miércoles, 1 de abril de 2009

PIDIERON ELEVAR A JUICIO LA CAUSA POR CRIMENES DE LA DICTADURA
La hora del debut en Bahía

La fiscalía le solicitó al juez Alvarez Canale que convoque al primer proceso oral y público en la ciudad del sur bonaerense. Los acusados son cuatro ex miembros del Estado Mayor del V Cuerpo y tres ex integrantes de grupos de operaciones.


Por Diego Martínez
El primer juicio oral y público a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura comienza a tomar forma. A treinta años de los hechos y tres de la reapertura de la causa, los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron al juez Alcindo Alvarez Canale la elevación a juicio de un primer tramo de la investigación. Abarca a cuatro ex miembros del Estado Mayor del V Cuerpo, desde donde se organizó la represión clandestina en toda la Patagonia, y a tres ex integrantes de los grupos operativos.
Los militares retirados que serían juzgados en 2010 son el general de brigada Juan Manuel Bayón, los coroneles Hugo Jorge Delmé y Jorge Enrique Mansuetto Swendsen y los tenientes coroneles Osvaldo Bernardino Páez, Jorge Aníbal Masson, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Los primeros cuatro integraban el Estado Mayor, donde se decidía el destino de cada secuestrado, que encabezaban los generales Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi (ambos fallecidos) y Adel Vilas, recluido en su departamento de Bulnes 2087 y declarado insano por los mismos peritos que evaluaron a Emilio Massera.
El exhaustivo documento de 466 páginas destaca que “la dictadura instauró una máquina de muerte que no reconoce antecedentes en la historia de América Latina” y que la desaparición fue el “dispositivo de poder para vigilar y castigar a la totalidad del cuerpo social, para extirpar y edificar un nuevo orden en el que se vieran satisfechos los intereses, demandas y expectativas de la alianza cívico militar que promovió el golpe”. La elevación no incluye los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los obreros del diario La Nueva Provincia que organizaron a los trabajadores, porque tanto Cañón como la abogada Mirta Mántaras, de APDH bahiense, reclamaron la inhibición de Alvarez Canale y el avocamiento de Eduardo Tentoni, que investiga los crímenes de la Armada.
Los destinos y méritos de los imputados son los siguientes:
- Bayón, 82 años, fue jefe del Departamento Operaciones, del que dependía el “equipo de combate contra la subversión”. Teórico de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en 1977 fue director de la Escuela Superior de Guerra.
- El “mayor Delmé”, 72, como lo recuerdan las familias de las víctimas, era el encargado de negar información a quienes reclamaban por desaparecidos, en cautiverio a 200 metros de su oficina.
- Páez, 77, fue jefe de la división Educación, Instrucción y Acción Cívica, presidió un “Consejo de Guerra” que parodió un juicio a tres secuestrados y en 1977 fue trasladado a Campo de Mayo.
- Mansueto Swendsen, 77, fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, escala previa y posterior a La Escuelita, y del área militar 511, dentro de la cual se cometieron todos los delitos de lesa humanidad de la zona.
- Masson, 56, entonces subteniente, comandó la sección “Infantería” de la “Agrupación Tropa”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas hasta el centro clandestino.
- Méndez, 56, apodado “el Loco de la Guerra”, integraba la Compañía de Comando y Servicios pero se sumaba a los operativos clandestinos y a los trabajos en La Escuelita, según se ufanaba ante los oficiales de reserva.
- García Moreno, 65, comisionado en Operaciones, será juzgado por dos homicidios calificados y por el blanqueo de tres secuestrados de La Escuelita mediante un Consejo de Guerra.
Bayón, Delmé, Masson y Méndez esperarán el juicio en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo. García Moreno, que allí era discriminado por peronista, en el penal de Marcos Paz. Gozan de arresto domiciliario Páez (en República Siria 945, San Rafael, Mendoza) por problemas de salud, y Mansueto Swendsen (Soler 111, piso 10, Bahía Blanca) por pertenecer a la alta sociedad bahiense. En la causa permanecen prófugos el coronel Aldo Mario Alvarez, ex gerente de la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL, y los capitanes Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto Taffarel.


REASIGNAN LOS JUICIOS DEL PRIMER CUERPO EN TRIBUNALES PORTEñOS
A repartir las causas de la represión

Por Diego Martínez
Los organismos de derechos humanos lo reclamaban desde hace años. La Procuración General de la Nación lo volcó en una propuesta concreta a principios de marzo. La respuesta se demoró pero llegó: un plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal decidió reasignar los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que hacían cola en el Tribunal Oral Federal 5, al resto de los tribunales federales porteños. La medida que permitirá juzgar en plazos razonables a los responsables de secuestros, torturas y homicidios en los centros clandestinos Atlético, Banco, Olimpo y Vesubio, entre otros, se anunciará hoy, durante la oficialización de la comisión interpoderes creada para agilizar las causas por crímenes durante la dictadura.
A medida que la Justicia federal fue elevando distintos fragmentos de causas por delitos en el Primer Cuerpo, la similitud entre las víctimas y, por otro lado, los imputados, que técnicamente se denomina conexidad, derivó en la acumulación de juicios en el TOF-5. Se trata del tribunal que en estos días juzga al general Olivera Róvere y a cinco ex jefes de área militar y que el 6 de octubre comenzará a juzgar a 18 represores de la ESMA.
El 3 de marzo la Unidad Fiscal de coordinación de procesos por terrorismo de Estado de la PGN y el fiscal general Alejandro Alagia, designado para actuar en juicios del Primer Cuerpo, formularon a Casación el pedido de reasignación de causas con el objetivo de “lograr su distribución racional”, mecanismo previsto por la ley 26.371 y que se aplicó en otras oportunidades. La respuesta llegó ayer, según confirmó a Página/12 una alta fuente judicial, y servirá de auspiciosa presentación en sociedad de la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, integrada por representantes de los tres poderes y de la PGN, que se concretará hoy en el salón presidencial de la Corte Suprema de Justicia. La reasignación se haría según el volumen de trabajo de cada tribunal y sólo excluiría del sorteo al TOF-1, que debe juzgar a los responsables del Plan Cóndor y del centro clandestino Automotores Orletti.


Los juicios, acelerados
A la misma hora que en la Corte Suprema de Justicia se oficializará la formación de una Comisión Interpoderes para acelerar los juicios a represores, en el primer piso de Comodoro Py los jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal escucharán argumentos a favor y en contra del alojamiento en unidades castrenses de militares imputados en delitos de lesa humanidad. Pese a que la Ley de Defensa Nacional prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de seguridad interior y el Ministerio de Defensa informó a los jueces que los cuarteles no deben ser cárceles ni los soldados guardiacárceles, aún hay 18 imputados por crímenes de lesa humanidad en unidades militares por orden judicial. La audiencia tratará el caso del coronel José Luis Marchisio y de los civiles Carlos Faraldo y Rubén Ledesma, ex miembros del Destacamento de Inteligencia 123, alojados aún en el Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres. Víctor Aldave, hasta ayer en la misma situación, fue excarcelado por problemas de salud. Pese a que la Cámara Federal de Corrientes declaró la nulidad de los procesamientos a los responsables del centro clandestino La Polaca, los represores siguen detenidos, imputados en otros expedientes. Los abogados Rodolfo Yanzón y María Dolores Aragón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos e H.I.J.O.S., respectivamente, presentaron ayer un escrito ante Casación en el que destacan que el alojamiento de imputados viola las funciones específicas que competen a las Fuerzas Armadas e implica incumplir la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas e implantar fueros especiales que la Constitución prohíbe.
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Comunicado de Prensa

Vigilia de Cine por la Memoria, Para la aceleración de los Juicios de Lesa Humanidad

El miércoles 1 de abril, se realizara a partir de las 18 hs en plaza independencia la proyección de películas y cortos, auspiciado por el INCAA
Convocan y adhieren:
Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, FADETUC, HIJOS Tucumán, Madres de Plaza de Mayo Filial Tucumán, Partido Comunista, Federación Juvenil Comunista, Peronismo Autentico, APYME
Por Verdad y Castigo Efectivo a los Culpables del Genocidio
H.I.J.O.S. Tucuman
"CÁRCEL, COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA, NI UN SOLO GENOCIDA POR LAS CALLES ARGENTINAS
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