viernes, 3 de abril de 2009

UNIVERSIDAD › UNA PROFESORA REIVINDICO LA DICTADURA Y ROMPIO RETRATOS DE DESAPARECIDOS
Con un dinosaurio adentro del aula
La UNLPam debe definir si inicia un juicio académico contra una profesora de Derecho. Repudio de autoridades y alumnos
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Por Julián Bruschtein
La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) tiene que definir si inicia un juicio académico contra una profesora por romper fotos de una muestra de desaparecidos y reivindicar la actuación de los militares durante la dictadura. La profesora María Antonieta Guiñazú Mariani, que protagonizó el hecho en el rectorado de la casa, ya fue separada de las clases que tenía a su cargo en una escuela primaria provincial. En quince días se definirá su situación en la universidad, mientras que particulares la denunciaron ante la Justicia por “apología del delito”, al igual que las autoridades municipales por los daños realizados a los objetos de la muestra.
El rectorado de la universidad pampeana había organizado una Semana de la Memoria Popular para conmemorar el aniversario del último golpe de Estado y el Día de la Memoria. Junto al Concejo Deliberante local, la universidad montó una muestra con fotos e imágenes de los casi cincuenta pampeanos desaparecidos en el período 1976-1983. El lunes 23 de marzo, cuando un grupo de empleados de la intendencia avanzaba con la preparación del evento en el hall de entrada de la UNLPam, Guiñazú Mariani apareció al grito de “bien muertos están”, dirigiéndose a uno de los trabajadores, Víctor Avendaño, que tiene un primo que fue víctima del terrorismo de Estado. Avendaño la increpó y la profesora lo insultó: “Negro de mierda, hijo de asesinos”. También le dijo que iba a convocar a “una marcha en octubre a favor de los militares”. Y no quedó ahí. A la mañana del 24, la profesora concurrió a la facultad y al toparse con los retratos se abalanzó sobre ellos y, a pesar de que un empleado de la universidad intentó impedirlo, logró romper dos.
“El hecho es gravísimo. La universidad tiene un fuerte trabajo en defensa de los derechos humanos, tal es así que la única profesora honoraria de la casa es Estela de Carlotto”, afirmó Luis Díaz, secretario de Extensión y Cultura de la institución y organizador de la muestra. “Creemos que están dadas las condiciones para llevar adelante el juicio académico”, agregó Díaz. En el mismo sentido, también en diálogo con Página/12, se expresó el rector Sergio Maluendres: “Es inadmisible un episodio de estas características. Ya se conformó una comisión ad-hoc para que estudie y analice los hechos. Luego recomendará al Consejo Superior sobre la pertinencia del juicio académico”, dijo.
Los estudiantes también reaccionaron frente a la actitud de Guiñazú Mariani y presentaron el miércoles una nota ante el Consejo Superior, solicitando el juicio académico. “Después del escándalo que hizo y de las barbaridades que dijo cuando agredió verbalmente a un empleado municipal, pedimos el juicio para la profesora porque sus actos afectan a la dignidad y a la ética universitarios”, señaló Martín Ussei, consejero superior por la agrupación Sumate-MNR.
María Antonieta Guiñazú Mariani imparte clases en dos cátedras de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. “Lamentablemente, no tenemos una herramienta para suspenderla en el cargo. Es profesora regular y para ello hace falta el juicio académico, que no está reglamentado aún en la universidad y hacia allí apunta el trabajo de la comisión. En la otra cátedra es docente interina nombrada por el consejo directivo de su facultad y ya le dimos intervención al decano”, explicó Maluendres. La abogada también da clases de ciencias sociales en la Escuela 1 de Santa Rosa y la Dirección de Educación provincial la apartó de las aulas hasta tanto “se sustancie el sumario” correspondiente.
El caso de Guiñazú Mariani se suma a dos casos similares ocurridos durante las últimas semanas en la Universidad de Buenos Aires, difundidos en este diario. Estudiantes de la Facultad de Derecho denunciaron que el profesor Alfredo Solari –que da clases de Garantías Constitucionales y es defensor legal de represores como los marinos Ricardo Miguel Cavallo y Juan Carlos Rolón– realizó manifestaciones apologéticas de la dictadura durante una clase. Y en la Facultad de Ciencias Económicas, la profesora María Zinko también fue cuestionada por alumnos y graduados tras sostener en clase que “la memoria es para un lado” o que ella está “en contra de los derechos humanos”.
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PROCESAN A MILITARES QUE ACTUARON EN LAS MALVINAS
Los que estaquearon conscriptos

A 27 años del desembarco en Malvinas, la Justicia Federal procesó por primera vez a dos militares argentinos por torturar a un conscripto. Se trata del teniente coronel retirado Daniel Alejandro Delfor Polano, que paradójicamente cobra una pensión honorífica como ex combatiente y aún no fue citado por su actuación durante la dictadura en el mayor centro clandestino del país (Campo de Mayo) y del sargento retirado Hugo Luis Alvarez. La jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, los embargó por 300 mil pesos, pero les concedió la excarcelación.
El hecho ocurrió en el Liceo Militar de Comodoro Rivadavia. Según el relato de Juan Carlos Gómez, al llegar desde la Brigada III de Curuzú Cuatiá, Polano lo acusó de reírse durante una formación. “Vamos a tener que dar el ejemplo. ¡Estaquéenlo!”, ordenó. El sargento Alvarez lo ató de pies y manos con los vientos de una carpa. Tres horas después, un capellán alertó que el colimba se iba a congelar y logró que lo desataran. El soldado estuvo 34 días en la primera línea de batalla en la Bahía San Carlos. Polano aguantó una semana. Según ex conscriptos, argumentó que sufría de “pie de trinchera” y se refugió en Puerto Argentino.
Polano se negó a declarar ante la Justicia. Alvarez negó haber acatado la orden. Aseguró que no hubo estaqueamientos de soldados en Malvinas y reclamó que se tenga en cuenta que es un “héroe de guerra”. Una herida en combate derivó en su pase a retiro. Los procesamientos se concretaron el 1º de abril. Son los primeros, pero no serían los últimos. Mientras en Comodoro sólo se instruye un desprendimiento de la causa, el expediente principal, radicado en Río Grande, tiene más de cincuenta imputados.

SE CUMPLEN DOS AÑOS DEL ASESINATO DE CARLOS FUENTEALBA EN NEUQUEN. EL RECUERDO DE SU ESPOSA
“La gente se sintió identificada”

El 4 de abril de 2007, el profesor Carlos Fuentealba fue fusilado por Carlos Poblete, un policía de Neuquén que fue condenado. La compañera de Fuentealba, Sandra Rodríguez, encabeza la lucha para que la Justicia alcance a los responsables políticos.

Por Elio Brat
Desde Neuquén
Pasaron dos años del asesinato de su esposo y nunca pensó en irse de la provincia donde la tragedia tocó fuerte a la familia que juntos formaron hace casi 20 años. Si bien desde el primer momento de ese 4 de abril del 2007 no dejó de reclamar justicia, hasta el momento no pudo volver a las aulas como maestra de nivel primario. En medio de recuerdos y horas difíciles por un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Alberto Fuentealba, Sandra Rodríguez, su mujer, volvió a exigir lo que hace 24 meses no deja de reclamar: justicia. A su esposo lo mataron en medio de un conflicto entre el gobierno de Neuquén y su gremio.
–¿Cómo vive esta situación donde en su provincia se repite un conflicto que ya lleva cinco semanas?
–Me provoca mucho dolor y preocupación. Me trae muchos recuerdos previos al 4 de abril del 2007. Uno quisiera que estas situaciones de conflicto cambiaran y que, por supuesto, hubiera una voluntad de apertura desde el gobierno. Obligan siempre a los docentes a estar en una situación de confrontación y no de diálogo.
–¿Quedó conforme con la condena al ex cabo José Darío Poblete en julio del año pasado?
–Sabemos que la condena a cadena perpetua al autor material Darío Poblete significó el primer paso para lo que llamamos justicia completa. En el marco de eso continuamos con una campaña nacional e internacional para que los autores que fueron partícipes necesarios, como el (ex subsecretario de Seguridad) señor Pascuarelli, y los ex jefes policiales Soto, Salazar, Rinzafri, Matus, entre otros, sean imputados y condenados. Asimismo, el que dio la orden y planificó estaría adentro de lo que nosotros llamamos el autor mediato. Me refiero al ex gobernador Jorge Sobisch.
–A dos años del asesinato en Arroyito, ¿la gente se olvidó de Carlos?
–A mi entender, la gente que ha estado llevando siempre la bandera en contra de la impunidad, por el juicio y castigo a todos los responsables, realmente creo que no se olvidó. Lo que sí veo es que existe un sector político gubernamental que intenta obstaculizar la justicia, como lo han hecho el juez (de la causa Fuentealba 2 Cristian) Piana y el fiscal Velasco Copello. Y aclaro que esta gente estuvo y vio todas la pruebas que se mostraron en el juicio Fuentealba 1, donde se escucharon los testimonios reales de lo que sucedió. Creo que esa gente y esos funcionarios sí tienen la intencionalidad de que se olvide a Carlos.
–¿En la Argentina cambió algo después de ese asesinato?
–Sí, creo que cambió algo después del asesinato de Carlos en la Argentina. Pero siempre pensé que tuvo que ver con la gente que se sintió sumamente identificada, no solo con la vida de Carlos sino también con lo que tiene que ver con el derecho a manifestarse ante un reclamo salarial y en defensa de la educación pública. Creo que esa gente ha hecho un cambio porque sabe que el principio fundamental es la vida, que es indiscutible y que es algo que nos va a unir siempre en la lucha por justicia. Pero el sector más institucional es muy reticente y en eso considero que los derechos constitucionales hoy, en democracia, no están totalmente garantizados. Por lo tanto este homicidio tiene un carácter muy marcado: es un fusilamiento en democracia.
–¿En algún momento volverá a dar clases?
–Desde el punto de vista psicológico no me encuentro en situación de volver a dar clases. Tengo la vocación docente pero espero en algún momento volver a recuperarme... No sé si en algún momento podré volver a dar clases en el sistema educativo, pero de alguna forma trataré de ejercer lo que con tanto esfuerzo he hecho con respecto al arte, que es lo que todavía no he podido ejercer.
–¿Sigue creyendo en la Justicia?
(Piensa.) –Seguir creyendo en la justicia argentina... todavía está por verse. Tengo esperanzas de que no solamente se haya producido un cambio en relación con lo que es defender la vida, sino que realmente se abran las puertas para que la justicia acá en Neuquén y en el resto del país sea equitativa.
–¿En algún momento pensó en irse del país con sus hijas?
–No me fui del país porque realmente creo que ésta es una lucha no sólo mía ni de mis hijas, sino también de una sociedad entera que está reclamando justicia. En pos de eso veo la necesidad de quedarme, por lo menos hasta llegar a las instancias del juicio de la causa Fuentealba 2. Sí pensé en muchos momentos, durante estos dos años, en irme del país con mis hijas en el marco de que no siento muchas veces tener las garantías de una justicia que sea realmente justa y que tenga que ver con el derecho de la víctima.

Contra la impunidad

Dentro de su campaña Contra la Impunidad lanzada en 2007, la Ctera anunció diversas actividades al cumplirse mañana dos años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba. El gremio docente dará a conocer una carta pública donde reitera el reclamo de justicia con la firma de Sandra Rodríguez, viuda del maestro; Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, y Stella Maldonado, titular de Ctera. Mañana a las 17, en Neuquén, habrá una concentración frente al mo-numento al general San Martín y por la noche, un festival. Hoy se inaugurará una plaza en Santa Fe con el nombre del maestro asesinado y, en Capital, se harán actos en diferentes escuelas: la activi-dad central será a las 16.30, en Díaz Vélez 4265.








Al banquillo por un paro

Por Adriana Meyer
La agrupación Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia pidió el desprocesamiento de dos trabajadores de la empresa Fargo, que están siendo sometidos a juicio oral por gravísimos delitos presuntamente cometidos durante una protesta. La audiencia de alegatos prevista para hoy en el tribunal de Mercedes será presenciada por representantes de organismos de derechos humanos.
Julio Gudiño y Gabriel Morales están acusados de haber cometido privación ilegítima de la libertad y coacción sobre otros obreros para que adhirieran a una medida de fuerza. Ambos trabajadores fueron detenidos el 25 de mayo de 2007 en el marco de la huelga en la planta de Fargo en Moreno, en reclamo de una equiparación salarial con obreros de otras fábricas y en protesta por algunos despidos. La planta fue desalojada por fuerzas de seguridad, mientras que Gudiño y Morales fueron señalados por el personal directivo y de vigilancia porque habrían tenido una intención intimidatoria hacia sus compañeros.
“Repudiamos este juicio porque pretende inhibir la protesta social y aplicarle el Código Penal. Nuestro pasado reciente nos remite a que esta deslegitimación, en sus manifestaciones más extremas, es una estrategia próxima a los mecanismos represivos del terrorismo de Estado. La dignísima defensa de los derechos de estos compañeros constituye para nosotros, herman@s de desaparecidos, un fuerte compromiso que nos enlaza con los ideales por los que lucharon nuestros hermanos”, indicó la agrupación.






INVESTIGAN A LA COMISARIA DE LOMAS DEL MIRADOR
En busca de Luciano
El joven desapareció hace dos meses. Lo vieron en la seccional de su barrio. Volverán a registrar con canes especializados que ya detectaron su presencia. Reclaman una campaña pública en TV.


Mientras la fiscalía avanza en la reconstrucción de lo ocurrido en el destacamento de Lomas del Mirador, de donde habría desaparecido el joven Luciano Arruga, su familia recibe apoyo de diversos organismos oficiales y funcionarios que reaccionaron ante su ausencia, de la que ya pasaron dos meses. “Necesitamos que la foto de mi hermano salga en televisión, al menos unos segundos”, pide Vanesa Orieta para reforzar la búsqueda. De todos modos, los indicios siguen confluyendo en esa unidad policial del oeste del conurbano, creada al calor de los reiterados pedidos de “mano dura”, encabezados por la agrupación “Vecinos Alerta”.
La fiscal Celia Sejas, de la UFI 1, volverá a recorrer las dependencias del destacamento ubicado en Indart 106 con los perros adiestrados que en el primer procedimiento detectaron que Luciano Arruga estuvo en ese lugar. Junto a una ONG especializada en rastros, sus investigadores quieren verificar la reacción de los canes en un sitio específico. Por otra parte, siguen declarando testigos, pero por la naturaleza del caso y las posibles represalias contra ellos, la fuente consultada por Página/12 prefirió evitar los detalles. En el expediente que investiga Cejas, retomado tras un primer mes inactivo en la UFI 7, estaría probado que a Luciano Arruga lo levantó personal del destacamento desde la calle, a pocos metros de su casa, en el barrio 12 de Octubre, la madrugada del 31 de enero.
Si aún está con vida, Arruga –quien trabajaba en una fundición y en ocasiones cartoneaba– habría cumplido 17 años. Luego de los primeros días de incertidumbre, la familia recibió el dato de un amigo del barrio que habría estado detenido junto con el joven desaparecido, y que asegura haberlo visto en el piso luego de la feroz golpiza que recibieron ambos por parte de los policías.
Su hermana Vanesa junto al abogado Alejandro Bois, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se reunieron con Roberto Cipriano García, coordinador del Comité contra la Tortura, y dieron una versión detallada de lo sucedido con Luciano. “Es una historia terrible, vamos a acompañar el reclamo a las autoridades provinciales, al gobernador y a la Presidenta, y con los organismos de derechos humanos de La Matanza y los familiares pedimos que se acelere la investigación y se pueda esclarecer el caso”, explicó García en diálogo con Página/12. Por otra parte, dijo que el Comité pedirá informes sobre la causa, sobre todo para saber qué ocurrió con la primera fiscalía que habría actuado de manera ineficiente. A nivel institucional, García agregó que la semana próxima habría un pronunciamiento de la Comisión Provincial por la Memoria, de la que el Comité es parte.
También fueron recibidos por la diputada nacional Victoria Donda, quien les anticipó que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara baja, de la que es secretaria, presentará un proyecto expresando preocupación por la desaparición de Luciano Arruga, y un pedido de informes. “El caso tiene que tomar estado público, y el Poder Legislativo tiene que acompañar al Judicial para que Luciano aparezca”, dijo Donda a este diario. A criterio de la diputada, hay similitudes entre lo sucedido con Arruga y con Ezequiel Demonty. “El barrio fue intervenido por Gendarmería porque una parte lo pidió por la inseguridad, y esa comisaría tiene que ver con el gatillo fácil”, apuntó. “En una democracia de verdad no pasan estas cosas, es un de-saparecido más de un Estado constitucional, y democracia no es ir a votar cada cuatro años, de modo que si pasa esto es que no hay justicia. Cuando hay un caso conmovedor que afecta a la clase media, los medios y los políticos hablan de mano dura; pero nadie dice nada de la complicidad de la policía con el poder político. No creo que los intendentes no sepan dónde venden droga en su distrito, en qué cabaret hay trata de personas, o que algunos policías obligan a los chicos de estos barrios a robar para ellos”, dijo la diputada. Donda también cargó contra algunos medios audiovisuales que “cuando los familiares de Luciano marcharon, el mismo día de la manifestación por el florista de Susana y el entrenador de Coppola, apagaron la transmisión, como si la vida de un pibe de barrio valiera menos”.
Es que Luciano llegó a contarle a su hermana que cuando lo detuvieron por primera vez, en septiembre, los policías del destacamento de Lomas del Mirador lo habían “invitado” a trabajar para ellos, antes de que se negara y de que lo “molieran a palos”. Según afirma Pablo Pimentel, miembro de la APDH, “no es un hecho aislado, en varios barrios humildes los policías reclutan pibes chorros y les liberan zonas”.

ENTREVISTA A SUSANA TRIMARCO, A SIETE AÑOS DE QUE SU HIJA MARITA VERON FUERA SECUESTRADA POR UNA RED DE TRATA
“Muevo cielo y tierra, y no voy a parar hasta que vuelva”

Trimarco encabeza la Fundación María de los Angeles. Ya logró liberar a más de 500 chicas secuestradas para ser prostituidas. Sigue el rastro de su hija Marita, y los indicios ahora la llevan hacia Europa. Sus reclamos al Estado en busca de apoyos.

Por Mariana Carbajal
Hasta hace siete años pasaba la mayor parte del día en el municipio de Yerba Buena, al oeste de la capital tucumana. Era empleada de la Secretaría de Desarrollo Social comunal y se ocupaba de conseguir remedios, tramitar pensiones y entregar sillas de ruedas a los vecinos más pobres del lugar. Pero la vida de Susana Trimarco cambió abruptamente, de un día para el otro, con la desaparición de su hija, Marita Verón, el 3 de abril de 2002, cuando la joven tenía 23 años. Desde entonces dedica su vida a encontrarla. “Estoy moviendo cielo y tierra y no voy a parar hasta que vuelva con su familia”, dice, con la voz cargada de tristeza por un nuevo aniversario –el séptimo– del secuestro de la joven a manos, se presume, de una banda de tratantes y proxenetas que operaba en Tucumán. Por las pruebas que fue reuniendo, cree que Marita puede estar en Europa. En su búsqueda, Trimarco contribuyó en gran medida a dar visibilidad al problema de la trata de mujeres para explotación sexual en la Argentina y, según reveló a este diario, tiene identificados a 426 proxenetas, con su número de teléfono, la chapa de patente de sus autos, los domicilios de sus burdeles y las provincias en las que se mueven. “Estamos armando una base de datos para entregar pronto a la Justicia”, anunció en una entrevista con Página/12. Como todo día 3 de cada mes, desde hace dos años, organizaciones de mujeres se concentrarán hoy a partir de las 18.30 frente al Congreso para reclamar la aparición “con vida” de Marita y de todas las demás mujeres captadas por redes de tratantes. En la Fundación María de los Angeles, que dirige Trimarco, tienen las fotos de más de trescientas chicas que podrían estar privadas de su libertad en burdeles.
Trimarco atiende la llamada de este diario en la fundación, abierta un año y medio atrás con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, que colabora con la financiación. También, aclara, recibe fondos del Ministerio de Justicia de la Nación. En la sede de la ONG pasa ahora la mayor parte del día, si no está de viaje para participar de algún foro internacional sobre trata de personas. Se ha convertido en una referente del tema, especialmente después de que el gobierno norteamericano le diera en Washington el Premio a Mujeres de Coraje en marzo de 2007. Dice que está angustiada, triste, por la fecha, “porque pasa el tiempo y no puedo encontrar a mi hija”. El jueves de la semana pasada, en la reunión de la OEA que tuvo lugar en Buenos Aires, convocada para diseñar una estrategia regional contra la trata, y en la que participaron representantes gubernamentales de todo el continente, Trimarco recibió otra distinción por su trabajo. Se la entregó Cristina Fernández de Kirchner. “Faltaba el compromiso de la Presidenta en esta lucha. Pero yo exijo más, tiene que haber un fondo común destinado a la recuperación de las víctimas. El Estado tiene la obligación de reparar el daño causado a las víctimas”, reclamó.
–¿Cómo cambió su vida en estos años? –le preguntó este diario.
–A partir de que arrancaron a mi hija de mi vida, me arrancaron mi propia vida y la de mi nieta, la hija de Marita, Micaelita, que ya tiene 10 años. Ella ha crecido viendo cómo yo lucho por su madre. Sabe toda la verdad. Yo iba con ella en brazos a los tribunales de Tucumán, cinco años he ido, para que no hicieran desaparecer el expediente judicial por la desaparición de mi hija, exigiendo que la busquen, que investiguen. Porque la Justicia se resistía a creer en el delito de la trata. Me decían que todas las chicas contaban lo mismo, que mentían, que seguro se había ido con un novio y yo les decía que no podía ser, si su marido se había quedado en la casa con su hija. Ahora vivo para buscar a mi hija, para investigar su desaparición. No participo ni celebro Navidad ni el Día de la Madre. Estoy todo el día en la Fundación. Y los sábados y domingos que madres y padres que están buscando a sus hijas me necesitan, los recibo en mi casa.
–¿A cuántas mujeres rescató de redes de prostitución?
–Yo sola, a 159 chicas. Ahora, con la Fundación, ya son 367 las víctimas recuperadas en un año. Los tratantes las hacen fugar del hogar o las secuestran. Algunas se escapan y vienen a pedir ayuda. A otras las rescatamos de prostíbulos. La Fundación les está dando asistencia integral a las víctimas, psicológica y social. Les hacemos hasta los documentos, porque salen indocumentadas de los burdeles.
–¿Dónde piensa que puede estar Marita?
–Siempre estoy recibiendo información de que la han visto en algún lugar. Hay víctimas que también han escuchado a los tratantes decir que saben dónde está.
–¿Cuándo recibió la última pista?
–Tengo información del 19 de marzo, pero no puedo dar detalles. Esa información ya está en la Justicia y se está investigando. Una de las pistas que manejamos es que está fuera del país, en Europa. En la reunión de la OEA, los ministros de Justicia de 24 países del continente se comprometieron a ayudarme a encontrar a mi hija. El 3 de diciembre estuve en Bruselas en el Parlamento Europeo, con diputados de distintos países, y también les pedí ayuda. Sabemos que hay chicas argentinas traficadas a Europa. Y también europeas traídas a la Argentina. Estoy moviendo cielo y tierra en la búsqueda de mi hija, y no voy a parar hasta que vuelva con su familia. Usted sabe que la causa de Marita tiene 79 cuerpos y es un verdadero mapa de trata de personas de la Argentina. Hemos divisado a 426 proxenetas que trafican mujeres. Tenemos sus números de teléfono, la chapa de las patentes de sus autos, los domicilios de sus burdeles, sabemos en las distintas provincias que se mueven. Con toda esa información estamos armando una base de datos para poder entregar a la Justicia. Tenemos divisado quiénes se mueven en Tucumán, con quiénes se mueven, adónde van. Ya tengo los contactos en Santa Cruz, Santa Fe, Misiones, Salta, Corrientes, Jujuy, Chaco, en Córdoba, que es terrible, Catamarca. Hace poquito hemos recuperado a una chica de 17 años de Tucumán, su destino era España. La tenían en Catamarca, en el límite con La Rioja, y se pudo escapar. Tener identificadas las redes es muy importante para que la Justicia y la policía se muevan con mayor rapidez.
–¿Hubo avances en la lucha contra la trata en estos siete años?
–Un logro es la ley (sancionada en abril de 2008, que tipificó como delito federal a la trata). También que se hable del tema, y el programa Vidas robadas. Hemos participado trabajando con el guionista, ahora presentamos en Telefé un proyecto de un spot televisivo de la prevención del delito. Estoy hablando con el Ministerio de Justicia para que colabore con fondos para que se haga. Hemos pedido que participen actores de Vidas robadas, porque han quedado identificados en el país con esa novela. Eso va a abrir más los ojos a las familias para que no sean captadas más chicas.
–¿Qué falta todavía?
–El Gobierno debe destinar fondos para la asistencia a las víctimas: las chicas salen con sida, con enfermedades venéreas, con traumas psicológicos tremendos. Algunas no reconocen a sus familiares porque quedan perdidas por las drogas que han consumido. Tenemos dos chicas, de 20 y 21 años, con tratamiento psiquiátrico. Yo pido mayor compromiso del Gobierno. Para poder conseguir fondos tengo que andar gritando, es muy desgastante. Me aflijo mucho cuando nos estamos quedando sin dinero y no podemos pagar más el tratamiento de las víctimas. Hay chicas que se han querido quitar la vida.
–¿Se recuperan después de haber vivido en ese infierno?
–Sí. Hay chicas que están terminando el secundario, que se han casado, yo he sido testigo del casamiento de algunas. Una está por tener un bebé y me ha pedido que sea la madrina. Yo las ayudo y las acompaño como madre. Hago como si fueran mis hijas, mis nuevas hijas. Es terrible para mí pensar que a mi hija le están haciendo lo mismo que les han hecho a ellas.
LA CAUSA DE MARITA VERON EN LA CORTE SUPREMA
El estado de la causa judicial de Marita Verón

Por Mariana Carbajal
Marita Verón desapareció en la mañana del 3 de abril de 2002. Le había dicho a su madre que iba a atenderse al hospital. Nunca más la encontraron. Tenía 23 años, una hija de 3 y era estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas. La causa judicial principal, que investiga su desaparición tiene 40 cuerpos y otro tanto suman los incidentes de apelación y las actuaciones complementarias.
El expediente se encuentra desde agosto de 2008 en la Corte Suprema de la Nación. Llegó a la máxima instancia judicial del país luego de que la querella, que representa a Susana Trimarco, planteara su desacuerdo con la decisión de la Fiscalía de Instrucción de la Sexta Nominación, que interviene en la causa, de sobreseer a doce imputados y pedir la elevación a juicio oral de otros trece por el delito de privación de libertad y no por el de asociación ilícita. Este último delito prevé penas más graves. “Se está discutiendo en la Corte si la querella puede hacer ese pedido, si el Código Procesal de Tucumán le da esa facultad”, explicó a Página/12 la abogada Elizabeth Neli, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán, en comisión en la Fundación María de los Angeles, que encabeza Trimarco. “La investigación judicial tiene muchos puntos oscuros, es muy compleja, por eso pedimos que no haya sobreseimientos, que en todo caso se dicte la falta de mérito. Y que el delito que se impute sea el de asociación ilícita porque en las redes de trata hay personas que se dedican a la captación o al secuestro, y otras a retener, a trasladar y a explotar sexualmente a las víctimas”, señaló Neli.
Entre las personas procesadas con pedido de elevación a juicio oral hay dos mujeres. Una de ellas es Daniela Natalia Milheim, ex esposa de Rubén Ale, hoy presidente del Club San Martín de Tucumán, propietario de la empresa de remises Cinco Estrellas, que en el momento de la desaparición de Marita tenía un convenio con el gobierno tucumano para funcionar como “veedores de la seguridad” en la capital provincial. “Eran una especie de fuerza parapolicial”, recuerda Neli. Milheim estuvo detenida con prisión preventiva dos años. “Está probado en la causa que se dedicaba a captar chicas para prostitución ofreciéndoles primero un trabajo de niñera en su casa. En la causa hay un testimonio de una chica que se escapó y dijo que había visto a Marita en la casa de Milheim en mayo de 2002, y en diciembre de ese año en otra propiedad de la misma mujer. Cuando se allanó su casa se encontró un DNI de otra chica que después fue ubicada y contó cómo la había querido captar Milheim para que se prostituyera. De la causa surgen rutas de trata entre Tucumán y La Rioja, entre Tucumán y Río Gallegos, entre La Rioja y Santa Fe, entre La Rioja y Córdoba, y entre La Rioja y España”, describió la abogada. Neli y el abogado Carlos Garmendia son los abogados de la querella.
La otra mujer procesada y con pedido de elevación a juicio es María Jesús Rivero, actual esposa de Ale. También hay entre los imputados un policía de La Rioja, Domingo Pascual.

El “fui cafiolo” de Pocho La Pantera
Por Mariana Carbajal
El bailantero Pocho La Pantera se jactó ante las cámaras de televisión de que en la década del ’80 fue “fiolo” y “regenteaba” un grupo de mujeres que le hacían ganar mucho dinero, a las que “había que darles una paliza de vez en cuando para que laburen”. También reconoció que hasta apelaba al secuestro cuando no querían trabajar para él y que entre “dones” (pares) se compraban y vendían mujeres. La confesión la hizo sin sonrojarse ni pedir disculpas en un reportaje que le hizo el periodista Rolando Graña, en su programa GPS, que se emitió por América TV una semana atrás. El diálogo fue entre risas y bromas. La escena generó la reacción de ciudadanas y ciudadanos que trabajan contra la trata de personas en distintas organizaciones del país y a nivel latinoamericano, que empezaron a juntar firmas para solicitar al Ministerio Público y a las autoridades del Comfer y el Inadi que tomen cartas en el asunto e inicien acciones legales. “Surge de la evidencia registrada que, por parte del citado Pocho La Pantera, ha confesado el delito de proxenetismo, agresión, reducción a servidumbre, con el agravante de utilizar un medio masivo de comunicación para realizar la apología de esos delitos”, dice la carta que está circulando por Internet recolectando adhesiones. Piden que también sea investigada la actitud de Graña, que –señalan– “bajo pretexto de la libertad de expresión, se convierte en copartícipe necesario del delito de apología de conductas delictivas”. Entre quienes firman el pedido figura la diputada porteña de la Coalición Cívica Diana Maffía y Teresa Ulloa Ziaurriz, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATW-LAC), en una larga lista de integrantes de ONG y profesionales.





LA JUSTICIA FEDERAL DE ROSARIO INDAGO AYER AL BARBA CABRERA.
Un represor en el banquillo

Está imputado en al manos dos causas: Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. El represor estaba prófugo y fue detenido en Cosquín el viernes pasado. Ayer lo interrogó el juez Bailaque y la fiscal Colalonga.


El Barba Cabrera registrado por Rosario/12 en la foto que sirvió para identificarlo y apresarlo.

Por José Maggi
Juan Andrés Cabrera declaró ayer ante la justicia federal. El Barba, detenido el último viernes en Cosquín, fue trasladado el miércoles hasta la delegación local de la Policía Federal y ayer debió enfrentar a la fiscal el tribunal orla Nº 1 Mabel Colalonga y al juez Marcelo Bailaque, quien lo indagó sobre al menos dos de las causas en donde está señalado: Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.
Ana Oberlin abogada querellante calificó de "trascendente ya que por lo que sabemos Cabrera jugó un rol importante en los distintos centros clandestinos de detención en los que creemos que actuó, como Quinta de Funes y Fabrica Militar de Armas, asi como en el resto de esta zona. Pero lamentablemente en Rosario está en la mayor cantidad de prófugos de todo el país. Y en este sentido nuestra hipótesis es que no están siendo bien buscados. Por eso el hecho de que haya sido encontrado y puesto a disposición de la justicia es alentador. Más aún teniendo en cuenta las características de esta persona sobre quien prácticamente no se tenían mayores datos. Estos datos además hay que remarcar fueron averiguados por algunos periodistas y querellantes, y no proviene de una investigación judicial. Esto es lo más significativo porque refuerza nuestra idea de que los represores no los están buscando como corresponde. Y no hablamos solo de los prófugos, que son muchos, sino de la cantidad de quienes se esconde en los relatos de los sobrevivientes con sus alias, y que no tienen ni rostros ni nombres conocidos. Por eso le pedimos al propio Estado a través de los tres poderes, tenga otra actitud frente a esta gran cantidad de represores impunes que todavía andan sueltos caminando en las calles de nuestro país".
Cabe recordar que Cabrera es un ex miembro de la inteligencia del Ejército, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Santa Fe, y sindicado además como uno de los integrantes de la "Operación México" con la que se intentó secuestrar en ese país a Mario Firmenich, dirigente de Montoneros.
Cabrera se había casado el mediodía del viernes 27 de marzo en el Registro Civil de Cosquín, desde donde efectivos de la División de Operaciones Especiales de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) le hicieron "un seguimiento" hasta la casa de un funcionario municipal, su padrino de bodas, de apellido Presas, donde irrumpieron y lo arrestaron sin que ofreciera resistencia.
"El Barba" vivía con su pareja y una hija y hasta hace poco se desempeñó en Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Cosquín, que patrulla la ciudad, pero no fue la única vez que se desempeñó en la función pública: entre 1991 y 2000 trabajó en la Defensoría del Pueblo de Rosario, hasta que accedió a un retiro voluntario.
La identificación de Cabrera fue posible a partir de la testimonial de otro represor, Eduardo "Tucu" Constanzo, quien asoció por primera vez -en una fotografía publicada en Rosario/12- el nombre de Juan Andrés Cabrera con el rostro de la imagen y el alias con el que se encubría.
Eso ocurrió el 18 de febrero de 2008: "Cabrera alias el Barba, es el único que interrogaba y torturaba porque estaba especializado, lo mandaron a hacer un curso. El resto ni yo ni nadie hemos tocado a nadie porque no estábamos autorizados. Los que lo hacían eran él y Fariña", reveló el represor rosarino bajo arresto domiciliario.
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Jueves, 2 de Abril de 2009
La Rioja
Ordenaron una pericia sobre los restos del obispo Angelelli
Peritos de la Corte Suprema de Justicia harán pericias sobre los restos del obispo de La Rioja Enrique Angelelli, que fueron pedidas por la Fiscalía que investiga su muerte, ocurrida durante la pasada dictadura. Así lo informó el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena.
En declaraciones a Radio Provincia, Herrera Piedrabuena, indicó que todavía no hay una fecha para la realización de la pericia, pero confirmó que se llevará a cabo.
Herrera Piedrabuena dijo también que se está avanzando en otras causas relativas a la represión durante la última dictadura, como la que se abrió por secuestro, torturas y asesinato de los sacerdotes de Chamical Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville.
Estos crímenes ocurrieron tiempo antes de la muerte de Angelelli, ocurrida en una ruta de La Rioja, durante un "accidente provocado", según constató la justicia.
En la causa por los homicidios de los dos sacerdotes se dictó una resolución de procesamiento, y si la defensa de los imputados no se presentan en Casación, el juicio oral y público se espera para el segundo semestre de este año.
Uno de los testigos de la causa denunció esta semana a radio FM América que fue amenazado por un ex policía riojano, quien le dijo, "no hablés porque te va a ir mal". El juez Herrera Piedrabuena admitió que "se está amenazando a testigos que residían en Chamical en 1976", cuando los sacerdotes fueron secuestrados y asesinados.
El proceso tiene dos detenidos: el ex comodoro Luis Fernando Estrella, responsable de la base aérea de Chamical, y el ex jerarca policial Domingo Benito Vera.
El juez Herrera también dijo que en otra de las causas, por el asesinato del laico Wenceslao Pedernera, está firme el procesamiento dictado al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. El caso está próximo a ser elevada a juicio oral.
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EL PAIS
Fogelman en la cárcel
El ex comisario Víctor Oscar Fogelman, famoso por conducir la investigación del homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas, está preso desde hace una semana en la cárcel de Villa Floresta, en Bahía Blanca. Rodolfo Jara, con quien en 1976 compartía la tribuna del club Sporting de Punta Alta, lo identificó como la persona que cuatro días después del golpe de Estado le ordenó subir al Falcon de la comisaría de Coronel Rosales y, tras colocarle una capucha, lo entregó en el Puesto 1 de la base naval de Puerto Belgrano. Fogelman admitió ante el juez ad hoc Eduardo Tentoni que prestaba servicios en Punta Alta, pero negó que la Armada le hubiera solicitado colaboración para realizar “operativos antisubversivos”.
Fuente: Pagina 12, jueves 2 de abril
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EL PAISCAUSAS POR TERRORISMO DE ESTADO
Más jueces disponibles

Tal como anticipó Página/12, un plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió reasignar los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que hacían cola en el Tribunal Oral Federal 5, al resto de los tribunales federales porteños. El tribunal designó a jueces para integrar tribunales orales en reemplazo de magistrados subrogantes, con el objetivo explícito de acelerar los juicios de lesa humanidad.
Ante las críticas generalizadas de los organismos de derechos humanos por la demora de los procesos y por recomendación de la Unidad Fiscal de Coordinación de causas relacionadas con el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, los jueces de Casación se reunieron en acuerdo extraordinario convocado de “urgencia” y ordenaron redistribuir las causas acumuladas en el TOF-5, que recién en octubre comenzará a juzgar a los represores de la ESMA.
De esta manera, la causa por secuestros y torturas en el circuito Atlético-Banco-Olimpo quedó a cargo del TOF-2. Al TOF-3, actualmente al frente del juicio por los sobornos en IBM-Banco Nación, se envió la causa Hospital Posadas. El TOF-4, que juzga la tragedia del avión de Lapa en el aeroparque porteño, se encargará de los crímenes cometidos en el centro clandestino Vesubio, causa elevada parcialmente en julio pasado. Por último, el TOF-6 entenderá en la causa por violaciones a los derechos humanos en La Pampa. Casación también designó en reemplazo de jueces subrogantes a Ana María D’Alessio y Alberto Pravia (ambos en el TOF-2) y a Jorge Gorini en el TOF-5, y dispuso dejar sin efecto la suspensión de turnos en el TOF-5, que en los últimos años se dedicó full time a causas de lesa humanidad.Fuente: Pagina 12, jueves 2 de abril-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS




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