domingo, 26 de abril de 2009




LA INVESTIGACION SOBRE LA MUERTE DE ENRIQUE ANGELELLI
Para desenterrar la verdad
El cadáver del obispo católico fue exhumado esta semana. Buscan determinar si Angelelli recibió golpes en el cráneo o un impacto de bala, como sostienen algunos testigos. También se hará un estudio accidentológico.

El ex obispo de La Rioja Enrique Angelelli murió el 4 de agosto de 1976.
Por Washington Uranga
Más de treinta y dos años después del 4 de agosto de 1976, en que el cuerpo del obispo de La Rioja Enrique Angelelli apareciera en una ruta que une Chamical con la ciudad de La Rioja, la Justicia sigue en búsqueda de la verdad. Esta semana el cadáver del obispo católico fue exhumado de la cripta donde se encuentra depositado en la iglesia catedral de La Rioja, para realizar una nueva autopsia ordenada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. En quince días estarán los resultados. La versión de muerte “accidental” ofrecida por la dictadura militar tuvo siempre poco sustento, aunque entonces pocos se atrevieron a cuestionarla en público. Ni siquiera la Iglesia institucional, en aquel tiempo conducida por prelados afines al régimen dictatorial, levantó su voz para denunciar lo que para muchos fue claramente el asesinato del “obispo de los pobres”, a quien los militares habían sentenciado a muerte.
El 18 de julio de 1976 fueron secuestrados y asesinados los sacerdotes de Chamical Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, colaboradores de Angelelli. El 4 de agosto el obispo celebró una misa en Chamical, donde denunció el asesinato. La muerte y el presunto accidente se produjo esa misma noche, cuando Angelelli regresaba a la capital conduciendo su propia camioneta. El entonces sacerdote Arturo Pinto, quien lo acompañaba, recuerda que durante el trayecto fueron seguidos por un auto que luego se les cruzó en el camino, generando un vuelco. Una carpeta con toda la documentación que Angelelli había recogido sobre la muerte de los curas y del laico Wenceslao Pedernera apareció días después en el despacho del general Albano Harguindeguy, ministro del Interior, según el testimonio brindado por Peregrino Fernández ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Personas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta documentación nunca fue incorporada al expediente judicial.
Lo que ahora investigan los peritos forenses de la Corte Suprema, Luis Bossio, Fernando Trezza y Víctor Cohen, es si existen indicios que permitan establecer si Angelelli recibió golpes en el cráneo, como aseguran algunos testigos, e incluso un impacto de bala, como sostienen otros. Además se hará un estudio accidentológico para determinar si el presunto accidente de tránsito pudo haber ocurrido de la manera en que se lo expone en el expediente judicial que se cerró tras la muerte.
Roberto Rodríguez, actual obispo de La Rioja, dijo que “la Iglesia acompaña” la investigación porque “busca llegar a una verdad”. En el mismo sentido se había pronunciado Carmelo Giaquinta, arzobispo emérito de Resistencia y titular de una comisión eclesiástica creada en 2006 para investigar la muerte de Angelelli. Dos años y medio después de haber iniciado las investigaciones, “que no pretenden ser paralelas al proceso judicial”, según expresó Giaquinta, el arzobispo manifestó que no es posible establecer por esta vía una conclusión definitiva sobre la forma en que Angelelli encontró la muerte. Pero sí señaló que “cuando hice mi primer viaje a La Rioja, en septiembre de 2006, escuché voces sobre ‘un tiro en el occipital derecho’, ‘la nuca destrozada a golpes’, ‘las manos quemadas’, ‘los tobillos despellejados’”, por lo cual recomendó la exhumación.
Angelelli fue rápidamente reconocido como “mártir” por el pueblo cristiano más sencillo, mucho antes que de la Iglesia oficial reivindicara su figura. A nivel popular el obispo es objeto de actos de culto, se lo venera y se elevan oraciones solicitando su intervención. Existen imágenes y altares en su memoria. Muchas capillas y oratorios llevan su nombre, y hasta una radio, la del obispado de Neuquén, se llama “Comunidad Enrique Angelelli”. Transcurrieron treinta años hasta que en 2006 el cardenal Jorge Bergoglio fue hasta La Rioja para presidir institucionalmente los actos recordatorios de la muerte del obispo. Hasta entonces la jerarquía había encontrado siempre la forma de eludir un pronunciamiento. En ese mismo momento se inició la investigación eclesiástica encabezada por Giaquinta. Desde siempre, el obispo emérito de Viedma, Miguel Hesayne, sostuvo –junto a un puñado de otros obispos entre los que siempre se contaron los ya fallecidos Jorge Novak y Jaime de Nevares– que está probado “en forma definitiva e incontrovertible” que hubo “homicidio calificado”, considerando de “patraña criminal” la versión de la dictadura sobre el accidente.
Angelelli, hijo de inmigrantes italianos, nació el 18 de julio de 1923 en Córdoba. En 1964 asumió como obispo de La Rioja y en su primer mensaje afirmó que “no vengo a ser servido sino a servir. Servir a todos, sin distinción alguna, clases sociales, modos de pensar o de creer; como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres”.
Fuente: Pagina 12
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El paísDomingo, 26 de Abril de 2009
LA JUEZA SANDRA ARROYO SALGADO TIENE NUEVOS INDICIOS QUE APUNTAN A QUE EL REPRESOR HECTOR FEBRES FUE ASESINADO
“No surgen elementos de riesgo suicida”
Hace un año, la Cámara de San Martín consideró que no había elementos para dilucidar si el ex prefecto fue asesinado o se suicidó. La magistrada continuó la investigación y mantiene la hipótesis de que el represor fue silenciado para que no hablara en su juicio.
Por Adriana Meyer

El represor Héctor Febres apareció muerto en su celda VIP, en diciembre de 2007, envenenado con cianuro.
El represor Héctor Febres no tenía una personalidad proclive al suicidio. Así lo determinó el Cuerpo Médico Forense en las conclusiones de la “autopsia psicológica” que había solicitado la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para determinar si el prefecto, que estaba siendo juzgado y apareció muerto en su celda en diciembre de 2007 envenenado con cianuro, pudo haber atentado contra su vida. Hace un año la Cámara de San Martín consideró que no había elementos suficientes para establecer que Febres fue asesinado, aunque tampoco para afirmar que se suicidó, y ordenó liberar a los prefectos que la jueza había acusado de estar involucrados en el homicidio. Sin embargo, desde ese momento Arroyo Salgado decidió continuar con su hipótesis de que el represor fue silenciado para evitar que involucrara a otros y que aportara datos cuando le tocara hablar en el juicio. Por eso buscó profundizar la investigación con elementos que apuntan al asesinato, y encontró varios. Además del resultado de la autopsia psicológica, volvió a declarar el médico de Febres, Víctor Hugo Giuliani, que refirió que su paciente le dijo que “iba a decir todo lo que sabía en el juicio, que su declaración iba a comprometer a más de uno”.
Giuliani declaró por segunda vez en el expediente, al que Página/12 tuvo acceso, y dijo que quince días antes de su muerte lo empezó a ver “más ansioso”, que le mostró “un cuaderno grande y le dijo ‘en esta carpeta está lo que voy a decir en el juicio, me va a servir para despegarme a mí, va a ser una bomba’”. Al parecer, el prefecto guardaba con celo la carpeta, al punto que cuando Giuliani se la pidió para verla se negó a mostrársela. “Cuando Febres me mencionó esa carpeta le pregunté: ‘Gordo, ¿por qué no deslindás tu responsabilidad, cómo puede ser que estás en la misma situación que Massera y el Tigre Acosta si vos eras un oficial subalterno’, a lo que me contestó: ‘Yo voy a declarar, voy a deslindar mi responsabilidad’”, dijo el médico. En otro tramo de su testimonio, Giuliani explicó que su paciente le dijo que no había declarado antes porque “nunca pensó que las causas llegarían a este punto, y por eso los últimos días estaba muy nervioso, pero claramente manifestó su intención de declarar y me dijo que su declaración iba a comprometer a más de uno”.
Este testigo vivió una situación que también abona la hipótesis del homicidio. Durante una de las visitas que solía hacerle, al llegar al camarote escuchó una conversación en la que un hombre “le hablaba a Febres en tono increpante”. El prefecto “no se dejaba hablar así por cualquiera, tenía que ser un superior, esta persona lo estaba amenazando, lo vi salir de forma abrupta y cerró la puerta fuertemente como para dar un portazo”, explicó. Giuliani dijo que le preguntó quién era esa persona. “Es un corredor de seguros de vida, porque si hablo... y realizó un gesto como de degüello pasándose la mano de canto por el cuello, haciéndome notar que si hablaba lo matarían”, fue la respuesta.
Otro elemento que se suma a la posibilidad del asesinato es la carta redactada por el propio Febres, fechada el 10 de julio de 2000 y dirigida a su esposa. “Muchas son las horas que he pasado meditando todo lo que ha pasado y lo que vendrá, es una pesadilla que me persigue y a la que no pongo fin por propia mano porque no tengo las agallas para hacerlo (...) de ninguna manera estas líneas reflejan un suicidio por no tengo la decisión ni la valentía de hacerlo, pero si esta carta es leída es porque ya no estoy en este mundo”, escribió de su puño y letra.
La carta, los testimonios, los estudios toxicológicos, sumados a la sustracción de la computadora de Febres y a la alteración de la escena del crimen conforman las piezas del rompecabezas que aún no completa Arroyo Salgado. A éstas, se suma la autopsia psicológica, y un estudio interdisciplinario ordenado para definir si a Febres le dieron el cianuro para que se suicidara o lo tomó por propia determinación.
Instigar al suicidio oayudar a cometerlo
En la autopsia psicológica entregada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, elaborada tras el análisis de las cartas manuscritas de Febres y otros elementos, el psiquiatra Marcelo Rossi y la psicóloga forense Norma Miotto describieron que la personalidad de este represor tenía componentes narcisistas y psicopáticos. “No surgen elementos que permitan inferir en esa época (13 días antes del fallecimiento) riesgo suicida”, indicaron. “Se encontraba expuesto al stress del juicio oral bajo imputaciones graves, al derivado de una prolongada detención, con el agravante de la situación económica familiar, entrando además en juego un conflicto de lealtades y la posibilidad de ser condenado”, precisaron. Al momento de hacer una evaluación del papel de la víctima en su propio fin, los especialistas dijeron que “de los elementos considerados no surge una clara intención suicida”.
El imputado prefecto Rubén Iglesias, ex jefe de la delegación Delta de la Prefectura, impugnó la autopsia psicológica, pero el fiscal Adrián Gentili rechazó el planteo de nulidad. De todos modos, en noviembre, la jueza ordenó la realización de un estudio interdisciplinario, para terminar de despejar dudas. Participan del mismo un especialista en tanatología, un perito toxicológico, una licenciada en psicología, un médico forense y un ex perito de la Corte Suprema. “El contexto en el que se produjo el deceso de Febres, signado por particularidades referentes a la notable carencia de un mínimo contralor en el acceso de personas y objetos a las dependencias de aquella sede administrativa, junto a las características que presentó la escena del crimen y a aspectos atinentes a la idiosincrasia de la propia víctima, se tornan definitorias a la hora de ponderar la necesidad de disponer de un estudio interdisciplinario (ciencia forense, psicología, criminología)”, argumentó la magistrada. En tal sentido, recordó que “el alojamiento de Febres en Prefectura Zona Delta distaba de aquel proporcionado a una persona comúnmente privada de su libertad en forma cautelar. En efecto, su ‘celda’ constaba de un living comedor, una habitación y un baño emplazados en el segundo piso de aquella dependencia pública.” Además destacó que “el occiso se manejaba con absoluta libertad en el interior del edificio que ocupa la Prefectura Zona Delta e incluso contaba con diversos medios de comunicación (celular, teléfono de línea y computadora) que le permitían, a su sola discreción, mantener contactos permanentes con el exterior. Febres poseía las llaves de su camarote, con las que “cerraba la puerta desde adentro con una vuelta y media para que no se pudiera abrir desde afuera”. Varios testigos, entre ellos sus familiares, declararon ante la jueza que las visitas ingresaban sin control y sin ser revisados sus bolsos o carteras.
La Cámara le había marcado a la jueza que amigos, familiares y hasta su sacerdote confesor –que lo acompañaron desde que se produjo su detención, en 1998 en el marco de la causa por la apropiación sistemática de menores– habían puesto en evidencia el estado de angustia que habría padecido Febres por los procesos penales que afrontaba y por su eventual traslado a una cárcel común y los inconvenientes que esto generaría para su familia “lo cual de algún modo podría abonar la hipótesis de autodestrucción”. Sin embargo, también hay elementos demostrativos de “una personalidad inquebrantable y, por lo tanto, incompatible con decisiones de tal tenor”. En concreto, dijo Arroyo Salgado, “Febres exhibía diferentes estados de ánimo según se encontrare con familiares o amigos”, ante unos mostrándose entero y ante otros agobiado y extenuado. El humor de Febres había empeorado desde el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, ex jefe de Policía Bonaerense, porque se veía reflejado en esa situación, según el relato de su amigo Roberto Goñi. El cuerpo de Febres apareció con cantidades masivas de cianuro pero la Justicia todavía no determinó si lo instigaron a tomarlo o lo consiguió él mismo.
LA INVESTIGACION SOBRE LA CADENA DE MANDOS
El rol de la Armada y la Prefectura
Por Adriana Meyer
El fallo de la Cámara de San Martín convalidó la investigación sobre las concesiones y privilegios que gozó Héctor Febres durante la década que pasó con prisión preventiva en la sede Delta de la Prefectura: visitas ilimitadas, celulares, computadora, departamento privado, salidas a veranear en la base naval de Azul, utilización de las instalaciones para festejos familiares, entre otros beneficios impensados para cualquier preso. Por eso mantuvo el procesamiento del prefecto Mario Volpi, a cargo directo del represor, y del jefe de la sede Delta, Roberto Iglesias, por abuso de autoridad, aunque ordenó que fueran liberados porque ya no estaban acusados de haber sido partícipes necesarios de homicidio. La responsabilidad de la cadena de mandos en la muerte del represor es un capítulo abierto en la investigación de la jueza.
En su resolución, los camaristas Alberto Criscuolo y Horacio Prack ratificaron que el ex enlace entre la Prefectura y la Armada en la ESMA tuvo un “régimen elástico no reglamentario de detención”, lo cual habilitaría a la jueza a abordar las responsabilidades que van “más allá” de Volpi e Iglesias, en línea ascendente en la cadena de mandos. La alusión también le podría caber a Sergio Torres, el último juez que tuvo a su disposición al represor envenenado, a sus antecesores y al Tribunal Oral Federal 5, que llevaba adelante el proceso oral en el que Febres estaba siendo juzgado. “Estas responsabilidades todavía no se terminaron de despejar”, dijo a Página/12 una alta fuente del caso respecto del rol institucional de la Prefectura e incluso de la Armada en la muerte de Febres.
“Febres iba a ser el primer condenado de una fuerza que respondía a la Marina, pero su asesinato, cuatro días antes de la sentencia, reveló la forma impúdica en que estaban detenidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, demostró la falta total de voluntad de la mayoría de los jueces de tratarlos como lo que son, genocidas, y que en el interior de las Fuerzas Armadas siguen mandando ellos, porque el Ejecutivo tampoco tiene voluntad de desarticular ese poder interno”, dijo Enrique Fukman, sobreviviente de la ESMA y querellante del juicio contra Febres. Recordó, además, que Febres “ponía la pelopincho en la terraza del destacamento de Prefectura, festejaba ahí el cumpleaños de su nieta, llamaba al delivery desde su camarote y entraba sin esposas al juicio, entonces Bagnasco, Montenegro, Torres, el TOF 5, la Prefectura y el ministro Fernández, todos eran responsables de que estuviera detenido según las leyes, de que llegara vivo a la sentencia”.
Perlitas del expediente
Febres recibía muchas visitas, entre ellas la del defensor oficial Rodolfo Catinelli. “Entro yo y me presenta a una persona como jefe de Inteligencia de Prefectura, aparentemente en actividad”, dijo Catinelli en su declaración ante la Justicia. En esa reunión, Febres estaba inquieto porque la defensa no se había opuesto a la elevación a juicio de su caso. Catinelli dijo que intentó explicar las razones de lo que se le cuestionaba y agregó que luego “esta persona me trató de ingenuo y me dijo que (el juicio) lo había organizado la Armada para lanzarlo como un globo de ensayo, a lo que Febres consentía y hasta el último día pensó que se trató de una conspiración”. El prefecto se basaba, además, en que había sido elevado a juicio sólo su caso y quedó afuera el del co-imputado Adolfo Donda. En el juzgado le mostraron a Catinelli fotos para que identificara a esta persona y el defensor señaló a José María De Bardeci, quien efectivamente era de Inteligencia de Prefectura. Convocado al juzgado para que le preguntaran sobre ese “globo de ensayo de la Armada” dijo que no recordaba haber dicho eso.
Febres tenía apuntes y documentación sobre los casos Pegoraro, Cecilia Viñas, “mandos de la ESMA”, “Scilingo”, “indefensión-chivo expiatorio”, “procesamiento bebés” y “caso viuda Escobar Gaviglia (sic)”.
La computadora sustraída del camarote y encontrada luego de varios allanamientos tenía borrados los registros de los sistemas Messenger, Skype; la papelera de reciclaje estaba vacía; había grandes espacios en blanco compatibles con el borrado de tipo “seguro”; el último acceso al sistema operativo se verificó entre los días 13 y 14 de diciembre de 2007, es decir con posterioridad al fallecimiento de Febres; también estaban borrados los programas Outlook Express y Symantec.
Fuente: Pagina 12-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS


CONVOCATORIA

LUNES 27 DE ABRIL - 9:00 HS
TRIBUNALES PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
COMIENZA EL JUICIO POR EL NEGRITO AVELLANEDAEste lunes 27 de abril comienza un nuevo juicio oral y público contra 5 genocidas en la sede de los Tribunales Provinciales de San Martín (Ricardo Balbin 1753, San Martin).
Floreal Edgardo Avellaneda, el Negrito, era militante de la Federación Juvenil Comunista, se encargaba de las tareas de propaganda en su barrio. Tenía tan sólo 15 años cuando fue secuestrado de su casa junto a su madre, fue detenido ilegalmente y torturado. Su cuerpo sin vida fue hallado el 14 de mayo de 1976 en aguas del Río de la Plata, frente a Montevideo. Recién ahora, en 2009, después de 33 años, la causa por su secuestro y asesinato, y por el secuestro y torturas a Iris -su madre-, llega a juicio oral. Es la primera del megaproceso sobre los crímenes cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo. Los genocidasEstarán sentados en el banquillo de los acusados Santiago Omar Riveros, uno de los jefes máximos de la dictadura e integrante de la Junta Interamericana de Defensa, los oficiales Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni, el director de la Escuela de Infantería Osvaldo Jorge García, y Alberto Ángel Aneto, que revistaba en la comisaría de Villa Martelli. El general de brigada (R) Santiago Omar Riveros, jefe de la zona IV, fue detenido y procesado en 1985. Fue indultado en 1989 por el ex presidente Carlos Menem. Tiempo después fue detenido por apropiación de menores y excarcelado más tarde. En febrero de 2005, el mismo tribunal la Cámara Federal de San Martín resolvió que el indulto a Riveros era constitucional. En septiembre de 2006 la Cámara de Casación Penal anuló esa resolución, medida que confirmó la Corte Suprema de Justicia. Recién ahora llegará a juicio. Las querellas· Iris y Floreal Avellaneda· Partido Comunista· Justicia Ya! Las audienciasSe realizarán los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 9:30 hs. Justicia YA!Las organizaciones querellantes en esta causa, parte del colectivo Justicia YA!, ya hemos manifestado nuestro desacuerdo con estos juicios parcializados que reproducen y son funcionales a la impunidad ya que así se diluyen las responsabilidades, se ignora el carácter masivo, planificado y organizado de la represión y se pretende poner en cabeza de unos pocos la responsabilidad del genocidio. A pesar de las condiciones en que se realizará este proceso oral, los organismos que integramos el colectivo Justicia Ya! - Buenos Aires estaremos nuevamente en la querella y convocamos a todas las organizaciones a participar de las audiencias y del COMIENZO DEL JUICIO.
Juicio a todos los genocidas!
Condena por todos los compañeros!
Aparición con vida YA de Julio López!

CONVOCAMOS EN LA PUERTA DE TRIBUNALES
Tribunales Provinciales de San Martín
Ricardo Balbín 1753, San Martín
ESTE LUNES 27 DE ABRIL A LAS 9:00 HS.
Contactos de prensa: AEDD: 15-4430-3569CEPRODH: 15-4170-2398 FIDELA: 15-5816-9178LADH: 15-4156-7877
justiciaya2004@yahoo.com.ar JUSTICIA YA Buenos Aires: Asociación Anahí; Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina; Comisión Derechos Humanos del Partido Comunista; Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Derechos Humanos / Polémica
El caso Otero Álvarez genera divisiones en los querellantes
Baronetto alienta la acusación contra el renunciante vocal pero es señalado por organismos de derechos humanos por "dilatar" el próximo juicio a Menéndez.


Baronetto rechaza que su denuncia fuese para obstruir las causas. Foto: LaVoz
“Se ha dado un paso importante para desterrar la impunidad en el seno del Poder Judicial cordobés, en este caso al calificar al magistrado Carlos Otero Álvarez, como ‘colaboracionista con los delitos de lesa humanidad’”. La frase pertenece a Luis Miguel Baronetto, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. Es un capítulo más en la avanzada que fogonea desde hace tiempo contra Otero Álvarez, quien, jaqueado por la denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, optó por presentar la renuncia al cargo. Sin embargo, la grave acusación de Baronetto contra el renunciante vocal del Tribunal Oral Federal N° 1 (“por connivencia con el terrorismo de Estado”) abrió una controversia con otros exponentes de entidades de derechos humanos de Córdoba, que le atribuyen responsabilidad por “dilatar” el próximo juicio a Luciano Benjamín Menéndez y a otros imputados. De hecho, la caída en desgracia de Otero Álvarez, sumada a la recusación que pesa sobre el propio titular del Tribunal, José Vicente Muscará, ha dejado en veremos el arranque del juicio. Baronetto recuerda en su defensa que el magistrado en cuestión ya había sido recusado en 2008 –ante del comienzo del juicio que terminó con la condena de Menéndez y otros represores– por los abogados de Hijos, Martín Fresneda y Claudio Orosz. “Mal puede argumentarse ahora que mi denuncia haya sido hecha para obstruir el próximo juicio”, plantea Baronetto, y apunta que aquel proceso se cumplió y los acusados en el banquillo terminaron condenados. Baronetto fue detenido por la dictadura en 1976 junto a su esposa, Marta Juana González, quien fue asesinada en los fusilamientos de la Unidad Penitenciaria de barrio San Martín (UP1). Con todo, el dirigente precisó que “hay enfoques distintos, pero no una confrontación” con las entidades de derechos humanos. Además, destacó la participación que tuvo como testigo en la causa que ventila contra Otero Álvarez, el ministro de Justicia de la Provincia, Luis Angulo. En medio de esta polémica, Baronetto recibió espaldarazos de sectores de relevancia, como el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Sonia Torres (Abuelas), y de la Conadep, en la persona de Rubén Arroyo, entre otros. La polémica, servida. “Se genera un discusión viciosa, pero en realidad nosotros no desconocemos a nadie. Hay distintas visiones sobre qué es lo que hay que hacer, pero nada más”, trató de poner paños fríos Orosz, en diálogo con la La Voz del Interior . Admitió que “hay diferencias” con otros sectores querellantes (aunque no la mencionan, también con María Elba Martínez, del Serpaj), pero aclara: “Nunca dejamos de decir que el terrorismo de Estado no podría haber existido sin complicidad eclesiástica, empresarial, periodística y judicial”. Aunque recordó que cuando hicieron la recusación a Otero sabían que se hacía “con pruebas escasas” y que si el planteo era rechazado (como ocurrió) “era inapelable”. “Vamos a recusar con pruebas. No vamos a recusar si no tenemos elementos que nos permitan garantizarnos determinada situación”, apuntó Orosz. Su colega Martín Fresneda interpretó que, si bien Otero Álvarez es un “magistrado por muchos años cuestionado”, ellos habían decidido dar “legitimidad” al Tribunal Oral N° 1 aun antes que el vocal dimitiera. “Nosotros con Baronetto tenemos diferencias, pero, ¿por qué no podemos convivir con esas diferencias? Lo hemos dicho siempre, si hay responsabilidad del Poder Judicial lo debe determinar un fiscal. No se puede ir a una cacería de brujas. Ese Tribunal a nosotros nos sirvió. Juzgó y condenó”, afirmó Desde la agrupación Hijos, Agustín Di Toffino indicó que “es sano tener diferencias”, por las desavenencias con Baronetto, pero manifestó que “las estrategias en torno de la construcción de justicia deben ser sostenida en un marco de construcción colectiva y no de saltos individuales”.
Edición impresa Politica Nota
D´Ambra: No se puede impugnar sin pruebas

Emi D Ambra considera que estas impugnaciones hacen perder tiempo en los juicios a represores. Foto: José Gabriel Hernández
Emi D’Ambra es una de las más respetadas exponentes de los organismos de derechos humanos desde su militancia en Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba. Sobre la controversia con Luis Baronetto en relación a la avanzada sobre el renunciante vocal Carlos Otero Álvarez, y a la posibilidad de que ello frene los juicios a represores, la dirigente admite que “hubo cómplices” de la Justicia con la dictadura militar. No obstante, considera que “impugnar a un magistrado y no tener las pruebas contundentes para que vaya preso por lo menos, nos parece un tiempo perdido”. “Queremos los juicios, aunque sea con jueces que se podrán recusar, pero con pruebas que tienen que ser contundentes, si no, no vale la pena. Se han perdido 33 años y queremos justicia ya”, reclama la dirigente. El pasado. “Sabemos que la mayoría de los jueces que hoy están trabajando fueron nombrados antes o durante la dictadura y sabemos cuál ha sido su actuación”, comentó y recordó que los organismos acompañaron en 2008 la recusación a Otero. “Baronetto no es un enemigo; es un compañero de trecho y hace 30 años que venimos caminado esta ruta y él ha estado con nosotros. Puede haber diferencias de estrategias pero nunca una enemistad. Él es una víctima igual que yo, que tengo dos hijos desaparecidos. Podemos tener diferencias de obrar, pero nunca estamos en la vereda de enfrente”, sostuvo D’Ambra. Más allá de los elogios al director de Derechos Humanos de la Municipalidad, entendió que “tal vez el momento no haya sido el oportuno”, en alusión a la denuncia al vocal del Tribunal Oral, lo que apuró su renuncia.
Fuente: La Voz del Interior-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Recordación y Homenaje militante del Compañero Raúl "EL BEBE"Sendic en Buenos Aires
a 20 años de su muerte
1989 - 28 DE ABRIL - 2009
Sábado 25 DE ABRIL
HORA 16 -
EN LA PLAZA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, donde está el MONUMENTO A JOSÉ GERVASIO ARTIGAS
TAGLE ENTRE Avd. ALCORTA y Avd. Libertador, frente a Canal 7,CAPITAL
POR LA VIGENCIA DE SUPENSAMIENTO REVOLUCIONARIO.
INVITAMOS A TODOS LOS COMPAÑEOS/AS A CONCURRIR CON UNA FLOR, SU BANDERA Y EL MATE
PARA RENDIR Y DEMOSTRAR QUE EN ESTE SUELO SE RECUERDA, TÁMBIEN A ESTE LUCHADOR SOCIAL AL “El Bebe”
POR QUE SEGUIMOS APOSTANDO A LA LUCHA POR HACER REALIDAD LOS SUEÑOS DE ARTIGAS, EL CHE Y SENDIC
Porque fue un hombre que vivió y peleó contra un sistema injusto y murió como vivió; digno y fiel a sus ideas
CONVENCIDOS HOY MAS QUE NUNCA DE QUE esa SU, lucha tiene más vigencia que entonces
la del cambio social CON LOS DE PATA EN EL SUELO
El compañero Raúl Sendic vive en el corazón del pueblo en lucha.
HABRÁ TIERRA PA´L QUE LA TRABAJA
UNA MISMA LUCHA ARTIGUISTA Y LATINOAMERICANA
adhesiones
porlapatriagrande@gmail.com
LA PATRIA GRANDE
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Declaró Héctor Tievas quien fue designado presidente del STJ y, a los días, detenido por órdenes de Colombo
Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino y violento, por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado, es decir, las normas legales de sucesión en el poder, vigentes con anterioridad. Esto ocurrió en la Argentina el 24 de marzo de 1976. En la provincia de Formosa, el Poder Judicial fue uno de los más afectados en lo que hace a secuestros de magistrados y empleados. Un caso concreto fue la detención del actual presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Héctor Tievas, quien esta semana declaró en el juicio oral y público contra Juan Carlos Colombo.El doctor Tievas prestó declaración testimonial ante el Tribunal Oral Federal, encabezado por Dr. Eduardo Belforte, y respondió a los interrogantes efectuados por el fiscal Luis Benítez y la doctora Roxana Elvira Silva, única querellante que permaneció en la sala tras la polémica desatada el martes último.El magistrado, de 68 años de edad, inició su relato retrotrayéndose al 24 de marzo del 76 cuando los miembros del STJ quedaron cesantes, asumiendo como delegado veedor un tal Bocosky. Por ese entonces, Tievas era juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y también quedó cesante.Destacó el testigo que la terminología de la época se vio reflejada en un acta, legalizada el 25 de marzo de ese año, que textualmente decía: “Entrega y recepción del Poder Judicial de la Provincia”. Detalló que a partir de ese momento hubo declaraciones, resoluciones emanadas de la intervención, como así adopción de medidas tales como la puesta a disponibilidad de vehículos para tareas especiales, ajenas al ámbito judicial.A partir del 7 de abril de 1976 comenzó a regir el “feriado judicial” que era de las puertas hacia fuera, porque en las oficinas se trabajaba tres horas por día. Tievas es designado “juez en comisión”, y le corresponde a partir de entonces dictar acordadas y fallos.Mientras tanto, Alturria, por entonces provisoriamente a cargo del Ejecutivo Provincial, dejaba cesante a magistrados, entre los que recuerda el caso del Dr. Floro Bogado, y a empleados de planta.“Nuestro trabajo, sacamos 6 acordadas, recibíamos permanentemente recomendaciones del Ejecutivo que mandaba decretos, cesantías, nombramientos. Era un manejo cuasimilitar”, subrayó.Al poco tiempo, asumía como gobernador Juan Carlos Colombo e inmediatamente disponía a través del decreto N 4, dejar sin efecto la feria judicial y ponía en funciones a los nuevos miembros del STJ, tres de los cuales habían estado en funciones con anterioridad al golpe.Tievas estuvo al frente del Alto Cuerpo poco más de un mes. En el 77 fue confirmado en el cargo como juez Civil y Comercial y el 1 de junio de ese mismo año, fue detenido de su domicilio particular, alrededor de las 20, y trasladado al Regimiento de Infantería de Monte 29, donde fue sometido a interrogatorios y torturas que no describió, ya que lo había hecho con anterioridad en la mega causa Carrillo.El 12 de julio de ese año fue trasladado a la Unidad 10 Formosa del Servicio Penitenciario Federal, luego a otro penal y finalmente a la Unidad 9 de La Plata. El 3 de octubre de 1978 logró su libertad condicional.Consultado en torno a cuáles fueron los cargos que motivaron su detención, Tievas respondió: “Por presuntas vinculaciones terroristas” con el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Respecto al porqué, no dudó en afirmar: “Yo no dejé cesante a nadie…y eso molestaba”.“En los consejos de guerra y en los interrogatorios me acusaban de que organizábamos reuniones en mi despacho con gente que vivía en la Isla de Oro, citando muchos nombres alguno de los cuales conocía, incluso por ser presos políticos en esos momentos, y otros que ni conocía”, consignó el testigo.Respecto a qué papel cumplía Domínguez Linares, quien lo visitó en la U-10, mientras él estaba detenido junto a otros presos políticos e incomunicado, indicó: “Venía a conversar sobre nuestra situación, nos sugería que renunciáramos o nos cesanteaban”.

Fuente: La Mañana-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS


OPINION
¿Se hizo justicia?
Por Edgardo Fontana *
Concluyó el juicio oral y público al ex comandante de Gendarmería Víctor Rei, quien hace tres décadas se apropió de mi sobrino Alejandro, luego del secuestro y la desaparición de mi hermana Lili y de su compañero Pedro Sandoval, ambos militantes del Frente Revolucionario 17 de Octubre. El tribunal halló responsable a Rei por los delitos de “retención y ocultamiento de un menor de diez años” y “falsificación ideológica de documentos públicos” y lo condenó a dieciséis años de prisión, lo que constituye la mayor pena hasta el momento otorgada en este tipo de casos.
Llamó la atención de todos los que asistimos a los debates la necedad del acusado, quien ni siquiera pudo admitir aquello que el juicio puso nítidamente en evidencia: que Liliana dio a luz en un centro clandestino de detención y que los exámenes de ADN llevados a cabo durante el proceso judicial demostraron que Alejandro es su hijo. ¿Cómo es posible que Víctor Rei siga negando públicamente su proceder y continúe sumergiendo a Alejandro en una trama perversa, que se origina en lo que hicieron con sus padres hace tantos años?
Quienes participaron en la represión implementada durante la última dictadura militar han elegido formar parte de un tejido ideológico y operativo fuertemente sectario, que les impide construir un argumento judicial más o menos verosímil. Aferrados a sus propios mitos y a una anticuada retórica, la estrategia es desconocer globalmente el orden jurídico que osa procesarlos, apelando al razonamiento más primario y lineal: “Quienes ganamos en la guerra, perdimos en la paz”. Les resulta del todo inconcebible que sean “los terroristas” quienes acusen a “los salvadores de la patria”. Y no es un razonamiento ingenuo, porque supone la actualización de aquel esquema instituido por el poder genocida (que nunca fue completamente desmantelado). De hecho, puede sentirse el goce que experimentan al recordarnos que alguna vez ellos tuvieron el poder sobre la vida y la muerte de cada uno de nosotros. Sin embargo, la causa de este discurso sombrío es la impotencia y la exhibición de la trama miserable que sostiene sus vidas hoy. Lo que estos personajes pretenden conjurar es el demoledor efecto que el testimonio que repone la verdad tendría sobre sus propias biografías.
No olvidaremos jamás todos estos años de búsquedas a tientas, como niños que sondean con sus manos en la oscuridad y se angustian porque no atinan a apoyarse. Esa búsqueda, por otra parte, no finaliza nunca. Ya sea porque hay muchísimos pibes que continúan secuestrados. O porque, en nuestro caso, haber encontrado a Alejandro no significa hacer borrón y cuenta nueva, sino disponernos a una experiencia de construcción que será difícil y dolorosa, porque exige sustentarse en el respeto mutuo por los treinta años que cada quien vivió de tan diferente manera. Todos sabemos que esta historia nuestra carece de “final feliz”.
Termina una etapa de manera positiva y me resulta importante transmitir esta sensación: lo que hemos construido en décadas de lucha por la verdad y la justicia, alcanza hoy un valor público definitivo a través de esta condena judicial contra quienes siguen callando, con notable cobardía. Sin desconocer la lentitud e insensibilidad que caracterizan al Poder Judicial, valoramos en estos procesos cierta capacidad de instituir una legalidad común, sobre la base del desgarro que la dictadura ocasionó, impugnando tanto el miserable “pacto de silencio” en el que se escudan los represores como el circo reconciliatorio que en las décadas pasadas se nos ofreció.
¿Qué es entonces lo que hemos conseguido en esta ceremonia judicial?
Condiciones de dignidad elementales que vuelven posible imaginar nuevos puntos de partida, favoreciendo la capacidad social para afrontar los desafíos del presente. No se trata entonces de un puerto de llegada, pero tampoco de una formalidad sin efectos.
¿Se hizo justicia? Difícil responder.
Desde un punto de vista reparatorio, la condena es inevitablemente parcial. Hay algo irreparable, lo sabemos, cuando se aniquila a miles de personas y luego reina durante décadas la impunidad. Es evidente por otra parte que unos cuantos años más de cárcel no hubieran redimido el dolor y las pérdidas, que de por sí son irreversibles.
Tenemos presente, sin embargo, la lucha de quienes todos estos años han insistido en la exigencia de verdad y castigo y consideramos que estas sentencias son un antecedente que podrá ser tenido en cuenta por las luchas que vendrán para combatir la prepotencia represiva de los poderes. Quizá la justicia no sea otra cosa que esta creación de jurisprudencia, es decir, la manera que tenemos como sociedad de valorar los sucesos que nos acontecen.
No siento que en este juicio haya estado en juego la “restitución” de Alejandro, sino el derecho a ejercer finalmente su libertad. La posibilidad de elegir su propio destino no puede medirse en términos de “a qué familia pertenece”. Lo cual constituye para nosotros una novedad y un desafío. Habrá que ver si estamos a la altura de esta búsqueda que ha perdido su aspecto fantasmático, desde que se hizo carne en alguien que como todos nosotros es esencialmente un enigma no descifrable.
Durante estas duras semanas de audiencias hemos experimentado algo que sentimos fundamental y que trasciende las instancias judiciales. Me refiero a la sensación de poder contar con una red viva de afectos y complicidades que nos potencia, hecha de amigos y compañeros de distintas generaciones y procedencias. No puede decirse que hayan simplemente acompañado o sido solidarios, porque más bien se implicaron activamente. En esa red encontramos el apoyo y sostén diario, para habitar este presente lleno de complejidades y paradojas, donde sin embargo sigue siendo posible construir imágenes de una felicidad colectiva.
* Hermano de Liliana y tío de Alejandro Sandoval Fontana.
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EL PAIS › MAS DE TREINTA REPRESORES PROCESADOS POR EL CASO DE DAGMAR HAGELIN
Otra cuenta pendiente de Astiz
El juez Sergio Torres responsabilizó a los marinos de “privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público”. Alfredo Astiz fue quien le disparó a la joven de origen sueco.

El represor de la ESMA Alfredo Astiz fue identificado como el autor del tiro que hirió a Dagmar Hagelin.

Parate, flaca, que te tiro.” La joven escuchó la voz de alto y siguió corriendo. El hombre se agachó, apuntó y le tiró a la cabeza. La rubia cayó sobre el asfalto. El rubio y sus compañeros la llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada. El autor del disparo fue Alfredo Astiz, que ayer fue procesado por la desaparición de Dagmar Hagelin, la adolescente de nacionalidad sueca a la que le disparó en El Palomar el 27 de enero de 1977.
Además de Astiz, otros 33 represores fueron procesados por este hecho, entre ellos, Jorge “Tigre” Acosta, Antonio Pernías, Ricardo Miguel Cavallo, Luciano Becerra, Eugenio Vilardo, Hugo Damario, Carlos Daviou, Juan Carlos Fotea, Miguel García Velazco, Ernesto Frimón Weber, Juan Torti, Raúl Scheller, Néstor Omar Savio, Julio César Coronel y Antonio Vañek. El juez federal Sergio Torres impuso a cada acusado, además, un embargo de un millón de pesos.
La investigación por la desaparición de Hagelin fue cerrada por prescripción, pero luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y varios trámites procesales fue reabierta. Los represores involucrados en el caso fueron indagados en marzo.
“No sé de qué me está hablando”, dijo Astiz cuando el magistrado lo interrogó sobre los “vuelos de la muerte” en los que los desaparecidos eran arrojados vivos al mar. El “ángel rubio” negó haber integrado un grupo de tareas y se definió como un “administrativo”.
La joven fue secuestrada el 27 de enero de 1977 cuando iba a visitar a su amiga Norma Susana Burgos, quien fue esposa del dirigente montonero Carlos Caride y que había sido detenida ilegalmente el día anterior.
Supuestamente, el objetivo del grupo de tareas que respondía a Emilio Eduardo Massera era localizar a una militante de la organización Montoneros “de aspecto similar al de Dagmar”.
Algunos testimonios recogidos durante la investigación señalan que en el secuestro encabezaba el operativo un hombre “alto, rubio, atlético y de ojos celestes” que luego fue identificado como Astiz. Luego del balazo –según se desprende del expediente–, los represores pararon un taxi, se apoderaron del vehículo y metieron a la joven en el baúl. Dagmar aún estaba viva, ya que trató de evitar con sus manos que la encerraran. Cuando llegó a la ESMA todavía seguía con vida, pero desde entonces está desaparecida.
El secuestro de Hagelin se convirtió en uno de los casos testigo de los crímenes del terrorismo de Estado. Ragnar Hagelin, padre de la joven, consiguió que el reclamo trascendiera las fronteras y que el gobierno sueco lo tomara como propio.
Luis Zamora, abogado de la familia, tuvo que combatir dos rechazos de la Corte Suprema, que se negó a reabrir el expediente en 2001 y 2003. En diciembre del año pasado, el máximo tribunal finalmente dispuso que el caso fuera investigado. Se basó en un dictamen de la Procuración General de la Nación que señaló que se trataba de un crimen de lesa humanidad y, como tal, debe ser considerado imprescriptible.
“Privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público y sin las formalidades establecidas por la ley, en concurso real con homicidio en grado de tentativa, en concurso real con robo de automotor con armas consumado” son algunos de los delitos por los que Torres procesó ayer a los represores.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS


EL PENAL MILITAR DE CAMPO DE MAYO, “NO RECOMENDABLE”
El “Laucha” Corres busca nueva celdaPor Diego Martínez
La Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, alojamiento exclusivo de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, “no resultaría recomendable” para represores con intención de fugarse. Lo admitió el inspector Julio Cepeda, director general de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, que evaluó que su “nivel de seguridad no sería el apropiado” para recibir al oficial Julián Corres, fugado el año pasado de la delegación bahiense de la Policía Federal. Angel Argañaraz y Augusto Fernández, jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, minimizaron la advertencia y autorizaron el traslado del “Laucha”, que se suma a lista de espera de uniformados deseosos de abandonar las cárceles comunes.
Campo de Mayo aloja represores desde 2006. En enero de 2007 el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas se convirtió en Unidad 34 y el SPF reemplazó en la custodia a Gendarmería. El envenenamiento de Héctor Febres y la fuga de Corres convencieron a varios jueces de retirar a imputados de cuarteles y comisarías. Así se pobló la U34, en teoría una cárcel más, que hoy aloja a casi cuarenta militares y que ningún fiscal ni juez federal inspeccionó.
Corres está en Marcos Paz desde su segunda detención, el 18 de agosto. Pidió el traslado para estar cerca de su familia. Tras la advertencia de Cepeda, el juez Alcindo Alvarez Canale rechazó el pedido. Por la apelación, llegó a la Cámara. El juez Fernández apuntó que Cepeda no manifestó “la imposibilidad” de alojarlo, sólo la inconveniencia. Aseguró que en Campo de Mayo “rige un régimen estrictamente carcelario”. Argañaraz agregó que la advertencia es “una mera afirmación dogmática” y que según el informe de gestión del SPF la relación seguridad/interno en Campo de Mayo (0,76) es superior a la de Marcos Paz (0,21). Ricardo Planes disintió. “No puede presumirse falta de idoneidad” de un director del SPF. La fuga “no es el primer antecedente sobre la voluntad de Corres de sustraerse de la causa”, agregó, porque estuvo más de un año prófugo antes de su primera detención.
Días antes la Cámara se pronunció sobre los policías que Alvarez Canale imputó por “favorecimiento doloso de evasión”. Admitió que “la política de celdas abiertas” era impensable “sin la venia de los máximos responsables” de la delegación, pero revocó el procesamiento del ex jefe, comisario Gustavo Scelsi, porque consideró que estaba de licencia (para el juez se había reintegrado). También alivianó la mochila del ex subjefe, subcomisario Marcelo Voros, del ex jefe de servicio Juan Lastra y del guardia Pablo Carbajal. Descartó el dolo, la intención, y sólo les endilgó negligencia. En el peor de los casos deberán pagar 15.000 pesos de multa. La investigación del empresario Héctor Lapeyrade por la cobertura a Corres mientras estaba prófugo pasó a la justicia porteña, que aún no lo citó.
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EL PAIS › VICENTE MASSOT, QUE REIVINDICO LA TORTURA, DIO UNA CHARLA EN EL CENTRO NAVAL
Resulta que hay dinosaurios vivos
Con la excusa del Bicentenario, los marinos invitaron al ex viceministro de Defensa de Menem para disertar sobre historia argentina. El empresario aprovechó la ocasión para pedir que se vote una alternativa al oficialismo.

Massot se quejó del “revanchismo” del Gobierno ante marinos retirados y en actividad.


Por Nora Veiras
En los coquetos salones del segundo piso del Centro Naval estaba todo preparado para la ocasión. Una abrumadora mayoría de marinos retirados, esposas de represores y una nada desdeñable representación de oficiales en actividad se fueron ubicando para compartir la cena. A los postres se cumplió el objetivo del encuentro: el ex viceministro de Defensa de Carlos Menem, el empresario Vicente Massot, tituló su charla “A doscientos años de la Revolución de Mayo”. La tentación era irresistible y el embalaje académico cedió ante el deseo: instó al auditorio para que el próximo 28 de junio se vote para terminar con el kirchnerismo. El presidente del Centro Naval, el contraalmirante retirado Carlos Frash, le agradeció a la Armada el apoyo brindado para el ciclo de conferencias. En los corrillos comentaban que la fuerza patrocinó la charla con el hombre que tuvo que renunciar al gabinete menemista por haber reivindicado la tortura.
En el salón Almirante Brown, los comensales terminaron de degustar un lomo con soufflé de verduras y con la llegada del helado empezaron los cuarenta minutos de exposición de Massot. El almirante Basilio Pertiné, cuñado de Fernando de la Rúa y cuestionado constructor del nuevo polo educativo de la Armada en Vicente López, estuvo entre los contertulios junto a varios oficiales en actividad que cumplen funciones en la Secretaría General Naval, a algunos de los procesados por el espionaje en la Base de Trelew y a las Pando’s girls. Cecilia Pando no apareció, pero envió una delegación de mujeres de represores presos en Marcos Paz. La esposa del mayor Rafael Mercado volvió a activar la semana pasada sus reclamos “por los derechos de los presos políticos”, cuando se entrevistó con el ex presidente Eduardo Duhalde en un local de San Cristóbal que ahora recluta a gente de Daniel “Chicho” Basile y a ex carapintadas del Modin.
Massot, uno de los propietarios del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, combina su actividad periodística con la de activo charlista. A mediados de febrero, en su territorio disertó en una jornada organizada por la Sociedad Rural (SR) para formar a los cuadros políticos de la organización con vistas a las elecciones. El titular de la SR local, Juan Roberto González, había arengado días antes: “¡Estamos en democracia gracias a las Fuerzas Armadas que eliminaron a la subversión!”.
Egresado de la Universidad Católica como politólogo y posgraduado en el ultraliberal CEMA, Massot es consecuente: en los ’70 fue editor de la revista Cabildo y colaborador de Verbo, la publicación que difundió los textos de los capellanes franceses de la guerra de Argelia que justificaban la tortura y la ejecución de prisioneros. Durante la dictadura era uno de los visitantes a los jefes de la Esma.
Anteanoche en el Centro Naval aclaró que no reivindicaba la dictadura, al tiempo que elogiaba el modelo chileno, que supo respetar el andamiaje armado por Augusto Pinochet. Repitió que no se puede culpar a las Fuerzas Armadas por lo que pasa en el país y les advirtió a los comensales que tienen que darse cuenta de que son la última prioridad.
Sensible al boato del salón del edificio de Córdoba y Florida, Ma-ssot buscó la empatía de los más de ciento cincuenta comensales al comentarles que ese lugar era símbolo de una Argentina que ya no es. La excusa del Bicentenario le fue funcional para criticar al Gobierno por el espíritu revanchista, de enfrentamiento entre los argentinos, y concluir que las elecciones del 28 de junio son la oportunidad para votar por una alternativa.
“Estaba infectado de dinosaurios, pero queda claro que ahora aceptan que el voto es la única manera de buscar otra cosa. Hay que ser positivo”, ironizó un oficial curtido en las charlas destinadas a “formar conciencia”.
El Centro Naval es un club social al que los marinos deben pertenecer: la institución asocia compulsivamente a los oficiales. En el marco de las actividades de la Liga de Clubes Centenarios se está realizando el ciclo de conferencias en homenaje al Bicentenario de la Revolución de Mayo. Massot fue el elegido para exponer ante los marinos, un universo al que conoce como pocos: Bahía Blanca es históricamente uno de los polos de formación naval y La Nueva Provincia, el órgano de difusión de sus principios más recalcitrantes.
Pasadas las 23, Massot terminó reconfortado: el auditorio lo aplaudió de pie. Todos habían pagado 45 pesos por cubierto y el menú también los había dejado satisfechos. La duda que empezó a correr fue si el voltaje político terminaría justificando alguna reprimenda teniendo en cuenta el carácter prescindente que debe mantener la institución.

Fuente: Pagina 12
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS



Consejo de la Magistratura
Investigarían a más funcionarios de la Justicia FederalEl consejero Kunkel pediría medidas de prueba sobre Garzón de Lascano.
La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación habría cerrado el tratamiento de la denuncia que ingresó al cuerpo contra el vocal del Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba Carlos Otero Álvarez. Esta actitud se habría tomado en función de que el juez ha presentado su renuncia al cargo a partir del 30 de este mes. Sin embargo, fuentes de la referida Comisión, que preside la kirchnerista Diana Conti, confiaron ayer a este diario que se analizarían nuevas pruebas que alcanzarían a otros ex y actuales funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba. Lo relevante del caso es que, según la fuente, la ampliación de la investigación rozaría a la jueza Cristina Garzón de Lascano, del Juzgado N° 3, quien ha instruido la casi totalidad de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en Córdoba durante la dictadura militar. La magistrada se encuentra denunciada ante el Consejo de la Magistratura por una resolución que tomó tiempo atrás relacionada con la venta de medicamentos anticonceptivos (la píldora del día después). Ayer, sin embargo, trascendió que el consejero kirchnerista Carlos Kunkel habría pedido que se tomen medidas de prueba contra otros funcionarios judiciales que ocuparon cargos durante la dictadura; entre ellos se menciona a Garzón de Lascano, que por aquellos años ocupaba el cargo de secretaria de un Juzgado federal.

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Córdoba
UP1: el represor Yanicelli deberá esperar el juicio bajo arresto
Es un ex integrante del D2, acusado de torturas y asesinatos durante la dictadura.

YANICELLI. Al ser detenido, en octubre de 2007 (Archivo).

Redacción LAVOZ.com.ar
El represor Carlos Yanicelli, ex integrante del Departamento de Informaciones de la Policía (D2), deberá aguardar el juicio de la causa "UP1" bajo arresto en la Guardia de Infantería por que la Justicia considera que existe riesgo de fuga y de que atente contra la integridad de los testigos. Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba al confirmar un fallo de la jueza federal Nº3 Cristina Garzón de Lascano, en el marco de la causa por 32 asesinatos a presos políticos que estuvieron alojados en la cárcel de San Martín (ex Unidad Penitenciaria Nº1) y en el D2. La resolución se adoptó el 15 de abril pasado pero los fundamentos recién se difundieron hoy. Peligros procesales. El vocal Abel Sánchez Torres, respaldado por Ricardo Bustos Fierro, justificó la confirmación de la negativa de excarcelación al entender que Yanicelli, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía durante la democracia, está acusado de crímenes de lesa humanidad en numerosas causas y ya ha demostrado que trata de evitar el accionar de la justicia. Además, consigna "su probable experiencia durante los años motivo de juzgamiento en operaciones irregulares y subrepticias, todo ello sumado al relato de algunos testigos que, a más de haber probablemente permanecido detenidos en el D2 sometidos a torturas en 1976, manifestaron haber sufrido después, en 1997 (...) amenazas y amedrentamientos de distintas formas –llamadas telefónicas anónimas, merodeo en autos frente a la casa, entre otras- a efectos de que no efectuaran declaraciones que los involucrara o para que cesaran en sus denuncias". Incluso recuerda un sumario que instruyó la Policía "tendiente a esclarecer la actuación que le cupo al personal de aquel Departamento –Yanicelli incluido". También el juez Ignacio Vélez Funes consideró que no debe excarcelarse a Yanicelli, no sólo por la gravedad de los delitos y el riesgo procesal, sino también por que el imputado fue detenido en octubre de 2007 y por lo tanto no se ha vencido aún el plazo de tres años para mantenerlo con prisión preventiva.
La resolucion

Poder Judicial de la Nación 1

USO OFICIAL

///doba, 15 de Abril de 2009.

Y VISTOS:
Estos autos caratulados: “Incidente de
Excarcelación a favor de Carlos Alfredo YANICELLI en autos:
‘ALSINA, Gustavo Adolfo y otros p.ss.aa. Imposición de
tormentos agravados y Homicidio’ (Expte. 17.468)” (Expte.
66/2009), venidos a conocimiento de esta Sala B del Tribunal
en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Dr.
Justiniano Francisco Martínez, en ejercicio de la defensa
técnica de Carlos Alfredo Yanicelli, en contra de la
resolución dictada con fecha 22 de diciembre de 2008 por el
Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, obrante a fs. 42/48 de
autos, que dispone: “RESUELVO: 1) DENEGAR EL BENEFICIO DE
EXCARCELACIÓN solicitado a favor de CARLOS ALFREDO YANICELLI,
filiado en autos principales, de conformidad con lo
prescripto por el art. 319 del C.P.P.N. 2) Protocolícese y
hágase saber.”

Y CONSIDERANDO:

I. Que arriban los presentes autos a esta Sala en
virtud del recurso de apelación interpuesto con fecha 02 de
febrero de 2009 por la defensa técnica del imputado Carlos
Alfredo Yanicelli en contra de la resolución cuya parte
dispositiva fuera precedentemente transcripta.

II. Que la señora Juez Federal N° 3 de esta ciudad
con fecha 22 de diciembre de 2008 denegó el beneficio de
excarcelación peticionado previamente por la defensa de
Carlos Alfredo Yanicelli. Para así decidir la señora Juez
tuvo en cuenta que se imputan a Yanicelli los delitos de
Imposición de Tormentos Agravados, cuatro hechos, en carácter
de coautor (art. 144 ter 1° párrafo con el agravante
dispuesto en el segundo párrafo del C.P., ley 11.179
modificada por ley 14.616) y Homicidio Agravado, seis hechos,
en carácter de coautor (art. 80 inc. 2° y 4° del C.P.); todo
en concurso real (art. 55 del C.P.); y que en los autos
principales el 13.05.2008 se ordenó el procesamiento y
prisión preventiva del imputado por la probable comisión de
dichos delitos, resolución que fuera confirmada por esta
Alzada.
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La Causa UP1
Redacción LAVOZ.com.ar
La causa Alsina tiene dos tramos: la primera comprende los procesamientos ya confirmados a los represores Luciano Benjamín Menéndez y otros ex militares y policías locales.
La segunda involucra al dictador Jorge Rafael Videla Vicente Meli, Raúl Eduardo Fierro y Jorge González Navarro, entre otros ex militares.
Los hechos investigados datan de 1976 y 1977.
Los asesinatos de la UP1 se llevaron en su mayoría a cabo mediante simulacros de intento de fuga de los secuestrados, mientras que otros dos fueron matados dentro de la Penitenciaría. Además, se analizan cuatro muertes de presos políticos que habían sido torturados en el D2.
Actualmente, Yanicelli está preso en la Guardia de Infantería junto a un ex compañero de la fuerza y de los grupos de tareas, Yamil Jabour, pese a los reclamos de que sean trasladados a la cárcel común de Bouwer. Incluso hubo denuncias de condiciones irregulares de detención, con privilegios y hasta salidas no permitidas del lugar, que no fueron confirmadas por la Justicia.
Fuente: La Voz del Interior

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E. Rios: Obligan a una rectora a exhibir una pelicula sobre la dictadura23/04/2009 -

El hecho ocurrió en Gualeguaychú, en la Semana de la Memoria

Obligan a la rectora de una escuela a proyectar una película sobre la dictadura

La rectora de la Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade de Gualeguaychú fue obligada por autoridades educativas a autorizar la proyección de la película Crónica de una fuga, que había organizado el centro de estudiantes junto con una profesora de Historia, en el marco de la Semana de la Memoria. La directora deberá presentar la actividad, participar del debate posterior con los alumnos e invitar al resto de la comunidad educativa, según se indicó a ANALISIS DIGITAL. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS


> > Investigan las causas de la muerte de Ponce de León en 1977> El Juez fijó fecha para la exhumación de los restos del Obispo> Villafuerte Ruzo dispuso que sea el 5 de mayo. Además se procederá al> reconocimiento mediante el análisis de ADN comparativo con muestras de> sangre de sus sobrinas y la realización del examen pericial médico> antropológico forense.> por: Rocío Vega> http://www.diarioelnorte.com.ar/noticia.aspx?IdNoticia=113876> > Nueva querellante en una causa local de la dictadura> Ayer hizo la presentación acompañada por una Abogada de H.I.J.O.S.> Marisa Corelli se sumó como demandante -ante el Juzgado Federal a> cargo del Dr. Villafuerte Ruzo- en el expediente que investiga> secuestros y desapariciones de alumnos del Colegio Don Bosco. “Yo en> aquel momento era docente y estuve presa del 77 al 79. Por otro lado,> nunca pudimos resconstruir lo que pasó con mi hermano Ricardo”.> por: Rocío Vega> http://www.diarioelnorte.com.ar/noticia.aspx?IdNoticia=113938> --
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS


Confirman en Bahía Blanca procesamiento de ex militar
Lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad contra Argentino Tauber, ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181, detenido y acusado por delitos de lesa humanidad. Dispuso un embargo por 21 millones de pesos. Fallo completo
Fallo completo 276.24 Kb.
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el procesamiento de Argentino Cipriano Tauber, ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181, detenido en esa ciudad acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.
El tribunal dictó la medida y agravó la situación procesal de Tauber, que había sido considerado partícipe necesario en los crímenes por el juez de primera instancia. Ahora, según la Cámara, deberá afrontar la acusación de co-autor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia y homicidio agravado por el concurso de tres personas por lo menos.
Los magistrados también dispusieron para Tauber un embargo por 21 millones de pesos, y fundamentaron esta decisión “teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, la infracción por el imputado a su deber de garantía con los ciudadanos por ser funcionario público y las aflicciones irrogadas, a los fines de atender la indemnización civil y las costas (arts. 445 y 518 CPPN), debiendo cumplimentarse el embargo y la inhibición de bienes, en su caso, por ante el Juzgado”.

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Lesa humanidad: autorizan el traslado de Julián Corres a Campo de Mayo
Lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, tras un pedido del ex militar, acusado de delitos de lesa humanidad y que se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz. Fallo completo
Fallo "Corres, Julián Oscars/apela denegatoria detraslado" 93.93 Kb.


La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca autorizó el traslado a la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo de Julián Corres , ex teniente coronel acusado de ser el jefe del centro clandestino de detención “La Escuelita”, que funcionó en el comando del V Cuerpo de Ejército de esa ciudad.
En un fallo dividido, el tribunal hizo lugar a un recurso de apelación presentado por la defensa de Corres, quien se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz. Los jueces aseguraron que no existen razones objetivas fundadas de seguridad que tornen desaconsejable el traslado del detenido.
En primera instancia, el juez de instrucción había hecho lugar al pedido de la defensa pero luego lo desestimó, al recibir un informe de la Dirección General del Régimen Correccional en el que se afirmaba que el establecimiento de Campo de Mayo se encontraba colmado y con lista de espera. El magistrado también alegó rechazar el pedido de Corres en virtud de sus antecedentes de evasión.
El ex militar había sido alojado en Marcos Paz luego de ser detenido en agosto de 2008 en Villa Constitución, Santa Fe, tras haberse escapado en julio de ese año de la delegación bahiense de la Policía Federal. Ahora, según la cámara, su traslado queda condicionado a la existencia del cupo correspondiente.
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Fallo contra el represor rei
Fallo completo 78.18 Kb.

Fuente: http://www.cij.gov.ar/
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Una sola consigna. "El pueblo unido jamás será vencido"
337.079 voluntades en marcha ahuyentaron todos los miedos
Computadoras solidarias aportadas por decenas de jóvenes militantes permitieron terminar, sobre las seis de la madrugada, el conteo de las 324.823 papeletas horas antes de ser entregadas al Parlamento. A las 23.45 de ayer se entregaron 12.256 papeletas más al surgir versiones desde la Corte Electoral que cerraban el plazo constitucional ayer y no hoy.
Gerardo Agosto
Aquí están. Miles de personas en el Palacio Legislativo, para recibir las cajas con las papeletas.
Cuidado. En medio de aplausos, militantes trasladan las cajas hacia el Palacio.
Paso a paso. El ómnibus del PIT-CNT, que recorrió el país para juntarlas, lleva las firmas por Agraciada, rodeado por la alegría de trabajadores y estudiantes.
Bajo custodia. Las firmas eran custodiadas anoche por efectivos policiales.
Adentro. Adentro del Palacio siguieron los aplausos y la alegría.
Oficial. Mujica, como presidente de la Asamblea General, recibe las firmas.
El disciplinado trabajo recibió el homenaje de centenares de uruguayos que se congregaron sobre las 16 horas en Fancap, para ser partícipes de una marcha histórica que custodió cada papeleta, hasta las propias manos del senador José Mujica, presidente en ejercicio de la Asamblea General.
"El pueblo unido jamás será vencido" fue la consigna más gritada desde las gargantas roncas de los militantes de varias generaciones que confluyeron en las escalinatas del Palacio de las Leyes. Ayer, veinte años después del voto verde, la impunidad emprendió camino hacia su derrota final.
Minutos antes de las 16 horas, el colorido ómnibus con una lapicera dibujada al costado, que sirvió para recabar firmas por todo el país, se estacionó, en medio de expresivos aplausos, frente al local sindical. Una a una serían subidas, luego, las 31 cajas, con sus más de diez mil papeletas firmadas.
Tres motos de la Policía de Tránsito se aprestaron a despejar el camino. Otros tres ómnibus de las empresas cooperativas Raincoop, Coetc y Ucot se colocaron detrás del ómnibus de la campaña. Todo estaba pronto, pero al local de Fancap seguían llegando papeletas que no fueron contadas.

Siete ministros son opositores
Sobre la Avenida Agraciada, frente al número 2522 de la puerta de Fancap, se izaron las banderas de los sindicatos de la central de trabajadores PIT-CNT, junto a carteles con los nombres de todos los departamentos donde militó la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad.
Entre las banderas y un pasacalle de la coordinadora nacional, se erigió, enhiesto, un cartel que a todos llamó a una silenciosa reflexión acerca del tiempo pasado y la dura epopeya de los pueblos en la eterna prosecución de su libertad: la de Crysol, la Asociación de l@s ex Pres@as Polític@s. Al frente de la multitud se colocaron los integrantes de la coordinadora nacional. El presidenciable frenteamplista Marcos Carámbula se ubicó cerca de ellos. La ausencia de Danilo Astori fue comentada, aunque ya se sabía que el otro presidenciable ni siquiera había firmado para que haya plebiscito.
En medio de la calma espera para comenzar la marcha, el sindicalista Gabriel Seré dejó deslizar un comentario que fue amplificado para todo el país por la periodista Alejandra Casablanca de 1410 AM LIBRE: "De los nueve ministros de la Corte Electoral, siete responden a la oposición".
En el comienzo de la segunda etapa, con las miras puestas en juntar los votos para plebiscitar una reforma constitucional junto a las elecciones de octubre que permita anular la ley de impunidad, el temor por el proceso de validación de las firmas entregadas ya comenzó a preocupar a la gente.
La misma inquietud fue manifestada a viva voz por tantos otros militantes.
Pero ningún interés despertó en los muchos medios de comunicación social que se acercaron ayer a la marcha, a pesar de que su ausencia fue notoria en otras jornadas históricas vividas durante toda la campaña.

43 militantes y el honor de ingresar las firmas
Nada menor fue el empeño puesto en el traslado de las cajas desde Fancap hasta el ómnibus. Una doble cadena humana de seguridad se montó al instante. Las cajas fueron llevadas entre aplausos y sollozos. No hubo avalancha ni aglomeraciones peligrosas. Sólo aplausos y llantos emocionados. En minutos se estableció luego la identidad y procedencia de los exactos 43 militantes que tuvieron el honor de ingresar hasta la Sala Zelmar Michelini, ya dentro del Palacio de las Leyes. Pero lento fue el comienzo de una marcha, con gente cargada de tristezas, alegrías y recuerdos del martirio. Y aunque atrás había quedado la dictadura civil y militar que dejó un daño irreparable en lo mejor de los jóvenes uruguayos que soñaron un mundo mejor a finales de los años 60 y comienzos de los años 70, un instante de tenso silencio se produciría segundos antes de emprender la marcha. Eran fuegos artificiales. Claro. Todos se dieron cuenta. Pero después. Durante medio minuto fue motivo para la mirada estupefacta de los militantes congregados. Los fogonazos de artificio (hubo que explicarlo) habían sido previstos para dar un sonoro comienzo al desplazamiento de la gente.

31 cajas con 10 mil papeletas cada una
Las cajas comenzaron a salir de Fancap a las 16.12 horas. Los cuatro ómnibus empezaron con el calentamiento de sus motores a las 16.17. Una bandera del PIT- CNT fue desplegada al frente del ómnibus con la lapicera dibujada. Otras dos cadenas humanas se apostaron junto a los vehículos. El reloj marcó las 16.36 cuando comenzó la marcha. Por largos trechos, en silencio, su imponente desplazamiento por Agraciada recordó por momentos las marchas del silencio que se realizan los 20 de mayo de cada año, en un sentido homenaje a las víctimas martirizadas por el militarismo.
A paso de hombre, y a un ritmo entrecortado por la cantidad de gente, la movilización encaminó sus pasos hacia el Parlamento. Varias motos con militantes del PIT-CNT reforzaron el esquema de seguridad, metros detrás de los policías que cortaron el tránsito vehicular en todas las esquinas. La primera caja fue ingresada al Palacio de las Leyes minutos antes de las 17 horas. La última sería entrada a las 17.10. Otra vez se debió montar una doble cadena humana de seguridad por parte del PIT-CNT. Parecía que los presentes querían acariciar las cajas. Necesitaban creerlo. Una consigna volvió a ser escuchada, estruendosa y omnipresente: "El pueblo unido jamás será vencido". Una y otra vez estalló el mismo cántico. Aquella consigna que podría costarle la vida al que la pronunciara. Pero ayer no hubo que temer: más de 300 mil voluntades ahuyentaron los miedos.

Fuente: La Republica


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"A las 5 en punto" ¡Vivan los compañeros!
Por Juan Gómez - Secretario General Federación Ancap
Por Juan Gómez - Secretario General Federación Ancap
Hoy viernes 24 de abril a las "5 en punto" de la tarde le entregaremos al Presidente de la Asamblea General más de 300.000 voluntades para anular la Ley de Caducidad, primer gran paso hacia el definitivo entierro de la infame impunidad que asoló nuestro país durante tantos años.
Las estaremos presentando justamente, a 20 años de aquel voto verde, valiente, digno, lleno de alegría, lleno de esperanza. Cuánto tiempo ha pasado de aquella audaz confrontación con los enemigos de siempre, con los que siempre han estado al servicio de las clases dominantes, verdaderos representantes del pasado. Y aquí estamos nosotros, con nuestras organizaciones, con nuestras discusiones, con nuestros matices, pero también con nuestros sueños y con nuestras convicciones que nos dan la fuerza suficiente para pelear ahora por profundizar la democracia. Y todo ello es posible por la lucha que ayer nuestros hermanos de clase, nuestros compañeros todos, dieron, para tener un futuro de justicia para nuestro pueblo.
Cada firma recogida es un pedazo de nosotros, de nuestra historia, que no le pertenece a nadie en particular, pero que nos pertenece a todos, a los vivos y a todos nuestros muertos. Sí, a todos nuestros muertos que lucharon por un mundo mejor, pero que al mismo tiempo representan ese mundo que estamos intentando parir para las nuevas generaciones.
Un mundo sin presos políticos, sin torturados, sin desaparecidos, sin niños secuestrados, con oportunidades para todos, con participación popular y construyendo más democracia con justicia social. Pero esa construcción no surgirá de la nada, no dependerá de la espontaneidad ni de la mejor idea que tengamos.
Esta primera victoria con las firmas recogidas no hace más que confirmar la justeza de nuestra lucha en el plano político, en lo que hace a la necesidad de rescatar la memoria para la construcción del futuro, pero al mismo tiempo de la necesidad de la organización, de las estructuras organizativas del movimiento popular, en particular de nuestros sindicatos. La explicación práctica del logro de las firmas está en la organización.
Todas las batallas libradas, por la defensa de las empresas públicas, por UTE, por Ancap, por el AGUA, por Antel, las ganadas y las perdidas son las que generaron las condiciones para dar la pelea en las actuales circunstancias. Siempre habrá espacio para mejorar las acciones, para hacer mejor las cosas, siempre que tengamos organizaciones del campo popular.
Nuestra Federación Ancap ha sido distinguida como lugar de la concentración desde donde - a partir de las 16:00 hs.- nos movilizaremos hacia el Parlamento Nacional para entregar las firmas recogidas como manda la Constitución, al presidente de la Asamblea General.
Alas 5 en punto entonces, por ellos, con ellos, estaremos dando comienzo al fin de la impunidad en nuestro país. Como siempre de nosotros depende el afirmar el futuro, con unidad, organización, y lucha, de cara a un gran 1º de Mayo.

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Milonga del Fusilado No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que se aclara sabran como era mi frente. Me oyo reir poca gente, pero mi risa ignorada... la hallaràn en la alborada del dia que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos, yo elegì entre muchos modos ser mas viejo que mi edad. Y mis años de verdad, son los tiros que he tirado. Nasco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera tendre la edad verdadera del niño que he ..liberado. Mi tumba no anden buscando por que no la encontraran Mis manos son las que van en otras manos , buscando. Mi voz..la que esta gritando! Mi sueño,el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Por que el que muriò peleando, vive en cada compañero !
Red de Noticias DH

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Desde Cordoba

Felicidades queridos compañeros, recuerden que en el año 1992 la CIDH dictó para Argentina y Uruguay una resolución que declaraba a las leyes de impunidad contrarias a la Convención Interamericana. Héctor Gross Spiell trato de cuestionar esa resolución a pesar de que antes había sido Vocal de la Corte Interamericana y había dictado el famoso fallo de Velázquez Rodrigue y de Godinez Cruz. Mas tarde pidió una Opinión Consultiva a la Corte y les dieron por la cabeza.
Uruguay como Estado Parte está obligado a derogar la ley y sus efectos.
Desde Córdoba Argentina, María Elba Martínez abogada de DH y Coordinadora del Servicio Paz y Justicia de Córdoba.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS


Juicio a los genocidas Ya

Militantes y abogados de derechos humanos, junto a familiares de víctimas del Terrorismo de Estado; dirigentes sociales, sindicales y políticos, se reunieron para exigir el inicio de los juicios por crímenes de lesa humanidad que aún no fue fijada por la justicia. Asimismo, se solidarizaron con Luis Miguel Baronetto quien recusó al Juez Otero Alvarez por complicidad con la dictadura.

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2009-04-22 -
La reunión de prensa comenzó a las 10 y contó con la presencia de abogados de derechos humanos, familiares e hijos de víctimas del terrorismo de Estado, dirigentes sociales,sindicales y políticos. No estuvo presente Luis Miguel Baronetto, quien se trasladó a La Rioja para realizar diligencias relacionadas con la causa del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, cuyo cadáver se exhumaba hoy, y de la que es querellante.
La convocatoria fue realizada para aclarar dos cuestiones. Por un lado, exigir que los juicios por violaciones a los derechos humanos tengan fecha concreta de inicio. Y por otro, apoyar al dirigente y militante sindical y de derechos humanos, Luis Baronetto, quien fuera atacado mediáticamente de retrasar el inicio de los juicios por haber recusado al Juez Otero Álvarez. Los presentes consideran que la trayectoria de Baronetto está fuera de toda discución. Un documento sucinto expresa lo enunciado.
"Ante declaraciones que abonan a la confusión generalizada respecto a la situación jurídico- procesal de los juicios por violaciones a los derechos humanos en nuestra provincia y los agravios hacia el compañero Luis Miguel Baronetto, nos vemos en la obligación de aclarar y fijar posicionamiento sobre estas cuestiones:Sobre el retraso de los juicios:-Debe tenerse en cuenta que no puede suspenderse un juicio que no tiene fecha de inicio. El mismo tribunal no ha fijado fecha alguna. Así lo ha informado el actual Presidente del Tribunal Oral Nº1, José Muscará al Consejo de la Magistratura el pasado 31 de marzo.-El eventual retraso del juicio en ciernes no es consecuencia de la denuncia de Baronetto presentada hace un año en el Consejo de la Magistratura contra el juez Otero Álvarez por complicidad con la dictadura, sino producto de las estrategias dilatorias de funcionarios judiciales que actúan corporativamente.-Además, existen mecanismos procesales (Ley Nº 26.376) para el reemplazo de jueces en pocos días, con jueces subrogantes y conjueces. (Fue entregada a la prensa una copia del acta-acuerdo firmada por Jaime Diaz Gavier, Carlos Otero Álvarez y José V. Muscará donde se designan los conjueces para el año 2009). El texto afirma además que "los militares y policías fueron el brazo ejecutor del Terrorismo de Estado" y subraya que "para poner en funcionamiento la maquinaria criminal fue indispensable la complicidad y la colaboración de personas e instituciones de la sociedad, entre la que se destacaron por su importancia las instancias judiciales. Ninguna dictadura militar se ha podido sostener en el tiempo, sin la complicidad de las instituciones que componen la sociedad: el poder económico, la iglesia, medios de comunicación y el poder judicial".
El documento finaliza con el reclamo de justicia y exige además "la urgente conformación de Tribunales idóneos, ética y moralmente, para la impostergable realización de los Juicios a los genocidas". Adhieren al comunicado: militantes, funcionarios y dirigentes sindicales, sociales, políticos y de derechos humanos: CTA, Centro Tiempo Latinoamericano, miembros de la Conadep Córdoba, bancarios transferidos, ex-presos políticos, familiares de desaparecidos, hijos y familiares de fusilados de la UP1, abogados querellantes en causas de derechos humanos , Sonia Torres, Juan Carlos Giuliani (CTA- Nacional), Víctor De Genaro (CTA- Nacional), Guido Dreizik (CISPREN-CTA), Oscar Mengarelli (CTA-Córdoba), Roberto Bardach (CTA- Córdoba), Carlos Vicente (Vice intendente de la ciudad de Córdoba.), Raúl Sánchez (Secretario de Derechos Humanos de la Pcia. de Córdoba), Norma Morandini (Diputada Nacional), Mónica Gutierrez (ANSES), Sergio Cornatosky (UEPC) , Carlos Orzaocoa, Sergio Ortiz (Partido de Liberación), Marysel Segovia (Casa del Liberado), Jesús Chirino (CTA Villa María), Federico Laje, Hugo Perez Navarro (Río Cuarto), José María Budassi (Sec DDHH- Suteba y CTA, San Nicolas), Grupo Juan XXIII, P. Rafael Velasco (Universidad Católica de Córdoba), Grupo Junin de Pergamino, Ernesto Ponsati, María Elena Mercado, Luis Reinaudi, Waquin, Carlos Eduardo, Gerardo Batistori, María Elba Martínez (SERPAJ), Hugo Vaca Narvaja (SERPAJ), Dpto de Discapacidad de la CTA, Concejal Marta Juárez (Libres del Sur- Comisión DDHH Concejo Deliberante), Miguel Apontes (Frente Político Territorial Evita), Ezequiel Gamarro (Movimientos Barrio de Pie), Fernando Cortéz (Mov. Libres del Sur- Reg. Córdoba), Armando Fernández (Partido Nuevo), Daniel A. López (Revista La Esquina), Gustavo Gómez (Centro Tiempo Latinoamericano), Hugo Mamani (Centro Tiempo Latinoamericano), Partido Comunista, entre otros. http://www.prensared.com.ar/



Córdoba -Política
Los pecados de Vitín
La demonizada pelea de Luis Miguel “Vitín” Baronetto contra la corporación judicial desnuda las limitaciones que el poder impone a una genuina reivindicación de los derechos humanos.

2009-04-20 -
Por Alexis Oliva - Prensared
El pecado que no se le perdona a Luis Miguel Baronetto es haber arremetido contra dos estamentos de poder que fueron indispensables cómplices de la dictadura y que permanecen casi intocables: la Justicia y la Iglesia.
En el primer caso, osando acusar de colaborar activamente con los asesinos de uniforme a un miembro del Poder Judicial, tan luego a uno de los jueces que “levantaron el aplazo” y le “lavaron la cara” a la señora (no siempre) ciega, al mandar a la cárcel a Luciano Benjamín Menéndez. Así entendida, a pesar de ser producto genuino de la larga y consecuente lucha de los organismos y muchos militantes de derechos humanos, sindicales, políticos y sociales, la condena al genocida sirvió también para que la cofradía judicial intentara blanquearse ante la opinión pública por su lamentable actuación en tiempos del terrorismo de Estado.
En ese contexto, la recusación de Baronetto a Carlos Otero Alvarez es un acto de coraje y dignidad, que se fundamenta en diversos hechos y pruebas, sobre todo por su actuación junto al juez Adolfo Zamboni Ledesma en torno a los fusilamientos clandestinos de 28 presos políticos de la cárcel de barrio San Martín en 1976, entre ellos Marta Juana González, la esposa del denunciante. Y es sobre todo una cuestión de principios que -aunque hoy no coticen en bolsa- pesan mucho más que cualquier otra consideración estratégica o pragmática.
En el segundo caso, al rescatar en una documentada y reveladora biografía -y en cuanta ocasión tuvo y tendrá- a Enrique Angelelli, el obispo asesinado durante la dictadura, una figura que interpela al silencio encubridor y el aval ideológico que la Iglesia Católica prodigó a las Fuerzas Armadas, otro tema tabú para el estabilshment político y mediático actual.
A tal punto que Baronetto, como investigador y protagonista de esa historia (fue seminarista tercermundista entre los años 60 y 70), ha sido en Córdoba una de las principales fuentes de la vasta investigación que lleva adelante Horacio Verbitsky sobre el rol cómplice de la Iglesia con los gobiernos militares del siglo XX, alianza que tuvo en esta ciudad un escenario clave.
En tiempos en que el poder intenta conformarnos con algunos militares represores encarcelados, mientras se disocian los derechos humanos del ayer con los de hoy, no son muchos los que, como Baronetto, se atreven a recordarnos que “la tarea de exterminio llevada a cabo por las fuerzas de la represión no hubiera sido posible sin la activa colaboración empresarial, clerical, política y judicial, que vieron beneficiados sus intereses a costa de las políticas neoliberales de hambre, miseria y exclusión social para los trabajadores y las mayorías populares que las padecieron en carne propia”.
Por eso, seguramente también se le condena que jamás haya renegado de su militancia revolucionaria, que no adhiera a la teoría de “los dos demonios”, que a pesar de la tortura y los años de cárcel haya continuado la lucha como militante sindical bancario, en el Centro Tiempo Latinoamericano y en la Central de Trabajadores de la Argentina.
El ser “funcionario” (como ahora insólitamente se le reprocha) es una responsabilidad más, consecuente con toda esa historia de lucha, una para nada liviana mochila adicional en su bregar por los derechos humanos desde una visión integral, que actualiza el proyecto de país sin pobres ni ricos por el que lucharon aquellos que ofrecieron sus vidas o años de sus vidas por esa causa.
No es por placebos simbólicos ni por laureles individuales que pelea un tipo como Vitín. Pelea por una sociedad más justa, para que por las calles no caminen los genocidas impunes pero tampoco trajinen los chicos hambrientos. ¿Ese es su imperdonable pecado?
http://www.prensared.com.ar/
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texto con las definiciones de Luis Baronetto
EN HONOR A LA VERDAD, LA MEMORIA Y LA JUSTICIA

1- Se ha dado un paso importante para desterrar la impunidad en el seno del poder judicial cordobés, en este caso al calificar al magistrado Carlos Otero Álvarez, como “colaboracionista con los delitos de lesa humanidad”, en el único dictamen sujeto a votación en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Sin embargo el juez ha presentado la renuncia al 31 de julio, lo que significa que – si no se buscan otros subterfugios – existe tiempo suficiente para el próximo juicio, que sospechosamente todavía no tiene fecha de inicio.
2- EN HONOR A LA VERDAD, mi denuncia administrativa al Juez Carlos Otero Álvarez por connivencia con el terrorismo de estado fue realizada hace un año atrás (el 14 de abril de 2008) ante el Consejo de la Magistratura, después de la recusación judicial contra este mismo Juez que presentaron los abogados Martín Fresneda y Claudio Orosz, de H.I.J.O.S. Mal puede argumentarse ahora que haya sido hecha para obstruir el próximo juicio a los genocidas. Pero hace un año también se criticó mi denuncia porque obstruiría el juicio Brandalisis, caratulado “Menéndez, Luciano Benjamín y otros, homicidio agravado, etc..”. La realidad sin embargo demostró la equivocación: el juicio se hizo y los genocidas están condenados. ¿Por qué tanto interés ahora en la crítica pública?
3- En honor a la verdad, no es verdad que se haya suspendido ningún juicio. Porque no puede suspenderse un juicio que no tiene fecha de inicio, tal como lo ha informado el actual Presidente del Tribunal Oral 1 Dr. José Muscará al Consejo de la Magistratura el pasado 31 de marzo/09. (Se adjunta copia del informe oficial). Si no hay juicio es porque el mismo tribunal no ha fijado fecha alguna. ¿A la espera de nuevas recusaciones?
4- En honor a la verdad, cualquier ciudadano sabe que existen mecanismos procesales para reemplazar un juez en pocos días: por fallecimiento, por enfermedad, por inhibición, por recusación. Para eso existen los jueces subrogantes y los conjueces. (Se adjunta copia del acta-acuerdo firmada por Jaime Diaz Gavier, Carlos Otero Álvarez y José V. Muscará donde se designan los conjueces para el año 2009).
5- EN HONOR A LA JUSTICIA, ninguna de estas dificultades existirían si el poder judicial hubiese depurado sus filas y se hubiesen cubierto las vacantes, posibilitando mayor credibilidad de la ciudadanía y apostando al fortalecimiento y mejor calidad institucional. Una resolución judicial aunque siempre sea legal nunca tendrá calidad ética si está suscripta por un magistrado que por aquella connivencia con los genocidas debiera haberse apartado, como lo han hecho prudentemente otros.
6- En honor a la justicia, sólo con tribunales renovados y funcionarios judiciales transparentes se podrán acelerar los juicios, sin los riesgos de las demoras que ocasionan las tramas de complicidades de la corporación judicial. Por eso debe reclamarse la urgente constitución de tribunales habilitados legal y moralmente para no retrasar los juicios que exigimos desde que apenas sufrimos la desaparición y el asesinato de nuestros compañeros y familiares, hace más de treinta años, a la misma justicia que ya entonces integraba Carlos Otero Álvarez, manteniéndose siempre en el silencio cómplice.
7- EN HONOR A LA MEMORIA de nuestros muertos y desaparecidos, no queremos una justicia sospechada ni funcionarios que con su firma son responsables del encubrimiento de crímenes de lesa humanidad. Que la legalidad jurídica esté sustentada en la legitimidad ética.
8- En honor a la memoria, nuestros muertos y desaparecidos que lucharon por una sociedad más justa y equitativa, se merecen instituciones creíbles, con funcionarios y militantes que no apañen a los cómplices probados del terrorismo de estado.
9- EN HONOR A LA JUSTICIA Y A LA MEMORIA, la verdad es que miembros destacados de la justicia federal cordobesa que por muchos años han apañado la impunidad, - haciendo gala de su tradicional actitud corporativa, - apelan a nuevas excusas para dilatar los juicios a los genocidas que han postergado indefinidamente. En el caso del Juez Otero Álvarez defendiéndolo para que pueda lavarse la cara actuando hoy como juez de la misma Constitución que ayer subordinó al estatuto y “leyes” del terrorismo de estado. Y en otros, con sobreseimientos por prescripción de la acción penal en causas judiciales que se tramitan en el Juzgado Federal Nª 2, donde están imputados ex - funcionarios judiciales y el mismo Otero Álvarez, hoy en apelación concedida.
10- EN HONOR A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA MEMORIA, agradezco la solidaridad expresada hasta este momento por militantes, funcionarios y dirigentes sindicales, sociales, políticos y de derechos humanos, como la CTA, Centro Tiempo Latinoamericano, Sonia Torres, Dr. Raúl Sánchez, Juan Carlos Giuliani, miembros de la Conadep Córdoba, ex-presos políticos, familiares de desaparecidos, hijos y familiares de fusilados de la UP1, abogados querellantes en causas de derechos humanos y tantos y tantas otros y otras con quienes compartimos luchas y proyectos.

SIN DILACIONES ARTERAS, JUICIO Y CONDENA YA, EN CÁRCEL COMÚN, A LOS GENOCIDAS !

Córdoba, 20 de abril de 2009

Luis Miguel Baronetto
Director de Derechos Humanos
Municipalidad de Córdoba-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS



PUBLICADO EN LA EDICION DE L A MAÑANA DEL MIERCOLES 22.TESTIMONIO DE VICENTE BIENVENIDO JOGA“Fui sometido a un duro interrogatorio pero en ningún momento se me torturó”Permaneció detenido ilegalmente más de un mes. Después de recuperar la libertad, hizo gestiones para la liberación de detenidos, sostuvo el ex gobernador.
El ex gobernador, Vicente Joga, contó que fue detenido en la misma mañana que se produjo el golpe militar del 24 de marzo de 1977, y que permaneció en esa situación aproximadamente unos 47 días. Durante ese tiempo, estuvo en la unidad penitenciaria federal U-10, pero pese al “duro interrogatorio” al que fue sometido, “en ningún momento” padeció torturas.Así declaró ayer el ex mandatario al declarar como víctima testigo en la causa contra el ex gobernador de facto durante la dictadura, Juan Carlos Colombo, a quien se lo juzga por la presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad.Cabe señalar que el mandatario fue convocado para que brinde información respecto época de transición entre el fin del proceso militar y la reinstauración de la democracia, dado que en el primer gobierno democrático formoseño, encabezado por Floro Bogado, ocupó el cargo de ministro de Gobierno, que tenía bajo su cargo a la policía provincial.Vestido con un traje azul, camisa blanca, y corbata al tono y zapatos negros, Joga se hizo presente en el horario previsto para el reinicio de las sesiones del juicio oral y público, que arrancó pasadas las 16.30. Una vez que prestó el juramento de práctica, Joga comenzó a relatar los difíciles momentos que se vivieron tras el advenimiento de la última dictadura militar.Contó que él estaba en su domicilio particular cuando una caravana conformada por una camioneta, dos móviles policiales, un unimog, y otro vehículo menor, trajeron a una tropa comandada por un oficial del Ejército, que lo detuvo, previo allanamiento del lugar de donde secuestraron un revólver calibre 22 y una escopeta de caza, además de libros de historia del peronismo.La detención de Joga fue supervisada por el entonces oficial del Regimiento de Monte 29, Alturría.Consultado por los querellantes respecto a los motivos de su detención, Joga especuló que se debió a su accionar gremial, ya que era abogado de la CGT y de varios gremios. “Fue por la actividad gremial que nos llevaron a la cárcel, porque eran las cosas que más se nos preguntaban en el interrogatorio”, afirmó.Mencionó que después supo que hubo gestiones del Colegio de Abogados y del movimiento obrero para que se lo dejara en libertad.Mencionó que hubo dos etapas de secuestros y detenciones ilegales por parte de los militares. Y que a él le tocó vivir la primera de esas oleadas. Por ello, dijo recién después se enteró que en los centros de detención ilegal que funcionaron en el Regimiento y en la sección Cuatrerismo de la Policía Provincial del barrio San Antonio, conocida como La Escuelita, “pasaban las cosas más bravas”.Sin denunciasAnte reiteradas preguntas de los querellantes de la causa, Joga respondió que en ningún momento, cuando ejerció el cargo de ministro de Gobierno o las dos veces que fue gobernador de la provincia, recibió denuncias específicas que involucraran a policías en la represión de la dictadura.“Cuando fui ministro, por lo menos a mi, formalmente y por escrito, no me llegó ninguna denuncia formal. Tampoco cuando fui gobernador”, dijo Joga y recordó que en su primer período de gobierno Formosa fue la primera provincia que creó una subsecretaría de Derechos Humanos donde se tramitaron las indemnizaciones para las víctimas de la dictadura. Sin embargo, recordó que en algún momento, quien fuera dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Victorio Savloff, le hizo mención sobre la represión.Asimismo, mencionó que durante su gestión como ministro dejó sin efecto en la Policía provincial “una rémora de la dictadura que era la Dirección de Informaciones”.Sin vendasEl ex mandatario señaló que en ningún momento fue vendado. Dijo que tras ser detenido y trasladado a la U-10, fue examinado por quien fuera doctor de esa unidad, Diego Gorvein. Durante un tiempo permaneció solo en una celda.Los interrogatorios fueron realizados en el Regimiento, relató Joga. “Fui sometido a un duro interrogatorio pero en ningún momento se me torturó”, aclaró. De vuelta a la U-10, era examinado nuevamente por Gorvein, destacando de éste que se le ofreció para cualquier favor que estuviera a su alcance. “Lo único que le pedí fueron pastillas para dormir”, recordó.EstructuraMás adelante en el interrogatorio la querella intentó establecer si Joga en algún momento tuvo conocimiento que policías que fueron ascendidos durante su gestión como ministro tuvieron participación en la represión.Y señaló que los ascensos se daban en base a los méritos que transmitía la plana mayor policial.En un momento, Joga destacó la actuación del recientemente extinto ex presidente Raúl Alfonsín destacando la fragilidad que tenía la democracia en aquel momento.Ante preguntas puntuales, mencionó que al general Rearte, a quien se menciona como represor en Formosa, lo conoció recién cuando fue jefe de la Casa Militar durante el mandato del ex presidente Carlos Menem.Una vez que recuperó su libertad, precisó Joga, debió durante un año ir dos veces por semana a firmar un libro en la policía.Pero en ese período, junto a los dirigentes sindicales Pedro Romero y Reinaldo Benítez, fueron al Regimiento a realizar gestiones para la liberación de detenidos.
Cuadro de colomboUno de los abogados querellantes le preguntó por qué el 8 de abril de 1984, convocó a Colombo para colocar un cuadro suyo en el hall de la Casa de Gobierno. Joga respondió que se invitó a todos los ex gobernadores para habilitar la galería de cuadros de quienes gobernaron la provincia. “La historia es como es”, enfatizó.Posteriormente, dijo que en dos oportunidades, siendo asesor del sindicato de taxis y de UTA, por conflictos gremiales, visitó al capitan auditor Dominguez Linares, durante el gobierno de Colombo. Dijo que allí vio a varios abogados trabajando, entre ellos a Ontiveros y a Hang. Una de las cuestiones por las cuales fue a ver a Linares se debió a que Colombo quería apoderarse de un predio de UTA ubicado en Curuzú la Novia, en cercanías del Aeropuerto.“Pero nunca tuve en aquel momento entrevista con Colombo”, aclaró.Respecto a una anécdota que un querellante le pidió que recordara, Joga se mostró molesto porque interpretó que se lo quería hacer aparecer como del lado de los represores.Se debió, explicó, a una visita que le hizo la ex esposa del militar acusado de represor Spada, para que lo defendiera. “Yo lo atendí porque vino con el hijo de Bitel, el ex gobernador del Chaco. Y ante el planteo que me hicieron le dije que yo no podía hacer lo que me pedían porque “yo estuve del otro lado”, enfatizó Joga.Escándalo en la salaUna inusual situación de tensión se vivió ayer tras el testimonio que prestó el ex gobernador Vicente Joga, cuando el fiscal Luis Benítez y el querellante y víctima de la dictadura, Pedro Velázquez Ibarra, tuvieron un duro cruce.Ibarra acusó al fiscal de haberlo tratado de “payaso”, cuando le hizo notar que no se hizo ninguna referencia a su padre. El querellante comentó que habría elementos suficientes para recusar al fiscal de la causa, por la supuesta actividad que ejerció su progenitor.Recordó que está en la cámara de casación el pedido para que Benítez deje de intervenir en esta causa.Tras un cuarto intermedio, Ibarra solicitó al tribunal que ordenaran el apartamiento de Benítez, petición que fue apoyada por los querellantes Williams Dardo Caraballo, Eduardo Davis, y Ojeda, por lo que calificó de “injuria gravísima y provocación alevosa”.“Cuando (el testigo) Joga manifestó que tenía vinculación con el padre (del fiscal) por ser dirigente de UTA, el fiscal se fue de quicio y me gritó payaso. Esto viola todas las normas de procedimientos y el respeto y consideración para con las víctimas de las dictaduras”, afirmó.Benítez consideró que la imputación del querellante no alcanzaba a encuadrar en causal de recusación y denunció a Ibarra por agravios continuos.El Tribunal, decidió no hacer lugar al pedido del querellante, lo que motivó que todos los abogados de la querella se retiraran del recinto, junto a parte del público. --Publicado por juicioformosa para JUICIO FORMOSA el 4/22/2009 05:42:00 PM-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS


EL PAIS › AVANZA LA CAUSA POR LA BASE NAVAL
Juicio en Mar del Plata


El primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en la base naval de Mar del Plata tendrá a dos oficiales del Ejército y tres de la Armada en el banquillo.
El fiscal federal Adrián Pérez requirió esta semana la elevación a juicio de un primer fragmento de la causa, que incluye nueve secuestros y tormentos, y siete homicidios agravados. Los imputados son los contraalmirantes Juan Carlos Malugani y Roberto Luis Pertusio, ex jefe de la base naval y director de la Escuela de Submarinos, respectivamente, y el capitán Justo Alberto Ortiz, ex subjefe de la base. También el ex jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, coronel Alberto Pedro Barda, y el jefe de operaciones de la Agrupación, general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga. En el juzgado federal 3 continúa la instrucción de la causa contra los mismos imputados, entre otros, por delitos de lesa humanidad en perjuicio de otras 127 víctimas.

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EL PAIS › CONDENA A DIECISEIS AÑOS DE PRISION A UN APROPIADOR
“Se cierra una puerta”
El gendarme Víctor Enrique Rei fue juzgado a partir de una muestra genética obtenida en un allanamiento judicial. Rei había dicho “adopté a un huérfano”, sin explicar cómo Alejandro había llegado a sus manos.

El comandante de Gendarmería Víctor Rei junto a su abogado Alejandro Macedo Rumi

Por Diego Martínez
Víctor Enrique Rei, comandante retirado de Gendarmería, fue condenado ayer a dieciséis años de prisión por la apropiación y supresión de identidad del hijo de los desaparecidos Pedro Sandoval y Liliana Fontana. La jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del Tribunal Oral Federal 6, destacó que robar criaturas es delito de lesa humanidad y ordenó que se investigue al represor por participar en interrogatorios bajo tortura en Campo de Mayo. Rei se fue con la cabeza gacha, escoltado por cuatro agentes del Servicio Penitenciario rumbo al penal de Marcos Paz. Minutos después, en la escalinata de Comodoro Py, Alejandro Sandoval Fontana, emocionado y con una sonrisa, se abrazó con su abuela “Chela” Deharbe de Fontana y su tía Silvia. “Hoy se cierra una puerta y se abren otras”, les confesó. “Yo ya elegí: las quiero.” Un centenar de familiares y compañeros de militancia de sus padres, mezclados con militantes de H.I.J.O.S., no paraba de aplaudir.
–Liliana debe estar tranquila –apuntó Chela.
–Sí, mamá debe estar con Pedro –respondió Alejandro.
La condena de ayer es la primera a partir de muestras de material genético obtenido mediante un allanamiento judicial. También es la pena más alta para un apropiador. El tribunal que también integran José Martínez Sobrino y Julio Panelo condenó a Rei por retención y ocultamiento de un menor de diez años, supresión de estado civil y falsificación de tres documentos públicos: partida de nacimiento, DNI e inscripción en el Registro Civil. Ordenó que se rectifiquen los registros y se investigue a Rei por falsear también la cédula de identidad del joven.
El tribunal encomendó al Colegio Público de Abogados que analice la violación de todas las normas de ética profesional conocidas por parte de Alejandro Macedo Rumi, quien ayer logró superar en seis años la pena a su anterior cliente condenado por robar bebés, el capitán Enrique Berthier. Finalmente, como adelantó Página/12, ordenó que se investiguen las motivaciones del subcomisario Adolfo Osvaldo Porcel para falsear el acta del allanamiento en la casa de Alejandro, en agosto de 2005, el escaso esmero de los empleados del juzgado de María Servini de Cubría para controlar la legalidad del procedimiento y le encomendó al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que “ilustre al personal de las fuerzas de seguridad” para que respeten las reglas durante los allanamientos.
Militantes del Frente Revolucionario 17 de Octubre, Pedro y Liliana fueron secuestrados en 1977 y vistos por última vez en el centro clandestino “Club Atlético”. A Liliana, de 20 años, se la llevaron el 26 de diciembre, a punto de parir a su hijo, a quien pensaba llamar Pedro. Rei, comisionado por la Dirección de Inteligencia de Gendarmería al Primer Cuerpo de Ejército, inscribió al bebé el 5 de abril de 1978. El acta de nacimiento la firmó el cardiólogo militar Julio Cáceres Monié, que también colaboró con otros ladrones de bebés. En 2006 el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand confirmó que el ADN de Alejandro es compatible en un 99,999996 por ciento con el de Fontana-Sandoval.
Durante la primera audiencia, Rei admitió el robo a su manera: “Ni en la Rusia de Stalin se juzgó a alguien treinta años después por adoptar y criar a un huérfano”. No contó quién lo convirtió en huérfano ni cómo se lo apropió. Prometió hablar “sobre ese tema” luego de Alejandro. Obligado a exponer su tragedia por voluntad del victimario, el joven le dio la mano con lástima y se esforzó por ayudar “a Víctor”, así lo llama. Tres semanas después, Rei pidió una audiencia especial pero no se animó a hablar. Ayer volvió a defraudar. “Sólo quiero decir que Gustavo y Alejandro son y serán los únicos amores de mi vida”, dijo por la mañana. Gustavo es su hijo.
Los abogados de Abuelas, igual que el fiscal Martín Niklison, habían pedido 25 años. Igual se conformaron con 16. “La pena, seis años mayor que la de Berthier, ayuda a romper con la creencia de que no era tan malo apropiarse de un hijo de desaparecidos”, explicó Luciano Hazán. “Muestra que un niño secuestrado también es víctima de desaparición forzada. Por eso es delito de lesa humanidad”, agregó. “La orden de rectificar la partida y el DNI reconocen el derecho de Alejandro a recuperar su identidad”, destacó Alan Iud. Nina Brugo celebró que “por primera vez un tribunal oral reconoce que la apropiación es delito de lesa humanidad”.
Alejandro siguió la sentencia desde el móvil de Canal 7. Por un incidente menor el tribunal le había prohibido ingresar a la sala. “Me siento tranquilo, mucho mejor”, contó a Página/12. ¿Qué implica el fallo? “Poder cerrar una puerta y abrir otras, conseguir tranquilidad”, insistió. Cuando conoció a su familia “ni ellos ni yo estábamos preparados para construir una relación”, dijo. ¿Y hoy? “Como toda familia”, sonrió con ojos de chico travieso. “Triunfó la verdad, estoy contenta, aunque me traba no tener a mi hermana”, admitió Silvia Fontana. “Hoy lo importante es que Alejandro es libre y está con nosotros. Con sus condiciones, con la vida desgraciada que le tocó, podemos verlo y podemos besarlo.”
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CLASE INAUGURAL de la
CATEDRA LIBRE
DE DERECHOS HUMANOS
CICLO 2009

Inicio del XVº Ciclo Académico de la Cátedra Libre de Derechos Humanos e inauguración del aula 108, ampliada y remodelada.

* APERTURA a cargo del Dr. HECTOR HUGO TRINCHERO, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras

* "El genocidio en Colombia y sus modos de realización simbólica", exposición a cargo del profesor MARCELO FERREIRA, titular de la Cátedra Libre de DDHH

* "Hacia el Bicentenario: las diversas interpretaciones de la Revolución de Mayo", a cargo del historiador NORBERTO GALASSO

* Presentación de: “Universidad y dictadura, una experiencia de reconstrucción colectiva de la memoria histórica en la Facultad de Filosofía y Letras”, proyecto de investigación en desarrollo, a cargo de docentes y estudiantes de la Facultad

* Con la presencia de OSVALDO BAYER, fundador de la Cátedra Libre de Derechos Humanos

CIERRE MUSICAL: Alejandro Del Prado VIERNES 24 DE ABRIL - 20 HORAS - AULA 108

Lu-ma: 12 a 16 hs. Mié, juev, vie:de 14 a 18 hs.
Oficina 358 'C' – 3er. piso - Tel: 4432-0606 int. 207
cddhh@filo.uba.ar / clddhh@gmail.com
http://www.filo.uba.ar/extensi%C3%B3n/catedras libres/ddhh
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS



MILITAR Y DOS POLICIAS SE QUITARON LA VIDA EN LA ULTIMA SEMANA
Se suicidó un tercer acusado por la represión: esta vez en La Pampa
Por: Gustavo Laurnagaray Fuente: SANTA ROSA. ESPECIAL


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EN LA MIRA. EL POLICIA SUICIDADO AYER ERA INVESTIGADO POR EL JUEZ RAFECAS
Un ex policía pampeano, acusado de participar en el grupo de tareas que durante la dictadura actuó en esta provincia, se suicidó ayer.De esta manera, suman tres los casos de ex represores vinculados a delitos de lesa humanidad que se quitan la vida en los últimos cinco días.Eulises Guiñazú tenía 72 años. Fue encontrado malherido ayer por su hijo, cerca de las 20. Estaba tirado en la cama, con un disparó en la cabeza. De inmediato, fue llevado al Hospital de Santa Rosa, donde permaneció con respirador en terapia intensiva hasta la madrugada. Murió poco después de la 1.15.Guiñazú, un destacado dirigente del PJ pampeano, fue presidente de una unidad básica en Santa Rosa (de las siete que tiene la ciudad) y también candidato a concejal en el 2003. Pero en el año 2005 fue denunciado por otro dirigente, Mario Canoba, quien reveló que Guiñazú aparecía en las investigaciones por los delitos de lesa humanidad durante la dictadura.En una querella por calumnias e injurias contra Canoba, se reveló que Guiñazú (con el grado de oficial ayudante) en marzo de 1976 pasó a integrar el grupo de tareas de la subzona 14. Tenía funciones de inteligencia y estuvo a las órdenes del jefe de policía, el coronel Luis Baraldini.Los testimonios lo involucran en la detención de los diputados Hermes Accátoli y Ricardo Gil y del ministro Santiago Covella. El chofer policial Ismael Montenegro lo ubicó en los traslados y los lugares donde detenidos fueron torturados.Sin embargo, Guiñazú quedó fuera de las causas judiciales por los delitos de lesa humanidad en La Pampa, donde una decena de ex militares y ex policías provinciales procesados, a la espera del juicio oral.Pero a raíz de esa querella su caso se conoció públicamente. Canoba, el querellado por Guiñazú, fue absuelto y la causa judicial fue remitida al juzgado de la Capital Federal a cargo de Daniel Rafecas quien investiga lo ocurrido en La Pampa, dentro de la llamada megacausa del Primer Cuerpo.Guiñazú es el tercer represor que se suicida en cinco días. La saga comenzó el sábado pasado. El ex capitán del ejército Alfredo Marcó. Fue hallado muerto de un tiro en su casa de La Rioja. Marcó estaba sospechado pero no acusado de participar en la muerte del obispo Enrique Angelelli aunque también tenía cáncer.El segundo caso de suicido se produjo el domingo en San Luis. Segundo Wenceslao Garro, un ex subcomisario apareció muerto al costado de un ruta con un disparo en el pecho.
Fuente: Clarin, jueves
AGENCIA DE NOTICIAS PRENSA ECUMENICA
Exhumaron y examinan el cuerpo del Obispo Angelelli.
A 33 años de la muerte de Obispo Enrique Angelelli su cuerpo fue exhumado y se lo examina para saber si su muerte fue un asesinato o un accidente por el vuelco del vehículo en el cual viajaba. La Corte Suprema de la Nación designó tres peritos para efectuar la necropsia.

Angelelli murió El 4 de agosto de 1976 murió Angelelli. Iba en una camioneta desde la localidad Chamical a la capital de La Rioja. La camioneta volcó y el obispo apareció muerto en la zona de Punta de los Llanos. El interrogante es si fue muerto por orden de la Dictadura del 76 o fue a causa del vuelco, un interrogante que no es tal ya que amplios sectores opinan que fue asesinado. El cuerpo de Angelelli se encontraba en la Catedral de La Rioja. Se espera que los peritos, usando la metodología actual, puedan determinar que es lo que provocó su muerte. La demora en conocer el resultado será de unos quince días.

Un despacho de la agencia AICA, católica romana, publica declaraciones de monseñor Carmelo Juan Giaquinta quien estuvo a cargo, desde agosto de 2006, de una investigación eclesial sobre la muerte de Angelelli.

Giaquinta informó que “El cometido de la comisión consistió en: 1º) realizar una investigación en el ámbito eclesial sobre todo lo relativo a la muerte de monseñor Angelelli y, en la medida que fuere necesario, sobre los hechos conexos; 2º) requerir y tomar los testimonios de los ministros de la Iglesia, religiosos y agentes pastorales sobre la muerte mencionada y hechos conexos; 3º) colaborar con la autoridad civil en su misión de establecer la verdad de los hechos, evitando interferir en las investigaciones que dicha autoridad realiza en su propio fuero; y 4º) elevar un informe escrito de lo realizado a la Comisión Ejecutiva de la CEA”.

El trabajo, que duró casi dos años, se lo considera “minucioso” y “prácticamente terminado”. Al requerírsele sobre los resultados de la investigación, Giaquinta expresó que “La conclusión del trabajo no significa que la Comisión haya llegado a una conclusión judicial. Si fue accidente o atentado: lo dirá la Justicia Civil. A partir sólo de los testimonios eclesiales es difícil probar ninguna de las dos hipótesis”.

El prelado citó la opinión de monseñor Bernardo Witte, sucesor de monseñor Angelelli, quien dijo que “las fuerzas del mal, que asesinaron a los sacerdotes Carlos y Gabriel y al laico Pedernera, también querían matar a monseñor Angelelli. Pero su muerte fue a causa de un accidente de tránsito”.

Para Giaquinta es “Es una conclusión verosímil” y que la Comisión investigadora “no niega esas conclusiones, pero tampoco las asume como propias. Y ello por varios motivos: a) porque la Justicia Civil mantiene abierta la causa, con la Carátula: Expte. Nº 5144/06 “Angelelli, Enrique Ángel s/ Homicidio”; b) ahora ha dispuesto la exhumación del cadáver de monseñor Angelelli, para disipar las dudas que subsisten; c) existe una Comisión diocesana que continúa investigando todo lo relativo a la vida y muerte de monseñor Angelelli. Y no se ha de olvidar que la diócesis de La Rioja es querellante en la causa; en razón de lo cual aportó documentación y testimonios y solicitó la realización de algunas medidas procesales que fueron incorporadas al expediente judicial”.

Al preguntársele si estaba de acuerdo con la exhumación del cadáver de monseñor Angelelli. Giaguinta dijo “Totalmente”, agregando que “Cuando hice mi primer viaje a La Rioja, en septiembre de 2006, escuché voces tan diversas sobre “un tiro en el occipital derecho”, “la nuca destrozada a golpes”, “las manos quemadas”, “los tobillos despellejados”, que ya entonces recomendé al Obispo diocesano estudiase la posibilidad de la exhumación. Cuando el año pasado el fiscal, doctor Illánez, la ordenó, los miembros de la Comisión no dudamos en mostrar nuestro apoyo”+ (PE).

09/04/23 - PreNot 8091Agencia de Noticias Prensa Ecuménica598 2 619 2518 Espinosa 1493. Montevideo. Uruguayhttp://www.ecupres.com.ar/asicardi@ecupres.com.ar
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Renunció ante el Gobierno Nacional y el Consejo de la Magistratura fue notificado de esta decisión. Desde allí se confirmó la dimisión. Aunque el juez se obstinó en desmentir la verdad, los hechos y los documentos fueron más fuertes que sus argumentos distractorios. Pereyra González está sospechado de encubrir crimenes de lesa humanidad.

Carlos Guillermo Pereyra González renunció como juez de cámara federal. La renuncia fue presentada ante la presidenta Cristina Fernández a través del Ministerio de Justicia de la Nación.
La novedad la advirtió Radio Nihuil y luego de desmentirlo en dos oportunidades el juez lo terminó admitiendo ante MDZ.
El magistrado dimitente está sospechado de haber callado ante torturas que él mismo presenció en época de la dictadura en San Luis cuando era secretario de un juzgado puntano. Su caso se ventiló durante el juicio que se desarrolló en la provincia puntana. Por ese motivo quedó apuntado por encubrimiento por el mismo tribunal.
Pero también pesaba sobre el juez un pedido de jury junto a otros dos camaristas por dilatar las causas por delitos de lesa humanidad y liberar detenidos acusados de cometer esos crímenes en Mendoza durante la última dictadura militar.
Con su renuncia se congelaría el proceso de enjuiciamiento que está planteado en el Consejo de la Magistratura desde los organismos de Derechos Humanos de Mendoza y del mismo gobierno provincial.
El último movimiento contra Pereyra González estaba por acaecer. En San Luis se prepara una denuncia en su contra, algunos allegados al juez apuestan que esta demanda en ciernes, hizo precipitar la decisión de dimitir.
Las dos falsas desmentidas de González de su renuncia ante este diario, fueron desmantaledas por un miembro del Consejo de la Magistratura quien ratificó que se presentó en el organismo colegiado un escrito del Poder Ejecutivo donde se piden los antecedentes del juez por la presentación formal su renuncia.
Por eso en la trecera y última consulta Pereyra finalmente dijo: -Antes de desmentir o admitir prefiero esperar la ratificación.
A lo que este diario le preguntó: -¿Qué ratificación?
Entonces el juez soltó: -La ratificación de mi renuncia.
Link permanente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/122052

Posdata: Adjuntamos la citacion de la Comision para la Coordinacion y Agilizacion de Causas por Delitos de Lesa Humanidad a los jueces y fiscales de Jujuy, Mendoza y Cordoba. Entre ellos obviamente Pereyra González debia rendir cuenta de su actuacion.
Tambien adjuntamos el fallo de la causa a los represores de San Luis, en donde se resolvió investigar la complicidad de policías, militares y civiles, entre ellos Pereyra Gonzalez cuando pertencía al Poder Judicial. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Cadena humana. Se entregarán más de 30 cajas
300 mil firmas claman por "Verdad y Justicia"
Al Parlamento, a las cinco en punto.
Más de 30 cajas, con 10 mil papeletas cada una, serán ingresadas hoy al Palacio de la Leyes por la cadena humana que portará más de 300 mil firmas contra la Ley de Impunidad hasta el Salón de los Pasos Perdidos, para ser después presentadas ante la Presidencia de la Asamblea General.
La entrega se cumplirá a las 17 horas, al tiempo que una multitud rodeará al Palacio de las Leyes.
La ceremonia culminará con una parte oratoria a cargo del ex diputado nacionalista Oscar "Cacho" López Balestra (un referente en la resistencia contra la dictadura y en la articulación del proceso democrático), del abogado Oscar López Goldaracena, y del sindicalista Luis Puig, del PIT-CNT.
Las firmas, que fueron recolectadas para plebiscitar junto a las elecciones nacionales de octubre la anulación de la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, serán entregadas a José Mujica, quien ejerce la Presidencia de la Asamblea General, en sustitución de Rodolfo Nin Novoa, que ocupa la Presidencia de la República durante el viaje oficial de Tabaré Vázquez a Costa Rica.
El activista social Carlos Coitiño, principal responsable de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad que impulsó la recolección de firmas, señaló ayer que las cajas miden 30 centímetros de altura, 20 de ancho y 45 de largo. Allí caben paquetes con unas 10 mil papeletas.
Las más de 30 cajas serán transportadas desde la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap), en Avenida Agraciada 2522 esquina Francisco Caraballo, donde habrá una concentración sobre las 16 horas, para partir, media hora después, en la marcha masiva hacia el Palacio de las Leyes.
Las papeletas, custodiadas por la multitud, serán transportadas en un colorido ómnibus con una lapicera dibujada al costado, que fuera utilizado por los jóvenes de la coordinadora nacional para recolectar firmas en las playas de Rocha, en el festival de Durazno y en la semana de Paysandú.
La mitad del dinero para la compra del ómnibus fue aportado por el Comité de Base de Sídney, en Australia. Uno de sus militantes, Julio Bouzas, retornó a Uruguay, desde que partió hacia el exilio en 1971, y junto a él, llegaron las últimas papeletas que enviaron los compatriotas desde Australia.
Bouzas entregó las firmas de los compatriotas en Australia a Ana Quadros, expresa política de la dictadura civil y militar, y actual edila de la Junta Local de La Ciudad de La Costa, en Canelones.
Fuente: La Republica

Posdata: Red de Noticias estara presente en la historica jornada.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS



Se suicidó Eulises Guiñazú, procesado por represor
El ex comisario Eulises Guiñazú, sospechado de haber participado en la represión ilegal integrando el grupo de tareas de la Subzona 14 durante la última dictadura militar, se quitó la vida el martes a la noche en su domicilio de la zona norte de la ciudad, informaron fuentes de la Seccional Segunda.El caso hizo recordar al de los dos represores que se suicidaron durante el fin de semana pasado. Uno fue el ex capitán del Ejército Alfredo Marcó, interrogador de los centros de tortura durante la represión ilegal en La Rioja y vinculado con la muerte del obispo Enrique Angelelli, y hasta el momento no había sido incluido en ninguna investigación judicial. El otro hecho similar fue el de Segundo Wenceslao Garro, un ex subcomisario, segundo jefe del departamento de Operaciones (D3) de la policía de San Luis. Acababa de ser testigo en un juicio por crímenes de lesa humanidad y el tribunal había ordenado investigarlo.Guiñazú, de 72 años, fue hallado agonizando en una habitación de su casa ubicada en la calle Río Colorado al 500 luego de dispararse un tiro en la cabeza. Un familiar que fue hasta el lugar a las 20.30 lo encontró en el suelo herido y llamó a la policía. El ex oficial fue trasladado hasta el Hospital Lucio Molas, pero murió dos horas después.En el lugar, según comentaron las autoridades de la Seccional, se encontró un arma 9 milímetros, aunque no es la reglamentaria que utiliza la fuerza de seguridad, con la que se efectuó el tiro.Las autoridades informaron que el ex policía había dejado a sus familiares varias cartas de carácter privado en las que explicaba su fatal determinación.Orden.El ex comisario en los últimos tiempos se había desprendido de varios bienes y su pretensión, de acuerdo a datos aportados por allegados, era alejarse de la ciudad. Hace pocas semanas, la justicia decidió apurar los tiempos del juicio oral y público para este año contra once ex policías y ex militares procesados por detenciones ilegales y tormentos que habían sido compañeros del fallecido.Guiñazú, un militante justicialista que en 2005 había sido electo presidente de la Unidad Básica de Villa del Busto y dos años antes había sido candidato a concejal por el PJ, fue acusado en 2006 por el militante de DDHH y también dirigente de ese partido, Mario Canoba, de pertenecer al grupo de tareas de la Subzona 14. Canoba pidió además su expulsión del partido.Durante la dictadura militar, Guiñazú fue jefe del área de Tránsito. Pero también integró la Subzona 14, la jurisdicción militar de lucha contra la subversión, según consta en una orden del día fechada el 13 de abril de 1976 por la cual se estructuró el grupo de tareas pampeano que secuestró y torturó presos políticos. El comandante era el teniente coronel Fabio Carlos Iriart y el jefe directo de Guiñazú era el inspector mayor Roberto Esteban Constantino. Ambos hoy están procesados por delitos de lesa humanidad. El entonces oficial auxiliar Guiñazú, de acuerdo a esa resolución, aparece junto a otros doce policías como "integrante del grupo de operaciones e informaciones de la Subzona 14".Acusado.Cuando se abrió la investigación en 1984 contra los oficiales de la Policía responsables de la represión ilegal durante la dictadura militar, Guiñazú fue mencionado en el expediente por haber cometido apremios ilegales contra algunos presos políticos. Por ejemplo, los ex presos Justo Ivalor Roma y Avelino Cisneros lo señalaron como interviniendo en su secuestro y el ex diputado Roberto Oscar Gil como uno de los que participaron de las torturas que sufrió. A diferencia de otros represores de la policía provincial que hoy están al borde del juicio oral y público, Guiñazú no fue denunciado, ni indagado, ni procesado. Algunas fuentes vinculadas a los movimientos de DDHH afirman que habría sorteado la instancia judicial gracias a sus contactos con el gobierno de turno.En agosto de 2006, ante las acusaciones de Canoba, Guiñazú se defendió y dijo que durante el denominado Proceso había sido jefe de Tránsito y que no había sido notificado de su pertenencia a la Subzona 14. Pero admitió que había tomado declaraciones a tres presos políticos.Guiñazú querelló por injurias a Canoba porque lo trató de represor, pero en mayo de 2008 el juez Carlos Flores absolvió en su fallo al militante por los DDHH porque sólo "describió hechos objetivos acordes a la realidad histórica". Dejó constancia además de la pertenencia del ex comisario al grupo de tareas. El magistrado afirmó que pese a no ser investigado por la justicia, "tal postura exculpatoria carece de sustento a la luz de los testimonios no sólo de las víctimas, sino además de alguno de sus compañeros de trabajo".

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Simbólico. Una multitud abrazará el Parlamento
Cadena humana custodiará firmas
A las cinco de la tarde.
Trabajo. Militantes empaquetaban firmas ayer en Fancap.
Una larga cadena humana custodiará la treintena de cajas con los paquetes repletos de firmas que la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad presentará el viernes 24, ante la Asamblea General, mientras que una multitud dará un abrazo simbólico al Palacio de las Leyes.
La presentación de las más de 300 mil firmas recolectadas será a las 17 horas en el Parlamento. A partir de las 16 horas comenzará la concentración y posterior marcha que custodiará las papeletas firmadas, desde su ubicación actual, adentro de la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap).
La marcha partirá a las 16:30 horas desde la esquina de Avenida Agraciada y Francisco Caraballo.
Dependiendo de la concurrencia y del estado del clima, hay propuestas de iniciar la larga cadena humana con un "pasamanos", para que todas las cajas sean transportadas de un activista a otro. La Comisión continúa recepcionando firmas y ayer los activistas comenzaron a empaquetar las cientos de miles de papeletas ya computadas.
Los festejos comenzarán a las 19:00 horas sobre la explanada de la Universidad de la República. La Teja Pride, Cuatro Pesos de Propina y Daniel Viglietti son algunos de los artistas que actuarán, junto a Vendetta, La Chancha, Don Nadie, Precaria Sociedad y la cuerda de tambores La Melaza.
El espectáculo fue organizado por la Comisión de Jóvenes de la coordinadora nacional, integrada en su mayoría, por militantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).
Los conductores y animadores del festejo serán Marcelo Galli, Rafa Cotelo y Pablo Aguirrezabal. Está previsto que el evento pueda extenderse hasta las dos de la madrugada.
A la presentación de las papeletas ya fueron convocados todos los ciudadanos que hayan firmado, según resolvió el lunes pasado la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, en su sesión semanal.
Posdata: Red de Noticias estara presente en esta jornada historica invitado por los organismos de DH .

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El galán uruguayo apoya el voto epistolar
Simpático y atento, ayer firmó Laport
Musculosa y short. Laport en pleno entrenamiento.
Sin duda se trata de una reconocida estrella del universo mediático de ambas orillas del Río de la Plata. Es que Osvaldo Laport (Rubens Osvaldo Jesús Odaquiola Laport, para los íntimos), es el galán uruguayo más codiciado de las telenovelas. Y nunca resulta fácil encontrarlo en un rato libre.
Ayer, Osvaldo Laport tenía la musculosa empapada en sudor y vestía unos pantaloncitos cortitos. Estaba en plena sesión de entrenamiento físico en un megagimnasio del barrio bonaerense de Belgrano. Allí, sin aspavientos, encontró espacio en su agenda y firmó contra la ley de impunidad. Con precavido esmero, el actor uruguayo estampó su rúbrica en una papeleta, tratando de firmar igual a como lo había hecho, ya hace unos años, en su vieja credencial, de las que eran de papel.
Junto al número 19.664 de la serie NLB de su credencial, Laport labró su firma ante activistas de la Coordinadora Buenos Aires por la Anulacion de la Ley de Caducidad en Uruguay. Tres semanas insumieron los compatriotas residentes en Buenos Aires para coordinar el encuentro con Laport.
Humilde como siempre, Laport se disculpó por la demora en firmar y explicó lo atareado que está debido a sus compromisos de trabajo. Aún así, no dejó de anunciar que está dispuesto a reunirse con las organizaciones de los uruguayos en Buenos Aires para firmar a favor del voto epistolar.
El atractivo del galán nacido en Juan Lacaze motivó el accionar frenético de varias féminas que se valieron de sus modernos celulares para registrar el acontecimiento. Sabedor del oficio de trabajar con luces y sombras bajo impacto de los flashes, tuvo la gentileza de propiciar ángulos adecuados.
Simpático y atento, se ofreció a seleccionar las mejores tomas, entre las fotos experimentales que aprovecharon a tomar las mujeres, incluidas las activistas que le habían pedido la firma. Sin ganas algunas de aprovecharse para ganar cámara por su acto cívico, Laport evitó hacer declaraciones.
Se preguntó qué más podía decir él, que ya no hubiera sido dicho por otros. Y sin más vueltas, se puso a desenterrar recuerdos y nostalgias, como todo uruguayo en el exterior. Preguntó a todos dónde residían. Incluso comentó anécdotas de su arribo al competitivo mercado argentino en 1976.
Y como una charla entre amigos terminó la breve ceremonia, que aportó una foto para el recuerdo.

Fuente: La Republica

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En Salta hay 25 procesados por violaciones a los derechos humanos
Desde que se reinició la investigación de los delitos cometidos durante la última dictadura militar, la Justicia Federal de Salta procesó a 25 hombres por violaciones a los derechos humanos y elevó a juicio solo dos causas.
Joaquín Guil.

Así lo revela un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, que depende de la Procuración General de la Nación.
Hay algunos procesados, como el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez (del que dependía Salta); el ex jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall; quien fuera jefe de la Policía provincial, Miguel Gentil, y el ex director de Seguridad de la Policía salteña, Joaquín Guil, que se repiten en distintas causas. Los militares Luis Donato Arenas y Mariano Rafael Braga están procesados por la desaparición de Dominga Alvarez de Scurta, en la que también están procesados Gentil, Menéndez y Mulhall. Lo llamativo de este proceso es que los procesamientos datan de octubre de 2007 y aún no se sabe que la causa, radicada en el Juzgado Federal Nº 2, vaya a ser elevada a juicio.

La lista de militares procesados se completa con Fernando Antonio Chaín, Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, Marcelo Diego Gatto, Víctor Modesto Mendíaz, Ubaldo Tomislav Vujovich Villa, procesados en septiembre de 2008 por la desaparición de la docente Silvia Aramayo.
También los militares Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gaspar Zírpolo, por la desaparición de Aldo Melitín Bustos. También está procesado Hugo César Espeche (por Palomitas) Los policías procesados son Víctor Hugo Bocos (por Aramayo); Raúl Eduardo Toledano y Víctor Hugo Vilte, por la desaparición de Carmen Nieto; Mario Reinaldo Pachao, procesado en la causa por Ernesto Luis Mamani; Abel Vicente Murúa, por la desaparición de René Russo, Felipe Pizarro Gallardo, Norberto Guerrero y Raúl Osores. En relación a la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone están procesados los policías Andrés del Valle Soraire, Pedro Javier Herrera y Rubén Nelson Herrera

Hay un integrante del Servicio Penitenciario Federal procesado: Juan Carlos Alzugaray, acusado junto a Guil por el asesinato de Eduardo Fronda. Y hay dos civiles, Juan Manuel Ovalle y Jorge Luis Zanetto. Las dos únicas causas que cuentan con elevación a juicio son por la desaparición del escribano Bustos, y la primera parte de la causa Palomitas, la matanza de 12 presos políticos, que se rige por el procedimiento escrito.


Fuente: http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/


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a todos y a todas: los/as invitamosas a la presentación del libro "Mario R.Santucho, Mi padre" de Marcela Santucho. Dicha presentación sera realizada por la escritora y poeta, Teresa Leonardi, acompañada por Blanca Lescano, Mirtha Torres y Elia Fernandez, el jueves 23 en Buenos Aires 177- sala J.L. Cabezas, de la Universidad Nacional de Salta, a las 20 hs.RED POR LA DEFENSA DE LOS DDHHFAMILIARES DE DETENIDOS- DESAPARECIDOS DE SALTAH.I.J.O.SADIUSA
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Se agradece la difusión
H.I.J.O.S.Miércoles 22 de abril de 2009

TODOS A TRIBUNALES A CONDENAR A UN APROPIADOR

La verdad está en la sangre. Y eso no lo pueden cambiar, por más que mientan, por más que hagan desaparecer, por más que lo oculten.

Pedro Sandoval y Liliana Fontana están desaparecidos. Liliana estaba embarazada de 2 meses y medio cuando la secuestraron el 1º de julio de 1977. El hijo de ambos, Alejandro, nació en cautiverio y fue apropiado por el ex comandante de Gendarmería Nacional Víctor Rei.

El jueves 23 de abril se conocerá la sentencia por este caso en el Juicio Oral y Público a Víctor Rei, a cargo del Tribunal Oral y Federal Nº 6, integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, José Martínez Sobrino y Julio Panelo. Ese día, la Justicia le dirá al represor Víctor Rei cuál es su responsabilidad en el robo del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval. Le dirá qué condena deberá cumplir por haberle robado su identidad a Alejandro, adulterando su documentación. La Justicia deberá devolverle formalmente a Alejandro algo que siempre le perteneció: su identidad, para llamarse de una vez por todas ALEJANDRO SANDOVAL FONTANA, como debió suceder hace 31 años atrás.

Alejandro Sandoval Fontana recuperó su identidad y pudo encontrarse con su familia biológica. Ahora sabe quiénes fueron su padre y su madre y quién es el represor Víctor Rei. Alejandro conoce la verdad sobre su historia gracias a la perseverancia de su familia y las Abuelas de Plaza de Mayo que lo buscaron y encontraron.

Pero todavía hay alrededor de 400 jóvenes, que tienen entre 29 y 34 años, que no conocen su identidad y es un compromiso de todos buscarlos y encontrarlos. Y esto es urgente. Porque mientras sigan apropiados, les siguen robando su historia, los siguen privando de conocer a sus familias.
Ya pasaron más de 30 años en los que no pudimos conocer a muchos de nuestros hermanos y hay cosas que son irrecuperables. No queremos que nos sigan robando a nuestros hermanos. Queremos que les devuelvan la libertad de conocer su verdad y elegir su camino. Queremos tener la posibilidad de abrazarlos. Y no podemos esperar más. Buscando a todos los jóvenes que fueron apropiados cuando eran bebés, entre 1975 y 1980, fue que encontramos a Alejandro, y hoy puede compartir su vida con su familia. Queremos que todos los jóvenes apropiados recuperen su identidad y puedan, como Alejandro, compartir sus vidas con sus familias, que los esperan y buscan con mucho amor desde hace más de 30 años.

En este Juicio a Víctor Rei hemos visto al mismo apropiador negar su delito, a su nefasto abogado, Macedo Rumi, defender los crímenes de los genocidas e insultar a las Abuelas de Plaza de Mayo en la misma Sala de audiencias. Hemos escuchado, como otras veces en los alegatos de los asesinos del pueblo, que sus violaciones a los derechos humanos fueron cometidas para “salvar al país”. Los genocidas y sus cómplices siguen negando la historia y la condena social que ya pidió para ellos la pena máxima y el nunca más para sus actos. Siguen alimentándose de la muerte, pretendiendo perpetuar la impunidad. Pero ya es hora de justicia.

También hemos visto el brillante trabajo del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo en representación de la querella. Hemos escuchado las palabras de los familiares de Liliana y Pedro, que después de 30 años siguen exigiendo verdad y justicia. Hemos visto un juicio justo, algo que ni Liliana, ni Pedro, ni ninguno de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos tuvo.

El jueves 23 de abril el represor Víctor Rei podrá decir sus últimas palabras antes de conocer la sentencia y luego se leerá la misma. Exigimos cárcel común, perpetua y efectiva para el genocida Víctor Rei.

JUEVES 23 DE ABRIL
9:00 HORAS: últimas palabras del represor Rei antes de la sentencia
16:00 HORAS: SENTENCIA AL APROPIADOR VÍCTOR REI

TRIBUNALES DE COMODORO PY 2002
ACREDITACIONES: PISO 6º CON DNI

LOS JUZGA UN TRIBUNAL, LOS CONDENAMOS TODOS

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA EL REPRESOR Y APROPIADOR VÍCTOR REI Y PARA TODOS LOS GENOCIDAS, CÓMPLICES E IDEÓLOGOS
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ

H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el SilencioRegional Capital en la Red Nacional
http://www.hijos-capital.org.ar/
www.fotolog.com/hijos_capital
hijos@hijos.org.ar

Abuelas de Plaza de Mayo es querellante en este Juicio. Recomendamos ingresar al Blog del Juicio para ver la información, que incluye los alegatos de la defensa, la querella y la fiscalía: http://www.juicioavictorrei.blogspot.com/


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fuente http://www.cels.org.ar/wpblogs/olivera/
22 de abril de 2009
Era el plan Cóndor
La audiencia de hoy fue probablemente una de las mas fuertes de este juicio, hasta ahora. La palabra “plan Cóndor” - es decir la cooperación entre los servicios de represión de varios países de América del Sur durante la dictadura - no fue pronunciada nunca pero de su implementación fueron victimas Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo Schroeder, William Withelaw y sus familiares. Hoy declararon la hija de Rosario Barredo Schroeder y su tío Gustavo, una hija de Zelmar Michelini, el hijo de otro hombre político uruguayo Juan Raúl Ferreira perseguido durante su ex, el policía que descubrió los cadáveres de las victimas uruguayas, y un concierje del hotel de donde fue secuestrado Zelmar Michelini. El publico estaba compuesto casi exclusivamente por uruguayos.La audiencia comenzó con el testimonio de Gabriela María Lucía Schroeder Barredo, quién tenía cuatro años al momento del secuestro de su madre Rosario y su compañero William. Ellos fueron secuestrado el 13 de mayo junto con sus hijos Gabriela (4 años), su hermano de unos meses y su otra hermana de un poco más de un año. Se llevaron hasta el perro de la familia. Antes de eso, Gabriela recordó “teníamos una vida de barrio maravillosa, compartíamos mucho con todos los vecinos; volví a ir allá a los 15 años y pude corroborar mi memoria; nosotros éramos una familia feliz con una hermosa vida de barrio”.Luego del secuestro, los recuerdos de Gabriela eran otro. Así cuenta como se acuerda haberse despedido del compañero de su madre William Withelaw en lo baños de un centro clandestino de detención donde los llevaron. Luego del asesinato de la pareja Withelaw-Barredo Schroeder, los tres niños fueron llevados a lugares desconocidos hasta que aparecieren en un hospital de Buenos Aires y fueron entregados a su abuelo y tío quiénes vivían en Buenos Aires y los estaban buscando. Asimismo, los tres hijos aparecieron después del homicidio de sus padres y el descubrimiento de los cadáveres en un auto, junto con los de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Según el testimonio del tío de Gabriela, Gustavo, la reaparición de los tres hijos de la pareja fue gracias a la campaña masiva de prensa al respecto. Siendo periodista, Gustavo tenía acceso a los medios de comunicación y logró difundir a toda la población los avisos de búsqueda de los chicos, con sus fotos. Los chicos fueron entonces confiado a varios familiares. Gabriela concluyó su testimonio diciendo “para mi es muy duro estar acá, contar a personas que no conozco esto, espero que sirva para hacer justicia por mama y Willi, por Juan Pablo Schroeder”.A continuación declaró Cecilia Michelini, sobre el secuestro de su padre, las amenazas que recibía cuando estaba exiliado en Argentina, y también sobre sus vínculos con los padres de Gabriela, quienes eran disidentes Tupamaros, luchando para el retorno a la democracia en Uruguay.También declaró Juan Raúl Ferreira sobre su rol en la búsqueda de los políticos uruguayos, y su difícil salida de Argentina, siendo él y su padre, Wilson Ferreira, perseguidos por la dictadura argentina. El testigo insistió mucho sobre la dificultad de denunciar los actos criminales de los cuales fueron victimas el senador Michelini y su compatriota Gutiérrez Ruiz. Según sus dichos, “la lucha para rescatarlos con vida duró mas tiempo que la vida de nuestros amigos”.Los últimos testigos sobre este caso fueron un policía retirado y el concierje del hotel liberty donde secuestraron a Zelmar Michelini.Por último, declaró Raúl Nicotera sobre la desaparición de su hermano Ricardo Alfredo Nicotera y su cuñada Alicia Isabel Marchini.
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21 de abril de 2009
Coordinación represiva
Esta semana comenzó de nuevo con el caso Michelini, sacando a la luz la colaboración entre las dictaduras uruguayas y argentina. El senador Michelini, fue secuestrado el 18 de mayo de 1976 y encontrado muerto 48 horas después. Su yerno Raúl Antuna declaró hoy sobre su secuestro y su detención, junto a Elisa Michelini, la hija de la victima, en el centro clandestino de detención “Orletti”. Asimismo, recordó la presencia de agentes uruguayos en “Orletti”, como en el momento de su secuestro y el de Zelmar Michelini según un empleado del hotel “Liberty”. Luego de su detención en Orletti, Raúl y Elisa fueron trasladado a Uruguay donde fueron expuesto a un tribunal militar. A lo largo de su declaración, el testigo evocó los malos tratos que padecieron con su esposa, la colaboración entre los agentes uruguayos en Argentina y los agentes argentinos en Uruguay, el traslado de arma de Uruguay a argentina. La relación con el senador Zelmar Michelini fue evocada varias veces durante su cautiverio. Por último, Raúl evocó el vinculo entre la muerte de Zelmar Michelini en mayo de 1976 y la anulación de las elecciones nacionales en Uruguay, el 12 de junio de 1976: “tanto Zelmar como Gutiérrez Ruiz, estaban como muy impresionado de una posible salida democrática para Uruguay”, dijo el testigo.Además, el tribunal había citado a declarar a un inspector retirado de la policía federal para que declare sobre la investigación del secuestro de Michelini y Gutiérrez Ruiz. El oficial no recordaba precisamente los hechos, “después de 33 años”, pero reconoció su firma en el acta de la época.Por ultimo, vino a declarar la directora del ILVEM en la época de la desaparición de Eduardo Serrano y Víctor Jacobo Noé. La testigo vino acompañada por la fuerza pública, por no haber contestado a las notificaciones anteriores del tribunal. Diana Rita de Moron, declaró que su rol se había limitado a buscar otros profesores para reemplazar a los tres docentes desaparecidos.Las audiencias siguen mañana a las 10hs.
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

JORNADA CULTURAL
Recordarán a los 30.000 desaparecidos en Ranchillos
Instalarán una radio abierta, pintarán un mural de creación colectiva y plantarán árboles en memoria de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar. Estas son las actividades que se realizarán el próximo 25 de abril, de 11 a 17, en la Plaza de El Empalme “Bernardino González”, en el marco de la Jornada Cultural por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Las tareas son organizadas por la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Tucumán, Familiares y Amigos de Desaparecidos de El Empalme, H.I.J.O.S, Familiares de Desaparecidos de Tucumán, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otras organizaciones en defensa de los derechos humanos. También participan la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Equipo Provincial del Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

a) Ningún pibe nace chorro o asesino. Si un país acepta -como regla de su organización- que un 35 % de la población este en situación de pobreza (14 millones de personas, de las cuales la mitad son menores de 18 años), es un acto de hipocresía social entender que la solución al delito pase por penalizarlo. En la Argentina, más de la mitad de los pobres son pibes y más de la mitad de los pibes son pobres. Suponer que con encerrar de por vida al menor (o, incluso matarlo, aplicando la pena de muerte) que asesinara al vecino de Lanús para robarle un auto se soluciona el problema puede tener dos interpretaciones. Por un lado, la ignorancia absoluta sobre las características del delito que se estaba consumando o, por el otro, la decisión política de no hablar de los problemas que determinan las situaciones de inseguridad, y terminar poniendo parches que cortan por lo más delgado. Debiera entenderse que el menor que robaba el auto no la hacía de manera autónoma para mejorar su movilidad personal. Es, en realidad, el eslabón más débil de una cadena comercial y económica que es capaz de reingresar el auto completo o transformado en repuestos al mercado automotor legal, haciendo pingües ganancias. Dicho de otro modo, detrás de la violencia y el crimen hay un mercado con una organización empresarial que lucra con esta manifestación de inseguridad. Mercados son también el narcotráfico, los secuestros, el tráfico de armas, la prostitución, la trata de personas y el juego, que en muchos casos actúa como articulador de los negocios mencionados. ¿Dónde están las políticas de Estado que, identificando el funcionamiento de esos mercados actúen desarticulándolos con el uso del control policial, con la fiscalización impositiva y aduanera y con la decisión política de clausurar desarmaderos, prostíbulos, laboratorios clandestinos, etcétera? Si el crimen violento es expresión del funcionamiento de mercados concretos, que se reproducen ampliando sus beneficios, es obvio que por más castigo que exista sobre un menor de 14 años, habrá siempre otro menor dispuesto a todo (entre otras cosas, a matar o morir) para salir de la situación sin horizonte ni perspectivas que esta Argentina de 14 millones de pobres -y solo 4 de cada 10 trabajadores en blanco- le propone. c ) Por último, no pueden quedar afuera del análisis las responsabilidades políticas y de las propias instituciones de seguridad (policía y demás fuerzas de seguridad, sistema penitenciario, poder judicial, etcétera). Es obvio que ningún desarmadero de autos puede funcionar sin protección policial y política y es claro, por lo tanto, que el desafío que tiene la democracia es romper un doble pacto. Aquél por el cual segmentos del poder político protegen y otorgan impunidad a un accionar policial que, a su vez, vía control territorial, protege al delito. No es necesario dar nombres. Está claro, para quien quiera ver, que si existen estructuras políticas que hace décadas gobiernan el conurbano, la ineficacia se parece demasiado a la complicidad. Difícilmente, si los mismos de siempre siguen gobernando el conurbano, la seguridad pueda mejorar. Por otra parte, es claro también que ha habido un pacto entre el gobierno de Kirchner y el de Macri, por el cual se ha postergado el avance de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, para mantener intacto el poder de la Policía Federal. Sin cambios en la Federal y sin replanteo institucional en el conurbano y sin identificar a los mercaderes de la violencia y el crimen no habrá seguridad en la Argentina. Claudio LozanoDiputado nacionalBuenos Aires para Todos en Proyecto Sur
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No debe ser demagogia Gastón Chillier (Director ejecutivo del CELS)La sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil no puede ser una mera reacción demagógica en el contexto de la campaña electoral, sino que debe ayudar a consolidar una política de Estado para las personas menores de edad en conflicto con la ley. La solución a los problemas de violencia e inseguridad debe concentrarse en garantizar políticas inclusivas, reformular las estrategias de persecución del ministerio público provincial y federal para implementar medidas que apunten a desarticular las redes criminales y fortalecer la independencia judicial con el objetivo de ejercer un mayor control sobre el funcionamiento de los organismos de seguridad. Desde hace muchos años el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) propone la creación de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil. El CELS considera que la modificación del régimen penal juvenil debe respetar ciertos principios consagrados en los tratados internacionales que obligan al Estado argentino y cuyo incumplimiento singulariza al país en la región. Entre ellos: • El debido proceso, con mayores niveles de garantías procesales que el actual sistema penal de adultos.• La privación de la libertad como último recurso, y sólo en los casos más graves.• Una escala penal diferenciada respecto de la de los adultos.• La privación de libertad en lugares especializados, con asistencia de profesionales que atiendan las posibles patologías y/o adicciones asociadas y que garanticen niveles de educación adecuados.

Fuente: Critica de la Argentina, lunes 20 de abril

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SOCIEDAD › OPINION
Para mayores de 16 años
Por Claudia Cesaroni y María Laura Böhm*
El Dr. Zaffaroni nos enseñó que el sistema penal no resuelve ningún conflicto. Que, por el contrario, los agrava. Por eso, no es verdad que lo mejor que podemos ofrecerle a un adolescente de 14 o 15 años sea el sistema penal. No lo es porque las garantías jurídicas que les prometemos ya las tienen los mayores de 16, y eso no implica que el sistema penal haya dejado de ser selectivo, discriminatorio y estigmatizante. El sistema penal no soluciona problemas, y mucho menos los de los chicos que tan tempranamente quedan enredados en sus tejidos. Esos no son los tejidos sociales que va a desarrollar un joven productivo, satisfecho consigo mismo y capaz de reproducir y tejer hebras personales y sociales en forma satisfactoria para sí y para quienes lo rodean. Para justificar la idea de incluir a los adolescentes de 14 y 15 años en el sistema penal se sostiene que, en la actualidad, los jueces pueden internarlos, aun por “problemas de conducta”. ¿Qué norma legal permite esto? El Régimen Penal de la Minoridad, Ley 22.278/22.803, creado en 1980. Ahora bien, en 1994 se incorporó a nuestra Constitución la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional. Esta Convención establece que la pena de prisión será aplicada a los niños como último recurso y por el menor plazo que proceda. Además está vigente la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en 2005, que derogó el Patronato de Menores, cuyo sistema les daba facultad a los jueces de disponer de ellos como si fueran cosas. Es obligación de los jueces aplicar estas normas, y no utilizar la privación de libertad para los “problemas de conducta”, o para adolescentes no punibles. El Régimen Penal de la Minoridad debe derogarse, y crearse un régimen penal juvenil aplicable a los adolescentes de 16 años en adelante –que hoy ya son punibles–, estableciendo claramente topes a las penas de prisión aplicables, medidas reparatorias, acceso a la mediación penal, etcétera. Planteamos que no se incluya en ese nuevo régimen a los adolescentes de 14 y 15 años. No decimos que no haya que hacer nada frente a hechos graves cometidos por estos adolescentes. Lo que decimos es que es posible hacer otras cosas que incluirlos en el sistema penal. Porque, además, nos preguntamos: ¿qué haremos en el futuro si un niño de 13 años comete un hecho grave? ¿Volveremos a bajar la edad de punibilidad a 12 años? Un niño de 14 años que comete un hecho grave no deja de ser niño, cuya inmersión en una situación de tal grado de violencia debe ser vista como una tragedia que no comienza en ese hecho sino mucho antes. Retomando aquellas enseñanzas de Zaffaroni, no les ofrezcamos más Estado penal. Mucho más Estado de bienestar, abrigo, protección, cuidados, escuela de calidad, juegos, vacaciones, casas seguras, salud. Cumplamos con esto antes de exigirles que estén en condiciones de elegir entre el bien y el mal.
* Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc).
Fuente: Pagina 12, lunes 20 de abril-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Casación rechazó excarcelar a detenido por violaciones a los derechos humanos
La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal desestimó el pedido de excarcelación de Ramón Erlán, ex oficial del Servicio Penitenciario Federal y con prisión preventiva desde 2006, acusado de delitos de lesa humanidad. Fallo completo
Erlán, Ramón Antonios/recurso de casación" 97.58 Kb.
La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el pedido de excarcelación de Ramón Erlan, ex oficial del Servicio Penitenciario Federal durante el último gobierno militar y detenido desde marzo de 2006 acusado de violaciones a los derechos humanos.
El tribunal negó el pedido de libertad a Erlán luego de que su defensa interpusiera un recurso tras la resolución, en diciembre de 2008, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº5 de no hacer lugar a la excarcelación solicitada en ese momento.
Erlán fue oficial penitenciario en el centro clandestino de detención el “Vesubio”, que funcionó en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, y se le imputan la privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida como funcionario público, mediante violencia y amenazas, y con la aplicación de tormentos en 140 oportunidades.
Entre los fundamentos del rechazo al pedido de excarcelación, el Tribunal afirmó encontrar “razones fundadas para presumir que, en caso de recuperar su libertad, Ramón Antonio Erlan podría sustraerse de la acción de la justicia. Ello es así, ni bien se atiende a las características fáctico-jurídicas de las graves imputaciones que pesan en su contra y la necesidad de asegurar la realización del debate para el esclarecimiento de la verdad”
En relación al tiempo de caducidad previsto de la prisión preventiva (se establecen 3 años), la Sala IV afirmó que “la liberación automática por el mero transcurso del tiempo que regula la ley 24.390 (modificada por la ley 25.430), no sólo pone en riesgo - frente al concreto peligro de fuga que se verifica en la especie- los fines propios del proceso -descubrimiento de la verdad y realización de la ley penal- sino, al mismo tiempo, el cumplimiento de la obligación que pesa sobre el Estado argentino de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de los delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.
Fuente: www.cij.gov.ar

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EL PAIS › LA INVESTIGACION POR ESPIONAJE ILEGAL EN LA BASE DE TRELEW
Otra vez Casación metió la cola
Por Werner Pertot
Con un don de la oportunidad que ya se vio otras veces en la causa por espionaje ilegal en la base Almirante Zar de Trelew, la Cámara de Casación le quitó el expediente a la de Comodoro Rivadavia justo cuando corría el plazo para que definieran si procesaban o no al jefe de la Armada, Jorge Godoy. Los magistrados de Chubut eran los mismos que habían procesado al ex jefe del Ejército Roberto Bendini, lo que le costó el cargo. Para no correr riesgos, los camaristas de Casación dispusieron que la suerte de Godoy se definiera en Buenos Aires.
Los camaristas Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci enviaron la causa a Buenos Aires, tal como quería Godoy. Lo hicieron contra lo que recomendó el fiscal de Cámara, Ricardo Wechsler, que alertó sobre las demoras que esto producirá. Yacobucci fue quien ordenó liberar a Alfredo Astiz y El Tigre Acosta, entre otros, y fue columnista de la revista ultraprocesista Cabildo. En el fallo, hizo suyos los argumentos del defensor de Godoy, que proviene de la ONG Fores, la misma que pidió que continuaran los jueces de la dictadura. Sus Señorías argumentaron que dado que el plan de inteligencia por el que se imputa a Godoy se redactó en Buenos Aires y el presunto delito se cometió en todo el país, debe ser juzgado en Buenos Aires.
No es el primer traspié que sufre la causa de espionaje ilegal, que se inició en 2006, cuando la Justicia allanó las bases navales y encontró fichas de seguimientos a políticos, organismos de derechos humanos, indigenistas y sociales. Desde entonces, se cerraron las oficinas de inteligencia de las bases y fueron procesados doce marinos, pero el proceso tuvo varios contratiempos: la investigación se frenó por primera vez cuando Godoy se presentó para reclamar un sistema de encriptamiento que presuntamente había sido secuestrado en un allanamiento.
Luego, el CELS imputó a Godoy y a su segundo, Benito Rótolo, por firmar un plan de inteligencia que avalaba el espionaje a actividades como el terrorismo, el narcotráfico “y toda otra que como tal se manifieste”.
El almirante fue indagado, pero consiguió frenar el proceso nuevamente con el pedido de que se lo juzgue en Buenos Aires, que fue rechazado por el juez Daniel Rafecas. La Sala II de la Cámara Federal revocó la decisión de Rafecas, con el mismo timing que Casación: lo hizo cuando empezaba a correr el período para que el juez de Rawson definiera la situación de Godoy. En medio de ese conflicto de competencias, Sastre le dictó falta de mérito a Godoy. El CELS apeló la decisión y la semana pasada se presentó en una audiencia ante la Cámara de Comodoro Rivadavia, que tenía cinco días para definir la situación procesal del almirante. Antes de que lograran emitir un fallo, la Cámara de Casación les ganó de mano.

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Rechazan planteo de recusación de Astiz contra el juez Torres
La Sala II de la Cámara Federal desestimó un planteo del ex capitán de la Armada, por el que intentó separar al magistrado de la causa en la que se investiga la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin, hecho ocurrido en 1977. Fallo completo
Fallo "Astiz, AlfredoIgnacio s/recusación" 20.04 Kb.
La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal no hizo lugar al planteo de recusación del juez federal Sergio Torres, presentado por el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz, en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin, ocurrido en el año 1977.
La defensa de Astiz había pedido el apartamiento de Torres, en momentos en que fue indagado por aquel hecho, el pasado 5 de marzo, alegando que existían “razones legítimas para dudar” de su independencia e imparcialidad.
Señaló que las circunstancias que determinan la pérdida de la confianza en la posibilidad de un juzgamiento imparcial e independiente eran fruto de múltiples elementos de convicción que debían evaluarse en conjunto, alegando seguidamente la animosidad que el juez Torres tiene para con las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policías en general y para quienes lucharon en la guerra contra el terrorismo, entre otras situaciones.
Para el tribunal, “los argumentos desarrollados por la defensa no configuran un cuadro indicador de los vicios alegados que podrían llevar al apartamiento del magistrado, ya que la calificación de ‘razones legítimas para dudar’ que efectúa el recusante, responde a su propia subjetividad, en tanto no encuentra apoyatura en ninguna circunstancia que sugiera inequívocamente animosidad del instructor con la defensa o con su pupilo, y/o con las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policial, como sugiere en su presentación”.
La causa
La causa por la desaparición de Dagmar Hagelin está radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 desde diciembre pasado. Allí se investiga la desaparición de Hagelin, hecho que habría ocurrido el 27 de enero de 1977, en la localidad de El Palomar, provincia de Buenos Aires.
Actúa como parte querellante Ragnar Erland Hagelin, padre de la víctima, y la Justicia dispuso citar a indagatoria a 33 personas, entre las que se encuentran Jorge Eduardo Acosta, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías y Raúl Scheller, además de Astiz.
La investigación por aquel hecho se inició en 1984, causa que quedó radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2. Este tribunal se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia militar. Tras la sanción de las leyes por “obediencia debida” y “punto final”, la causa quedó paralizada.
Además, se había dictado la extinción de la acción penal respecto de Astiz y la apelación sobre dicha cuestión fue revisada por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, puesto que el órgano de primera instancia no había reconocido la legitimación para recurrir de Ragnar Hagelin.
La Sala IV entendió que como el padre de la víctima había llegado a un acuerdo con el Estado argentino en sede internacional sobre la indemnización por la desaparición de su hija, ello lo inhabilitaba para continuar cualquier tipo de pretensión penal.
Esa decisión fue revisada por la Corte Suprema de Justicia y le reconoció la legitimidad que la ley le confería para perseguir penalmente a los responsables del hecho y, además, recurrir la decisión mediante la cual se declaró extinguida la acción penal por prescripción. Apelado que fue dicho pronunciamiento, se revocó la decisión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, lo cual a su vez fue apelado por la defensa de Astiz. Dicho recurso llegó a conocimiento de la Corte, que confirmó la decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal y que generó, a su vez, que el 2 de diciembre último se dispusiera remitir a sorteo de la Justicia Criminal y Correccional Federal el legajo para que se determinara el juzgado de primera instancia que debía continuar la pesquisa.
Fuente: www.cij.gov.ar
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

CIUDAD › EL REPRESOR "BARBA" CABRERA FUE TRASLADADO A MARCOS PAZ
Procesado, embargado y preso
Fue acusado de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de tormentos, en 17 casos. Y por homicidios en 14 oportunidades. Además está probada su participación en la "Operación México". Por José Maggi
La justicia federal procesó a Juan Andrés Cabrera, alias el Barba, de 58 años, como coautor de 17 casos de secuestro y torturas, 14 de los cuales terminaron en homicidio, por los detenidos desaparecidos de la Quinta de Funes de donde salieron con vida solo Tulio Valenzuela y Raquel Negro -que luego fueron asesinados- y Jamie Dri, el único sobreviviente. Cabrera fue detenido en Cosquín el 27 de marzo luego de permanecer prófugo desde febrero de 2008 cuando fue identificado por Eduardo "Tucu" Constanzo por una foto publicada por Rosario/12. El represor, a quien se le dictó un embargo por tres millones de pesos y la prisión preventiva, ya fue trasladado al penal de Marcos Paz, lugar de detención de militares, policías y servicios de inteligencia responsables del terrorismo de estado.
El juez federal Marcelo Bailaque entendió probada la participación de Cabrera, como Personal Civil de Inteligencia (PCI), según consta en su legajo donde fue nombrado el 1 de julio de 1978, como IN 14 dentro del cuadro C, subcuadro C 3 dentro del Destacamento de Inteligencia 121.
En su declaración del 2 de abril a la que también accedió este diario, Cabrera argumentó que realizaba solo " tareas administrativas", lo que en verdad cumplió con anterioridad. Según el texto del procesamiento
"dos años ante del 24 de abril de 1978 Cabrera operaba ya en inteligencia en la faz operativa", bajo las órdenes de Edgardo Juvenal Pozzi, jefe del destacamento. Justamente en esa fecha se solicitó su ascenso "por reunir condiciones y ante necesidades del servicio". Cabe recordar que se disputaba por entonces el Mundial de Fútbol, y Rosario era una de sus sedes.
Para el juez también está probada la participación de Cabrera en "misiones especiales en el extranjero". En buen romance la Operación México, un fallido operativo pensado por el general Leopoldo Galtieri, para asesinar a la cúpula de Montoneros. Cabrera viajó junto a los militares Jorge Fariña y Juan Daniel Amelong, y los militantes Nacho Laluf y Tulio Valenzuela, que al pisar suelo mexicano denunció el plan, frustró el atentado y provocó el desmantelamiento del centro clandestino.
Según los testimonios recopilados en la instrucción, Cabrera también "posee excelentes condiciones como interrogador", rol que entre otros le asignó el propio Constanzo.
Cabrera fue procesado por los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de tormentos, en 17 oportunidades por los casos de Jaime Dri, Tulio Valenzuela, Raquel Negro, Marta Benassi, Daniel Capella, Fernando Dussex, Ana Gurmendi, Stella Hildbrand, Carlos Laluf, María Reyna Lloveras, Jorge Novillo, Pedro Retamar, Teresa de Sklate, Eduardo Toniolli, Miguel Tosetti, María Forestello, Liliana Nash de Bruzzone, en concurso real con el delito de homicidio en 14 oportunidades respecto de estas mismas personas a excepción de Dri, Valenzuela y Negro.
Este diario también tuvo acceso a la declaración de Cabrera realizada el 2 de abril en donde cuestionó el testimonio de Constanzo, su principal acusador, a quien endilgo tener "cuestiones personales" en su contra.
Por otro lado, el juez federal Bailaque dictó la falta de mérito para Cabrera por los casos de secuestro y torturas de Carlos y Alejandro Novillo, Susana Zitta, Graciela Zitta y Emma Buna, ocurrido en La Calamita.

CIUDAD
Reclamo de querellante
Liliana Gómez, testigo en al Causa Feced, se presentó ayer ante la justicia, para exigir que se profundice la investigación sobre la amenaza telefónica recibida. "A 20 días de iniciadas las actuaciones no sabemos siquiera de dónde provino la llamada", indicó Gomez a Rosario/12. "Hechos de tamaña importancia merecen una respuesta rápida de la justicia, caso contrario, la dilación en el tiempo se convierte en más impunidad en relación a la investigación de causas conexas con el accionar del terrorismo de estado en nuestro país", agregó la sobreviviente del centro clandestino que funcionara en la sede del ex Servicio de Informaciones de policía de la provincia, querellante en la emblemática causa Feced, quien el 1 de abril denunció ante la fiscalía en turno aber sido víctima de una amenaza anónima en el teléfono fijo de su domicilio particular.

CIUDAD
Altamirano y el Puma Porra
La justicia federal rosarina detuvo ayer a otro represor, en este caso miembro de la Patota de Feced. Se trata de Carlos Ulpiano Altamirano, alias "Caramelo". El represor fue detenido en cercanías de su vivienda en la zona de barrio Belgrano. Altamirano era oficial en el Servicio de Informaciones y como tal deberá responder por varias de las muertes alli ocurridas.
En tanto la Policía Federal, por orden de la justicia federal, constató ayer el arresto domiciliario de Ariel Porra, alias el Puma, quien gozaba de ese privilegio tras haber argumentado tener problemas de salud. Sin embargo tras comprobarse que había violentado esas condiciones de encierro, fue detenido y trasladado hacia el penal de Marcos Paz.
Porra fue señalado por Eduardo Constanzo, como Personal Civil de Inteligencia y quien participara entre otros del secuestro de Osvaldo Cambiaso y Agustín Pereira Rossi, entre otros casos resonantes cometidos por el Ejército durante la última dictadura.Fuente: Rosario 12, miercoles-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS


CIUDAD › ¿QUE HARA LA FISCAL BETTIOLO?
El caso Larrabure

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó un planteo de nulidad en el marco de la causa en la que se investiga el secuestro y asesinato de Argentino del Valle Larrabure, quien fuera coronel del Ejército, ocurrido en el año 1975, y por el se acusó al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
La abogada Gabriela Durruty, patrocinante de Juan Rivero en la causa de la ex Fábrica Militar de Armas, desmintió ayer los trascendidos periodísticos que aseguraban que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario había declarado de lesa humanidad el secuestro y homicidio del militar Argentino del Valle Larrabure. "Por el contrario, la Cámara rechazó la nulidad interpuesta por el abogado de la querella Vigo Leguizamón y declaró inadmisible el recurso de la fiscalía", apuntó.
La letrada aclaró: "La fiscal Nº 1 Liliana Bettiolo deberá decidir si requiere instrucción teniendo en cuenta que el Ministerio Público Fiscal es una estructura vertical que si bien mantiene la autonomía de sus miembros, las relaciones son de subordinación".
En consecuencia la profesional agregó que, "si bien hay una dictamen del fiscal general (Claudio Palacín) que dice que son delitos de lesa humanidad, hay una instrucción general superior y posterior dictada por Esteban Righi (el Procurador General de la Corte) que plantea que estos delitos se encuentran prescriptos y no son de lesa humanidad".
En tanto Durruty y Rivero coincidieron en que, "la fiscal deberá así dictaminarlo y pedir el archivo inmediato de las actuaciones".
"Los delitos de lesa humanidad solo puede cometerlos el estado mismo o un grupo de particulares con la anuencia de aquel. Esto no puede discutirse", concluyeron.
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PROCURACION Y MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Caso Larrabure, todavía sin una definición de fondo
La Procuración General aclaró ayer los alcances de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario sobre el secuestro y asesinato, en los años 70, del coronel Argentino del Valle Larrabure, capturado por guerrilleros del ERP. La decisión del tribunal rosarino fue interpretada por algunos medios como un aval judicial para que el asesinato de Larrabure fuese considerado como de lesa humanidad.La Procuración y el Ministerio Público Fiscal informaron, primero en su página web y luego en diálogo con Clarín, que el fallo de la Cámara Federal de Rosario se vincula "con cuestiones de carácter netamente procesal", y de ninguna manera resolvió la cuestión de fondo: considerar el caso como un delito de lesa humanidad."Recién después de la apertura de una investigación (o su reapertura, como se plantea en el caso Larrabure) -expresa la aclaración del Ministerio Público- procede realizar la discusión relativa a si determinado delito constituye o no crimen de lesa humanidad, pues ella debe ser consecuencia de una investigación previa. No corresponde generar esa discusión en abstracto, pues sólo procede si existe algún imputado y si se interpone un planteo de prescripción de la acción penal". La Procuración se muestra extrañada por "la reiterada desinformación que se viene observando alrededor del caso Larrabure".El militar fue secuestrado por el ERP en la noche del 10 al 11 de agosto de 1974, durante el copamiento de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, Córdoba. Se presume que quienes pueden ser investigados o condenados a treinta y cinco años de los hechos, están muertos: muchos de los guerrilleros que participaron del ataque figuran hoy como desaparecidos durante la dictadura militar. Entre ellos, Mario Pettigiani, un soldado conscripto que fue el "entregador" de la unidad.El 23 de agosto de 1975, 372 días después de su secuestro, Larrabure apareció muerto en Rosario y con huellas de haber sido torturado. Sus captores lo habían ahorcado. Durante su cautiverio perdió cuarenta kilos y se negó siempre a las exigencias del ERP para que colaborara en la fabricación de explosivos para el grupo guerrillero.
Fuente: Clarin

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EL PAIS › DESMIENTEN QUE EL CASO LARRABURE HAYA SIDO CONSIDERADO DELITO DE LESA HUMANIDAD
Un deseo con formato de noticia
La Procuración General de la Nación aclaró que un fallo judicial sobre el caso del coronel secuestrado por el ERP incluyó sólo cuestiones procesales y no se expidió sobre la cuestión de fondo. El tema se publicó ayer en La Nación.
Por Diego Martínez
El avance de los procesos por crímenes de lesa humanidad no sólo deriva en condenas y suicidios. La esperanza de grupos marginales con voceros de peso de instalar en el ideario colectivo que las organizaciones armadas de los ’70 cometieron “delitos de lesa humanidad”, por ende imprescriptibles, derivó ayer en una extensa nota aclaratoria de la Procuración General de la Nación, referida una vez más a la causa por el secuestro y la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure en 1974.
Ante un inexistente “fallo” de la Cámara Federal de Rosario confirmando que se trató de un “delito de lesa humanidad”, el organismo que encabeza el procurador Esteban Righi aclaró que se trató de una resolución sobre temas estrictamente procesales, cuestionó la “banalización” y “manipulación” de figuras del derecho penal internacional por parte de sectores de la prensa que no identificó y destacó que “la reiterada desinformación que se viene observando” alrededor del caso Larrabure “parece responder a motivaciones ajenas al proceso penal”.
El 31 de octubre de 2006, días después de las dos primeras condenas por crímenes de lesa humanidad a Miguel Etchecolatz y Julio Simón, el abogado Javier Vigo Leguizamón se presentó ante la Justicia en representación de Arturo Larrabure, hijo del militar, y solicitó la reapertura de la investigación, archivada por la Justicia federal de Rosario en 1977. Luego hubo una sucesión de irregularidades. Aunque no había elementos nuevos para analizar la reapertura de la causa, el juez federal Germán Sutter Schneider corrió vista al fiscal Francisco Sosa para que instruyera la causa. El fiscal, pese a que no había imputados que lo obligaran a tomar posición, dictaminó que por el tiempo transcurrido los eventuales delitos estaban prescriptos. No convenció a Sutter Schneider, luego recusado por ser hijo de un ex ministro de Educación y Gobierno de Santa Fe durante la dictadura, quien reclamó la opinión del fiscal general Claudio Palacín.
Palacín y luego la fiscal federal Adriana Saccone le indicaron al juez que la consulta era irregular porque antes debía pronunciarse sobre el dictamen de Sosa. Pero ante la insistencia de Sutter Schneider, que luego cuestionaría tanto el juez Marcelo Bailaque como la Procuración, el 30 de octubre de 2007 el fiscal Palacín, que tampoco tenía razones legales para un pronunciamiento de fondo, dictaminó que los delitos de los que había sido víctima Larrabure fueron cometidos en un contexto de “conflicto armado interno” y eran crímenes de lesa humanidad.
La operación reavivó las esperanzas de Cecilia Pando & Cía. de reabrir un debate saldado y derivó en una exhaustiva directiva de Righi, elaborada por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuración. El fiscal federal Jorge Auat y el coordinador de la Unidad, Pablo Parenti, demostraron en su informe la imposibilidad de incluir los delitos que afectaron a Larrabure dentro de las categorías de lesa humanidad o crímenes de guerra y llamaron la atención sobre las irregularidades procesales del mecanismo de consulta articulado por Sutter Schneider y aceptado por Palacín.
En agosto pasado, una resolución del juez Bailaque sobre varios pedidos de nulidad fue tergiversada por algunos sectores de la prensa, que informaron sobre la “confirmación” del dictamen de Palacín respecto de la cuestión de fondo. La operación generó la primera aclaratoria de la Unidad Fiscal. Ocho meses después, la jugada se repite. La Nación, que el año pasado respaldó la noticia que no existió con un editorial, publicó anteayer que la Cámara de Rosario consideró el caso Larrabure como un delito de lesa humanidad. La Procuración aclaró ayer que la Cámara rosarina sólo trató “cuestiones de carácter netamente procesal”.
Ante la llamativa recurrencia del error, el comunicado explica que “recién después de la apertura o reapertura de una investigación” y sólo “si existe algún imputado” puede discutirse si el delito constituye o no un crimen de lesa humanidad. “Forzar una discusión” sobre el punto mientras se analiza la reapertura “no se justifica jurídicamente y parece responder a motivaciones ajenas al proceso penal”, destaca. Ante “ciertas noticias de prensa” que no especifica, la Procuración destaca que lleva años “estudiando el desarrollo del derecho penal internacional” y “cuenta con recursos humanos de primera línea”, justamente para evitar “caer en una banalización de las categorías jurídicas”.
Fuente: Pagina 12
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El país / Edición Impresa
la procuración advirtió sobre una campaña de “desinformación”
Polémica sobre el caso Larrabure
La Justicia debe decidir si reabre el caso del militar secuestardo por el ERP. Sólo podría hacerlo si se considera que es un delito de lesa humanidad. El cuerpo fiscal advirtió que ese punto no está resuelto como indicaron algunas versiones.

Aclaración. Los fiscales que dependen del procurador Esteban Righi cuestionaron las “versiones inexactas” sobre la actuación del ERP.
Mientras se discute la reapertura de la causa por la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Procuración General de la Nación denunció “la reiterada desinformación de los medios sobre el caso”. Las versiones periodísticas de los últimos días consignaron que un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario había señalado que el crimen debía ser considerado delito de lesa humanidad. Sin embargo, en su resolución del 16 de abril pasado, el tribunal sólo rechazó dos recursos planteados por la querella y la fiscalía, pero no resolvió sobre el fondo de la cuestión. “En ninguna de las resoluciones dictadas hasta el momento, el juez de primera instancia ni la Cámara se han pronunciado sobre si los hechos deben o no considerarse crímenes de lesa humanidad. Las noticias vinculadas con la resolución de la Cámara son totalmente inexactas, al igual que sucedió en agosto pasado con una resolución del juez federal Marcelo Bailaque en la misma causa”, explicó la Unidad Fiscal que coordina estas causas desde la Procuración.Larrabure fue secuestrado por el ERP el 10 de agosto de 1974 en Córdoba. Su cuerpo apareció en Rosario el 23 de agosto de 1975. En ese momento, la justicia rosarina abrió una causa que, finalmente, cerró en 1977 sin haber identificado responsables. En octubre de 2006, el hijo del militar, Arturo Larrabure, se presentó ante el Poder Judicial para reclamar que se investigara el secuestro y la muerte de su padre, y que se caratulara el expediente como “crimen de lesa humanidad”. Después de un ir y venir entre jueces y fiscales, la causa llegó a la Cámara de Apelaciones de Rosario, que en su fallo de la semana pasada rechazó un planteo de nulidad realizado por el abogado de Larrabure, Javier Vigo Leguizamón. En la misma resolución, declaró inadmisible la apelación interpuesta por la fiscal Liliana Bettiolo, quien había planteado la nulidad de la intervención del fiscal general Claudio Palacín en esta causa. Ambos recursos cuestionaban temas de forma y no de fondo. Hasta el momento, el juez Bailaque no resolvió si se trata o no de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles. El año pasado un dictamen del fiscal general Palacín aceptó esa categoría de delito pero, luego, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, consideró lo contrario.El derecho penal internacional define con claridad que los delitos de lesa humanidad son aquellos cometidos desde el aparato del Estado. Sin embargo, en la Argentina la discusión sobre la reapertura de causas por crímenes en los que habrían participado organizaciones armadas continúa abierta, al menos en un sector del Poder Judicial.Una protesta frente a la CorteCon mordazas negras, miembros de organismos de derechos humanos protestaron ayer frente a los Tribunales en repudio del fallo de la Corte Suprema que ratifica la resolución del Tribunal Oral Federal 5 y que impidió a los abogados de la agrupación Justicia YA! participar como querellantes en los juicios orales de la causa ESMA. El alto tribunal adujo en su decisión que los letrados de esa organización retrasan los juicios. Pero Justicia YA! señaló que “molestamos porque denunciamos a los jueces que demoran las causas y a los que permiten que asesinen a los procesados para que no hablen; porque no admitimos que la lentitud de los juicios sea, como dice el presidente de la Corte, un problema organizativo o de falta de jueces”.--

Fuente: Critica de la Argentina

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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS


POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

En el cincuentenario de Prensa Latina Los que luchan y los que lloranEl 21 de abril de 1964, mientras combatía con las armas por la liberación de Nuestra América, desapareció en una región selvática de su Argentina natal el fundador y primer director de Prensa Latina, Jorge Ricardo Masetti, fuente inagotable de inspiración y paradigma del periodismo revolucionario de este y todos los tiempos. A 45 años de su desaparición física, Granma publica a continuación el siguiente artículo del colega Juan Marrero, también fundador de Prensa Latina, quien fuera compañero y amigo de Masetti
Juan Marrero
Como enviado de Radio El Mundo, en febrero de 1958, llegó a la Sierra Maestra el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti, quien entonces tenía solo 27 años de edad.Con el Che en los días iniciales de la Agencia Prensa Latina.Tres meses convivió con los guerrilleros. Puso en riesgo su vida para cumplir esa misión periodística, en la que logró entrevistar a Fidel Castro y al Che Guevara. Nada lo desanimó: ni los peligros que enfrentó para eludir a policías y soplones de la dictadura, y ascender a la montaña bastión de los rebeldes. Ni siquiera, cuando ya de regreso a La Habana y a punto de partir hacia Buenos Aires, supo que su emisora radial no había recibido los materiales, y tomó la decisión de regresar a la Sierra y grabarlos de nuevo.La entrevista de Fidel y Masetti tiene lugar el 14 de abril. No es el primer encuentro de ambos. Días antes, en medio de los acontecimientos por la huelga del 9 de abril, habían coincidido, e incluso Fidel le había pedido al corresponsal argentino que informase al mundo sobre el bombardeo de la aviación de Batista al caserío indefenso de Cayo Espino. Fidel promete a Masetti que se reuniría con él en la estación Radio Rebelde dentro de 4 días. El 13 de abril le envía una nota a Masetti: "Haciendo un gran esfuerzo a pesar de sentirme algo mal, me encuentro a solo siete horas de la estación. Ya con la seguridad de que no le haré quedar mal, preferiría hacer el trabajo mañana, pues voy a llegar agotado. Puede anunciar, además de la entrevista, un discurso al pueblo. Se que usted tuvo también que hacer un viaje largo¼ Son las 11 y 15. Dentro de unos momentos voy a proseguir la marcha. Saludos, Fidel Castro."Era la primera visita de Fidel a la emisora Radio Rebelde, que estaba instalada en La Mesa. "¼ varios soldados rebeldes anunciaron a gritos la llegada del comandante. Salimos a recibirlo. Saludó a Guevara con un abrazo y a mi me tendió las dos manos", contó Masetti. "Después del almuerzo¼ preparé mi grabadora¼ En medio de gran cantidad de soldados y de sus oficiales, Castro escuchaba atentamente la presentación que estaba haciendo ante el pequeño micrófono. No habíamos convenido previamente el cuestionario y él, que lo había advertido, disimuló, tomándolo como un desafío".Y Masetti seguidamente relató que las preguntas y respuestas iban conformando la historia del 26 de Julio, el golpe de Estado de Batista del 10 de marzo de 1952, la asunción al poder del dictador, sin que nadie se opusiese, salvo la juventud que "no se contentó con llorar, sino que se lanzó a la lucha"¼ Le hice algunas preguntas sobre las acciones militares de esos días y ya en ese terreno dije: ¿Considera que la ayuda militar de Estados Unidos a Batista es decisiva para la prolongación de su permanencia en el poder? Fidel respondió: ...Por supuesto que sí. Batista recibe ayuda constantemente de los Estados Unidos, directamente de la Unión y por medio de Trujillo y de Somoza¼ Mi última pregunta a Fidel Castro, en ese reportaje que grabábamos entre la atención fervorosa y vigilante de decenas de rebeldes, fue más bien una adivinanza. ¿Cuándo cree usted que terminará esta guerra? La respuesta de Fidel no se hizo esperar: —Es imposible predecirlo. Puede durar días, meses o años. Lo que si puedo decir es que solo terminará con la derrota total de la tiranía¼ El reportaje se transmitió inmediatamente por Radio Rebelde. Toda Cuba escuchó por vez primera la voz de Fidel desde la Sierra Maestra. A Masetti, sin embargo, le interesaba que quien lo escuchase fuese su emisora de Buenos Aires. Desde Venezuela le aseguraron que lo habían captado perfectamente y que en Argentina recibieron la transmisión sin inconvenientes. Esa noche, Masetti la pasó escuchando por onda corta radios de distintos países centroamericanos que reproducían su reportaje, pero de Argentina nada se podía captar.Al día siguiente entrevistó a Che Guevara, en medio de ametrallamientos de la aviación de Batista. Se despidió de Fidel y del Che, y salió para Santiago de Cuba y La Habana, donde verifica que sus reportajes no llegaron a Argentina. Es entonces que decide regresar a la Sierra. Se encuentra nuevamente con Fidel y el Che en Las Vegas. Y les cuenta sobre la pérdida de sus reportajes, y les dice: "Me voy mañana mismo. Les pido que ya mismo grabemos las entrevistas. Esta vez las llevaré conmigo. A la mañana siguiente grabamos los reportajes. Más o menos, fueron las mismas preguntas e idénticas respuestas¼ " A su regreso a Buenos Aires, en dos o tres meses, Masetti escribe el libro Los que luchan y los que lloran que contiene sus relatos sobre cómo logró llegar a la Sierra Maestra y los tres meses de su presencia allí. En Argentina como en toda América Latina lo que ocurría en Cuba tenía cada vez un mayor interés. El libro de Masetti contribuyó a aclarar dudas lanzadas por los medios identificados con los grandes intereses económicos que veían ya con preocupación el destino de Cuba. Y además en ese libro lanza el mensaje de apoyar a los que luchan y abren el futuro de América Latina. Ese libro, en fin, puede figurar entre las páginas más sobresalientes del mejor periodismo en América Latina. Rodolfo Walsh, quien formó parte del grupo fundador de Prensa Latina, elogió ese libro de Masetti, calificándolo como la mayor hazaña individual del periodismo argentino.
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Este texto fue presentando en una de las acciones de las jornadas por La Memoria, La Verdad y La Justicia, es reiterar el reclamo ante la Justicia Federal y finalmente un escrito del entrañable Rodolfo Waslh sobre el Che Guevara y Jorge Masetti.--
SOLICITAN INVESTIGACION SOBRE EL DESTINO DE JORGE JOSE RICARDO MASETTI Y OSCAR ATILIO ALTAMIRA GUZMAN. RECUSA CON CAUSA.


Señor Juez:

DAVID ARNALDO LEIVA, DNI 12417.873, argentino, con domicilio en calle Egües 320 de la ciudad de Orán, y GUIDO SALOMON VILLENA, DNI nº 20.398.595, argentino, domiciliado en calle Lavalle nº 147 de Orán, y Matilde Elena Ruiz, DNI 22424697, con domicilio en calle Lavalle 789 de Oran, HUGO RAMON TAPIA, DNI nº 22.386.808, argentino, mayor de edad, con domicilio real en Gral. Arenales esq. Sebastian Cuenca, Barrio 402 Viviendas de Orán, en su carácter de Mesa Directiva de la Asociación "ENCUENTRO POR LA MEMORIA, POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE SALTA", con domicilio real en la calle Arenales y Gral. Paz, Edificio Impulso, P.B. de la ciudad de Oran, y constituyendo procesal en calle Egües 320 de la ciudad de Orán, LUIS ANTONIO SORIA, DNI: 6.697.509, de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, Buenos Aires, actuando con el patrocinio letrado del Dr. David Arnaldo Leiva, T° I F° 130, en la causa nº P-1127/06, nos presentamos a V.S. y respetuosamente decimos:

1.-OBJETO:
Que venimos a solicitar que este tribunal investigue lo ocurrido con los militantes del E.G.P JORGE JOSE RICARDO MASETTI Y OSCAR ATILIO ALTAMIRA GUZMAN, determinando las circunstancias de tiempo modo y lugar de la desaparición de los mismos y el lugar donde fueron enterrados a fin de garantizar el derecho a la verdad histórica y el duelo, todo conforme a los hechos y al derecho que pasamos a exponer.-

2.- LEGITIMACIÓN.-
2.1. La legitimación de la Asociación "ENCUENTRO POR LA MEMORIA, POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE SALTA".-
En el expediente n° 3-406/00 caratulado "PARADA DE RUSSO, REINA ISABEL; ORTIZ ALBINA Y OTROS – INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE SALTA-HABEAS DATA", que se tramita por ante el Juzgado Federal de 1° Instancia n° 2 de Salta fue iniciado Isabel Parada de Russo y David Arnaldo Leiva, entre otros, integrantes de la Mesa directiva.
Que la Asociación mencionada es un organismo no gubernamental de derechos humanos con ámbito de actuación en nuestra provincia y tiene como uno de sus objetivos, conforme se desprende del estatuto que acompañamos, ejercitar a través de la Justicia el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales.-
La cuestión acerca de la legitimación de los organismos de derechos humanos ha sido resuelta por la justicia federal, con fecha 9 de Mayo de 2001, en el juicio de la Verdad, expresando el Dr. Miguel Ángel Medina: "... Además, otras razones abonan aún más la posibilidad que dicha acción puede ser intentada en el presente por organismos u asociaciones intermedias, pues en este supuesto en particular, puede afirmarse contundentemente, que poseen legitimación conjuntamente con los familiares de los afectados...."
"...Dentro de éste amplio esquema de garantías constitucionales, el mismo art. 43 citado, en su último párrafo, admite en forma expresa la posibilidad de interponer habeas hábeas, por el afectado o por cualquiera a su favor, cuando el derecho lesionado fuera la libertad física, en el caso de desaparición forzada de personas, como uno de los cinco tipos de hábeas hábeas.-Al decir de Miguel Ángel Ekmekdjian en su Tratado de Derecho Constitucional, (Tomo IV, pág. 100, Ed. Depalma, Bs. As. 1997): "los constituyentes han querido incluirlo expresamente en el texto constitucional, como una forma de poner acento en el respeto a los derechos individuales, una declaración política contra los métodos aberrantes utilizados por el último gobierno de facto, recogiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que los admitió para averiguar el paradero de personas denunciadas como desaparecidas por sus parientes o amigos... V.-Como corolario de lo apuntado, puede decirse que para esta particular causa, existen garantías constitucionales que habilitan a las asociaciones adherentes a intervenir, sin que ello importe un mayor desgaste jurisdiccional... De conformidad con los fundamentos expuestos, RESUELVO: I.-DESESTIMAR el pedido efectuado por.... y en su mérito, considerar a las asociaciones presentadas en autos a fs 32/48, con legitimación activa para intervenir en este proceso."
Que el art. 43, segundo párrafo, de la Constitución Nacional, habilita al "ENCUENTRO POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE SALTA" para peticionar a la Justicia sobre el destino de los militantes del E.G.P. ya que por las circunstancias particulares del caso, conforme se desarrollará mas adelante, se discute cuestiones atinentes a la afectación de los derechos humanos y la dignidad humana.-
Que la no aparición de los restos mortales de los militantes del E.G.P. JORGE JOSE RICARDO MASETTI Y OSCAR ATILIO ALTAMIRA GUZMAN, luego de procedimientos realizados por el Escuadrón 20 Oran de la Gendarmería Nacional para detener y desarticular al grupo que pertenecian, lleva aparejado la afectación a intereses ciertamente "difusos", en el sentido de que queda en cabeza de un sujeto indefinido, precisamente por la indeterminación misma que conlleva el concepto 'grupo' o 'comunidad'. Y ese interés difuso en la reparación de una expectativa defraudada particularmente se centra en este caso en las distintas organizaciones de derechos humanos como nuestra Asociación, que tiene una innegable representatividad respecto de los derechos humanos en su ámbito de actuación; en consecuencia, resulta evidente que estamos perfectamente habilitados para asumir el rol de actores sin cuestionamientos visibles por el momento en la defensa de intereses colectivos.

2.2. La actuación del Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Salta en representación de la comunidad afectada por el delito.
Nuestra Asociación, integrada por familiares de detenidos desaparecidos en Oran, se ha dedicado orgánicamente desde que nació, a la asistencia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos fundamentales cometidas por el Estado bajo la guía de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de la lucha contrasubversiva o antiinsurgente en las épocas del Terrorismo de Estado, entre otros, orientando y poniendo a disposición de las mismas o sus familiares profesionales para el ejercicio de las acciones administrativas o judiciales que tiendan a la reparación de la justicia lesionada, como así también se dedica a Promover conferencias, mesas redondas, debates y publicaciones en defensa de los Derechos Humanos Fundamentales, y especialmente de las libertades públicas, y de las demás garantías que consagra la Constitución Nacional.-
Somos una organización no gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos en la Provincia de Salta.
Con este fin, hemos desarrollado una cuantiosa labor, desde la asistencia a las víctimas y familiares del Terrorismo de Estado hasta la asistencia de las víctimas actuales de la exclusión social y económica, participando a través de nuestros abogados en el impulso de causas legales contra el abuso estatal y en la defensa técnica de los luchadores sociales, pues un objetivo de nuestra Asociación es la utilización de los tribunales locales para un pleno ejercicio de los derechos.
Desde nuestra creación hemos priorizado como una temática principal las violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar genocida y hemos formulado denuncias a través de nuestros integrantes y mesa directiva, proporcionando todos los datos y testimonios pertenecientes a los archivos de nuestra Asociación.-
Es pública y notoria – a través de actos, encuentros nacionales y provinciales y publicaciones- nuestra participación en la búsqueda del esclarecimiento sobre el destino de los ciudadanos que sufrieron la detención forzosa seguida de desaparición, no solo por nuestra actividad en el expediente n° 3-406/00 caratulado "PARADA DE RUSSO, REINA ISABEL; ORTIZ ALBINA Y OTROS – INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE SALTA-HABEAS DATA", sino también en el anhelo del juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio salteño.-
Que nuestra asociación fue admitida como querellante en la causa "AUTORES DESCONOCIDOS- OSORES RAUL BENJAMIN- PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD", Expediente n° 35/05 y en la causa nº 748/04 "AUTORES DESCONOCIDOS – DENUNCIA DESAPARICION DE PERSONAS, DAMNIFICADO: SANTOS ABRAHAM GARNICA", ambas de tramite por ante el Juzgado Federal nº 2 de Salta, conforme se desprende de copia de la resolución que acompañamos.
En consecuencia, en una situación como la presente, la no aparición o desaparición de los militantes del E.G.P. JORGE JOSE RICARDO MASETTI Y OSCAR ATILIO ALTAMIRA GUZMAN, mientras eran perseguidos en las yungas oranenses por fuerzas de seguridad imbuidas de la doctrina contrainsurgente tal como surge de las publicaciones "El Centinela", revista de la Gendarmería Nacional, inscribe la investigación que se pide en hechos que se pueden tipificar como violaciones a los derechos humanos, los que sin lugar a dudas están claramente relacionados con nuestro finalidad social y que son de indudable interés para la comunidad.-
Pero además, confirma esta posición el hecho de que en el presente caso, las víctimas Masetti y Altamira Guzmán no se encuentran dado que están desaparecidas. Y el hecho de no hallarse las víctimas otorga a la cuestión una dimensión colectiva: ante su ausencia, alguien debe velar por el cumplimiento del derecho de acceder a la justicia de estas víctimas. Se trata entonces de la afectación a intereses "difusos", en el sentido de que queda en cabeza de un sujeto indefinido. "Y ese interés difuso en la reparación de una expectativa defraudada particularmente se centra en este caso en las distintas organizaciones de derechos humanos como el CELS" (cf. Resolución del Juzgado N° 4 Federal de la Capital Federal, con fecha 6/10/2000, aceptando la legitimación del CELS para constituirse en parte querellante de la causa).
Por los fundamentos antes mencionados, y teniendo en cuenta que somos una organización no gubernamental dedicada a la protección y promoción de los derechos, nos presentamos ante este Juzgado con el objeto de ser tenidos como parte actora en este expediente.

3.-ANTECEDENTES Y HECHOS:

Lucho Soria[1] en un trabajo periodístico, expresa "En mayo de 1963, una treintena de jóvenes partió de Buenos Aires rumbo al norte argentino para lanzar allí la guerrilla rural. Los encabezaba Jorge Massetti, el "Comandante Segundo", fundador de la agencia cubana de noticias Prensa Latina y ex combatiente en Argelia, quien había conocido a Fidel Castro y al Che Guevara en Sierra Maestra, cuando los entrevistó para Radio El Mundo, de Buenos Aires, y quedó convencido de la justicia de la causa revolucionaria del Che.
En el grupo que partió para Salta había ex miembros de la Federación Juvenil Comunista y militantes independientes, todos ellos convencidos de que las condiciones estaban dadas para lanzar la guerrilla rural como parte de una estrategia a largo plazo que la propia plana mayor de la Revolución Cubana había aprobado en una reunión en La Habana en la que estuvieron el Che, el general Manuel Piñero, Alberto Castellano, el capitán José María Martínez Tamayo, y el general Abelardo Colomé Ibarra, actual Ministro del Interior. Ellos y los argentinos Federico Méndez y Jorge Massetti, entre otros, decidieron que había llegado el momento de preparar el terreno para la implantación de la guerrilla en el sur de América Latina, decisión que tres años después llevaría al Che a Bolivia. Según el libro Secretos de generales del periodista cubano Luis Báez, publicado este año y en el que 41 oficiales superiores de las fuerzas armadas cubanas narran sus misiones internacionalistas en países de América y de África, le tocó a Colomé Ibarra, junto a Hermes Peña y Tamayo, preparar las condiciones de la misión en Argentina.
Cuando los guerrilleros estaban en el monte salteño, las urnas habían consagrado a Arturo Illía como Presidente de la Nación.
Según sus principales protagonistas, la incipiente organización y la soledad política que rodeó este primer intento de insurrección armada facilitaron el éxito de la "Operación Santa Rosa" que dirigieron el jefe de la Gendarmería, general Julio Alzogaray, y el mayor Héctor Báez, jefe de la Agrupación Salta de esa fuerza. En uno de los pocos combates librados por el EGP, mataron a Hermes Peña y a otros cuatro guerrilleros, detuvieron a 14 de ellos, entre otros a Héctor Jouvé, Federico Méndez y Henry Lerner, quienes fueron torturados cruelmente antes de someterlos a procesos judiciales que violaron todas las normas legales vigentes….
……Jouvé y Méndez fueron condenados a cadena perpetua, el resto de los detenidos cumplieron condenas menores y nunca se pudo dar con los restos de Massetti. Varios años después, el Terror de Estado implantado en la Argentina en 1976 se ensañaría no solo con quienes combatieron en el monte sino también con sus familiares. En abril de ese año, los militares tomaron la casa de los Lerner en Cosquín, Córdoba, y se llevaron a su padre, Jacobo, quien desde entonces permanece desaparecido. Pocas horas después, Henry también fue detenido hasta que, años después, pudo irse del país con su familia.
La compañera de Héctor Jouvé, Clara Zetner, fue detenida al presentarse a sellar su pasaporte para viajar a Europa junto con su familia. Minutos antes había hecho el trámite Héctor, quien la esperó en vano en un bar cercano. Pasarían más de cuatro años antes de que se reencontraran en Francia.
Semejante ensañamiento con quienes fundaron el EGP parece obedecer menos a su eficacia militar y política que al carácter simbólico de uno de los primeros intentos guerrilleros de la Argentina. Es que, en la memoria de miles de jóvenes que apenas sabían de lo sucedido en Salta, el EGP se ligaba estrechamente a la gesta del Che…."
Los hechos relatados fueron objeto de un juicio penal en la causa Nº 56.903/64 caratulada: "Asociación Ilícita, Intimidación Pública, Delitos contra la Seguridad de la Nación, Atentado y Resistencia a la Autoridad con muerte misma y Homicidio", Sumario Nº 10/64 (Gendarmería Nacional, Oran, Salta).
La causa penal concluyó con la condena de los militantes del E.G.P. mencionados.
De conformidad al art. 178 CPP vigente a la fecha de los hechos investigados, la jurisdicción del Juzgado Federal nº 1 de Salta, en la causa mencionada, ha concluido ante la sentencia dictada.-
Un pedido realizado en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del Dr. Abel Cornejo, sustanciado en la causa penal mencionada y concluida, determinó que el militante cubano Hermes Peña fuera encontrado en Junio del 2005, después de 36 excavaciones en el cementerio de Oran, ante información suministrada por el Escuadrón 20 Orán de la Gendarmería Nacional, sin embargo aún no se logro determinar el lugar donde yacen los restos de Jorge José Ricardo Masetti y Oscar Atilio Altamira Guzmán, a pesar que se cavaron 6 tumbas en distintas fincas de la zona rural del departamento Orán entre los limites de Salta y Jujuy, sobre el rio Piedras.
El Estado Argentino no ha dado respuesta sobre el destino final de los militantes del E.G.P. Jorge José Ricardo Masetti y Oscar Atilio Altamira Guzmán, por lo que solicitamos a V.E. que, se procure obtener información detallada sobre la suerte de los mismos y se determine la circunstancias de tiempo modo y lugar de la muerte de los mismos, ya que existen sospechas fundadas que los mismos fueron detenidos por fuerzas de seguridad y que permanecen hasta la fecha en condición de detenidos-desaparecidos.-

4. LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR E INFORMAR.

"Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas."[2]
La investigación de los hechos en la causa Nº 56.903/64 y la condena de los militantes del E.G.P. estuvo precedida no solo de las torturas infligidas a los detenidos para que declaren en contra de si mismo[3], sino por los valores y la apreciación de la realidad histórico política de esos sectores de "las clases dominantes" que señalaba Rodolfo Walsh conforme lo expuesto "gratuitamente" por el Juez que dicto sentencia en el expediente mencionado.
"La actuación de Gendarmería Nacional en este asunto, fue de capital importancia, si se tiene en cuenta el origen de ese movimiento, que estaba basado sobre ideas comunistas, que repugnan a nuestra democracia….
Si la autoridad policial no hubiera actuado, la actividad de los acusados hubiera crecido y constituido un gran peligro para las instituciones de la argentina y por lo tanto para la democracia, pues a instrucciones que tenían de "formar un cuerpo guerrillero" para la guerra de guerrilla. Algo parecido a lo que ocurrió en Cuba, en cuanto como comenzó su actividad Fidel Castro para llegar a tomar el gobierno de ese país. Todos sabemos lo que allí sucedió, luego de tomar el poder Fidel Castro, anulo todos los derechos individuales, disponiendo de bienes y vidas de sus habitantes e implantó el comunismo en toda Cuba.
Por esta razón el movimiento del E.G.P. constituía para el país un gran peligro en potencia, que era necesario terminar, con el fin de asegurar a la Nación, la Paz y la tranquilidad dentro del régimen democrático, no permitiendo que ideas extremistas se difundan y crezcan con falsas promesas engañando y defraudando a personas que en su ingenuidad puedan cooperar, favoreciendo un movimiento extremista.
Esto es lo que sucedió en el presente caso, es casi increíble que argentinos con instrucción universitaria hayan atentado contra su patria, pretendiendo imponer un régimen de oprobio, olvidando que este país desde su nacimiento ha sido democrático y debe seguir siéndolo".[4]
Demás esta decir que la democracia valorada por el Juez al sentenciar era la que surgía de la proscripción de las mayorías políticas argentinas y la patria reivindicada era la de los que concentraban la riqueza y postraban al país al polo hegemónico liderado por EEUU, en la era del mundo "bipolar" que sirvió de sustento a la doctrina de la seguridad nacional.
A más de cuatro décadas de estos sucesos, el escenario de la memoria y de la historia, el universo de hechos y personajes, se sitúa entre las fuerzas de vencedores y vencidos, en donde su relato se expone como botín de guerra, de quienes se apropiaron del cuerpo de Jorge José Ricardo Masetti y Oscar Atilio Altamira Guzmán, e imponiéndonos de versiones de lo que podemos recordar y de lo que debemos olvidar, signando nuestro futuro.-
Esta otra historia, es la que nos pertenece como integrantes del pueblo y la que el estado tiene el deber de velar, a través de la investigación que proponemos en esta demanda.
Entonces la guerra estalla, anacrónica, en el presente, y el pasado vuelve a la carga y arremete contra la verdad hipócrita de los vencedores. Y se instala, imperturbable, en el ojo del huracán. Y resiste.
Los vencedores cuentan con el derecho a recordar, con los medios para difundir sus hazañas, con el silencio como aliado para exterminar las voces opositoras, con la mentira como recurso práctico para ocultar miserias. Los vencidos se apropian de la memoria como náufragos sedientos de rebeldía, y juegan con ella a recuperar viejas lecciones, resisten al olvido, combaten la mentira, reconstruyen la historia. Su historia.
Seamos partícipes, por un momento, de esta batalla. Tomemos posición, rechacemos la hipócrita neutralidad del recuerdo y volvamos la vista atrás. Allí hay una historia que vuelve, la de un cubano que murió lejos de su patria, en el monte salteño, la de un hombre cuya historia permanece hoy desvanecida por la mentira y el olvido de los vencedores. La suerte de una causa que hoy vuelve, también, para intentar explicarnos las razones del sacrificio, las motivaciones de un proyecto, la heroicidad de los actos. Volvamos, pues, al campo de batalla del pasado para reconstruir nuestra propia historia. Viajemos con Hermes Peña Torres por los laberintos de la memoria.

El estado de derecho impone la obligación básica de investigar e informar sobre lo ocurrido en este periodo oscuro de la argentina. Los valores del sistema democrático requieren la efectiva y plena vigencia de los derechos humanos, y la investigación a todas las violaciones a estos derechos es una exigencia de la sociedad en general y en particular de las víctimas y sus familiares.
En el caso particular del fenómeno de la Desaparición Forzada de Personas, la investigación de las violaciones no es suficiente si no se informa a las familias de los desaparecidos toda la verdad. Si la desaparición forzada de personas es una herramienta que la doctrina de la guerra contrainsurgente y de la seguridad nacional aplicada por las fuerzas de seguridad usó para desconectar y confundir a las familias y para engañar a la sociedad y al mundo, entonces la información detallada de todo lo ocurrido y la transparencia total resulta indispensable. Para ello el Estado debe poner a disposición de los interesados directos y de la sociedad en general toda la información que posee como así también los medios idóneos para llegar a la verdad. No se trata de un gobierno o de otro, sino del Estado como tal que no puede desentenderse de su pasado.
En el caso de desapariciones forzadas, el articulo 1.1 de la Convención le atribuye al Estado una obligación especifica de haber, es decir, una obligación de investigar y de informar. En todo caso, esta obligación de hacer no se satisface con el mero hecho de facilitar el acceso de los familiares documentación que se encuentre bajo control oficial. Ello sería, obviamente, un principio de cumplimiento que, en el caso argentino, aún hoy no se ha materializado en forma plena. El Estado está obligado a desarrollar una tarea de investigación y corroboración de los hechos, estén o no consignados en documentos oficiales, con el fin de esclarecer los hechos, establecer la verdad de lo ocurrido e informar a los familiares y a la opinión pública en general. Se trata, de una obligación afirmativa y activa enderezada a obtener y procesar información que permita un amplio conocimiento de los hechos que no están hoy debidamente documentados.
A pesar de que las desapariciones ocurrieron con anterioridad a la ratificación de la Convención por parte de la Argentina, estas obligaciones son exigibles al Estado, ya que en el caso de las desapariciones forzadas nos encontramos frente a una violación de ejecución continuada. ([5]) En este sentido la Corte Interamericana ha dicho que: El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. ([6])
La obligación de investigar e informar se funda en el derecho de los familiares de las víctimas, y de la sociedad toda a conocer la verdad sobre estos graves hechos que aún se encuentran presentes en la memoria nacional y de la comunidad internacional.

5. El Derecho a la Verdad.

Es en este especial contexto que adquiere relevancia el "derecho a la verdad". En los últimos años ha comenzado ha forjarse este nuevo concepto que hace referencia al inalienable derecho de las personas y sociedades a tener un conocimiento pleno de todo lo ocurrido. Este derecho, que no es más que la reconceptualización de antiquísimos deberes del Estado y derechos de los individuos y que en nuestro ordenamiento jurídico interno puede ser fácilmente deducido como uno de los derechos "que nacen del principio de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno" reconocidos en el art. 33 de nuestra Constitución Nacional, se levanta ahora con toda la fuerza exigiendo que el Estado no pueda desentenderse de su obligación de investigar. El derecho al a verdad, entonces, es el derecho a obtener respuestas del Estado.
En este sentido, el derecho a la verdad es la facultad de todo individuo a exigirle al Estado que lo informe acerca de todo aquello que el corresponda saber. Sin circunscribirse solo a este caso, en los supuestos de desaparición forzada de personas tal derecho significa que el Estado debe informar a las familiares de las víctimas acerca del paradero de sus seres queridos. Es el derecho a obtener una respuesta final que detalle las circunstancias de la desaparición, detención y muerte de las victimas. El derecho a al verdad incluye el derecho a saber dónde están los cuerpos de los desaparecidos. El derecho a la verdad es por ello un elemento del derecho a la Justicia.
Este derecho, sin embargo, no pertenece sólo a los familiares directos de los desaparecidos o a las personas que por alguna razón particular tienen aptitud para legal para obtener respuestas del Estado. También la comunidad en general tiene el derecho a saber lo ocurrido, a conocer toda la verdad sobre su pasado. En esta perpectiva no individual del derecho a la verdad se asienta el derecho de la comunidad a conocer su pasado, entre otras razones como una forma de resguardarse para el futuro. Es el derecho de la sociedad a conocer las falencias de sus instituciones como única forma de consolidar la democracia.

6. El Derecho al Duelo.

Unos de los elementos del llamado "derecho a la dignidad" reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos son el respeto al muerto o el "derecho al duelo". Este derecho que ha sido motivo de numerosos estudios de las ciencias sociales constituye un patrimonio cultural que el Estado no solo tiene la obligación de respetar sino de garantizar. Es público y notorio –en este sentido- que tanto familias religiosas como ateos, en la sociedad argentina y universal, realizan rituales con motivo de la muerte de sus seres queridos y el entierro de los cuerpos, demostrando con estos actos simbólicos su preocupación por la "trascendencia" del espíritu humano, diferenciándonos entre otras cosas, por estas manifestaciones simbólicas del resto del reino animal. Quienes nos niegan el derecho de enterrar a nuestros muertos no están haciendo otra cosa que negar nuestra condición humana. El culto a la muerte existió y existe con diversas manifestaciones. La sepultura y el lugar de enterramiento como hoy lo conocemos (en cementerios) es patrimonio de la cultura del hombre civilizado.
Nuestro reclamo actual por el respeto del derecho a la dignidad, por el respeto a los muertos y al derecho al duelo, no es más que la repetición de los reclamos que desde hace ya varias décadas venimos realizando.
El respeto al cadáver y al cuerpo humano fue receptada en numerosas normas administrativas-hospitalarias y legislativas, como por ejemplo la ley n° 21.541 de transplantes de órganos, modificada por ley 23.464.
Una de las principales consecuencias del crimen de desaparición forzada es la incertidumbre en que sume a los familiares de las víctimas sobre el destino y paradero de sus seres queridos, además de la imposibilidad de dar sepultura digna a sus restos. En tanto el Estado no investigue e informe sobre las circunstancias de la desaparición y el lugar donde se encuentran los restos, falta a su deber elemental de hacer cesar la violación. En otras palabras, los familiares de las víctimas tienen el derecho a recibir información sobre el destino de sus seres queridos. Por ello, el Estado debe terminar con la incertidumbre mediante un esfuerzo investigativo verdadero y eficaz para aportar la información que corresponda.
La incertidumbre hace de cada familiar también una víctima directa de la violación. El Comité de Derechos Humanos del Pacto de Naciones Unidas se basó en este principio en el Caso Quinteros v. Uruguay, para concluir que la madre de un desaparecido tenía derecho a compensación como víctima del sufrimiento causado a raíz de la falta de información. ([7])
El Comité comprende la angustia y el estrés causados a la madre por la desaparición de su hija y la continua incertidumbre respecto a su destino y su paradero. La peticionaria tiene el derecho a saber qué le ha ocurrido a su hija. En este sentido, ella también es una víctima de las violaciones al Pacto sufridas por su hija.
Sobre la base de esta decisión, se ha reconocido que el sufrimiento de los familiares constituye per se una forma de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante.
La Corte Interamericana también admite la presunción de que los padres sufren "moralmente por la muerte cruel de sus hijos, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona experimente dolor ante el suplicio de un hijo" ([8]) y por lo tanto tienen derecho a obtener una indemnización por daño moral.
Sin embargo, el deber de reparar integralmente el daño causado no se satisface únicamente con el ofrecimiento de una suma de dinero como monto indemnizatorio. Muy por el contrario, el derecho a la indemnización es antes que nada el derecho a una reparación integral. La primera forma de satisfacerlo es la restitutio ad integrum. Para el desaparecido mismo la restitutio es imposible si su destino ha sido la ejecución extrajudicial y el ocultamiento del cadáver. Pero para el resto de las víctimas, es decir los familiares, el primer paso de una restitutio sí es posible: consiste simplemente en poner fin al estado de incertidumbre e ignorancia en que se encuentran.
El conocimiento pleno de las circunstancias de cada caso también es parte de una forma de reparación "moral" a la que las familias de los desaparecidos son acreedoras. Universalmente se reconoce que la investigación de la verdad y su amplia difusión pública están incluidas entre los "recursos efectivos" que los Estados deben asegurar en caso de violaciones graves y sistemáticas. Estos recursos de contenido puramente moral son, muchas veces, más importantes para los familiares de las víctimas que las indemnizaciones pecuniarias.
Únicamente una exhaustiva investigación judicial y la plena revelación de la verdad, puede en parte reparar el estigma y la culpa que la sociedad les asigna a los desaparecidos al imputarles, injusta y maliciosamente, participación en actividades sospechosas para haber merecido tan terrible suerte. Sólo el conocimiento detallado de las circunstancias de cada caso puede contribuir a reparar el daño causado y dar una satisfacción a los familiares de las víctimas.
El derecho a la Verdad y el derecho al Duelo son parte de los derechos humanos a los que el Estado tiene la obligación de garantizar, para lo que recurrimos a V.E. a fin de que comience una investigación jamás realizada en Salta e informe a los familiares de JORGE JOSE RICARDO MASETTI Y OSCAR ATILIO ALTAMIRA GUZMAN y a la sociedad acerca del destino de estos militantes del E.G.P. ocurridos en un periodo de la historia en la que las mayorías estaban proscriptas por el brazo armado de las oligarquías.

7. MEDIDAS DE PRUEBAS SOLICITADAS.
7.1. Causa Nº 56.903/64 caratulada: "Asociación Ilícita, Intimidación Pública, Delitos contra la Seguridad de la Nación, Atentado y Resistencia a la Autoridad con muerte misma y Homicidio", Sumario Nº 10/64 (Gendarmería Nacional, Oran, Salta), en poder del Juzgado Federal de Salta nº 1. Solicito se requiera la misma ad effectun videndi et probandi.
7.2. Requiera los archivos en poder del Escuadrón 20 Oran de Gendarmería Nacional e información de todo lo actuado por la misma vinculado al E.G.P. y al Operativo Santa Rosa.
Requerirá el suministro del nombre y domicilio del personal de Gendarmeria Nacional que ha actuado en dicho operativo y del personal de inteligencia afectado al mismo.
7.3. Disponga las testimoniales del personal de Gendarmería Nacional que ha participado en el conocido operativo "Santa Rosa" y de los sobrevivientes del E.G.P.
7.4. Disponga las testimoniales de los militantes del E.G.P. que oportunamente se individualizará.
7.5. Solicitará vía exhorto diplomático para que la república de Cuba remita todos los antecedentes que obren en su poder del E.G.P. y de JORGE JOSE RICARDO MASETTI Y OSCAR ATILIO ALTAMIRA GUZMAN.-

8.-RECUSA CON CAUSA: Que recusa con causa al Señor Juez Federal Raúl Juan Reynoso por haberlo denunciado penalmente y atento a que este se inhibe por violencia moral, tal como surge del expediente nº P 1.127/06 y P 1058/06 y P 452/07.

9.- Petitorio: Por todo lo expuesto a V.S. solicitamos:
9.1. Declare en forma expresa la inalienabilidad del derecho a la verdad y la obligación del respeto al cuerpo y del derecho al duelo dentro del ordenamiento jurídico argentino, así corno también la obligación del Estado argentino de investigar los hechos denunciados hasta su total esclarecimiento.-
9.2. Tutele los derechos y para ello arbitre las medidas necesarias para determinar el modo, tiempo y lugar de la detención y muerte y el lugar de la inhumación de JORGE JOSE RICARDO MASETTI Y OSCAR ATILIO ALTAMIRA GUZMAN.-
9.3.-Elabore finalmente un informe en relación a cada uno de ellos.
Proveer de conformidad
Es justicia

[1] Trabajo extraído de la Revista Los ´70, N°7 "El guevarismo en la Argentina".

[2] Rodolfo Walsh, citado por Hugo Montero en "La Historia del Guerrillero Cubano del EGP" www.revistasudestada.com.ar
[3] Carlos Humberto Bandoni a fs 1380/1385 expresa que entre las torturas infligidas "Lo pusieron frente a dos cadáveres que decían que era de Hermes y de Jorge, abiertos por la mitad y al llegar allí lo agarraron por los pelos y le pusieron la cabeza donde estaba abierto el cuerpo, diciéndole "creo que no te vas a negar a reconocerlo".
Que los imputados Jorge Wenceslao Paul, Jorge Raúl Bellomo, Juan Héctor Jouve, Lazaron Enry Lerner, Antonio Dib, entre otros.
[4] Considerandos VI de fs 1936 y vuelta de la sentencia firmada por el Juez Federal de Salta Dr. Tristan G. Martinez.
[5] En su definición de "desaparición forzada", la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas –-aprobada en la Séptima Sesión Plenaria de la Asamblea General de la OEA, 9 de julio de 1984-- (OEA/Ser. PAG/Doc. 3114/94 Rev. 1) aclara en sus artículos 2 y 3 que esta conducta consiste en la privación de la libertad cometida por agentes del Estado o quienes actúen con su aquiescencia "..seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes" y que "dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima" (el énfasis es nuestro).-
[6] Caso Velásquez Rodríguez, ibidem, Párr. 181.-
[7] Caso No. 107/1981.
[8] Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (art. 63. 1 Convención Americana sobre Derechos Humanos) Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Serie C. No. 15, párr.


Guevara, por Rodolfo Walsh
El presente texto fue extraído de una recopilación de artículos sobre el Che Guevara publicado por la Casa de las Américas en 1986.
¿Por quién doblan las campanas? Doblan por nosotros. Me resulta imposible pensar en Guevara, desde esta lúgubre primavera de Buenos Aires, sin pensar en Hemingway, en Camilo, en Masetti, en Fabricio Ojeda, en toda esa maravillosa gente que era La Habana o pasaba por La Habana en el 59 y el 60. La nostalgia se codifica en un rosario de muertos y da un poco de vergüenza estar aquí sentado frente a una máquina de escribir, aun sabiendo que eso también es una especie de fatalidad aun si uno pudiera consolarse con la idea de que es una fatalidad que sirve para algo.
Lo veo a Camilo, una mañana de domingo, volando bajo en un helicóptero sobre la playa de Coney Island, asomándose muerto de risa y la muchedumbre que gozaba con él desde abajo. Lo oigo al viejo Hemingway, en el aeropuerto de Rancho Boyeros, decir esas palabras penúltimas: "Vamos a ganar, nosotros los cubanos vamos a ganar". Y ante mi sorpresa: "I´m not a yankee, you know".
Interminablemente veo a Masetti en las madrugadas de Prensa Latina, cuando ya se tomaba mate y se escuchaba unos tangos, pero el asunto que volvía era el de esa revolución tan necesaria, aunque hoy se presenta tan dura, tan vestida con la sangre de la gente que uno admirado simplemente quiso.
Nunca sabíamos en Prensa Latina, cuándo iba a venir el Che, simplemente caía sin anunciarse, y la única señal de su presencia en el edificio eran dos guajiritos con el glorioso uniforme de la sierra, uno se estacionaba junto al ascensor, otro ante la oficina de Masetti, metralleta al brazo. No sé exactamente por qué daban la impresión de que se harían matar por Guevara, y cuando eso ocurriera no sería fácil.
Muchos tuvieron más suerte que yo, conversaron largamente con Guevara. Aunque no era imposible ni siquiera difícil yo me limite a escucharlo, dos o tres veces, cuando hablaba con Masetti. Había preguntas por hacer pero no daban ganas de interrumpir o quizá las preguntas quedaban contestadas antes de que uno las hiciera. Sentía lo que él cuenta que sintió al ver por única vez a Frank País: sólo podría precisar en este momento que sus ojos mostraban enseguida el hombre poseído por una causa y que ese hombre era un ser superior. Yo leía sus artículos en Verde Olivo, lo escuchaba por TV: Parecía suficiente, porque Che Cuevara era un hombre sin desdoblamiento. Sus escritos hablaban con su voz, y su voz era la misma en el papel o entre dos mates en aquella oficina del Retiro Médico.
Creo que los habaneros tardaron un poco en acostumbrarse a él, su humor frío y seco, tan porteño, debía caerles como un chubasco. Cuando lo entendieron, era uno de los hombres más queridos de Cuba.
De aquel humor se hacia la primera víctima. Que yo recuerde, ningún jefe de ejército, ningún general, ningún héroe se ha descrito a sí mismo huyendo en dos oportunidades. Del combate de Bueycito, donde se le trabo la ametralladora frente a un soldado enemigo que lo tiroteaba desde cerca, dice: "mi participación en aquel combate fue escasa y nada heroica, pues los pocos tiros los enfrenté con la parte posterior del cuerpo". Y refiriéndose a la sorpresa de Altos de Espinosa: "no hice nada más que una retirada estratégica a toda velocidad en aquel encuentro". Exageraba él estas cosas, cuando todos sabían que acaba de recordar Fidel, que lo difícil era sacarlo del lugar donde hubiera más peligro. Dominaba su vanidad como el asma.
En esa renuncia a las últimas pasiones, estaba el germen del hombre nuevo que hablaba.
Guevara no se proponía como un héroe: en todo caso, podía ser un héroe a la altura de todos. Pero esto, claro, no era cierto para los demás. Su altura era anonadante: resulta más fácil a veces desistir que seguirlo, y lo mismo ocurría con Fidel y la gente de la Sierra. Esta exigencia podía ponernos en crisis, y esa crisis tiene ahora su forma definitiva, tras los episodios de Bolivia.
Dicho más simplemente: nos cuesta a muchos eludir la vergüenza, no de estar vivos porque no es el deseo de la muerte, es su contrario, la fuerza de la revolución, sino de que Guevara haya muerto con tan pocos alrededor. Por supuesto, no sabíamos, oficialmente no sabíamos nada, pero algunos sospechábamos, temíamos. Fuimos lentos, ¿culpables? Inútil ya discutir la cosa, pero ese sentimiento que digo está, al menos para mí y tal vez sea un nuevo punto de partida.
El agente de la CIA que según la agencia Reuter codeó y panceó a cien periodistas que en Valle Grande pretendían ver el cadáver, dijo una frase en inglés: "awright, get the hell out of here".
Esta frase con su sello, su impronta, su marca criminal, queda propuesta para la historia. Y su necesaria réplica: alguien tarde o temprano se irá al carajo de este continente. No serán los que nacieron en él. No será la memoria del Che.
Que ahora está desparramado en cien ciudadesentregado al camino de quienes no lo conocieron
RED DE NOTICIAS DERECHOS HUMANOS

RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
BOLIVIA LE PIDIO A LA ARGENTINA COLABORACION PARA ENCONTRAR A LOS ACTIVISTAS QUE INTENTAN DESESTABILIZAR A MORALES
Tras la pista de la red de amigos argentinos
Tras el desbaratamiento de la banda que habría intentado un magnicidio, el gobierno de Evo Morales está investigando los vínculos con ex militares carapintadas vinculados con la ultraderecha de ese país. Identifican a un represor prófugo.

El ex carapintada Jorge Mones Ruiz acaba de volver de Bolivia y está en la mira de los investigadores.

Por Nora Veiras
El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, se comunicó con el embajador argentino en la Paz, Horacio Macedo, para pedirle colaboración en el control de los pasos fronterizos “por la eventual presencia de activistas argentinos en distintas regiones de Bolivia”. Página/12 pudo saber que el gobierno de Evo Morales está investigando los vínculos de la presunta estructura terrorista internacional con ex militares carapintadas, entre ellos un prófugo por delitos de lesa humanidad. El jueves pasado, la Policía Nacional de Bolivia irrumpió en el cuarto piso del Hotel América para atrapar a la banda. Un boliviano asimilado al Ejército de Croacia, un húngaro y un irlandés fueron muertos. Hubo dos detenidos y otros dos se escaparon. Morales pidió colaboración internacional para develar la trama de lo que denunció como un intento de magnicidio (ver aparte).
Hace varios meses que las autoridades de ambos países sospechan de las incursiones de ex carapintadas relacionados con las facciones de ultraderecha de Santa Cruz de la Sierra, Pando y Cochabamba. El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, mano derecha de Morales, estuvo en contacto con el embajador Macedo, quien le garantizó ayuda para detectar a los sospechosos.
El diario El debate de Santa Cruz de la Sierra, en su edición del domingo, da cuenta de que “los prófugos son de nacionalidad húngara, en tanto que los sospechosos de tener vínculos con el grupo son dos argentinos y uno que proviene de Hungría, aunque posee pasaporte de un país africano” y abunda en que “según las referidas fuentes, en el caso de los argentinos se trata de dos ex militares que forman parte de los ‘carapintadas’. Uno de ellos tuvo contactos directos, semanas antes de la desarticulación de la supuesta célula terrorista con Eduardo Rózsa, señalado como el cabecilla del grupo”.
Buenos muchachos
A principios de abril, el ex carapintada Jorge Mones Ruiz, que encontró un nuevo conchabo como delegado argentino de UnaAmérica –una organización de ultraderecha que pretende ser la contracara de Unasur–, viajó a Bolivia y se habría contactado con Rózsa. El ingeniero venezolano Alejandro Peña Esclusa, acérrimo opositor al gobierno de Hugo Chávez, es quien preside UnaAmérica, la cruzada por denunciar a los gobiernos “izquierdistas” de América Latina. Bolivia y Venezuela encabezan las “preocupaciones” de la organización que recluta “fieles” y financiamiento en la derecha de Colombia.
Mones Ruiz estuvo destinado como oficial de inteligencia del Ejército argentino en Bolivia durante un tramo de la última dictadura y suele jactarse del conocimiento de sus camaradas y ex camaradas bolivianos. En la comitiva argentina también viajó Liliana Raffo de Fernández Cutiellos, viuda del teniente coronel Horacio Fernández Cutiellos, muerto durante el intento de copamiento del Regimiento de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria (MTP). La mujer visitó en prisión al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, acusado de conspirar contra el gobierno de Morales. La mujer y el mayor de Caballería, que se levantó en armas para impedir los juicios por delitos de lesa humanidad junto a Aldo Rico, habrían conseguido credenciales de corresponsales del diario Estrella de Oriente.
Entre los objetivos del viaje habría estado reunirse con otro camarada del betún, prófugo por delitos de lesa humanidad y radicado en Santa Cruz de la Sierra: Luis Enrique Baraldini. El juez federal Daniel Rafecas le dictó hace meses el pedido de captura internacional. El diario La Arena de La Pampa reveló que Baraldini estaba en Bolivia, lo cual habría activado ahora la búsqueda por parte de Interpol. El oficial que actuó como represor en La Pampa, donde se desempeñó como jefe de policía, se fugó en el 2003 apenas se reactivó la investigación judicial. Consiguió rápida contención en Santa Cruz de la Sierra: en 2005 el Círculo de Oficiales del Ejército lo condecoró con la Gran Cruz por su vocación de servicio. Para protegerse el carapintada fraguó su identidad y se hacía llamar Luis Pelliegre –Pellegri es su apellido materno–. Con ese nombre figuraba en el 2006 al frente de su escuela de equinoterapia el “Centro Ecuestre Especial”.
Los retirados alineados con Mones Ruiz están activos en sus movimientos para ampliar sus redes. En los últimos meses recorrieron asambleas ruralistas para azuzar los reclamos del sector y la semana pasada aportaron concurrencia a la charla del ex presidente Eduardo Duhalde, quien anunció su deseo de volver a conducir el peronismo. En el local de Deán Funes al 800 del barrio de San Cristóbal, el ex comité de los carapintadas del Modin se recicló en un bunker de Daniel “Chicho” Basile. Hasta allí llegaron varias de las esposas de los represores presos en Marcos Paz acusados de delitos de lesa humanidad.
Atracción croata
En Santa Cruz de la Sierra, los carapintadas hicieron empatía con las facciones lideradas por Branco Marincovic, el empresario sojero líder del comité secesionista de ese departamento boliviano caracterizado por las consignas racistas contra Morales. Marincovic es de origen croata y fueron varios los carapintadas que recalaron en la guerra de los Balcanes, entre ellos el oficial Rodolfo Barros, otro de los camaradas de Mones Ruiz y Baraldini. El señalado como cabecilla de la banda desbaratada en Bolivia, Eduardo Rózsa, había sido reconocido como “héroe de la guerra de los Blacones”, a donde había llegado como periodista y terminó enrolado en las fuerzas croatas ultranacionalistas. Uno de los dos sobrevivientes detenido por la Policía Nacional en el Hotel América: el militar boliviano retirado Mario Francisco Tadic Astorga habría combatido a las órdenes de Rózsa.
La investigación que avanza en los tribunales bolivianos también le pidió un informe a la Dirección Departamental de Migración. Se quiere establecer en qué condición ingresaron al país. Según el director de Migración, Dionisio Rivas, la banda burló los controles de los organismos de seguridad. El pedido de colaboración del gobierno de Morales a sus pares argentinos apunta a encontrar los tentáculos de las facciones que actúan en forma encubierta en Bolivia.

EL PAIS › UN GRUPO COMANDOINTERNACIONAL
La polémica en Bolivia
Por Sebastián Ochoa
Desde Santa Cruz
El gobierno nacional aún no dio detalles sobre la muerte de tres supuestos terroristas el jueves pasado en esta ciudad. El presidente Evo Morales acusa a la oposición de intentar matarlo, pero sus detractores aseguran que es un “show” del Ejecutivo montado para cosechar más votos en las próximas elecciones generales del 6 de diciembre. El presidente del Senado, Oscar Ortiz, sostuvo que los tres hombres, un boliviano, un irlandés y un rumano, fueron “ejecutados en calzoncillos” por agentes gubernamentales. Desde el Palacio Quemado indicaron que todavía no brindan información porque la investigación sigue. Para el presidente, el grupo supuestamente comandado por Eduardo Rózsa tenía la intención de “dividir Bolivia”.
El miércoles pasado, una bomba estalló en el portón del cardenal Julio Terrazas, férreo opositor al gobierno de Morales. El religioso estaba en otra de sus casas, en Vallegrande, así que no tuvo sobresaltos el by-pass que le hicieron hace dos meses. Al día siguiente, de madrugada, la Policía Nacional ingresó al hotel Las Américas, de esta ciudad. Los uniformados apagaron las cámaras de seguridad desde que entraron, a las cuatro, hasta las nueve de la mañana, según denunció la gerencia del hotel. En el cuarto piso dormían Rózsa, militar y periodista entre decenas de ocupaciones; Michael Dwyer, ingeniero irlandés de 25 años; Mayaroshi Arpad, militar rumano; Elod Tóasó, ingeniero de sistemas húngaro de 28 años; y Mario Tadic Astorga, un militar boliviano-croata que combatió junto a Rózsa en la ex Yugoslavia.
Ningún policía salió herido de la balacera de media hora. Sólo sobrevivieron Tóasó y Astorga, de 58 años, que quedó con la pierna baleada. Rózsa tenía ocho tiros, Dwyer y Arpad seis respectivamente. A Rózsa, nacido en Santa Cruz, lo enterró en el cementerio general un grupo de veinte artistas de clase alta. Los otros dos fueron sepultados en una fosa común del cementerio La Cuchilla, en las afueras de la ciudad, porque nadie los reclamó. Al irlandés quizá lo lleve de vuelta a Irlanda el diplomático venido de Buenos Aires para informarse sobre las circunstancias del deceso. Dentro de una semana los peritos dirán si los huéspedes realmente usaron armas.
Según Morales, el grupo tenía la intención de asesinarlo a él, al vicepresidente Alvaro García Linera y hasta al ultra opositor Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz. Lo harían con la finalidad de generar caos y división en Bolivia, según la hipótesis gubernamental.
El domingo, el cardenal Terrazas dio misa. “Toda persona es sagrada ante Dios, aunque haya cometido los pecados más grandes, y a nosotros nos toca llevar en esa dimensión la misericordia de Dios para que nadie se sienta abatido y sea eliminado sin ser juzgado adecuadamente”, así criticó al gobierno nacional.
“No hay nada que tergiversar, nos caracteriza la honestidad, la responsabilidad. Pido a los organismos internacionales que investiguen. Se puso una bomba en casa del cardenal, se anotó la placa del carro y luego se ha encontrado ese vehículo en el hotel. ¿De cuál montaje hablan? Está el armamento, es otra prueba. Después de que fracasaron con el revocatorio, fracasaron en un intento de golpe de Estado y ahora están fracasando con un atentado a mi vida”, dijo el presidente.
“Además se encontraron armas en una feria internacional, donde están algunos grupos oligárquicos. En el stand de Cotas estaba el armamento. Por eso van a tratar de tergiversar”, agregó Morales. La cooperativa telefónica cruceña, Cotas, es una de las “instituciones” del oriente opositoras al presidente. Pero el gobierno omitió investigarla por el armamento que la policía encontró en su stand de la Feria de Exposiciones de Santa Cruz (Fexpocruz) luego del tiroteo en el hotel.
“Los dos detenidos y los tres muertos estuvieron en decenas de reuniones con decenas de personalidades del ámbito empresarial, personas muy puntuales que salen en las páginas de sociales de los diarios”, dijo el vicepresidente en una entrevista al programa oficialista El pueblo es noticia.
Afirmó que el grupo de Rózsa “es solamente uno de los tentáculos, el tentáculo operativo. Era el encargado de juntar armas, explosivos y llevarlos a otro lugar, hacer atentados y preparar un magnicidio. Pero no es el único grupo, hay otros con armamento sofisticado, que ni siquiera las fuerzas armadas tienen”.
La oposición en Santa Cruz recordó el pasado del vicepresidente como guerrillero del Movimiento Revolucionario Tupak Katari (MRTK), con el que atentó contra una antena eléctrica en 1992, pero lo atraparon y estuvo cinco años preso. El presidente del Concejo Municipal cruceño, Oscar Vargas, dijo que “es una lástima tener un vicepresidente de la calidad que tenemos. ¿Quién es él para hablar de terrorismo si estuvo encarcelado por terrorismo? Este tipo de gentes son unos sinvergüenzas que están generando una serie de situaciones de molestia”.
Fuente: Pagina 12, martes 21 de abril


EL MUNDO › NUEVA CONDENA PARA MANUEL CONTRERAS EN CHILE
Trescientos años por violar DD.HH.

El general retirado Manuel Contreras, quien fue jefe de la policía secreta durante la última dictadura en Chile, sumó hoy una nueva condena por violaciones de derechos humanos y acumula penas por más de 300 años de reclusión.
La segunda sala penal de la Corte Suprema de Chile condenó a Contreras a siete años de prisión efectiva por el secuestro calificado del ejecutivo minero y militante comunista David Silberman, ocurrido en 1974. Idéntica pena recayó sobre Marcelo Moren, en tanto fueron absueltos Carlos Labarca y Marcos Derpich. Los tres fueron agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la hoy disuelta policía secreta de la dictadura, que comandaba Contreras. Contreras permanece recluido en el penal militar Punta Peuco, donde cumple condenas acumuladas por más de 300 años por violaciones de derechos humanos.
Mientras tanto, tres oficiales del ejército de Chile actualmente en retiro fueron arrestados ayer, acusados de ser cómplices y encubridores de 14 asesinatos cometidos durante la llamada Caravana de la Muerte, un operativo efectuado en 1973 contra opositores a la dictadura de Augusto Pinochet. El general Gonzalo Santelices, el mayor Patricio Ferrer y el teniente Pablo Martínez fueron notificados y detenidos en cuarteles de la policía militar en la precordillera de Santiago.
Para el juez Víctor Montiglio, los tres oficiales integraron la Caravana de la Muerte en el operativo militar efectuado el 18 de octubre en la ciudad de Antofagasta, 1360 kilómetros al norte de Santiago. La Caravana de la Muerte, que estuvo bajo el mando del general Sergio Arellano, ejecutó sin juicio a más de 70 presos políticos en distintas ciudades de Chile. En febrero, el general Santelices renunció a su cargo de jefe de la guarnición metropolitana del ejército, en medio de una áspera polémica, porque el militar siempre dijo que no cumplió órdenes ilegales y que en 1973 era un oficial sin poder de decisión.
Mientras era subteniente en 1974, Santelices había trasladado a detenidos desde una cárcel de Antofagasta hasta la Pampa, donde los presos fueron ejecutados. Fue la presidenta Michelle Bachelet, en su calidad de ministra de Defensa en 2003, quien aprobó el ascenso de Santelices a general.
El abogado querellante Hiram Villagra afirmó que en el proceso “se logró establecer” la presencia de Santelices en Antofagasta. Durante la dictadura, unos 3000 chilenos fueron desaparecidos o ejecutados por organismos represivos del Estado.

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Por favor difundir
ACTO DE REPUDIO
MIERCOLES 22 DE ABRIL
16 HORAS
RUTA 8 Y PUERTA 4
Campo de Mayo, San Miguel
En la foto adjunta se muestra el atentado que sufriera el monumento en memoria a los desaparecidos-detenidos, que esta en la entrada de la Puerta 4 de la Guarnición Militar Campo de Mayo del Partido de San Miguel. No es casual que este hecho sucediera cuando comienza el juicio oral a los máximos responsables de esa guarnición militar por el asesinato del joven Floreal Avellaneda en 1976.
Una vez más queda demostrado que aun persisten en la sociedad sectores intolerantes y antidemocráticos que añoran el pasado.
Ahora Campo de Mayo
Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo.
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Juicio Campo de Mayo: cuáles son las pautas para la cobertura periodística
EL 27 de abril comienza el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en el instituto militar durante el último gobierno de facto. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de San Martín difundió el reglamento. Documento completo
Reglamento completo 8.92 Kb.
Comenzará el lunes 27 de abril a las 9, en Sala de Audiencias de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Martín (Av. Balbín 1753, San Martín, provincia de Buenos Aires) el juicio oral y público por la causa “Riveros, Santiago Omar y Otros s/inf. Art. 151 y otros del CP (Caso 145 Pereyra de Avellaneda I. y Avellaneda, Floreal)”, que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín.
El hecho que se le imputa entre otros a Riveros, quien fuera Comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, sucedió el 15 de abril de 1976. Se trata de la privación ilegal de la libertad de Iris Pereyra de Avellaneda y de Floreal Avellaneda, la imposición de tormentos a ambos y el homicidio de éste último, cuyo cadáver apareciera en las costas de Uruguay el 14 de mayo del referido año. Su madre, en tanto, fue puesta a disposición de Poder Ejecutivo y permaneció en esa condición hasta junio de 1978.
La causa tiene también como imputados a Osvaldo. J. García, que estaba a cargo de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo; a César A. Fragni y Raúl H. Harsich, quienes se desempeñaban en la citada Escuela; a Fernando E. Verplaetsen, Jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares; y a Alberto J. Aneto, Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien cumplía funciones en la Comisaría de Villa Martelli.
El Tribunal a cargo del proceso está integrado por los doctores Lucila E. Larrandart, quien presidirá el juicio, Marta I. Milloc y Héctor Sagretti.
Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
Para leer el reglamento de cobertura periodística, descargue el documento adjunto.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS
Convocan a jueces y fiscales para que informen por casos de DDHH
Lo hizo la comisión interpoderes que impulsó la Corte para agilizar casos de lesa humanidad. Citarán en primer lugar a magistrados de Jujuy, Mendoza y Córdoba. Además, dispuso un seguimiento de los trámites para crear nuevos cargos en el Poder Judicial
La Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, que integran representantes de los tres poderes del Estado, del Consejo de la Magistratura y de la Procuración General, resolvió convocar a jueces y fiscales para que informen sobre las necesidades que tienen en sus distritos para la tramitación de los expedientes por crímenes contra los derechos humanos. En ese marco, decidió citar en primer término a jueces con competencia en lo Criminal y Correccional Federal de las ciudades de Jujuy, Mendoza y Córdoba. La medida fue dispuesta el pasado jueves, en una nueva reunión del cuerpo convocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para resolver conjuntamente las dificultades que provocan las demoras en la sustanciación de causas por delitos cometidos durante el último gobierno militar. La comisión también resolvió realizar un seguimiento por parte del Poder Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura de los pliegos y concursos, según corresponda, para el fuero federal penal, así como el trámite para poder crear cargos en el Poder Judicial. En tanto, destacó, entre otras medidas, la necesidad de que se lleven adelante las siguientes inquietudes: - La integración en cada uno de los poderes y órganos que conforman la comisión de una unidad de superintendencia para el seguimiento de causas de lesa humanidad. La Corte Suprema y la Procuración General ya tienen su respectiva entidad, de modo que el Congreso, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Nacional de Casación Penal (se resolvió incluirla para este caso) y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos deberían poner en marcha su propia repartición. - Dotar de mayor infraestructura e insumos a los tribunales donde funciona la Justicia federal penal (computadoras, fotocopiadoras, provisión de energía eléctrica y viáticos, entre otros), medida que deberá afrontar el Consejo del la Magistratura. - Evaluar la posibilidad de que se resuelva la cuestión atinente al alojamiento de detenidos en penales militares, para que pueda disponerse el traslado a cárceles comunes de los imputados por crímenes de lesa humanidad. - Requerir al Cuerpo Médico Forense la mayor celeridad posible en el trámite de solicitudes judiciales relacionados con las causas de imputados por crímenes de lesa humanidad.

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Casación Penal negó la excarcelación de Ricardo Cavallo
La Sala II rechazó un recurso presentado por la defensa del ex marino y confirmó la resolución de la Cámara Federal que le negó el beneficio. Está procesado con prisión preventiva por violaciones a los derechos humanos cometidas en la ESMA. Fallo completo

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal negó la excarcelación del extraditado ex marino Ricardo Miguel Cavallo, procesado con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante el último gobierno militar.
La Cámara rechazó el planteo de la defensa de tener en cuenta, además del plazo que lleva detenido en la Argentina desde 2007, el período que estuvo privado de su libertad en España, tiempo que según el recurso excedería el máximo de detención preventiva.
“En el caso no se ha superado el límite temporal de la prisión preventiva regulado por la ley 24.390, ni tampoco se ha demostrado que la duración de ésta, computada según los criterios antes sentados desde que el requerido de extradición ha sido efectivamente entregado a las autoridades del Estado Argentino, entre en crisis con el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad”, dijo el tribunal.
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Lesa humanidad: Bignone y Patti irán a juicio oral
La Justicia federal de San Martín dispuso la elevación a juicio oral de la causa en la que se investiga al ex presidente de facto y al ex comisario, por el secuestro y el homicidio de dirigentes políticos. Resolución completa
Auto de elevación a juiciocompleto 178.69 Kb.
El juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj elevó a juicio oral la causa en la que el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y el ex comisario Luis Abelardo Patti están imputados por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.
Además de Bignone y Patti, también está procesado el ex militar Santiago Riveros, en el caso en el que se investigan los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada, aplicación de tormentos y homicidio agravado por alevosía de ex dirigentes políticos.
Fuente. www.cij.gov.ar
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Juicio a Colombo: Duro cruce entrefiscal y querellantes; declaró Joga
En un acto de repudio al fiscal Federal Luis Benítez, los querellantes de la causa N° 2333 caratulada “Colombo, Juan Carlos s/asociación ilícita, etc…” abandonaron la audiencia del juicio oral y público que se le sigue en las instalaciones del Colegio de Escribanos de Formosa al ex gobernador de facto por delitos de lesa humanidad, desatando una nueva polémica en el juicio que no sólo viene marcadamente demorado en su desarrollo sino que ha sido objeto de varias objeciones y contratiempos.Los querellantes Williams Dardo Caraballo (abogado de Antenor Gauna), Carlos Ojeda (por los Derechos Humanos y en representación de María Felicitas Jiménez de Carrillo y Clarisa Carolina Carrillo) y Eduardo Davis (representante de Estela del Carmen Díaz, Olga Elsa Gauna, Humberto Felipe Parmetler y Carmen Díaz) abandonaron la audiencia en apoyo al querellante Pedro Velázquez Ibarra que se sintió agraviado no sólo como profesional del derecho sino como “sobreviviente” –así lo describió- del terrorismo de Estado.Sólo permaneció en la sala la dra. Roxana Elvira Silva, representante legal de Ismael Rojas.El detonador de esta actitud irreconciliable, a pesar de los intentos de los miembros del Tribunal Oral Federal, que preside el Dr. Eduardo Belforte y la especial intervención del Dr. Jiménez de La Rioja, fue la descalificación de “payaso” que en un intermedio –al finalizar la declaración testimonial del ex gobernador Vicente Joga para dar paso al doctor Héctor Tievas-, habría endilgado el fiscal Luis Benítez al querellante Pedro Velásquez Ibarra, lo que desató primero una acalorada discusión de partes ante la mirada atónica de los presentes.Al retomar la audiencia, Velázquez Ibarra solicitó al TOF que exija al fiscal Benítez que abandone la sala, tras haberse considerado agraviado no como “profesional del derecho, sino en calidad de particular damnificado o víctima, si bien yo prefiero autodenominarme sobreviviente del genocidio cometido en la Argentina” a través de la denominación de “payaso” que habría recibido de parte del miembro de la fiscalía.El desencuentro verbal habría sido una consecuencia directa de un párrafo de la declaración del ex gobernador Joga que admitió haber conocido “al padre del fiscal”, señalándolo con las manos y dejando traslucir segundas interpretaciones. Precisamente, Benítez había sido recusado hace cuatro años atrás en la mega causa Carrillo, por la amistad que habría tenido su padre con militares de la época.A su turno, Benítez consideró que la recusación no estaba encuadrada dentro de la normativa del desarrollo del juicio oral, por lo que no aceptaba acusación alguna y exhortó, además, al presidente del TOF a “no tolerar actos indisciplinarios durante la sustanciación del debate”.Belforte resolvió no hacer lugar al reclamo de Velázquez Ibarra al no haber sido testigo ninguno de los miembros del Tribunal de “los supuestos agravios” y al considerar que ocurrieron “fuera de la audiencia”.Esto generó la inmediata reacción en cadena de los distintos querellantes que aseguraron haber oído el insulto, “injuria agravada”, según describió Caraballo, y tras la decisión de abandonar la sala de Velázquez Ibarra, éstos hicieron lo propio como así también miembros del público.El integrante del tribunal de la provincia de La Rioja intentó por todos los medios argumentativos de convencer a Velázquez Ibarra que acepte dialogar con los demás miembros y partes de este juicio, y tras un fuerte intercambio en la vereda del edificio, el abogado querellante aceptó subir nuevamente pero tras más de 40 minutos de discusión a puertas cerradas en el piso superior, no lograron llegar a acuerdo alguno.



----- Original Message -----
From: juicioformosa

Luego de dos semanas de inactividad, mañana, MARTES 21, a partir de las 16.30 hs. se reinician las Audiencias en el JUICIO ORAL Y PUBLICO que se le sigue al ex gobernador de facto Juan Carlos Colombo, con las siguientes testimoniales:
Vicente Bienvenido Joga
Hector Tievas
Alicia Orquín
Nora Nélida PereiraMiércoles 23: (8.30 a 13.00/16.30 a 20.00)
Nelly Bogarín (hna. del recordado Pancho Bogarín)
Exhaltación Medina (esposa de Cantalicio Mazzacotte)
Miguel Insfrán (hno. de Mirta Insfrán)
Teotista Genes (hna. del soldado Carlos R. Genes)
Lilo Dominguez
Silvio Segovia
Florinda A. de DíazJueves 24: (8.00 hs a 15.00 hs)
Elbio A. Lovisa
Ricardo F. Roth
Guillermo Roth
Otilia BritezRecordamos a quienes quieran participar que el único requisito es llevar DNI, y ser mayor de edad. Sede del Cgio. de Escribanos. Padre Patiño y 25 de Mayo.Los esperamos.- --Publicado por juicioformosa para JUICIO FORMOSA el 4/20/2009 06:08:00 PM-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

Sobran. Juntaron 50 mil por encima del mínimo
Objetivo superado: hay 300 mil firmas
Se necesitaban 250 mil.
El viernes. El FA convocó a participar de la entrega de las papeletas.
Al tiempo que continúan arribando ciudadanos para firmar contra la ley de impunidad en la sede de Fucvam, donde sesiona la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, los activistas siguieron ayer con el conteo, ya convencidos de haber juntado más de 300 mil firmas.
Las papeletas recibidas tras el aluvión de la doble jornada nacional del fin de semana dieron fuerte empuje final al conteo para superar el "objetivo" de alcanzar 300 mil firmas, unas 50 mil más de las exigidas para habilitar en octubre un plebiscito contra la ley que protege a terroristas de Estado.
Incluso Diego Fau, hijo del profesor Yamandú Fau, (ministro de Defensa Nacional en el segundo gobierno de Julio Sanguinetti), se presentó ayer en la sede de Fucvam, (Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua), para entregar unas 50 firmas juntadas por su grupo.
Diego Fau y su padre integran el Partido Colorado y apoyan la candidatura de Pedro Bordaberry. Fau hijo había instalado una mesa en la Plaza Independencia para recolectar las rúbricas para que, según dijo, "los colorados no tuvieran que ir a firmar en el Frente Amplio o en el PIT­CNT".
Los impulsores de la iniciativa estiman que hoy podrán divulgar la cifra exacta de firmas recibidas hasta el momento, una vez que terminen de ser contabilizadas las miles de firmas que habían sido juntadas el fin de semana durante la doble jornada nacional que impulsó la central de trabajadores.
La recolección de unas 50 mil firmas más que las exigidas por la Constitución Nacional, para que la Corte Electoral tramite la habilitación de un instrumento de la democracia directa como el plebiscito, fue un objetivo trazado para abatir eventuales impugnaciones de papeletas en el órgano electoral.
Por su parte, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, en su sesión semanal de los días lunes, resolvió ayer convocar a los militantes de izquierda a acompañar la entrega de las firmas contra la Ley de Caducidad, ceremonia a cumplirse el viernes ante la Presidencia de la Asamblea General.
La coordinadora nacional realizará una marcha desde la Federación de Funcionarios de Ancap, en Avenida Agraciada y Francisco Caraballo, hasta el Palacio de las Leyes, donde serán presentadas las firmas, sobre las 17 horas, junto a una multitud que se apostará en torno al simbólico edificio.
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Confirman presencia en Banfield y Quilmes
Represores uruguayos en "pozos" argentinos
Traslados clandestinos. El juez Charles citó a numerosos testigos.
Dos sobrevivientes de los pozos de Banfield y Quilmes, emblemáticos centros de detención y tortura de la dictadura argentina, aseguraron ayer ante la Justicia que los militares uruguayos participaban activamente en dichas unidades como "custodia" de los detenidos uruguayos en Argentina.
Los testigos declararon ante el juez Penal de 19º Turno, Luis Charles, y la fiscal Mirtha Guianze que "eran militares uruguayos quienes se ocupaban y se encargaban no sólo de la custodia, sino de la tortura de los uruguayos detenidos", expresó el abogado patrocinante en la causa, Oscar López Goldaracena, al salir del Juzgado.
Los testimonios, por tanto, "estarían probando la coordinación represiva de la época, que la dictadura uruguaya actuó impunemente en la Argentina y que además en materia de fechas es muy importante porque a mediados de mayo del año 78, nosotros interpretamos que hubo trasladoss (clandestinos) hacia Uruguay, y los testigos los dejan de ver el 15 de mayo del 78".
Los testigos (cuyos nombres se mantienen en reserva) identificaron ante el magistrado a cinco militantes de izquierda detenidos en los pozos de Banfield y Quilmes, hoy desaparecidos.
Los sobrevivientes lograron reconocer entre las víctimas a Guillermo Sobrino, Alberto Corch Labiña, Juvelino Carneiro Da Fontoura, Marta Severo Barreto y Aída Sanz, cuya hija nació en cautiverio y fue recuperada en 1998, luego de las gestiones realizadas por ella misma ante Abuelas de Plaza de Mayo, con el apoyo de sus padres adoptivos, todos presuntos integrantes de los traslados clandestinos de 1978.
La denuncia por la cual se obtuvo el histórico procesamiento del ex dictador Gregorio "Goyo" Alvarez daba cuenta de la presunta existencia de un "traslado masivo de uruguayos en lancha, en 1978", entre el 15 y el 18 de mayo de ese año. La fecha aportada por los testigos "es coincidente" con la denuncia.
La causa judicial por los traslados clandestinos de 1978 continuará hoy con la comparecencia ante el juez Charles de los ex presos políticos, y actuales jerarcas del gobierno, León Lev y Daoiz Uriarte, ambos detenidos en la cárcel de La Tablada.

Fuente: La Republica
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Lesa humanidad: arranca en junio el primer juicio oral en Santa Fe
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó para el 30 de ese mes la fecha en la que se celebrará la primera audiencia del juicio contra Horacio Barcos, miembro del personal civil de Inteligencia durante el último gobierno militar
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó para el 30 de junio próximo la fecha de inicio del primer juicio oral que se realizará en esa provincia por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el último gobierno de facto.
Se trata de la causa en la que se investiga a Horacio Américo Barcos, ex personal civil de Inteligencia del Ejército Argentino, por privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en forma reiterada (dos hechos) y tormentos agravados, por ser ejercido contra perseguidos políticos, en forma reiterada (dos hechos), en concurso real, delitos considerados de lesa humanidad.
A Barcos se lo acusa de haber formado parte de un grupo que habría privado ilegítimamente de la libertad en forma violenta a Amalia Petrona Ricotti (parte querellante en la causa) y a su esposo, José Alberto Tur (ya fallecido), y de haberlos presuntamente sometido a tormentos mientras estuvieron en cautiverio, entre el 16 al 31 de mayo de 1978, en el centro clandestino de detención conocido como “La casita”, situado en cercanías de la ciudad de Santa Fe.
La primera audiencia de debate se realizará el próximo 30 de junio, a las 8.30, y se estima que el juicio tendrá una duración de aproximadamente dos semanas. La lectura de los fundamentos de la sentencia se llevaría a cabo después de la feria judicial de julio.
En principio, el juicio estaba previsto que comience el 7 de mayo, pero una serie de planteos de la defensa del imputado postergó el inicio del debate.
En total serán 19 los testigos que declararán en el juicio y las audiencias se llevarán a cabo en la sede del tribunal, cuyos integrantes son los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Daniel Edgardo Laborde (subrogante). El expediente principal cuenta con cinco cuerpos, en casi 900 fojas útiles.
Barcos se encuentra detenido desde el 10 de octubre de 2007, en un pabellón especial del Instituto de Detención U-2 “La Capital”, del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe. Lo asiste un defensor particular.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Algunas precisiones sobfre el caso "Larrabure"

El 16 de abril pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dictó una resolución en el marco del caso “Larrabure” mediante la cual rechazó planteos de la querella y del Ministerio Público vinculados con cuestiones de carácter netamente procesal. Pese al tenor de esa resolución judicial, varios medios de prensa comunicaron de manera inexacta que la Cámara de Rosario se había pronunciado a favor de considerar los hechos del caso “Larrabure” como crímenes de lesa humanidad y efectuaron, asimismo, referencias erróneas a la actuación del Ministerio Público Fiscal. En atención a estas circunstancias, se hace necesario efectuar algunas precisiones . • Para el Ministerio Público Fiscal y, en particular, para la Procuración General de la Nación no existe ninguna duda acerca de que todo hecho delictivo que sea denunciado judicialmente debe ser investigado por los órganos correspondientes (jueces y fiscales). • Recién después de la apertura de una investigación (o su reapertura, como se plantea en el caso “Larrabure”) procede realizar la discusión relativa a si determinado delito constituye o no “crimen de lesa humanidad”, pues ella debe ser consecuencia de una investigación previa. No corresponde generar esa discusión en abstracto, pues sólo procede si existe algún imputado y si se interpone un planteo de prescripción de la acción penal. • Es que el análisis de la prescripción nunca se realiza en abstracto, sino en relación con personas concretas que resulten imputadas, lo que supone obviamente una investigación previa. Como ya se ha expresado en ocasiones anteriores (ver el comunicado anterior que figura como anexo), si lo que se discute en un caso es la apertura o reapertura de una investigación penal, no existen razones jurídicas para adelantar el debate acerca de la posible prescripción. Por lo tanto, no es esa la oportunidad para determinar si los hechos del caso podrían ser considerados delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Forzar una discusión sobre este punto al inicio de una investigación (o al momento de analizar su “reapertura”) no se justifica jurídicamente y parece responder a motivaciones ajenas al proceso penal. Esto parece estar sucediendo en el caso “Larrabure”, en el que intempestivamente se introdujeron discusiones sobre los crímenes de lesa humanidad que no tienen una incidencia concreta en el estado actual de esa causa. • Puesto que en ciertas noticias de prensa se han efectuado consideraciones acerca de los delitos de lesa humanidad y se han mencionado dictámenes de esta Procuración General de la Nación, cabe aclarar que desde hace tiempo esta institución viene estudiando el desarrollo del derecho penal internacional, para lo cual cuenta con recursos humanos de primera línea. Fruto de ese estudio permanente, que abarca tanto la doctrina como la jurisprudencia internacional, esta Procuración General de la Nación ha emitido numerosos dictámenes donde ha sentado una clara posición acerca del alcance de las figuras del derecho penal internacional. En esta labor, siempre se ha evitado caer en una banalización de las categorías jurídicas. En tal sentido, varios dictámenes y resoluciones han delimitado con suma claridad el campo de aplicación de las figuras internacionales evitando su manipulación y su empleo en casos que no cumplen con las condiciones para su aplicación (v. gr. los dictámenes en los casos “Derecho, René”, “Carlos, C.”, entre otros, y la Res. PGN 158/07). • Si bien se pueden sostener puntos de vista distintos a los que surgen de los dictámenes y resoluciones del Ministerio Público Fiscal, no puede decirse que éstos son dilatorios o no se compadecen con la defensa de la legalidad. Precisamente, la defensa de la legalidad supone postular una correcta aplicación del derecho, tanto en aspectos sustantivos como procesales. • Por último, no puede dejar de señalarse la reiterada desinformación que se viene observando alrededor del caso “Larrabure”, tanto en lo que se refiere a los dictámenes del Ministerio Público, como a las decisiones judiciales. Al respecto, debe decirse que ninguna de las resoluciones judiciales dictadas por el juez federal a cargo del caso “Larrabure” (Dr. Bailaque) o por la Cámara Federal de Rosario se ha pronunciado sobre si los hechos deben o no considerarse crímenes de lesa humanidad. En este sentido, las noticias publicadas en estos días vinculadas con la resolución de la Cámara Federal de Rosario son totalmente inexactas; tal como sucediera meses atrás con una resolución dictada por el juez Bailaque a cargo del Juzgado Federal n° 4 de Rosario. • Para mayor ilustración, se adjuntan como anexo los siguientes documentos: (a) Resolución PGN 158/07 donde esta Procuración General fija el alcance de las categorías de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra; (b) la resolución del juez Bailaque de fecha 19 de agosto de 2008; (c) el comunicado emitido por esta Procuración General de la Nación con motivo de ciertas noticias publicadas en su momento respecto de esa decisión; (d) la resolución dictada 16 de abril pasado por la Cámara Federal de Rosario a la que aluden las noticias inexactas publicadas esta semana y (e) una breve síntesis del trámite procesal que ha tenido hasta el momento la causa en la que se investigan los hechos cometidos en perjuicio del Teniente Coronel Larrabure. Anexos: Resolución PGN 158/2007Resolución del Juez Bailaque (18/08/2008)Comunicado de la PGN (Agosto de 2008)Fallo de Cámara Rosario.Caso Larrabure - trámite procesal.Fuente: www.mpf.gov.ar
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SANTA FE › ASALTARON EL ESTUDIO DE UNA ABOGADA DE HIJOS
Segundo ataque en menos de un mes
La escalada contra testigos y querellantes en los juicios a represores de la dictadura siguió ayer otro ataque al estudio jurídico de la abogada y militante de Hijos, Lucila Puyol, en el sur de la ciudad ?el segundo en menos de un mes?, donde desconocidos robaron agendas telefónicas, archivos informáticos y una computadora con información sobre causas judiciales por delitos de lesa humanidad, entre otras cosas.
El estudio ya había sido atacado el 24 de marzo, cuando amaneció con pintadas intimidatorias en el frente, en medio de una ola de amenazas que incluyó un atentado a balazos contra el hijo de otro querellante en una causa que investiga el terrorismo de estado en Santa Fe, intimidaciones a los legisladores del SI, Antonio Riestra y Alicia Gutiérrez y la aparición de volantes golpistas.
"Estamos ante otro atentado que tiene una doble finalidad: obtener información o datos sobre causas judiciales y, obviamente, dejar la impronta del mensaje mafioso, demostrando que pueden atacar un domicilio cuántas veces quieran", advirtió el diputado Riestra, quien concurrió al estudio de Puyol a poco de conocerse el hecho. Los asaltantes dejaron su marca: una estatuilla con las piernas rotas al pie de la escalera y una llave del gas abierta.
Puyol y su socia, la abogada Patricia Méndez Lissi, comparten el estudio jurídico en Zavalla al 1400, en la zona sur, a pocas cuadras de la cancha de Colón, donde suelen atender por las tardes. Pero ayer las puertas amanecieron abiertas. "Nos avisaron y encontramos todo revuelto", relató la abogada de Hijos por LT10. "Llamamos a la Policía y vino gente de la División Judiciales y del Programa de Protección de Testigos".
"El estudio tiene dos plantas: abajo, un estar. Y arriba, dos oficinas que estaban revueltas", explicó Puyol. "Los expedientes, los libros, los papeles, todos tirados por el suelo, dados vueltas, cosas rotas. Al parecer, entraron por una ventana. Parece que es muy fácil acceder a este estudio, porque como es un entrepiso, tiene cuatro metros de altura. Y entraron por el techo y por una de las ventanas porque las puertas están forzadas desde adentro y eso tampoco es fácil porque tenían trabas especiales y doble cerradura".
Los atacantes robaron agendas telefónicas, un fax, archivos informáticos y una computadora con información sobre causas judiciales por delitos de lesa humanidad en los que Puyol actúa como querellante. "Evidentemente, buscaban información y eso es lo que se llevaron. Porque otra cosa no se llevaron, por ejemplo, otra computadora que quedó en el estudio", agregó la abogada que no pasó por alto el mensaje mafioso: "Nos dejaron una estatuilla con las piernas rotas al pie de la escalera. Y la llave del gas de la cocina abierta. Está claro que son cuestiones intimidatorias".-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
› OPINION
Memoria y aportes al debate de seguridadPor Martha Arriola *
Al presentar el Plan de Seguridad Ciudadana, la Presidenta nos convocó a “buscar soluciones” y “no crear sensaciones” que sólo sirven para generar más miedo. Desde esa búsqueda, que debe bucear también en nuestra propia historia, nos parece sustantivo recuperar memoria y estrategias de gestión de gobierno que dieron resultado, que fueron efectivas, para apoyarnos en ellas, para ir por más. Pongámonos de pie frente a la avalancha que parece llevarse todo puesto, como si “aquí no hubiera pasado nada”. Y digamos las cosas por su nombre en un ejercicio de memoria histórica que es imprescindible.
A fines del año ‘97, todos los partidos políticos nos pusimos de acuerdo para declarar la emergencia en seguridad, declamar la necesaria intervención al sistema y generar una nueva institucionalidad. Luis Lugones se hizo cargo de conducir esa etapa. El crimen del periodista José Luis Cabezas había sido el detonante trayendo un doloroso aprendizaje colectivo: no habría posibilidad de tener seguridad con complicidad policial en el delito. Esa definición desplegaba consecuencias irrenunciables. Centralmente, que la conducción política se hiciera cargo de delinear un plan integral, que no quedara en manos de la policía (porque la seguridad es mucho más que la acción policial específica).
En 1999, el ex gobernador Carlos Ruckauf, con su lema “hay que meterles bala a los delincuentes”, logró desbaratar de un plumazo las bases recién colocadas del nuevo sistema. Era un slogan demagógico a tono con el clima mediático y con el reclamo popular creciente. No una propuesta de gobierno, menos un posicionamiento responsable frente al proceso apenas comenzado año y medio antes. Luego huyó a la Nación, dejando un caos en la provincia.
Felipe Solá, entonces su vicegobernador, quedó a cargo del gobierno provincial. Se sucedieron ministros de Seguridad a un ritmo vertiginoso. Catorce ministros entre el 2000 y el 2004. Una mención particular merece Juan Pablo Cafiero, que intentó recuperar el concepto del plan estratégico señalado.
El gobernador había perdido ya demasiado tiempo. Y la ola de secuestros extorsivos detonaba en las marchas multitudinarias encabezadas por el falso ingeniero Blumberg. Año 2004. Se recurre entonces al plan inicial que había quedado trunco. Y a la figura de Arslanian para volver a conducirlo. No fue Felipe Solá quien tomó el problema para abordarlo. Fue la realidad que le explotaba en las manos. En ese momento, el entonces presidente Néstor Kirchner debió intervenir para sostener la gobernabilidad de la provincia y señalar la necesidad de recuperar aquel plan integral.
El costo de la contrarreforma es altísimo, porque no debe haber peor reforma que la que no se sostiene en el tiempo con responsabilidad política.
Entre los años 2004 y 2007 se retoman los ejes de la reforma del sistema de seguridad en la provincia. Nos arremangamos de nuevo. La descentralización se materializó en la creación de 32 Jefaturas Departamentales y la llegada de la policía Distrital a los municipios y la Comunal a los partidos de menos de 70.000 habitantes. Se profesionalizó la fuerza con planes para completar los estudios secundarios, la creación del Centro de Altos Estudios Policiales para Tecnicaturas en Seguridad y convenios con universidades para los estudios de grado y postgrado. Del mismo modo, se avanzó en fortalecer la técnica operativa con 22 Centros de Entrenamiento. Se unificó el escalafón porque todos deben tener posibilidades de crecimiento dentro de la fuerza en función de mérito, formación y desempeño. Se la dotó de más recursos y de mejores salarios. Se logró incrementar el ingreso de policías por año, para lo cual se descentralizaron y multiplicaron escuelas de formación (de 1000 policías se llegó a ingresar 5000 por año). Se renovó la Auditoría de Asuntos Internos y su conducción quedó a cargo de civiles ajenos a la estructura policial para garantizar un efectivo control. Se creó la Central de Emergencias Policiales 911, herramienta que puso a prueba la respuesta policial rápida y que se organizó en tiempo record.
Se convocó a la comunidad para lograr una efectiva participación ciudadana a través de los Foros de Seguridad cuya tarea puede sintetizarse en tres ejes: control comunitario del accionar policial, prevención situacional y prevención social de la violencia.
Hubo resultados. Mal que les pese a quienes desisten de datos. También mística.
Uno de los ejes fue recuperar la confianza de la comunidad. Pasar de marchas espasmódicas a organización comunitaria en cada barrio, con acciones concretas y trabajo conjunto policía-comunidad. Los ciudadanos participaban en el Plan Local de Seguridad elaborando Mapas de Prevención Comunitaria del delito y la violencia. Lo hacían cara a cara con la policía de su jurisdicción, generando acuerdos a cumplir y monitoreando los resultados.
Entretanto, Francisco de Narváez hacía –como hoy– politiquería barata con el problema de la inseguridad, vapuleando al entonces gobernador (ahora su aliado) y a su ministro. Criticaba a mansalva lo que se estaba construyendo. No proponía aún el franco mamarracho que llama “mapa virtual del delito”, en el que se ingresan datos sin ninguna corroboración. Son mapas de la inseguridad porque lo único que generan es confusión, desánimo, impotencia y más miedo.
Actualmente el proceso político en la provincia tiene muchas contradicciones. En seguridad, dolorosamente, una nueva marcha atrás. Pactar con la policía para intentar controlar el territorio no sirve. Más tarde o más temprano deberemos retomar los ejes de reforma mencionados. No porque lo digamos nosotros, sino porque así lo señalan todas las experiencias internacionales que han tenido éxito en la materia.
La Presidenta destacó que “un modelo de protección ciudadana implica necesariamente un modelo de desarrollo económico y redistribución del ingreso” y sostuvo que “sin trabajo, con gente mal paga, con trabajo informal, no hay plan de seguridad, ni GPS, ni patrullero que alcance”.
Estableció un marco conceptual en el que la problemática de inseguridad excede la eficacia del accionar policial y se encuentra ligada a los niveles de inclusión social y participación comunitaria.
No coincidimos en echar mano a la reincorporación de policías exonerados de la fuerza. Bastante dolor ya llevamos a causa de prácticas de delito y de violencia institucional internos como para pensar que pueden aportar algún tipo de solución. Por el contrario, serán parte de la agudización del problema a corto plazo. Las mujeres de sectores populares que más aportes han hecho a lo largo de estos años en prevención de violencia son madres de víctimas de gatillo fácil.
* Ex subsecretaria de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Referente de la Corriente Nacional Justicia Social.
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SOCIEDAD › OPINION
La (in)seguridad y los derechos
Por Javier Moro *
Una vez más los adolescentes y jóvenes emergen en la agenda pública ligados al tema de la (in)seguridad en los ámbitos urbanos. Estos discursos se instalan sobre la idea de peligrosidad en torno de los mismos y sustentan la necesidad de “mano dura” como mejor o única fórmula en pos de la defensa del resto de la sociedad (poner el eje del debate en la baja de la edad de imputabilidad es un ejemplo al respecto). En contrapunto pugnan los discursos que apelan a un enfoque de derechos e intentan dar cuenta de la complejidad de la problemática y, por ende, de su abordaje. Paradójicamente, mientras estos últimos discursos encuentran algunas fortalezas en reformas legislativas recientes que establecen un nuevo marco de acción hacia las políticas públicas (ley nacional 26.061 y ley provincial 13.298 que derogaron el patronato y la ley provincial 13.634 del nuevo régimen penal juvenil), ante la “opinión pública” aparecen en desventaja.
La escena mediática acota tiempos, simplifica y tiende a generalizar; en esas coordenadas la demanda legítima de seguridad ciudadana con frecuencia es puesta en contradicción con las modalidades llamadas “garantistas” y con los abordajes integrales en términos de derechos para adolescentes y jóvenes. A su vez, el conurbano bonaerense signado por la desigualdad y con amplias zonas de segregación se presenta como un territorio casi inexpugnable en términos de mostrar efectividad desde las políticas públicas que se enmarcan desde un enfoque de derechos.
En la provincia de Buenos Aires está en marcha un proceso de cambio en el marco de la nueva normativa con implicancias directas en los modelos de intervención hacia la infancia y la adolescencia (el pasaje de un modelo de tipo tutelar a uno de protección integral o garantista). Estas políticas impulsan una rearticulación desde el nivel provincial, un desplazamiento del Poder Judicial, un nuevo posicionamiento de los municipios y una implicación distinta de las organizaciones de la sociedad civil para el trabajo en territorio. Como todo proceso de política pública, la instancia de implementación presenta una gran complejidad por la multiplicidad de actores, el marco institucional y la dinámica organizativa que condicionan la puesta en marcha. Esto se ve potenciado en el caso de los municipios del conurbano por la heterogeneidad respecto de las capacidades de gestión de las áreas sociales, las que deben asumir un papel inédito hasta entonces en materia de políticas de infancia y adolescencia.
Este proceso implica un doble desafío en términos de gestión: por un lado, la transformación de las áreas organizacionales del nivel central con largas trayectorias bajo el anterior modelo tutelar y anclados en dispositivos judiciales y, por otro, la puesta en funcionamiento de un dispositivo novedoso en el nivel local tanto en la promoción como en la protección y restitución de derechos. Allí, la “bajada” del nuevo modelo traslada hacia el nivel local una tensión: mientras la línea de acción de las intervenciones de restitución de derechos aparece más orientada por la lógica del “caso a caso” (intervenciones personalizadas con los niños/as y adolescentes y el grupo familiar), la puesta en funcionamiento de políticas activas de promoción de derechos en el territorio implica la puesta en funcionamiento de líneas de acción en una escala mayor que incida en la situación social efectiva de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, las áreas sociales de los municipios suelen verse demandadas (y con frecuencia desbordadas) por la emergencia constante que plantea la atención de las situaciones de vulneración de derechos y esa dinámica conspira para la implementación de políticas territoriales de promoción de derechos (sean éstas directas o muy articuladas con las OSC que trabajan en el territorio).
Si el espacio mediático, por las características de simplificación y sensacionalismo, resulta de por sí un escenario a contrapelo para la legitimidad de las nuevas políticas, la instalación de modelos donde prima la lógica del “caso a caso” en los nuevos servicios locales de los municipios plantea el dilema de que la mentada transformación se reduzca (exclusivamente) a un cambio de procedimientos (bienvenido, por cierto), pero cuyo precio sea posponer (una vez más) la implementación de una política efectiva (y a escala) de inclusión social para los adolescentes en el ámbito local.
* Antropólogo, investigador, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
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CONTRATAPA
Apuntes sobre el dolor y el delito
Por Sandra Russo
Lo que pasó en Lanús es lo que no pasó antes frente al Cabildo, cuando tronó el rabino Bergman. En uno y otro suceso se puede ver claramente la diferencia entre lo montado y lo que emana como pus social. El bramido que surge del dolor, aunque ese dolor sea real, también es pasto de manipulación, está recargado con significados que llevan agua a un río revuelto.
A propósito del dolor, uno se pregunta a qué habilita, a qué condena, a qué desvíos llega cuando es compartido y pasa de semilla a yuyo. Ese dolor, en sí mismo, dadas las circunstancias, puede cambiar la historia para bien o para mal. Del dolor dicen que se aprende, pero no siempre. A veces se desaprende. En materia de seguridad, el dolor de las víctimas es un hito de la derecha para soluciones finales de distinto tipo. Pero eso tampoco implica que uno pueda lavarse las manos ante algunos temas, o rechazar la verosimilitud de algunas historias, como la de este jueves. Se esperaba un detonante, y lo hubo.
Si uno le echa una mirada al escenario, ve, de abajo para arriba:
- Una generación de chicos excluidos, los que hoy tienen entre 14 y 16 años, que nacieron y crecieron en la cloaca social que muchos hombres y mujeres trabajadores suponen que no les incumbe. La fallida instalación de un muro entre ricos y pobres no garantiza que otros muros invisibles no funcionen. Por ejemplo, el que se erige entre los indigentes y los pobres. Allí se juega una carta enorme: la de seguir perteneciendo a la estirpe humana.
- Hay una clase trabajadora, esto es, incluida, que diariamente hace malabarismos para no caerse en la cloaca. Pero eso no la dispensa de la impiedad con los otros, sobre todo con aquellos que nunca decidieron nada sobre sus vidas. Los camiones de Andreani que ayer se vieron en el centro de Buenos Aires dan cuenta de la inclusión de la víctima: otros incluidos, sin ir más lejos en la posibilidad del afecto, la lloran y se movilizan por ella y por las demás víctimas del delito. Tienen derecho, por supuesto, y tienen razones. Hay otros por los que nadie llora.
- Hay crisis y desatención: por un lado, no hay trabajo ni educación; por otro, el paco, que es el Rivotril de la cloaca, enferma y mata, pero la sociedad actúa como si no estuviera involucrada: se decomisan éxtasis, cocaína, efedrina, se conoce hasta la jerga del cartel de Sinaloa, pero nadie va preso por traficar paco. Y a los adictos al paco nadie los rehabilita, el Estado no los rehabilita, ontológicamente se los da por perdidos.
- Hay delito. Y hay mucha irritación cuando se citan estadísticas que dicen que sí, que hay delito, pero que no tanto, que estamos todavía muy lejos de los índices de las verdaderas ciudades violentas. No queremos llegar a serlo, pero asociar automáticamente delito con pobreza es un hecho en sí mismo violento.
- Cuando se ametralla desde los micrófonos con pedidos de pena de muerte habría que calibrar también el efecto que esas operaciones mediáticas tienen en los que se propone parar frente al paredón. Esas operaciones mediáticas son disparadores de violencia.
- Lo que atemoriza es el gatillo fácil del paco. Hace unos años había que no oponer resistencia a los asaltos. Hoy el terror proviene de que se mata más fácil y por menos motivos. Los motivos de una mente podrida por el paco son inescrutables. El paco ha terminado de hacer de esa generación de chicos de la cloaca seres que habitan una dimensión distinta. Mental, espiritual, orgánica. Están muy lejos.
- El gatillo fácil del paco puede asociarse con el gatillo fácil del ingeniero Santos, que fue el pionero en esto de dejar aflorar el instinto asesino del incluido, y también con el gatillo fácil de la maldita policía. En los tres casos, en situaciones y con protagonistas bien distintos, se trata de un gatillo que se aprieta contra cualquiera. Lo que caracteriza al gatillo fácil no es quién dispara, sino contra quién dispara: es cualquiera. Eso está uniendo a la gente en este malestar. Cualquiera pueden ser todos.
- Los chicos de la cloaca que asesinan no son muchos. No es un ejército de asesinos el que se agazapa en la periferia del sistema. Es más bien un montón de asustados que se vuelven feroces porque viven como bestias de corral más que como personas. Pero un chico de catorce años mató a un hombre en Valentín Alsina, y de eso hay que hacerse cargo.
- La situación de actual inimputabilidad no es algo que los beneficie. Por el contrario, los sumerge aún más en la nada que son, sin causa, sin proceso, sin defensa. Los hace trabajar para otros. Muchas veces para la policía.
- Una nueva ley que les dé a ellos garantías constitucionales, y a los familiares de las víctimas la posibilidad de que se haga justicia, es lo que se cae de maduro. Pero habría que aclarar que esa ley serviría para reparar este malestar y para evitar que en ese malestar nazcan larvas imprevisibles. Con nueva ley, la cloaca permanecerá allí. Llena de chicos que no saben dónde están.Fuente:Pagina12, sabado
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOC
resolucion de la corte para agilizar causas
Impiden que Justicia Ya acuse a represores
Por Emilia Delfino
La Corte Suprema quedó envuelta en una polémica al ratificar esta semana la resolución del Tribunal Oral Federal número 5 (TOF 5) para excluir al colectivo de abogados Justicia Ya, representantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y del testigo desaparecido Jorge Julio López, en el juicio oral por el asesinato del periodista Rodolfo Walsh durante la última dictadura militar. La presión del Gobierno sobre el máximo tribunal para acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, y un enfrentamiento político entre el organismo y el tribunal oral, derivaron en que el mayor organismo que representa a los damnificados por la represión ilegal de la década del 70, que logró por primera vez en el país dos condenas por genocidio, corra el riesgo de quedar afuera de los juicios. La abogada de Justicia Ya Myriam Bergman dijo a PERFIL: “En 2007 solicitamos que el represor Héctor Febres fuera trasladado a una cárcel común durante el juicio que el tribunal oral llevaba a cabo. Cuando apareció muerto en su celda en dependencias de la Prefectura Naval de Tigre, Justicia Ya denunció ante el Consejo de la Magistratura a los miembros del TOF número 5. A partir de entonces, el Tribunal comenzó a buscar la forma de dejarnos afuera de los juicios. Ahora la Corte le da la razón con el argumento de agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad”. Fuentes de la Corte Suprema afirmaron a este diario que “en el caso Walsh, la decisión fue por practicidad, más allá de la legitimidad que pueda tener Justicia Ya”, y reconocieron que su decisión “puede perjudicar al organismo para integrar querellas en futuros juicios”, como alegan en Justicia Ya. Sin embargo, aclararon que “la resolución de la Corte no es estrictamente vinculante, por lo que los jueces no están obligados a acatarla siempre”. Bergman, en tanto, explicó que el Tribunal sólo permitirá dos cabezas de querella por juicio y acusó a sus miembros de “buscar deliberadamente” distintos criterios con el objetivo de encontrar la forma de excluir al colectivo de abogados. La querellante dijo que en las últimas dos oportunidades el TOF decidió que sólo podría ser cabeza de querella quien se hubiera presentado primero ante la Justicia, decisión que los dejó afuera. “Luego, en la causa donde habíamos sido los primeros en presentarnos, pusieron como condición representar a víctimas directas de los represores que serían juzgados”, aseguró. En la Corte sostuvieron que la decisión del máximo tribunal apunta a “agilizar las causas de derechos humanos y generar condenas”, es decir, “que los procesos concluyan”. “Los juicios se están dilatando de forma desmesurada. Una de las razones es la falta de unificación de las querellas. Por eso se toma esta decisión.” Sobre el presunto enfrentamiento político entre el TOF y Justicia Ya, en la Corte afirman: “Es un tribunal muy ortodoxo y riguroso. Nosotros también tuvimos roces cuando obstaculizaron la publicidad del juicio a Olivera Róvere, pero no pudimos incidir”. El Tribunal está en la mira de varios organismos. El viernes, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo habría presentado un recurso contra sus miembros. El martes a las 11.30, los organismos protestarán frente a la sede de la Corte.
solo hay 43 condenados en causas de ddhh
Varios íconos de la dictadura serían beneficiados por falta de sentencia
Por Mariano Confalonieri
Cometieron horrores en la dictadura apelando al terrorismo de Estado. Secuestraron, torturaron y mataron como parte de un plan sistemático de represión. Muchos de ellos, ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, podrían beneficiarse con la excarcelación muy pronto, porque se están por cumplir tres años desde que fueron detenidos y quedarían fuera de las previsiones de la prisión preventiva, figura que establece un período de detención máximo de dos años, más uno de prórroga. Esto implica que está ocurriendo en los hechos lo que denuncian los organismos de derechos humanos desde hace tiempo: los juicios no se aceleran y los represores mueren antes de la sentencia o evaden de forma legal la acción de la Justicia. El “Tigre” Acosta, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Alfredo Astiz, Miguel Etchecolatz y Jorge Rafael Videla, entre otros nombres emblemáticos de los años de plomo, sólo seguirán entre rejas o en sus casas cumpliendo prisión domiciliaria por una razón: tienen condena o elevación a juicio oral en otras causas. Y porque son muy conocidos en la opinión pública. Sin embargo, no ocurre lo mismo con centenares de procesados menos famosos, pero tan criminales como los otros, cuyos casos no fueron elevados para debate oral. Ellos podrían salir de la cárcel. Los ex marinos Acosta y Astiz, de hecho, estuvieron a punto de quedar libres a fines del año pasado por una resolución de la Cámara Federal de Casación que dispuso sus excarcelaciones. Pero los fiscales apelaron la resolución y la decisión está ahora en manos de la Corte. Ante las circunstancias, el Tribunal Oral Federal Nº 5 puso fecha para que en octubre se realice el debate oral y por lo tanto, más allá de lo que resuelva el máximo tribunal, los represores de la ESMA seguirán detenidos. “Creo que hay que ser muy cauteloso a la hora de disponer libertades, sobre todo en estos casos en los que los detenidos han cometido delitos de lesa humanidad”, advierte a PERFIL Félix Crous, fiscal federal que actúa en los juicios contra represores. Mucho ruido, pocas nueces. Aunque hay 512 procesados, a seis años y medio de la anulación de las leyes del perdón sólo se registraron 43 condenas. La cifra es ínfima si se tiene en cuenta que hay más de 5 mil acusados. Ante la evidencia numérica, el Gobierno se enfrentó con los jueces, a quienes acusó de “negligentes”, “burocráticos” y “cómplices”. Sin ir más lejos, el jueves, durante un acto en San Miguel, el ex presidente Néstor Kirchner advirtió que se le habían otorgado a la Justicia todos los recursos necesarios para acelerar los juicios. Lo que omitió Kirchner fue que el mismo día, por la disposición 122 de 2009 publicada en el Boletín Oficial, Cristina Fernández le quitó 12 millones de pesos al programa de fortalecimiento de juicios contra delitos de lesa humanidad para otorgárselos al Programa de Seguridad Ciudadana. Para Crous, sin embargo, la lentitud en los juicios no tiene que ver con una decisión orgánica del Gobierno o de la Justicia para garantizar la impunidad, sino con la improvisación y la falta de recursos. Miriam Bregman, de Justicia Ya, explicó a este diario que la lentitud en las causas obedece a que el plan de este Gobierno incluye “juzgar un grupo de represores y con ciertas condiciones”. “Hay un riesgo real de que varios represores queden en libertad. Porque la Justicia toma al pie de la letra la prisión preventiva. Deberían indagarlos por otras causas que tienen, así los vuelven a procesar, pero no lo hacen”, precisó a PERFIL Adriana Calvo, sobreviviente de tres centros clandestinos de detención. Para evitar el inminente vencimiento de las prisiones preventivas de los procesados, el juez federal Arnaldo Corazza elevará esta semana a juicio oral la causa en la que se investigan los delitos cometidos en la Comisaría 5ª de La Plata. Ocurrió lo mismo con la Unidad 9 la semana pasada, cuando los procesados estaban por pedir la excarcelación. @@@@@@@@@@@@@@

HIJOS ALTO VALLE
PRONUNCIAMIENTO, Difundir

LO DENUNCIÁBAMOS HACE 5 MESES, LO DENUNCIAMOS AHORA… ¡¡¡ BASTA DE IMPUNIDAD!!!
¡NO QUEREMOS QUE LOS CASOS DE 23 COMPAÑEROS SEAN LLEVADOS AL JUZGADO DE BAHIA BLANCA!

Hace 5 meses el Juzgado Nº2, en ese momento a cargo del juez Labate, intentó mandar 23 de los casi 100 casos de delitos de lesa humanidad cometidos en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén, a Bahía Blanca.
Con la denuncia y la manifestación pública en el tribunal, junto al repudio de víctimas y familiares en los medios de comunicación, se logró frenar esta decisión ya que el entonces candidato, y hoy integrante del superior tribunal de justicia de Neuquén, no quiso pagar ese costo.

Hoy, la nueva jueza a cargo del juzgado, intenta omitir y desestimar las razones que obligaron al juez a dictarse competente para seguir investigando esas causas acá. Al declararse incompetente, la jueza Margarita de Argüelles, lo que hace es mandar al olvido y a la impunidad más absoluta las causas de est@s compañer@s.

Más grave aún, ya que de esta justicia garantista de impunidad no esperamos nada, es que la APDH Neuquén, avale esta decisión, diciendo que como fueron vistos por última vez en el centro clandestino de detención de Bahía Blanca, deben ser investigados allá. marcar la incongruencia jurídica de la posición tomada por la jueza y la APDH.
Es mentira que los delitos deben ser investigados en el último lugar de detención, lo que determina el código penal y así lo señala la apelación de fiscalía, es que deben ser investigados en el lugar donde se produjo el delito más grave, y éste se produjo en Neuquén y Río Negro, ya que fueron secuestrados en esta zona, llevados a distintos campos de concentración, torturados (al no imputar por genocidio, éste pasa a ser el delito más grave); y, posteriormente, llevados al centro clandestino de detención “la escuelita” de Bahía Blanca. Muchos de estos compañeros y compañeras, así también el bebe´de Graciela Mets permanecen desaparecidos.
Los argumentos de aquellos que acuerdan con llevar estas causas a Bahía, se sustentan en la desgraciada hipótesis de que allá la tortura fue más grave, como si alguien pudiera preguntarle a las víctimas donde sufrió más
También creemos que funcionan con la lógica de las anuladas leyes de obediencia debida y punto final intentando investigar y juzgar sólo a los máximos responsables del genocidio. Un claro ejemplo de esto fue el juicio que se desarrolló el año pasado en Neuquén.
Posiciones y acuerdos como estos dieron por resultado la selección arbitraria de víctimas, la negación del genocidio, el ocultamiento de la militancia de las víctimas, la no investigación de otras fuerzas y una condena de 7 años a uno de los máximos responsables del genocidio en el Alto Valle.

En el año 2006, en un viaje que realizaron referentes de la APDH junto a algunas víctimas, el mismo fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, desestimó la posibilidad de que estas causas fueran remitidas a esa ciudad y dio cuenta de la clase de personajes, amigos de los genocidas, que están al frente de dicho juzgado incluyendo al Juez Alcindo Álvarez Canale. Al conocer esta situación, también las víctimas que realizaron este viaje se manifestaron en contra de que sus causas se juzguen allá.

No necesitamos argumentos legales para decir lo que pensamos, estos compañeros son y fueron de la zona, fueron secuestrados y torturados en la zona, y luego llevados a Bahía Blanca. Sus familiares y las organizaciones que los acompañamos,, somos de la zona.
Los genocidas que los secuestraron y torturaron, fueron grupos que operaron en esta zona, y varios de ellos viven impunemente libres en nuestras ciudades.
La investigación y el juicio debe desarrollarse en esta zona.
Si hay que trasladar a alguien que sea a los genocidas responsables de Bahia Blanca y no a nuestros compañer@s.
No queremos pequeños juicios a las juntas, como sucedió en Neuquen el año pasado, queremos juicios ya! contra TODOS los responsables y por TODOS los compañer@s.
Por las y los compañeras/os desaparecidos
NO al traslado de parte de la causa a Bahía Blanca!-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Se suicidó un ex militar denunciado por la Conadep


Domicilio del represor en La Rioja

Alfredo E. Marcó se disparó un tiro a 48 horas de la exhumación del cuerpo del obispo Angelelli. Lo señalaban como uno de los "interrogadores".

El ex capitán del Ejército, fue encontrado este domingo sin vida en su vivienda . La Policía informó que se pegó un tiro en la sien, según informa el diario El Independiente Digital . La CONADEP lo había denunciado como uno de los principales interrogadores en la cárcel local durante la última dictadura, pero nunca llegó a ser enjuiciado. La decisión la tomó a horas de la exhumación del cuerpo de Angelelli.Desde la Regional IV de la policía riojana se informó que el teniente coronel retirado, Alfredo Eugenio Marcó, de 66 años, fue hallado sin vida en el interior de su dormitorio, tirado sobre la cama con un disparo en la cabeza a la altura de la sien y para lo cual utilizó un revólver calibre 38 corto, con el puso fin a su vida informa el mencionado medio riojano. Al momento de producirse el hecho, los familiares de Marcó se encontraban en el inmueble y fueron quienes escucharon el disparo en el interior de la habitación. La víctima, según comentarios de la elite política, mantuvo una activa participación en el golpe militar del año 1976, cuando ostentaba el grado de capitán y estaba subordinado al entonces teniente coronel Goenaga y fue luego denunciado en el informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, año 1984, como uno de los principales "interrogadores" de los presos políticos que eran alojados en el Instituto de Rehabilitación Social. En páginas del libro Nunca Más elaborado por CONADEP, uno de los ex periodistas del Independiente, Plutarco Antonio Schaller reconoció que había sido interrogado por los capitanes Marcó y Goenaga, quienes vaticinaron la muerte del obispo Angelelli. La muerte de Marcó, llamativamente se produjo a 48 horas de la exhumación del cadáver de monseñor Enrique Angelelli para conocer, mediante pericias, cuáles fueron las causales de su muerte, y a pesar de que figuraba en las causas abiertas por la Comisión de Derechos Humanos, nunca fue enjuiciado.
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El sábado en la tarde
Se suicidó policía que iba a ser investigado por su accionar en la dictadura
San Luis (Pelr) 20-04-09. Un policía que iba a ser investigado por su accionar en el D2 durante los años de plomo en la Argentina, se quitó la vida el sábado último, según se confirmó hoy.
Segundo Wenceslao Garro, de 70 años de edad, se habría dado un tiro en el corazón cerca de la tranquera de ingreso al campo "La Aguadita", en el kilómetro 10 de la ruta provincial Nº 3.
Las actuaciones que lleva adelante la comisaría séptima están caratuladas "Averiguación suicidio". El cadáver fue encontrado"de posición cúbito ventral", informó hoy la policía.
El llamado de alerta lo produjo el propietario de otro campo que se encuentra frente al elegido por el presunto suicida para llevar adelante su trágica decisión.
La policía, una vez en el lugar, "constató la herida sangrante a la altura del corazón", informó el subcomisario Carlos Pereyra, jefe de Relaciones Policiales. Habría sido producido con un viejo pistolón de caza.
Al parecer, el septuagenario policía que vivía en el barrio Cantisani (Policial viejo) se habría sentado bajo un árbol y allí se disparó.
El Tribunal Oral Federal de San Luis, que juzgó a Carlos Esteban Pla, Víctor Becerra, Miguel Angel Fernández Gez, Luis Orozco y Juan Carlos Perez, por crimenes de lessa humanidad, había decidido abrir compulsa contra Garro, para determinar su responsabilidad durante la dictadura. Pero no se sabe si la determinación estaba vinculada con ese hecho.
Informe: Gustavo Senngustavosenn@gmail.com
BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS
Tenebroso personaje. LA REPUBLICA obtuvo testimonios y fotos del requerido Angel Pedro Crosa Cuevas
El gatillo paraguayo del Escuadrón de la Muerte vivió varios años en Soriano
La captura internacional pedida por el fiscal Perciballe dirige a Interpol hacia el médico paraguayo que fundó el Escuadrón de la Muerte y aún figura en listas oficiales de médicos en Uruguay. Trabajos de las historiadoras Clara Aldrighi y María Luisa Mendoza dibujan el perfil del tenebroso personaje que fotografió "Al Rojo Vivo" en los años 60.
Roger Rodríguez rogerrodriguez@adinet.com.uy


El requerido tiene rostro. Estas fotografías datan de 1966 y constaban en la publicación "Al Rojo Vivo".
Con amigos. Crosas ­cuarto desde la izquierda, sentado­ en su época de doloreño.
El presunto médico paraguayo Angel Pedro Crosa Cuevas, cuya captura internacional solicitó el fiscal Ricardo Perciballe, aparece como uno de los personajes más siniestros y misteriosos del grupo de integrantes del Escuadrón de la Muerte, cuya actuación en los años 60 indaga la Justicia uruguaya.
Perciballe solicitó la ubicación de Crosa Cuevas junto al pedido de procesamiento del empresario Miguel Sofía, el inspector Pedro Fleitas y otros dos policías de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, el inspector Jorge Grau Saint Laurent y el oficial Washington Grignoli, encausados por constituir el Escuadrón de la Muerte.
Los procesados son indagados por su responsabilidad en el asesinato de los estudiantes Ibero Gutiérrez y Manuel Ramos Filippini, y por la desaparición de Abel Ayala y Héctor Castagnetto, en un pronunciamiento del Ministerio Público ante la jueza penal de 8º Turno Graciela Eustachio, actuante en la causa.
Sin embargo, en el caso de Crosa Cuevas la indagación no ha podido aún aclarar una serie de puntos oscuros, como su verdadero nombre, ya que artículos de prensa de la época refieren a él como "doctor Closa" pero existen denuncias que lo identifican como Crosa Cuevas y versiones que lo denominan "Crosas" Cuevas.
Curiosamente, un Angel Pedro Closa Cuevas todavía aparecía en el padrón primario del orden de egresados para las elecciones universitarias del año 2001 y, con el mismo nombre, figura aún como médico en un listado de profesionales de las páginas oficiales de Internet del Ministerio de Salud Pública uruguayo.

La "conexión paraguaya"
El intervencionismo de los servicios de inteligencia extranjeros en el terrorismo de Estado practicado en Uruguay entre los años 1970 y 1973 ha sido investigado por la historiadora Clara Aldrighi, quien en un artículo publicado en "Brecha" trazó un perfil del oscuro personaje paraguayo, considerado uno de los fundadores del Escuadrón.
Aldrighi explica que Crosa Cuevas, un violento médico psiquiatra, junto a personal diplomático de la embajada paraguaya fue parte de aquel Escuadrón y el propio médico paraguayo habría organizado a jóvenes de extrema derecha en la constitución de la organización Juventud Uruguaya de Pie (JUP).
Crosa Cuevas era asesor del subsecretario del Ministerio del Interior, Armando Acosta y Lara, y habría sido quien dirigió personalmente a quienes el 17 de agosto de 1971 actuaron en el secuestro, tortura y asesinato de Héctor Castagnetto en el domicilio del médico paraguayo, en la calle Araucana.
El viceministro Acosta y Lara fue quien ordenó ponerse bajo el mando de Crosa Cuevas a Nelson Bardesio (hoy detenido en Argentina para su extradición a Uruguay por esta causa judicial) y al subcomisario Oscar Delega, ambos funcionarios de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), que comandaba el inspector Pablo Fontana.
El alquiler de una casa usada por Crosa Cuevas en la calle Araucana era pagado por el Ministerio del Interior. Tenía su propio archivo de inteligencia y dirigía un equipo de infiltración en el Movimiento de Liberación Nacional ­ Tupamaros, como ya había hecho el escuadrón "Guardia Urbana" en la dictadura de Stroessner.

Una nota "al rojo vivo"
La investigación de Clara Aldrighi coincide con las denuncias que en su momento realizara el senador democristiano Juan Pablo Terra, quien pudo indagar sobre el siniestro Crosa Cuevas, quien habría estudiado medicina en Paraguay junto al entonces embajador guaraní Luis Atilio Fernández, quien encubría sus actividades.
La denuncia parlamentaria del senador Terra estableció que Crosa Cuevas había sido expulsado de su país por un antecedente violento y llegó a Uruguay para radicarse en la ciudad de Dolores, donde ejerció como médico sin revalidar su título. Allí, con colaboración de la Policía local, fundó un grupo de la JUP.
De aquellos años en la localidad del departamento de Soriano surgen las fotos que publica hoy LA REPUBLICA, donde se revela el rostro del entonces "doctor Closa", difundido en un artículo de la publicación "Al Rojo Vivo", publicación que envió en 1966 un periodista a Dolores para investigar una denuncia de malos tratos contra el médico paraguayo.
El "Dr. Closa" había sido denunciado policialmente por violencia contra una empleada doméstica de 14 años de edad que trabajaba en su casa, pero el médico paraguayo pasó a denunciar al comisario Graside por seguir adelante con la denuncia y ordenar su detención. El escándalo local se transformó en noticia nacional.
El enviado de "Al Rojo Vivo", Enrique Piñeyro, llegó a entrevistar a Crosa en su casa y describe al médico paraguayo como un hombre de más de un metro ochenta de altura y noventa kilogramos de peso: "Tengo por norma no golpear a nadie y si lo hiciera esté tranquilo que el golpeado no volvería a levantarse", le declaró.

"Retrato de un desconocido"
Aldrighi y la profesora de historia María Luisa Mendoza (fundadora del Frente Amplio de Dolores en 1971) también realizaron una investigación en Dolores, donde pudieron dialogar con quienes conocieron al entonces Dr. Closa a mediados de los años 60, antes de que pasara a asesorar a Acosta y Lara en Montevideo.
LA REPUBLICA tuvo acceso a la indagación de ambas historiadoras contenida en un artículo denominado "Retrato de un desconocido ­ Crosas Cuevas en Dolores", que será publicado en el segundo tomo del trabajo de Aldrighi "La Intervención de Estados Unidos en Uruguay (1965-1973)"; en el primer tomo trató el caso Dan Mitrione.
Crosa Cuevas se había establecido a mediados de 1965 en Dolores, donde se presentó como médico graduado en Paraguay y le solicitó trabajo al intendente de Soriano y director del Hospital de Dolores, Oscar Perendones, quien pese a que el visitante no tenía su título le autorizó a ejercer honorariamente por una recomendación de la embajada de su país.
Aparentaba entonces 40 años y se destacaba por vestir con elegancia (traje gris, zapatos lustrados) y para marzo de 1968 había sido admitido como profesor de ciencias naturales en el Liceo de Dolores, donde era considerado un autoritario. Llegó a dirigir clases de gimnasia en el club deportivo San Lorenzo, pero los jóvenes decían que "el entrenamiento era de servicio militar". Se radicó en la calle Puig 1579, cerca de la plaza, donde vivía con su madre, Filomena Cuevas, y su mujer argentina, quien se comentaba era la esposa de un médico argentino y había sido "robada". Otra mujer llegó luego a la casa, hermana de una profesora designada desde Montevideo para trabajar en el Liceo. En 1971 había dos niños en la casa, uno de ellos nacido en Dolores.
Distante de sus colegas, rehuía encuentros sociales y visitas. En una ocasión, relata un vecino, un enfermero pasó por la casa y entró sin llamar. Escuchó la voz de Crosa Cuevas hablando con alguien, pero al traspasar el zaguán encontró al médico paraguayo conectado con un trasmisor de radio. El incidente provocó su furia.

Era un espía de Stroessner
Los testimonios recogidos en entrevistas de la profesora María Luisa Mendoza incluyen incidentes violentos con médicos, relacionamiento con todos los personajes y policías derechistas de la localidad y particularmente con los miembros de la delegación de bomberos, donde solía vérsele. Habitualmente visitaba a una familia de estancieros, blancos herreristas. En una de esas tertulias habría dicho "cómo se infiltraba en los grupos de oposición en Paraguay ayudándolos a organizarse. Explicaba que cuando alcanzaba un consistente número de integrantes los delataba para que la dictadura los asesinara, torturara y desapareciera".
Varios testimonios confirman que Crosa Cuevas organizó la JUP en Dolores y posiblemente a nivel nacional. También creó la sección local de la Confederación de Estudiantes del Interior (CEI), de extracción anticomunista. En la tarea lo habría ayudado el hijo de un rematador de Carmelo, a quien se solía ver armado.
Fue reconocido como espía de Stroessner por un sacerdote paraguayo de apellido Aguilera, residente en Montevideo, quien visitaba Dolores. Otro testigo afirma que en Montevideo, en una reunión en la casa de un coronel donde estaba Crosa, la esposa del militar comentó: "Estoy preocupada porque no conozco a esta gente. No sé a qué vienen y andan armados".
Versiones sobre su conexión con la CIA, de la visita de un presunto hermano de unos 25 años que estaría radicado en Nueva York y no se le parecía o respecto a casos de mala praxis, se integran al relato de las historiadoras, que señalan que en febrero de 1971 Crosa Cuevas se trasladó a Montevideo.
Fuente. www.larepublica.com.uy
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El paísMartes, 21 de Abril de 2009
Elevan a juicio oral una causa en la que están procesados por delitos de lesa humanidad
Hora de rendir cuentas para Patti y Bignone
La disposición del juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj abarca a Luis Patti, Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone, acusados por tormentos, privación de la libertad y homicidio.

Patti y Bignone, imputados por crímenes durante la dictadura.
La Justicia tarda pero llega, ahora para las víctimas de Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone. El juez federal de San Martín Juan Manuel Yalj elevó a juicio oral la causa en la que estos represores están procesados por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada y aplicación de tormentos y homicidio agravado por alevosía en perjuicio de un grupo de militantes peronistas. Así lo habían pedido los abogados querellantes al fiscal Jorge Sica y éste a su vez al magistrado, que ayer habría rechazado los últimos recursos planteados por la defensa de Patti, a cargo del ex camarista de Casación Alfredo Bisordi. El juez también envió a juicio a Eduardo Espósito, jefe del área 410 del Cuarto Cuerpo de Ejército, y a Juan Fernando Meneghini, ex comisario de Escobar, donde revistaba Patti.
Los abogados Pablo Llonto y Ana Oberlin, que representan a los familiares de las víctimas, habían pedido en septiembre la elevación del caso a juicio oral, dado que ya había confirmación de la Cámara de Apelaciones sobre el procesamiento de estos represores por haber secuestrado al ex diputado justicialista Muniz Barreto y a su colaborador José Luis Fernández, por el homicidio del ex militante de la Juventud Peronista Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y los hermanos Luis y Guillermo D’Amico y por la detención ilegal de Osvaldo Arriosti, hechos ocurridos entre marzo de 1976 y febrero de 1977 en la zona del Primer Cuerpo de Ejército.
Por su parte, los abogados de Patti, Bisordi y Silvio Duarte, habían solicitado el sobreseimiento del ex subcomisario, 49 medidas de prueba y el apartamiento de algunos querellantes: todo fue rechazado por el juez Yalj. Bisordi asumió la defensa de Patti luego de renunciar como camarista de Casación y de que el entonces presidente Néstor Kirchner lo acusara de frenar las causas contra represores.
Muniz Barreto fue secuestrado junto con Fernández en Ramallo y fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre, para luego quedar alojados en el centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo. El ex diputado, que integró el bloque de legisladores de la llamada Tendencia, apareció muerto el 6 de marzo de 1977 en la localidad entrerriana de Raíces Oeste dentro de su auto, un Fiat 128. Fernández logró sobrevivir y dar testimonio de los hechos, antes de exiliarse en España, donde falleció. Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y pasó por la comisaría de Escobar, donde fue torturado. En tanto, Souto fue secuestrado en agosto de 1976 en Garín. Ambos se encuentran desaparecidos. Por esos días, Patti era oficial subinspector en la comisaría de Escobar.
El torturador que llegó a ser intendente de esa localidad quedó detenido en Marcos Paz en noviembre de 2007. Había obtenido una banca de diputado en las elecciones nacionales de octubre de 2005, pero la Cámara baja le impidió asumir al considerar que carecía de idoneidad moral para el cargo. La inhabilitación llegó a la Justicia y la Corte Suprema le permitió asumir, al sostener que primero debe permitirse el juramento del candidato electo y luego proceder a su desafuero. Esto ocurrió en abril pasado y Patti salió en libertad, aunque luego de ocho días tuvo que volver a acomodarse en el pabellón de lesa humanidad porque el Congreso aceleró sus reflejos y le quitó los fueros para que pudiera ser investigado por las violaciones a los derechos humanos que se le imputan, en el juzgado que ocupaba Alberto Suáres Araujo antes de renunciar. Desde ese pabellón es que el represor, que no abandonó sus aspiraciones políticas, hace campaña vía telefónica, como informó Página/12 el sábado.
Patti estuvo imputado en media docena de expedientes por delitos de lesa humanidad, como el asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, y llegó a estar preso acusado de haber torturado a los presos comunes Mario Bárzola y Miguel Guerrero. Además, tiene un procesamiento en una causa que también fue elevada a juicio oral por encubrimiento al teniente Jorge Granada cuando estaba prófugo en la causa por la Contraofensiva.
Riveros estaba a cargo del comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que tenía jurisdicción represiva en la zona donde se cometieron los hechos. Riveros, que fue indultado por el ex presidente Carlos Menem, goza de prisión domiciliaria y a partir del próximo lunes comenzará a ser juzgado por la desaparición de Floreal Avellaneda, por el secuestro de su madre y las torturas aplicadas a ambos en una comisaría de Villa Martelli.
Bignone, el último presidente de la dictadura militar, fue jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, con jurisdicción en Campo de Mayo, entre 1976 y 1977.
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La Cámara Federal rechazó liberar a Jorge "Tigre" Acosta
Desestimó un pedido de excarcelación del ex marino. Dijo que es la Corte quien debe decidir el caso, luego de ser apelado el fallo de Casación Penal que, en diciembre último, dispuso su libertad. Acosta se encuentra detenido desde 2001. Fallo completo
Fallo "Acosta, Jorge E. s/excarcelación" 24.76 Kb.
Fallo "Radice, Jorge C.s/excarcelación" 24.89 Kb.


La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal resolvió no expedirse ante el pedido de libertad solicitado por el ex capitán de corbeta Jorge Acosta, detenido desde agosto de 2001, acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante el último gobierno de facto en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Así lo resolvió, luego de que en diciembre de 2008 la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal dispusiera dejar en libertad a Acosta, afirmando que “el encarcelamiento cautelar (…) resultaba desproporcionado –atento al plazo que ha insumido-, disponiéndose su cese”. Esta medida fue apelada por el fiscal general de Casación, Raúl Plee, llegando el caso a la Corte Suprema de Justicia.
La Cámara Federal aseguró en el fallo que “resulta a esta altura inoficioso que los tribunales inferiores se expidan sobre el encierro preventivo de Acosta, toda vez que la situación del imputado sobre el punto se encuentra regida por lo que decidió la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal y lo que en definitiva pueda definir la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
En tanto, el tribunal tampoco hizo lugar, con un planteo similar, al pedido de libertad del ex miembro de la Armada Jorge Radice, también imputado por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA.


Rechazan planteo de nulidad en causa por crimen de Larrabure
La Cámara Federal de Rosario desestimó un recurso de la querella, en el marco del caso en el que se investiga el homicidio del ex coronel, por el que se acusa al ERP. La Justicia no resolvió aún si se trata de un delito de lesa humanidad. Fallo completo
Fallo completo 32.35 Kb.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó un planteo de nulidad en el marco de la causa en la que se investiga el secuestro y asesinato de Argentino del Valle Larrabure, quien fuera coronel del Ejército, ocurrido en el año 1975, y por el se acusó al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El tribunal desestimó así un recurso presentado por el abogado de Arturo Larrabure, hijo del coronel asesinado y que actúa como parte querellante, por el que había cuestionado la actuación del fiscal Ricardo Vázquez como fiscal general subrogante.
El planteo se hizo por incidente en la causa en la que aún la Justicia, ni en primera instancia ni en cámara, se expidió sobre si la muerte de Larrabure se trata o no de un crimen de lesa humanidad.
Fuente: www.cij.gov.ar
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El paísDomingo, 19 de Abril de 2009
ORDENARON AL GOBIERNO PORTEÑO DAR INFORMACION SOBRE EMPRESAS DE SEGURIDAD VINCULADAS CON ACUSADOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Represores con custodia
Ante un pedido de Página/12, el juez Roberto Andrés Gallardo dispuso que el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, entregue los datos sobre socios, empleados, armas e inmuebles de dos agencias relacionadas con represores.
Por Diego Martínez

El represor Héctor Mario Schwab fundó Scanner SA. El ministro Guillermo Montenegro se rehusó a dar información sobre esa empresa.
Por orden de la Justicia y en un plazo máximo de diez días, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, deberá suministrar a Página/12 información sobre dos empresas de seguridad privada vinculadas con represores prófugos por delitos de lesa humanidad. La solicitud de acceso a los registros oficiales fue denegada por la Dirección General de Seguridad Privada (Dgspr), por la Procuración General de la ciudad y por el propio ministro. A partir de un recurso de amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales y previo dictamen favorable de la Defensoría del Pueblo, el juez Roberto Andrés Gallardo calificó de “insostenibles” las reiteradas negativas, ordenó entregar los datos bajo apercibimiento de multar al ministro de Mauricio Macri y declaró inconstitucional un artículo de la Ley 1913 que limita el acceso de la sociedad a los registros del organismo encargado de fiscalizar el negocio de la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires.
En noviembre de 2007, el autor de esta nota solicitó a la Dgspr datos sobre socios, empleados, armas e inmuebles de la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL y de Scanner SA. La primera, tal como informó Página/12 tres meses después, está registrada a nombre del yerno del coronel Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V de Bahía Blanca, prófugo desde mediados de 2007. La segunda fue fundada en 1998 por el teniente coronel Héctor Mario Schwab, ex funcionario de Antonio Bussi en Tucumán durante la dictadura. Scanner fue uno de los sostenes financieros de las señoras nucleadas en torno de la apologista del genocidio Cecilia Pando. Un año después del pedido, Schwab también pasó a integrar la lista de prófugos.
La primera negativa fue del entonces titular de la Dgspr, Marcelo Fabián Martínez. Sostuvo que el artículo 21 de la Ley 1913, de seguridad privada, sólo le permitía informar si una empresa está o no habilitada. Ante una supuesta incompatibilidad con las leyes y tratados que obligan al Estado a brindar información, le pidió opinión a la Procuración. La procuradora general adjunta, Adelina Loianno, confirmó el rechazo. Invocó sin desarrollar fundamentos la Ley 1845, de protección de datos personales, y los límites previstos en la Ley 104, de acceso a la información.
Tras la asunción de Macri y de Germán Garavano como procurador general y ante una posible rectificación del criterio aplicado durante la gestión de Jorge Telerman, se presentó un recurso jerárquico ante el jefe de Gobierno. Allí se destacó que el pedido no estaba comprendido en las limitaciones de la ley de acceso a la información, que no corría ningún riesgo “el derecho al honor, la intimidad y la autodeterminación informativa” protegidos por la Ley 1845, y en base a un dictamen de 2006 de la Subsecretaría de Derechos Humanos porteña se recordó que “la seguridad privada es una actividad de interés público que desarrollan particulares”, que es “complementaria, subsidiaria y subordinada a la seguridad pública” y que “es de vital trascendencia para la sociedad” saber cómo funciona. Se agregó que la ley vigente sólo impide contar con ejército propio a represores condenados e indultados. Nada de esto logró conmover al ex liceísta Montenegro. Invocando los dictámenes de Loianno y de Fernando Lema, director de asuntos jurídicos de la Procuración, el ministro rechazó el pedido por tercera vez. El membrete del escrito que registró el archivo del expediente asegura: “GCBA 2008. Año de la Democracia y vigencia de los Derechos Humanos”.
Pruebas suficientes
El recurso de amparo, elaborado por el abogado Mariano Laufer Cabrera, del CELS, incluyó un elemento nuevo. La Defensoría del Pueblo de la ciudad, encargada de garantizar la protección de datos personales, dictaminó que los solicitados no afectaban “la intimidad de las personas” y le recomendó a Montenegro brindar la información porque sus argumentos “no resultan sostenibles ni válidos ni razonables”. La defensora Alicia Pierini recordó que gracias a las leyes de impunidad el número de condenados era ínfimo y reclamó “desarrollar los mecanismos necesarios para excluir de las funciones públicas a todas aquellas personas de las que existan pruebas suficientes de su participación en crímenes de lesa humanidad”.
Por sorteo la causa llegó a manos del juez Gallardo, que el lunes dictó su fallo. Apuntó que el pedido no incluía información reservada ni sensible. Coincidió con el dictamen de la fiscal Mariana Pucciarello, que sostuvo que la divulgación de los datos en cuestión “no afecta la seguridad, la defensa nacional, las relaciones exteriores o una investigación criminal”, limitaciones para acceder a registros oficiales fijados por la Corte Suprema de Justicia en el caso Ganora. Y destacó la “gravedad institucional” de las cuatro negativas –la última ante su juzgado– ya que “el GCBA no puede a esta altura de los acontecimientos desconocer las causas por las cuales se ha solicitado la información”.
“La mera posibilidad de que personas que hayan sido partícipes de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar pudieran integrar directa o indirectamente organizaciones empresariales destinadas a brindar ‘seguridad’ privada resulta de una envergadura tal que cuesta imaginar cuáles son las razones que puede tener en mira el GCBA para impedir el conocimiento de la información requerida, utilizando para ello diseños formales claramente evitables”, resaltó el magistrado. Le ordenó a Montenegro suministrar los datos requeridos y declaró inconstitucional el artículo 21 de la Ley 1913, que impide a la sociedad rastrear a los genocidas que se esconden detrás de sus propias empresas de seguridad.
“El fallo es importante porque fija el estándar de que todo ciudadano tiene derecho a exigir al gobierno información vinculada con un tema sensible y de evidente interés público como la seguridad. El goce real y efectivo de ese derecho es condición necesaria para intentar alcanzar un nivel de respeto mínimo de los compromisos democráticos y de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”, destacó el abogado Laufer Cabrera. “El fallo sienta un precedente fundamental para avanzar en el control y monitoreo de las agencias de seguridad privadas, cuyo sostenido crecimiento a lo largo de los últimos diez años hizo que los custodios privados superaran en número a los efectivos policiales, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires”, apuntó el CELS en un comunicado.
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" No se hace eso ni a un perro"
Se oyeron dos testimonios muy conmovedores en el Tribunal presidido por Gabriela Aromí de Sommer, quien está secundada por el Dr. Coccia y la Dra. Varela, donde se procura esclarecer las responsabilidades por el homicidio del joven Ramón Arapí, una de las más de treinta víctimas de las jornadas trágicas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que culminaron con la triste imagen de un Presidente huyendo de su propio pueblo en helicóptero. Una verdadera cacería humana de "saqueadores" se desató entonces en medio del Estado de Sitio, y algunos gatillos fáciles no dudaron en salir a los tiros contra la población hambreada por el desquicio de sus gobernantes.Ramón Arapí fue acribillado a menos de 60 cm. por una pistola reglamentaria, y su hermano Marcelo sueña con el de tanto en tanto, recurrentemente. Sueña con esa última mirada agonizante que no puede borrar de su memoria, y con su inútil esfuerzo por detener la sangre que manaba a borbotones de su escuálida anatomía."Ellos (por los policías), están para cuidarnos, no para matarnos...a mi hermano lo acribillaron...y eso no se le hace ni a un perro" decía visiblemente emocionado.Marcelo empieza su relato contando los hechos en primera persona, como puede, evidenciando problemas tan grandes de dicción como la emoción que lo embargaba, pero salió airoso del desafío más grande que debió sortear tras el asesinato de su hermano. Pudo contar su dolor y describir los hechos comprometiendo seriamente a quien apunta como el matador de su hermano, el policía Vallejos, pese a que en el instante en el que estaba ingresando Marcelo, el acusado pidió por medio de su defensor no estar en la sala en un gesto estudiado, dudosamente espontáneo. El Tribunal le permitió salir y éste hizo lo propio precisamente por el mismo lugar donde estaba Marcelo, mirándolo de un modo que solo los protagonistas podrían describir con precisión.El Fiscal, acaso movido por celo profesional, no ayudó a tranquilizarlo por cierto y por momentos su rol se asemejaba al de un defensor, y lo interrogó (tras su declaración espontánea) de tal manera que logró quebrarlo emocionalmente. La querella se vio obligada a solicitar un breve cuarto intermedio.
Lo conozco de cuando mató a mi hermano
Marcelo fue firme sin embargo cuando apuntó contra el asesino de su hermano, el policía Juan Ramón Vallejos, a quien no dudó en ubicarlo en la escena como el único que ingresó al jardín delantero de la vivienda del "Barrio Nuevo", y pistola en mano sacó a Ramón. Tras escuchar el disparo Marcelo lo increpó y se transó en una inútil y desigual pelea, lo que le valió recibir golpes en la espalda de los policías que acompañaban a Vallejos, y la amenaza de éste en el sentido de que le pasaría lo mismo si no se "quedaba quieto". Afortunadamente para él una vecina pensó que habían disparado contra su hijo y lo salvó con sus gritos.Desde el comienzo de su declaración fue contundente, cuando le preguntaron si conocía a los imputados reconoció que a Vallejos lo conocía "de cuando mató a mi hermano". También comprometió a los otros policías, especialmente al chofer a quien solicitó que llevara al hospital a su Ramón y éste se dio a la fuga abandonándolo a su suerte.
La hermana-madre
La primera en declarar en la jornada fue su hermana Norma, una de esas personas que están destinadas a ser sostén de sus seres queridos, por su entereza y dignidad y el temperamento propio de los que no se pueden "dar el lujo" de abatirse, aún a riesgo de su propia salud o situación personal. Siempre que alguien es víctima de la violencia estatal, la familia toda lo sufre, pero casi siempre hay quien se pone la mochila al hombro y sale a reclamar justicia. Ese es el caso de Norma, la hermana mayor de los Arapí.Norma no es analfabeta como Marcelo, y tampoco es testigo directo, por eso no fue blanco de interrogatorios revictimizantes. Los hubiera sorteado además, con la misma firmeza que la llevó a exigir justicia por ocho largos años, no es alguien que un defensor elegiría para intentar hacerle caer en contradicción.No obstante, el Dr. Leguizamón no es una persona que se detenga fácil con las dificultades, acaso movido más por temperamento que por valentía o tenacidad.Quiso hacer notar una "contradicción" de la testigo, que en instrucción había dicho que Marcelo le narró que Ramón no pudo entrar a la casa de su vecina y por eso fue "cazado del cogote" por el uniformado Vallejos, y que ahora narra algo "distinto" por que dice que ingresó a la vivienda. Norma le señala sin perder la calma que efectivamente Ramón entró al predio de la vivienda, es decir al jardín delantero, pero que nunca pudo ingresar a la casa, "allí donde están los muebles" dijo al letrado, por si no le quedaba claro.

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El adiós a Margarita





Margarita Gropper, integrante del movimiento Madres Plaza de Mayo - Línea Fundadora, murió ayer a los 85 años en el Hospital Santojanni de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba internada desde hacía un mes por una fractura de cadera que terminó por deteriorar su estado de salud. “Fue una persona ejemplar, excelente. Ayer la visité y vi que se iba, con su dulzura. Fue una madre bien ubicada política e ideológicamente, de ideales socialistas, muy luchadora en la búsqueda de su hijo”, recordó su compañera de ruta Nora Cortiñas. Sus últimos 25 años de vida se vieron reflejados en la película Madres, donde –junto a otros 16 testimonios– relata su búsqueda por verdad y justicia, y evoca la vida y la militancia de su hijo Daniel José Gropper, secuestrado y desaparecido a los 19 años el 11 de agosto de 1977. Los restos de Margarita serán velados hasta hoy a las 14, en Montes de Oca 566, de Capital Federal, para luego ser traslados hasta el cementerio Gloria, en Burzaco.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

ATENTADO EN CAMPO DE MAYO

La marca puesta en Puerta 4 sufrió un atentado en el día de la Conferencia de Prensa en San Martín.
En el monumento escrito en aerosol fueron reinvindicados los milicos.

No fue casual que hayan elegido el mismo viernes 17 de abril como fecha.

No fue casual que, preocupados por el comienzo del Juicio Oral por el asesinato del Negrito Floreal, se manifiestan usando un aerosol.

Apoyemos con nuestra presencia a los abogados, querellantes, organizaciones que impulsan las causas.

¡Ahora sí, Campo de Mayo!
¡Juicio y Castigo a los responsables del genocidio!

Reunión de información y organización día JUEVES 23 DE ABRIL A LAS 18,00HS EN EL HOSPITAL EVA PERON DE SAN MARTIN.

¡TE ESPERAMOS!

Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo.

Córdoba, 18 abril de 2009
No toleramos más retrasos: Juicio y Castigo ya

Los organismos de Derechos Humanos abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación ante la certeza de que los juicios en contra de los represores de la última dictadura en Córdoba se retrasen, sin plazos ciertos, debido a los intentos por desintegrar el Tribunal Oral Federal que el año pasado juzgó y condenó a Menéndez y otros siete represores a la cárcel común. Esto no hace más que prolongar la impunidad de los mayores criminales que tuvo nuestro país y que hoy están esperando morirse cómodos y en sus casas.
Este año nuevamente salió sorteado el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº1 para juzgar los hechos en los que se investiga el secuestro, las torturas y el alevoso asesinato llevados a cabo por integrantes de la D-2 de la Policía de la Provincia de Córdoba en contra del Sub Comisario Ricardo Fermín Albareda, causa en la que patrocinamos a uno de sus hijos, nuestro compañero, Fernando Albareda. Habiendo ofrecido la prueba acusatoria para el juicio oral y público, el mismo debía empezar a más tardar en Mayo del corriente año.
Como es de público conocimiento, recientemente se desarrollaron diversas acciones, entre ellas las promovidas por el Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba Luis Miguel Baroneto, que concluyeron con la renuncia del Juez Federal Otero Álvarez, provocando la desintegración del Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba. Al mismo tiempo, la defensa de uno de los imputados de delitos de lesa humanidad, recusa a otro de los integrantes, el Dr. Muscará; además, arrecian los rumores sobre que la defensa oficial de los represores recusaría al restante vocal del Tribunal: el Dr. Díaz Gavier. Todo conduce a un mismo escenario: los juicios previstos para este año quedarán en suspenso hasta que vuelva a conformarse un Tribunal. Mientras tanto los represores continúan muriéndose en sus casas, quedando para la historia como ?sobreseídos por fallecimiento?, es decir con impunidad.
Por todo lo expresado exigimos que el Estado Argentino, siguiendo las normativas acordadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, arbitre urgentemente las medidas necesarias para conformar un Tribunal constitucional que lleve adelante los juicios por delitos de lesa humanidad, para terminar así con quienes por acción, omisión, individualualismo, vedetismo o complicidad, pretenden posponer los juicios que harán cierta la Memoria, Verdad y Justicia por las cuales la mayoría del pueblo argentino viene luchando desde hace más de 35 años.
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba
H.I.J.O.S. : Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia , contra el Olvido y el Silencio reg. Córdoba en la Red Nacional---------------------------------------------------------------- -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Respuesta a “Embestida contra el Poder Judicial”

sábado, 18 de abril de 2009
En primer lugar debemos decir que los hechos dicen más que mil palabras, y los hechos son los siguientes: La Cámara Federal empezó el 23 de mayo de 2008 liberando a todos los detenidos acusados de los asesinatos de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar. Los policías federales (retirados) Rodolfo “Willy” Cardello, Marcelo León y José Luis Mirotta, quienes, desde hace 20 años, fueron acusados reiteradamente de haber cometido los crímenes por su ex compañero de la Policía y de andanzas, Carmelo Cirella Paredes. Continuó el 13 de setiembre de 2008, liberando al coronel Oscar Orlando Dopazo, quien fuera jefe de Inteligencia del G2 en los '70 y está imputado por violación a los derechos humanos, detenciones ilegales y torturas. Luego, el 18 de setiembre de 2008, con el voto positivo de Julio Petra y Carlos Pereyra González (Alfredo López Cuitiño votó en contra), también liberó al sargento del Ejército Osvaldo Benito Martel en los delitos de tormentos agravados en concurso ideal con lesiones leves en perjuicio de Margarita Rosa Camus, nieta del entonces gobernador de San Juan, Eloy Camus (que también fue detenido) y actual jueza de garantías de la Justicia sanjuanina. Su labor no cesa, y el 19 de noviembre de 2008 otorgan la libertad de los ex comisarios Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk, procesados por delitos de lesa humanidad, entre ellos el homicidio del escritor y periodista Francisco Paco Urondo y la desaparición de su esposa, Alicia Raboy. Mendoza por lo tanto no tiene represores presos por la última dictadura militar. Lo que sostenemos los organismos de DDHH, es que existe una actitud consecuente y manifiesta de los camaristas objetados por nosotros, a favor de la impunidad de aquellos militares y policías que ejecutaron las acciones del terrorismo de Estado durante la dictadura militar. Por lo que las excarcelaciones y las faltas de mérito que se vienen dictando, más allá de la explicación técnica de cada medida, no son sino una consecuencia de esta postura política. Postura que queda más que confirmada desde el momento que el Tribunal Oral de San Luis dispuso compulsa penal contra el camarista federal Dr. Carlos Pereyra González para que se investigue su rol en San Luis durante la última dictadura mientras se desempeñaba como secretario federal. En todo el país, existe una profunda diferencia de opinión y de acción entre quienes enfocamos las causas a que nos estamos refiriendo, como delitos de lesa humanidad encuadrados en las Convenciones Internacionales, en la Constitución Nacional y en la nueva jurisprudencia que se produce en la Corte de la Nación y en diversos Tribunales. Y entre aquéllos que se atienen en lo técnico a un enfoque propio de los delitos comunes y en lo político, al sostenimiento de una impunidad que había sido instalada por las leyes de "punto final y obediencia debida". Leyes que los funcionarios judiciales que hoy cuestionamos no tacharon de inconstitucionales, y que claramente lo eran. No son las víctimas de aquel terrorismo de Estado, con sus legítimos reclamos de justicia, quienes ponen “en crisis un pilar del estado de derecho democrático”. Poder Judicial independiente es lo que pretendemos y venimos reclamando desde que se presentaban incontables recursos de hábeas corpus tratando de encontrar a los familiares que la Justicia no buscaba y que hoy revistan en una tercera calificación humana en Argentina, “ausentes por desaparición forzada” (Ley 24.321). Nunca censuramos a jueces por aplicar la ley vigente. Hoy, la ley vigente no es la obediencia debida sino la ley 25.779 que la declara insanablemente nula. Finalmente debemos disentir diciendo que en el fallo plenario Díaz Bessone no se otorgó la libertad del represor sino directivas para evaluar la libertad durante el proceso penal, directivas que fueron interpretadas a favor de la libertad de todos los represores por la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza y no así con Díaz Bessone en la Casación Nacional. Pero además debemos decir que estas directivas fueron usadas en los casos de los represores y no en los casos de delincuentes comunes, que fueron mantenidos bajo prisión a pesar de estar acusados de delitos mucho más leves; este doble parámetro nos permite decir que existe una total violación de la igualdad ante la ley, no somos tan iguales, los que llevan uniformes tienen ventajas. Nunca los organismos hemos embestido contra la Justicia Federal, a cuyo edificio hemos acudido incontables veces en la búsqueda de diálogo constructivo. ¿Es mucho pedir que dicho Poder Judicial agote los medios de búsqueda en ex centros clandestinos de detención para hallar los restos de nuestros desaparecidos? ¿Que agote las instancias para localizar a los niños, hoy jóvenes adultos, nacidos en cautiverio? ¿Que interprete los delitos cometidos contra ellos como crímenes de lesa humanidad y aplique las sanciones que corresponde? Pablo Salinas, Alfredo Guevara, Viviana Beigel, Pocha Camín, Elba Morales Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Mendoza. Ramón Abalos. Liga Argentina por los Derechos Humanos. Susana Muñoz. Casa de la Memoria y la Cultura Popular. María Domínguez. Madres de Plaza de Mayo. Juan Bonoldi. Familiares de desaparecidos. Fernando Rule. Ex Presos Políticos.
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Misterio. En Paraguay, no saben siquiera si existió: se le atribuye creación de los "Escuadrones de la Muerte"
Caso Escuadrón: dudas sobre paradero de médico paraguayo
El Serpaj, denunciante en la causa por los crímenes atribuidos al "Escuadrón de la Muerte", tiene la firme convicción de que el "médico" paraguayo Ángel Crosas Cuevas está muerto. En Paraguay "no se tienen noticias" sobre su vida ni eventual paradero.
Serpaj. Para el abogado de Serpaj, Payseé, todo indicaría que "está muerto".
La noticia divulgada ayer sobre el pedido de captura internacional requerido por el fiscal Ricardo Perciballe contra el "médico" paraguayo Angel Pedro Crosas Cuevas, por su vinculación con los crímenes del "Escuadrón de la Muerte", generó amplia repercusión en Paraguay.
En este sentido, Carlos Portillo, integrante de la Comisión Verdad y Justicia, una institución que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país guaraní, aseguró a la prensa que en ese país "no se tienen noticias" sobre la vida ni el eventual paradero de Crosas Cuevas.
"No se sabe siquiera si era médico" y tampoco si vive actualmente en Paraguay u otro país. "No hay noticias. No sabemos nada. Ni siquiera si alguna vez se graduó de médico", expresó Portillo.
Sin embargo, el activista recordó haber escuchado "alguna vez" el nombre de Crosas Cuevas, vinculado al caso de Soledad Barret, una joven militante de izquierda paraguaya, asesinada el 8 de enero de 1973 en Recife (Brasil), a la edad de 28 años.
El nombre de Soledad Barret es recordado en Uruguay puesto que cuando tenía 16 años de edad y residía en Montevideo fue secuestrada por una organización clandestina de ultraderecha, que le tatuó una esvástica en el cuerpo, después de someterla a otras torturas.
Por esta razón, la Comisión Verdad y Justicia se encargará de revisar los archivos del Ministerio de Salud de Paraguay con el objetivo de comprobar si existe matrícula con el nombre de Crosas Cuevas, informó el diario paraguayo La Nación en su portal de Internet.
Angel Crosas Cuevas es considerado uno de los ideólogos de la creación del "Escuadrón de la Muerte" y uno de los "jefes operativos" de varios grupos de la organización parapolicial, así como nexo directo con el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Armando Acosta y Lara.
La Fiscalía solicitó su captura internacional porque no existe confirmación oficial sobre su fallecimiento, si bien se tiene la presunción de que efectivamente estaría muerto, tal cual informó ayer LA REPUBLICA. En este sentido, el integrante de Serpaj, Guillermo Payseé, dijo que la información en poder de la institución, aportada oportunamente a la Justicia, indicaría que "está muerto".
Además, Serpaj aportó información sobre el entonces embajador paraguayo en Uruguay, Atilio Fernández, "posiblemente vinculado a estos hechos". La hipótesis de la participación de Fernández se inserta dentro del contexto de la época previa al golpe de Estado, en el cual miembros del "Escuadrón" recibieron instrucción militar en Brasil y en "la influencia e injerencia de embajadas y funcionarios diplomáticos extranjeros en la represión en Uruguay", dijo Payseé.

Riesgo latente
El pedido de procesamiento con prisión solicitado por el fiscal Ricardo Perciballe incluye al empresario de la comunicación Miguel Sofía y a los policías de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), Pedro Freitas, Jorge Grau Saint Laurent y Washington Grignoli.
El histórico dictamen de la Fiscalía solicita la prisión de los responsables por un delito de "asociación para delinquir en concurrencia real fuera de la reiteración", un "delito de desaparición forzada", por el caso de Héctor Castagnetto, y "dos delitos de homicidio muy especialmente agravados", en los casos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez.
En este sentido, información obtenida por LA REPUBLICA indica que Sofía habría salido del país y se encontraría con paradero desconocido, tras vender recientemente sus emisoras "Grupo del Plata" al empresario mexicano-norteamericano Angel González, propietario de un inmenso "imperio" de la comunicación. En este sentido, el abogado Guillermo Payseé declaró ayer que "el riesgo (de huida de Sofía) está latente", según reproduce el sitio Montevideo Portal.
Fuente: www.larepublica.com.uy
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EL TORTURADOR PREPARA SU LANZAMIENTO A DIPUTADO Y HACE CAMPAñA DESDE LA CARCEL
Patti, candidato tumbero
Arenga a sus seguidores por teléfono desde el penal de Marcos Paz. Anoche los había convocado para la inauguración de una sede del Paufe en Ingeniero Maschwitz, pero le fallaron las comunicaciones. Lo acompaña toda su familia.

Los Patti ya tienen los afiches listos: Luis padre a diputado y Luis hijo a concejal

Por Adriana Meyer
Primero fueron las pintadas Patti 2009 en los paredones de Escobar, ahora la arenga a sus seguidores por teléfono, con la línea conectada a un altoparlante: el torturador Luis Patti hace campaña desde la cárcel. Para eso se habían reunido durante la inauguración de una nueva sede del Partido Unidad Federalista (Paufe) quienes lo siguen. Lo mismo había ocurrido ya en noviembre, pero esta vez no pudo ser. “En Marcos Paz los teléfonos públicos son satelitales y hay problemas para comunicarse”, dijo a Página/12 su hijo Luis, ya lanzado como candidato a concejal.
Aunque el Congreso impugnó su diploma de diputado electo obtenido en 2005 e impidió que asumiera en una banca y en 2007 le quitó los fueros a pedido de la Justicia, el represor no se da por vencido y vuelve a la política. Y para eso trabajan todos los Patti mientras él da órdenes y escribe discursos en el pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz. Está detenido allí desde noviembre de 2007 por haber secuestrado al ex diputado justicialista Diego Muniz Barreto y su colaborador José Luis Fernández, por el homicidio de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y los hermanos Luis y Guillermo D’Amico y por la detención ilegal de Osvaldo Arriosti. La Cámara de Apelaciones confirmó su procesamiento y la fiscalía ya pidió el juicio oral.
La cita anoche era a las 20 en Maipú y Entre Ríos, en Ingeniero Maschwitz, y estaban todos: sus hijos Ignacio, Luis (que es concejal de Pilar y quiere renovar mandato) y Maximiliano, director de Turismo de la Municipalidad de Escobar, además de su mujer, Elizabeth Ferraro, y su suegra, la diputada mandato cumplido Nélida Manzur. En noviembre dicen haber juntado 700 personas; anoche había menos de la mitad cortando la calle y bailando al ritmo del jingle de campaña con ritmo tropical: “Vamos con Patti, todos a ganar”. Los afiches ya fueron impresos con la imagen de Luis Patti padre e hijo y adornaban tanto la casa partidaria que estaba a punto de ser inaugurada como la camioneta roja de campaña. Mientras una señora muy maquillada y con batido de peluquería entregaba corazones de cartulina amarillos con el apellido del torturador escrito en fibra negra, otra militante paufista ofrecía jugo a los presentes. Pocos pero ruidosos, se ovacionaron a sí mismos a medida que el locutor nombró sus barrios.
“La gente nos dijo que quiere volver a la época de Patti, que estaban más contentos, cada vecino tenía una solución cuando venía a la intendencia y no se castigaba a nadie por la forma de pensar”, dijo Luis Patti hijo, a la hora del discurso. “Mi padre nos enseñó a cambiar la política desde adentro, por eso estamos formando una nueva dirigencia”, agregó. Un rato antes había practicado su rol de político en campaña manteniendo un diálogo con el cronista de CQC. “Nada cambió, su padre se vinculó siempre a la gente con un aparato eléctrico”, quiso bromear el notero, en alusión a la picana y a la comunicación telefónica desde la cárcel que no se produjo. “Bueno, como vos con el micrófono”, replicó el hijo del procesado por violaciones a los derechos humanos. “La de su padre sí que es una candidatura testimonial”, siguió Pablo Camaití, a lo que su entrevistado respondió: “Es un preso político”.
–Le regalo un slogan de campaña, Patti no le va a robar porque ya está preso –dijo el enviado de CQC.
–Es tu opinión. Está preso por otra cosa –contestó Luis Patti hijo.
–Por delitos de lesa humanidad, secuestros y homicidios –intervino esta cronista.
–Sí, bueno, eso lo va a decidir el juez. Si me disculpan...
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EL PAIS › LA CAUSA POR ESPIONAJE EN TRELEW
Argumentos contra Godoy
La suerte del jefe de la Armada, Jorge Godoy, depende ahora de la Cámara de Comodoro Rivadavia, la misma que procesó al ex jefe del Ejército Roberto Bendini, lo que le costó el cargo. La Cámara recibió en una audiencia los argumentos del CELS para revocar la falta de mérito del almirante en la causa por espionaje ilegal en la base Almirante Zar y tiene cinco días para definir su situación procesal. El jefe de la Armada está acusado de firmar un plan que avaló la inteligencia política.
La audiencia insumió cinco horas de discusión entre los abogados del CELS y los defensores de Godoy y su segundo, que provienen de la ONG Fores, conocida por defender la permanencia de los jueces de la dictadura.
Los defensores de Luis De Vicenti –un jefe naval que está procesado– plantearon que se hizo inteligencia sobre los familiares de los muertos en la masacre de Trelew que visitaron la Base Almirante Zar “por un problema de seguridad, para que no haya ataques a la base”.
Con el fin de dilatar la causa, Godoy planteó un conflicto de competencias: exige que se lo juzgue en Buenos Aires. La disputa llegó hasta la Cámara de Casación. Los camaristas de Comodoro Rivadavia ahora tiene tres caminos posibles: pueden dictar un fallo en el que mantengan la falta de mérito hasta que se decidan Sus Señorías en Buenos Aires, pueden revocar la falta de mérito y ordenarle al juez Hugo Sastre que investigue más o también podrían procesar a Godoy.
Fuente. Pagina 12, sabado
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Derechos humanos: insisten en Santa Fe con no excarcelar a imputado
Se trata de Horacio Barcos, investigado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto. El Tribunal Oral Federal de aquella ciudad rechazó un nuevo pedido de excarcelación. Fallo completo
Fallo "Barcos, HoracioAmérico s/ excarcelación" 81.72 Kb.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe rechazó un nuevo pedido de excarcelación de Horacio Barcos, imputado por violaciones a los derechos humanos, delitos que habrían sido cometidos durante el último gobierno militar cuando se desempeñaba como personal civil de Inteligencia.
Barcos está imputado por los siguientes delitos: privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en forma reiterada (dos hechos) y tormentos agravados por ser ejercido contra perseguidos políticos, en forma reiterada (dos hechos), en concurso real.
En concreto, se lo acusa de haber formado parte de un grupo que habría privado ilegítimamente de la libertad en forma violenta a Amalia Petrona Ricotti y a su esposo, José Alberto Tur, y de haberlos presuntamente sometido a tormentos mientras estuvieron en cautiverio, entre el 16 al 31 de mayo de 1978, en el centro clandestino de detención conocido como “La casita”, situado en cercanías de la ciudad de Santa Fe.
En la causa, en diciembre último el tribunal había rechazado un pedido de excarcelación de Barcos, medida que en marzo fue revocada por la Cámara Nacional de Casación Penal, quien reenvió el expediente para que se dicte un nuevo pronunciamiento en base al fallo plenario “Díaz Bessone”, por el que Casación limitó el alcance de la prisión preventiva.
Ahora, el Tribunal Oral de Santa Fe insistió con denegar la liberación de Barcos, en función de la gravedad de los hechos imputados y la presunta condena que le correspondería, elementos “que habilitan a pensar que en caso de que el encausado recupere su libertad, contribuya de alguna manera a mantener aquella indebida impunidad, o que opte por evadir la acción de la justicia, para evitar una eventual condena, lo cual impide su soltura”.
Fuente: www.cij.gov.ar
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El paísDomingo, 19 de Abril de 2009
RETRASOS EN UN JUICIO A REPRESORES EN CORDOBA
Juez complicado, proceso demorado
Por Diego Martínez
El avance de la investigación del Consejo de la Magistratura sobre la complicidad del juez Carlos Otero Alvarez con la represión ilegal, cuando era secretario del juez federal de Córdoba, puso en serio riesgo el comienzo del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia.
El vocal del Tribunal Oral Federal 1°, que el año pasado condenó a Menéndez & Cía., pensaba jubilarse el 31 de julio, luego del juicio por el asesinato de Ricardo Albareda en 1979. Pero cuando trascendió su posible citación a la Comisión de Acusación y Disciplina, solicitada por la diputada Diana Conti a instancias del director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto, el magistrado dejó trascender la posibilidad de adelantar la partida y desintegrar el TOF. Familiares e H.I.J.O.S. Córdoba, que litigan las causas y recusaron a Otero Alvarez antes del primer juicio a Menéndez, repudiaron a quienes “por acción, omisión, individualismo, vedetismo o complicidad pretenden posponer los juicios” y reclamaron al Estado que “arbitre urgentemente las medidas necesarias” para garantizar la continuidad de los procesos. El caso pone a prueba a la flamante Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, que integran los cuatro poderes del Estado.
En 1990 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la “complicidad manifiesta” del ex juez Adolfo Zamboni Ledesma y su secretario en las torturas a Héctor Aurelli. “Tenían pleno conocimiento de la existencia de campos de concentración”, apuntó. El año pasado H.I.J.O.S. y Familiares recusaron a Otero Alvarez por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos en 1976, pero el TOF rechazó la denuncia. Fue entonces cuando Baronetto, contrariando a los organismos de derechos humanos, que veían peligrar el juicio, lo denunció ante el Consejo. En 1977, preso en Sierra Chica, el entonces militante de la Juventud Peronista padeció a Otero Alvarez en carne propia. Antes de ser indagado le preguntó “¿por qué mataron a mi mujer?”, ejecutada en un tiroteo fraguado que el juzgado no investigó. “No podemos hacer nada”, respondió el secretario. El mes pasado el TOF rechazó una nueva recusación, en este caso, del fiscal José Asís. Otero Alvarez fue sobreseído en la causa UP1 por el juez Alejandro Sánchez Freites, pero la Cámara Federal debe resolver las apelaciones del fiscal Gustavo Vidal Lascano, la abogada María Elba Martínez y del propio Baronetto, que repercutieron en el Consejo. El senador radical Ernesto Sanz retiró su dictamen, que proponía desestimar la denuncia, y propuso tratar el de Conti, que pide indagar a Su Señoría.
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El mundoViernes, 17 de Abril de 2009
LA JUSTICIA URUGUAYA INVESTIGARA EL ASESINATO DE DOS SENADORES
Cinco coroneles ante el juez
Los senadores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz estaban exiliados en Buenos Aires. Fueron secuestrados y llevados a Automotores Orletti y luego asesinados por dos coroneles de Uruguay.

Familiares de desaparecidos uruguayos reclaman justicia.
Tabaré Vázquez dio luz verde para investigar y condenar a los asesinos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, los dos senadores uruguayos asesinados en Buenos Aires en 1976. La Justicia uruguaya ya había procesado y encarcelado al dictador Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco como coautores del secuestro y homicidio de los dos senadores opositores y del matrimonio tupamaro Rosario Barredo y William Whitelaw. Pero los autores materiales, los que los habían secuestrado, torturado y rematado con un tiro entre los ojos, seguían amparados por la Ley de Caducidad, que ayer cumplió veinte años (ver recuadro).
Con la firma de Vázquez y sus ministros de Defensa e Interior, José Bayardi y Daisy Tourné, respectivamente, el gobierno uruguayo excluyó el asesinato de los cuatro exiliados de la amnistía que protege a los militares y policías responsables de crímenes de lesa humanidad durante los trece años de dictadura. “Los crímenes ocurrieron fuera del territorio nacional, donde tiene plena vigencia la ley penal extranjera”, aseguraron en el decreto firmado el lunes y difundido ayer. Hacía casi veinte años, el gobierno de Julio María Sanguinetti había cajoneado el caso dentro de la Ley de Caducidad.
Pero la familia de Michelini y los tres dirigentes asesinados siguieron juntando pruebas, testimonios y datos para tiempos mejores. El momento llegó hace cuatro años, cuando Vázquez y el Frente Amplio ganaron la presidencia por primera vez en la historia del país, impusieron una relectura de la amnistía y abrieron la puerta a los primeros juicios por crímenes de la dictadura. El caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz se convirtió de inmediato en una de las puntas de lanza de los abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los dos senadores se habían exiliado en Buenos Aires tras el autogolpe de Bordaberry en 1973. Documentos desclasificados de los gobiernos estadounidense y uruguayo demostraron que los dos dirigentes estuvieron siempre bajo vigilancia de los servicios uruguayos. Un año antes de sus muertes intentaron tramitar visas en la embajada norteamericana en Buenos Aires para viajar invitados por el senador Edward Kennedy. Antes de que lo consiguieran, la Cancillería uruguaya, a cargo de Juan Carlos Blanco, les suspendió los pasaportes.
Sin ningún lugar a donde ir, los senadores finalmente cayeron en un operativo del Plan Cóndor el 18 de mayo de 1976. Según relató una testigo a una comisión investigadora del Congreso uruguayo diez años después, el coronel retirado Pedro Matto le confió, en medio de una crisis de nervios, que él y el coronel retirado Juan Manuel Cordero viajaron a Buenos Aires el 20 de mayo para asesinar a Michelini y a Gutiérrez Ruiz.
Cuando llegaron a Automotores Orletti, el centro clandestino adonde los habían llevado, Gutiérrez Ruiz había muerto en la sala de tortura y Michelini estaba vivo, pero con señales de tortura en todo el cuerpo. “Matto le dio un tiro en el asiento de atrás del auto, en el que también llevaban el cuerpo de Gutiérrez Ruiz y, en el baúl, los del matrimonio Whitelaw”, contó la enfermera uruguaya Haydée Trías.
Matto declaró hace unas semanas como testigo a pedido de la defensa de Bordaberry. Como buen soldado, dijo que no sabía nada de la muerte de los cuatro dirigentes y que en ese momento se encontraba en un curso de capacitación del ejército en territorio uruguayo. No dio más detalles; no tenía por qué hacerlo, no estaba imputado.
Pero ahora el escenario cambió y la defensa de las víctimas está convencida de que tiene pruebas suficientes para acusar a Matto y Cordero y también a los militares uruguayos que operaron en Orletti. Según está siendo demostrado en el juicio contra el general retirado Jorge Olivera, comandante del Primer Cuerpo del Ejército que dirigía los centros de detención clandestinos de Capital Federal, hubo al menos tres oficiales uruguayos que torturaron y participaron de interrogatorios en ese centro: el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, el coronel retirado Cordero y su par, Jorge “Pájaro” Silveira.
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Acusado. Miguel Sofía, empresario periodístico, es uno de los acusados
Pidieron cuatro procesamientos por crímenes de "Escuadron de la Muerte"
Tres policías y un civil deberán enfrentar a la Justicia por un delito de desaparición forzada y dos delitos de homicidio muy especialmente agravados, por los crímenes atribuidos al "Escuadrón de la Muerte" a principios de la década del 70.
Pedido. El fiscal Ricardo Perciballe tipificó graves delitos.
El fiscal Ricardo Perciballe solicitó, días atrás, el procesamiento con prisión del empresario Miguel Sofía, el inspector Pedro Freitas y otros dos policías vinculados con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), por su participación en tres de los crímenes atribuidos al "Escuadrón de la Muerte", a principios de la década del 70.
El dictamen de casi 70 páginas solicita el procesamiento de los cuatro ex integrantes del "Escuadrón" por un delito de "asociación para delinquir en concurrencia real fuera de la reiteración", un "delito de desaparición forzada", por el caso de Héctor Castagnetto, y "dos delitos de homicidio muy especialmente agravados", en los casos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
Asimismo, el dictamen de la Fiscalía solicita una orden de captura internacional contra el médico paraguayo Nelson Crosas Cuevas, partícipe ideológico en la creación del "Escuadrón" y nexo directo con el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Armando Acosta y Lara.
Crosas Cuevas es considerado uno de los "jefes operativos" de varios grupos del "Escuadrón de la Muerte" y si bien se tiene la presunción que estaría muerto, la ausencia de confirmación oficial sobre este hecho ameritó la solicitud de la orden de captura, señalaron las fuentes.
Además, el escrito interpuesto por el fiscal solicita proseguir la recopilación de prueba con respecto a la desaparición de Abel Ayala. La jueza Penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, adoptará ahora los pasos a seguir en el expediente, previo a dictar sentencia, expresaron.

Abundante prueba documental
El extenso dictamen del fiscal Perciballe realiza un meticuloso estudio sobre el contexto socio-histórico en el cual se produjo el nacimiento, consolidación y accionar de esta organización parapolicial, en base a libros y documentación histórica de ese período.
El análisis realizado por Perciballe concluye que el "Escuadrón de la Muerte" tiene su origen en el contexto socio-económico de la época, por el cual se procesa la consolidación de la guerrilla. La creación de la organización parapolicial tiene como objetivo brindar una respuesta activa y de carácter violento a ese proceso de consolidación, se estima en el dictamen.
Asimismo, los documentos incorporados al expediente vincularían la creación del "Escuadrón" con el ajusticiamiento del ex agente de la CIA, Dan Anthony Mitrione por parte del MLN-T. "La vinculación entre estos hechos no puede afirmarse, pero las fechas y la proximidad entre los integrantes del Escuadrón y Mitrione acentúan esta percepción", explicaron las fuentes.
El dictamen del fiscal identifica entre 10 y 12 ex integrantes de la organización con participación en los atentados, cómo se consolidó la organización, centros de reunión y capacitación y su metodología de acción, expresaron.

Las víctimas
La investigación judicial liderada por la jueza Eustachio se sustanció por la desaparición del estudiante Héctor Castagnetto en agosto de 1971. Sin embargo, la abundante prueba recabada implicó que la Fiscalía incluyera en la indagatoria casos conexos a ese crimen, como la desaparición de Abel Ayala y los asesinatos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez.
Los pormenores del accionar de la organización parapolicial comenzaron a quedar al descubierto en 1972 con el testimonio del ex fotógrafo policial y ex agente de la CIA, hoy en Argentina en proceso de extradición, Nelson Bardesio, durante su detención en la Cárcel del Pueblo.
Bardesio narró al MLN con lujo de detalles cómo se realizó el operativo de secuestro y desaparición de Castagnetto. En ese testimonio, Bardesio sostuvo que Sofía, Freitas y dos oficiales entrenados en Brasil fueron los partícipes del secuestro, tortura y desaparición del joven.
El secuestro de Bardesio tuvo una respuesta directa del "Escuadrón".
El cuerpo de Ibero Gutiérrez fue abandonado en un baldío cerca de la intersección de Camino de las Tropas y camino Melilla, con fracturas múltiples y 13 impactos de bala. A su lado, un cartel decía: "Vos también pediste perdón. Bala por bala. Muerte por muerte. Comando Caza Tupamaros".
Treinta y siete años después de este hecho, los responsables de aquellos crímenes podrían ser procesados por la Justicia. El hecho pudo concretarse mucho antes, cuando el diputado de la Izquierda Democrática Independiente (IDI), Nelson Lorenzo Rovira, presentó en mayo de 1987 estos casos ante la Justicia
Sin embargo, el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, ordenó el archivo de las actuaciones alegando que estos crímenes estaban amparados en la Ley de Caducidad, pese a ser anteriores al golpe de Estado de 1973.
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Superaron el 10% del padrón electoral
280 mil 103 rúbricas contra la impunidad
Habrá plebiscito en octubre.
Aquí están. Ayer la Comisión exhibió las más de 280 mil papeletas.
Ya superado el mínimo requerido por la Constitución Nacional para habilitar un plebiscito que anule la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, los activistas contra la impunidad inician hoy el tramo final de la campaña para alcanzar 300 mil firmas y compensar posibles invalidaciones.
"Este fin de semana vamos a juntar las últimas 20 mil, ya totalmente seguros de que llegamos a las 300 mil", anunció Luis Puig, uno de los integrantes de la Coordinadora Nacional contra la Ley de Impunidad, y actual secretario de la comisión de Derechos Humanos de la central de trabajadores.
El PIT CNT tiene previsto realizar entre sábado y domingo la doble jornada nacional de recolección de firmas que fue aprobada por la Mesa Representativa a propuesta de su Secretariado Ejecutivo.
Durante la movilización sindical se desplegarán brigadistas por los 19 departamentos del Uruguay. "Ya pasamos el mínimo establecido por la Constitución, una cantidad que ronda las 250 mil firmas, el equivalente al 10% de los ciudadanos que están inscriptos en el padrón electoral, y que están habilitados para votar", explicó Puig, convencido que las 20 mil firmas se juntarán el fin de semana.
Ayer, los activistas de la coordinadora nacional exhibieron 280 mil 103 firmas conservadas en más de 30 cajas que contienen más de siete mil paquetes con unas 40 papeletas cada uno. El histórico evento ocurrió a las 11:30 horas en el local de la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap).
Puig convocó a "los uruguayos demócratas" a sumarse a la jornada del fin de semana, y mantener "el ritmo muy alto de recolección" que se constató en las últimas semanas para que la anulación de la ley sea "un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado" y "un nunca más a las dictaduras".
La impactante exhibición de las papeletas fue realizada en la Sala del Consejo Federal de Fancap, en avenida Agraciada 2522 esquina Francisco Caraballo, ante numerosos periodistas, fotógrafos y camarógrafos de todos los medios de comunicación que asistieron a registrar el histórico momento.
Todas las papeletas, (recolectadas con sus respectivas firmas y con los correspondientes números de serie), serán entregadas el viernes 24 de abril, ante la Asamblea General, en una ceremonia que movilizará a miles de activistas sociales en "un gran abrazo simbólico" al Palacio de las Leyes. Con posterioridad, las rúbricas estampadas en las papeletas serán sometidas a un ya cuestionado proceso de revisión en la Corte Electoral
Fuente: www.larepublica.com.uy



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Lesa humanidad: la lista completa de los procesados en el país
El Ministerio Público Fiscal presentó un informe con la nómina detallada de las 556 personas procesadas por la Justicia por violaciones a los derechos humanos en todo el país. Quiénes son los imputados que ya están en condiciones de ir a juicio oral
Informe completo delMinisterio Público Fiscal 557.35 Kb.

La Procuración General de la Nación presentó la lista completa con los nombres de las 556 personas procesadas en todo el país por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el último gobierno de facto.
En la nómina aparecen los ex integrantes de la Armada Eduardo Massera, Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Scheller, y los ex miembros del Ejército Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone y Antonio Domingo Bussi, entre otros cientos de militares retirados.
Los casos se encuentran concentrados en 16 jurisdicciones del país. Hay varios procesados cuyos nombres figuran en más de una causa y algunos de ellos registran más de un procesamiento en un mismo expediente.
La información, elaborada por la la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal, comprende además datos sobre fechas de las resoluciones respectivas de primera instancia y cámara, y de autos de requerimiento de elevación a juicio y de elevación, entre otros datos.
Del total de procesados se puede distinguir, por un lado, un subconjunto de 182 imputados que ya cuentan con al menos una causa transitando la etapa de juicio y, por otro, un grupo de 130 que alcanzarían en lo inmediato ese estadio procesal, dado que el Ministerio Público Fiscal ya ha formulado los correspondientes requerimientos de elevación a juicio.
Además, se advierte que de las 130 personas que transitan la etapa intermedia del proceso y que ingresarán próximamente a la fase de juicio oral 89 lo harán por primera vez.
Es importante destacar que luego de la anulación de las normas que impedían el juzgamiento y la sanción penal de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado se ha condenado a 41 imputados.
Fuente: www.cij.gov.ar

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Lesa humanidad: solicitan acumulación de causas en Mendoza
Fue solicitado por la Procuración General de la Nación a la Justicia federal de esa provincia. Asegura que la medida permitirá “lograr la agilización de las investigaciones y optimizar el manejo de las pruebas”. Documento completo
Documento completo 7784.65 Kb.
El Ministerio Público Fiscal solicitó a la Justicia Federal de Mendoza la acumulación de causas de lesa humanidad que tramitan en esa jurisdicción. En concreto, lo que propone es lo siguiente: - La elevación a juicio de todas las causas con procesamientos confirmados. - La acumulación de las causas que permanecen en instrucción en tres núcleos: a) las causas por hechos vinculados al Casino de Suboficiales, b) las causas vinculadas al centro clandestino de detención de "Las Lajas" y c) las causas correspondientes a otros lugares de detención, dentro de los cuales se destaca el Palacio Policial (D2). - Una vez concretadas las acumulaciones solicitadas, se incluya la imputación del delito de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal) para los integrantes de la estructura represiva que actuó en Mendoza.
La Procuración asegura que la medida permitirá “lograr la agilización de las investigaciones y optimizar el manejo de las pruebas”. Con este fin, elevó la solicitud a la Justicia federal, remarcando los inconvenientes en la tramitación por separado de las causas y las pautas para la unificación.
En la jurisdicción de Mendoza tramitan 116 procesos, que comprenden los casos de 245 víctimas, aproximadamente (un promedio de poco más de dos víctimas por expediente), cifra que surge de lo informado por las dos Fiscalías federales de la jurisdicción, en agosto último, a la Procuración.
De esas causas, ocho han sido elevadas a tribunal oral, nueve expedientes cuentan con requerimiento de elevación a juicio, once con procesamientos confirmados por la Cámara de Apelaciones, 20 con procesamientos en primera instancia (algunos con recursos en trámite ante la cámara) y 68 en los que la investigación está en estado embrionario (esto comprende tanto a aquellos en los que se recibieron declaraciones indagatorias, como a los procesos donde aún no se formularon imputaciones), destalla el escrito.
Entre los expedientes que comprenden el pedido se encuentran, entre otras, las causas relacionadas con los hechos ocurridos en el Casino de Suboficiales, dirigido por personal del Ejército y la Fuerza Aérea, y las detenciones en el Campo Las Lajas, también a cargo de la Fuerza Aérea.
-- Fuente: www.cij.gov.ar
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Primer juicio oral Campo de Mayo

El Tribunal Oral de San Martín le aseguró a Remo Carlotto que no habrá restricciones para la prensa

En el marco de las visitas que realiza el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso de la Nación, el Diputado Nacional Remo Carlotto (FPV), se entrevistó con los Jueces Héctor Sagreti, Lucía Larrandart y Marta Milloc, integrantes del Tribunal Oral N° 1 del Juzgado Federal de San Martín. En el encuentro se abordaron los detalles que hacen a la organización del primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos en Campo de Mayo; lugar que funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura.
Los integrantes del Tribunal Oral N 1 del Juzgado Federal de San Martín se comprometieron a permitir la difusión del juicio y a respetar la privacidad de los testigos, a diferencia de la actitud tomada por los integrantes del Tribunal Oral Federal N 5 de la Capital Federal, quienes restringieron el acceso a la prensa y prohibieron la utilización del característico símbolo de lucha que son los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo.. El Diputado Nacional Remo Carlotto dijo que: “Cuando la justicia se compromete y el poder político respalda podemos terminar con la impunidad de los genocidas”.
Buenos Aires, Viernes 17 de abril
Contacto: Luz 011-15 59489518


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Juicio Campo de Mayo: cuáles son las pautas para la cobertura periodística
EL 27 de abril comienza el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en el instituto militar durante el último gobierno de facto. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de San Martín difundió el reglamento. Documento completo
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Comenzará el lunes 27 de abril a las 9, en Sala de Audiencias de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Martín (Av. Balbín 1753, San Martín, provincia de Buenos Aires) el juicio oral y público por la causa “Riveros, Santiago Omar y Otros s/inf. Art. 151 y otros del CP (Caso 145 Pereyra de Avellaneda I. y Avellaneda, Floreal)”, que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín.
El hecho que se le imputa entre otros a Riveros, quien fuera Comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, sucedió el 15 de abril de 1976. Se trata de la privación ilegal de la libertad de Iris Pereyra de Avellaneda y de Floreal Avellaneda, la imposición de tormentos a ambos y el homicidio de éste último, cuyo cadáver apareciera en las costas de Uruguay el 14 de mayo del referido año. Su madre, en tanto, fue puesta a disposición de Poder Ejecutivo y permaneció en esa condición hasta junio de 1978.
La causa tiene también como imputados a Osvaldo. J. García, que estaba a cargo de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo; a César A. Fragni y Raúl H. Harsich, quienes se desempeñaban en la citada Escuela; a Fernando E. Verplaetsen, Jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares; y a Alberto J. Aneto, Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien cumplía funciones en la Comisaría de Villa Martelli.
El Tribunal a cargo del proceso está integrado por los doctores Lucila E. Larrandart, quien presidirá el juicio, Marta I. Milloc y Héctor Sagretti.
Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
Para leer el reglamento de cobertura periodística, descargue el documento adjunto.Fuente: www.cij.gov.ar

EL PAIS › A 33 AñOS DEL ASESINATO DEL ADOLESCENTE DE 15 AñOS QUE FUE SECUESTRADO EN 1976
El caso de Floreal Avellaneda llega a juicio
El general Santiago Omar Riveros, como máximo responsable de Campo de Mayo, y otros cinco represores serán juzgados a partir del lunes 27 por el asesinato del joven secuestrado junto a su madre.

Iris, la madre de Floreal, dio ayer una conferencia de prensa.
Floreal Avellaneda tenía 15 años cuando un grupo de tareas del Ejército se lo llevó de su casa de Munro junto a su madre. Su cuerpo apareció flotando en la costa uruguaya del Río de la Plata dos meses después, atado de pies y manos, con una profunda herida en una pierna, junto a otros siete cadáveres. Era mayo del ’76 y la aparición de cuerpos en el río todavía era una novedad que la dictadura uruguaya no sabía cómo manejar; de hecho, los militares permitieron que los diarios los fotografiaran y publicaran la noticia, con la versión de que se trataba de muertos de una pelea con un pesquero coreano. Así, el padre de Floreal pudo identificar a su hijo y reconstruir la historia que ahora, treinta y tres años después, llegará a juicio oral. Las audiencias comenzarán el próximo lunes 27; entre los primeros testigos en declarar estarán Iris Avellaneda, la madre de Floreal, sobreviviente del centro clandestino de detención de Campo de Mayo, y Floreal padre.
Iris dio ayer una conferencia de prensa sobre las audiencias en las que serán juzgados el general Santiago Omar Riveros y otros cinco represores. La madre de Floreal, de 70 años, pidió “rodear el juicio de movilización popular” y dijo que se sentía “en un momento muy conmovedor, con una mezcla de alegría y tristeza”.
En el proceso, junto con Riveros, que era el responsable de Campo de Mayo cuando sucedieron los hechos, también será juzgado Alberto Angel Aneto, el ex principal de la comisaría de Villa Martelli que la secuestró junto con su hijo y luego la torturó. Los otros acusados son el general Fernando Exequiel Verplaetsen, Osvaldo Jorge García, Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni.
Este es el primer caso que llega a juicio oral sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en la jurisdicción de Campo de Mayo; se realizará en los Tribunales de San Martín, ubicados en Balbín 1753, los días lunes, miércoles y viernes desde las 9. La primera audiencia está prevista para el lunes 27 de abril, a las 9.30. El domingo previo habrá una vigilia organizada por las juventudes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la CTA, Libres del Sur, la Federación Juvenil Comunista y el Partido por la Democracia y la Equidad.
En la conferencia de prensa se denunció que continúa sin protección María Soledad Larugga, quien fue amenazada hace quince días tras participar en un acto por Floreal Avellaneda; los organismos presentes se quejaron de que “ni el juez federal de Morón ni el Ministerio de Justicia de la Nación dispusieran medidas para protegerla”.
La abogada Liliana Mazzea, de Justicia Ya, valoró que el caso sea el primero en llegar a juicio oral de la megacausa de Campo de Mayo, pero señaló que la fragmentación que implica abrir causas por víctimas y no por centro clandestino “es la causa principal del atraso en lograr justicia y además dificulta la visión de lo verdaderamente ocurrido”. También acompañaron a Iris en la rueda de prensa Jorge Brioso (abogado de la querella), Patricio Echegaray (PC), Graciela Rosenblum y José Schulman (de la Liga). Carlos Zamorano, abogado del Partido Comunista, destacó que esta es la primera vez que un partido político es reconocido como querellante en un juicio por terrorismo de estado; “ese derecho le corresponde al Partido Comunista, no sólo porque entre sus afiliados se encuentran victimas de la dictadura, sino porque es un deber y un derecho de todo partido político defender los derechos humanos”.Fuente: Pagina12-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

PIDEN EL JUICIO DE LA MEGACAUSA DE EX ARSENALES
En un año, Bussi sería juzgado por primera vez como autor material de un asesinato




El fiscal Ferrer pide que los represores sean juzgados por los crímenes cometidos en el mayor centro de exterminio que funcionó durante la dictadura.


La megacausa que concentra los delitos de lesa humanidad cometidos contra 70 víctimas en el predio militar donde funcionó el mayor centro de exterminio del norte argentino durante la última dictadura militar, ya está en manos del juez federal Daniel Bejas. A pedido del fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, ahora el magistrado debe decidir sobre la elevación del expediente al Tribunal Oral. Cuando llegue al debate oral y público, Bussi, por primera vez, será juzgado como autor directo de un homicidio calificado. En este caso, contra dos víctimas: Luis Falú y Ana María Corral. Por el resto de los delitos, también se sentarán en el banquillo de los acusados, Menéndez, Zimmermann y Cattáneo.
A principios de 2010, el represor Antonio Domingo Bussi sería juzgado por primera vez como autor material de un fusilamiento, en esta oportunidad, de dos víctimas de la última dictadura militar. El fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, firmó el lunes pasado el requerimiento de elevación a juicio oral y público de la megacausa del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, el centro de exterminio más grande del norte argentino que operó en jurisdicción militar durante los años negros de los ’70.
El voluminoso expediente, que concentra los casos de unas 70 víctimas, ya está en poder del juez federal subrogante Nº1, Daniel Bejas, quien ahora deberá correr vistas a las defensas de los imputados y a los querellantes; y luego de resolver los distintos planteos decidirá sobre su envío al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Allí justamente ya está tramitándose el juicio por la megacausa de la ex Jefatura de Policía, el primer expediente sobre un centro clandestino de detención que llegará a la sala de audiencias (se estima que en agosto próximo comenzará el debate).
Además de que ex Arsenales representa el centro de mayor exterminio que hubo en la región, por primera vez Bussi sería juzgado como autor directo de un homicidio calificado. Esta vez, contra Luis Falú y Ana María Corral. Según los testimonios que se registraron en la Justicia Federal, Falú fue asesinado con un arma de fuego usada por Bussi en el ex Arsenal. El hermano del ex diputado nacional y ex ministro de la gestión de Ramón Ortega, Ricardo Falú, era estudiante del profesorado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y desapareció el 14 de setiembre de 1976; cuando fue secuestrado y llevado a ese predio militar. La misma suerte corrió la mujer.
En esta megacausa, encabezada por el caso del poeta desaparecido Julio César Campopiano, también están procesados Luciano Benjamín Menéndez (ex jefe del III Cuerpo del Ejército), Alberto Cattáneo (ex jefe del Destacamento 142 de Inteligencia y coordinador de la denominada Comunidad de Servicios de Inteligencia) y Mario Alberto Zimmermann (ex jefe de la Policía entre abril de 1976 y junio de 1977). Todos, incluido Bussi, están procesados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y torturas, todos considerados crímenes de lesa humanidad tipificados en el derecho penal internacional. En cuanto al ex policía Roberto “Tuerto” Albornoz, solo está procesado por el caso Bianchi.
“La prueba más importante del genocidio”
“Arsenales fue el centro de exterminio más grande del norte (cientos de personas oriundas de distintas provincias) dentro de Jurisdicción militar, que operó como tal desde 1976 a 1981. Representa la prueba más importante del genocidio, la que fue investigada desde 1983 sin pausas hasta el presente”, recordó a fines del año pasado Laura Figueroa, una de las abogadas querellantes en la megacausa.
“Este CCD refleja la sistematización de los hechos, la actividad criminal del personal militar, de gendarmería y de civiles, demostrando cual fue el circuito del horror”, agregó la letrada, quien se mostró convencida de que la muerte de cientos de personas se encuadra en el marco del delito de genocidio.

Fuente: www.primerafuente.com.ar
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SANTA FE › HIJOS RECUSO A LA CAMARISTA LAURA COSIDOY
La amiga de Galtieri
Tras declarar a Rosario/12 que el dictador le salvó "la vida", los abogados de HIJOS consideraron que "existe una situación objetiva que afecta su imparcialidad en el proceso judicial".

Cosidoy declaró a este diario que no podía "juzgar la conducta de Galtieri".


Por José Maggi
Los abogados de HIJOS recusaron ayer a la camarista federal Laura Inés Cosidoy, como miembro del Tribunal Oral Nº1, que juzgará las dos primeras causas del terrorismo de estado, con una copia de la entrevista que la magistrada brindara a Rosario/12 el 15 de marzo en la que confesaba su "relación amistosa" con el general Leopoldo Galtieri.
Lucas Ciarniello, Nadia Schujman y Ana Oberlin, abogados representantes de los querellantes Eduardo Toniolli, Alicia Gutiérrez, Cecilia Nazabal, Fernando Dussex y Sebastián Alvarez, en la causa Pascual Guerrieri recusaron a la jueza Cosidoy "por entender que existe una situación objetiva que afecta su imparcialidad en el proceso judicial, lo que conculca derechos reconocidos por los artículos 18 de la Constitución Nacional, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a contar con un Juez imparcial e independiente para la resolución de las pretensiones de esta parte en el proceso de referencia, y asimismo, presenta una situación que violenta la propia actuación de la magistrada".
Según la presentación Cosidoy había presentado el 27 de diciembre de 2007 una solicitud de excusación para intervenir en la causa Quinta de Funes. Allí, la magistrada expresó: "Los motivos de la inhibición fincaron en la violencia moral que provocaría mi actuación como juez por haber intervenido como Defensora Pública Oficial, en el período comprendido entre los años 1976 a 1983, en casi la totalidad de las causas por infracción a la ley 20.840 y otras disposiciones penales vigentes en ese lapso". Y agregaba: "En mi función que incluyó una visita mensual a todos mis entonces defendidos en sus respectivos lugares de detención, desde que fueran aprehendidos y que, más allá de constar o no en los diversos expedientes judiciales, me fueron confiadas ?por ellos y por sus familiares? dejando distintas e indelebles huellas en mi espíritu". Sin embargo esa solicitud fue rechazada el 26 de febrero de 2008.
Días después, recuerda la recusación, "el día 15 de marzo de 2009, fue publicada en el diario Rosario/12 (suplemento local del diario nacional Página/12) una entrevista a la magistrada, realizada por el periodista José Maggi. En la misma, la jueza efectuó consideraciones que afectan claramente su imparcialidad objetiva".
En esa entrevista, al ser consultada por las razones de su excusación dijo: "En los escritos que presenté cuento las cosas que he vivido como defensora oficial federal. Eso sólo vale para que me recusen, y para que entiendan que emocionalmente es muy difícil generar en las partes esa seguridad de imparcialidad que las partes tienen que tener".
En esa misma entrevista recuerdan los abogados preguntada por su relación con Leopoldo Fortunato Galtieri dijo: "...creo además que le debo la vida a Galtieri, porque para el resto de los que eran las fuerzas de operaciones que integraban militares y policías, mi cabeza no valía dos pesos. Se han inventado muchísimas historias en relación a Galtieri y a mí, pero también se inventaron con jefes de policía y con ministros. Realmente no me importa, porque sé el respeto que yo tuve y la conducta mía, así que en ese sentido estoy absolutamente tranquila, y no tengo ningún derecho a negar que era escuchada al punto de que me salvó la vida".
En la misma nota Cosidoy había expresado: "Yo soy muy arbitraria en ese sentido, y cuando están involucrados mis sentimientos no puedo juzgar. Te quiero o no te quiero, y no te juzgo. No puedo juzgar la conducta de Galtieri".
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El paísViernes, 17 de Abril de 2009
EL FISCAL MARIJUAN IMPULSO UNA DENUNCIA CONTRA DOS JUECES DE LA CAMARA DE CASACION
Dos magistrados en aprietos
Los camaristas Luis García y Guillermo Yacobucci, que ordenaron la liberación de una veintena de represores, serán investigados penalmente. Están acusados de prevaricato, es decir, dictar fallos contrarios a derecho.

El fiscal Guillermo Marijuán avaló una denuncia de los abogados Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón.
Dos camaristas de la Cámara de Casación que dieron su aval para excarcelar a cerca de veinte represores procesados por su actuación en la ESMA serán investigados penalmente. Así lo definió el fiscal Guillermo Marijuán, al dar impulso a una denuncia presentada por abogados de organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención. Los jueces denunciados, Luis García y Guillermo Yacobucci, deberán responder por prevaricato, la figura prevista para el dictado de fallos contrarios a derecho.
García y Yacobucci, como jueces subrogantes de la Sala II de Casación, concedieron en diciembre la excarcelación de Jorge “el Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Francisco Cardo y Raúl Jorge González, entre otros imputados. En el fallo, los dos camaristas concedieron este beneficio a los procesados, por considerar que estuvieron presos sin condena más tiempo del razonable. Los represores, de todas formas, no llegaron a ser liberados porque el fiscal Raúl Plee apeló y frenó la medida.
La ley prevé que un imputado puede estar preso dos años sin condena, más un tercer año en carácter de prórroga, aunque en caso de que jueces y fiscales lo consideren necesario, por el peligro de fuga o de obstaculizar la investigación, es posible que se dispongan plazos de prisión extraordinarios.
El eje de la denuncia penal contra García y Yacobucci es que dos de los represores, Cardo y González, fueron beneficiados con el fallo de excarcelación, aunque llevaban con prisión preventiva sólo dos años y medio, es decir que no habían superado los tres años establecidos como máximo en la ley. La demanda fue presentada por un grupos de abogados encabezados por María Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, y las sobrevivientes Delia Barrera y Graciela Daleo.
La causa quedó radicada en el juzgado de Claudio Bonadío quien, tras recibir el dictamen de Marijuán, ordenó las primeras medidas, solicitando las resoluciones cuestionadas y los votos de los jueces.
El juicio oral por la causa ESMA comenzará el 6 de octubre, con dieciocho procesados entre los cuales están Alfredo Astiz y el Tigre Acosta. En cambio, Francisco Cardo y Raúl Jorge González, los dos acusados por cuyas excarcelaciones se abrió la investigación de prevaricato contra los camaristas, no serán juzgados en este primer tramo. El abogado Rodolfo Yanzón señaló que es probable que se agreguen en unos meses; “el juicio oral comenzaría con la prueba sobre ciento veinte casos, y a medida que vaya avanzando esperamos que se incorporen al juicio otros tramos de la investigación, por lo que creemos que de acá a un año Cardo y González pueden ser llevados al juicio oral”.
Contra los dos camaristas también se tramita una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, el organismo que puede decidir el cese de su subrogancia. El caso fue llevando ante el Consejo también por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, quien incluyó en su denuncia a otros jueces de Casación por hechos similares.
La Cámara de Casación Penal ha sido objeto de numerosas denuncias por las demoras en los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. De hecho, el expediente ESMA estuvo cuatro años paralizado en Casación cuando la presidía Alfredo Bisordi, quien renunció al tribunal y se convirtió en abogado defensor de represores.

PEDIDO DE CASACION POR LOS JUICIOS A REPRESORES
Para espabilar a Sus Señorías
Dos semanas después de reasignar los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que hacían cola en el Tribunal Oral Federal 5, un plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió solicitar a los cuatro tribunales orales porteños que recibieron las causas que informen en no más de veinte días la fecha probable de inicio de las audiencias. El pedido apunta a “asumir la responsabilidad funcional de tratar de acelerar los juicios seguidos por violaciones a los derechos humanos”. Casación también resolvió dejar sin efecto su decisión de incorporar en el TOF-4 –que juzga la tragedia del avión de LAPA– al juez federal de Tierra del Fuego, Roberto Spratt, en reemplazo del subrogante Jorge Gorini, que continuará en el cargo.
A más de un lustro de la reapertura de las causas, el único represor condenado por su actuación en la órbita del Primer Cuerpo es el policía Julio Simón, alias Turco Julián, que además tiene sentencia firme de la Corte Suprema. En marzo, el TOF-5 comenzó a juzgar al general Jorge Olivera Róvere y semanas después se sumaron cuatro ex jefes de áreas militares porteños. De no surgir imprevistos, como la remoción de algún miembro del tribunal (ver aparte), el juicio concluirá en septiembre. El 6 de octubre está previsto el comienzo del proceso más importante desde el Juicio a las Juntas, con más de trescientos testigos y 18 represores de la ESMA en el banquillo, incluidos Alfredo Astiz y Jorge Acosta.
Justamente para evitar que el comienzo de los procesos a imputados que operaron en el Primer Cuerpo se postergara hasta 2010, y por recomendación de la Unidad Fiscal de Coordinación de causas relacionadas con el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, los jueces de Casación se reunieron el 31 de marzo en acuerdo extraordinario “de urgencia” y ordenaron la reasignación de las causas en el resto de los tribunales federales porteños:
- La investigación por secuestros y torturas en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo quedó a cargo del TOF-2.
- Al TOF-3, actualmente al frente del juicio por los sobornos en IBM-Banco Nación, se envió la causa “Hospital Posadas”.
- La causa por los crímenes cometidos en el centro clandestino Vesubio, elevada parcialmente en julio pasado, fue encomendada al TOF-4.
- Y al TOF-6, que ya condenó al agente chileno Enrique Arancibia Clavel y la semana próxima dictará sentencia en el juicio al gendarme apropiador Víctor Enrique Rei, le asignó la causa por violaciones a los derechos humanos en La Pampa, que también formaba parte del comando de cuerpo a cargo del fallecido general Carlos Guillermo Suárez Mason.
Pedido de juicio político
La Asociación Madres de Plaza de Mayo pidió ante el Consejo de la Magistratura la remoción y juicio político de los miembros del Tribunal Oral Federal 5, por considerar que les negaron el derecho de presentarse como querellantes en el juicio de la ESMA. La presentación de Hebe de Bonafini y su abogado Eduardo Barcesat imputa a los jueces “mal desempeño en sus funciones”. “La Asociación acusa a los represores en función de la figura de genocidio. Otros querellantes que representan a víctimas optan por estrategias distintas, como acogerse a la doctrina de la Corte Suprema de calificar como crímenes de lesa humanidad, y otros acusan por el Código Penal”, explicó Barcesat. Bonafini dijo que existe una negativa a hablar de genocidio porque “tienen mucho compromiso con la dictadura” y “por eso pedimos que los destituyan, más allá de que no queremos abogados de otros organismos”.
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AL PRESIDENTE DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
DR. ALEJANDRO TASA


LA COMISION POR LOS JUICIOS VERDAD JUSTICIA Y MEMORIA ENCABEZADA POR: MADRES DE PLAZA DE MAYO LINEA FUNDADORA E H.I.J.O.S REGIONAL MAR DEL PLATA SOLICITAMOS A USTED LA APLICACIÓN DE LAS RECIENTES DISPOSICIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, REFERENTES A LA CELERIDAD DE LOS JUICIOS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.
PUNTUALMENTE PEDIMOS QUE SE IMPULSEN LAS SIGUIENTES CAUSAS QUE SE ENCUENTRAN RADICADAS EN VUESTRO DESPACHO:
1- CAUSA CARATULADA “MALUGANI, JUAN CARLOS Y OTROS S/ HOMICIDIO CALIFICADO” JEFES DE LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA AÑO 1976. ESTA CAUSA SE ENCUENTRA EN LA CAMARA FEDERAL DESDE EL 20.12.07.
2- CAUSA CARATULADA “NICOLAS CAFARELLO Y OTROS S/ SECUESTRO Y DESAPARICION DE JORGE NARIO-LILIANA PACHIANO” C.C.D LA CUEVA. ESTA CAUSA SE ENCUENTRA EN LA CAMARA FEDERAL DESDE EL 15.04.08.
3- CAUSA CARATULADA “FRIGERIO ROBERTO S/ DENUNCIA Nº 16436 SECUESTRO Y ASESINATO DE ROSA ANA FRIGERIO” C.C.D BASE NAVAL MAR DEL PLATA. CAUSA RADICADA EN LA CAMARA FEDERAL DESDE EL 11.11.08.
DEBEMOS RESALTAR QUE LOS CASOS RESEÑADOS SE REFIEREN A RECURSOS DE APELACION CONTRA LOS PROCESAMIENTOS DE LOS IMPUTADOS Y ES NECESARIA LA RAPIDA RESOLUCION DE LA CAMARA FEDERAL A LOS EFECTOS DE REQUERIR LA ELEVACION PARCIAL DE LAS CAUSAS A JUICIO.
LA MOROSIDAD DE LA JUSTICIA SOLO GARANTIZA IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS.
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DESAPARICION DE UN ESTUDIANTE EN 1976
Santiago: más problemas para el primer juicio por la represión
Los integrantes del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero plantearon su apartamiento para juzgar a ex militares y policías en la primera causa elevada a juicio oral por delitos de lesa humanidad en la década del 70. La decisión adoptada por Alberto Pravia, Eduardo López y Josefina Curi, de plantear su excusación a integrar el máximo tribunal, surge a raíz de que los camaristas tuvieron directa intervención en la instrucción de la causa, además de motivos de inhibición con algunos de los acusados. Se trata de la investigación realizada por la desaparición del estudiante Cecilio Kamenetzk, causa en la que se encuentran acusados los ex militares Jorge Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Bussi; los ex comisarios santiagueños Musa Azar, Miguel Tomás Garbi y Ramiro López. La excusación de los magistrados deberá ser resuelta por un tribunal designado por la Cámara de Casación Penal de la Nación. De acuerdo a la instrucción, Kamenetzky, estudiante de abogacía fue detenido el 9 de agosto de 1976, en su casa y tras permanecer varios días en el Departamento Informaciones Policiales (D2), fue alojado en el Penal de Varones.

Fuente: Diario Clarin, jueves

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Casación pide informes sobre fechas de nuevos juicios de DDHH
En una resolución firmada por todos sus miembros, la Cámara Nacional de Casación Penal solicitó a los tribunales orales de la Capital que, en un plazo de veinte dias, informen la fecha estimativa de inicio de juicios en las causas que fueron reasignadas
Resolución 282/09 37.54 Kb.
Resolución 279/09 61.9 Kb.
En el acuerdo general celebrado el último martes, la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió solicitar a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital a quienes se les reasignaron causas por violaciones a los derechos humanos, informen en el plazo de veinte dias la fecha probable de celebración de las audiencias de debate.
La nueva resolución 282/09 se enmarca en la reciente reasignación de causas impulsada por la cámara para acelerar las causas de lesa humanidad. Aquella medida había quedado formalizada mediante la resolución nº 236/09 por la cual el mismo cuerpo colegiado en pleno dispuso distribuir en otros tribunales orales cuatro casos en los que se investigan a integrantes del Primer Cuerpo del Ejército, radicados en el tribunal oral nº 5.
Subrogancias
En tanto, mediante la resolución 279/09, la Cámara de Casación dejó sin efecto la decisión de relevar de la subrogancia en el TOF nº 4 al juez Jorge Gorini, titular del Juzgado Nacional de Instrucción nº 36, así como también la incorporación a ese tribunal del juez federal de Tierra del Fuego Roberto Spratt, que había sido designado en reemplazo de Gorini.
Fuente: www.cij.gov.ar

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EL PAIS › LA CAUSA POR ESPIONAJE EN TRELEW PASARA AL JUZGADO DE RAWSON
El almirante Jorge Godoy, en aguas turbulentas

El almirante Jorge Godoy, al frente de la Armada desde 2003.

Por Werner Pertot
El fiscal de la Cámara de Casación Ricardo Wechsler dictaminó en favor de que la suerte del jefe de la Armada, Jorge Godoy, en la causa por espionaje ilegal en la Base Almirante Zar sea decidida por el juzgado federal de Rawson, donde se investigó la causa original. El proceso se estancó hace meses luego de una presentación del almirante que planteó que debía ser juzgado en los tribunales de Buenos Aires, lo que llevó a un conflicto de competencias. En tanto, hoy habrá una audiencia en la Cámara de Comodoro Rivadavia en la que el CELS solicitará que se revoque la falta de mérito al jefe del Armada.
El fiscal de Casación recordó que la Sala II de la Cámara Federal había fallado en favor de Godoy y había enviado la causa al juzgado de Daniel Rafecas, pero disintió con Sus Señorías y planteó que “corresponde que siga interviniendo el juzgado de Rawson”. Wechsler señaló que el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, tenía avanzada la investigación y que debería ser él quien continuara la pesquisa “para no provocar un grave retardo en la causa”.
Sastre le había dictado falta de mérito a Godoy, ya que consideró que no había suficientes pruebas para condenarlo o absolverlo. El CELS apeló la decisión y hoy tendrá una audiencia ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia –la misma que procesó al ex jefe del Ejército Roberto Bendini– en la que se solicitará que se revoque la falta de mérito de Godoy y del segundo de la Armada, Benito Rótolo. En la audiencia también se presentarán dos de los jefes navales que sí fueron procesados por Sastre, el capitán de navío Carlos Ruda y el contraalmirante Luis De Vicenti, que apelarán ese procesamiento.
La causa por espionaje ilegal en diversas bases navales empezó en marzo de 2006, con la denuncia del cabo Carlos Alegre, que integró el grupo de inteligencia de la Base Almirante Zar, pero se negó a cumplir las órdenes ilegales. La Justicia allanó las bases de Trelew y de Puerto Belgrano, en las que descubrió fichas sobre políticos, organizaciones sociales y derechos humanos. La ministra de Defensa, Nilda Garré, separó a dos de las principales autoridades de la Armada y cerró las oficinas de inteligencia de las bases. El proceso pasó por las manos de tres jueces y sufrió varias demoras, una de ellas cuando Godoy presentó una denuncia en la que reclamó un sistema de encriptamiento que supuestamente había sido secuestrado en un allanamiento. Finalmente, Sastre procesó a los 12 marinos imputados en la causa original. El juicio oral a los espías, sin embargo, está lejos de comenzar: la Cámara designó tres conjueces y todos se excusaron.
El CELS pidió que se indague al jefe de la Armada y al resto de la cúpula; en el caso de Godoy y de su segundo, Benito Rótolo, por haber firmado el Plan Básico de Inteligencia Naval (PBIN) 2005, que incluía los conceptos de “amenazas asimétricas” y de “comunicación institucional”, que avalaron el espionaje ilegal. El concepto de “amenazas asimétricas” incluía al terrorismo, narcotráfico y “cualquier otra cosa que como tal se manifieste” y con el de “comunicación institucional” habilitaba a los espías a investigar a quien pudiera afectar la imagen de la Armada.
Godoy se presentó a indagatoria luego de varias postergaciones e hizo un discurso político ante el juez. Planteó que “la Armada tuvo un papel protagónico en el período muy importante del siglo XX” y defendió el concepto de “amenazas asimétricas”: “Las instituciones armadas deben brindar seguridad a la sociedad (...) Una afectación de la seguridad también son las nuevas amenazas, que son equivalentes a las amenazas asimétricas: el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando de tecnologías sensitivas, etc.”, afirmó Godoy.
A la audiencia de hoy ante la Cámara de Comodoro Rivadavia es improbable que asista Godoy en persona, pero estarán seguramente los abogados del jefe y del vicejefe de la Armada. Los dos letrados pertenecen a Fores, una ONG que a comienzos de la democracia pidió que se mantuviera a los jueces de la dictadura. Lo que se dice, una línea de coherencia.
Fuente: Pagina 12, jueves

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SANTA FE › SON EXPEDIENTES QUE TIENEN 20 AñOS DE ATRASO EN ROSARIO
Dos causas, un solo juicio
La unificación de las causas "hace honor al principio de celeridad procesal", dijo una de las abogadas de la parte querellante.

El ex centro clandestino Quinta de Funes

Por José Maggi
La Justicia Federal decidió la unificación de dos causas que investigan el terrorismo de estado en la región. El tribunal Oral Federal Nº 1 integrado por Otmar Paulucci, Beatriz Baravani y Carlos Leiva, decidió unificar las causas "Quinta de Funes" y "Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu", más conocidas por los nombres que encabeza estos expedientes: Pascual Guerrieri y Jordana Testoni, respectivamente. Ambas tienen los mismos cinco imputados: además de Guerrieri, Eduardo "Tucu" Constanzo, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Pagano. La fecha de inicio es el lunes 31 de agosto a las 10.
Para Gabriela Durruty, abogada patrocinante en ambas causas, la unificación "hace honor al principio de celeridad procesal, mas aún teniendo en cuenta que estos expedientes tienen 20 años de atraso".
La letrada explicó que "en la práctica la unificación implica hacer un solo juicio donde se juzguen los hechos ocurridos en dos centros clandestinos por los que están imputados las mismas personas. En ambos expedientes las dos elevaciones a juicio eran parciales porque en estos centros de detención actuaron más personas, pero en ambas confluían los mismos imputados".
En este sentido cabe recordar que el 23 de febrero, el juez Marcelo Bailaque había elevado a juicio oral la causa "Jordana Testoni sobre Privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos y homicidio", por los hechos ocurridos en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu y el centro clandestino que funcionó en el lugar.
Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Eduardo Rodolfo Constanzo y Walter Salvador Dionisio Pagano, ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, están imputados por los homicidios de Ariel Morandi y Susana Miranda y siete casos de privación ilegal de la libertad, amenazas y tormentos.
La investigación continúa en relación a los restantes imputados: Ariel Zenón Porra, alias Puma, Alberto Enrique Pelliza (señalado por Constanzo como partícipe en vuelos de la muerte), Marino Héctor González, Rodolfo Enrique Riegé, Eugenio Zacarías, Enrique Jordana Testoni y Jorge Walter Pérez Blanco, el ex agente de inteligencia indemnizado por la Universidad Nacional de Rosario.
En cuanto a la causa Guerrieri la agrupación Hijos representa a los querellantes Fernando Dussex, Eduardo Toniolli, Alicia Gutiérrez, Sebastián Alvarez y María Cecilia Nazábal, a través de los abogados Nadia Schujman, Ana Oberlin y Lucas Ciarnelo. También es querellante la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Los imputados en la causa Guerrieri son los mismos que los de la causa Jordana Testoni de la fábrica de armas Domingo Matheu, porque participó el mismo grupo operativo, por lo cual para los abogados de Hijos habían adelantado este criterio de unificación en el debate oral.
El centro clandestino de detención conocido como la Quinta de Funes tomó estado público con la publicación del libro Recuerdos de la Muerte, del periodista Miguel Bonasso, quien se basa en el testimonio brindado por Jaime Dri. El militante finalmente logró escurrirse de las manos de sus secuestradores y huyó a Paraguay y luego a Panamá, donde está radicado. En la Quinta de Funes estuvieron "chupadas" dieciséis personas, además de Dri, quienes fueron torturadas y posteriormente desaparecidas.
Otro que logró escapar de aquel lugar de cautiverio fue el militante montonero Tulio Valenzuela ?pareja de la también secuestrada Raquel Negro?, quien se fugó en el marco de un operativo elucubrado por el general Leopoldo Galtieri ?por entonces comandante del II Cuerpo del Ejército? para asesinar a la cúpula de Montoneros, que se hallaba exiliada en México. Después, Valenzuela cayó en la llamada Contraofensiva que lanzó Montoneros durante la dictadura.
Con respecto al lugar donde se llevarán adelante las audiencias, Durruty, tal como lo había señalado Nadia Schujman, advirtió que "en principio para el tribunal sería la sede natural que es en Boulevard Oroño al 900, por lo que esperamos que se cambie este destino ya que esa sala y su capacidad con no más de 20 personas sentadas atenta contra la publicidad de los juicios orales. No se puede decir que es un juicio público con sólo 20 personas asistiendo al mismo".
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Viernes 17 de abril 11 hs.
Entrevista de Remo Carlotto con el Tribunal Oral del Juzgado Federal de San Martín
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso de la Nación, el Diputado Nacional Remo Carlotto (FPV), se entrevistará con los Jueces Héctor Sagreti, Lucía Larrandart y Marta Milloc, integrantes del Tribunal Oral N 1 del Juzgado Federal de San Martín. En el encuentro se abordarán los detalles que hacen a la organización del primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos en Campo de Mayo; lugar que funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura.
Será el 27 de abril cuando los ex generales Santiago Omar Riveros, Ernesto Verplaesten y cuatro represores más, se sienten en el banquillo. Todos están acusados por delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por abuso de función pública, secuestros, torturas y homicidios.
Contacto: María Luz López Alcala 011-15 59489518
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COMUNICADO DE PRENSA



JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DEL "NEGRITO" AVELLANEDA


LOS ABAJO FIRMANTES CONVOCAMOS A LA CONFERENCIA DE PRENSA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON MOTIVO DE LA INMINENTE APERTURA DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO CONTRA SANTIAGO OMAR RIVEROS Y CÓMPLICES.
SE TRATA DEL 1º JUICIO DE LA MEGACAUSA DE CAMPO DE MAYO, EN EL QUE SE TRATARÁN LOS CASOS DE IRIS PEREYRA DE AVELLANEDAY DE SU HIJO FLOREAL 'NEGRITO' AVELLANEDA
LA CONFERENCIA SE REALIZARÁ EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN JUDICIAL BONAERENSE DE SAN MARTIN, SITO EN JUÁREZ 4447, SAN MARTÍN, EL 17 DE ABRIL DEL CTE. AÑO A LAS 15. HS.
PARTICIPARAN DE LA MISMA, IRIS DE AVELLANEDA, LA COMISION DE QUERELLANTES DE CAMPO DE MAYO, JUSTICIA YA! Y OTRAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS, SOCIALES Y POLITICAS, Y LOS Dres. JORGE BRIOSO, CARLOS ZAMORANO, GUADALUPE GODOY, SABRINA DENTONE, LILIANA MAZEA.

Firman:
COMISION DE QUERELLANTES DE CAMPO DE MAYO
IRIS Y FLOREAL AVELLLANEDA
JUSTICIA YA!
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
PARTIDO COMUNISTA


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Lesa humanidad: dieron a conocer los fundamentos de condena en San Luis
El Tribunal Oral Federal de esa provincia expuso las razones por las que, en marzo último, sentenció a cadena perpetua a cinco ex militares y policías por violaciones a los derechos humanos. Todos cumplirán la pena en cárceles comunes. Fallo completo
Fallo completo 3664.44 Kb.

El Tribunal Oral Federal de San Luis dio a conocer los fundamentos del fallo que condenó, en marzo último, a cinco militares y policías retirados a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto, pena que deberá ser cumplida en cárceles comunes.
Los cinco condenados son los ex militares Miguel Ángel Fernández Gez y Esteban Plá, y los ex policías David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Orozco. Todos debieron escuchar, este martes, la lectura de las más de 600 carillas que contiene en fallo.
El juicio duró casi cinco meses y fueron alrededor de 80 testigos los que declararon en la sala de audiencias del tribunal. Fue la primera condena en 2009 por delitos contra los derechos humanos.
-- Fuente: www.cij.gov.ar
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COMUNICADO DE PRENSA
La Corte Suprema miente y amordaza a Justicia YA!
La Corte Suprema acaba de ratificar la resolución del TOF 5 por la cual el colectivo Justicia YA! es dejado sin abogados propios en todos los juicios orales que se sustancien en el futuro en la Capital Federal. Aunque el fallo de la Corte se refiere solo al tramo en que se investiga el secuestro de Rodolfo Walsh, los fundamentos indican que los fallos venideros, respecto del resto de la causa ESMA y de toda la del Primer Cuerpo, tendrán la misma suerte.
Justicia YA! es un colectivo integrado por veintisiete organizaciones, muchas de ellas son querellantes en las causas y además, sus abogados patrocinan a numerosas víctimas particulares, y todas trabajan activamente en los procesos aportando un enorme caudal de pruebas de lo ocurrido en cada campo de concentración.
La Corte proscribe a este colectivo y lo hace bajo el perverso y mentiroso argumento de que nuestro pedido retarda los juicios. Afirmamos categóricamente: ni este juicio oral ni ningún otro se ha atrasado siquiera un día por haber reclamado –como colectivo de querellantes con posiciones político-jurídicas distintas a los demás- nuestro legítimo derecho a tener abogados que nos representen en los debates.
Este derecho ha sido reconocido y defendido por todos los querellantes de la causa ESMA a quienes sí se les dio la posibilidad de tener abogados propios, específicamente por Patricia Walsh y su abogado Marcelo Parrilli quienes suscribieron un pronunciamiento en ese sentido dirigido a la Corte, al igual que Víctor Basterra y el matrimonio Brodsky. Además lo firmaron Horacio Verbitsky, Víctor De Gennaro, Ricardo Peidro, Nora Cortiñas, Marta Maffei, Osvaldo Bayer, Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Pino Solanas, Víctor Heredia, Daniel Feierstein, Herman@s, MEDH, Carlos Slepoy, León Rozitchner y la diputada Victoria Donda, entre otros centenares de personalidades y organizaciones.
Si nuestro pedido es justo, si tiene antecedentes que lo avalan y no entorpece ni demora las causas, ¿por qué se desestima? ¿por qué nos proscriben? La respuesta es simple. El colectivo Justicia YA! molesta; porque pide condena por genocidio (y ya consiguió dos); porque exige que se procese a todos los represores y no –como sucede hasta ahora- a los pocos que ocupaban puestos de mando y siguen vivos, y a los menos que los sobrevivientes pudieron reconocer; porque pide que se incluya a todas las víctimas; porque insiste en que estas causas son del pueblo y que la representación colectiva de las organizaciones querellantes es tan importante como la de las víctimas individuales; porque se niega a aceptar que hay casos paradigmáticos; porque denuncia a los jueces que demoran las causas y a los que permiten que asesinen a los procesados para que no hablen; porque no admite que la lentitud de los juicios sea, como dice el Presidente de la Corte, “básicamente un problema organizativo” ni debida a la falta de jueces, de espacio o de computadoras; porque sostiene y demuestra que se trata de una decisión política: no destituir a jueces y fiscales cómplices de la dictadura, no juzgar el genocidio sino hechos aislados dejando en la impunidad a miles de represores.
Por todo eso la justicia amordaza a Justicia YA!
Convocamos a repudiar este fallo el martes 21 de abril a las 11:30 hs. enfrente de Tribunales, Talcahuano 550, poniéndonos todos una mordaza como la que la Corte le pone a Justicia YA!
Asociación Anahí; Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada ; Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Prov. de Bs. As.; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega ; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina; Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista; Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Familiares de Desaparecidos, La Plata ; Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); HIJOS La Plata ; HIJOS Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo, La Plata ; Unión por los Derechos Humanos, La Plata ; Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.Contactos de prensa: AEDD 1544303569 / LADH 1564416746justiciaya2004@yahoo.com.ar
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LAS CENIZAS DE MABEL GUTIERREZ FUERON ESPARCIDAS EN EL RIO DE LA PLATA
La despedida a una luchadora
Unas 300 personas participaron del homenaje a la presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, fallecida el viernes. “Se ha ido sin saber dónde está Alejandro, pero vamos a seguir exigiendo saber qué hicieron con él y los 30 mil desaparecidos”, dijo su hija.

Ana, la hija de Mabel Gutiérrez, ayer, en el Parque de la Memoria.
Las cenizas de Mabel Gutiérrez, presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, fallecida el viernes, fueron esparcidas ayer en las aguas del Río de la Plata, su último deseo. La ceremonia se hizo en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, que incluye el nombre de su hijo Alejandro, desaparecido en 1978, y concluyó cuando las 300 personas que se acercaron al Parque de la Memoria para despedirla arrojaron claveles al río.
Ama de casa, madre de cuatro hijos y concertista de piano hasta sus 47 años, cuando secuestraron a Alejandro, Mabel Gutiérrez se convirtió desde entonces en una de las máximas referentes de los organismos de derechos humanos. Por su capacidad reflexiva y lucidez, hasta sus últimos días delegaron en ella la redacción de documentos.
Alejandro, de 25 años, fue secuestrado el 24 de julio de 1978 en Tolosa, cerca de La Plata, donde militaba. Fue visto por última vez en el centro clandestino La Cacha. De inmediato su mamá abandonó el apellido de soltera, pasó a llamarse Mabel Gutiérrez para hacer público el orgullo por su hijo, y se integró a Familiares, el primer organismo de allegados directos de víctimas del terrorismo de Estado. “Alejandro me había hablado de Familiares, me mostró el camino”, contó alguna vez. Pese a que su hijo nunca fue legalizado en una cárcel, Gutiérrez comprendió desde el comienzo que eran razones políticas la causa tanto de miles de detenciones de la época como de los secuestros en centros clandestinos, y luchó a la cabeza de Familiares por la libertad de los presos políticos de la dictadura.
La despedida de ayer estuvo a su altura. Concurrieron al Parque de la Memoria sus hijos y nietos, representantes de organismos de derechos humanos, ex presos políticos, los nietos recuperados y hoy legisladores Juan Cabandié y Victoria Donda, y el ex subsecretario de Derechos Humanos Rodolfo Mattarollo. Ningún pudo evitar quebrarse al evocarla. Lita Boitano recordó que “este monumento fue uno de los sueños por los que luchó Mabel y contribuyó para que se concretara”. La despidió anhelando “salud para poder seguir viendo cómo se concretan sus sueños”. Mattarollo la definió como “una figura central del movimiento de derechos humanos en el país y en Latinoamérica”, recordó que “unía dos pilares básicos: el corazón y la razón” y destacó su papel en la Federación Latinoamericana y Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
“Le preocupaban los problemas de la infancia, la vivienda, la discriminación y pedía mayor capacitación para los organismos de derechos humanos”, resaltó María Elena Naddeo. “Quería llegar al Bicentenario con todos los represores en cárceles comunes”, se lamentó Juan Argüello en nombre de los ex presos políticos. Su hija Ana destacó que “se ha ido sin saber dónde está Alejandro, tenemos ese dolor, pero vamos a seguir exigiendo saber qué hicieron con él y con los 30 mil detenidos desaparecidos”.
Fuente: Pagina12

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From: Ines Izaguirre

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.

Queridos compañeros: Hoy estuvimos varios de nosotros en la despedida de Mabel Gutierrez, en el Parque de la Memoria,y esparcimos sus cenizas en el río y luego arrojamos rosas y claveles rojos. La ceremonia fue hermosa, emotiva, y hablaron todos sus compañeras y compañeros, su familia, sus amigos. Rodolfo Mattarollo le hizo una poesía, que leyó emocionado. Su hija menor, venida desde Barcelona, narró su vida anterior a la militancia, como mujer culta de médico cirujano, en Carlos Casares, como ama de casa impecable y tradicional pero solidaria con los pobres del pueblo, gran concertista de piano y madre inolvidable, hasta que se mudó a La Plata, donde secuestraron a su hijo Alejandro, y sus otros hijos debieron exiliarse. Y desde entonces se hizo militante en Familiares. En la oración que preside el Parque de la Memoria, donde dice que allí se recuerda “ A todos los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado “, a Mabel le cupo haber ganado las conciencias de quienes se oponían a incluir: “Y a todos los combatientes que cayeron luchando por los mismos ideales de justicia y la libertad”. Y así figura en la entrada del Parque.
Todos los que recordaron a Mabel destacaron no sólo su lucidez, su cultura, su enorme sensibilidad e inteligencia sino también su humildad, su perfil bajo, su ausencia de egocentrismo, dispuesta a la lucha y a debatir con serenidad con sus oponentes, esclareciendo sin descalificar. Un cuadro muy difícil de reemplazar en el movimiento de derechos humanos.
Por la APDH habló Aldo Etchegoyen, con palabras breves y justas, con su estilo obispal, que religa aún a quienes no somos creyentes. Me emocionó su “gracias a la vida…de Mabel” .
Con este breve recordatorio deseo que todos los que no pudieron estar participen de esta emoción que hoy sentí junto a mis compañeros. Inés Izaguirre.

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To: marialbarezz@hotmail.comSubject: Adios a una luchadoraDate: Mon, 13 Apr 2009 21:23:55 +0200
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy
Red por Derecho a la Identidad (Filial Jujuy)

Adiós a una Luchadora
En la mañana del 10 de Abril de 2009 falleció Mabel Gutiérrez, integrante de la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Capital federal. Mabel, luchadora incansable fue una de las pioneras y promotoras de los organismos de Derechos Humanos a Nivel Nacional y referente política de nuestra organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy
Con una lucidez impresionante y un compromiso político con la lucha por los 30000 desaparecidos y 10000 presos políticos y la ruta que le señalo Alejandro – su hijo desaparecido por la dictadura en el año 1977 – siempre mantuvo una actitud critica y reflexiva sobre las políticas de Derechos Humanos de los organismos en nuestro país y en Latinoamérica ya que fue una de las pioneras en la constitución de FEDEFAM – Federación latinoamericana de Familiares de Desaparecidos.
Su desaparición física deja un espacio imposible de llenar, su férrea defensa de la vida y los principios con la Verdad, la Memoria y la justicia constituyen un derrotero de 33 años de lucha inclaudicable que nutre y señala el camino a nuestra organización.
¡Mabel! Presente. Ahora y Siempre!-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Estimados amigos, colegas, compañeros:
Contamos con ustedes para hacer saber en cada lugar donde estén, adonde no llegamos, que nos preparamos para asistir a un juicio en Santiago, y que nos necesitamos.
Nuestro pedido:
-Difundan en cada colectivo que militen este proyecto de la Cátedra, envíen a sus direcciones.
-Aporten su conocimiento sobre los temas que planteamos, de la forma que puedan, si puede ser presencial, mejor.
envíen fecha tentativa para confeccionar cronograma.

haciendo memoria de la verdad, por justicia

Cátedra Libre de Derechos Humanos dHs
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (UNSE)
Hay un nuevo Messenger que tenés que conocer... ¡Mirá las novedades!-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS


CAUSA AREA PARANA Diario UNO 15/04/09

Cuatro de los seis testigos que concurrieron esta mañana al predio ubicado en la calle Pascual Uva, entre Lebenshon y General Espejo, reconocieron que en ese lugar había una casa que funcionó como centro clandestino de detención y torturas durante la última dictadura militar. Los dos restantes no lo descartaron.La medida de prueba se realizó por orden de la jueza Federal Myriam Galizzi, que lleva adelante la causa Área Paraná, en la cual se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona de la capital entrerriana durante la dictadura.“En el lugar se pudo contar con el relato de un vecino que en la época de los hechos era un niño que jugaba en la zona. Él pudo describir cómo era la construcción, actualmente tirada abajo. Surgen coincidencias muy precisas que corroboran las descripciones que hacían los testigos respecto de un baño redondeado, de una letrina y características del color de los pisos”, explicó la abogada del Registro Único de la Verdad, Marina Barbagelata.“Hubo testigos que estuvieron en el lugar una semana, otros dos días, algunos eran traídos por horas para la sesión de tortura e interrogatorios para luego ser restituidos a los calabozos del Batallón de Comunicaciones. Uno en particular fue llevado en muchas oportunidades, pero en una de ellas llegó en siete minutos, cuando en oportunidades anteriores lo había hecho en 40. Así pudo establecer que las demoras eran para desorientarlo respecto a dónde estaba”, comentó la abogada.Barbagelata contó que además “se hizo un recorrido por un camino secundario que da de avenida Ejército hacia el sur, continuando luego de Báez por camino de tierra da a esta construcción donde funcionan reparticiones municipales”.“Existieron otros centros clandestinos de tortura que aún no hemos detectado”, agregó la letrada en declaraciones a Canal 11 de Paraná.La denuncia de este CCD fue realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en octubre de 2004, y en ella se consignaba la posibilidad de que podría haber enterramientos clandestinos en el predio. En mayo del 2005 el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó excavaciones en el lugar, pero no halló restos óseos.
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El país / Edición Impresa

hugo Cañón, ex fiscal, ahora político
“Todavía hay jueces afines al Proceso”
Fue el primero en declarar la inconstitucionalidad de los indultos de Menem. Acaba de renunciar para sumarse a la fuerza que dirije Martín Sabbatella.

Gabriela Vulcano
10.04.2009

Correcto. Cañón asegura que sus amigos cuestionaron su paso a la política pero dice que está conforme con el desafío de acompañar a Sabbatella.

Los diversos embates a los que se enfrentó durante los 23 años al frente de la Fiscalía Federal de Bahía Blanca y las presiones que recibió cuando decidió convertirse en el primer fiscal en plantear la inconstitucionalidad de los indultos en 1989, lo han fortalecido para asumir ciertos riesgos. Hugo Cañón se animó a renunciar a su cargo para incorporarse a la agrupación Encuentro por la Democracia y la Equidad, que conduce el intendente de Morón, Martín Sabbatella, y no titubea en cuestionar al Poder Judicial. “Los jueces hacen lo que tienen que hacer, pero en la mínima expresión”, señala. Y asegura que muchos magistrados tienen un “compromiso ideológico con la dictadura” y que en la Justicia abundan los “nombramientos por razones de acomodo de la familia judicial”. –¿Por qué decidió dejar la Fiscalía Federal de Bahía Blanca e incursionar en el terreno político?–Hay ciclos en la vida. Los momentos más duros y difíciles fueron los de soledad, sobre todo cuando el menemismo me trató de expulsar cuando impugné los indultos en el 89. Ahora, los juicios están habilitados, se está transitando un camino de verdad y justicia, que es irreversible. Además, dejé una unidad fiscal bien montada en Bahía Blanca. Por eso ahora quiero concentrar mis conocimientos y trayectoria en la Comisión por la Memoria, para tratar de aportar para la democracia y la equidad desde el espacio de Martín Sabbatella. –¿Qué fue lo más difícil que le tocó afrontar como fiscal en una ciudad como Bahía Blanca? –Cuando me ofrecieron el cargo de fiscal de Cámara en Bahía Blanca, todos mis amigos me aconsejaron no aceptar. En ese momento, me manejé por un factor intuitivo que responde más a lo emocional que a lo racional. Todo eso lo asocio con este desafío, donde mis amigos de nuevo me dijeron que hago mal y yo siento que estoy dando un paso correcto. –¿Está de acuerdo con la política de derechos humanos del actual gobierno?–La política de derechos humanos no se puede circunscribir a los delitos de lesa humanidad. Si nos referimos a ese aspecto, veo mal que se contamine una política de derechos humanos –que debe ser política de Estado– con una búsqueda de rédito político coyuntural. En algunas oportunidades se hace algo en ese sentido. Luego, está la otra asignatura enorme: los derechos humanos de todas las demás categorías, como el derecho a la vivienda, la educación, la salud, etc.–Hace poco hubo entredichos entre la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo por la lentitud de los juicios vinculados con los delitos de lesa humanidad. –Ese chisporroteo fue útil en la medida en que sirvió para que se debata el tema. Pero, en realidad, no es una discusión muy profunda. Hubo aportes del Ejecutivo y se han hecho nuevos aportes. Se crearon cargos. Desgraciadamente, en algunos casos la Corte Suprema dejó a la discreción de los jueces los nombramientos sin supervisación y, muchas veces, se han hecho nombramientos por razones de acomodo de la familia judicial, al hijo del presidente de la Cámara, a la novia del hijo de la hermana del juez. – ¿En qué derivan esas decisiones?–Eso lleva a que se termina la hora y se quieran ir a la casa. A que no tengan interés, o a que no haya preocupación. Es la burocratización del Poder Judicial. Los jueces hacen lo que tienen que hacer pero en la mínima expresión. Con algunos fiscales pasa lo mismo. Hay otro factor importante, que es el compromiso ideológico que tienen muchos jueces con la dictadura. Hay jueces que han vivido para esclarecer lo ocurrido y otros que comulgan con los principios del Proceso de Reorganización Nacional. Hay camaristas que fueron defensores de los militares y dijeron que cobraron cinco mil dólares por mes del Estado Mayor del Ejército por cada militar que defendían. –Con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final comenzaron a ser juzgados muchos militares, ¿a qué otros sectores falta llevar al banquillo?–Habría que hacer una segunda etapa de abordaje de lo que fue el golpe cívico-militar. La Sociedad Rural que abucheó a Raúl Alfonsín fue la misma que sacó una solicitada de adhesión al golpe el 24 de marzo del 76. Hay muchos otros exponentes civiles, y su máximo exponente es Martínez de Hoz y los que elaboraron el plan económico junto a él. También los periodistas que tuvieron que ver con la dictadura, muchos de los cuales hoy se reciclaron como grandes demócratas; algunos miembros de la docencia, del ámbito universitario, gremial y de la Iglesia, ya que muchos jerarcas, como (Adolfo) Tortolo, Pío Laghi, Victorio Bonamín, han tenido una complicidad directa con la dictadura.Presiones y amenazasDespués de más de veinte años de trayectoria en la Justicia, el fiscal Hugo Cañón recuerda como uno de los momentos de mayor tensión el debate sobre la constitucionalidad de los indultos a los jerarcas de la dictadura que había firmado Carlos Menem. –¿Qué tipo de presiones tuvo cuando planteó la inconstitucionalidad del indulto?–Fueron terribles. A través de un telegrama de la Procuración vino la orden explícita de no cuestionar la decisión de Menem. Hubo sondeos para ver qué diría cada fiscal. Dije que aún no tenía posición tomada. Cuando hice público el dictamen, me citaron y el procurador hizo una tarea de seducción con insinuación de cargos en el exterior, si yo reveía mi posición. Como los torturadores, había uno que jugaba un rol de bueno y otro de malo. El que hacía de bueno era el procurador Oscar Roger y el que hacía de malo era el secretario de Justicia (César) Arias, que pidió el sumario para expulsarme. –¿Y los militares?–Fueron más prudentes que algunos sectores civiles. Recién cuando comenzamos a investigar a sectores civiles, particularmente periodistas, comencé a sufrir amenazas muy fuertes.

Fuente: www.criticadigital.com, viernes
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JUAN RODOLFO LAISE SERA INVESTIGADO JUNTO A UN CAMARISTA DE MENDOZA POR SU ACTUACION DURANTE LA DICTADURA
Un obispo ante la justicia terrenal
El Tribunal Oral Federal de San Luis investigará al obispo emérito de esa provincia, al ex juez federal Eduardo Allende y a su secretario Carlos Pereyra González, actual camarista de Mendoza, por su complicidad durante la represión ilegal.

El Tribunal puntano condenó a cinco represores por terrorismo de Estado.

Por Diego Martínez
El obispo emérito Juan Rodolfo Laise, el ex juez federal Eduardo Allende y su secretario Carlos Martín Pereyra González, actual juez de la Cámara Federal de Mendoza, serán investigados por la Justicia junto con decenas de militares retirados y policías, todos libres e impunes, por su rol en San Luis durante la última dictadura. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal puntano, que el mes pasado condenó a prisión perpetua a cinco represores, fallo cuyos fundamentos se conocieron ayer.
En términos estrictos la decisión de investigar la complicidad civil fue de Raúl Alberto Rodríguez y Roberto Julio Naciff, que detallaron los relatos que vinculan a magistrados con torturadores y destacaron que Laise no sólo conocía “el proceso de exterminio del opositor político” sino que, como máxima autoridad de la Iglesia Católica, “tenía ascendencia e incidencia sobre aquellos que lo estaban ejecutando”. El tercer juez, Jorge Roberto Burad, redactó su propio voto y se limitó a los uniformados.
“El hecho de que el obispo Laise acudiera al Comandante del Area 333 para matar a una persona no tiene otra lectura sino que el prelado conocía que en San Luis se estaba matando gente”, apuntaron. La persecución por parte del obispo que denunció el ex sacerdote Pablo Melto, la declaración del coronel Miguel Angel Fernández Gez sobre el pedido divino de hacer desaparecer a un cura y los dos secuestros que sufrió Melto “son bastantes motivos para disponer se extraiga compulsa de Laise por la posible comisión de delito”. Como ejemplo de la ascendencia del obispo citan “el sermón que en la Penitenciaría dio a los detenidos políticos, junto a los torturadores, diciéndoles ‘hijos míos, a ustedes hay que extirparles el alma’”, sabiendo que “para extirparles el alma había que matar el cuerpo”.
La descripción pormenorizada de toda la estructura ilegal que operó en San Luis deja en evidencia el largo camino de justicia por recorrer. La plana mayor del Comando de Artillería 141, a cargo de Fernández Gez, la encabezaba el teniente coronel Guillermo Daract y la integraban Raúl Benjamín López, Gerácimo Dante Quiroga y Enrique Loaldi. Del Comando dependía el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea 141 a cargo del teniente coronel Juan Carlos Moreno, a quien secundaban los tenientes Horacio Angel Dana, Carlos Alemán Urquiza, Alberto José Moreira, Urbano Acuña y Andrés Merlo, entre otros. De los secuestros cotidianos y los “ablandes” en la Jefatura de Policía se encargaba el capitán Carlos Plá y su “patota” del Departamento de Informaciones (D2), compuesta por el comisario Víctor David Becerra y los oficiales Juan Carlos Pérez, Carlos Hemenegildo Ricarte, Luis Mario Calderón, Omar Lucero, Cirilo Chavero, Juan Amador Garro, Luis Alberto Orozco y Jorge Hugo Velázquez.
“Las estructuras y engranajes represores señalados actuaban coordinados entre ellos y valiéndose de todo el poder que les daba el aparato estatal”, destacaron. El grupo de Plá se encargaba de “buscar la información, llevar a cabo los secuestros, interrogatorios, tortura y operativos como los de libertades aparentes y posterior desaparición de las víctimas, que concluían con su muerte, en los que intervenían todos sus integrantes”. La patota de Moreno daba “cobertura logística y operativa con hombres, armas y movilidad para los secuestros”. En los interrogatorios en el centro clandestino que funcionó en la granja La Amalia destacaron el rol de Loaldi y Urquiza. Todos “conocían perfectamente la situación de cada detenido y cuál era la libertad real y cuál la ficticia”. “Para asegurar el pacto de silencio era necesario que todos intervinieran desde el principio hasta el fin.”
El voto mayoritario destaca la imposibilidad de condenar a los represores por el delito de genocidio, como solicitó la APDH. “De todas maneras, me veo en la obligación moral y jurídica de reconocer que en la Argentina en 1976-83 tuvo lugar una práctica sistematizada de exterminio de oponentes políticos que debemos calificar como genocidio”, apuntaron Rodríguez y Naciff. El presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos, presenció la lectura de la sentencia.
Fuente: Pagina 12-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

YA SE INICIÓ EL TRÁMITE DEL HISTÓRICO DEBATE
El segundo juicio oral contra Bussi y Menéndez comenzaría en agosto y duraría 3 meses




El primer juicio histórico contra los represores se realizó durante agosto del año pasado. Allí, fueron condenados a prisión perpetua por la desaparición de Vargas Aignasse.






Los pasos para llegar al juicio
Una vez recibidos los expedientes, el Tribunal Oral se abocará a verificar el cumplimiento de las cuestiones procesales formales de acuerdo a lo establecido por el artículo 354 del Código Procesal Penal. Es decir, si se realizaron debidamente las indagatorias, los procesamientos y requerimientos de elevación a juicio oral.
Citación de las partes: el Tribunal Oral envía escritos al fiscal, querellantes, imputados y a los abogados defensores notificándolos sobre la audiencia.
Una vez notificadas, las partes tienen un plazo de 10 días hábiles (corre desde que se concreta la última notificación) para interponer recusaciones a cualquier persona que intervenga en el proceso. También es la oportunidad procesal para las excusaciones por parte de los magistrados, ofrecer pruebas e interponer recursos de nulidad.
Constitución del Tribunal. En caso de que uno de los jueces se excuse de intervenir en el juicio la Cámara de Casación Penal de la Nación deberá designar a un juez subrogante, que puede ser de una provincia de la región o de cualquier otra del país. El año pasado, en el primer juicio histórico por los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, Alicia Noli -actual presidenta del Tribunal- se excusó de actuar por ser parte en distintas denuncias contra Antonio Bussi y en su lugar se designó a la camarista santiagueña Josefina Curi.
Producción de pruebas: en esta etapa el Tribunal se aboca a producir las pruebas ofrecidas por las partes. Por ejemplo, se constatan los domicilios de testigos que las defensas de los represores piden que sean citados.
Fijación de la fecha del juicio. La fecha no se fijará hasta tanto no estén resueltos todos los planteos pendientes en la Cámara de Casación Penal o en la Corte Suprema de Justicia.



El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán ya tiene en sus manos los abultados expedientes de la megacausa de ex Jefatura de Policía y a partir de ahora se inicia el trámite del juicio. Si no se presentan sobresaltos, los magistrados estiman que podría fijarse para agosto la fecha de la histórica audiencia. El segundo juicio duraría tres meses en un escenario mucho más complejo que el primero por la cantidad de víctimas, imputados y abogados defensores. Se juzgarán a Bussi, Menéndez y a otros seis represores. Hoy se enviará la causa Niklison.
Los plazos ya comenzaron a correr para el segundo juicio histórico que se realizará en Tucumán contra los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. El juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, envió ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal más de cuatro cajas con los abultados expedientes que conforman la megacausa de la ex Jefatura de Policía. Se trata de la primera vez que los ex militares serán juzgados por los delitos de lesa humanidad cometidos en uno de los centros clandestinos de detención que funcionó durante la última dictadura militar, luego de que el 28 de agosto del año pasado ya fueron condenados a prisión perpetua por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.
Pero esta vez Bussi y Menéndez no estarán solos en el banquillo de los acusados; estarán acompañados, por primera vez frente a un Tribunal, por Albino Mario Alberto Zimmermann, Alberto Cattáneo, Roberto “El Tuerto” Albornoz y los ex policías Luis De Cándido, Carlos De Cándido y María Elena Guerra. Con ocho represores y 20 víctimas se avecina un juicio mucho más complejo que el primero cuando se juzgó un solo caso. Por ello, los jueces del Tribunal tienen un abanico de complicaciones para sortear en esta oportunidad: la falta de espacio físico de la sala dada la multiplicación de imputados, defensores y familiares de los desaparecidos; el traslado y alojamiento de los imputados; el orden vehicular alrededor del edificio; el operativo de seguridad y la trascendencia mediática que demandará el juicio.
Si todos los pasos procesales se cumplen como se esperan, los jueces del Tribunal estiman que la fecha del juicio se fijará para el mes de agosto -como hace un año-, pero esta vez dada la complejidad del juicio, el debate se extendería por unos tres meses. Otro elemento que podría complicar los tiempos de la audiencia sería las interminables presentaciones de las defensas para que no se realice el juicio aduciendo el estado de salud de los represores.
Las 20 víctimas que vivieron el horror
En el juicio, los represores serán juzgados por los delitos de privación ilegítima de libertad con apremios, torturas, asociación ilícita y homicidio calificados cometido contra 20 víctimas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía durante los años ’70. Se trata de Marta Coronel, Rolando Coronel, Marta López, Cerafina López, Francisco López, Juan Carlos López, Carlos Ramón Apaza, Edgardo Bordón, Graciela Bustamante de Argañaraz, Ricardo Correa, Adriana Mitrovich, Horacio Ferreira, José Ramos, Alicia Cerrota de Ramos, Hugo Días, Daniel Fontanarrosa Larraza, Joaquín Ariño, Diana Oestherheld, Raúl Araldi y Enrique Abdón.
La ex Jefatura, ubicada en la manzana comprendida entre las avenidas Salta y Sarmiento, Junín y Santa Fe, donde actualmente funcionan algunas dependencias del ministerio de Educación y la Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán, fue uno de los escenarios del horror de las torturas y homicidios que ocurrieron en la provincia cuando Bussi era comandante de la V Brigada de Infantería, bajo el mando de Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército. En ese entonces, Cattáneo era el segundo de Bussi, como segundo comandante de la subzona 32 y jefe de la Comunidad Informativa de Tucumán; mientras que Zimmermann estaba al frente de la fuerza policial. Albornoz fue subjefe de la Policía de Tucumán y jefe del Servicio de Inteligencia Confidencial (SIC); mientras que el resto de los procesados era agente policial.
“La sociedad tendrá un acabado conocimiento de lo que sucedió en el proceso”
“La trascendencia de esta megacausa es que la ex Jefatura de Policía está identificada como uno de los Centros Clandestinos de Detención (CDD) que funcionó en Tucumán, lo que le permitirá a toda la sociedad tener un acabado conocimiento de lo que sucedió en la época del proceso en Tucumán”, señaló a primerafuente el juez federal Daniel Bejas, luego de firmar el 20 de marzo pasado la elevación a juicio del expediente.
Enviarán hoy otra causa
En tanto, para hoy se espera el envío de otra causa al Tribunal. Se trata del expediente Niklison, en el que se investigó el fusilamiento de cinco militantes políticos de la Organización “Montoneros” ocurrido el 20 de mayo de 1976 en el Barrio Echeverría. Una de las particularidades de esta causa es que no aparece Bussi, quien a pesar de estar imputado no fue procesado por no haberse cumplido el paso de la indagatoria por supuestas razones de salud del ex gobernador de facto. Por este caso, el banquillo de los acusados espera por Menéndez, Zimmermann, Cattáneo y el “Tuerto” Albornoz.
La que sigue en la lista es la megacausa del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, otro de los centros clandestinos que funcionó en los años negros del último gobierno de facto. En este expediente se están ultimando detalles en la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado para su elevación a juicio.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Río Cuarto, 09 de abril de 2009.

En el día de la fecha, el diario local Puntal publicó una nota titulada “Investigan si una riocuartense es hija de desaparecidos” en la cual se hace mención a una investigación que estaría realizando la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia para obtener información acerca de una ciudadana de Río Cuarto llamada “Cristina”, quien se comunicó ayer con la emisora nacional “Cadena Tres” para solicitar ayuda para la búsqueda de sus padres biológicos, dando sólo como datos su nombre y el año de su nacimiento, 1978. Frente a esta situación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia manifestó que se podría tratar de una hija de desaparecidos, dado el año de nacimiento mencionado.
Abuelas de Plaza de Mayo y la Agrupación H.I.J.O.S. trabajan incansablemente en la búsqueda de más de 500 niños que nacieron en cautiverio en distintos centros clandestinos de detención o fueron apropiados por represores durante la última dictadura militar. Esta tarea implica el respeto pleno hacia la privacidad de las personas con dudas sobre su identidad que se acercan permanentemente, así como también el acompañamiento y contención de los mismos, recorriendo el camino de la verdad como único objetivo.
Es por esto que solicitamos a la Secretaría de Derechos Humanos la difusión de los contactos de los organismos que poseen trabajo genuino sobre la búsqueda de niños apropiados durante la última dictadura militar. Al mismo tiempo, creemos inapropiada la apreciación de la Secretaría sobre los posibles orígenes de la joven “Cristina” , ya que al tratarse de una conclusión parcial, no fundamentada, genera expectativas inciertas no sólo en la persona que se acerca, sino en la sociedad en su conjunto.

Contactos en Río Cuarto
0358-154121209
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Hijosriocuarto@yahoo.com.ar
H.I.J.O.S. Río Cuarto
En la Red Nacional


H.I.J.O.S. Río Cuarto
Mesa de Juicio y Castigo
Comisión Municipal de la Memoria



para ver nota de diario Puntal ingresar a
http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=21987-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

OTRA OSCURA DECISIÓN DE LA JUSTICIA INTENTA ENVÍAR 22 CASOS A BAHÍA “BLANCA”
En un acto de total irresponsabilidad y falta de respeto, la Jueza Margarita Gudiño de Argüelles ha decidido “declararse incompetente” para investigar las denuncias de 22 compañeros detenidos - desaparecidos que fueron secuestrados en esta zona y ha resuelto enviar las 22 causas a la ciudad de Bahía Blanca, lugar en el que reina la impunidad, como lo demuestra el hecho de que los procesos que allí se tramitan estén prácticamente paralizados.
La resolución de esta Jueza produce profunda indignación por el maltrato hacia los demandantes y sus familias y la ignorancia que demuestra. A muy pocos meses de asumir como responsable del juzgado toma apresuradamente una resolución que presupone la lectura y el análisis de miles y miles de fojas y expedientes que evidentemente no se ha tomado el trabajo de evaluar correctamente. De este modo; pone en evidencia que para la Justicia nuestros compañeros no son más que un número de expediente, un trámite, resolviendo, en forma humillante, “trasladarlos” a Bahía, al mejor estilo de la década del 70’. HACE 3 AÑOS Y MEDIO QUE NUESTROS COMPAÑEROS ESPERAN AQUÍ QUE SU CASO SE RESUELVA Y HOY NOS DICEN QUE TIENEN QUE EMPEZAR DE CERO EN BAHÍA.
Los casos que pretenden llevarse han sido, justamente, los “casos pioneros”, los primeros denunciantes, incluso durante la dictadura, y lamentablemente, también nuestros primeros desaparecidos en Neuquén. Además, sin hacer un juicio de valor sobre la importancia de cada caso, entre las víctimas se encuentra la hija de Beba Mújica, una de las 14 MADRES DE PLAZA DE MAYO que marcharon por primera vez en el año '77.
Evidentemente esta decisión se relaciona de manera directa con la protección a algunos Genocidas que en Bahía Blanca no rendirían cuentas a nadie. Es una muestra más de la impunidad, consolidada por el propio Estado, para tratar de imputar a la menor cantidad posible de Genocidas.
Por otra parte, lo resuelto por Argüelles contradice la determinación hecha pública por el Juez Labate a fines del año pasado, quien, luego de la presión de organizaciones como la nuestra e H.I.J.O.S. Alto Valle y de la oposición de la mayoría de las víctimas, se vio obligado a aceptar la competencia de dichos casos en el Juzgado Federal Neuquino.
Ahora el Juzgado debe notificar a las partes esta resolución. Es en este momento que quienes representan a las víctimas, tanto la Fiscalía Federal como cada una de las QUERELLAS, tendrán que presentar su oposición formalmente si es que realmente respetan la voluntad de los compañeros que se encuentran en esta situación y de sus familiares. Asimismo, exigimos a la Fiscalía de Cámara que ratifique la posición que ya ha hecho pública la Fiscalía Federal de Neuquén, que es la de defender la realización de la investigación y el Juicio por todos estos casos en Neuquén.
Por último, quien tiene la responsabilidad determinar cuál será la competencia que corresponda a estos casos es la Cámara Federal de General Roca. Dicha cámara se encuentra fuertemente cuestionada puesto que existe una causa penal sobre uno de sus funcionarios, el Secretario de Cámara Juan Luis Vincenty (hoy separado de su cargo), acusado DE ASUMIR UN PRESUNTO “COMPROMISO” CON LOS GENOCIDAS PARA FAVORECERLOS EN LAS CAUSAS POR LAS QUE ESTÁN PROCESADOS Y ALGUNOS DE ELLOS ENCARCELADOS.
Esta Cámara ya sentó un precedente de impunidad cuando resolvió dejar en libertad a los primeros policías rionegrinos encarcelados por la Jueza de General Roca, y asumió que la competencia de dichos casos correspondía al Juzgado Federal de Neuquén. Es una tamaña contradicción, a los ojos de quien pueda considerarla una decisión inocente, que esta misma Cámara hoy diga que las causas ya no deben ir a Neuquén, sino a Bahía Blanca.
Bahía Blanca es, indudablemente, el peor escenario para desarrollar este juicio puesto que el propio Juez de Instrucción en función al día de hoy fue cómplice de los genocidas, y junto a la policía federal le abrió la puerta al "laucha Corres" para que escapara. Si la causa va a Bahía muere con total impunidad.
Por todo esto, rechazamos que estas causas sean enviadas a Bahía Blanca. Estos compañeros fueron secuestrados en esta zona, sus familias viven en esta zona, las organizaciones que luchamos constantemente contra las decisiones judiciales que amparan y encubren a los genocidas estamos en esta zona. En este sentido el ex fiscal Cañon ha rechazado enérgicamente que sean llevadas allí, conociendo los antecedentes de la justicia federal bahiense.
A lo largo de todo este proceso hemos denunciado gran cantidad de irregularidades que han consolidado la impunidad. El resultado del primer Juicio a los Genocidas de la región es una muestra clara de ello. Hoy no vamos a tolerar de ninguna manera que jueguen con la seguridad y la integridad de nuestros compañeros, familiares y hermanos que no han dejado de sufrir durante más de 33 años y que están siendo humillados y expuestos salvajemente por la propia Justicia en nuestra región.
Ante esta situación de la causa que ha tomado estado público decimos:
Después de 33 años no aceptaremos más mentiras, encubrimiento e impunidad
Exigimos a las querellas y a la fiscalía, que tienen la representación de las víctimas directas e indirectas del genocidio en el proceso judicial, la defensa de la verdad histórica y de la competencia de estas 22 causas en nuestra región, es decir de NUESTROS 22 COMPAÑEROS QUE HAN SIDO SECUESTRADOS DESAPARECIDOS EN NUESTRA REGIÓN.
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La recuperación de los restos de un militante desaparecido por el terrorismo de Estado.



ALCIDES BOSCH, DE REGRESO.





Los restos óseos del militante santafesino asesinado en la Masacre de Margarita Belén fueron entregados a su familia este lunes 13 de abril en el Tribunal Oral Federal de Resistencia. En Villa Ocampo, treinta y tres años después de su desaparición, los seres queridos de Alcides Bosch pudieron velarlo y enterrarlo finalmente. Una recuperación que es el resultado de la lucha por memoria verdad y justicia.



Los restos óseos de Alcides Bosch, asesinado el 13 de diciembre de 1976 en la Masacre de Margarita Belén por la última dictadura cívico militar en nuestro país, fueron entregados a sus familiares durante el mediodía de este lunes 13 de abril en el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Por la tarde, en Villa Ocampo, se realizó la misa y el entierro de Alcides, desaparecido desde el 22 de noviembre de 1976 hasta que en 2007 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) lograra su identificación. La Comisión Provincial por la Memoria y Miguel Nievas, del EAAF, acompañaron Isabel y Pablo, la esposa y el hijo de Alcides, durante toda la histórica jornada de una recuperación que es el fruto de los años de búsqueda de los familiares, y de la lucha por la memoria la verdad y la justicia de los organismos de derechos humanos.


Entrega de la urna con los restos óseos de Alcides Bosch.

Alcides Bosch era oriundo de Villa Ocampo, Santa Fé, fue seminarista y estudió Filosofía y Letras. En Villa Ana participó del proyecto cooperativo de los pequeños productores agrícolas de la zona, representándolos en las Ligas Agrarias. En 1976 vivió junto a su esposa y su hijo por nacer durante un tiempo en Resistencia. El 22 de noviembre fue secuestrado y desaparecido durante un viaje de Formosa al Chaco, siendo asesinado en la Masacre de Margarita Belén, cuando tenía 28 años. En 2007 el EAAF identificó a partir de una muestra de ADN la identidad de Alcides Bosch en uno de los cuerpos enterrados en el cementerio de Resistencia después de la Masacre.
La entrega de la urna con los restos óseos de Alcides Bosch se realizó en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, cerca del mediodía, con la presencia su familia y la compañía de amigos de Alcides, militantes de los organismos de derechos humanos en la CPxM, el equipo del programa de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de Estado, el abogado querellante en el juicio por la Masacre de Margarita Belén Mario Bosch, el antropólogo Miguel Nievas, del EAAF, y el subsecretario de derechos humanos Marcelo Salgado.
Al recibir la urna Isabel agradeció la tarea del EAAF y exigió justicia después de “tantos años que tuvieron que pasar para este reencuentro, porque no hay derecho para lo que nos hicieron pasar” Pablo, que viajó desde Australia, donde reside con su esposa y su pequeño hijo de siete meses, la misma edad que tenía cuando desaparecieron a su padre, señaló: “Esto es muy fuerte, toda mi vida fui el hijo de un desaparecido. Ahora soy el hijo de un desaparecido que apareció, pero sigo siendo el hijo de un asesinado por el terrorismo de Estado, por eso pido que no se pierda esta oportunidad histórica de hacer justicia. Por mi padre y por los 30.000 desaparecidos”.

Pablo y Alcides Bosch.
“Este es un encuentro que al mismo tiempo es una despedida. Quiero justicia”.

16.30 Misa y entierro en Villa Ocampo.

Por la tarde, el calor de la siesta santafesina no hizo mella a la convocatoria en la capilla de Villa Ocampo, donde una multitud integrada por familiares y amigos se congregó para cumplir con el sacramento de despedida al ex seminarista y militante interrumpido durante treinta y tres años. Finalizada la misa, antes de la inhumación en el cementerio los amigos compañeros y familiares de Alcides lo recordaron con relatos de su vida y militancia y con la común exigencia de justicia.
Isabel relató como fue que el “deseo de vivir” de Alcides le dio fuerzas para soportar el dolor de tantos años de ausencia e impunidad, y presentó a Eulogio Sellaré, viejo compañero de militancia de Alcides en las Ligas Agrarias, quién afirmó: “Los verdugos de Alcides y de todos los 30.000 siempre buscaron la impunidad. Para tener impunidad es que cambian el sentido de las palabras, y a la justicia la llaman “revanchismo” o “desquite”. Esto es así porque el poder necesita de la impunidad y la des-memoria para repetir sus crímenes” y agregó; “Nos quitaron a Alcides para quitarnos los espacios de construcción de una sociedad más justa, por eso hoy, tantos años después todavía te decimos, querido Alcides, que seguiremos buscando cumplir con tus ideales”.
Una de las hermanas de Alcides agradeció en nombre de toda la familia a Miguel Nievas, del EAAF, “por su trabajo para que hoy podamos estar acá, más de 30 años después, para despedir a mi hermano y tenerlo en su tierra, junto a su mamá Doña Ester, que murió de amor por él. Todos los vamos a recordar como lo que fue; un tipo alegre y solidario”.
Juan Carlos Fernández, hijo de Eduardo Fernández, uno de los posibles militantes asesinados en la Masacre de Margarita Belén aún sin identificar, leyó un documento; “En esta fecha histórica en la cual Alcides Bosch regresa con los suyos, los organismos de derechos humanos que integramos la Comisión Provincial por la Memoria levantamos bien el alto su coraje y su compromiso, y junto a él, recordamos la ética y la dignidad de toda esa generación de argentinos que luchó por hacer realidad los más nobles ideales del ser humano”.
“A tres décadas del genocidio, con la proximidad de un juicio por la Masacre de Margarita Belén a realizarse esperamos este año, todavía permanecemos en la ignorancia de cifra exacta de las víctimas de ese fusilamiento clandestino, con la seguridad de que no hayan sido menos de 22, pero existiendo la posibilidad de que los asesinados sean una treintena, con tan solo 12 cuerpos encontrados”.
“Es por ello que rescatar a los militantes de las nieblas del olvido y la desaparición, hacerlos “aparecer” en la memoria y en el cuerpo, hacer valer el derecho humano a una lápida con su nombre, es un deber de toda la sociedad, y un imperativo ético en el sentido de reafirmación de verdad, memoria, y justicia para los aberrantes crímenes del terror dictatorial”.
Acto seguido, Pablo Bosch agradeció el acompañamiento de todos los presentes y exclamó: “Tengo 32 años, más años de los que mi papá alcanzó a cumplir. Mi hijo tiene siete meses, la misma edad que tenía yo cuando secuestraron a mi papá. Y este es un encuentro que al mismo tiempo es una despedida. Pero me siento afortunado por ser uno de los pocos que pueden enterrar su padre. Y pido justicia”.

RELATO DE LA VIDA DE ALCIDES BOSCH.





NACIÓ EL 10 DE OCTUBRE DE 1948 EN LAS MERCEDES-VILLA OCAMPO. FUE ASESINADO LA MASACRE DE MARGARITA BELÉN A LOS 28 AÑOS.
LA INFANCIACursó la escuela primaria en su colonia y en el Barrio Militar de la Base Aérea de Reconquista. A pesar de ser hijo de un pequeño productor rural no trabajó en el campo de su familia pues eran muchos hermanos (nueve) y había poca tierra.La secundaria la realizó en el Instituto Reconquista, egresando en 1966. EL SEMINARIOSe internó en el Seminario Diocesano de Santa Fe. Allí consiguió que el obispo le permitiera cursar las materias en la Universidad Católica, donde Alcides emprendió la carrera de Filosofía y Letras.LAS LIGASEn Villa Ana participó en el proyecto cooperativo del Parque Agrícola que dirigía su tío, el párroco Rafael Yaccuzzi. Allí será elegido delegado, representando a Villa Ana en las Ligas Agrarias. En octubre de 1974 fue orador ante 3200 personas en un acto convocado por las Ligas Agrarias Santafesinas en el Club Atlético de Reconquista. EL MATRIMONIOEn enero de 1975 Alcides contrajo enlace con Isabel, una muchacha de la zona, de cuyo matrimonio nació su hijo Pablo. En 1976 el matrimonio vivió un tiempo en Resistencia.LA DESAPARICIÓN: 22 / 11 / 76 Alcides salió de Formosa el 22 de noviembre de 1976, con destino a Resistencia. “No fuimos juntos porque no teníamos suficiente dinero. Fue la última vez que lo vi y la última vez que tuve datos de él.” (Isabel). LA MASACRE DE MARGARITA BELÉN 13 / 12 / 76En el año 2007 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a partir de una muestra de ADN la identidad de Alcides Bosch en uno de los cuerpos NN enterrados en el cementerio de Resistencia después de la Masacre de Margarita Belén.
FUENTES:
REGISTRO ÚNICO DE LA VERDAD.
PO.HI.ME.S. (Política, Historia, y Memoria Social –Ideas- UNaM)
“Solo digo compañeros. Vida y compromiso militante desde el norte de Santa Fe”, de Raúl Borsatti.




30.000 compañeros desaparecidos presentes.
Ni olvido ni perdón.
Memoria Verdad Justicia.
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA CHACO
RESISTENCIA-MARCELO T. DE ALVEAR Nº 32
http//:www.comisionporlamemoria.chaco.gov.ar



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ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA GREMIAL DE ABOGADOS
La GREMIAL DE ABOGADOS que estamos reconstruyendo ha tenido una rica y heroica historia de lucha en la Argentina, siempre ligada a la defensa de los luchadores populares.-
Volcamos aquí los antecedentes de esa Historia en los que nos sentimos representados y que reivindicamos como propia.-
La Agrupación de abogados de Córdoba se constituyó en febrero de 1970. En su manifiesto consideran que como abogados deben integrarse a la lucha social por la liberación del país para defensa de los perseguidos políticos y sociales. Que el orden jurídico vigente servía a los detentadores del poder y destacaban la importancia de la lucha de los abogados junto a otros sectores sociales.-
A partir del Cordobazo (mayo del 69) nos encontramos con una confluencia entre las luchas antidictatoriales y las que tenían como objetivos la Liberación Nacional y Social.
Ya en julio del 69 habían sido detenidos varios abogados por su actuación en defensa de los gremios en lucha. Los Colegios de Abogados -igual que ocurriría casi como una constante años mas tarde- se mantuvieron en silencio.
Más de 100 abogados exigieron una Asamblea que al realizarse se expidió por la inmediata libertad, lo que finalmente se concretó a los pocos días...
Uno de los motivos que impulsó la fundación de la Agrupación fue el de defender a aquellos abogados que ponían su profesión al servicio de los intereses populares.
Dice Esteban Rafael Ortíz en “Los abogados del Pueblo”: “Su órgano de difusión se llamó Alegato, comenzó a publicarse en el año 1972 y demostró un fuerte arraigo en la defensa de la actividad profesional de los abogados comprometidos".
Así, el nº 4 de ese periódico, de octubre de 1972, dedicó gran parte de su espacio al pedido de la libertad de los abogados Alfredo Curutchet y Martín Federico, quienes hacía un año –desde fines de octubre de 1971- que estaban encarcelados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sin cargos en su contra salvo “haber asesorado dignamente a sindicatos combativos y perseguidos políticos….” transcribiendo el recurso de hábeas corpus y de amparo constitucional a favor de estos letrados interpuesto por los Dres. Julio E. Páez, Oscar Correas, Carlos A. Didoni, Alejandro Capra, Mario Citto y Osvaldo Fernández. En este escrito hacían hincapié en que su arresto se había convertido, por su prolongación, en una condena, calificándolo de “actos de represalia" hacia abogados, que por sus convicciones ideológicas colocaron su profesión al servicio de los intereses populares, de la defensa de los presos políticos y que se asociaron con fines útiles en el seno de una organización forense como lo era la Agrupación de Abogados.-
Con idénticos objetivos se conforma en la ciudad de Buenos Aires, en Septiembre de 1971, la Asociación Gremial de Abogados de la Capital Federal. Un año antes, el 16 de diciembre de 1970 había desaparecido el Dr. Néstor Martins. La Gremial tuvo una participación muy activa en la defensa de los presos políticos, en la lucha contra la represión dictatorial, contra todas las reformas al Código Penal y la actuación de la Cámara Federal Penal de la Nación Fuero Antisubversivo (el famoso y tristemente célebre "Camarón"). Fue destacadísima la actuación de muchos abogados entre ellos los Doctores Ortega Peña y Mario Hernández.
Ortega Peña caería asesinado en 1974 por las bandas fascistas de las “Tres A” formadas, en la etapa previa al golpe militar, por integrantes de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad encabezadas por el López Rega, durante el gobierno de Isabel Perón.
Mario Hernández fue secuestrado durante la dictadura de 1976 y continúa desaparecido.
Esta Asociación Gremial de Abogados de Capital Federal convocó la Primera Reunión Nacional de Abogados que se realizó en la ciudad de Buenos Aires entre el 17 y el 20 de Agosto de 1972, de la cual participaron unos 350 abogados de numerosas provincias, en algunas de las cuales se habían constituido como Asociaciones de Abogados. El temario se trató en diversas comisiones: restricciones al ejercicio profesional, análisis de la legislación represiva, vigencia de los Derechos Humanos, legislación y jurisprudencia laboral, y coordinación de actividades.
Una Segunda Reunión se produjo en Córdoba, en el local del Sindicato de Luz y Fuerza entre el 19 y el 20 de mayo de 1973 y cuyo temario fue: libertad a los presos políticos, remoción de los jueces cómplices de la dictadura, derogación de la legislación represiva, represión al Movimiento Obrero y Popular. Cada tema fue tratado en una comisión y sus conclusiones aprobadas en Plenario.
La Tercera Reunión fue realizada en la ciudad de Santa Fe del 2 al 4 de noviembre de 1973, donde -además de repetirse los temas de los encuentros anteriores- se trató la actividad de las empresas monopólicas y la dependencia argentina en materia tecnológica.
Una cuarta reunión establecida para los primeros meses de 1974 fue convocada por la Agrupación de Abogados de Córdoba, pero el avance represivo (en febrero de 1974 las Tres A y fuerzas policiales de la Provincia de Córdoba destituyen al gobierno provincial electo en lo que se llamó “el Navarrazo”) hizo imposible concretarla.-
Esta valiosa experiencia -que será tenida muy presente por ésta nueva etapa de La Gremial de Abogados- fue elaborando un discurso jurídico alternativo al oficial, al basado en el orden jurídico vigente y en las resoluciones judiciales. Los abogados comprometidos con las luchas populares elaboraban en sus escritos, defensas, peticiones o conferencias de prensa un derecho que servía no solo para limitar el ejercicio del poder dominante, sino para poner en discusión éste orden.
Un grupo importante de abogados, junto a las tendencias revolucionarias del movimiento obrero y organizaciones políticas del mismo carácter, aprovecharon la proximidad a las instituciones del poder, que la práctica profesional permite, para desenmascarar el carácter privatista, autoritario, corrupto de las instituciones del Estado y del Poder Judicial y centralmente el carácter de clase de todas ellas.
Este discurso alternativo, desenmascarador, del tipo de abogados que el poder pretende, tuvo una inmensa repercusión social que desató igual magnitud represiva. El poder demanda que los abogados, por su proximidad a la función judicial, sean respetuosos de las instituciones y de los secretos de las mismas.
Todo este instrumental jurídico alternativo era entregado al pueblo. Sobran los ejemplos: En cada asamblea de los trabajadores de Fiat Córdoba agrupados en los sindicatos clasistas de Sitrac-Sitram el abogado Cuki Curutchet, a quien los obreros en Asamblea habían resuelto darle condición y tratamiento de "compañero", con derecho a voz y voto en las Asambleas, explicaba la función explotadora de la patronal, el robo capitalista, la función de cómplice y asociada de la burocracia y el papel del Estado.
Esta entrega de instrumental jurídico se repetía por parte de los compañeros abogados en las tareas barriales, participando en las comisiones de familiares de los presos políticos, en las denuncias públicas de los secuestros, torturas, condiciones vejatorias de los detenidos, en los asesoramientos de las agrupaciones gremiales, estudiantiles, barriales, en sus análisis sobre la administración de justicia y en sus rechazos a la legislación represiva. Esta tarea de publicitar, de entregar información y elementos de análisis llevaba permanentemente a los abogados a hacer conferencias de prensa, boletines y comunicados, en muchas ocasiones en red nacional.
Pese al corto tiempo de esta experiencia, pues la represión abortó tempranamente este movimiento, la tarea de los abogados comprometidos con las luchas populares fue eficacísima en la construcción de contrapoder, de poder popular, ya que sus aportes fueron tomados por miles de luchadores que así enriquecían sus análisis y discursos legitimando las reivindicaciones y luchas.
Estas conductas ejemplares de cientos de compañeros abogados se explican por el impresionante marco histórico de luchas y enfrentamientos sociales que se dieron en esa época .Sobre la base de una crisis y reconversión de modelo capitalista se dieron gigantes luchas en el mundo entero. El capitalismo estaba en retroceso. Y los valores humanistas y la cultura de la solidaridad y la entrega por el otro crecieron, como en tierra fértil recién regada. Por eso, aquellas fueron personalidades tan plenas, hermosas, generosas.
Vaya nuestro reconocimiento a todos los compañeros/colegas que dieron sus vidas y su libertad, el sacrificio personal y de sus familias por ejercer el Derecho como aquí hoy lo concebimos.
Rendimos homenaje a los colegas asesinados en las cárceles o campos de concentración de la Dictadura, a los secuestrados en Mar del Plata en la tristemente célebre “Noche de las Corbatas” y los muchos que cayeron luchando siendo integrantes de diferentes organizaciones revolucionarias.
No es hoy solo una mera inquietud histórica o la casualidad lo que nos lleva a recordar esos colegas y las gestas que protagonizaron.
El recuerdo histórico debe coincidir con las necesidades actuales.- La crisis del capitalismo y la profundización de la pobreza, la explotación y la Injusticia nos exigirá la búsqueda de alternativas.- Vastos sectores populares estamos –a veces sin darnos cuenta- buscando alternativas.- Esto seguramente implicará mayores niveles de lucha pero también consecuencias represivas.-
Haremos el mayor de los esfuerzos por estar presentes colaborando con nuestro conocimiento del Derecho y poniéndolo a disposición de todos aquellos que lo necesiten.-
GREMIAL DE ABOGADOS
ROSARIO 28 de marzo 2009

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Masacre de Margarita Belén
Ya designaron al tercer juez para el juicio
Se trata de Eduardo Belforte, quien así completará el Tribunal Oral Federal de la capital chaqueña. Actualmente preside el tribunal que juzga al ex gobernador militar formoseño, Juan Carlos Colombo. Secundará a Norberto Giménez y Gladys Yunes.
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El magistrado que actualmente preside el juicio al ex gobernador militar formoseño Juan Carlos Colombo será el tercer juez en el proceso que se hará en Resistencia contra los militares y policías acusados de haber participado de la masacre de Margarita Belén. Se trata de Eduardo Belforte, quien así completará el Tribunal Oral Federal de la capital chaqueña.El trámite era importante para seguir adelante con el procedimiento previo a la instrumentación del juicio oral y público por la masacre del ’76, ya que en el TOF se había inhibido la jueza Ana Order, y fue necesario buscar un reemplazante. El tribunal se completa con Norberto Giménez y Gladys Yunes. Esta última será la presidenta del trámite. El cuarto, aún no Para cuando se inicie el juicio que no tiene todavía fecha de arranque, pero sería en la segunda mitad del año- habrá que elegir un cuarto juez, a modo de suplente, para el caso de que alguno de los magistrados titulares no pueda seguir participando por una razón de fuerza mayor (enfermedad u otro motivo). Con la designación de Belforte resultará que el tribunal que juzgará lo ocurrido en Margarita Belén será el mismo que actualmente lleva adelante en Formosa el proceso contra Colombo, ya que allí participan Giménez y Yunes. El juicio formoseño es justamente uno de los motivos por los cuales las audiencias por la masacre chaqueña no arrancarán en lo inmediato. Los jueces tendrán que terminar primero su participación en Formosa, donde el caso implica un gran volumen de trabajo, por la gran cantidad de prueba documental y testimonial a analizar. Por la masacre están detenidos los militares Athos Gustavo Renés, Aldo Martínez Segon, Rafael Carnero Sobol, Luis Alberto Pateta, Ernesto Jorge Simoni, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme y Norberto Tozzo, quien estuvo prófugo mucho tiempo. También estaba involucrado en la causa Jorge Alcides Larrateguy, pero falleció. También está implicado el policía retirado Alfredo Luis Chas, aunque como partícipe secundario de los 11 homicidios y 4 desapariciones forzadas que se investigan en el proceso. Había logrado su excarcelación en la Cámara de Casación Penal. En la misma situación que Chas estaba Carlos Marcelo Carballo, pero el policía fue asesinado el año pasado en Puerto Vilelas, cuando dos delincuentes lo asaltaron para robarle dinero que el comisario llevaba encima a fin de pagar salarios de personal de su agencia de seguridad.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

CATEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS
CICLO 2009
CLASE INAUGURAL
VIERNES 24 DE ABRIL, 20 HORAS, AULA 108

Acto de apertura del XV Ciclo Académico de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y la inauguración del aula 108, ampliada y remodelada.
* El Dr. Héctor Hugo Trinchero, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, dará apertura al acto inaugural con palabras alusivas.
* El profesor MARCELO FERREIRA, titular de la Cátedra, expondrá sobre: "El genocidio en Colombia y sus modos de realización simbólica".
* Presentación de: “Universidad y dictadura, una experiencia de reconstrucción colectiva de la memoria histórica en la Facultad de Filosofía y Letras”. Proyecto de investigación que están desarrollando docentes y estudiantes de la Facultad en el marco de la Cátedra.
CIERRE MUSICAL: Alejandro Del Prado
ACTIVIDADES
PRIMER CUATRIMESTRE 2009 FOROS DE DEBATE Viernes de 20 A 23 horas - Aula 345
SEMINARIOS CURRICULARES Y LIBRES SEMINARIO CURRICULAR Y LIBRE:
Introducción a los Derechos Humanos A cargo de Marcelo Ferreira –profesor titular de la Cátedra-, y equipo docente Presentación y objetivos:
El objetivo del Seminario es propiciar una visión integral de la problemática de los Derechos Humanos en sus diversos aspectos. Para ello se propone una dinámica de exposición, debate y crítica, por medio del intercambio de ideas con estudiantes de distintas carreras. El modelo de análisis a aplicar se propone albergar las diversas dimensiones de la materia de análisis, y propiciar el contraste histórico entre el pensamiento propio de la etapa fundacional de los derechos humanos y las realidades del siglo XXI, abriendo cauce a interrogantes sobre males modernos, peligro social, moralidad y autoridad frente a los Derechos Humanos, el mundo deseable y la posibilidad de justicia universal.
Se divide en dos partes:

A) INTRODUCCIONES: La temática se aborda desde cinco introducciones: pre-teórica, teórica, histórica, jurídica y filosófica.
En la introducción preteórica se pretende reflexionar sobre los conceptos elementales en función de un modelo de análisis inspirado en la estructura de una obra teatral, discriminándose entre protagonistas, víctimas, villanos, escenario y tragedia, en desmedro de las categorías jurídicas tradicionales y el modelo dogmático que las inspira. Este cambio de enfoque y terminología permite igualar los conocimientos básicos de los alumnos y desterrar las ideas erróneas, ideológicamente intoxicadas o aprendidas de memoria de manuales de dudoso origen. Es particularmente útil para identificar prejuicios.
A cargo de Marcelo Ferreira

B) CAPÍTULOS ESPECIALES: temas específicos a cargo de los docentes especializados de la Cátedra: Marcelo Ferreira y Graciela Daleo (Sociedad y Derechos Humanos), Silvia Viñas (Infancia, Adolescencia y Derechos Humanos), Nieves Kanje, Virginia Palma, Adrián Ferreira (Educación y Derechos Humanos), Luis Sabini (Ecología y Derechos Humanos), Nora Pulido (Derechos Humanos y género), Osvaldo Cucagna (Nazismo, Subjetividad y Derechos Humanos) y Mariano Nagy (Pueblos originarios y Derechos Humanos).
Horario: lunes y viernes de 17 a 19 hs. Aula: Lunes: 145 Viernes: 256 Comienza el 23/3 SEMINARIO CURRICULAR Y LIBRE:
Justicia, educación y derechos humanos:
sobre los problemas filosóficos de la justicia educacional, las políticas públicas educativas y los derechos humanos
A cargo de Marcelo Ferreira, Adrián Ferreira y Daniel Berisso
El seminario se desarrollará a partir de los siguientes interrogantes:

¿Cuál es la relación entre la Justicia y los Derechos Humanos en el mapa educativo Argentino?

¿Qué conclusiones arroja el análisis preliminar de los problemas de justicia educacional en Argentina? ¿A qué concepciones filosóficas responden y que asociación presentan respecto los diferentes modelos de igualdad asumidos en el sistema educativo argentino?

¿Igualdad, exclusión o igualdad para la exclusión? ¿Incluyen e integran las políticas de igualdad en la Argentina? Los modelos basados en la homogeneidad y la resistencia al paradigma de la diversidad: una introducción al análisis de los problemas de justicia educacional.
¿Qué dicen los análisis cuantitativos y cualitativos acerca de los valores de justicia educacional e igualdad de oportunidades, su gestión y la distribución del bien público en la Argentina?
Una aproximación a estudios comparativos de la educación en diferentes países del Mundo; su financiamiento, provisión, la libertad de oportunidades y concepciones de igualdad asumidos en sus sistemas. ¿Qué lugar ocupa el respeto y la promoción de los DD.HH. en las oportunidades educativas, y que ideas y conceptos de igualdad subyacen en los diferentes modelos de sistemas educativos actuales?
Ante la persistencia del concepto de calidad educativa en la nueva Ley. ¿Qué dice y deja de expresar la nueva Ley Nacional de Educación en materia de justicia, igualdad, equidad, inclusión y DD.HH.? ¿Qué papel cumple y como opera la Ley de Financiamiento educativo respecto la Justicia educacional?
¿Qué nos sugieren otras experiencias latinoamericanas? Un acercamiento al caso de la reforma del estado de Paraná, Brasil. El lugar de la participación democrática en la construcción de la ley de educación y su relación con el valor justicia.

Horario: jueves de 17 a 21hs
Aula: 126
Comienzo: 26/3
SEMINARIO LIBRE:
ECOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS A cargo de Luis Sabini CICLO DE DOCUMENTALES Alimentos, sojización y salud
Hambre de soja DVD
Reverdecer DVD
Buena comida DVD
Límites sin valor VHS Conflicto centro/periferia
La invasión verde PAL
El mundo según Monsanto DVD
MOCASE, la lucha por la tierra DVD Desechos y nosotros
Desechos DVD
Entre cartones DVD Método de trabajo:
1. Se entregará material de lectura conectado al tema del documental que se verá en una próxima sesión (fotocopias de artículos, capítulos de libros o similares).
Antes de la exhibición , si corresponde se hará una minipresentación del tema sobre el que versará el documental.
La exhibición no excederá los 60 minutos.
Luego se dará lugar a un momento de integración y síntesis de lo leído y visto entre los participantes del seminario. Horario: jueves de19 a 21 hs. Aula: 134Comienzo: 30 de abril
TALLER DE DERECHOS HUMANOS
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
A cargo de Nora Pulido Horario: martes de 19 a 21Inicio: a confirmar
Más información:
Lu-ma: 12 a 16 hs. Mié, juev, vie:de 14 a 18 hs.
Oficina 358 'C' – 3er. piso - Tel: 4432-0606 int. 207
cddhh@filo.uba.ar / clddhh@gmail.com
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La Corte confirma unificación de querellas en la causa ESMA
El Tribunal dejó firme la decisión del TOF 5 que ordenó concentrar la representación de los querellantes en el tramo de la megacausa que investiga la desaparición del periodista Rodolfo Walsh. La medida busca agilizar el trámite del juicio. Fallo completo
Fallo completo 10.44 Kb.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital Federal de unificar las querellas en el tramo de la megacausa ESMA donde se investiga la desaparición del periodista Rodolfo Walsh, junto a otras víctimas, medida que apunta a agilizar el trámite de la causa.
Así, el Máximo Tribunal rechazó una queja planteada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y dejó en cabeza de Patricia Walsh, hija del periodista, la representación de la querella.
Con esta medida, la Corte reafirmó lo indicado en su acordada 42/08, donde aseguró que uno de las problemáticas en la celeridad de los juicios es la oposición de las querellas a la unificación de personería, de modo que el pronunciamiento del TOF 5 "resuelve de manera favorable una de las tantas cuestiones que obstaculizan el normal desarrollo de estas investigaciones".
Fuente: www.cij.gov.ar
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Recusarán a un juez y a un fiscal en el caso de Melitón Bustos
La abogada Tania Kiriaco, representante legal junto a David Leiva del Raúl Federico Bustos, querellante en la causa por el secuestro y desaparición de su padre, el escribano Aldo Melitón Bustos, informó que analizan recusar al juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Criminal Roberto Frías y al fiscal Homero Robles porque ambos habrían sido jueces durante la pasada dictadura militar.
La querella ya fue informada de la constitución del tribunal que debería llevar a cabo el juicio oral y público contra los militares retirados Luis Ángel Gaspar Zírpolo y Carlos Alberto Arias, acusados por homicidio agravado. El tribunal quedó integrado por Raúl Villada (de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta), Martha Liliana Snopek (del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy) y Frías. "La querella está analizando recusar a Frías a pedido de la familia", informó Kiriaco. Dijo que el juez habría sido ministro de la Corte de Justicia durante la pasada dictadura. También se tiene previsto recusar al fiscal Robles, quien habría sido juez de instrucción durante el gobierno de facto iniciado en 1976. "La consigna de las querellas (en causas por violaciones a los derechos humanos) es que quienes juraron por el estatuto de reorganización nacional y abdicaron de la Constitución Nacional no tienen aptitud ética para juzgar un delito de lesa humanidad. Es contradictorio que estas personas estén ahora juzgando a quienes cometieron delitos de lesa humanidad y es causal de recusación", explicó la abogada. La causa de Melitón Bustos, quien fuera secuestrado el 2 de febrero de 1978 en Tartagal, es la primera en Salta en llegar a juicio oral. Si bien la primera parte de la causa Palomitas, en la que se investiga el asesinato de 12 presos políticos, fue elevada a sentencia antes, se rige por el viejo procedimiento escrito, que no prevé el juicio oral y público.

Otra recusación Leiva y Kiriaco tienen previsto recusar también al juez Carlos Olivera Pastor, que en su calidad de subrogante en el Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy tiene a su cargo la primera parte de la causa Palomitas. En este caso el enojo de los querellantes se debe a que en el tiempo que este juez lleva al frente de la causa, casi un año, dado que se la tomó en junio del año pasado, no hubo avances en el proceso, por lo que entienden que hay una denegación de justicia. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS
El sueño del insano
Asesorado por el abogado Hernán Vidal, que en San Luis no pudo evitar la condena a prisión perpetua del capitán Carlos Plá y el ex comisario Víctor Becerra, el general retirado Eduardo Espósito, imputado por los mismos delitos que Patti, no pierde la esperanza de morir impune. Vidal solicitó que se lo declare insano. Cifra sus expectativas en el antecedente de otro cliente: el coronel Manuel Fernando Saint Amant, cara visible de la represión ilegal en San Nicolás. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo suspendió la imputación en su contra por la “Masacre de calle Juan B. Justo” en base a una pericia que diagnosticó una “severa afectación de su capacidad biopsicológica”. La semana pasada la Cámara Federal de Rosario anuló la resolución y le ordenó al juez que eleve la causa para que el Tribunal Oral Federal decida si está o no en condiciones de ser juzgado.
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EL PAIS
Una línea de conducta

Por Diego Martínez
Durante la dictadura, Alfredo Bisordi, fue secretario del juez federal Norberto Giletta, que entonces rechazaba hábeas corpus a favor de desaparecidos y hoy defiende al general desaparecedor Jorge Olivera Róvere. En 1984 la Procuración General lo designó adjunto de Julio Strassera en el juicio a los ex comandantes. Renunció a la semana. Strassera contó que reivindicaba los métodos de la represión ilegal. Cuando Carlos Menem lo propuso para integrar la flamante Cámara de Casación, acusó de “marxistas” a los miembros de la Asociación de Abogados que lo impugnaron. Citado por la Comisión de Acuerdos del Senado, justificó por “las circunstancias históricas” la subordinación del Poder Judicial durante la dictadura. Hace una década la colectividad judía lo denunció por sus prejuicios antisemitas. Cuando se reabrieron las causas y los organismos lo recusaron, calificó como “delincuente subversiva” a Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA. El exabrupto derivó en un pedido de destitución que el Consejo de la Magistratura convirtió en falta disciplinaria. El 24 de marzo de 2007, cuando Néstor Kirchner cuestionó la demora de los procesos, sostuvo que en 40 años de carrera judicial, que incluyen las últimas dos dictaduras, nunca hubo semejante intromisión presidencial. Renunció a la presidencia del tribunal en septiembre de 2007, luego de que sus pares le quitaran el apoyo para promover a su mujer y a su sobrina. Se jubiló en junio del año pasado en medio de un proceso de juicio político por cajonear expedientes en beneficio de hombres imputados por los mismos delitos que Patti. En agosto, ovacionado por Cecilia Pando, obtuvo la matrícula de abogado y blanqueó su militancia. Su primera cruzada frustrada, inspirada en los juicios para conocer el destino de los desaparecidos mientras las leyes de impunidad impedían juzgar a los represores, fue una denuncia para que se investiguen “actividades subversivas” entre 1959 y 1989. Además de Patti, defiende a Julio Alberto Cirino, ex agente civil del Batallón de Inteligencia 601.
Fuente: Pagina12, domingo 12 de abril-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS


Con sorpresa y dolor recibimos la noticia de la muerte de Mabel Gutiérrez, pilar fundamental de la lucha por los DDHH y uno de los más firmes referentes, en estos los últimos 31 años, en señalar los senderos por donde debería transitar el derrotero de la Justicia en Argentina.
Mabel fue incansable en la búsqueda de los desaparecidos del terrorismo de Estado; en la lucha por los presos políticos y su liberación; en las denuncias de las condiciones carcelarias; en la atención a sus familiares, tanto durante la dictadura como en los gobiernos democráticos; nunca claudicó en el reclamo contra las leyes de impunidad; su demanda por la defensa de los derechos humanos no se quedó sólo en recordar aquello que se ha perdido y se intenta defender, sino en la persistencia de lograr aquel país que no se tuvo y que es imperativo construir.
El ejemplo de su lucha y la resistencia que mostró en los momentos más difíciles constituyen para Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia el mejor modelo con el que apoyarnos en la impostergable tarea de reconstrucción de la Memoria de nuestros hermanos.
Queremos acercar nuestro respeto a su familia en este momento lleno de dolor, asimismo hacer llegar nuestras condolencias a los compañeros de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas.
El vacío que deja la perdida de Mabel Gutiérrez en la lucha por la Justicia en Argentina representa el firme compromiso de unidad de todos los organismos de DDHH.


HERMANOS DE DESAPARECIDOS POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

No olvidamos , No perdonamos No nos reconciliamosPara comunicarse con nosotr@s: treintamilhermanos@ yahoo.com. ar(011) 15-31548953
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el fallecimiento de Mabel Gutierrez, fundadora de Familiares de Desaparecidos de Capital, es un dolor muy grande por una compañera que se va, y porque aún estan muchos de los genocidas en libertad, sin juicio y castigo, pero tambien para gritar muy fuerte ¡que no nos han vencido! que vamos a seguir la lucha emprendida por ella y tantos compañeros y compañeras que ya no estan-les decimos "que la lucha continua hasta la victoria"30.000 Detenidos-Desaparecidos ¡Presente!Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Detenidos por Razones Politicas y Gremiales de SaltaRed por la Defensa de los Derechos Humanos de Salta

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Lamento profundamente la muerte de la compañera Mabel Gutiérrez, con quien compartí una labor social y política intensa en el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO). Ella nos aportaba sus puntos de vista, su coherencia y una gran rigurosidad en la elaboración de los documentos. Era absolutamente respetuosa de los acuerdos y siempre estaba dispuesta a brindar su presencia militante.La desaparición de su hijo le dejó una marca indeleble en la mirada y el rostro. En mi caso, al menos, la vi sonreir pocas veces. Creo que la tristeza nunca la abandonó, aunque supo sobreponerse al dolor a través de una lucha que sostuvo hasta el final. Así la voy a recordar, como una luchadora consecuente, una mujer de principios, una buena persona.Hasta la victoria siempre, Mabel!Edgardo Form




Todavía incrédulas ante la muerte de Mabel Gutierrez, manifestamos nuestra profunda pena por su partida definitiva. Nos queda su empuje, su tenacidad militante y su firmeza para cumplir los compromisos sociales y políticos de la organización que presidía y los suyos personales. Su último correo hablaba del gran acierto que fue lograr una comisión dentro de la Corte, para que se hiciera el seguimiento de las causas y su desarrollo en el país, una iniciativa que había surgido de nuestra última reunión nacional de Familiares. Tenemos una gran congoja. Pero desde FADETUC, nos proponemos tranformar este dolor en otra razón para llevar más fuerte aún nuestras banderas, las banderas de Mabel, de Memoria, Verdad y Justicia.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS DE TUCUMAN, FADETUC.


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Por Alba Lanzillotto *
El viernes 10 de abril falleció Mabel Gutiérrez, histórica presidenta de Familiares de De- saparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Su hijo Alejandro había sido secuestrado el 24 de julio de 1978.
Se nos fue Mabel. Su corazón no pudo soportar tanto dolor, tanta injusticia, tanta infamia. Debimos cuidarla mucho más, estaba expuesta a demasiados e imperdonables golpes. En estos últimos tiempos se la veía como vencida. Ella, que durante años fue un verdadero puntal de los movimientos de derechos humanos, no podía con los injustos ataques que le venían desde quienes hasta hace poco eran sus compañeros.
Mabel es, sin duda, la más lúcida, la más coherente, la más honesta, la más consciente entre los militantes por la vida, la verdad y la justicia. Era, para muchas de nosotras, alguien a quien acudir en los momentos de duda, de desasosiego, de desconcierto, cuando no encontrábamos explicación para situaciones incomprensibles.
Donde actuaba se convertía naturalmente en eje y su palabra sobria, sabia, educadora, estaba donde era necesaria. Un ejemplo clave de esto es su presencia tan escuchada, tan respetada en el Instituto Espacio por la Memoria. A su iniciativa se deben muchas de las estrategias para llevar adelante la lucha por la verdad y la justicia, por la aceleración de los lentos juicios. Si Mabel hacía o sugería algo, sólo se oponían los descarrilados, los que pelean por otros intereses que ni siquiera se atreven a confesar. La mayoría sabía que de ella no podía salir nada que fuera contradictorio con el espíritu de lucha ética y moral que Madres, Abuelas y Familiares y el pueblo habían emprendido desde el comienzo del tiempo oscuro del horror.
La dictadura le había arrancado a su hijo Alejandro y esa herida, por cierto, aún sangraba, pero le daba fuerzas para seguir la lucha. En cambio, las nuevas heridas abiertas por la cerrazón política de algunos, o la falta de conciencia u otros intereses, fueron minando su natural energía.
Ahora nos deja a muchos en la más dolorosa orfandad. Quienes creemos sabemos que ella descansa ya de los dolores y los sufrimientos causados por enemigos y presuntos amigos y también que tiene su lugar en la luz de los bienaventurados porque fue perseguida y golpeada por luchar por la causa de la justicia.
* Abuelas de Plaza de Mayo.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

EL PAIS › LA ULTIMA BATALLA DEL CRUZADO ALFREDO BISORDI
De la galera, para salvar a Patti
El ex juez de Casación, obsesionado por evitar el juicio al ex subcomisario represor, satura la causa de escritos, cuestiona a querellantes y a antropólogos, y al propio juez Juan Manuel Yalt, a quien además amenaza. “No me van a ganar por cansancio”, asegura.

Alfredo Bisordi, ahora defensor a tiempo completo de Patti y maestro en dilaciones y chicanas.

Por Diego Martínez
El ex subcomisario Luis Patti lleva 16 meses privado legalmente de la libertad. Tiene procesamiento firme por seis secuestros, seis tormentos y un homicidio agravado. Fiscal y querellantes ya requirieron la elevación a juicio. El ex intendente de Escobar está en condiciones de ser juzgado con plenas garantías antes de que se cumpla el máximo previsto de tres años de prisión preventiva. El único obstáculo para poder demostrar su inocencia ante un tribunal imparcial es paradójicamente su abogado defensor Alfredo Horacio Bisordi, quien desde su renuncia a la Cámara de Casación y el blanqueo de su militancia está obsesionado en postergar hasta el infinito el comienzo del proceso. Para lograrlo satura la causa de escritos, cuestiona la legitimidad de los querellantes, los informes de los antropólogos forenses, y llega al extremo de sugerir que se falsean identificaciones de personas enterradas como NN para que familiares de desaparecidos cobren indemnizaciones. Tampoco duda en descalificar y amenazar al juez federal subrogante Juan Manuel Yalt, que esta semana tendrá oportunidad de poner coto a la estrategia dilatoria de Bisordi.
El viernes 3, cuando vencía el plazo para cuestionar los pedidos de elevación a juicio, Bisordi se instaló desde temprano en el juzgado federal de San Martín. Lejos de limitarse a pedir el sobreseimiento de su cliente, según él un simple oficial de calle apenas facultado para controlar documentos, presentó un extenso escrito para pedir la nulidad de todos los requerimientos, y otros 17 escritos para cuestionar la legitimidad de cada una de las querellas, con adjetivos previsibles para quien como juez de la Nación calificó a una sobreviviente de la ESMA de “delincuente terrorista”. El defensor insiste en que sólo viudos/as, padres e hijos de víctimas tienen derecho a exigir justicia, con la utópica esperanza de excluir del proceso a los organismos de derechos humanos y a las respectivas secretarías, nacional y provinciales. La discusión está zanjada desde hace años, pero todo vale para ganar tiempo.
Entre los querellantes particulares su mayor obsesión pasa por excluir a Gastón Goncalves, que es parte en la causa desde hace más de cuatro años y a quien el abogado histórico de Patti, Silvio Duarte, nunca cuestionó. No es un capricho infundado, ni odio a Los Pericos: el homicidio calificado de Roberto Gastón José Goncalves es hasta ahora el único por el que Patti será juzgado. Bisordi presentó cuatro escritos para cuestionarlo. En los primeros intentó desacreditar la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, que en 1996 exhumó del cementerio de Escobar e identificó a Goncalves. En el último sobrepasó todos los límites. “No está legalmente determinado que el presunto padre, Roberto Gastón José Goncalves, hubiese muerto a otro fin que no sea el de que sus parientes pudieran percibir una indemnización por su desaparición o larga ausencia con presunción de fallecimiento”, escribió. Goncalves militaba en Garín y Escobar, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y visto por última vez tres días más tarde, con signos de tortura, arriba de un patrullero estacionado en la comisaría donde trabajaba Patti. Pocos días antes el oficial de calle que llegaría a ser intendente de Escobar le había advertido: “Cuidate si querés seguir con vida”.
Al amplio abanico de enemigos declarados, a quienes califica de “terroristas” o intenta desacreditar por sus militancias de antaño, Bisordi incluyó en los últimos meses al propio juez de la causa, que desde enero reemplaza al renunciante Martín Suares Araujo. En escritos a los que accedió Página/12, el ex magistrado calificó a Juan Manuel Yalt de autista, irracional, sarcástico e ignorante del derecho. “Cualquier discusión jurídica que quiera plantear en este juzgado se convertirá siempre en un diálogo de sordos”, escribió. Lo acusó del “secuestro judicial” de Patti y le advirtió que “esa distracción puede costarle cara cuando el actual estado de cosas cambie y las instituciones de la República recuperen su vigencia y el prestigio perdido”. Lo imputó por instruir la causa “al servicio de fines ilícitos: la satisfacción de la venganza instrumentada desde el máximo poder político, en la que los jueces obran a sabiendas de que están colaborando en ese plan”. Le hizo notar que trabaja para “un régimen autoritario y decadente de gobierno, del que la justicia, con minúscula, forma parte”, y dejó en claro su voluntad de resistir: “En su juzgado no me van a ganar por cansancio. Me anima la firme decisión de no ser quien lleve la manija del cajón hasta la tumba en la que se han propuesto sepultar a mi defendido”.
Director del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de San Martín, Yalt se hizo cargo de la causa en enero. Arrancó con pie firme: para rechazar la excarcelación del coronel Luis Sadi Pepa con argumentos propios, diferentes a los del fallo “Díaz Bessone” de la Cámara de Casación, Yalt dictó la inconstitucionalidad de una ley que obliga a los jueces a acatar fallos plenarios de un tribunal superior. Con Bisordi, a pesar de los insultos, las amenazas, la reiteración hasta el hartazgo de planteos con leves retoques de forma y el objetivo declarado de “ganarle por cansancio”, ha tenido hasta la generosidad de no “cargarle las costas”, que en castellano significa no cobrarle por el trabajo extra que las maniobras dilatorias generan a los empleados del juzgado.
Al margen de la habitual lentitud de la instrucción, que en San Martín impulsan sólo las querellas, el juicio a Patti sufrió varias postergaciones. Los abogados particulares Ana Oberlin y Pablo Llonto pidieron la elevación en noviembre. Un mes después se conoció la renuncia de Suares Araujo. Recién a fines del mes pasado el fiscal Jorge Sica siguió los pasos de los querellantes. Pidió que se juzgue a Patti, a su superior en la comisaría de Escobar, el ex comisario Juan Fernando Meneghini, y a los generales retirados Santiago Riveros, Reynaldo Bignone, Fernando Verplaetsen y Eduardo Espósito. En los próximos días el juez Yalt debe decidir si rechaza in límine los planteos de Bisordi y eleva la causa a juicio, o bien si corre vista a las partes y permite que la pelota siga corriendo, a la espera de que el huracán con el que sueña Bisordi destruya el proceso de verdad y justicia
Fuente: Pagina 12

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4 comentarios:

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