lunes, 13 de abril de 2009





Gran ritmo. 600 firmas por día en Treinta y Tres
Juntaron 2.600 firmas y siguieron militando
Los jóvenes tomaron la vanguardia.
Ni un paso atrás. Despliegue en la Roosevelt.
Jóvenes de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad retornaron del Festival del Olimar, en Treinta y Tres, con dos mil 600 papeletas firmadas que recolectaron a razón de unas 600 por día, a pesar de la falta de información que encontraron respecto al motivo de la campaña.
"Teníamos que empezar por el principio y contar que hubo una dictadura y todo lo que pasó", dijo ayer a LA REPUBLICA Victoria, que militó en el festival de Treinta y Tres, junto a Paula, Matías, Martín Briano, y Paola Lorenzo. Ayer, Victoria ya recolectaba firmas en la Roosevelt, al igual que Diego. Fue justamente Diego quien le pidió la firma a una persona y recibió una pregunta insólita: "¿Esto es también para investigar dónde está la bandera de los 33?". La provocación gratuita sorprendió al joven militante, para nada acostumbrado al público habitual de la criolla del Parque Roosevelt. Muchos de los jóvenes de la coordinadora nacional, casi todos militantes del Frente Amplio y de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, y en particular del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (Cecso), ya habían estado haciendo campaña de firmas en otros departamentos. La criolla en la Roosevelt sería un desafío diferente. Ni siquiera les permitieron entrar a las gradas ubicadas en torno al ruedo. Tuvieron que abonar la entrada, como cualquier asistente a la doma, malgastando los necesarios recursos económicos que logró recolectar la coordinadora nacional. Los organizadores del espectáculo adujeron que es un espacio público, pero concedido a privados. Paola Lorenzo y Martín Briano ya habían estado en la Fiesta del Olimar. También estuvieron en Rocha, en enero, donde recogieron más de dos mil firmas en un colorido ómnibus con el dibujo de una lapicera gigante. Además juntaron firmas en el festival de rock que se desarrolló en Durazno.
De Treinta y Tres habían llegado también Paula, Matías y Victoria. Todos estaban ayer en la criolla del Parque Roosevelt, casi sin haber dormido a pesar de la distancia del viaje. Diego había juntado más firmas, y por su parte, en un acto que el Frente Amplio realizó en el departamento de Rocha.
Todos ellos tienen entre 18 años (el menor) y 26 (la mayor).


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Entregaron las firmas recogidas en Canadá


La Patria peregrina. Asdrúbal Perlas entregó las papeletas
Las firmas de uruguayos residentes en las ciudades canadienses de Toronto y Montreal fueron entregadas ayer por el doctor Asdrúbal Perlas a la activista Sara Méndez, durante una emotiva ceremonia en el local de la Federación de Funcionarios de Ancap.
El doctor Perlas estuvo acompañado por un amigo personal, el cancionista Carlos Benavides, que fue homenajeado por uruguayos en la diáspora tras una letra que escribió en apoyo a la campaña.
Sara Méndez (la madre del niño Simón Riquelo, que fuera secuestrado por los militares golpistas, y que pudo ser recuperado tras una investigación de LA REPUBLICA) recibió a Perlas con Gabriel Seré, otro de los activistas de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad.
Las firmas de los uruguayos residentes en Canadá fueron recolectadas por una comisión que funciona en Toronto en coordinación con otro grupo que está en Montreal.
Los compatriotas hicieron jornadas de recolección en parques públicos y en comercios propiedad de uruguayos.
Las jornadas convocadas por la Comisión para la Anulación de la Ley de Caducidad que sesiona en Toronto contaron con la participación de dos comités de base del Frente Amplio ­Apoyo Frenteamplista y El Ceibo­ y del Grupo Solidario Ibiray-Toronto (GSI-T).
La comisión en Toronto es impulsada por Asdrúbal Perlas como principal referente, y por Gladys Klestorny, Alma Weinstein, Graciela Mantero, Elizabeth Yañez y Raúl Acosta, entre otros varios.
Los uruguayos en Canadá que aún no hayan estampado sus rúbricas pueden firmar o informarse en Toronto en el 894 y 896 de Wilson Ave., oeste de Dufferin, tel. 416 991 9741, o en el 2294 de Keele St, sur de Lawrence, 416 248 0297. Por más información: 416 638 1612 y 416 294 9929.
El domingo 27 de julio de 2008, a 35 años del golpe de Estado de 1973, un grupo de uruguayos se reunió en el Parque Sheppard, en la zona norte de Toronto, para comenzar a recolectar firmas en un concurrido espacio público, un ámbito habitual de encuentro para la colectividad de uruguayos.
Allí asumió su compromiso militante la comisión que ahora se reúne todos los martes, en Toronto.
Fuente:
www.larepublica.com.uy

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Información de contacto para firmar en Buenos Aires:Capital PASTEUR 362 y Tel de lìnea 0054114952-6136 Carlos Barrios yCel. 005411 (en caso de ser del exterior se saca el 15) 1551361826. Ynuestro correo lo reiteramos
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LA TIERRA ES NUESTRA
Las Familias Unidas de Purmamarca somos 55 familias de la localidad de Purmamarca, Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy. Somos hombres y mujeres que conformamos familias, trabajamos y luchamos por no ser expulsados de nuestra región y criar nuestros hijos en nuestro lugar de origen.
Desde la declaración de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio de la humanidad, el valor de la tierra en la región ha aumentado abruptamente, haciéndose imposible para una familia originaria el acceso a la misma por medio de la compra o el alquiler.
El negocio inmobiliario aprovechado por empresarios, funcionarios del Estado Provincial, y terratenientes de la provincia ha profundizado el histórico conflicto por la tierra, despojando a nuestras familias de la posibilidad de acceder a una parcela y a una vivienda digna. En Purmamarca la tierra es utilizada para construir hoteles donde nuestro rol es limpiar y servir a turistas adinerados.
Dos semanas atrás, el día 27 de marzo, las Familias Unidas de Purmamarca decidimos asentarnos a la vera de el arrollo Coquena, aproximadamente a 1 kilómetro de la ruta provincial 52. El territorio ocupado por nuestras familias figura en los planos como “tierras fiscales” (tierras que fueron expropiadas por el gobierno nacional en la década del 50 con la promesa incumplida, aún, de ser entregadas a las comunidades).
Al día siguiente de habernos asentado, “supuestos dueños”, con mucho poder, cortaron los accesos a nuestro asentamiento, no permitiendo por la fuerza en acceso de personas, comida y agua. Las Familias Unidas de Purmamarca resistimos en el asentamiento hasta el día 8 de abril cuando se presentaron las fuerzas policiales con una orden de desalojo del Juez de instrucción Jorge Álvarez Prado.
La orden que nos fue presentada indicaba desalojar, SIN PREVIO AVISO, una porción de tierra en la cual las familias no estábamos asentados. A pesar de nuestras explicaciones, en forma pacífica, de que la orden no le otorgaba derecho a la policía de desalojarnos, los mismos procedieron de forma violenta.
En primer lugar, la policía secuestro nuestras pertenencias (carpas, bolsos, ollas, etc.) para luego reprimirnos con sus palos, balas de goma y gases lacrimógenos sin considerar la presencia de mujeres embarazadas, niños y ancianos que fueron alcanzados por su accionar. Por la represión dos mujeres embarazadas tuvieron que ser trasladadas al hospital de Maimará.
Ante este acontecimiento, las Familias Unidas de Purmamarca, decidimos realizar un corte en el cruce de las rutas 9 y 52, hasta que las autoridades se hiciesen presentes. Esta mañana (9 de abril) con la presencia de un juez de la provincia y autoridades del gobierno provincial, aceptamos levantar el corte de ruta, mostrando nuestra voluntad de diálogo, hasta el lunes 13 de abril. Ese día, representantes de las Familias Unidas de Purmamarca se reunirán con autoridades provinciales y el juez de la causa para recibir respuestas por la represión y el injusto e ilegal desalojo sufrido por nuestras familias.
Es por esto que Las Familias Unidas de Purmamarca convocamos a todas las comunidades y organizaciones sociales de la provincia de Jujuy el día lunes 13 de abril a las 9 horas a concurrir al cruce de las rutas 9 y 52 para apoyarnos en esta lucha por NUESTRA TIERRA y el derecho a una VIVIENDA DIGNA.
¡BASTA DE ATROPELLOS!
¡LUCHEMOS POR NUESTRA TIERRA Y LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS!
Jueves, 09 de abril de 2009
FAMILAS UNIDAS DE PURMAMARCA
Contactos:
redpunamnci@gmail.com
Tel: (0388)154383231 Hernán - (0388) 154210232 Ramón Burgos
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EL PAIS › LA ULTIMA BATALLA DEL CRUZADO ALFREDO BISORDI
De la galera, para salvar a Patti
El ex juez de Casación, obsesionado por evitar el juicio al ex subcomisario represor, satura la causa de escritos, cuestiona a querellantes y a antropólogos, y al propio juez Juan Manuel Yalt, a quien además amenaza. “No me van a ganar por cansancio”, asegura.

Alfredo Bisordi, ahora defensor a tiempo completo de Patti y maestro en dilaciones y chicanas.

Por Diego Martínez
El ex subcomisario Luis Patti lleva 16 meses privado legalmente de la libertad. Tiene procesamiento firme por seis secuestros, seis tormentos y un homicidio agravado. Fiscal y querellantes ya requirieron la elevación a juicio. El ex intendente de Escobar está en condiciones de ser juzgado con plenas garantías antes de que se cumpla el máximo previsto de tres años de prisión preventiva. El único obstáculo para poder demostrar su inocencia ante un tribunal imparcial es paradójicamente su abogado defensor Alfredo Horacio Bisordi, quien desde su renuncia a la Cámara de Casación y el blanqueo de su militancia está obsesionado en postergar hasta el infinito el comienzo del proceso. Para lograrlo satura la causa de escritos, cuestiona la legitimidad de los querellantes, los informes de los antropólogos forenses, y llega al extremo de sugerir que se falsean identificaciones de personas enterradas como NN para que familiares de desaparecidos cobren indemnizaciones. Tampoco duda en descalificar y amenazar al juez federal subrogante Juan Manuel Yalt, que esta semana tendrá oportunidad de poner coto a la estrategia dilatoria de Bisordi.
El viernes 3, cuando vencía el plazo para cuestionar los pedidos de elevación a juicio, Bisordi se instaló desde temprano en el juzgado federal de San Martín. Lejos de limitarse a pedir el sobreseimiento de su cliente, según él un simple oficial de calle apenas facultado para controlar documentos, presentó un extenso escrito para pedir la nulidad de todos los requerimientos, y otros 17 escritos para cuestionar la legitimidad de cada una de las querellas, con adjetivos previsibles para quien como juez de la Nación calificó a una sobreviviente de la ESMA de “delincuente terrorista”. El defensor insiste en que sólo viudos/as, padres e hijos de víctimas tienen derecho a exigir justicia, con la utópica esperanza de excluir del proceso a los organismos de derechos humanos y a las respectivas secretarías, nacional y provinciales. La discusión está zanjada desde hace años, pero todo vale para ganar tiempo.
Entre los querellantes particulares su mayor obsesión pasa por excluir a Gastón Goncalves, que es parte en la causa desde hace más de cuatro años y a quien el abogado histórico de Patti, Silvio Duarte, nunca cuestionó. No es un capricho infundado, ni odio a Los Pericos: el homicidio calificado de Roberto Gastón José Goncalves es hasta ahora el único por el que Patti será juzgado. Bisordi presentó cuatro escritos para cuestionarlo. En los primeros intentó desacreditar la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, que en 1996 exhumó del cementerio de Escobar e identificó a Goncalves. En el último sobrepasó todos los límites. “No está legalmente determinado que el presunto padre, Roberto Gastón José Goncalves, hubiese muerto a otro fin que no sea el de que sus parientes pudieran percibir una indemnización por su desaparición o larga ausencia con presunción de fallecimiento”, escribió. Goncalves militaba en Garín y Escobar, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y visto por última vez tres días más tarde, con signos de tortura, arriba de un patrullero estacionado en la comisaría donde trabajaba Patti. Pocos días antes el oficial de calle que llegaría a ser intendente de Escobar le había advertido: “Cuidate si querés seguir con vida”.
Al amplio abanico de enemigos declarados, a quienes califica de “terroristas” o intenta desacreditar por sus militancias de antaño, Bisordi incluyó en los últimos meses al propio juez de la causa, que desde enero reemplaza al renunciante Martín Suares Araujo. En escritos a los que accedió Página/12, el ex magistrado calificó a Juan Manuel Yalt de autista, irracional, sarcástico e ignorante del derecho. “Cualquier discusión jurídica que quiera plantear en este juzgado se convertirá siempre en un diálogo de sordos”, escribió. Lo acusó del “secuestro judicial” de Patti y le advirtió que “esa distracción puede costarle cara cuando el actual estado de cosas cambie y las instituciones de la República recuperen su vigencia y el prestigio perdido”. Lo imputó por instruir la causa “al servicio de fines ilícitos: la satisfacción de la venganza instrumentada desde el máximo poder político, en la que los jueces obran a sabiendas de que están colaborando en ese plan”. Le hizo notar que trabaja para “un régimen autoritario y decadente de gobierno, del que la justicia, con minúscula, forma parte”, y dejó en claro su voluntad de resistir: “En su juzgado no me van a ganar por cansancio. Me anima la firme decisión de no ser quien lleve la manija del cajón hasta la tumba en la que se han propuesto sepultar a mi defendido”.
Director del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de San Martín, Yalt se hizo cargo de la causa en enero. Arrancó con pie firme: para rechazar la excarcelación del coronel Luis Sadi Pepa con argumentos propios, diferentes a los del fallo “Díaz Bessone” de la Cámara de Casación, Yalt dictó la inconstitucionalidad de una ley que obliga a los jueces a acatar fallos plenarios de un tribunal superior. Con Bisordi, a pesar de los insultos, las amenazas, la reiteración hasta el hartazgo de planteos con leves retoques de forma y el objetivo declarado de “ganarle por cansancio”, ha tenido hasta la generosidad de no “cargarle las costas”, que en castellano significa no cobrarle por el trabajo extra que las maniobras dilatorias generan a los empleados del juzgado.
Al margen de la habitual lentitud de la instrucción, que en San Martín impulsan sólo las querellas, el juicio a Patti sufrió varias postergaciones. Los abogados particulares Ana Oberlin y Pablo Llonto pidieron la elevación en noviembre. Un mes después se conoció la renuncia de Suares Araujo. Recién a fines del mes pasado el fiscal Jorge Sica siguió los pasos de los querellantes. Pidió que se juzgue a Patti, a su superior en la comisaría de Escobar, el ex comisario Juan Fernando Meneghini, y a los generales retirados Santiago Riveros, Reynaldo Bignone, Fernando Verplaetsen y Eduardo Espósito. En los próximos días el juez Yalt debe decidir si rechaza in límine los planteos de Bisordi y eleva la causa a juicio, o bien si corre vista a las partes y permite que la pelota siga corriendo, a la espera de que el huracán con el que sueña Bisordi destruya el proceso de verdad y justicia
Fuente: Pagina 12

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EL PAISMURIO MABEL GUTIERREZ, TITULAR DE FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS POR RAZONES POLITICAS

“Era una mujer con enorme lucidez”

Desde el secuestro de su hijo Alejandro, en julio de 1978, Mabel Gutiérrez empezó su lucha inclaudicable por la verdad y la justicia. Falleció ayer por la mañana de un paro cardíaco. Sus cenizas serán esparcidas en el Parque de la Memoria.
Su lucha inclaudicable incluyó también a los detenidos por razones políticas. No perdió la sonrisa pese a la tragedia.

Por Diego Martínez
A los 77 años, luego de treinta de lucha inclaudicable para exigir verdad y justicia, falleció ayer Mabel Gutiérrez, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y una de las máximas referentes de los organismos de derechos humanos del país. Integraba la organización desde el secuestro de su hijo Alejandro, el 24 de julio de 1978. Durante las últimas semanas participó de reuniones y encuentros, incluso con la presidenta Cristina Fernández, para consensuar estrategias con vistas a acelerar los juicios por crímenes de lesa humanidad. Representaba a Familiares ante el Instituto Espacio para la Memoria. Sus restos serán velados hasta las cuatro de la tarde en la sede de Familiares, Riobamba 34. Luego su familia la despedirá en el cementerio Parque Iraola de Berazategui. Sus cenizas, tal su último deseo, se van a esparcir el martes a las once de la mañana en el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria de Costanera Norte.
“Era una mujer con enorme lucidez, inteligencia y capacidad para resolver situaciones. No es casual que la redacción de todos los documentos de los organismos históricos se los encomendaran a Mabel”, recordó ayer Cristina Muro, que integra Familiares desde 1977.
Mabel había nacido en Saliqueló pero por el trabajo de su padre vivió en varios pueblos hasta que se instaló en Carlos Casares. Allí formó su familia. Tuvo tres hijos, ocho nietos y tres bisnietos. Hacia mediados de 1978 era ama de casa y había empezado a estudiar arquitectura. Alejandro tenía 25 años, había estudiado periodismo y trabajaba en una vidriería. Fue secuestrado en Tolosa, cerca de La Plata, donde militaba, y visto por última vez en cautiverio en el centro clandestino La Cacha, que formó parte del circuito Camps. La causa que debería investigar los crímenes cometidos allí está radicada en el Juzgado Federal de Manuel Humberto Blanco, que aún no citó a declarar a ningún represor.
Tras la desaparición de Alejandro, abandonó el apellido de soltera y pasó a llamarse Mabel Gutiérrez, como un modo de hacer público el orgullo por su hijo. Pronto se integró a Familiares, el primer organismo de allegados directos de víctimas del terrorismo de Estado, nacido en septiembre de 1976. “Alejandro me había hablado de este organismo, me mostró el camino”, contó alguna vez.
“Desde el inicio, nuestro nombre fue una declaración de principios. Eramos un grupo grande de madres, padres, hermanos, esposos de desaparecidos y detenidos, y siempre tuvimos en claro que las causas eran razones políticas”, explicó. Su lucha no se limitó a los desaparecidos. “Los presos políticos, más de 10.000, eran víctimas de los mismos métodos represivos. Era una bandera y lucha paralela. Discutíamos con otros organismos que decían que por lo menos sus familias sabían dónde estaban. Nosotros sosteníamos que debíamos lograr que los liberaran”, rememoró.
“Desde la desaparición del Flaco, Mabel asumió la defensa de los derechos humanos en forma inclaudicable”, recordó María, la mujer de Alejandro, con quien tuvo dos hijos. “Con esa bandera de lucha exigió justicia aquí y en el exterior. Lamentablemente no llegó a obtener justicia en nuestro caso, pero alcanzó a ver que su lucha fue asumida por la sociedad en su conjunto. Eso es gracias a luchadoras como Mabel, que nunca se dio por vencida. Su ejemplo de amor, honestidad y consecuencia es un orgullo para toda su familia”, agregó.
En 2001, durante la inauguración de la escultura Victoria en el Parque de la Memoria, Mabel explicó que la obra simbolizaba “la victoria de la memoria sobre el olvido y el silencio”. Recordó que para su autor, William Tucker, “refleja el horror pero también la esperanza”, y agregó que la consideraba “un llamado a nuestro deber y compromiso de asumir las reivindicaciones de un modelo de país con trabajo, educación, salud y vivienda para todos, que enarbolaron miles de detenidos-desaparecidos, asesinados, presos políticos y exiliados, para lograr que su lucha se haga realidad”. Allí, junto al nombre de Alejandro, descansarán sus cenizas.

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El sáb 11-abr-09, familiares famdesapcba <
famdesapcba@yahoo.com.ar> escribió:
De: familiares famdesapcba <
famdesapcba@yahoo.com.ar>Asunto: COMPAÑERA MABEL GUTIERREZPara: "familiares famdesapcba" <famdesapcba@yahoo.com.ar>Fecha: sábado, 11 de abril de 2009, 12:24 am
...El fallecimiento de nuestra compañera -MABEL GUTIERREZ- fundadora de Familiares de Desaparecidos-Detenidos por Razones Políticas en Argentina y un referentes a nivel nacional de nuestras organizaciones ha calado profundamente en cada uno de nosotros....Es el dolor por la perdida de una militante y cuadro político e ideológico y de una luchadora de toda la vida por su compromiso, claridad política y calidad humana....Desde Familiares debemos seguir enarbolando en nuestra lucha la UNIDAD, POR LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA...COMPAÑERA "MABEL GUTIERREZ"
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE30.000 Compañeros Desaparecidos- PresentePara anexar a una despedida Para recordar a una compañera Para tener su mirada Para imitar a una militante
QUE LA VICTORIA SEA TU EJEMPLO
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS DE CÓRDOBA

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Fedefam Argentina <
fedefamargentina@yahoo.com.ar>
mostrar detalles

9 de abril 2009, Buenos Aires
¡Mabel, cómo te vamos a extrañar y mucho!

Con el fallecimiento de Mabel Gutiérrez, presidenta de Familiares, no exagero si digo que, con ella, se nos ha ido un buen pedazo de la historia de los organismos de derechos humanos en Argentina. ¡Y nos ha dejado un vacío difícil de llenar ¡

Por su asombrosa capacidad intelectual, Mabel fue la parte pensante de los organismos y siempre exigente con ella misma y con los demás. Más que nadie Mabel influyó en la agenda de los organismos, en sus declaraciones publicas y en todos los proyectos de leyes y políticas que se han implementado en derechos humanos desde el retorno a la democracia hasta el día de hoy. Redactaba los documentos y abarcaba con solvencia asombrosa todos los temas desde la memoria, la verdad, la impunidad y la justicia hasta la lucha por los derechos económicos y sociales.

Nunca fue afín a las ceremonias ni a los protocolos sino volcada totalmente al compromiso sin medias tintas. Por supuesto este estilo agudo y crítico le provocó encontronazos pero su aporte fue de un enriquecimiento inconmensurable. Un solo ejemplo, hace pocas semanas en un informe de ONU sobre desaparecidos en Argentina, los expertos recomendaban, entre otros temas, que los casos en Argentina que habían recurrido a la ley de ausencia por desaparición forzada, deberían considerarse “cerrados”. Como representante de FEDEFAM trabajé en una carta de respuesta. Mabel me hizo corregir varias veces la redacción para que la posición nuestra quedaría afirmada de manera inapelable. ¡No se puede cerrar nunca un caso de desaparición forzada salvo con toda la verdad y tener a los responsables detrás de las rejas en una cárcel común! Fue su pensamiento inclaudicable como siempre.

Patricio Rice Primer Secretario Ejecutivo
FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desparecidos)

Anexo: Parte de la declaración de Mabel Gutiérrez ante la justicia en los juicios por la verdad, La Plata, 1999.

“En el año 78, a partir de la desaparición de ALEJANDRO, yo comienzo a concurrir a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y hoy me cuesta mucho hacer un testimonio personal porque todos nosotros hemos aprendidos durante estos años a trabajar juntos y a pelear juntos con los otros organismos de derechos humanos. Este juicio que se ha abierto aquí en La Plata, es un resquicio para llegar a obtener la verdad. De todas maneras, los que tienen la verdad, son los que se llevaron a nuestros seres queridos, en mi caso, la Policía Federal, las Fuerzas Armadas. Ellos son los que deberían darnos las respuestas. Ellos saben lo que hicieron, en qué momento, en qué circunstancias, de qué manera, por qué y quién decidió el destino de cada uno de nuestros seres queridos. Nunca se nos ha contestado personalmente a cada uno de nosotros, qué hicieron con ellos. Yo realmente me alegro mucho de poder estar aquí, de poder decir mi pequeña verdad, de que haya una instancia donde nosotros podamos reclamar la verdad y espero que esta misma instancia nos sirva también para reclamar y obtener la justicia.”


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El paísViernes, 10 de Abril de 2009
LA JUSTICIA QUIERE PRESERVAR UN EX CENTRO CLANDESTINO
Para sacar a los policías de Arana

Por Adriana Meyer
El juez federal Arnaldo Corazza solicitó al Ministerio de Seguridad bonaerense la “desafectación del predio donde funciona actualmente el destacamento policial de Arana” para “resguardar los elementos probatorios hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y ante el eventual surgimiento de nuevos hallazgos”. De hecho, el EAAF encontró en diciembre restos óseos calcinados en el centro clandestino que funcionó allí durante la dictadura. La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) habían pedido varias veces que los policías bonaerenses fueran desalojados del llamado Pozo de Arana.
Ambos organismos insistieron en que se dispusiera esa medida “para garantizar la preservación de las pruebas judiciales realizadas y pendientes”, ante la perspectiva cierta de seguir explorando el terreno y por la “inconveniente permanencia de personal policial en el lugar”. La fiscalía estuvo de acuerdo con la AEDD y la LADH, querellantes en la causa que investiga los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención. A partir de la orden del juez de efectuar tareas en el predio de Arana, estos organismos se reunieron con el EAAF y luego con miembros de la Secretaría de Derechos Humanos provincial, el Ministerio de Infraestructura y Planeamiento y el grupo Proyectar-Construir-Identidad. En los encuentros conversaron sobre la necesidad de desalojar a los bonaerenses, tal como sucedió en el denominado Pozo de Banfield. “Estamos en presencia de una prueba fundamental porque es el primer centro clandestino donde se producen hallazgos de restos humanos”, explicaron en su pedido a Corazza al referirse a Arana. “Resulta escandaloso que a la fecha el gobierno bonaerense no haya dispuesto de oficio el desalojo del predio para dejar una mera custodia, mínima y elemental medida de resguardo ante la magnitud probatoria hallada”, agregaron.
Los querellantes recordaron que el 25 de marzo se llevó a cabo frente al destacamento de Arana un acto de señalización del centro clandestino. En tal sentido, expresaron que “resulta paradójico que las autoridades provinciales señalicen el lugar y anuncien la construcción de un espacio de memoria, sin reparar en la violencia simbólica de la presencia de la misma fuerza policial que lo habitaba durante la dictadura”. El juez Corazza tomó nota y pidió que los policías dejen Arana. Ahora le toca al Ejecutivo provincial resolver la solicitud del magistrado federal.
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EL PAISLOS FISCALES IMPULSAN EN MENDOZA UN PROYECTO PARA ACELERAR LOS JUICIOS
Empujón contra la impunidad

Organismos de derechos humanos respaldaron la iniciativa de los fiscales federales para que los tribunales de Mendoza se avengan a juzgar a los represores acusados por delitos de lesa humanidad. Se creará una oficina especial para atender las causas.

El fiscal federal Jorge Auat, titular de la Unidad Especial, impulsó el proyecto en Mendoza.

Por Diego Martínez
La impunidad que reina en Mendoza, con más de doscientos desaparecidos y ningún represor preso, podría comenzar a revertirse. Con el visto bueno de los organismos de derechos humanos, la firma de dos fiscales federales y del flamante fiscal general ante el Tribunal Oral, la Unidad de Coordinación y Seguimiento de investigaciones sobre terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación presentó ante el juez federal Walter Bento un plan de trabajo para acumular causas a fin de agilizar las instrucciones y lograr en el corto plazo los primeros procesos orales y públicos. El fiscal federal Jorge Auat, director de la Unidad, anunció también la creación de una oficina de asistencia, con siete empleados, que ya funciona en una dependencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
El anuncio se produjo días después de que la directora de Derechos Humanos provincial, María José Ubaldini, adelantara la voluntad del gobierno de Celso Jaque de sumarse al pedido de juicio político contra Alfredo Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Petra Fernández. Son los miembros de la Cámara Federal que en noviembre liberó a los últimos dos represores presos. Las primeras denuncias ante el Consejo de la Magistratura las formularon el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos local y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos.
El documento que recibió Bento lleva las firmas de Auat, del fiscal general Oscar Palermo y de las fiscales María Alejandra Obregón y María Gloria André. “Compartimos la propuesta”, aclaró Viviana Beigel, abogada del MEDH. “Venimos reclamando la unificación desde la reapertura de la causa hace cuatro años. Nunca se nos hizo lugar salvo alguna excepción puntual. Por primera vez un fiscal propicia el mismo criterio”, agregó.
A partir del estudio de 116 expedientes, que abarcan a 245 víctimas, los fiscales plantearon la necesidad de elevar en conjunto los ocho que tienen requerimiento fiscal y los once que cuentan con procesamientos firmes, para que se traten en un único debate oral. La oficina que conduce Palermo formulará un pedido similar al TOF para que unifique las nueve causas ya elevadas. Sobre el resto de los expedientes, la propuesta es acumularlos en tres grupos, según centros clandestinos: Casino de Suboficiales, Campo Las Lajas y la Dirección de Investigaciones (D2) de la policía. La unidad reclamó que en las causas no elevadas se indague a los imputados por asociación ilícita y formuló un planteo para que recusaciones y excusaciones de camaristas sean resueltas por jueces y no por abogados.
Los anuncios, sumados a declaraciones de Auat sobre la necesidad de sanear la justicia, desataron una dura reacción de los magistrados cuestionados. Petra Fernández acusó al fiscal de “falta de decoro y dignidad”, repudió sus “expresiones lamentables” y anunció una presentación ante el procurador Esteban Righi que aún no se concretó. También expresó su disgusto por las palabras del ministro de Gobierno, Mario Adaro, por repudiar el rol de la Justicia durante la dictadura y aseguró que el anuncio de Ubaldini de sumarse al pedido de juicio político “no representa el pensamiento del gobernador”. Las acusaciones de Petra Fernández derivaron en muestras de solidaridad hacia el fiscal Auat, incluida la del diputado nacional mendocino Jorge Alvaro, que denunció que “este apego al formalismo esconde el evidente propósito de proteger encubriendo a los responsables de delitos aberrantes cometidos hace más de tres décadas”.
Las buenas nuevas se producen luego de un 2008 para el olvido, que incluyó amenazas y mensajes mafiosos contra testigos y querellantes. Hace un año, tras meses de resistencia, el Partido Demócrata renunció al Ministerio de Seguridad en respaldo del ex comisario Carlos Rico Tejeiro, denunciado por su actuación en la D2. Pereyra González fue denunciado en San Luis por negarse a recibir denuncias de tormentos cuando era secretario del juez puntano. Un abogado que asistía a familias de víctimas declaró que el camarista le confesó haber visto a una detenida torturada en la Jefatura de Policía. El juez pidió una audiencia especial para someterse a un careo pero cuando el Tribunal fijó la fecha no se presentó.
Fuente: Pagina 12
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El país / Edición Impresa

OBTUVO nuevos testimonios sobre el crimen del obispo angelelli
La Iglesia rompe 30 años de silencio

Es el resultado de una investigación ordenada por Bergoglio y conducida por monseñor Giaquinta. Las pruebas comprometen a la delegación de la Fuerza Aérea en Chamical. El 22 de abril será exhumado el cadáver.

Diego Genoud, desde Chamical
10.04.2009

Gennaro. El sacerdote de Chamical logró nuevos testimonios sobre la muerte de Angelelli.


En paralelo con la causa judicial que lleva adelante el juez federal de La Rioja Daniel Piedrabuena, la Iglesia católica avanza con una investigación propia sobre el asesinato de monseñor Enrique Angelelli, ocurrido el 4 de agosto de 1976. La decisión de la curia, que rompió con tres décadas de silencio e indiferencia frente al crimen del obispo riojano, empieza a arrojar datos significativos.El encargado de llevar adelante la reconstrucción de las circunstancias que rodearon la muerte del obispo de La Rioja es el arzobispo emérito de Resistencia monseñor Carmelo Giaquinta. La investigación eclesiástica coincide con la decisión judicial de ordenar la exhumación y autopsia del cadáver del obispo, que se realizará el 22 de abril próximo y será practicada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Hace dos años, Giaquinta –que tiene 78 años y es historiador– comenzó a trabajar en un informe exhaustivo por decisión del cardenal Jorge Bergoglio. “Le preguntó a todos y cada uno de los obispos qué sabían de la muerte de Angelelli y de sus causas”. El que habla es José Luis Gennaro, el actual sacerdote de Chamical que conoce como pocos la persecución a los sectores progresistas de la Iglesia en La Rioja. Crítica de la Argentina lo entrevistó en la misma parroquia que Angelelli visitó pocas horas antes de su muerte. El obispo riojano investigaba la muerte de dos sacerdotes de esta ciudad que habían sido asesinados muy poco tiempo antes. “Él sale de acá con una carpeta de los autores materiales e ideológicos del doble crimen. La información se pierde en el supuesto accidente, pero él, con astucia y mansedumbre evangélica, había hecho tres copias y finalmente la información llegó al Episcopado”. Gennaro es un franciscano que fue compañero de uno de los curas asesinados y ya había sido cura del pueblo durante la década del 80. Mientras ahonda en su memoria y relata lo que sabe, el nudo que le aprieta la garganta deriva en lágrimas. Cuenta que, por invitación suya, Giaquinta viajó a Chamical a fines de 2008 y se encargó de tomar testimonio a dos testigos de identidad reservada que jamás habían hablado. “Yo lo acompañé a Punta de Llanos. Fuimos adonde estaba la cabina telefónica más próxima al lugar del vuelco. Después del, entre comillas, “accidente”, se cortan los teléfonos por una hora. Una de las personas que trabajaba en la garita –y que corta los teléfonos– es la que mintió diciendo que había visto el vuelco. Ahora, este nuevo testigo, que tenía la concesión de la cabina telefónica en su casa, cuenta que ellos le piden hablar con la Base de la Fuerza Aérea y dicen “‘misión cumplida’ o palabras similares”, afirma Gennaro. No es el único aporte que consta en la investigación del Episcopado.“Hace muy poco, tuvimos de primera mano el testimonio de quien quizás sea la última persona inocente que lo vio, justo en una curva, pasando por Punta de los Llanos. Es un ex policía de la provincia que iba de a caballo y lo ve pasar a Angelelli manejando él la Fiat Multicarga”. De allí surge que el vehículo iba a unos 60 kilómetros por hora. El testigo estima, entonces, que en seis minutos la Multicarga llegó al lugar donde lo mataron.El testimonio es importante porque durante años la verdad oficial se basó en un informe de la policía, donde se aseveraba que el conductor de la camioneta era el sacerdote Arturo Pinto y que Angelelli había muerto aplastado en el supuesto vuelco accidental porque iba en el asiento del acompañante. “Algunos, con interés o inocencia, han dicho que manejaba Pinto y que la causa de la muerte era un vuelco”, explica Gennaro. “Ahora sabemos que, seis kilómetros antes de llegar a Punta de los Llanos, Angelelli se cruza con esta persona que lo ve, le toca bocina y lo saluda. Él ve que monseñor recibe el mate y ve que atrás venía el Peugeot blanco”. El obispo que protegía a sus sacerdotes y resistía los negociadosAl momento de su muerte, monseñor Enrique Angelelli investigaba el doble crimen de dos de sus colaboradores más cercanos, Carlos Murias y Gabriel Longueville, ocurrido el 18 de julio de 1976. Muy poco tiempo antes, los dos sacerdotes de Chamical habían iniciado una investigación con el respaldo del obispo de La Rioja. “Había un grupo de operaciones allegado a los militares que se iba a quedar con La Merced de La Chimenea. Era un negocio con 40 mil hectáreas, camino a Olta, sobre las sierras. Tenían un proyecto e iban a embaucar a la gente que no tiene títulos de propiedad. Carlos se lo comenta a Angelelli y el obispo le dice: deciles que no firmen nada”, recuerda Gennaro, que fue compañero de Murias en el seminario.El mes pasado, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento del jefe de la Base de la Fuerza Aérea en Chamical, comodoro Luis Estrella, y del comisario retirado del pueblo, Domingo Vera, como coautores de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio calificado. Está previsto que el juicio oral y público comience en La Rioja entre julio y agosto próximos.

Fuente: Critica de la Argentina


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