prisión domiciliaria a Menéndez
Lo dispuso la jueza Cristina Garzón de Lascano, titular del Juzgado Federal N° 3 de aquella provincia. En abril útlimo, la Cámara de Casación Penal había ordenado conceder el beneficio al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Fallo completo
Fallo "Menéndez" 114.9 Kb.
Fallo "Manzanelli" 42.89 Kb.

El Juzgado Federal N° 3 de la provincia de Córdoba, a cargo de la jueza Cristina Garzón de Lascano, hizo efectivo el beneficio de la prisión domiciliaria en favor de Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.
La magistrada tuvo en cuenta el criterio fijado en abril último por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, por el que consideró que la sentencia que condenó a Menéndez en la causa “Brandalisis” y anuló el beneficio de prisión domiciliaria no está firme. Y agregó que por ello no se pueden modificar las condiciones de detención.
Sin embargo, la jueza no hizo lugar al pedido de detención domiciliaria de Luis Alberto Manzanelli, pues consideró que la situación de detención en su domicilio "no resultará suficiente a fin de contenerlo adecuadamente y evitar que –aún sin violar formalmente las condiciones de su detención– procure por otros medios afectar moralmente a los testigos, amedrentarlos, o realizar cualquier acción que pueda atentar contra el normal desenvolvimiento de los procesos en curso".


EL PAIS › Nota de tapa
HOGAR, DULCE HOGAR
Vuelve el debate sobre dónde deben cumplir sus penas los represores condenados por crímenes de lesa humanidad: siguiendo los pasos de la Cámara de Casación, una jueza cordobesa decidió otorgarle nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria a Luciano Benjamín Menéndez, jefe del mayor campo de concentración y exterminio del interior del país
El paísMiércoles, 20 de Mayo de 2009
El represor Luciano Benjamín Menéndez saldrá de la cárcel y podrá cumplir la condena en su domicilio
Ahora podrá afilar el cuchillo en casa
Tiene dos condenas a prisión perpetua y estaba alojado en la cárcel cordobesa de Bower. La jueza Cristina Garzón de Lascano dispuso, en sintonía con la Cámara Nacional de Casación, que hasta que la sentencia no esté firme, puede volver a su casa.

Luciano Benjamín Menéndez fue el máximo responsable de la represión en diez provincias.
El 24 de julio del año pasado, el represor Luciano Benjamín Menéndez pasó su primera noche como preso común en la cárcel cordobesa de Bower. Si bien su condena era inevitable, el privilegio de sobrellevarla en su casa era algo con lo que podía contar. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba decidió dejar de lado las prerrogativas que el sistema judicial suele otrogarle a los represores y lo convirtió en un reo raso. Ayer, la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lascano revirtió esta situación y resolvió, en sintonía con la Cámara Nacional de Casación, que el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército vuelva a su domicilio.Menéndez, quien en 1984 amenazó a manifestantes que lo aguardaban a la salida de un canal de televisión con un cuchillo, aún no regresó a su casa. El fallo de Garzón de Lascano se hará efectivo luego de que se concrete una declaración indagatoria al represor dispuesta por el juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo, quien investiga el secuestro y la desaparición de la ciudadana franco argentina Marianne Erize, en 1976, y el homicidio de José Alberto Carvajal, quien apareció ahorcado en 1977.La decisión de la jueza cordobesa avala un fallo firmado hace veinte días por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación integrada por Guillermo José Tragant, Eduardo Rafael Riggi y Angela Ledesma. Ese tribunal hizo lugar a un reclamo de la defensa de Menéndez –que se había quejado porque el tribunal oral cordobés lo envió a prisión– y señaló que “hasta que el fallo no adquiera firmeza, los jueces no pueden variar las circunstancias existentes (en este caso, revocando la morigeración del encarcelamiento cautelar). De esta manera, hay que retrotraerse a la situación anterior –prisión preventiva cumplida en su domicilio– hasta que la sentencia quede firme”. La Cámara de Casación recordó que el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército cumple con uno de los requisitos previstos en la ley para poder obtener la prisión domiciliaria: el tener más de 70 años. Además, el tribunal también dispuso anular las detenciones comunes de los represores Luis Alberto Manzinelli y Carlos Alberto Vega, condenados en el mismo juicio oral que Menéndez.“Una vez más los torturadores y asesinos de la última dictadura militar tienen quién los defienda desde las instituciones judiciales. El año pasado, después de dos meses de escuchar los niveles de atrocidad y desprecio por la humanidad que tuvieron estos represores cuando comandaban el centro clandestino de detención y exterminio La Perla, fueron condenados con penas de entre 18 años y prisión perpetua. La misma Cámara que frenó el inicio de ese juicio durante más de un año quiere volver atrás el reloj de la historia”, manifestó a través de un comunicado la agrupación HIJOS de Córdoba. Ayer, la organización anunció que el miércoles 27 habrá una marcha para repudiar la decisión de la magistrada. La fiscal Graciela López de Filoñuk también se había opuesto a que Menéndez durmiera en su casa. Señaló que tener más de 70 años (el represor tiene 81) no hace que deba aplicarse automáticamente el beneficio de la prisión domiciliaria, que había que sopesar que las acusaciones y condenas comprenden delitos de lesa humanidad y que podía haber peligro de fuga si el reo salía de la cárcel.Además de la condena a prisión perpetua en Córdoba por los secuestros, torturas y asesinatos de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Raúl Cardozo y Carlos Lajas, el ex jefe del Tercer Cuerpo recibió otra sentencia igual en Tucumán por la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse. En el corto plazo, le esperan al menos otros dos procesos orales: uno en Córdoba y otro en Santiago del Estero.La palabra final sobre la situación de Menendez, máximo responsable de los secuestros, desapariciones y asesinatos perpetrados durante la última dictadura en diez provincias, fue de Garzón de Lascano. La jueza decidió mantener el criterio de la Cámara de Casación sobre Menéndez pero le negó la salida de la prisión a Manzanelli por entender que podría poner en riesgo otras investigaciones por crímenes de lesa humanidad. En 1999, la fiscal López de Filoñuk encontró, durante un allanamiento a la casa del represor, una especie de manual para entorpecer las causas judiciales en el marco de varias denuncias de amenazas e intimidaciones de testigos y sobrevivientes de la represión. Entre las denunciantes estaba la titular de la filial cordobesa de Abuelas de Plaza de Mayo, quien al igual que otra testigo observó cerca de su casa un Volkswagen Gol cuya patente se correspondía con el auto de Manzanelli.Ahora, a Menéndez le queda esperar el interrogatorio de la justicia sanjuanina para poder mudarse a su casa del barrio Bajo Palermo de Córdoba. Su esposa, Edith Angélica Abarca de Menéndez, oficiará de guardadora. No tendrá custodia policial y recibirá la visita del Patronato del Liberado cada seis días.
El paísMiércoles, 20 de Mayo de 2009
Según el CIJ, son 289 las causas por violaciones a los derechos humanos
Hay 556 represores procesados
La estadística difundida por el CIJ, que depende de la Corte, se enmarca en alrededor de mil procesos iniciados en todo el país. Hay tres juicios orales en marcha y otros dos con fecha de inicio, uno de ellos por los hechos sucedidos en la ESMA.

El juicio por violaciones a los derechos humanos cometidos en la ESMA debe comenzar el 6 de octubre.
El Centro de Información Judicial (CIJ) informó ayer que a partir de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final existen 289 causas con procesados en todo el país relacionadas con violaciones a los derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura militar. El informe agrega que 56 de ellas ya fueron elevadas a juicio por el juez de instrucción.Los datos obtenidos a partir de los informes de los tribunales federales se enmarcan en un total nacional aproximado de mil procesos iniciados, en los que hay 556 personas procesadas, de las cuales 182 ya cuentan con al menos una causa transitando la etapa del juicio y otras 130 alcanzarían “en lo inmediato ese estadio procesal, dado que el Ministerio Público Fiscal ya formuló los correspondientes requerimientos de elevación a juicio, según informó la Procuración General”.El CIJ recordó que actualmente se están realizando tres juicios orales. Uno de ellos es la “causa Olivera Rovere” que, desde el 9 de febrero último, lleva adelante el Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) contra los represores Jorge Olivera Róvere, Teófilo Saa, Bernardo José Menéndez, José Román Lobaiza y Felipe Jorge Alespeiti, por hechos ocurridos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.Por su parte, el Tribunal Oral en lo Federal número Uno (TOF1) de San Martín está sustanciando el juicio por violaciones a los derechos humanos cometidas en la jurisdicción de Campo de Mayo contra los ex miembros del Ejército Santiago Omar Riveros, Ernesto Verplaesten, Osvaldo Jorge García, Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni.En tanto, en Formosa, el Tribunal Oral Federal lleva adelante desde el 25 de febrero último el juicio oral contra quien fuera gobernador entre 1976 y 1981, el general Juan Carlos Colombo, acusado de los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas.Entre los juicios con fecha de inicio confirmada, el informe señala que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó para el 30 de junio próximo la fecha de inicio del primer juicio oral que se realizará en esa provincia por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.Se trata de la causa en la que se investiga a Horacio Américo Barcos, ex personal civil de Inteligencia del Ejército Argentino, por privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en forma reiterada y tormentos agravados, por ser ejercido contra perseguidos políticos.El CIJ recordó finalmente que el TOF5 fijó para el 6 octubre el inicio del juicio al destituido capitán de la Armada Alfredo Astiz y otros ex represores acusados por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).Esos delitos tuvieron como víctimas, entre otros, a las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon, a la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor y al escritor y periodista Rodolfo Walsh.La nómina de procesados por esos hechos incluye, además, a Jorge “el Tigre” Acosta, Oscar Montes, Raúl Scheller, Juan Rolón, Antonio Pernías, Jorge Redice, Ernesto Weber, Pablo García Velazco, Alberto González, Manuel García Tallada, Antonio Azic, Carlos Capdevila, Carlos Generoso, Juan Carlos Fotea, Adolfo Donda Tigel, Néstor Savio y Julio César Coronel. El documento conocido ayer fue realizado por la Superitendencia para Delitos de Lesa Humanidad, creada por la Corte Suprema de Justicia. En el micrositio “Lesa Humanidad” de la página de Internet de este organismo se puede acceder a los detalles de estos juicios “a través de un mapa del país en el que se puede conocer el nombre completo de los imputados, la cantidad de víctimas, el estado procesal de cada causa y las fechas de las resoluciones judiciales dictadas”.El relevamiento judicial fue elaborado en base a información suministrada por tribunales federales de todo el país al 18 de mayo de 2009, datos que son actualizados periódicamente por información enviada desde cada jurisdicción.
.Revés para dos represores
La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos interpuestos por dos represores acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Se trata del policía bonaerense Osvaldo Sertorio, quien aspiraba a lograr la excarcelación, y de la apelación del general Eduardo Alfredo Espósito contra la ampliación de su procesamiento por nuevas violaciones a los derechos humanos.Los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay confirmaron la prisión de Sertorio por privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio doblemente calificado por el concurso de dos o más personas y por el medio idóneo para crear peligro común.Los hechos que se le imputan al policía habrían ocurrido entre el 5 de noviembre de 1976 y el 23 de septiembre de 1977, en el ámbito de la comisaría quinta de la ciudad de La Plata.La Corte rechazó también por defectos formales el recurso de queja de Espósito contra la ampliación de su procesamiento por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el abuso funcional, violencia y amenazas mientras se desempeñaba como director de la Escuela de Ingenieros y era responsable del área 410 a cargo del general Santiago Omar Riveros.

Para inhabilitar represores
Cuando hoy sesione la Cámara de Diputados, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) pedirá sobre tablas el tratamiento del demorado proyecto para impedir que accedan a un cargo público las personas involucradas en delitos de lesa humanidad. Para que no se repitan casos como los de los represores Luis Patti o Antonio Bussi, electos legisladores, la propuesta aspira a modificar la Ley de Etica Pública, el Código Electoral y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. La sesión fue convocada con un temario que incluye la incorporación al cuerpo de tres diputados, entre ellos el socialista Jorge Rivas, y pocos puntos más (ver más información en página 7).
Fuente: Pagina 12.
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS


La MULTISECTORIAL de organizaciones de Río Negro y Neuquén, junto a VÍCTIMAS y FAMILIARES DE VÍCTIMAS del Genocidio llevado a cabo en nuestro país, en oposición a la intención de la Jueza Margarita de Argüelles, de enviar 22 casos de secuestros y tormentos ocurridos en la región del Alto Valle a la Ciudad de Bahía Blanca, nos movilizaremos a las 11 hs EL DÍA MARTES 19 DE MAYO hacia la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca (España 1690), ante la inminente resolución que ésta debe dictaminar acerca de la competencia de los mismos

Luego de haber expresado en múltiples oportunidades las intencionalidades que surgen desde la propia Justicia para encubrir a determinadas Fuerzas represivas fuertemente comprometidas en dichos casos y dictaminar un PUNTO FINAL a la investigación de la época más oscura de nuestra región EXIGIMOS UNA RESPUESTA FAVORABLE A NUESTRO RECLAMO.

ESTE MISMO DÍA A LAS 13 HS. VENCE EL PLAZO DETERMINADO POR LEY PARA QUE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES SE EXPIDA SOBRE LA COMPETENCIA DE DICHOS CASOS

CONVOCAMOS A CONFERENCIA DE PRENSA A LAS 13 HS.
EN LA MISMA CÁMARA DE APELACIONES PARA HACER PÚBLICA LA RESOLUCIÓN DE LOS JUECES Y DAR NUESTRA POSTURA AL RESPECTO
H.I.J.O.S
Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio
Alto ValleCONTACTOS:(0299)156378043-155170001-154186109-154086428
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La consigna. Esta vez será "2009 elegimos: verdad, justicia, memoria y nunca más" Nueva marcha del silencio Bajo la consigna "2009 elegimos: verdad, justicia, memoria y nunca más", el Frente Amplio, el PIT-CNT y distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos vienen ultimando detalles de la organización de la 14ª marcha por los desaparecidos del próximo 20 de mayo. Sin oratoria. Como todos los años, todos a la plaza. Como todos los años, no habrá parte oratoria, la marcha se realizará en silencio y los organizadores exhortan a los participantes a portar banderas y símbolos patrios, sin consignas partidarias.La concentración partirá a la hora 19 desde la esquina de Av. Rivera y Jackson, donde se encuentra la plaza en memoria de los detenidos desaparecidos, y desde allí tomará por la Av. 18 de Julio hasta la Plaza Libertad. El recorrido será encabezado por una pancarta con la consigna y fotos de los desaparecidos llevadas por sus propios familiares.La marcha se realiza todos los años en memoria de los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar, en coincidencia con el aniversario de la muerte en Buenos Aires de Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.El año pasado la concentración convocó a más de 20 mil personas, según consignó nuestro matutino, y en la misma se destacó la presencia de Macarena Gelman. Para este año se presume que participarán distintas personalidades, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, así como hijos de desaparecidos que lograron recuperar su identidad. Sin embargo, los organizadores prefieren no hacer anuncios, debido a que la participación es libre; más bien son partidarios de que cada persona anuncie individualmente su concurrencia.De todos modos, el día anterior a la marcha, el martes 19 a la hora 11, se realizará una conferencia de prensa con más detalles, la que tendrá lugar en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya ubicada en San José 1330 y Ejido. --Fuente: www.larepublica.com.uy


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Brasil

Un pedido de perdón por la dictadura


El presidente Lula debe realizar en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, antes de terminar su segundo mandato consecutivo en 2010, un pedido de perdón inédito por las muertes, desapariciones y torturas perpetradas por la dictadura militar entre 1964 y 1985. Así lo informó el secretario de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi. "Le propuse al presidente que antes de terminar su gobierno es importante que pida perdón. Creo que lo hará antes de diciembre de 2010", dijo Vannuchi al diario O Estado de Sao Paulo.Para Vannuchi, con ese gesto inédito desde la redemocratización de Brasil estaría en sintonía "con lo que hicieron Chile, Paraguay y Argentina".La dictadura causó en Brasil entre 200 y 300 muertos y desaparecidos.El miércoles pasado Lula envió al Congreso un proyecto de ley para levantar el secreto de Estado de los documentos que los organismos oficiales poseen sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura.SAN PABLO. ANSA

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Lesa humanidad: hay 289 causas con procesados en todo el país
La cifra surge de un estudio de la unidad de seguimiento de casos por violaciones a los derechos humanos de la Corte Suprema de Justicia. De ese total, 56 casos ya fueron elevados a juicio. Acceda al informe completo visitando el micrositio Lesa humanidad

Informe completo 93.47 Kb.


De acuerdo a un informe elaborado por la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, dependencia creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2008, hay en el país 289 causas con autos de procesamiento en las que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno de facto.
La base con datos de las 289 causas puede consultarse en el
micrositio Lesa humanidad del Centro de Información Judicial, a través de un mapa del país en el que, observando cada jurisdicción, se puede conocer el nombre completo de los imputados, la cantidad de víctimas, el estado procesal de cada causa y las fechas de las resoluciones judiciales dictadas.
Los datos obtenidos se enmarcan en un total nacional aproximado de 1.000 procesos iniciados, en los que habrían 556 personas procesadas, de los cuales 182 ya cuentan con al mentos una causa transitando la etapa de juicio y otras 130 alcanzarían en lo inmediato ese estadio procesal, dado que el Ministerio Público Fiscal ya formuló los correspondientes requerimientos de elevación a juicio, según información de la Procuración General.
En tanto, del universo de las 289 causas con autos de procesamiento, 56 de ellas ya fueron elevadas a juicio por el juez de instrucción.
El relevamiento de la Unidad de Superintendencia fue elaborado en base a información suministrada por tribunales federales de todo el país al 18 de mayo de 2009, datos que son actualizados periódicamente por información enviada desde cada jurisdicción.
Juicios en trámite
Actualmente, se están realizando tres juicios orales:
- Olivera Róvere: a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Capital Federal, comenzó el 9 de febrero último el juicio oral contra Jorge Olivera Róvere, en el marco de los hechos ocurridos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército. También están imputados Teófilo Saa, Bernardo José Menéndez, José Román Lobaiza y Felipe Jorge Alespeiti.
- Campo de Mayo: el 23 de abril comenzó en San Martín, a cargo del TOF Nº1 de esa localidad bonaerense, el juicio oral por violaciones a los derechos humanos en la jurisdicción de Campo de Mayo contra los ex miembros del Ejército Santiago Omar Riveros, Ernesto Verplaesten, Osvaldo Jorge García, Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni.
- Formosa: en esa provincia, el Tribunal Oral Federal lleva adelante desde el pasado 25 de febrero el juicio oral contra quien fuera gobernador entre 1976 y 1981, el general Juan Carlos Colombo, acusado de los delitos de asociación ilícita, privación ilegitima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas.
Juicios con fecha de inicio confirmada
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó para el 30 de junio próximo la fecha de inicio del primer juicio oral que se realizará en esa provincia por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el último gobierno de facto.
Se trata de la causa en la que se investiga a Horacio Américo Barcos, ex personal civil de Inteligencia del Ejército Argentino, por privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en forma reiterada (dos hechos) y tormentos agravados, por ser ejercido contra perseguidos políticos, en forma reiterada (dos hechos), en concurso real, delitos considerados de lesa humanidad.
En tanto, el Tribunal Oral Federal N° 5 fijó para el 6 octubre el inicio del juicio a los ex integrantes de la Marina Alfredo Astiz y otros ex oficiales, por violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Esta instancia abarca dos de los tramos de la megacausa: el de la desaparición de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh.
La nómina completa de acusados incluye a Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Oscar Montes, Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Jorge Redice, Ernesto Weber, Pablo García Velazco, Alberto González, Manuel García Tallada, Antonio Azic, Carlos Capdevila, Carlos Generoso, Juan Carlos Fotea, Adolfo Donda Tigel, Néstor Savio y Julio César Coronel.

Fuente:
www.cij.gov.ar

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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Francisco Ortiz Téllez, el brazo ejecutor del Operativo Cóndor
El diario Ultima Hora de Asunción publicó un artículo relacionado al Operativo Cóndor durante las dictaduras militares que asolaron a esta región de Sudamérica durante la década del 70 y parte de la 80. El artículo está centrado en un personaje que persiguió y entregó opositores desde la Argentina en su carácter de cónsul: Francisco Ortíz Téllez. Goiburú fue el caso más sonado de una larga lista. Sus informes iban directo a Montanaro y operaba con inteligencia militar. "Dios guarde a V.E.”. Con esta frase remató el informe al ministro Sabino Augusto Montanaro, cuarenta y ocho horas antes del secuestro y desaparición de Agustín Goiburú. Los últimos datos sobre el médico opositor habían sido transferidos. Era el 7 de febrero de 1977, la década más álgida del terror y el Operativo Cóndor en Sudamérica.
"Francisco Ortiz Téllez. Cónsul del Paraguay". Era la firma estampada al pie de cada documento de espionaje y delación contra los exiliados paraguayos en la Argentina. Su contenido era diligentemente transferido a Alfredo Stroessner Matiauda, con copia al temible Pastor Coronel en Investigaciones.
El dictador dormía tranquilo. Sabía que "sus ojos, oídos y manos" estaban en permanente acción y vigilantes en todo el norte argentino para infiltrar, perseguir y aniquilar a los "opositores comunistas".
Ortiz Téllez tenía recursos financieros, salvoconducto político y diplomático para operar en aquella región extranjera en representación de la dictadura estronista.
Ejecutó actos de espionaje y de represión; contrató matones a sueldo y financió atentados contra los paraguayos que estaban en el exilio. Varias veces participó incluso de los operativos de “cacería' de "las presas".
Durante décadas ejerció el consulado. Nada ocurría en la región sin que él lo supiera y por su intermedio Stroessner y sus organismos de seguridad en Asunción. Fue el hombre clave durante los peores años de la represión, para ubicar, detener o desaparecer a quienes se oponían a la dictadura al otro lado del río Paraná.
Goiburú fue solo el caso más sonado internacionalmente en su haber. Numerosas individualidades y familias cayeron bajo su ejercicio de la persecución. Palabras como Mopoco, Partido Liberal, Partido Comunista Paraguayo, Partido Febrerista, inundaban sus detallados documentos que se convertían en sentencia de muerte para algunos.
El cónsul del dictador articulaba acciones con gendarmes, jefes de inteligencia del Ejército y altos funcionarios de gobernaciones y municipios en Misiones, Argentina. Posadas era apenas su puesto de comando, frente a Encarnación, donde se reunía con asiduidad con los elementos de Stroessner, recibía instrucciones o asistía los intercambios de los prisioneros políticos.
El Archivo del Horror en Asunción está atiborrado de los informes que Ortiz Téllez enviaba a Montanaro, Coronel, Stroessner... Fotos, materiales secuestrados, largas listas de personas, expedientes, desaparecidos, presos políticos, formaban parte de esa rutina que mantuvo hasta la caída del dictador en febrero de 1989. Después la impunidad, prodigada por quienes alguna vez se sirvieron de su labor y siguieron mimetizados en los gobiernos de transición, lo cubrió. Anduvo prófugo, a la vista de todos, hasta el sábado pasado, señala el artículo de Ultima Hora, firmado por Miguel H. López.
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Cuando lo miré a los ojos a Ortiz Téllez sentí lástima por él”
En una entrevista exclusiva a Misiones On line, Rolando Goiburú, hijo del desaparecido Agustín Goiburú, contó detalles de la detención del ex cónsul Francisco Ortiz Téllez, quien durante la dictadura de Alfredo Stroessner, habría "entregado" a opositores en el marco del Plan Cóndor, que compartían las dictaduras latinoamericanas. A Téllez se le adjudica la desaparición de 150 personas.
Téllez está preso en el penal de Tacumbú.
En una entrevista exclusiva concedida a Misiones On line, Rolando Goiburú, hijo del desaparecido Agustín Goiburú, motivo de detención del ex cónsul Francisco Ortiz Téllez, en tiempos de Stroessner, a quien además de esa causa se le adjudica la desaparición de 150 personas, describe cómo vivió los momentos previos a la decisión de la justicia de colocar al ex funcionario tras las rejas. “No me quiso mirar a los ojos, pero yo lo miré, le saqué el sombrero para que los demás lo vieran y se lo devolví. Sentí lástima por él. Ojala mi papá se haya enterado de este día”. Por paradojas del destino, Rolando Goiburú, es hoy el cónsul paraguayo en Posadas.La situación del ex cónsul paraguayo en Posadas (Argentina), Francisco Ortiz Téllez, está en manos de la Cámara de Apelación. Así explicó ayer el juez Arnaldo Fleitas, al aclarar que su juzgado ya se expidió sobre el particular al condenar al pyrague a 10 años de prisión.El juez de liquidación y sentencia explicó que la sentencia fue dictada el 2 de noviembre de 2007, en el proceso abierto por la desaparición del Dr. Agustín Goiburú. En su fallo, el juez Fleitas sostuvo que Ortiz Téllez tiene responsabilidad en el secuestro de Goiburú, debido a que informó sistemáticamente de las actividades de este a las autoridades nacionales. La situación referida quedó probada con informes confidenciales remitidos por el diplomático al entonces ministro del Interior Sabino Montanaro, al secretario privado de la presidencia Mario Abdo Benítez y al jefe de Investigaciones Pastor Coronel. "El apeló la sentencia pero eso nunca se envió a la cámara porque él se fugó. Ahora que ya se cumplió la orden, sí voy a enviar al Tribunal de Apelación para que estudie la sentencia", explicó Fleitas. Ortiz Téllez , de 71 años, fue interceptado por la Policía en la tarde del sábado pasado en San Ignacio, Misiones (Paraguay), cuando manejaba su camioneta Nissan Pick Up y conducido a la fiscalía de San Ignacio y de ahí, a la cárcel de Tacumbú. El procedimiento fue acompañado de cerca por Rogelio Goiburú, hijo del desaparecido disidente político Goiburú. Goiburú, médico traumatólogo del Hospital de Policía Rigoberto Caballero, sufrió los rigores de la persecución debido a su negativa en expedir certificado de muerte natural a víctimas de torturas. El galeno vino a vivir con su familia en la Argentina, pero el 11 de febrero de 1977 fue secuestrado en la vía pública, tras abandonar el hospital San Martín de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos (Argentina) donde residía con su familia. Desde entonces su familia ya no supo de él. Documentos hallados en el Archivo del Terror revelan que el mismo estuvo preso en Paraguay, con posterioridad a su captura.
Fuente: Diarios Misiones y La Mañana



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EL PAIS › VERPLäTSEN SE DESCOMPUSO Y HUBO UNA DENUNCIA AL TRIBUNAL
“Agravian y obstaculizan pruebas”

Aunque la audiencia de ayer en el juicio por los casos de Iris y Floreal Avellaneda fue suspendida por la indisposición del represor acusado Fernando Verplätsen, una denuncia de los querellantes sacudió el ambiente. “La presidenta del Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín agravia a las víctimas y testigos de la causa Avellaneda y obstaculiza la prueba de los delitos que configuraron el genocidio argentino”, expresó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) en un comunicado.
El organismo defensor de los derechos humanos cuestionó la actitud de la jueza Lucila Larrandart por los permisos otorgados a las defensas de los seis represores acusados, entre ellos Omar Riveros, en los interrogatorios a las testigos y víctimas. Según precisó, “hizo caso omiso de los compromisos internacionales del Estado argentino de proteger a las víctimas y testigos del genocidio de todo agravio físico u oral que los vuelva a victimizar invirtiendo el sentido reparatorio de estos juicios, cuestión que atañe a la sentencia sino a todo su procedimiento y publicidad efectiva”. La LADH mencionó que “Larrandart permitió que la abogada de la defensa preguntara a Iris Avellaneda la frecuencia horaria con que le era aplicada la picana eléctrica, algo que no tiene sentido jurídico puesto que la pena por torturas no se gradúa por frecuencia horaria ni por otra variante, siendo la pregunta un intento de mortificar psicológicamente a la víctima con el recuerdo del horror vivido”. A la Liga también preocupa “la obstaculización de la labor de las querellas y la fiscalía cada vez que intentaron desplegar la estrategia jurídica explicitada cuando pidieron la elevación a juicio: comprender el asesinato del Negrito Floreal y el secuestro de su mamá en el contexto histórico que desde la Causa 13 para acá nadie se atrevió a cuestionar: plan de exterminio, terrorismo de Estado, imposición de un modelo neoliberal, exterminio de un grupo nacional a favor de los grupos de poder”.
Por su parte, el colectivo Justicia Ya! hizo propia la denuncia de la LADH y anunció que hoy presentará los hechos ante el Consejo de la Magistratura. Solicitará que los consejeros tomen las medidas pertinentes y designen veedores para que acudan a las próximas audiencias, luego de pedir los videos a Canal 7 de las pasadas.
Fuente: Pagina 12, martes

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Lunes, 18 de Mayo de 2009
Sobrevivir a la dictadura

La monja francesa Yvonne Pierron era una misionera que en los ‘70 hacía trabajo social en la provincia de Corrientes. Pero le tocó ser testigo y sobreviviente del horror. El libro Misionera durante la dictadura (Planeta) expone el testimonio de Yvonne, integrante de la congregación de Hermanas de las Misiones Extranjeras, y compañera de Alice Domon y Léonie Duquet, las monjas francesas secuestradas, torturadas en la ESMA y luego arrojadas al mar durante la última dictadura. Pierron se salvó de morir gracias a la embajada francesa, que la sacó del país en avión, disfrazada de abuelita en una silla de ruedas. A partir de allí, colaboró en la denuncia de los crímenes del proceso militar.
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Lunes, 18 de Mayo de 2009
Derechos humanos 2009
En su 30ª aniversario, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó, a través del sello Siglo XXI, Derechos humanos en Argentina. Informe 2009, un pormenorizado relevamiento sobre la situación en ese rubro en el país. El diagnóstico trazado por el CELS pone en evidencia que a pesar de que los derechos humanos han ganado presencia en la agenda pública, la necesidad de traducción en medidas concretas no fue tomada con el mismo énfasis por los tres poderes del Estado. El Informe 2009 da cuenta, a su vez, de las dificultades para avanzar sobre las cuestiones más críticas respecto de los derechos humanos en democracia. Entre otros ítem, detalla los problemas que sufren los nuevos actores en los conflictos en el espacio público, y hace hincapié en la situación en las cárceles, en la política hacia quienes sufren desalojos y hacia los discapacitados. El CELS pone a disposición de la sociedad este trabajo desde hace 15 años.

Fuente: Pagina 12-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Scozzina declararía la semana próxima en el juicio a Colombo
Tras una semana de impase, se reanudará el próximo martes 19, a las 17, el juicio oral y público que se le sigue en esta ciudad al ex gobernador Juan Carlos Colombo por delitos de lesa humanidad, durante la última dictadura militar. Un testimonio clave sería el del obispo emérito de la Diócesis de Formosa, Marcelo Pacífico Scozzina.La nómina de testigos para las audiencias del 19, el 20 y el 21 de mayo está conformada por: Elsa Alicia Chagra; Ricardo Rojas; Rafael Zárate; Guillermo Roth; Timoteo Albariño; Alberto Raúl Rosenthal; Juan de Dios Acosta Mena; Alfredo Barberis; Raúl Modesto Chávez; Isaac Traianon; Monseñor Pacífico Scozzina; Dra. Dora Esther Regeni, Ramón Antonio Soto, y Carlos César Medina ex prosecretario General de la Gobernación. En la semana del 26 al 28 de mayo se citaría a declarar, también en calidad de testigo al Cnel. José Luis Pedrazzini; al doctor David Gregorio Guikosky; al Dr. Osvaldo Ghiotta; al Dr. José Demetrio Vaázquez Rey; al Dr. Luis José Vivas; al Dr. Jorge Ibáñez; al Dr. Ricardo Cabrera; al Dr. Eduardo Manuel Hang; al comisario gral (R) Lorenzo E. Borrini; al comisario gral Eustaquio Fernández; al subcomisario (R) Fernando Riquelme; al comisario gral (R) Félix Celso Ferreira; al comisario principal (R) Ramón Alcides Cardozo; al Dr. Carlos A. Ontiveros, y el coronel Luis M. Sullivan. Restan confirmar fecha, los testimonios del comisario gral. (r) Anselmo Rolando Alvarez; el comisario gral (r) Félix Antonio Romero; Oscar Fernando Leguizamón; Tomás Marcelino Sánchez; Hernán Oliden Medina; Juan de la Cruz Medina; Jorge Reinaldo Terrile; Bernardino Ramón Nocetti; Miguel Angel Palmerota; Norma Estela Parola; Rosa Angélica Fernández; y Petrona Concepción Fátima Paredes.
Fuente: La Mañana
@@@@@---------- Forwarded message ----------From: Adriana Calvo <
acalvo@fi.uba.ar>Date: 18-may-2009 10:24Subject: Justicia YA! denuncia a la jueza del TOF 1 de San Martín, Lucila Larrandart, y aporta más elementos contra el TOF 5 de CapitalTo: Red de Noticias DH <reddenoticiasdh@gmail.com>

COMUNICADO DE PRENSA
Justicia YA! denuncia a la jueza del TOF 1 de San Martín, Lucila Larrandart, y aporta más elementos contra el TOF 5 de Capital

El colectivo Justicia YA! hace propia la denuncia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre contra la jueza Larrandart y anuncia que mañana, martes 19 de mayo, presentará los hechos allí descriptos ante el Consejo de la Magistratura solicitando que se oficie a Canal 7 para que le envíe los videos y que se tomen las medidas pertinentes para terminar con este accionar lesivo de los más elementales derechos inherentes a la calidad de víctimas, testigos, querellantes y patrocinantes. Solicitarán también que entre tanto se designen en forma urgente veedores para que acudan a las audiencias de esta semana.
El mismo día Justicia YA! presentará al Consejo de la Magistratura tres importantes elementos que refuerzan su denuncia contra el TOF 5 de Capital Federal, realizada el pasado 21 de abril, por la proscripción de la que hace objeto a ese colectivo de querellantes.
1. La nueva resolución del TOF 5 por la que deja sin posibilidad de abogados propios a Justicia YA! en otro tramo de la causa ESMA.
2. Una nueva denuncia contra el mismo tribunal realizada por el Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP) por las condiciones en que se llevan adelante las audiencias
3. Más de treinta adhesiones de organizaciones y personalidades al pedido de separar al TOF 5 de las causas contra los genocidas.
La presentación será a las 12 hs. en Libertad 731 y se pedirá una entrevista con el Presidente del organismo, Dr. Luis M. Bunge Campos. Invitamos a acompañarnos.

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009
Justicia YA! Buenos Aires

Contactos. LADH: 15 5250 5043; FIDELA: 15 5816 917; AEDD: 15 6335 3979
justiciaya2004@yahoo.com.ar


La presidenta del Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín agravia las víctimas y testigos de la causa Avellaneda y obstaculiza la prueba de los delitos que configuraron el Genocidio argentino
Desde el 27 de abril de 2009, treinta y tres años y doce días después de producido el secuestro del Negrito Avellaneda y su mamá Iris, se lleva adelante el Juicio Oral contra los Genocidas Generales Rivero y Verplaetsen y otros cómplices del hecho.
El Tribunal Oral Federal que preside la Dra. Larrandart no ha dejado de agraviar a las víctimas sobrevivientes y testigos del caso, haciendo caso omiso de los compromisos internacionales del Estado argentino de proteger las víctimas y testigos del Genocidio de todo agravio físico u oral que –al reproducir la lógica justificatoria del Terrorismo de Estado- los vuelva a victimizar invirtiendo el sentido reparatorio de estos juicios, cuestión que no solo atañe a la sentencia, sino a todo su procedimiento y publicidad efectiva.
Puntualmente, y sólo para dar dos ejemplos, la Dra. Larrandart permitió que una de las abogadas de la defensa le preguntara a Iris Avellaneda la frecuencia horaria con que le era aplicada la picana eléctrica, pregunta que no tiene sentido jurídico alguno dado que el dato es irrelevante puesto que la pena por torturas no se gradúa por frecuencia horaria ni por ninguna otra variante, constituyendo la pregunta, de por sí, un agravio a la víctima y un intento evidente de mortificarla psicológicamente con el recuerdo del horror vivido
Pero la actuación de la Dra. Larrandart fue aún más grave ante la protesta de la tía del Negrito, la compañera Arsinoe Avellaneda, quien se hizo cargo de la hermana del Negrito cuando éste fue asesinado, su mamá encarcelada y su papá perseguido por la dictadura y que fue quien emprendió la búsqueda de Iris y del Negrito desde el momento mismo en que el Grupo de Tareas se retiró del hogar de los Avellaneda.
Luego de relatar minuciosamente todas las gestiones realizadas y cómo fueron encontrando cada pista que permitió reconstruir la verdad del operativo clandestino realizado bajo el mando operacional de los Generales nombrados, harta de ser repreguntada una y otra vez por la abogada defensora sobre el aspecto del genocida Aneto (que Arsinoe reconoció en rueda judicial en 1984 según consta en el expediente que la Dra. Larrandart debería conocer) la compañera se dirigió a la presidenta del Tribunal para recordarle que con 81 años de edad y tras treinta años de lucha por la Justicia se merecía otro trato que el manoseo al que estaba siendo sometida, fue la propia Dra. Larrandart la encargada de amonestar a la testigo, reprocharle que “sin pruebas no habría castigo” y exigirle bajo amenaza que vuelva a describir al genocida en un acto de revictimización de la testigo que borra con el codo todo lo escrito y acordado por el Estado argentino en los últimos años sobre el modo de tratar a las víctimas y testigos del Genocidio.
Para más, informada en la audiencia siguiente por el abogado de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que la misma Arsinoe había sido interpelada y hostilizada por la misma abogada defensora al finalizar su testimonio, la Dra. Larrandart se limitó a un escueto llamado a las partes a no realizar comentarios sobre la causa.
Congruente con este accionar violatorio de las garantías procesales para las víctimas del Terrorismo de Estado, la Dra. Larrandart no ha dejado de obstaculizar la labor de las querellas y la propia Fiscalía cada vez que éstas intentaron desplegar la estrategia jurídica explicitada al momento de pedir la elevación a Juicio de la causa, esto es, comprender el asesinato del Negrito Floreal y el secuestro de su mamá Iris, dentro de un contexto histórico que desde la Causa 13 (Juicio a la Junta de Comandantes) para acá, nadie se había atrevido a cuestionar: Plan de Exterminio, Terrorismo de Estado, Imposición de un modelo neoliberal del sistema capitalista, Exterminio de un Grupo nacional para reorganizar radicalmente el país a favor de los grupos de Poder, etc.
Limitar las preguntas de los querellantes al caso exclusivo de la investigación del Negrito Avellaneda y su mamá, sin permitir demostrar que la comisaría de Villa Martelli fue un centro clandestino de detención y tortura, diluye la prueba de la existencia del genocidio que perpetró la dictadura y coarta el derecho de la familia y demás querellantes a una investigación plena, que abarca no sólo lo padecido por la familia sino por todos los que pasaron por idéntica situación
La obstinación de la presidenta del Tribunal en tratar el caso como una cuestión individual viola la verdad histórica, contradice todo lo acumulado en estos Juicios y se convierte en el principal obstáculo que encontramos en nuestra búsqueda de Justicia que no es de hoy ni de ayer sino desde el momento mismo, abril de 1976, en que el Dr. Julio Viaggio, presidente honorario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, presentó el primer Habeas Corpus y comenzó a acumular elementos de prueba para un Juicio que no permitiremos que se transforme en un remedo de Justicia.
Si es necesario continuaremos nuestro reclamo ante todas las instancias nacionales e internacionales hasta conseguir Justicia para el Negrito Avellaneda, comenzando por poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura los hechos que aquí señalamos sucintamente y que nos agravian profundamente

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
Integrante del colectivo Justicia Ya!
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
El escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti murió en su domicilio de Montevideo a los 88 años de edad, a once días de haber recibido el alta médica por una enfermedad intestinal crónica.




Galardonado en 1999 con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y en 2005 con el Internacional Menéndez Pelayo, Benedetti abordó todos los géneros literarios, en los que reflejó una mirada crítica de izquierda, que le llevaría al exilio y a ser, hasta sus últimos días, un firme detractor de la política exterior de Estados Unidos.
Sus poesías fueron cantadas por autores como Joan Manuel Serrat, Daniel Viglietti, Nacha Guevara, Luis Pastor o Pedro Guerra, y sus novelas más famosas llevadas al cine, como "La tregua" (1974) o "Gracias por el fuego" (1985), a cargo del director argentino Sergio Renán.
Este exponente por antonomasia de la llamada generación uruguaya de 1945, la "generación crítica", nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, en el Departamento de Tacuarembo.
Antes de dedicarse a la escritura, Benedetti hizo de taquígrafo, cajero, vendedor, librero, periodista, traductor, empleado público y comercial.
Todos estos oficios supusieron un contacto con la realidad social de Uruguay que fue determinante a la hora de modelar su estilo y la esencia de su escritura.
Entre 1938 y 1941 residió en Buenos Aires y en 1945 ingresó en el semanario Marcha como redactor y publicó su primer libro de poesía, "La víspera indeleble".
En 1949 Benedetti avanzó en su carrera periodística con su labor en la destacada revista literaria Número, compaginando al tiempo sus tareas de crítico con una carrera imparable como escritor.
Así, en una década trepidante publicó obras como "Esta mañana y otros cuentos" (1949), "Poemas de oficina" (1956), "Ida y vuelta" (1958) y "La tregua" (1960).
Residió en París entre 1966 y 1967, donde trabajó como traductor y locutor para la Radio y Televisión Francesa, y luego de taquígrafo y traductor para la UNESCO.
En 1968 fundó en La Habana el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas, que dirigió hasta 1971, y encabezó el Departamento de Literatura Latinoamericana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo, entre 1971 y 1973.
En los setenta desarrolló una intensa actividad política, como dirigente del Movimiento 26 de Marzo, del que fue cofundador en 1971 y al que representó en el Frente Amplio, coalición de izquierda que alcanzó el poder en 2005.
Con el golpe militar de 1973 renunció a su cargo universitario y se exilió, primero en Argentina y después en Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado.
Se instaló en Cuba en 1976 y un año más tarde se trasladó a Madrid, donde permaneció hasta 1985, cuando, con el fin de la dictadura uruguaya, terminó con doce años de exilio.
Entre las obras de esta época aparecen "Letras del continente mestizo" (1967), "Inventario 70" (1970), "El escritor latinoamericano y la revolución posible" (1974) y "Con y sin nostalgia" (1977).
Su obra teatral "Pedro y el capitán" (1979) fue representada en Madrid en 1981 y un año después aparecieron sus "Cuentos" y la novela "Primavera con una esquina rota".
En 1984 publicó "Geografías" y "El desexilio y otras conjeturas" y tres años después, tras volver a Uruguay, se convirtió en miembro del Consejo Editor de la revista de izquierda Brecha.
De 1985 data su colaboración con Joan Manuel Serrat en el disco "El sur también existe".
A partir de entonces su producción es imparable, con títulos como "Despiste y franquezas" (1991), "La borra del café" (1993), "Andamios" (1996) y los poemarios "Mas acá del horizonte" (1997) y "La vida, ese paréntesis" (1998).
En la década siguiente aparecieron "El porvenir de mi pasado" (2003), "Memoria y esperanza, un mensaje para los jóvenes" (2004) y los poemarios "El mundo que respira" (2001), "Existir todavía" (2004) y "Vivir adrede" (2007), entre otros.
Benedetti recibió numerosas distinciones, entre ellas la Medalla Haydee Santamaría del 30 aniversario de la Casa de las Américas en La Habana (1989) y la Medalla Gabriela Mistral del Gobierno chileno (1996).
Además, el premio León Felipe de España a los valores cívicos (1997), el Iberoamericano José Martí y el Internacional italiano de Literatura La Cultura del Mar, ambos en 2001, año en que también fue nombrado "Ciudadano Ilustre de Montevideo".
El escritor, doctor Honoris Causa por universidades de España, Uruguay y Argentina, enviudó en 2006 de Luz López Alegre, con quien se había casado en 1946.
En 2007 fue condecorado con la Orden Francisco de Miranda en grado de "generalísimo" por el Gobierno venezolano y en 2008 obtuvo el I Premio ALBA del Fondo Cultural de la Alternativa Bolivariana para las Américas en la categoría de Letras.
Ese mismo año fue hospitalizado en tres ocasiones aquejado de deshidratación por una dolencia intestinal y un cuadro de infección urinaria, lo que no le impidió seguir escribiendo.
En agosto de 2008 presentó "Testigo de uno mismo", su último poemario, un "resumen" de su carrera.

Junto a miembros del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, fundó en 1971 el Movimiento de Independientes 26 de Marzo, una agrupación que pasó a formar parte de la coalición de izquierdas Frente Amplio desde sus orígenes. Benedetti fue representante del Mov. 26 de Marzo en la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio desde 1971 a 1973, sin embargo, esta alternativa se vio frustrada por la fuerza, del golpe genocida militar....

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MARIO BENEDETTI
Por Eduardo Galeano El dolor se dice callando. Pero me pregunto: ¿qué será de nuestra ciudad, sola de él? ¿qué será de Montevideo, mutilada de él? Y me pregunto: ¿qué será de nosotros, sin su bondad inexplicable? Por Juan GelmanEs indecible el dolor de su pérdida. Fue poeta, fue novelista, fue ensayista y, sobre todas las cosas, fue un hombre bueno. Nunca se doblegó ante el Poder. Su muerte deja el vacío grande que dejan los grandes. De su obra nacerán otros poetas, como él siempre quiso, y seguirá vivo en el tiempo. El ya no sufre, descansa ya.

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Bienvenida
se me ocurre que vas a llegar distinta no exactamente más lindani más fuerteni más docilni más cautatan solo que vas a llegar distintacomo si esta temporada de no vermete hubiera sorprendido a vos tambiénquizá porque sabescómo te pienso y te enumerodespués de todo la nostalgia existeaunque no lloremos en los andenes fantasmalesni sobre las almohadas de candorni bajo el cielo opacoyo nostalgiotu nostalgiasy cómo me revienta que él nostalgietu rostro es la vanguardiatal vez llega primeroporque lo pinto en las paredescon trazos invisibles y segurosno olvides que tu rostrome mira como pueblosonríe y rabia y cantacomo puebloy eso te da una lumbreinapagableahora no tengo dudasvas a llegar distinta y con señalescon nuevascon honduracon franquezasé que voy a quererte sin preguntassé que vas a quererme sin respuestas.
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Táctica y estrategia"Mi táctica es mirarteaprender como sosquererte como sosmi táctica es hablarte y escucharteconstruir con palabrasun puente indestructiblemi táctica es quedarme en tu recuerdono sé cómo ni sé con qué pretextopero quedarme en vosmi táctica es ser franco y saber que sos francay que no nos vendamos simulacrospara que entre los dos no haya telónni abismosmi estrategia es en cambiomás profunda y más simplemi estrategia es que un día cualquierano sé cómo ni sé con qué pretextopor fin me necesites".

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Defensa de la alegria
Defender la alegría como una trinchera defenderla del escándalo y la rutina de la miseria y los miserables de las ausencias transitorias y las definitivas defender la alegría como un principio defenderla del pasmo y las pesadillas de los neutrales y de los neutrones de las dulces infamias y los graves diagnósticos defender la alegría como una bandera defenderla del rayo y la melancolía de los ingenuos y de los canallas de la retórica y los paros cardiacos de las endemias y las academias defender la alegría como un destino defenderla del fuego y de los bomberos de los suicidas y los homicidas de las vacaciones y del agobio de la obligación de estar alegres defender la alegría como una certeza defenderla del óxido y la roña de la famosa pátina del tiempo del relente y del oportunismo de los proxenetas de la risa defender la alegría como un derecho defenderla de dios y del invierno de las mayúsculas y de la muerte de los apellidos y las lástimas del azar y también de la alegría.





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Desaparecidos


Están en algún sitio / concertadosdesconcertados / sordosbuscándose / buscándonosbloqueados por los signos y las dudascontemplando las verjas de las plazaslos timbres de las puertas / las viejas azoteasordenando sus sueños sus olvidosquizá convalecientes de su muerte privadanadie les ha explicado con certezasi ya se fueron o si nosi son pancartas o tembloressobrevivientes o responsosven pasar árboles y pájarose ignoran a qué sombra pertenecencuando empezaron a desaparecerhace tres cinco siete ceremoniasa desaparecer como sin sangrecomo sin rostro y sin motivovieron por la ventana de su ausencialo que quedaba atrás / ese andamiajede abrazos cielo y humocuando empezaron a desaparecercomo el oasis en los espejismosa desaparecer sin últimas palabrastenían en sus manos los trocitosde cosas que queríanestán en algún sitio / nube o tumbaestán en algún sitio / estoy seguroallá en el sur del almaes posible que hayan extraviado la brújulay hoy vaguen preguntando preguntandodónde carajo queda el buen amorporque vienen del odio

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adios cumpa mario, adios con flor que te gustaba
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Aseguran que Jorge Folloni “cumple los requisitos exigidos para ser candidato"
El apoderado del Partido Renovador de Salta Cristóbal Cornejo, dijo que el candidato a diputado nacional Jorge Folloni, "cumple con todos los requisitos exigidos" para postularse.
Cornejo presentó el viernes el descargo del PRS en la impugnación presentada contra Folloni por los abogados de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos, Tania Kiriaco y David Leiva.
Cornejo dijo que "básicamente" en el descargo se sostiene que "no existe una causal legal para impugnar" al candidato porque "cumple los requisitos constitucionales para elegir y ser elegido". Aseguró que Folloni no está imputado y que en la causa por Melitón Bustos solo "prestó declaración testimonial". "No se promovió acción penal, el fiscal desestimó la acusación", afirmó.
Folloni declaró como testigo en la causa Bustos el 22 de octubre de 2006, en el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Miguel Medina. Lo hizo después de Roberto Ulloa, a quien acompañó en su gobernación de facto (desde abril de 1977 hasta febrero de 1983) como secretario de Gobierno. El juez quería saber cuál había sido la intervención de ambos en lo vinculado a Bustos, debido a que el secuestro del escribano ocurrió poco tiempo después de que el gobierno le negara el Registro Notarial Nº 32 basándose en un informe de Inteligencia del Ejército.

Negativa y telegramasAmbos negaron haber sabido del secuestro de Bustos, a pesar de que su pareja, Juana Bolaños, envió telegramas a autoridades provinciales, y a la gobernación, inquiriendo por el paradero del escribano, que había sido sacado de su casa por integrantes del Ejército. El 10 de julio de 2008 el juez Medina dispuso que se formara otro expediente con parte de esta causa por el secuestro, "a efectos de investigar la presunta comisión por parte del capitán de navío Roberto Augusto Ulloa y de Folloni, de los delitos de encubrimiento, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

En la declaración ante el juez Medina, Ulloa y Folloni coincidieron en intentar justificar su actuación durante la pasada dictadura militar: dijeron que su función pública estuvo enmarcada en los decretos de aniquilación de la subversión firmados por la ex presidenta Isabel Martínez y por Italo Luder, entre otros ex funcionarios justicialistas.El expediente iniciado con la impugnación a Folloni pasó el viernes al fiscal federal con competencia electoral, Ricardo Toranzos, quien debe emitir un dictamen antes de que el planteo pase a ser resuelto por el juez.

www.nuevodiariodesalta.com.ar

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CIUDAD › DETUVIERON A "CARAMELO" ALTAMIRANO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD.
Un represor para nada dulce
La detención se produjo a fines del mes pasado. El ex policía Altamirano ya fue indagado en la Unidad Fiscal por 15 casos de secuestros, torturas y dos homicidios ocurridos entre 1976 y 1978.


"Caramelo" Altamirano formó parte como policía del Servicio de Informaciones de la ex Jefatura.


Por José Maggi
La justicia tardó pero llegó: Carlos Ulpiano Altamirano, alias Caramelo, 57 años, divorciado, oficial principal de la policía provincial con retiro obligatorio sin goce de sueldo; con domicilio en Vélez Sarsfield 6800 de Rosario fue detenido el 21 de abril por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1978 en el Servicio de Informaciones, de San Lorenzo y Dorrego. Con el patrocinio de Germán Artola fue indagado el 26 de abril por la fiscal Adriana Saccone, titular de la Unidad Fiscal de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos, por 15 casos de secuestros, torturas y dos homicidios. Esta es su declaración.
Altamirano fue imputado por haber formado parte como policía del Servicio de Informaciones de Rosario. Puntualmente se lo acusa de haber participado en el secuestro y las torturas y amenazas de Elba Ferraro de Bettanin, Angel Ruani, Gregorio Larrosa, Ana Ferrari, Marta Bertolino, Raúl Nasini, María Sanfilippo, Marcelo de la Torre, Lelia Ferrarese, Alfredo Vivono, Marcos Olivera, Estela Hernandez, Laura Torresetti. Finalmente se lo acusa del secuestro, totturas y el homicido de Ruth Gonzalez y de Oscar Manzur, todos ocurridos en el Servicio de Informaciones.
"Caramelo" tuvo una actitud distinta a la de sus pares detenidos hasta el momento: cuando tuvo que responder a las acusaciones, acusó a sus interrogadores a viva voz de "prevaricato, privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad" para luego dejar flotando en el aire una velada amenaza: "No tengo nada contra ustedes pero dentro de dos años nos vamos a ver la cara de nuevo".
Altamirano confesó que "como policía estuve en el area 211 dependiendo del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, estando sometido bajo el código militar que contemplaba pena de muerte para quien no cumpliera las ordenes o se considerara rebelde. Y trabajé en el Servicio de Informaciones de la unidad regional II".
El represor recordó los nombres de sus jefes "Seichuk, Zárate, González, Sandoz" así como un episodio ocurrido en aquella época: "Me imputaron apremios ilegales al ciudadano comunista Sergio Schilman y me hicieron Consejo Permanente de Guerra en Córdoba, por lo que estuve detenido dos años".
El lugar de detención ?según remarcó como un dato risueño? fueron las dependencias de la policía militar con asiento en el Comando 121 en Lamadrid y Leiva, donde estuvo por casi dos años, y que el propio ejército había denominado como "reunión de delincuentes subversivos" donde ?asegura? había terroristas del ERP".
El recuerdo alcanzó a los jefes del lugar, el teniente primero Carneo Savoy, jefe de la compañía, más conocido como Pepitito. En el lugar asegura haber sido visitado por los generales Jauregui y Trimarco, a quienes le pidió su libertad, por lo cual fue trasladado a Córdoba.
En la causa que le llevaron adelante por Schilman, compartía responsabilidades con "Lofiego, Antigiovanni, Ferrera, Nast y Scortecchini". Y destacó que finalmente el "Consejo de Guerra nos absolvió a todos de culpa y cargo, y recuper mi libertad en 1980".
En otro apartado de su declaración Altarmirano aseguró que le dijo "al comandante Feced que no coordinaba con la conducta con la que manejaba a sus hombres y me contestó que yo era un rebelde y que era peronista. Y cuando le dije que estaba loco me dio cinco días de arresto. No me mandó a matar porque me tuvo lástima".
Altamirano confesó que llevaba adelante con su grupo "arrestos específicos de determinadas personas". Y que también realizaban "arrestos no específicos, que era buscar al enemigo, es decir sacarlo por la pinta, por mirada. Yo lo miraba y ya sabía que era terrorista" se ufanó.
El represor también tuvo tiempo de hacer gala de su hipocresía: cuando lo consultaron si había visto torturas en el Servicio de Informaciones, respondió "no te puedo contestar pero con sinceridad no fui testigo, y nunca me lo manifestaron. Si me lo hubieran dicho soy el primero que tomo la denuncia y los esposo a los que estaban allí adentro".

Fuente: Rosario 12, domingo
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SOCIEDAD › POBLADORES DENUNCIAN UNA VIOLENTA REPRESION EN UN PROCEDIMIENTO
Brutalidad policial en Chubut
Ocurrió en marzo en la localidad de Corcovado. En un operativo para capturar a un hombre, la policía mató a su hermano. También murió un policía. Luego se desató una serie de “allanamientos ilegales, torturas, violaciones y una desaparición”.
El ministro Aníbal Fernández recibió a la dirigente mapuche Moira Millán y prometió investigar.

“Torturas, violaciones y robos cometidos por policías en allanamientos violentos y sin órdenes. Detenciones sin razón y desapariciones. ¿Qué es eso sino terrorismo de Estado?”, se preguntó Moira Millán. Junto con un grupo de pobladores de la localidad chubutense de Corcovado, viajó hasta la ciudad de Buenos Aires para denunciar las “vejaciones a los derechos humanos” que la policía y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Chubut cometieron a principios de marzo por las calles del pueblo, bajo la excusa de la búsqueda de un joven prófugo que burló durante al menos dos años las garras de sus captores. Millán tuvo que encadenarse a las rejas del Ministerio de Justicia nacional para lograr que la recibieran. Tras la entrevista, el ministro Aníbal Fernández prometió “tomar cartas en el asunto inmediatamente” y enviar a funcionarios de la cartera al pueblo para iniciar la investigación correspondiente.
“Necesitamos que el país se entere. Lo que las familias de Corcovado sufrieron no puede volver a ocurrir”, apuntó Millán a Página/12, antes de relatar lo ocurrido entre el 8 y el 16 de marzo en ese pueblo de frontera chubutense. La policía buscaba a Daniel Bustos, un joven que se había escapado de prisión días después de haber sido condenado por la muerte de su hijo. Bustos había pautado su entrega en la casa paterna, en Corcovado, pero “los policías armados que empezaron a abrir las ventanas sin que haya todavía llegado el abogado lo asustaron y se fue corriendo. Sus hermanos lo siguieron”, relató Marta Penchulef, madre de todos los hermanos. La persecución culminó con uno de los hermanos de Bustos muerto, otro herido y uno más detenido. Del prófugo, sus padres nunca más tuvieron noticias. También murió un efectivo de la policía.
“Con la excusa de que buscaban a Daniel allanaron más de veinte viviendas del pueblo con una brutalidad impresionante, torturaron a sus habitantes, violaron a las mujeres”, explicó Millán. A partir del 9 de marzo, los efectivos policiales dieron un paso al costado y se ubicaron como “apoyo” de los efectivos del GEOP. “Tomaron la radio local y por allí declararon que la ciudad entraba en estado de sitio. Nadie podía permanecer en la calle pasadas las 22. Durante siete noches fue un terror total”, relató.
Y eso no es todo. El 11 de marzo, Luciano González, de 42 años, estaba charlando en la calle con un amigo en Cerro Centinela, un pueblo mapuche ubicado a 15 kilómetros de Corcovado que también estuvo bajo control del GEOP, cuando ambos fueron detenidos. “Los trasladaron hasta Trevellin, a 70 kilómetros de Corcovado, los separaron y los torturaron. De Luciano no se sabe más que lo que dijeron algunos testigos, que lo vieron en la comisaría”, remarcó Millán. Continúa desaparecido.
El hecho, que significó el punto cúlmine de la violencia policial, fue denunciado a la Justicia provincial, así como los allanamientos, torturas y violaciones. Sólo once de las más de veinte familias que fueron atacadas se animaron a dar testimonio. Esas denuncias recayeron sobre las fuerzas de seguridad: “No se puede identificar a las personas que participaron porque siempre iban con la cara cubierta, pero la gente no tiene dudas porque reconocieron sus uniformes. Fue el GEOP”, comentó la militante del Frente Mapuche Campesino. El gobierno municipal hizo oídos sordos a los reclamos. El gobierno provincial los negó rotundamente.
Por esa razón recurrieron al gobierno nacional. Hasta ayer, no bastaron los pedidos formales de entrevistas ni la conferencia de prensa que ofrecieron el jueves en la sede de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Cuando ayer a la mañana los funcionarios del Ministerio de Justicia se negaron a recibirlos, Millán, dirigente del Frente Campesino Mapuche, se encadenó al edificio ministerial. Recién entonces logró la audiencia. En su despacho, Fernández “prometió investigar hasta las últimas consecuencias” lo ocurrido. El miércoles 20 viajará a Chubut Leandro Jarsún, coordinador del Programa Antiimpunidad, dependiente del Ministerio de Justicia.
Como ejemplo de la brutalidad policial, Millán relató a este diario uno de los casos denunciados: “Un grupo de policías encapuchados entró en una vivienda donde estaban una mamá, su hijo de 12 años y su hija, de 8, que se estaba duchando. Tiraron la puerta abajo, golpearon a la mujer y a su hijo, los tiraron al suelo y les apuntaron con un arma. Sacaron a la nena de los pelos de la ducha, desnuda, y abusaron de ella delante de la madre”.
Informe: Ailín Bullentini.
Fuente: Pagina 12, sabado
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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

La presidenta del Tribunal Oral Federal Número Uno
de San Martín agravia las víctimas y testigos de la causa Avellaneda y obstaculiza la prueba de los delitos que configuraron el Genocidio argentino

Desde el 27 de abril de 2009, treinta y tres años y doce días después de producido el secuestro del Negrito Avellaneda y su mamá Iris, se lleva adelante el Juicio Oral contra los Genocidas Generales Rivero y Verplaetsen y otros complices del hecho.
El Tribunal Oral Federal que preside la Dra. Larrandart no ha dejado de agraviar a las víctimas sobrevivientes y testigos del caso, haciendo caso omiso de los compromisos internacionales del Estado argentino de proteger las víctimas y testigos del Genocidio de todo agravio físico u oral que –al reproducir la lógica justificatoria del Terrorismo de Estado- los vuelva a victimizar invirtiendo el sentido reparatorio de estos juicios, cuestión que no solo atañe a la sentencia, sino a todo su procedimiento y publicidad efectiva.
Puntualmente, y sólo para dar dos ejemplos, la Dra. Larrandart permitió que una de las abogadas de la defensa le preguntara a Iris Avellaneda la frecuencia horaria con que le era aplicada la picana eléctrica, pregunta que no tiene sentido jurídico alguno dado que el dato es irrelevante puesto que la pena por torturas no se gradúa por frecuencia horaria ni por ninguna otra variante, constituyendo la pregunta, de por sí, un agravio a la víctima y un intento evidente de mortificarla psicologicamente con el recuerdo del horror vivido
Pero la actuación de la Dra. Larrandart fue aún más grave ante la protesta de la tía del Negrito, la compañera Arsinoe Avellaneda, quien se hizo cargo de la hermana del Negrito cuando éste fue asesinado, su mamá encarcelada y su papá perseguido por la dictadura y que fue quien emprendió la búsqueda de Iris y del Negrito desde el momento mismo en que el Grupo de Tareas se retiró del hogar de los Avellaneda.
Luego de relatar minuciosamente todas las gestiones realizadas y cómo fueron encontrando cada pista que permitió reconstruir la verdad del operativo clandestino realizado bajo el mando operacional de los Generales nombrados, harta de ser repreguntada una y otra vez por la abogada defensora sobre el aspecto del genocida Aneto (que Arsinoe reconoció en rueda judicial en 1984 según consta en el expediente que la Dra. Larrandart debería conocer) la compañera se dirigió a la presidenta del Tribunal para recordarle que con 81 años de edad y tras treinta años de lucha por la Justicia se merecía otro trato que el manoseo al que estaba siendo sometida, fue la propia Dra. Larrandart la encargada de amonestar a la testigo, reprocharle que “sin pruebas no habriá castigo” y exigirle bajo amenaza que vuelva a describir al genocida en un acto de revictimización de la testigo que borra con el codo todo lo escrito y acordado por el Estado argentino en los últimos años sobre el modo de tratar a las víctimas y testigos del Genocidio.
Para más, informada en la audiencia siguiente por el abogado de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que la misma Arsinoe había sido interpelada y hostilizada por la misma abogada defensora al finalizar su testimonio, la Dra. Larrandart se limitó a un escueto llamado a las partes a no realizar comentarios sobre la causa.
Congruente con este accionar violatorio de las garantías procesales para las víctimas del Terrorismo de Estado, la Dra. Larrandart no ha dejado de obstaculizar la labor de las querellas y la propía Fiscalía cada vez que éstas intentaron desplegar la estrategia jurídica explicitada al momento de pedir la elevación a Juicio de la causa, esto es, comprender el asesinato del Negrito Floreal y el secuestro de su mamá Iris, dentro de un contexto histórico que desde la Causa 13 (Juicio a la Junta de Comandantes) para acá, nadie se había atrevido a cuestionar: Plan de Exterminio, Terrorismo de Estado, Imposición de un modelo neoliberal del sistema capitalista, Exterminio de un Grupo nacional para reorganizar radicalmente el país a favor de los grupos de Poder, etc.
Limitar las preguntas de los querellantes al caso exclusivo de la investigación del Negrito Avellaneda y su mamá, sin permitir demostrar que la comisaría de Villa Martelli fue un centro clandestino de detención y tortura, diluye la prueba de la existencia del genocidio que perpetró la dictadura y coarta el derecho de la familia y demás querellantes a una investigación plena, que abarca no sólo lo padecido por la familia sino por todos los que pasaron por identica situación
La obstinación de la presidenta del Tribunal en tratar el caso como una cuestión individual viola la verdad histórica, contradice todo lo acumulado en estos Juicios y se convierte en el principal obstaculo que encontramos en nuestra búsqueda de Justicia que no es de hoy ni de ayer sino desde el momento mismo, abril de 1976, en que el Dr. Julio Viaggio, presidente honorario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, presentó el primer Habeas Corpus y comenzó a acumular elementos de prueba para un Juicio que no permitiremos que se transforme en un remedo de Justicia.
Si es necesario continuaremos nuestro reclamo ante todas las instancias nacionales e internacionales hasta conseguir Justicia para el Negrito Avellaneda, comenzando por poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura los hechos que aquí señalamos suscintamente y que nos agravian profundamente

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
Corrientes 1785 T.E./Fax 54 11 43713939
www.liga.org.ar
ladh@velocom.com.ar


Entidad fundada el 20 de diciembre de 1937, miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos junto a otras 156 organizaciones de todo el mundo.

Integrante del colectivo Justicia Ya! y de los directorios del
Instituto Espacio para la Memoria de la ciudad de Buenos Aires y el ente de carácter público y autonomo de la Esma

Querellante en la causa Campo de Mayo y otras cuarenta y dos causas por Terrorismo de Estado de todo el país.



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@---------- Forwarded message ----------From: Fedefam Argentina <
fedefamargentina@yahoo.com.ar>Date: 17-may-2009 17:53Subject: Recoleccion de firmas por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos en MéxicoTo: FEDEFAM ARGENTINA <fedefamargentina@yahoo.com.ar>

F E D E F A M
A. P. 2444 , Carmelitas
1010-A, Caracas – Venezuela.
Tel. +(58-212) 564-0503
Cel. 00 58 414 333 31 63
fedefam@gmail.com
fedefam2006@yahoo.com
fedefamorg@cantv.net

“28 Años de Lucha, Ni Desaparecidos, Ni Impunidad”

Para: Asociaciones, Grupos de Apoyo de FEDEFAM.
Fecha: 18 de Mayo de 2009
Asunto: RECOLECCION DE FIRMAS POR LA PRESENTACION CON VIDA DE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS EN MEXICO

Estimadas amigas y amigos:

Hemos recibido comunicación de México sobre la recoleccion de firmas para exigir al gobierno Mexicano la presentación con vida de los detenidos desaparecidos efectuados en el gobierno de Felipe Calderón.

La fecha límite será el día 19 de mayo de 2009, anexamos la comunicación recibida, incluimos los correos a donde pueden mandar las firmas, o enviar directamente a la Secretaria Ejecutiva de FEDEFAM.

Sin mas me despido con un salud.

"POR LA PRESENTACION CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS EN MEXICO".

"CON JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DIRECTOS E INDIRECTOS DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD EN MEXICO".

Atentamente


Judith Galarza Campos
Secretaria Ejecutiva de FEDEFAM
Premio Theodor Haecker 2007.

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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MAYO DE 2009

CIUDADANAS(OS) DE MEXICO Y EL MUNDO; ORGANIZACIONES SOCIALES, GREMIALES, POLITICAS, POPULARES, DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, AMBIENTALISTAS NO GUBERNAMENTALES Y ESTUDIANTILES. ESTAMOS SOLICITANDO SU SOLIDARIA PARTICIPACION MEDIANTE SU RUBRICA, EN RECHAZO AL CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, LA DETENCION DESAPARICION POR MOTIVOS POLITICOS Y CON LA EXIGENCIA DE PRESENTACION CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DEL PASADO Y ACTUALES. MEDIANTE EL SIGUIENTE TEXTO, QUE ENTREGAREMOS A LOS DISTINTOS MEDIO DE COMUNICACION:
EXIGIMOS AL GOBIERNO DE FELIPE CALDERON RESPETO A LA LIBERTAD Y LA VIDA DE LOS LUCHADORES SOCIALES.
EL ENCARCELAMIENTO, EL ASESINATO Y LA DETENCION DESAPARICION POR MOTIVOS POLITICOS ES UNA PRACTICA SISTEMEATICA DE PARTE DEL ESTADO MEXICANO, CONTRA LUCHADORES SOCIALES Y PERSONAS QUE REPRESENTEN ALTERNATIVAS POLITICAS DE CARÁCTER POPULAR DIFERENTES A LOS INTERESES DE LAS CUPULAS EN EL PODER.
EN LA ADMINISTRACION DE FEPLIPE CALDERON, LA DESAPARICION FORZADA POR MOTIVOS POLITICOS ES UTILIZADA COMO POLITICA DE ESTADO PRETENDIENDO SOMETER IDEAS PROGRESISTAS Y ACALLAR VOCES DISIDENTES.
POR IDEOLOGIA Y POSICION POLITICA EL GOBIERNO CALDERON HA INTESIFICADO LA REPRESION MASIVA Y SELECTIVA CONTRA EL PUEBLO ORGANIZADO, TAN SOLO EN DOS AÑOS DE ESTE GOBIERNO EN EL PAIS HAY 70 CASOS DOCUMENTADOS DE DETENCIONES DESAPARICIONES, MAS DE 500 CASOS DENUNCIADOS EN LA PRENSA ESCRITA Y MAS DE 500 PRESOS DE CONCIENCIA PURGANDO CONDENAS INHUMANAS EN CARCELES DE EXTERMINIO.
HAY GOBIERNOS ESTATALES –SIN DISTINCION DE PARTIDO- QUE SON PARTE INTELECTUAL Y MATERIAL DE ESTOS CRIMENES DE ESTADO, COMO EL DE ULISES RUIZ DE OAXACA QUE NO PARA DE REPRIMIR AL PUEBLO.
A DOS AÑOS DE SU DETENCION DESAPARICION, EXIGIMOS LA PRESENTACION CON VIDA DE EDMUNDO REYES AMAYA, GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ (25 DE MAYO), ASI COMO, LA DE JOSE FRANCISCO PAREDES RUIZ (26 DE SEPTIEMBRE), LAURO JUAREZ (30 DE DICIEMBRE), DANIELA Y VIRGINIA ORTIZ RAMIREZ (5 DE JULIO 2007).
EXIGIMOS LA SOLUCION A LAS DEMANDAS DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES POPULARES Y LA LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICONAL DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS.
¡PRESENTACION CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DEL PAIS!
¡VIVOS SE LOS LEVARON! ¡VIVOS LOS QUEREMOS!
¡NI SILENCIO, NI OLVIDO, NI PERDON! ¡PRESENTACION!
FRATERNALMENTE
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FNLS
organizacion_floresmagon@yahoo.com.mx
fedomez_hidalgo@yahoo.com.mx
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