lunes, 2 de marzo de 2009

Plantean dejar fuera de la causa Ragone a organización de derechos humanos
El defensor oficial Federico Petrina, quien asiste a gran parte de los acusados por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, planteó que se impida la participación en esta causa, en calidad de querellante, de la organización de derechos humanos Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia, de la que forma parte el abogado David Leiva.
Miguel Ragone.
El defensor objetó la participación de Encuentro con el argumento de que no es un particular ofendido por el delito investigado en esta causa, el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal, además del secuestro y desaparición de Ragone. Petrina señaló que esa condición se presenta solo en relación a la persona física o jurídica sobre la que directamente se han producido los resultados de la acción u omisión, y sostuvo también que la ley procesal no reconoce legitimación procesal a las asociaciones intermedias como Encuentro.

La semana pasada, con el patrocinio de la abogada Tania Kiriaco, Encuentro por la Memoria respondió al planteo del defensor. Fundamentó su derecho a participar como querellante en este proceso en que se trata de delitos que no solo ofenden a los directamente involucrados, sino a toda la sociedad. "No resultaría adecuado a las circunstancias, la mera consideración de que solamente es la vida, como bien jurídico tutelado, lo que se ve afectado por los hechos investigados, sino que la vulneración es mucho mayor y ha interesado en la sociedad toda."Más allá de esta consideración, la organización sostuvo que le asiste el derecho a ser oído, previsto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, todos incorporados a la legislación argentina.
"Y ese derecho es el que nuestra Asociación y otros querellantes cuestionados están ejerciendo y, por tal razón, `deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana`", afirmó. Además, destacó que los crímenes contra la humanidad están sujetos la jurisdicción universal y por lo tanto cualquier persona, haya sido o no víctima, está legitimada para denunciar a los responsables en cualquier jurisdicción.

Fuente:
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS



Enviado por Juan Lenscak. PSR. Agencia de Noticias Padre Santiago Renevot.
Juan Carlos Colombo, hundido en sus recuerdos durante la requisitoria fiscal que aún no se pudo terminar de leer.
Panorama semanal
“Alta simulación”
Por Juan Lenscak
El juez Belfote, fue muy claro: “al Tribunal le ha llamado mucho la atención la versión que se comentó esta mañana en el sentido que se le había retirado la medicación para la hipertensión que coincidió con la iniciación del juicio y con el pico (de presión) arterial que ha tenido. Como firmemente vamos a tratar de evitar todo tipo de dilación que no sea necesaria y para determinar los verdaderos alcances sobre la situación de salud, hemos dispuesto que en el día de la fecha se constituyan médicos del Cuerpo Médico Forense en el domicilio donde está internado, a fin de elaborar una evaluación clínica sobre su salud, para estimar el tiempo necesario para continuar con el debate. Así mismo (el Cuerpo Médico Forense) se expedirá sobre qué medicación se le está proporcionando para la hipertensión; por qué le fue retirada –porque así lo refirió el propio imputado, y si dicha prescripción –de haberle retirado la medicación- es compatible con la situación de ser sometido a una situación de stres como es la de un juicio oral.” Con estas palabras abrió la sesión vespertina del miércoles 25 quien preside el Tribunal Oral Federal que juzga al dictador Colombo.
El concepto de “dilación no necesaria”, y la consecuente investigación sobre la falta de medicación en un momento de stres, que provocó la dilación del juicio hasta el 10 de marzo, llamaron poderosamente la atención a los presentes en la sala de audiencias.
A nadie escapa que todos los movimientos de las defensas de las principales espadas del Proceso de Reorganización Nacional, (en este caso se trata de un ex general de brigada del ejército argentino, y ex gobernador de un provincia fronteriza con Paraguay), están suficientemente planificados. Pensar lo contrario sería pecar de ingenuos frente a profesionales en la estrategia bélica. El ejemplo de Massera y de Trimarco tienen su analogía con el presente caso. Pero el de Formosa tiene características propias.
Se da en un momento en que los sectores de capital concentrado que avalaron y se beneficiaron con el terrorismo de estado, comienzan a recuperar la iniciativa boicoteando duramente la gestión de un gobierno popular, con la política del tero, alardeando por izquierda para resguardar sus nidos de ganancias por derecha. Aprovechan la coyuntura de crisis internacional, y de debilidad estructural de los sectores populares provocada precisamente durante la dictadura y posterior economía neoliberal, para su crecimiento político. Esta recuperación de la iniciativa de los grupos de capital concentrado, y la articulación de los nichos de resistencia al avance popular a través de la utilización de los medios de comunicación masiva, otorga a quienes fueron utilizados para sus fines durante la dictadura y ahora son juzgados, un hálito de esperanza.
Todo hace suponer que los diseñadores de estos nuevos desplantes patronales desestabilizadores a un gobierno que votaron mayoritariamente los trabajadores ocupados y desocupados, también necesiten tiempo. No es descabellado pensar que especulen con la muerte natural de los imputados, para no repetir el caso de Héctor Antonio Febres, ni tomar represalias y amedrentar como con Julio López.
La dilación constituiría la estrategia más sensata. Sobre todo para los que puedan sentir temores por las derivaciones judiciales si se conoce la verdad de los hechos con las complicidades que persisten, dado que la edad avanzada es un aliado inexorable de la tumba; sin los riesgos de operativos especiales preparados para los casos de Febres y Lopez.
Al principio, la actitud del octogenario general de brigada, con la cabeza gacha hundida en los hombros para oir el requerimiento fiscal daba la sensación de un hombre quebrado profundamente. Pero en los cuartos intermedios, comenzó a mostrar la hilacha, centrando el proceso en su estado de salud y no en el fondo de la cuestión.
Y fue evidente que así como hubo complicidades políticas e institucionales para que un juicio iniciado en 1984 llegue a la instancia oral en el 2009, se tejen sobradas sospechas sobre los fundamentos por los cuales no se lo trasladó a Formosa desde un inicio. También se sospecha sobre sus reales afecciones en la actualidad. Habida cuenta que el examen médico efectuado el día 25 por la tarde si bien reconocía su presión arterial, dejó claramente sentado que “no presentaba evidencias clínicas de complicaciones”(sic) Con lo cual la falta de medicación ante una situación de stress constituye la punta de un ovillo que, no pasó desapercibida ni para el juez. Mucho menos para el propio defensor quien afirmó ante el tribunal que el imputado no puede mantenerse sin dicha medicación permanente, por lo que negaba que el hecho hubiera ocurrido, contradiciendo las afirmaciones de su propio defendido.
Cuando la defensa del dictador propuso que se le practicara además de los exámenes neurológico y cardíaco, un nuevo examen psicológico, fue el propio juez que lo desestimó de plano. Volvieron a resonar en la memoria de los presentes las palabras iniciales del juez “vamos a tratar de evitar todo tipo de dilación que no sea necesaria”.
Las chicanas usadas para la dilación son burdas, pero el marco político en el que se dan no lo es. Por ello es de suponer que la querella, con aguda percepción, al intervenir en el debate, tuvo en cuenta además de las contradicciones de la defensa, la de los partes médicos, y la propia actitud del imputado; que Juan Carlos Colombo lideró y se siente representado por un proyecto de país conducido por la misma Sociedad Rural que avaló las atrocidades que hoy se juzgan; proyecto que aparece reciclado y con una agresiva iniciativa política contra el actual gobierno popular, por lo cual no tuvo dudas en caracterizar los picos de hipertensión del imputado, no solo como “maniobra de dilación” como lo hizo el juez, sino que le agregó la calificación “de alta simulación” destacando no la excelencia de una sobreactuación a todas luces deficiente, sino la finalidad de la misma por su connotación profundamente política.
Juan E. Lenscak.--Publicado por juicioformosa para
JUICIO FORMOSA el 3/01/2009 11:23:00 AM-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS




MOVIMENTO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS/Brasil INFORMA:
Supremo Tribunal Federal - Andamento Processual

Prezado Dr. JAIR KRISCHKE, notificamos V.Sa dos seguintes andamentos processuais:
Ext Nr. 974 Relator: MIN. MARCO AURÉLIO REQTE.(S): GOVERNO DA REPÚBLICA ARGENTINA EXTDO.(A/S): MANOEL CORDEIRO PIACENTINI OU
MANUEL CORDERO PIACENTINI OU
MANUEL CORDERO ADV.(A/S): JULIO MARTIN FAVERO Data (fecha) do Andamento: 27/02/2009 Andamento: Despacho Observações: EM 16/02/2009: [...] DIGA O EXTRADITANDO SOBRE O ENDEREÇO
EM QUE PERMANECERÁ, EXPLICITANDO A TITULARIDADE. 3. PUBLIQUEM.

.....DIGA EL EXTRADICTANDO (CORDERO) SOBRE LA DIRECCIÓN EN QUE PERMANECERÁ CUMPLIENDO LA PRISIÓN DOMICILIARIA, EXPLICANDO LA TITULARIEDAD, ....ES DECIR: QUIEN ES EL DUEÑO DEL DOMICILIO.
Supremo Tribunal FederalPraça dos Três Poderes – Brasília-DF – CEP 70175-900 – Telefone: (61) 3217.3000

COMENTÁRIOS: Solamente ahora (27 de febrero), el ministro Marco Aurélio Mello, atendiendo solicitación
de la Polícia Federal de Santana do Livramento (vea abajo), pide a Cordero que, por su abogado, diga formalmente en que dirección pretende cumplir la prisión domiciliaria
Puede parecer una broma, pero es absoluta verdad.................
Nuestra Suprema Corte, en 19 de diciembre, regalo a Cordero con prisión domiciliaria,
pero no determino, y tampoco pregunto, donde, en que dirección, se daria tal cumplimiento...............!!!
Solamente ahora, contestando un pedido de la Polícia Federal (con fecha de 27 de
enero – y por lo tanto, un mes despues), decide preguntar al abogado de Cordero.........
......desculpe, señor abogado, si no le molesto, poderia decirnos donde el pobre viejito tan enfermo del corazón pretende quedarse cumpliendo esta durísima prisión domiciliaria ???Un fuerte abrazo,

Jair Krischke

28/01/2009
Juntada

PETIÇÃO N. 5961/2009, DE 27/01/2009 - (VIA FAX) OFÍCIO Nº 0126/2009-DPF/LIV/RS, MJ DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTANA DO LIVRAMENTO, 27/1/2009 - SOLICITA INFORMAÇÕES A RESPEITO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR.

POLÍCIA FEDERAL EN SANTANA DO LIVRAMENTO, 27/01/2009 – PIDE A LA SUPREMA
CORTE, INFORMACIONES A RESPECTO DEL LOCAL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRISIÓN
DOMICILIÁRIA, POR PARTE DE CORDERO. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS



Crímenes del terrorismo de Estado - Weblogs de las causas

Causas
Este blog informa sobre las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas militares, de seguridad y civiles durante la última dictadura militar en todo el país. La selección de causas que presentamos remite a aquellas en las que el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) es parte.
En el blog podrá leerse tanto información básica y documental respecto de los casos que lleguen a juicio, como la cobertura de las audiencias en aquellos en los que se esté realizando el debate
CAUSAS
Batallón 601
Centro clandestino ESMA
Primer Cuerpo
Plan Cóndor
Causas en el interior
LAS CONDENAS
Poblete/Hlaczik
Batallón de Inteligencia 601
Masacre de Fátima

El día 18 de diciembre de 2007 se conoció la sentencia de esta causa, en la cual se condenó a penas de entre 20 y 25 años de prisión a altos jefes militares, responsables de la desaparición de una veintena de militantes de la organización Montoneros, que reingresaron al país desde el exilio para llevar a cabo la denominada "contraofensiva" en 1980. Los miembros de ese grupo cuyo caso fue parte del debate son: Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros continúan desaparecidos.
La investigación se dirigió principalmente a determinar la actuación de los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas en el secuestro y posterior desaparición de estas personas, en especial el rol del Batallón de Inteligencia 601.
Fue en el marco de esta causa que el juez federal Claudio Bonadio declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y transformó en prisión preventiva la detención de varios ex militares y ex integrantes de fuerzas de seguridad.

Causa Batallón 601

La megacausa conocida bajo el nombre de "ESMA" (Nº 14.217/03) corresponde a los hechos cometidos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Como involucra a más de 5000 víctimas y más de 120 represores, no es posible que sea juzgada en un único juicio, si bien eso sería lo ideal, pues la ESMA es uno de los centros clandestinos en los que se evidencia con mayor claridad el plan de exterminio y la perversidad con la que actuaron los responsables.
Al mes de enero de 2009, si bien ya han sido elevadas a juicio siete partes del extenso expediente – todas radicadas en el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal, integrado por los jueces Guillermo Andrés Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado – más allá del fallido debate en el que se juzgó al fallecido prefecto Héctor Febres, aún ningún tramo de la causa ha llegado a juicio oral, y no se espera que lo hagan hasta el 2010.
En esta causa, el CELS es querellante y patrocina a las familias de Mónica Mignone, María Marta Vasquez Ocampo, Edith, Abraham, Betina y Sergio Tarnopolsky, Fernando Brodsky, Pablo Lepíscopo, Alcira Hidalgo, Ariel Ferrari, María Mercedes Bogliolo, Gustavo Alberto Grigera, Ernesto Berner y a las sobrevivientes Marta Alvarez y Graciela García.

Centro Clandestino ESMA
Robo de bienes

La megacausa conocida bajo el nombre de "Primer Cuerpo" (Nº 14.216/03) corresponde a los crímenes cometidos en más de 60 centros clandestinos de detención en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército que abarca la Capital Federal y provincias de La Pampa y de Buenos Aires, a excepción del circuito de la Policía Bonaerense.
La investigación de esta causa está a cargo del juez federal de primera instancia Daniel Rafecas. El 10 de febrero de 2009 comenzará un nuevo debate oral llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal, en el que se juzgarán los hechos por los que se responsabiliza a Jorge Olivera Róvere, Jefe de la Subzona Capital Federal en 1976 y a los llamados "Jefes de Area", los coroneles (r) Humberto José Lobaiza y Bernardo José Menéndez, el general de brigada (r) Teófilo Saa y el teniente coronel (r) Felipe Alespeiti.En el marco de esta causa se encuentran elevados otros casos que llegarán a juicio con posterioridad. Se trata de las partes del expediente que corresponden a los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético-Banco-Olimpo, El Vesubio y Automotores Orletti, a los casos de represión en la provincia de La Pampa, y, finalmente, la investigación de los secuestros y desapariciones de trabajadores del Hospital Posadas en marzo de 1976. Se trata de una megacausa con más de 90 imputados, entre los cuales 6 han sido ya condenados, uno absuelto, 40 se encuentran procesados, casi el 50% de ellos excarcelados, mientras que 5 se encuentran prófugos de la justicia y más de 30 han fallecido antes de ser juzgados. La causa cuenta con 24 detenidos, de los cuales casi el 90% se encuentra alojado en el complejo penitenciario de Marcos Paz.
El CELS, que actúa como querellante, también patrocina a las familias de Alejandra y Carmen Lapacó, Graciela Mellibovsky, Alicia Raquel D'Ambra, Lucía Cullen, Roberto Cristina, Abel H. Mateu Gallardo, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, María Teresa Trotta y Roberto Castelli, Irene I.Bellocchio y Rolando V. Pisoni, Ricardo Alejandro Aragón Tobar, Laura Feldman, Norberto Berner, Marío A. Lemos, Tomás Quinteros, Juan Patricio Maroni, Roberto Carri y Ana María Carusso, Virginia Isabel Cazalas, Carlos Alberto Giglio y Eduardo J. Cazalas.

Caso Poblete - Hlaczik
Centro Clandestino Automotores Orletti
Masacre de Fátima
Mercedes Benz
Olivera Róvere y Jefes de Área·

Es la causa en la que se investiga el llamado Plan Cóndor (Nº 13.445/99), conocido como la coordinación represiva de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
El 3 de septiembre de 2004 el juez Jorge Urso procesó a 18 ex militares, entre ellos Carlos Suárez Mason, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros, Jorge Olivera Rovere, Bernardo Menéndez, Hugo Pascarelli, Eugenio Perelló, Ernesto Alais, Antonio Vañek, Carlos Landoni, Juan Pablo Saa, Ramón Genaro Díaz Bessone, Héctor Flores, Carlos Tragant y Eduardo De Lío. En esta misma causa ya se encontraba procesado Jorge Rafael Videla. El 28 de septiembre de 2007, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 7, Secretaría nº 14, dispuso la clausura de instrucción y consignó la elevación a juicio.
El CELS patrocina a los familiares de Norberto Habegger, Horacio Domingo Campiglia,Mónica Susana Pinus de Binstock, Bernardo Arnone, María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni y Juan Pablo Recagno Ibarburu.
Actualmente existen 34 implicados en la causa, de los cuales 27 se encuentran procesados, y entre ellos 10 cumpliendo prisión preventiva por esta causa. El universo de detenidos, no obstante, consiste en 17 casos, pues muchos de los implicados se encuentran encarcelados por su participación en hechos relativos a otras causas que investigan crímenes del terrorismo de estado.

Causa Plan Cóndor

El CELS participa en algunas causas por hechos ocurridos en otras provincias.En primer lugar, el CELS apoyó y acompañó la presentación de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad efectuada por la representante del SERPAJ Córdoba. En esta causa se investiga lo ocurrido bajo las órdenes del III Cuerpo del Ejército. La investigación está a cargo de la Jueza Federal Cristina Garzón de Lascano.Asimismo, interviene como querellante en la causa en la que se investiga la Masacre de Margarita Belén. Este hecho consistió en el fusilamiento de un grupo de prisioneros que se encontraban detenidos en la Alcaldía policial de Resistencia, Chaco, por personal que respondía operativamente a la VII Brigada de Infantería, a cargo de Cristino Nicolaides. Antes de la ejecución fueron brutalmente torturados. Los militares detenidos integran un listado de más de 30 personas denunciadas por el CELS "entre civiles e integrantes de las fuerzas militares y de seguridad" como responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y desaparición forzada de personas; homicidio y torturas. La causa tramita en el juzgado Federal de Resistencia, Chaco, a cargo del juez Carlos Rubén Skidelsky. A enero de 2009, se espera que este dé por finalizada la instrucción y disponga la elevación a juicio. Por otra parte, desde el 2005, el CELS patrocina a las familias de Humberto Toschi, Rubén Bonet, Eduardo Cappello, Alberto Carlos del Rey, Susana Graciela Lesgart y Miguel Ángel Pólit, víctimas de la Masacre de Trelew. Este hecho ocurrió en la ciudad de Trelew el 22 de agosto de 1972. Ese día las autoridades políticas del gobierno de facto ordenaron la ejecución de los prisioneros y asesinaron a 16 de ellos. La causa tramita en el juzgado Federal de la ciudad de Rawson a cargo del Juez Federal Hugo Sastre.

Masacre de Margarita Belén
Masacre de Trelew
Tercer cuerpo de Cordoba
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CELS. Centro de Estudios Legales y Sociales 2007
http://www.cels.org.ar/
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Yo no quiero terminar este mensaje a esta Asamblea Legislativa, sin pedir una vez más, por un tema que es central y que también ha sido uno de los pilares de este gobierno en materia de política de Derechos Humanos y que tiene que ver precisamente con lograr por parte de la Justicia, eso, que se haga justicia y que finalmente los juicios que se vienen desarrollando contra quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura, precisamente sean juzgados.
Ha habido avances, ha habido condenas emblemáticas, pero no podemos dejar de decirlo aquí en este recinto, frente a lo que constituye la representación del poder popular en la Argentina, que demandamos a esa Justicia a la cual este mismo Parlamento le ha dado los instrumentos para la agilización de esas causas, 5 leyes sancionó este Parlamento el año pasado, fue el Parlamento también que decretó la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que luego apuntalaron también la declaración de insconstitucionalidad.
El Poder Ejecutivo también ha dado recursos a la Justicia, los dos poderes del Estado hemos hecho mucho por lograr esto. Es hora entonces que la Justicia de respuestas porque es la hora de ella. Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo, es la hora de la Justicia y si viene demorando desde hace demasiado tiempo. (APLAUSOS)
Fuente:
http://www.parlamentario.com/
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Finalmente me notificaron, el viernes 27, la vista del 346 en la causa 4447, Base Naval de Mar del Plata!! Se eleva a juicio parcialmente, pues hubo ampliaciones de imputación y no están todas firmes, pero va a juicio lo siguiente:

Causa 4447 "MALUGANI JUAN CARLOS - PERTUSIO ROBERTO LUIS S/ AV. HOMICIDIO CALIFICADO", respecto a los hechos e imputados que se detallan a continuación
:

a) Los HOMICIDIOS de Liliana María IORIO, Liliana Beatriz RETEGUI, Patricia Emilia LAZZERI, (son mis compañeras de militancia en la JUP y a quien les debo una de mis vidas, pues ese dia me fui a vivir con mi compañero y quedé con la Pato que iba a la casa al otro día ,a las 3 de la tarde y fui, y no me habían cantado y sobreviví y a pesar de los 5 años en cana -caí al año siguiente- ahora soy apoderada de sus familias y querellante !!), Omar Tristán ROLDAN y Delia Elena GARAGUSO, Juan BOURG y Alicia Rodriguez de BOURG,

b) la PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD respecto de Liliana María IORIO, Liliana Beatriz RETEGUI, Patricia Emilia LAZZERI, Nancy CARRICABUR Y Stella Maris NICUEZ, Omar Tristán ROLDAN y Delia Elena GARAGUSO, Juan BOURG y Alicia Rodriguez de BOURG,

c) la IMPOSICION DE TORMENTOS respecto de Liliana María IORIO, Liliana Beatriz RETEGUI, Patricia Emilia LAZZERI, Nancy CARRICABUR Y Stella Maris NICUEZ, Omar Tristán ROLDAN y Delia Elena GARAGUSO, Juan BOURG y Alicia Rodriguez de BOURG,

d) el ROBO en los casos Roldan y Garaguso, (falta el despojo de los Bourg)

HECHOS respecto de los cuales se ha dictado oportunamnete Auto de Procesamiento con Prision Preventiva y se encuentra firme, respecto de los imputados:

1) Coronel (R) Pedro Alberto BARDA, 2) Contraalmirante (R) Juan Carlos MALUGANI, 3) Capitan de Navío (R) Justo Alberto Ignacio ORTIZ, 4) Gral. de Brigada (R) Alfredo ARRILLAGA y 5) Contralamirante (R) Roberto Luis PERTUSIO

Dentro de la preocupante situación general del país y de las causas en particular, este juez parece haber entendido la necesidad de elevar a juicio. No imputaron a los demas en su momento, ni por todas las víctimas de la Base naval, pero así están las cosas y no podemos esperar que vaya a juicio todo junto. La Mamá de Lilianita y de Liliana no pueden esperar más!

Sabemos que hay organismos y/o personas que no quieren esta elevación parcial. No han dado la discusión correspondiente, y en todas las reuniones de abogados de DDHH en las que he participado, como integrante de la Red, y con la Unidad Fiscal de Seguimiento, etc. del Dr. Auat, el criterio sentado es unificar cuando es materialmente posible y no retrasa y elevar a juicio YA, así que queremos compartir con todos ustedes esta noticia

Comisión por los Juicios VERDAD JUSTICIA MEMORIA

Gloria del Carmen León, Mar del Plata
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS




Tal cual se informara se realizó el plenario regional en Paraná con la presencia de organismos de derechos humanos, familiares, querellantes, organizaciones sociales y sindicales, abogados, con un solo tema la llamativa morosidad en los juicios a los autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad aás de cinco años de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.En se resolvió por unanimidad impulsar la creación de un FORO NACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD.En la semana que se inicia se ampliara este envio de urgencia.
Posdata: Con esta info agregamos un texto de los compañeros de Santiago del Estero que quedó pendiente.
Santiago del Estero- Febrero de 2009

Respondiendo a la convocatoria
“- al tercer encuentro del año para debatir sobre la morosidad de los juicios a los represores y los mecanismos para su agilización, a realizarse el Sábado 28 a
partir de las 10 horas y hasta las 17 horas, en la sede ATE, Colon 69, Paraná. Convocado por ex presos políticos familiares, abogados, querellantes, organismos de derechos
humanos, Comisión Campo de Mayo y Red de Noticias DH, entre otros,”
y ante la imposibilidad de presencia física de compañeros que nos representen, creímos necesario hacerles conocer nuestra posición al respecto al modo que nos es
posible en esta oportunidad.
Decimos:
- Que la impunidad con que comete sus crímenes el sistema no ha cesado y que tampoco los comenzó en los años setenta en Argentina. Pero aun viniendo
de largos siglos de sometimiento al pueblo, tiene en la memoria de los presos políticos de esa década, el contenido de la experiencia de haberlo vivido en carne
propia y saber y conocer a los causantes de genocidio. Tenemos por tanto un deber de memoria y es el de testimoniar el horror con el propósito de
dar castigo a los culpables.
Producir justicia tiene un efecto reparado para nuestra identidad militante tanto como para la sociedad a quien se le ha escamoteado la historia.
Por ello pensamos que la principal tarea nuestra es impulsar el juzgamiento a los represores del sistema y una de las forma consiste
en constituirnos en verdadera presencia en los juicios
Pensamos que la organización que se logre debiera permitir capitalizar las experiencias vividas hasta ahora en cada provincia entorno a los juicios
realizados o en curso, centralizarlas y de su discusión hacer uso reflexivo en lo sucesivo para los que restan llevar a cabo.
Definir áreas de trabajo que abarquen
ª el sostén a los cr@s comprometidos directos y expuestos públicamente en los juicios ( psicológico, jurídico, seguridad)
ª la difusión de los procesos judiciales ( al buen estilo de la red que coordina el cro. Lucho Soria )
ª e información amplia y variada formativa, educativa, a la sociedad en general
§ Sin descuidar discutir cuál y cómo creemos debiera ser nuestra vinculación como organización en relación al Estado
§ Y teniendo en cuenta el profundizar las formas organizativas que fortalezcan las decisiones del colectivo frente a las individuales
y con suficiente poder para el resguardo y neutralización de los procedimientos no-democráticos.
Les deseamos buen encuentro de deliberación y acuerdos a todos los compañeros.

Luís Garay
Gladys Loys
en nombre de un grupo presos políticos de Santiago del Estero
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La Justicia Federal de Salta sigue en la LONA

Una vez mas las Cámara Federal de Apelaciones de Salta demostró que su ex integrante, Ricardo Lona sigue digitando su impunidad y la de sus amigos los genocidas.
Cuando se conformo la Cámara Federal con jueces titulares tales como Roberto Loutayf, a pedido expreso de Juan Carlos Romero, y Jose Villada, a pedido expreso del senador Urquia, hoy oposición, debido a la urgencia de éste de escapar de Córdoba por la comisión de un delito sexual contra una menor, se sabia que otra vez había riesgo de que Ricardo Lona nuevamente paralice a la justicia sin pensar que iba a ser tan evidente y tan rapido.
El propio Loutayf reconoció tener una familia con amistad con Lona pero negó la propio, a pesar de ello a los tres meses de asumir, junto a Villada, sobreseyó a Lona en la causa por la masacre de Palomitas en donde se fusilaron doce presos políticos aludiendo que dicha acción penal estaba prescripta (¡!!)..
Contrariamente al avance del país, en Salta todavía se sigue discutiendo se la acción penal esta prescripta o no. Además de ello los genocidas cuentan con un defensor oficial ad hoc y ad honoren que en realidad, tal como lo relatan su propios amigos, recibe gran cantidad de dinero de los imputados, de lo contrario nadie seria ad hoc y mucho menos ad honorem, el problema es que ese defensor oficial ad hoc es el secretario del defensor oficial titular.
Para completar, la Cámara Federal ahora decidió designar como subrogante del juzgado federal nº 1 en donde se tiene que elevar a juicio a la causa por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, al secretario de Cámara Leonardo BAVIO, quien tiene por obligación la suerte de ser hijo del ex intendente de Ragone, y por elección la amistad intima con Ricardo LONA, amistad confesa ya que a fs 3363 del cuerpo 17 de ese expediente (Ragone) se excuso y reconoció su amistad con LONA. Todo ello indica que otra vez la Cámara Federal de Apelaciones de Salta se juega por Lona sin importarle la verdad, ni la justicia, ni mucho menos la memoria, y otra vez la causa ‘Ragone’ se queda sin juez.

Adjunto excusacion de Bavio..

Augusto Morello, militante
0387-156838655
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Juicio Formosa
viernes 27 de febrero de 2009


Mas sobre el Juicio, tomado de la Agencia Padre Santiago Renevot, gentileza de Juan Lenscak.
La salud de Colombo
Hubo cuatro interrupciones de la lectura del requerimiento fiscal por razones de salud. La primera de 20 minutos, la segunda de 45, la tercera de 30 y la cuarta, ya al mediodìa, a pedido del imputado, hasta las 18 horas.
El abogado Gerardo Casco, después del primer pedido de interrupción por razones de salud, pidiò que lo asista un mèdico permanentemente. Y al reiniciarse la lectura el Juez Belforte hizo leer el acta de inicio en la cual el imputado declarò que no necesitaba mèdico, pero que igualmente tendrìa asistencia.
Para la querella el cuadro de Colombo fue hasta risueño, porque se comportaba enfermo mientras se le leìa el requerimiento fiscal, pero, a trave`s de la pantalla se lo veìa vital, hablando por telèfono, impartiendo òrdenes y hasta rièndose, durante los cuarto intermedio. Además hizo cambiar su asiento por un sillón mullido, y no dejó que durante toda la mañana se terminara de leer la mitad del escrito fiscal.
En los corrillos de los testigos, querellantes y defensores de los derechos humanos se comentaba que el único mèdico que tuvieron sus vìctimas fue el que dictaminaba hasta qué punto se lo podìa torturar al prisionero para que no muriera, y poder sacarle mayor información. Se comparò la diferencia de actitudes que hubo con los generales Bussi y Menèndez, que enfrentaron con mayor entereza las acusaciones, los testimonios y la sentencia. En el cuarto intermedio, viendo a Colombo dar òrdenes, hablar por letèfono y reirse-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS


"APLAUDAN AHORA, HIJOS DE PUTA", GRITÓ EL GENDARME
Hijo de desaparecidos objetó el juicio contra su apropiador
Alejandro Adrián Rei negó la validez de los exámenes de ADN que descubrieron su identidad.
"Aplaudan ahora, hijos de puta", gritó desafiante el ex oficial de inteligencia Víctor Rei, cuando el joven lo abrazó. (Foto. H.I.J.O.S.)
El hijo de una pareja de desaparecidos cuyo apropiador está siendo juzgado por la sustracción e inscripción mediante certificados truchos, objetó este viernes los análisis de ADN que revelaron su identidad. Alejandro Adrián Rei negó validez, en su declaración ante el Tribunal Oral Federal 6, a los estudios del Banco Nacional de Estudios Genéticos que revelaron que es hijo biológico de la pareja de desaparecidos Liliana Clelia Fontana Deharbe y Pedro Fabián Sandoval, secuestrados en julio de 1977.Su testimonio causó revuelo en la segunda audiencia del juicio contra el comandante mayor de gendarmería Víctor Enrique Rei, acusado también de usar un acta de nacimiento apócrifa para escribir al entonces bebé como hijo biológico."Aplaudan ahora, hijos de puta", gritó desafiante al público el ex oficial de inteligencia luego de abrazarse con el muchacho, que en todo momento lo trató como "mi padre"."Sos un torturador", "es tu rehén emocional", "le cagaste la vida a Alejandro, asesino" fue la rápida respuesta de un grupo de la agrupación HIJOS de desaparecidos que seguía el juicio, antes de que el tribunal ordenara le desalojo de la sala y a los guardias separar a los Rei.El joven tiene ahora 30 años y se enteró de su identidad a través del juzgado federal que instruyó la causa, a cargo de María Servini de Cubría, en una causa promovida por las Abuelas de Plaza de Mayo. Pero su identificación con Rei y su mujer es tal, que mantiene el nombre y apellido con que éste lo anotó y no duda en contestar: "son mis padres, las personas que me criaron, que me dieron todo, instrucción, alimento, salud, educación, cariño y todo lo que se puede pedir".El joven aseguró además que el cepillo de dientes secuestrado para obtener la muestra de material genético ante su negativa a extraerse sangre "no era el mío, sino de Víctor", de modo que aseguró que la muestra no pertenecería a él.No atinó en cambio a dar una respuesta coherente de porqué tenia un cepillo de dientes de Rei y no uno propio y sólo dijo que "traje el de él desde su baño, en la prisión de Campo de Mayo, seguro de que habría un segundo allanamiento"."Se trata de una víctima de sus captores y no nos podemos ensañar con el", dijo a Télam uno de los abogados del equipo querellante.CONTRADICCIONES. Por la mañana, Rei, que fue un alto oficial de inteligencia de la Gendarmería que estuvo afectado al Operativo Independencia en Tucumán y realizó cursos de inteligencia en la Escuela de las Américas, aseguró haber adoptado "un huérfano". La declaración marcó una flagrante contradicción con lo declarado en la instrucción, cuando insistió en reiteradas oportunidades en que Alejandro era hijo biológico suyo y de su mujer, Alicia Arteach.Para ello se amparó en certificados apócrifos firmados por un cardiólogo ya fallecido, Ricardo Cáceres Monnié, que antes había revistado en el Hospital Militar Central y fue hermano de un general asesinado en los 70. "No hay antecedentes, aun en la Rusia de Stalin, de una persona que haya sido juzgada treinta años después por haber adoptado un huérfano", dijo Rei, que ahora tiene 68 años y está preso desde hace cinco en el Penal de Marcos Paz, junto a otros acusados de delitos de lesa humanidad.Antes de iniciar la indagatoria, el juzgado rechazó los pedidos de nulidad del juicio formulado por el defensor de Rei, el abogado Alejandro María Macedo Runi quien sostuvo que originalmente la imputación se refería a un hijo del matrimonio desaparecido Tasca-Casado.Macedo es un especialista en defensa de acusados de apropiación que el año pasado ya defendió al capitán Enrique Berthier, condenado ocho años de prisión por la sustracción de Eugenia Sampayo Barragán.
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El paísSábado, 28 de Febrero de 2009
Víctor Rei admitió que el chico que crió como propio no es su hijo biológico
“Adopté un bebé que era huérfano”
El gendarme reconoció la apropiación, pero no contó el modo en que el hijo de Pedro Sandoval y Liliana Fontana llegó a sus manos. “Lo único que quiero es paz”, dijo el joven, quien declaró como testigo de su apropiador.
Por Diego Martínez

Víctor Rei y su abogado durante la audiencia del juicio por la apropiación de Alejandro.
El gendarme Víctor Enrique Rei confesó que el joven que crió como propio no es su hijo biológico. “Adopté a un huérfano”, dijo. Pero en lugar de contar quién lo convirtió en huérfano y cómo se apoderó del hijo de los desaparecidos Pedro Sandoval y Liliana Fontana, anticipó que “sobre ese tema” iba a hablar “después que Alejandro”, como lo rebautizó, y le pasó toda la presión a la víctima. Obligado a exponer su tragedia por voluntad del apropiador, que lo ofreció como testigo, Alejandro le extendió la mano con lástima y dijo “es mi padre” cuando le preguntaron qué relación tenía con el imputado. Intentó ayudarlo, dijo que el cepillo de dientes que le devolvió la identidad no era suyo, hizo un esfuerzo sobrehumano para no quebrarse al advertir sus contradicciones. “Lo único que quiero es paz”, confesó. Cuando salía no pudo contener el llanto y abrazó al hombre que lo crió. De inmediato Rei y su defensor se dieron vuelta, aplaudieron blíndex mediante frente a Abuelas de Plaza de Mayo y familiares, y el abogado Alejandro María Macedo Rumi gritó: “¡Aplaudan! ¡Ustedes son los hijos de puta que le dicen al pibe que es quien no es!”. En ese instante Alejandro se estrechaba en un abrazo con su abuela Clelia D’Harbe de Fontana, de 77 años, que antes había detallado el secuestro de Liliana y había confesado que aún conserva “la ropita que mi hija le había comprado”.
El ejemplo norteamericano
Rei arrancó en rol de víctima, dijo estar “privado ilegalmente de mi libertad” y aseguró que “no existe antecedente ni en la Rusia de Stalín (sic) de que alguien sea juzgado 30 años después por criar a un huérfano”.
–No entiendo –confesó el juez José Martínez Sobrino.
–Es el primer caso –respondió Rei, que hasta ayer decía ser padre biológico de Alejandro.
–¿Cómo sabe que era huérfano? –preguntó Luciano Hazán, abogado de Abuelas.
–No dije que adopté a un huérfano –se desdijo en vano.
Rei reflexionó sobre las tragedias que provoca el ejército de Estados Unidos, del que es miembro honorario, y sobre la impunidad de la que gozan allí quienes cometen delitos como los que se le imputan. “Si se procesara a todos los oficiales que trajeron huérfanos de Corea, Irán e Irak deberían triplicar las cárceles norteamericanas”, admitió.
Diagnosticó que la Justicia “está afectada”, advirtió que se la controla con “la doctrina gramsciana” y comparó a los jueces actuales con los de la dictadura. “En los ’70 respondieron 6836 hábeas corpus en forma negativa. ¿Cómo es posible que un juez responda 200 y no se dé cuenta de que algo pasa?”, planteó. Cuando comenzaron las preguntas se le encogió la lengua. Durante el Operativo Independencia estuvo encerrado en el aeropuerto de Tucumán, dijo. En 1976 y 1977 se dedicó “full time” al curso de oficial de Estado Mayor. Cuando Hazán comenzó a marcarle sinsentidos pidió no responder preguntas.
El orgullo de Chela
Chela Deharbe de Fontana contó que los secuestradores usaban pelucas, “robaron todo” y sintetizó la última imagen de Liliana: “Se paró en la puerta y nos miró a todos”. Dos años después un cura entrerriano “le dijo a mi marido ‘sos abuelo de un varón, no te puedo decir nada’ y salió corriendo”. Al final clavó sus ojos en el apropiador:
–¿Qué hizo de mi hija? No era un pedazo de ladrillo.
–¿Le puedo contestar? –dijo Rei. La jueza María del Carmen Roqueta le explicó que podría hacerlo más adelante.
–¿Por qué cree que algunos fueron liberados y su hija no? –preguntó el inefable Macedo Rumi.
–¿Usted estuvo presente en el parto? ¿Cómo sabe que tuvo un hijo? –la provocó.
Chela cerró manifestando su orgullo de ser madre de Liliana y reclamó justicia y memoria. La sala la abrazó con un aplauso.
El cepillo
Alejandro entró nervioso y le extendió la mano a Rei. Hasta las preguntas formales eran difíciles. Dijo que tiene “treinta años” en base a la partida falsa fechada el 5 de abril de 1978. A Liliana la sacaron del Club Atlético el 27 de diciembre de 1977. El imputado “es mi padre”, dijo. ¿Las Abuelas? “Soy amigo de la casa”.
Macedo Rumi simuló ignorar la confesión de su cliente y avasalló a la víctima. Alejandro dijo que “mis padres me dieron alimentación, salud y amor”. Declaró tenso que, “previendo el allanamiento, no tenía cepillo de dientes en esa casa”, que el secuestrado “era de Víctor” y él lo había tomado “de Campo de Mayo”, donde estaba detenido el gendarme. Por compasión nadie le preguntó cómo el ADN de Rei podía ser compatible en un 99,9999996 por ciento con la pareja Sandoval-Fontana.
El joven relató que durante la instrucción un secretario de la jueza María Servini de Cubría le pidió 250.000 pesos “para perder el expediente” y que en 2006, tras la confirmación, la jueza le dijo “aceptá a esta familia aunque sepamos que no son”. Los abogados de Abuelas y el fiscal Martín Niklison le marcaron contradicciones con un par de actas que había firmado, pero evitaron presionarlo con más pruebas. Cuando el fiscal le preguntó si tras el ADN positivo Rei le había contado la verdad, Alejandro explicó que “no tuve necesidad de contarle nada, sólo quiero ayudarlo, contenerlo”.
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LA HISTORIA RECIENTE
Por Eleuterio Fernández Huidobro *
Acerca de este tema, hubo y hay un "boom" editorial bienvenido. En nuestra opinión todavía escaso.
Es más: el gran acto del Obelisco en 1983 (por poner un ejemplo) sucedió hace más de un cuarto de siglo. La población de esa edad no había nacido.
Estábamos presos por ese entonces y, hasta hoy, no hemos podido averiguar detalles, avatares, desafíos, audacias y sacrificios que permitieron llegar a ese histórico Acto. No tenemos a disposición ni tan siquiera el testimonio de quiénes lo protagonizaron. Deben escribirlo antes de que sea tarde.
Es también un tema apasionante saber cómo hicieron quienes lo hicieron para ganar el plebiscito de 1980 (vamos para los treinta años de aquella epopeya). Nos gustaría conocer las peripecias de menor tono que edificaron desde el llano, la persecución y el riesgo, tan portentosa hazaña. No está debidamente escrita. Ni tampoco lo referido al Acto del PIT el Primero de Mayo de 1983.
Tampoco las proezas que la "Oposición" debió realizar para ganarle las decisivas "Internas" de 1982 a los sendos oficialismos dictatoriales predominantes dentro de los respectivos Partidos Tradicionales. ¡Menos mal que les ganaron! Deben escribirlo y entrar en detalles (aunque les duela denunciar a sus "compañeros oficialistas derrotados").
Y de la otra "Historia", la de mucho más atrás en el tiempo, los blancos tampoco han escrito, comparativamente, lo suficiente. Para mal de quienes nos tuvimos y tenemos que tragar (incluso en la escuela) la "Historia Oficial" generalizadamente colorada.
Acerca de estos asuntos nos acaba de aludir públicamente Don Antonio Mercader (El País Digital; 18-2-09: "la Década Terrible").
Don Antonio que, en oportunidad de recordarse en el Senado la decisiva interpelación de Haedo a Guani en noviembre de 1940 (legendaria "paliza" parlamentaria también inédita gracias a la que no tenemos hoy una Base Militar estadounidense como la de Guantánamo pero en Laguna del Sauce), nos reconociera sin necesidad de apremio alguno, nuestro carácter de "nacionalista histórico" (de lo que guardamos honroso testimonio material firmado), por nuestra intervención de homenaje.
Comentando ahora el reciente libro de Don Julio María Sanguinetti ("La Agonía de la Democracia"), Don Antonio nos vuelve a condecorar pero esta vez sin darse cuenta. Con cándida inocencia.
Extralimitado de sorprendentes halagos innecesarios, supérstites y onerosamente gratuitos a Sanguinetti (por no decir cosa inesperable por indecorosa), postula que el citado libro viene a equilibrar la versión tendenciosa que muchos otros han instalado hasta el momento. En especial los tupamaros ­ dice Mercader - y, muy en especial, Fernández Huidobro: he ahí la alusión personal que, por nuestros libros, importa una condecoración que nos inflama viniendo de quien viene.
Vamos a retribuir en la pobre medida de nuestras posibilidades, tamaña "medalla": omite decir Don Antonio (tal vez por excesiva modestia) que quien iniciara la "saga" acusada y condenada por Don Antonio Mercader fue Antonio Mercader.
El primer libro escrito en Uruguay (y creemos que en el mundo) sobre los Tupamaros (y esto tiene altísimo valor histórico) lo hizo, contemporáneamente a los acontecimientos, un joven periodista de veinticinco años llamado Antonio Mercader (que debe ser él) junto con otro periodista llamado Jorge de Vera. Editado en marzo de 1969, se vendió como "pan caliente" (quince mil ejemplares en pocas semanas: aquellos sí que eran "booms"). Hoy no está disponible (diríamos que sigue oculto) pero, a pesar de todo, lo tenemos en nuestros archivos porque los tupamaros, siempre tan desprovistos de pluma, lo agradecimos y agradecemos hasta hoy.
Dicho libro provocó al salir (en 1969: lo repetimos) el fulminante arresto a rigor por tres días nada menos que del por entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y Enlace de la Policía, comisario Alejandro Otero; una de las autoridades máximas (y a nuestro juicio la más eficiente y por tanto peligrosa para nosotros) en la represión contra los Tupamaros.
A su vez, el citado comisario así arrestado endilgó (tal vez por apremiante orden superior) una también relampagueante denuncia penal contra Don Antonio por haber sostenido en el libro que al extinto comisario Silvera Regalado lo había matado por error otro policía y no los tupamaros (como la Policía y la gran prensa venían y vienen mintiéndole a la gente hasta hoy). Fue, como se ve, un libro peleador el de Don Antonio...
Tanto que su edición por fin terminó secuestrada y prohibida en octubre de 1969 por decreto del gobierno de Pacheco (cuyo ministro de Industria desde el 15 de setiembre fue el doctor Julio María Sanguinetti).
Dicho decreto pachequista prohibió a los periodistas no sólo dar información, sino también el uso de ciertas palabras del Diccionario para referirse a nosotros (caso único en el mundo: fueron proscriptas por el Partido Colorado y de ello hubo, como es fácil imaginar, desopilantes comentarios internacionales hasta hoy legibles para vergüenza nacional). Por el otro lado, el insuperable decreto obligaba (a los periodistas) a usar ciertas palabras que el Superior Gobierno mandó (insultos oficiales enlistados alfabéticamente), a todos los medios de prensa. La única solución encontrada por el periodismo no adocenado (cada día más perseguido, exiliado, torturado, y escaso) fue usar para referirse a nosotros, la muletilla: "los innombrables". ¿Se acuerdan?
Todo ello transcurriendo en medio de la más grande y mejor organizada huelga que un sindicato haya hecho contra el despotismo: la de los bancarios privados que (para derrotarlos), fueron militarizados por el gobierno de Pacheco violando en forma groserísima la Constitución y desacatando al Poder Legislativo a extremos tales de que al juicio inmediato de muchísimas personalidades insospechables de todos los partidos y sectores sociales (incluso militares) ese fue el primer paso hacia el golpe de Estado. Se pueden leer. Por suerte están escritas...
Tanto fue así que la CNT protagonizará entonces el mejor debate que se haya hecho hasta la fecha en Uruguay acerca de "estrategia" en el movimiento obrero: por un lado quienes afirmaron que había llegado la hora de la Huelga General (prevista en 1964, porque se venían venir, contra "Golpes de Estado o situaciones similares") y por el otro, quienes a la postre victoriosos creían que "todavía no". La Historia dio amargamente la razón a los primeros: cuatro años después, en 1973, y a pesar del heroísmo, ya era tarde.
Todos estos tantísimos datos y muchos más, incluido el del secuestro del libro de Don Antonio Mercader, escaparon a Sanguinetti para tratar de explicar mejor la agonía de la democracia.
Lo preocupante (por su estado de salud) es que Don Antonio también haya olvidado, nada menos que a su libro secuestrado por Pacheco y Sanguinetti (al que tanto alaba hoy). La obra fue secuestrada por la incipiente dictadura. Pero lo más triste es que tantos años después sigue ahí. Secuestrada. Oculta hasta por la memoria de su autor.
Comprendemos que la provecta edad actual de quien nos aludiera (ella viene siempre con deplorables achaques) haya producido tanto cambio y olvido. Problemas con la memoria...
* Escritor, senador de la República.

Fuente: Diario La Republica, jueves 26 febrero
Huidobro. Gavazzo "amenaza o advierte"
"Se van a morir, están presos y no hablan"

"Está avisando a todos los militares que el que hable va a ser un traidor".
Marcelo Márquez
El senador Eleuterio Fernández Huidobro (Espacio 609) consideró que los dichos del oficial retirado del Ejército José Nino Gavazzo constituyen "una advertencia o amenaza" de calificar de "traidor" al militar que esté dispuesto a dar información sobre las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. "Mientras los militares mantengan ese extravagante y cruel silencio va a ser muy difícil avanzar mucho más", sostuvo Fernández Huidobro en diálogo con LA REPÚBLICA en donde evaluó la reciente Asamblea General que debatió sobre la Ley de Caducidad.
--¿Hacia dónde vamos en el tema de fondo en sí, en materia de Derechos Humanos?
--Es un tema que está radicado en una etapa histórica que ha venido arrastrándose hasta hoy sin una buena solución. Por un lado, de fondo, lo mismo que hemos dicho muchas veces y que ha dicho Mujica: hay heridas que sólo las curará el tiempo y que nunca habrá acuerdo, como no los hay entre blancos y colorados cuando observan su pasado de guerras civiles y enfrentamientos violentos del siglo XIX y del siglo XX hasta hoy. Incluso hay versiones históricas distintas y hasta valoración de personalidades distintas: los que para unos son héroes para los otros son villanos. Y eso no pudo ser arreglado. Pero se llegó a la convivencia pacífica, es decir, a que cada uno se quedó con su interpretación de la historia y de los hechos respetando la otra interpretación de la historia de los mismos. Esa madurez la va a dar el tiempo. La ha dado de algún modo porque, nosotros, el Uruguay convive pacíficamente, no sin lucha, de ideas, de intereses, desde la salida de la dictadura. Ahora el esclarecimiento de la violación de los derechos humanos en ese período histórico, el encuentro de los restos de los desaparecidos o la verdad acerca de su destino y de algunos niños que aún permanecemos sin saber dónde están, esos son secretos que están custodiados por un pacto de silencio, rodeado de amenazas de muerte incluso entre ellos como bien lo dijo Gavazzo, y que si no salen de sus bocas va a ser muy difícil de esclarecerlo. Podemos hacer muchísimas investigaciones como hemos venido haciendo y encontrando algunas cosas, restos, sin una explicación cabal de cómo fueron a parar ahí porque ha habido personal militar que ha dado información o a veces, algún otro preso o ex preso como en el caso del encuentro, el hallazgo de Macarena, contribuyó poderosamente, atando cabos, a ese hallazgo. En ese aspecto investigando lo sucedido, y mientras ellos mantengan ese extravagante y cruel silencio va a ser muy difícil avanzar mucho más.
--Gavazzo plantea en la carta a Búsqueda que no quiere convertirse en "traidor", ante la invitación que le hizo Mujica que en caso de ser electo Presidente está dispuesto a "perdonar" a quienes digan la verdad.
--Sí, es lo que recién acabo de decir: ellos se van a morir reivindicando su accionar, no podemos esperar que ellos algún día nos pidan perdón. Se van a morir, están presos y no hablan. Y él (por Gavazzo) cuando dice que sería un traidor está avisando a todos los demás militares que el que hable va a ser un traidor y lo van a tratar como un traidor. No sólo está diciendo que él no quiere ser traidor, está advirtiendo. Cuidado, para muchos es amenazante eso, hay que leerlo bien a Gavazzo.
--Este pronunciamiento de la Asamblea General, ¿cambia la historia?
--No. Contribuyó a un debate sobre estos temas y constatar cómo están de estacionarias las posiciones, nada más que a eso porque quien va a tomar decisión al respecto es la Suprema Corte de Justicia, lo nuestro, como dicen los abogados, no es vinculante.
Fuente: La Republica, viernes 27 febrero

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Victoria Julien
"Pensé que moría antes de los 40 años"
Victoria Julien, hija de desaparecidos
MAGDALENA HERRERA

Hasta los nueve años vivió una infancia feliz en Chile. Pero al saber la verdad sobre sus padres, cayó en depresión y excesos. Recuperada, aunque no del dolor, Victoria Julien cuenta su historia y la de su hermano, quien con cuatro años vio morir a su padre y madre, tras un violento operativo militar en Argentina.
Dos niños vagaban por una plaza pública de Valparaíso, Chile. Un auto los dejó allí a fines de noviembre de 1976. Los hermanos, de cuatro y año y medio respectivamente, llamaron la atención de inmediato por sus ropas y por el acento -para nada chileno- del varoncito, el mayor, que cuidaba de la niña.
Una vez en manos de las autoridades de ese país, los separaron hacia un hogar de niños y otro de niñas. Luego, dieron al varón a un matrimonio para que lo cuidara y, a la beba, a una señora, Claudia, que pretendía adoptarlos pero sus recursos no se lo permitían.
El varón repetía que se llamaba Anatole y su hermana, Victoria.
Esa señora, Claudia, conocía a un matrimonio que se encontraba en tratamiento para concebir hijos. Le propuso así a Jesús Larrabeiti adoptar a los pequeños. Él con su esposa, Silvia Yáñez, quien aceptó. Con año y medio, Victoria ingresó por primera vez a esa casa de Valparaíso y se colgó del cuello de quien era una extraña, y le dijo "mamá". Actualmente, continúa viviendo con ella y la sigue llamando "mami".
"Se ve que tenía una necesidad imperiosa de tener padres", dice Victoria, ahora con 34 años. "De niña sentía una tristeza y no sabía de dónde venía. Tenía pavor de que mi mamá (adoptiva) se fuera a trabajar. Todas las mañanas eran un suplicio, pensaba que se iba a morir. Tenía muchas pesadillas, que me iban a separar de ella. Mis papás adoptivos me dijeron que mis viejos habían muerto en un accidente de tránsito", recuerda Victoria, que por estos días se encuentra en Montevideo, para informarse sobre la causa que inició en 2008 para conocer y "hacer justicia" sobre lo ocurrido con sus padres, y para apoyar la campaña de recolección de firmas para anular la Ley de Caducidad.
"A diferencia, mi hermano siempre supo que mis padres adoptivos no eran sus papás. Fue muy destructiva su infancia. Le decía: `tu no eres mi padre, hijo de puta, y cosas así`. Mi viejo, por suerte, era de una familia que no tenía nada que ver con la represión. Era un matrimonio ejemplar, de una izquierda suavecita, moderada, que nos crió con los mejores valores, en una excelente escuela", cuenta Victoria.
-¿Ellos no sabían que eran hijos de desaparecidos?
-Estaba en el terreno de la especulación. Era raro: nadie nos reclamaba, el acento, aparecidos en una plaza. Especulaciones.
APARECIDOS. Tres años después de aquel abandono en Valparaíso, mediante una fotografía de los niños en un diario, fueron reconocidos como hijos de desaparecidos, de un matrimonio uruguayo que se refugiaba en Argentina. En septiembre de 1976, luego de un violentísimo operativo en la calle porteña Mitre, murió el padre de los niños: Roger Julien, dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y requerido por la "justicia militar" uruguaya. Existen dos versiones. Una señala que fue asesinado durante el operativo. Otra supone que él habría tomado una cápsula de cianuro. Su cuerpo nunca apareció.
Su esposa, Victoria Grisonas, habría intentado escapar con los niños (escondidos en la bañera para que no fueran blanco de la balacera). Pero fue detenida, supuestamente herida, y trasladada con sus hijos a Automotores Orletti. Anatole, con cuatro años, habría visto cuando le dispararon a su madre, que caía -según él- viva.
-¿Tiene alguna comprobación de lo que sucedió con sus padres?
-No hay comprobación de nada, por eso quiero que se investigue. Para saber la verdad. Quiero saber de mi madre, si salió viva del operativo tiene que haber pasado por la tortura, la violación. Lo peor que le puede ocurrir a un ser humano no es morir sino lo que puedan hacerle en vida. Me causa mucho dolor y conflicto pensar en lo que le pudo pasar en los centros de tortura. Por mí que hubiese muerto en el operativo. Pero fantaseo con esas ideas horrorosas. Hay cosas peores que la muerte, y la tortura es una de ellas. Mis padres eran militantes de una organización que no mató a nadie. Más allá de un secuestro, un robo a un supermercado, no hubo más. De su grupo, el PVP, nunca mataron a nadie. No había un tema de violencia. Tengo entendido que con el que secuestraron, tomaban mate y jugaban a las cartas. En cambio, hubo cien desaparecidos.
-¿No cuestionó a sus padres por haberlos expuesto a algo así?
-Por supuesto que pasé por algún momento así, pero tampoco fue radical. Después de pensar `qué irresponsabilidad, eran padres, en qué se estaban metiendo`, me di cuenta de que había algo que trascendía cualquier egoísmo. Ellos decían: `mis hijos tienen esto, pero quiero lo mismo para todos los hijos uruguayos`.
-¿Cómo asume la muerte de sus padres?
-Lo de mi padre está más asumido. Pero mi madre... siempre sueño que pueda estar viva, que un día toque la puerta.
-¿Cuánto cuesta eso en su vida actual?
-En Chile lo separo más. Es distinto cuando vengo a Uruguay o Argentina. Es fuertísimo verlo desde otro ángulo. Pasé muchos años de mi vida en depresiones, en excesos, en problemas internos. Pensaba que no iba a pasar de los 40 años, que moriría antes. No pensaba en el futuro, no, porque no iba a vivir lo suficiente. No estaba bien, estaba enferma del corazón, de la mente. Hasta que hice lo necesario para recuperarme. Recién hace un par de años pude empezar a respirar más en paz. Por eso mismo hoy puedo estar acá para tratar de ayudar a que se elimine esta ley inconstitucional. Lo que me cuesta entender es la falta de ayuda del gobierno y de conciencia de la gente por un derecho que debería ser pleno. Todos los obstáculos: firmas, plebiscito, para comenzar a investigar.
-Un plebiscito que tuvo la aprobación mayoritaria del pueblo uruguayo decidió que la Ley de...
-¿En plena dictadura? En Chile pasó lo mismo. Primero ganó Pinochet. Y en el segundo, disipado el temor, ganamos en enorme mayoría los del "no". Hay momentos para cada cosa. La historia se repite mientras no se establezcan cosas que salvaguarden los derechos, mientras no se sane, no se tire la verdad arriba. Estamos condenados a repetirlo.
Traslado. Supuestamente, luego de la muerte de Roger Julien y Victoria Grisonas, sus hijos fueron llevados a Montevideo, y de acuerdo a testigos, habrían estado un tiempo en el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), en Bulevar Artigas y Palmar. La voz de Anatole, con cuatro años, no pasaba desapercibida para otros detenidos. Además, según recuerdos del niño, el oficial retirado José Gavazzo jugaba con él, y le decía "coyote". Luego, no se sabe por qué, los niños subieron a un avión de línea a Chile. "Creo que nos iban a entregar a alguna familia. Pero algo salió mal. Porque los militares son sistemáticos, ordenados, tienen registro de todo. Es otra razón por la que estoy acá, queremos que abran los archivos, sabemos que están y ahí lo dice todo. ¿Por qué no tengo ese derecho?", dice Victoria.
Cuando se supo la verdadera identidad de los hermanos, las familias Julien y Grisonas los reclamaron desde Uruguay. Para entonces los niños se llamaban Anatole Alejandro y Claudia Victoria Larrabeiti Yánez. Con poco más de cuatro años, Anatole se había puesto firme en que Victoria siguiera llamándose Victoria. "Siempre defendió mi identidad, y no me la pudieron robar".
Una vez que se encontraron ambas familias, la natural y la adoptiva, por mutuo acuerdo se decidió que Victoria y Anatole continuaran su vida en Chile, pero que todos viajaran para comenzar a generar un vínculo. "Se entendió que emocionalmente no íbamos a tolerar otra pérdida de padres. Pero a mí no se me contó nada, mi hermano protegió eso. Mis papás estaban de acuerdo para salvaguardar la inocencia de mi infancia. El tema es que pasaban los años y a mí no me llevaban a Uruguay, entonces se comenzaron a enojar desde aquí. Cuando tenía nueve años, por primera vez viajé con toda mi familia vía terrestre. Ya conocía a mis tíos y abuelos porque habían ido varias veces a Chile. Y mi hermano siempre viajó a Uruguay".
Pero hasta ese viaje a Montevideo, Victoria permaneció absolutamente ajena a su tragedia familiar, y confiesa haber vivido una infancia muy feliz, no así la adolescencia ni su primera adultez. De niña, se daba cuenta de que tenía más abuelas que sus pares, pero no preguntaba. Envidiaba a su hermano que siempre viajaba a Uruguay, pero a su regreso le "traía regalitos". Tampoco interrogaba cuando llegaban todas esas "personas lindas de Uruguay que la llenaban de obsequios".
"Mis viejos eran algo ambiguos y entonces crecí en esa ambigüedad, pensando ambiguamente. No había conflicto. Mi infancia fue muy linda, fui a un colegio católico, tengo una formación que no olvido. Mis padres eran sobreprotectores, pero recuerdo Navidades hermosas, mucho cariño, mucho. Aunque sentía esa tristeza que no sabía de dónde venía".
-¿Nunca sintió rechazo para con sus padres adoptivos?
-La bronca de cualquier adolescente. Era sobreprotegida, no me daban mucho permiso y eso generó peleas.
-¿Por qué tan sobreprotegida?
-En la época que aparecimos había un revuelo mediático y me querían proteger. Por otro lado, siempre existía ese temor de que pudieran secuestrarnos nuevamente. Eso genera una cosa muy paranoica tal vez para un padre. Luego aparece mi abuela paterna con la intención de llevarnos. Entonces está eso de `no me lleven a los niños`. Fue muy tensionante pero finalmente llegaron a un acuerdo.
dolor. Para Anatole, en cambio, la infancia resultó bastante más dura. "Fue destructiva, era agresivo y muy peleador. Pero también era muy cariñoso, inventivo, con personalidad, y se ganaba a todo el mundo. Entiendo que Gavazzo se haya encariñado con él. Por eso, también, él tiene recuerdos del avión que nos llevó a Chile. Era un nene adorable, y lo dejaron entrar a la cabina a mirar la cordillera. Se acuerda vívidamente. También recuerda que le dispararon a mi madre, que la vio caer viva, o que a mi viejo le gustaba pescar".
-¿Su hermano no le contó lo ocurrido a sus padres adoptivos?
-No, se activó todo cuando aparece mi abuela paterna, Angélica. Hay que entenderla: no había nadie que le pudiese decir qué había pasado con su hijo Roger, mi papá. Entonces, en Chile, salimos todos de paseo y se llevó a Anatole un rato. Y le preguntó qué se acordaba. Mi hermano volvió a casa hecho una bestia, golpeando todo, rompiendo cosas. Él tenía recuerdos de Orletti, del SID, de María Claudia de Gelman, quien me cuidaba encapuchada, esposada y estando embarazada de Macarena. Imaginate lo que fue para mi hermano. Eso significó que lo llevaran al psicólogo, tuvo que hacer olvidos selectivos, para que no recordara ciertas cosas en salvaguarda de su estabilidad emocional y psíquica. Con el tiempo logró ir sanando y hoy es Fiscal del gobierno de Chile por crímenes violentos.
-Y usted es psicóloga, ¿reacción a lo que le sucedió?
-No, antes de saber mi historia quería ser psicóloga. Pero una vez que me cuentan la verdad, me comienzan a encajar ciertas cosas de mi infancia que no entendía porqué me sucedían.
Reacción al saber toda la verdad
A los nueve años, en su primera visita a Montevideo, Victoria comenzó a sentir algo extraño. Sus familiares hablaban, y cuando ella entraba, callaban. "Uno de esos días, bajé al cuarto de mi tía y le dije: `¿por qué no me cuentas?`. En ese momento, lo supe todo y fue muy impactante, un golpetazo. Tuve que incorporar una historia terrible, de terrorismo de Estado, con la mente de 9 años. Cuando volví a la escuela, lo primero que hice fue preguntarles a mis compañeros: `¿saben quien soy? ¿Saben lo que pasó con mis padres?`. Lo sabían, así como los profesores, apoderados, todo el mundo".
De una infancia feliz y "ambigua", Victoria pasó una adolescencia intentando armar una identidad "plasmada por lo que significaba algo tan terrorífico". Tuvo secuelas casi fatales en todos los ámbitos. "Intentaba asimilarlo, pero costaba. Por ejemplo, mi hermano y la gente que iba conociendo me contaban cosas. Y yo tendía a olvidarlo. No recordaba nada como defensa".
Ahora, en cambio, lo quiere saber todo. Sintió culpa porque no tenía una actitud clara con respecto a la investigación. "Mi hermano, en cambio, inició una causa judicial en Argentina, que fue prescripta luego de un proceso que duró 14 años en el que tuvo que dar testimonio con recuerdos dolorosos. Pero perdimos, y como que él sintió que había dado todo. Eso hizo que yo asumiera una actitud más activa y me sentía más preparada. El año pasado inicié una causa en Uruguay para que se investigue qué pasó con mis padres. Pero la jueza no hizo nada en diez meses. Con mi abogado, estamos intentado acelerar el proceso ¿Mi objetivo? Que se haga justicia como cualquier persona que tiene ese derecho. Tener un lugar donde recordar a mis padres. Me gustaría que dejaran de ser NN para la sociedad. Eran personas valiosas, no merecían ese destino. Tengo entendido que eran admirables. Mi padre era pacífico, un hombre brillante, de estrategia. Estaba a cargo de temas logísticos. Por eso era clave tomarlo con vida, pero el enfrentamiento terminó con su vida".
-¿Qué haría si tuviera enfrente a Gavazzo?
-No siento odio, sino la sensación parecida a la de estar frente a un insecto. Porque creo que Gavazzo y sus secuaces perdieron su calidad de seres humanos. Si bien respiran, tienen pelo, piel, toda su vida giró en matar, torturar, desaparecer, y luego protegerse. No me interesa vivir con ningún odio. Que me da bronca, sí, pero no voy por la vida pensando que quisiera matarlos.
-¿Perdonaría?
-Sí. Pasa por el mismo tema del odio. Más que perdón quiero justicia, con eso me basta. Que no hagan que mis viejos no existieron y que lo que nos pasó a nosotros no existió.
"Somos una piedra en el zapato de todos"
La entrevista transcurre en la cafetería de la librería Puro Verso en 18 de Julio y Zelmar Michelini. Casualmente, el ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández, miraba libros. Quien acompañaba a Victoria, lo interceptó y lo llevó a saludarla. Se dieron la mano.
-¿Quién es? - pregunta Victoria a la periodista.
-El canciller.
-Y da la mano, ¿no saluda? Y bue... en fin - dice con cara resignada.
-¿Se siente identificada con algún partido político?
-Nunca he estado en ningún partido ni me interesa. Para mi separan más que ayudar.
-¿Qué opina de los dichos de Mujica de perdonar a los militares que aporten datos?
-Sigue manteniéndose la injusticia, la impunidad. Si tu mataste, ¿por qué tiene que haber un intercambio? Si a ti te matan a un hijo, ¿vas a transar? ¿Por qué yo tendría que hacerlo? No tengo vergüenza en ser quien soy. ¿Por qué me tratan como alguien que debe pedir por favor? Lo que pasa es que casos como el mío son una piedra en el zapato de los gobiernos. Ningún gobierno ha venido a tocarme la puerta o a ofrecer un pasaje para poder ver a mi familia. Siento que quieren hacer como que no existimos. Nunca, de ninguna embajada, se acercaron para ver si necesitaba algo. Parece que es tan truculento que no podemos tratar el tema. La única persona que me ha tratado en forma entrañable fue Belela Herrera.
-Hay casos de notoriedad pública, como el de la nieta de Gelman, que no pasaron desapercibidos ni para gobiernos anteriores ni para este.
-Fue por la presión que generó Gelman y el apoyo internacional. Eso me duele, por eso solo prestan atención.
-¿Se refiere a todos los gobiernos, incluido este?
-Supongo, no sé, no estoy en política. Estoy metida en los derechos humanos. En mi caso, por la interpretación de la Ley de Caducidad que hizo este gobierno, pude abrir la causa judicial.
-¿Pedirá audiencia con el Presidente Vázquez?
-No está descontado hacerlo, pero ¿me va a ayudar en algo? ¿O es para la foto: me junté con esta pobre niñita?
-¿Cree en la justicia?
-Sí, de lo contrario no estaría haciendo esto.
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La "Causa Ayala" tiene fecha
El debate oral por la causa que investiga la desaparición del "Cacho" Ayala, Julio César Barozzi, Jorge Saravia Acuña y Orlando Romero, se inicia el 5 de agosto.
Cacho Ayala
Julio César Barozzi
Orlando Diego Romero
Jorge Saravia Acuña
El imputado es quien dirigió el operativo de detención, tras el que desaparecieron los cuatro, el policía Diego Ulibarrie, pero a la luz de lo que se vertió en la Causa RI9, con los testimonios de Carlos Achar Carlomagno y Silvia Martínez, los recientemente condenados Julio Barreiro y Juan Carlos De Marchi, deberían ser investigados por el destino final de los detenidos. Carlos Achar dijo al respecto "el Capitán De Marchi me dijo : hijo de puta ahora te vamos a reventar como le hicimos a los Cachos”. “¿Sabés de quien hablamos?” me preguntó el Subteniente Barreiro, yo respondí que no, entonces Barreiro me dijo; “Del Cacho Ayala y el Cacho Barozzi; al Ayala lo reventamos en la tortura y a Barozzi de un tiro en la cabeza y después lo tiramos en la laguna, esa que está cerca de la “quinta”, para que las palometas
terminen con ellos”. Tema que quedará pendiente para el RI9 II seguramente.Existe mucha expectativa por esta causa por la popularidad de la que gozaba el abogado "Cacho" Ayala, letrado que supo defender a los ladrilleros, dotado de una profunda moral cristiana que lo llevó a asumir el compromiso por los pobres que promovía el Concilio Vaticano II.
Las víctimas
Orlando Diego Romero era casado. Trabajaba de comerciante y estudiaba. Fue secuestrado en la vía pública en Corrientes, frente al Club San Martín, junto a Julio César Barozzi, Vicente Ayala y Jorge Saravia.Jorge nació en Buenos Aires el 24 de diciembre de 1946. Hizo sus estudios secundarios con los Maristas de San Isidro.Era Licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina (UCA) y profesor en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, con estudios de post grado en EE.UU. En el año 1962 ingresó en el Colegio Militar de El Palomar, por influencia de un tío materno. Siendo cadete sacaba excelentes notas en todas las materias excepto en aptitud militar, lo que no sucedía por falta de destreza física, sino por razones más profundas que quizás él mismo no comprendiera del todo. Al cabo de un año, él se dio cuenta que no le gustaba el Ejército, y el Ejército se dio cuenta que no le gustaba Jorge Saravia Acuña.Julio César, “Cacho”, cursó toda su escolaridad en el Colegio Don Bosco de Curuzú Cuatiá y tras su egreso de la secundaria con el título de Perito Mercantil en el año 1971, viajó a la ciudad de Corrientes para estudiar la carrera de Medicina en la Universidad Nacional del Nordeste. Como muchos jóvenes de su generación, vivió comprometido con la lucha por una sociedad más justa y solidaria, y quiso ser médico, impulsado por la idea de que la salud es un derecho humano esencial inherente a todas las personas.El "Cacho" Ayala fue el mas conocido en Corrientes. Abogado de los humildes, comprometido hasta la médula. Su madre, María Estela
Carrazzoni de Ayala es uno de los miembros fundadores de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. De modos tiernos, dotada de una dulzura tan grande como su obstinación, la sra. de Ayala mereció conocer la sentencia de la "Causa RI9"...pero no llegó, apenas se había iniciado esta megacausa cuando fue presurosa a encontrarse con el Cacho, con su esposo, doña Esther Galarza de Artieda, los Marcón y tantos otros, allí donde se reúne la "compañerada" cuando deja el mundo terrenal, instalándose inmortales en la conciencia de otros compañeros y familiares que habrán de recoger su lucha y continuar el perenne reclamo de justicia y memoria. Cacho nació en Corrientes el 1° de marzo de l946. Cursó su escuela primaria en el Colegio Salesiano y la terminó en el Colegio de los Capuchinos en Concordia (Entre Ríos). Terminó el secundario en el Colegio "Alejandro Carbó" de esa localidad entrerriana, donde figura con otros 7 desaparecidos en una hermosa placa que les dedicaron.Decidió seguir la carrera de Derecho, para lo cual regresó a su tierra natal, objetivo que siempre había soñado.(1964). Su espíritu inquieto por lo social encontró estímulo en el Padre Raúl Marturet, a cargo por entonces del Pensionado Católico para estudiantes universitarios del interior. Poco a poco fue alternando su vida entre la prosecución de su carrera y la opción por los oprimidos. Por estos motivos, participó a comienzos de los 70 en una huelga de hambre en favor de los cinco sacerdotes del Tercer Mundo, comprometidos con su pueblo que fueron excomulgados por las autoridades de la Iglesia :Padres Raúl l Marturet, Belisario "Pucho" Tiscornia, Luis Niella, Gabino Casco y Babín. Dejó a su esposa y un hijo de un año, Diego, además de padres y hermanos. Todos lo buscaron siempre. Cacho Ayala sí era un auténtico cristiano, jamás habría estado en una esquina vivando a torturadores en medio de rezos. Estaba como Jesús, al lado de los pobres.
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El paísSábado, 28 de Febrero de 2009
La foja del gendarme Rei
Un todo servicio
Por Diego Martínez
En 1978, tras apoderarse de un hijo de desaparecidos, Víctor Rei participó como oficial de Inteligencia de Gendarmería en detenciones ilegales e interrogatorios ordenados por el general Carlos Suárez Mason. Empresarios, abogados y empleados del Banco de Hurlingham e Industrias Siderúrgicas Grassi que declararon en el juicio a los ex comandantes recordaron a Rei entre quienes los torturaron en Campo de Mayo. A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, el juez Daniel Rafecas desarchivó la causa, que además de militares y gendarmes incluye entre sus imputados a ex funcionarios del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El 31 de agosto de 1978 el presidente de la CNV, Juan Alfredo Etchebarne, querelló a las dos firmas ante el juez Rafael Sarmiento. Días después comenzaron a ser secuestrados sus directivos. Previa escala en el Regimiento de Granaderos, eran depositados en Campo de Mayo. El operativo encomendado al coronel Roberto Roualdes fue ejecutado por los tenientes coroneles Francisco Obdulio D’Alessandri y Raúl Alberto Gatica, y por el comandante Rei. Dos años después la justicia pidió la extradición de Suárez Mason y procesó a Roualdés y Etchebarne.
El operativo fue ordenado “por la junta militar”, le confió Rei al cautivo Jorge Tejerina. Los detalles y objetivos se conocieron durante el Juicio a las Juntas y Horacio Verbitsky los desmenuzó en El Periodista. Poco antes de los secuestros se había difundido la supuesta vinculación de Montoneros con el Grupo Graiver, propietario hasta fines de 1976 del Banco de Hurlingham, donde la organización habría depositado 17 millones de dólares pagados por los hermanos Born. Los sucesores de Graiver habían vendido el banco en doce millones de dólares al Grupo Chavanne, que a su vez lo cedió en parte de pago a la siderúrgica. El ingeniero Luis Grassi explicó ante la Cámara Federal que Etchebarne y el ex vicepresidente del Banco Central, Christian Zimmerman, querían apoderarse del banco sin pagar un peso. Agregó que también querían llevar a la ruina a su siderúrgica, quiebra que beneficiaba a Acindar, la empresa que presidió Alfredo Martínez de Hoz antes de asumir como ministro de economía.
Juan Claudio Chavanne fue detenido por un grupo armado al mando de Raúl Guglielminetti. En Campo de Mayo le pegaban “con un fierro muy finito en la cabeza, no muy fuerte, muy despacio, en forma sistemática y continua, con lo cual el dolor de cabeza y de oídos se hace tremendo”, detalló. “Después me ponían agua hirviendo en la parte final de la espalda, decían que era el mejor sistema para ablandar la memoria”, agregó. Las torturas con picana al abogado Eduardo Aguirre Saravia le provocaron dos desmayos. Lo revivieron mediante un simulacro de fusilamiento y lo dejaron sin comer durante quince días. Entre las víctimas estuvo el abogado Alejandro Pinedo, tío de Federico, diputado nacional PRO.
Zimmerman designó ocho peritos del Banco Central y la CNV para asesorar a los torturadores. El fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Roberto Solá, le exigió al comandante Rei que le quitaran las vendas y las esposas a Chavanne porque de otro modo no lo interrogaría. “Gendarmes ebrios intentaron violar” a la esposa de Chavanne, embarazada de cinco meses, historió Verbitsky. Jorge Buleraich creyó escuchar, durante su detención, que al comandante Rei “en algún momento se lo denominó Mayor Castro”. Abuelas de Plaza de Mayo le pidió al juez Rafecas en marzo que indague al gendarme por privación ilegal de la libertad, coacción, extorsión y asociación ilícita.
Ayer, mientras teorizaba sobre el origen de la deuda externa, Rei recordó que en 1978 participó “en forma tangencial” de “un procedimiento a delincuentes económicos” en Campo de Mayo. “Gatica y D’Alessandri me llevaron porque me interesaba el procedimiento y tenía algunas nociones”, contó. Su función era “coordinar y leer y hablar con los abogados y contadores de la CNV que estaban ahí, y sobre todo con los fiscales”. Sin obligación de decir la verdad, aseguró que el operativo fue legal y que “nunca estuve en un LRD”, nombre técnico de los campos de concentración.
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Sábado, 28 de Febrero de 2009
La Corte propondrá crear una comisión interpoderes y convocar a jueces de otras jurisdicciones
Medidas para acelerar los juicios
Es en respuesta a los reclamos de organismos de derechos humanos, que pidieron por las causas demoradas de crímenes de la dictadura.
Por Adriana Meyer

La Corte Suprema quiere crear una comisión con representantes de los tres poderes.
La continuidad del proceso de juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura podría transformarse oficialmente en una preocupación de los tres poderes del Estado. Esto ocurrirá si prospera una iniciativa de la Corte Suprema para crear una comisión interpoderes, que reúna en un solo ámbito de discusión al Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial, para considerar los problemas que plantea el desarrollo de estas causas, con miles de represores imputados, 500 de ellos indagados, y con un ritmo de sentencias anuales por el que habría juicios hasta 2025, cuando ya casi ninguno de los acusados siga vivo. Además, el máximo tribunal convocaría en los próximos días a magistrados de otras jurisdicciones para que se aboquen a trabajar sobre las causas de delitos de lesa humanidad que se encuentran demoradas por juzgados que están vacantes.
Esta semana, representantes de organismos de derechos humanos se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y reclamaron que los poderes del Estado coordinen políticas públicas para evitar demoras en el juzgamiento de los delitos por lesa humanidad y expresaron su preocupación por los obstáculos en los juicios contra ex represores. Los organismos de derechos humanos –Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, MEDH y Serpaj– pidieron que se elabore una “estrategia estatal para el logro de un procedimiento adecuado para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad”.
Algo similar había ocurrido el miércoles pasado, cuando fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y le plantearon la necesidad de una estrategia del Estado sobre qué hacer luego de la apertura de los juicios con la falta de unificación de los juicios, e incluso un sector pidió la apertura de los archivos secretos y reclamó por la actuación de la SIDE y la Policía Federal en el caso del desaparecido testigo Jorge Julio López. Algunas de estas agrupaciones entienden que, como parte de la sociedad civil, ya hicieron todo lo que estaba a su alcance y por eso exigen al Gobierno alguna salida a la situación planteada.
La respuesta del Poder Ejecutivo fue apuntar al Judicial como responsable de la continuidad y retraso de los juicios. Al tanto de esto, en la Corte dicen que comparten la preocupación de los organismos, pero que “ellos solos no pueden” con la necesidad de un replanteo estratégico. Y, probablemente, en un intento de anticiparse a un eventual párrafo crítico hacia los jueces por estos juicios que pueda ser pronunciado en el discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, decidieron dar estas dos señales concretas.
Según fuentes judiciales, en el acuerdo del martes los ministros de la Corte analizaron la posibilidad de convocar a jueces de otras jurisdicciones para acelerar las causas y conversaron sobre la idea de que exista un ámbito interpoderes para considerar los problemas que plantea el desarrollo de estos procesos y las soluciones que es necesario aportar. Esta iniciativa había sido acercada tanto a la Presidenta cuanto a los propios jueces supremos por los organismos de derechos humanos, y en la reunión en la Casa Rosada había sido expresada por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
La Corte ya les recordó a los jueces a cargo de causas por delitos de lesa humanidad “el deber de extremar los recaudos para acelerar el trámite” de los expedientes y los exhortó a que “evalúen con urgencia las decisiones a tomar a efectos de que sean las más conducentes en cuanto al objetivo de celeridad”. Al anunciar la agenda pública de la Corte, Lorenzetti instó a priorizar los juicios de derechos humanos “porque en la Argentina hubo un drama que hay que reparar”. Había dicho el ministro que “tienen razón los que reclaman que en estos casos debe haber de una vez por todas sentencias, porque no queremos una nueva frustración”, había dicho. En este marco de anuncios, José Luis Mandalunis, secretario penal de la Corte, fue designado una vez más como titular de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, que se encargará del relevamiento de causas que se tramitan en todo el país sobre violaciones a los derechos humanos.
La Unidad, creada en 2007, busca realizar un “relevamiento de las causas en trámite” y tiene “facultades de requerir información relacionada con el avance de los procesos y con las dificultades operativas que puedan demorar la realización de los juicios en un tiempo razonable”. La futura comisión quizás organice y coordine la tarea de unidades como ésa, el programa Verdad y Justicia y otras estructuras dedicadas a lo mismo en diferentes partes del Estado.
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Perpetua y en cárcel común
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis pidió ayer que se condene a la pena de reclusión e inhabilitación perpetua, en cárcel común y efectiva, a los militares y policías que el Tribunal Oral Federal puntano juzga por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. El abogado Enrique Ponce pidió que se califique a los hechos como “genocidio” y reclamó que se investigue a otras 47 personas, incluidos los ex miembros de la plana mayor del Comando de Artillería 141, el ex juez federal Francisco Allende y su secretario Carlos Martín Pereyra González, actual presidente de la Cámara Federal de Mendoza, acusado de presenciar interrogatorios bajo tortura. La semana próxima se conocería la sentencia al coronel Miguel Angel Fernández Gez, el capitán Carlos Esteban Pla y los ex integrantes de la División Investigaciones de la policía provincial David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco.
El paísViernes, 27 de Febrero de 2009
LA CORTE SUPREMA CONFIRMO QUE CUATRO REPRESORES DEBEN SEGUIR PRESOS
Mal precedente para Alfredo Astiz
Los acusados de crímenes de lesa humanidad no saldrán en libertad, porque se confirmaron fallos que les negaban las excarcelaciones. Está pendiente la resolución del caso de Astiz y otros veinte represores.


El represor Pascual Oscar Guerrieri, ex integrante del Batallón 601.
Los represores Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Carlos Radice, Juan Antonio Azic y Horacio Mayorga no saldrán en libertad. Así lo resolvió la Corte Suprema al rechazar pedidos de excarcelaciones, en algunos casos y confirmar a los jueces que intervenían en los expedientes, en otros.
El máximo tribunal también debería expedirse en el futuro sobre la situación de Alfredo Astiz y otros miembros de la patota de la ESMA a quienes la Cámara de Casación benefició con el cese de la prisión preventiva. Pero la Corte Suprema no tendría que definirse sobre esa causa si el Tribunal Oral 5 fija fecha para el inicio de las audiencias, algo con lo que se especula en tribunales.
En el caso de Guerrieri, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay confirmaron la decisión de la Sala III de la Cámara de Casación de mantener a Guerrieri en prisión domiciliaria por los crímenes cometidos en el centro clandestino rosarino Quinta de Funes. El represor ya tiene una condena como miembro de la estructura jerárquica del Batallón de Inteligencia 601.
Radice, que está procesado por robo, extorsión, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita por el robo de bienes de desaparecidos, también seguirá detenido ya que la Corte confirmó un fallo de la Cámara Federal que rechazó su pedido de excarcelación por la gravedad de los delitos por los que está imputado y porque está involucrado en otras causas judiciales. El prefecto Azic, compañero de Radice en la ESMA, tampoco tuvo suerte al impugnar al juez Eduardo Farah, quien intervino como subrogante en la decisión de la prórroga de su prisión preventiva.
El último de los represores cuyo caso fue analizado por la Corte es el contraalmirante (R) Mayorga, involucrado en la Masacre de Trelew, del 22 de agosto de 1972. El acusado se presentó ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para solicitar que se ampliara la amnistía que en su momento se dictó para los militares que participaron del fusilamiento de los presos políticos en la base Almirante Zar. Pero el Consejo Supremo se declaró incompetente y la Corte ratificó esa decisión y por lo tanto la competencia de la Justicia federal de Chubut para entender en el tema.
A fines del año pasado, la Sala II de la Cámara de Casación dispuso el cese de la prisión preventiva de una veintena de represores, entre ellos Astiz y Jorge Acosta, por considerar que habían estado presos sin condena más tiempo del razonable. La decisión provocó el rechazo de miembros de organismos de derechos humanos, que criticaron la posible liberación de los acusados de crímenes de lesa humanidad pero también hicieron hincapié en la lentitud con que tramitan estos expedientes. Los acusados no fueron liberados porque los fiscales apelaron y el expediente está ahora en camino hacia la Corte Suprema. El máximo tribunal podría evitar pronunciarse si, finalmente, se fija fecha para el inicio del demorado juicio sobre los secuestros, desapariciones y asesinatos cometidos en la ESMA.
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35 años después... Martín Mozé
"
Agradezco a los que me ayudaron a reconstruir el rompecabezas de mi historia", dijo Martín Ernesto Mozé Acosta luego del fallo en que la Cámara de Familia le otorgó el derecho a usar el apellido de su padre, Miguel Angel "Chicato" Mozé, recordado referente de la Juventud Peronista de Córdoba y uno de los primeros presos políticos asesinados durante la dictadura en el penal de barrio San Martín.
Alegría y emoción en Martín y en su mamá Olga después de conocerse el fallo

Por Alexis Oliva - Prensared
Con unos cuantos años más de edad que los 27 que tenía su padre al ser asesinado el 17 de mayo de 1976 en el primer fusilamiento colectivo de presos políticos perpetrado por la dictadura militar en Córdoba, hoy -por fin- Martín pudo obtener su identidad completa: Martín Ernesto Mozé Acosta (Ver Necesito que en mi documento diga Mozé).
Hoy -por fin- Martín pudo añadir al apellido de su madre, Olga Acosta, el de aquel militante peronista y revolucionario del que acaso guarda un recuerdo difuso, tan difuso como nítida es la dedicatoria que Miguel Angel Mozé escribió "para mi querido hijo Martín" en una tarjeta navideña que salió de la Unidad Penitenciaria N° 1 de barrio San Martín escondida entre los pañales del niño.
Esa tarjeta, recuerdo de aquella Navidad de 1975, la última en que Miguel podría ver a su hijo y la última de su vida, fue una de las tantas pruebas que apuntalaron este fallo de la Cámara de Familia de Primera Nominación de Córdoba que hoy -por fin- reconoció a Martín su filiación pos mortem con aquel ex seminarista que abrazó la opción revolucionaria en la organización Montoneros y llegó a ser titular de la Juventud Peronista de Córdoba durante los años de la "primavera" sententista (Ver El hijo olvidado).
La primavera revolucionaria mutaría en invierno represivo y lo privaría de ese padre que no alcanzó a reconocerlo "legalmente", porque los asesinos de Luciano Benjamín Menéndez podían darse el lujo de matar hasta los prisioneros "legales".
Pero hoy -por fin- el Estado democrático por lo menos concedió a Martín el derecho a usar el apellido de aquel joven al que el Estado terrorista asesinó.
Quizás hoy -por fin- este joven de 35 años, idéntico hasta en los anteojos al "Chicato" Mozé, haya podido aclarar estas paradojas antes de dirigirse al enjambre de periodistas -tantos como solía convocar su padre cuando era "el jetón de la JP"- que lo aguardaban en el hall de los Tribunales de Familia para estrenar su flamante y completa identidad: "Hoy se ha hecho justicia, 35 años después. Por una cuestión de seguridad y protección, no tuve el apellido Mozé, que era el que me correspondía. Y hoy la Justicia ha restituido mi verdadera identidad. Yo no he sido un niño apropiado, como otros compañeros, y gracias al trabajo de Abuelas, de Marité Sánchez (su abogada) y a mi madre que me ha criado y me ha cuidado, gracias al reencuentro con mi familia paterna a la que también le agradezco, y a todos mis amigos compañero de HIJOS, de Hermanos, de Familiares y a todos los que me han ayudado a reconstruir este rompecabezas de mi historia".
"Estoy totalmente agradecido de todos y aprovecho ahora para que se sepa que hay más de 500 niños apropiados, que no tuvieron la suerte que yo de saber su identidad, y los seguimos buscando. Si tienen alguna duda por favor que se acerquen a Abuelas, a Hermanos, a los organismos de derechos humanos, porque los estamos buscando y necesitamos justicia. No solamente en la restitución de la identidad y la búsqueda de nuestros hermanos, sino también en las causas que este año por fin llegarán a su luz, como el juicio de la UP1, donde fue fusilado mi padre. Esperamos justicia, por él y por los treinta mil compañeros desaparecidos", finalizó Martín Ernesto Mozé Acosta, antes de abrazarse primero con su madre y luego con cada uno del centenar de compañeros suyos y de aquel otro joven del que -por fin- pudo heredar el apellido.
Detrás quedaron la obligada clandestinidad, los abnegados silencios, las incómodas preguntas infantiles, los dolorosos desencuentros y un proceso judicial en el que desfilaron doce testigos -militantes de ayer y de hoy, familiares, amigos y periodistas- para traducir en derecho lo que era una verdad de hecho, tan evidente como el parecido físico, tan incontrovertible como la frase escrita en aquella tarjeta de Navidad, tan ensordecedora como el aplauso que coronó esta jornada.
Tal vez ahora -por fin- el Estado democrático también le permita a Martín ver pagar sus culpas a los asesinos de su padre.
http://www.prensared.com.ar/

Notas relacionadas:
2009-02-09 :: “Necesito que en mi documento diga Mozé”
2009-02-16 :: El hijo olvidado -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS



Más de 211.000 uruguayos han firmado contra la ley que permite dejar impunes los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y la policía durante la última dictadura (1973-1985), informaron ayer miembros de la coordinadora que impulsa un plebiscito contra la norma. La Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad anunció, además, que tiene previsto alcanzar las 300.000 rúbricas antes del 24 de abril, fecha en la que concluye el plazo para solicitar una consulta popular contra la controvertida norma. Para presentar una petición de consulta popular, la ley uruguaya exige la presentación de al menos 250.000 firmas. El integrante de la coordinadora Luis Puig explicó al diario El País que esta campaña está ingresando “en la recta final” y que, por ese motivo, el próximo fin de semana se iniciará una campaña puerta a puerta para recabar más apoyos. La normativa en cuestión fue promulgada en 1986 y ratificada de nuevo en un referéndum nacional en 1989 y es considerada por las organizaciones de derechos humanos una auténtica amnistía a los militares y policías que en tiempos de la dictadura encabezaron la represión y eliminación de los opositores políticos.



EL MUNDO › EL CASO DE NIBIA SABALSAGARAY ES EMBLEMATICO
Unas pocas causas fuera de caducidad





Nibia Sabalsagaray.


La verdad se abre paso. Pese a la ley 15.848 votada en 1986, la Justicia uruguaya indaga una decena de denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, excluidas del amparo de la ley 15.848, “de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, por el gobierno del Frente Amplio, desde el 1º de marzo de 2005.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, señaló en su discurso de asunción, en la escalinata del Palacio Legislativo, que los casos por el homicidio de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y por el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman estaban fuera del amparo de la norma.
Sin embargo, la proliferación de denuncias por crímenes de lesa humanidad y la nueva interpretación del artículo 4º de la Ley de Caducidad promovida desde el Poder Ejecutivo posibilitó a la Justicia instruir otros procesos e incluso procesar a ocho militares y policías responsables de estos delitos. La interpretación del Poder Ejecutivo en cuanto los mandos militares no se encuentran bajo el amparo de la Ley de Caducidad permitió el inicio de la instrucción judicial en las causas por los homicidios de los estudiantes Ramón Peré, el 6 julio de 1976, y Hugo Leonardo de los Santos, así como de la muerte de Horacio Ramos, en extrañas circunstancias dentro del Penal de Libertad, en 1981.
Asimismo, una resolución favorable del Ejecutivo permitió profundizar la indagatoria en la causa “Fusilados de Soca”, la cual investiga el secuestro en Argentina, traslado clandestino y fusilamiento en Uruguay de cinco militantes del MLN-T, sobre fines de 1974.
El fusilamiento pretendió ser una “represalia” por la muerte del coronel Ramón Trabal, adjudicada a un comando internacional tupamaro, pero las sucesivas investigaciones periodísticas y la instruida por la jueza Graciela Gatti podría dejar al descubierto un “homicidio político” de la dictadura.
El Poder Ejecutivo resolvió, además, excluir los casos de Simón Riquelo y del militante del PCU Ubagesner Chaves Sosa, así como los presuntos enterramientos clandestinos en la Brigada de Artillería Antiárea Nº 1.
Sin embargo, la interpretación de la Ley de Caducidad por parte de jueces y fiscales provocó el archivo de causas excluidas del amparo de la norma por el Poder Ejecutivo. La Justicia archivó, en este sentido, la indagatoria por los asesinatos de Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanick y la muerte de Nuble Donato Yic dentro de una unidad militar.
El Poder Ejecutivo dispuso también excluir el caso de la militante de la UJC Nibia Sabalsagaray del amparo de la ley 15.848, ante la presunción de participación de civiles en su detención. Sin embargo, la imposibilidad de profundizar la indagatoria por la muerte de la joven determinó que la fiscal Mirtha Guianze interpusiera una excepción de inconstitucionalidad contra la norma, actualmente a estudio de la Corte Suprema de Justicia.
* De La República de Uruguay. Especial para Página/12.
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Leonardo Bavio subrogará el Juzgado Federal Nº1
El secretario penal de la Cámara Federal de Apelaciones, Julio Leonardo Bavio, subrogará el cargo vacante en el Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad. Así lo informó ayer la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, la que precisó que el subrogante asumirá sus nuevas funciones el 2 de marzo, en un acto que se realizará a las 12, en la sala de acuerdos de este tribunal.
El cargo está vacante desde que su titular, Abel Cornejo, renunciara para asumir en la Corte de Justicia provincial, en agosto de 2008. Desde entonces el Juzgado es subrogado por el juez federal Horacio Aguilar, quien en su calidad de titular del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy fue designado para subrogar una vacante en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y, luego, la vacante en el Juzgado Federal Nº 1. Pero Aguilar presentó su renuncia al Juzgado Federal Nº 2, lo que hace caer también sus subrogancias. Su renuncia está en estos momentos en el Ministerio de Justicia de la Nación, a la espera de la firma de la presidenta Cristina Fernández y se estima que el Ejecutivo no tardará en aceptarla.
El alejamiento de Aguilar, quien reiteró que pretende dedicarse a la actividad privada, generó inquietud porque quedaban sin juez causas emblemáticas por violaciones a los derechos humanos, como la abierta para investigar el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y la causa por la masacre en Palomitas, radicadas en el Juzgado Federal N º1.
La designación de Bavio asegura que el Juzgado no quedará sin juez, aunque, para el caso de las causas por violaciones a derechos humanos, habrá que esperar que se familiarice con ellas, la mayoría con gruesos expedientes. Ante una consulta de Nuevo Diario, Aguilar que independientemente de la demora que pueda significar la aceptación de su renuncia al cargo de juez federal de Jujuy, presentó ante la Cámara su renuncia como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1, a partir del 1 de marzo. Eso dejó allanado el camino para que la Cámara pudiera designar a un reemplazante.
Aguilar volvió a desmentir que vaya a ocupar un cargo de prominencia en el Poder Ejecutivo provincial.

Fuente:
www.nuevodiariodesalta.com.ar


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Careos y tensión en juzgado. Familiares sostienen que se está "muy cerca de la verdad"
Goyo complicado: pericia avala tesis de omisión de asistencia en caso Luzardo
El ex dictador Gregorio Alvarez compareció ayer por espacio de tres horas ante la Justicia en la causa por la muerte del ex militante tupamaro Roberto Luzardo. Un informe médico de la época avalaría la tesis de "omisión de asistencia" como causa de su muerte
Goyo preso y rodeado. Al llegar a la sede judicial, esposado y con chaleco antibalas policial. Su rostro denotaba tensión.
La Familia. Madre y hermanos se retiran conformes del juzgado. La verdad comenzó a aflorar.
Familiares. Los familiares de Luzardo esperaron el desenlace de la sesión.
Luzardo presente. Rodeado de amigos y familiares
El ex dictador Gregorio Álvarez compareció ayer por espacio de tres horas ante la Justicia en la causa por la muerte del ex militante tupamaro Roberto Luzardo. Un informe médico de la época avalaría la tesis de "omisión de asistencia" como causa de su muerte
La familia del ex militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, Roberto Luzardo, aguardaba en la puerta del Juzgado de la calle Misiones, la llegada del ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez. Tras dos años de proceso, el ex dictador sería interrogado por primera vez en la causa.
El juez penal de 1er. Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, y la fiscal Adriana Costa lo habían citado para el pasado 15 de diciembre, pero en dicha audiencia no declaró porque aún no había nombrado a su representante. En esa instancia, Álvarez designó al reconocido abogado Carlos Curbelo Tammaro como su abogado en el proceso.
La audiencia por la muerte de Roberto Luzardo, por presunta "omisión de asistencia" en el Hospital Militar, estaba fijada para las 10:00 horas, pero el ex dictador no aparecía. Lentamente, la madre del militante del MLN-T fallecido, Zulma Cazeneuve, ingresaba al Juzgado, junto a sus hijos Raúl y Beatriz, sus abogados, la viuda, Ana Blanco, y otros allegados.
Sobre las 10:40 horas, y bajo un fuerte operativo de seguridad, el mayor de los últimos tiempos en causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, el "Goyo" Álvarez arribó a la Sede. Con gesto adusto y sin la sonrisa "irónica" de otras instancias, el ex dictador descendió de la camioneta e ingresó al Juzgado.
Una "catarsis" de insultos acompañó los 15 metros que lo distanciaban de la puerta del carcelaje. Minutos más tarde, en silencio, el abogado Carlos Curbelo Tammaro bajó de su estudio e ingresó al Juzgado. Todas las partes estaban presentes, se iniciaba una instancia clave en la causa por la muerte de Roberto Luzardo.

No nos contradijo
Casi tres horas después de comenzar la audiencia, la familia de Luzardo bajó del 5º Piso del Juzgado. "¡Se escucha, se escucha / arriba los que luchan!". El canto de los familiares y amigos de la familia recibía a Zulma y los hermanos Luzardo.
"Estamos muy cerca de lograr el objetivo de la familia, que es la verdad, la justicia y el castigo para los culpables. Estamos muy cerca. El señor Álvarez sigue manteniendo su negativa, su actitud provocativa y sus contradicciones. Él niega todo", dijo Raúl Luzardo al salir de la audiencia. "Venía con el sentimiento de enfrentarme normalmente a una persona, pero al final me dio asco", expresó.
En tanto, Beatriz se refirió al diálogo mantenido con Álvarez cuando este visito a su hermano en la sala 8 del Hospital Militar. "Álvarez no me contradijo sobre la visita al Hospital Militar cuando fue a ver a mi hermano para constatar que se estaba cumpliendo lo que había dictaminado. No me contradijo en ninguna pregunta que me hizo el juez".
El ex dictador "observó a mi hermano, y me preguntó el parentesco. Obviamente le contesté 'hermana', y ahí terminó el diálogo. Observó a mi hermano y se retiró, con dos militares más. El declaró que no se acordaba, pero no me contradijo. No pidió para contradecir lo que yo le estaba contestando al juez", señaló Beatriz Luzardo.
El abogado Oscar López Goldaracena, por su parte, mostró su confianza de haber demostrado "fehacientemetne" que el ex dictador "se entrevistó con los familiares y concurrió al Hospital Militar. Si el general Álvarez no lo recuerda, estoy seguro y confío en que la Justicia se lo va a hacer recordar".

Prueba documental
López Goldaracena y la abogada de Serpaj, Giannina Podestá, presentaron además en las horas previas a la instancia judicial de interrogatorios y careos una extensa prueba documental, para demostrar la responsabilidad de Álvarez en la muerte de Luzardo.
En este sentido, los denunciantes presentaron "un pedido de informes de Zelmar Michelini, sobre fines del año 72, en el cual el ex senador solicita al Ministerio de Defensa (MDN) que informe qué detenidos políticos se encontraban atendidos en el Hospital Militar", dijo López Goldaracena.
"La respuesta del MDN excluyó de esa nómina a Luzardo", lo que avala la hipótesis de que la Sala 8 del nosocomio castrense "donde estaba detenido Luzardo no dependía del Hospital Militar, sino del Estado Mayor Conjunto (Esmaco)". Álvarez fue jefe del Esmaco entre 1972-74, fecha en que se concretó la muerte de Luzardo.
Asimismo, la restante prueba agregada corresponde al informe forense sobre la muerte de Luzardo, firmado por el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Militar, José Mauttone, el 12 de julio de 1973, exactamente un mes después del fallecimiento.
"Extensa escara con pérdida de tejido que alcanza el plano óseo sobre la zona trocanteria derecha de 25 cm de longitud por 15 cm de diámetro; lesión de iguales características en la región trocanteria izquierda; extensa escara en región sacra, redondeada, de 22 cm de diámetro; y múltiples pequeñas escaras en tercio inferior de piernas y pies derechos e izquierdos". "De acuerdo al reconocimiento que antecede surge como causa de muerte el avanzado estado de caquexia", señala el informe.
La caquexia es: "estado extremo de desnutrición, con atrofia general del organismo, pérdida de peso anunciada y de apetito". El informe "señala claramente el estado en el cual quedó Luzardo al fallecer. Tenía escaras de más de 20 cm de diámetro. Le pido a la gente que reflexione, escaras de más de 20 cm de diámetro. A Luzardo se le dejó morir en el Hospital Militar, y es hora de que exista Justicia", reclamó López Goldaracena.
En tanto, la defensa de Álvarez solicitó agregar como prueba el expediente de la Justicia militar sobre la muerte del coronel Artigas Álvarez, hermano del "Goyo", ajusticiado en un operativo del MLN-T, el 25 de junio de 1972. Luzardo era acusado de participar en ese operativo, y Gregorio Álvarez habría ordenado no atenderlo de forma adecuada como venganza por la muerte de su hermano.
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