jueves, 12 de marzo de 2009

REVES PARA EL "TIGRE" ACOSTA
Los organismos de derechos humanos pueden ser querellantes en causas por delitos de lesa humanidad
El represor Jorge "el Tigre" Acosta sufrió un nuevo revés en la justicia al fracasar en su intento para evitar que sean querellantes diversos organismos de Derechos Humanos, entre ellos las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En una resolución de cuatro carillas, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron el rechazo "in limine" a la pretensión del Defensor Oficial Juan Manuel Mendilaharzu, asistente del destituido ex capitán de la Armada.
Los magistrados recordaron que uno de los requisitos para poder ser querellante es acreditar una "reconocida trayectoria en defensa de los derechos que pretende representar" y otro es "que el objeto procesal de la causa debe versar sobre cuestiones de interés para dicha organización".
La defensa de Acosta se oponía a que los organismos de derechos humanos fuesen querellantes en las causas en las que el represor está imputado por delitos de "lesa humanidad" cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
En primera instancia el juez federal Sergio Torres, a cargo de esta "megacausa" reabierta tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final; había rechazado el planteo de Mendilaharzu en una resolución ahora confirmada por la Cámara.
El cuestionamiento desestimado alcanzaba, además, a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Movimiento Ecuménico por los Derechos del Hombre, Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA).
Los camaristas recordaron la "gravedad de los ilícitos que se les atribuye a los imputados, su condición de integrantes de una fuerza armada, que atentaron contra bienes jurídicos fundamentales de la población civil local, y la utilización de medios estatales contra víctimas nacionales" que constituyen "delitos de lesa humanidad".
Explicaron que el concepto jurídico de "particularmente ofendido" fue adecuándose hasta posibilitar que "organizaciones (gubernamentales o no) puedan constituirse como parte querellante cuando los hechos ilícitos investigados tengan relación directa con la actividad propia que desarrollan".




Fosa común con siete esqueletos EN EX PREDIO DE GENDARMERíA EN CHOS MALAL

http://www.lmneuquen.com.ar//noticias/2009/3/12/21484.php
Jueves 12.03.2009 - 01:11 AM- Actualizado: 23:26

REGIONALES - EN EL EX PREDIO DE GENDARMERíA EN CHOS MALAL - 12.03.2009
Ya son 7 los esqueletos humanos hallados

Los forenses encontraron tres más ayer en la fosa común que dataría de la época de la última dictadura. Llegarán más expertos para colaborar en la búsqueda.

El martes se habían desenterrado restos pertenecientes a cuatro personas. Chos Malal > La búsqueda de restos óseos en una fosa común en un predio donde funcionó el Escuadrón 30 de Gendarmería Nacional continuó ayer y arrojó el hallazgo de tres esqueletos más, que se suman a los cuatro desenterrados el martes.El hallazgo que conmocionó a la opinión pública se produjo el pasado viernes en un terreno donde se iba a construir la farmacia del ISSN, sobre la calle Roca entre Sarmiento y 25 de Mayo. En principio se pusieron al descubierto restos humanos pertenecientes a 3 personas.Por la complejidad del hecho se convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de La Plata y al equipo forense de la provincia de Neuquén.Los peritos arribaron a Chos Malal el martes y después del mediodía empezaron con los trabajos de desenterrar los restos. Se encontraron con que había más cuerpos. En la primera jornada de trabajo descubrieron 4 esqueletos y una vaina de un proyectil de arma de fuego.Ayer, durante el segundo día de trabajo, los peritos desenterraron huesos correspondientes a tres personas más.El martes estuvo presente el ministro de Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia del Neuquén, Cesar Pérez, y dijo que se trata de “una tumba común. Todo indicaría que se trata de crímenes cometidos durante la dictadura militar». Se dará intervención a la Justicia Federal, porque se trataría de crímenes de lesa humanidad que habrían ocurrido durante la última dictadura militar.El predio donde se produjo el hallazgo fue ocupado por el escuadrón 30 de Gendarmería Nacional desde 1950 hasta 1977, cuando se mudó a la calle Olascoaga, donde se encuentra en la actualidad.La tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense es continuar la búsqueda de más restos y analizar los encontrados en la fosa. Debido a la cantidad de restos encontrados hasta el momento los peritos solicitaron incorporar más profesionales para agilizar la tarea de desenterrar los huesos, y estarían llegando en las próximas horas. La Provincia pondrá un avión para que los expertos lleguen cuanto antes a Chos Malal. Se espera que mañana ya estén en la localidad. El gobernador Jorge Sapag estuvo ayer en el lugar.El único antecedenteFelipe Lara permanece desaparecido y fue visto por última vez en el Escuadrón 30 de Gendarmería Nacional.Neuquén > El hallazgo de restos óseos humanos en Chos Malal, que datarían de la última dictadura militar, sorprendió a propios y extraños. Según la apreciación de Oscar Ragni, integrante de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, “en el registro de denuncias que tenemos desde un principio -el cual se ha incrementando con el paso de los años y con el rescate de la investigación a cargo del juez Guillermo Labate-, no había ningún caso que se presentara desde Chos Malal”. Aunque dijo que “hace un tiempo en una investigación aparece el apellido de una persona que habría estado detenida, donde un testigo dio su testimonio y afirmó que lo vio en la década del ‘70 como detenido en Gendarmería. Esto quiere decir que hay indicios de que en ese lugar hubo, al menos, una persona detenida que hasta la actualidad permanece desaparecida”. Se trata de Felipe Lara, quien permanece desaparecido y fue visto por última vez en 1977 en el Escuadrón 30 de Gendarmería Nacional.“No hay otros antecedentes que ese Escuadrón haya sido lugar de detención de víctimas del terrorismo de Estado. Pero no sería nada raro porque tenían esa modalidad de actuar, trasladando a las personas de un lado a otro con el objetivo de desorientar. Es muy probable que en algún momento haya pasado por ese lugar más gente que la reconocida”, indicó Ragni.

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REGIONALES - EN EL EX PREDIO DE GENDARMERíA EN CHOS MALAL - 12.03.2009
Ya son 7 los esqueletos humanos hallados
Los forenses encontraron tres más ayer en la fosa común que dataría de la época de la última dictadura. Llegarán más expertos para colaborar en la búsqueda.
El martes se habían desenterrado restos pertenecientes a cuatro personas. Chos Malal > La búsqueda de restos óseos en una fosa común en un predio donde funcionó el Escuadrón 30 de Gendarmería Nacional continuó ayer y arrojó el hallazgo de tres esqueletos más, que se suman a los cuatro desenterrados el martes.El hallazgo que conmocionó a la opinión pública se produjo el pasado viernes en un terreno donde se iba a construir la farmacia del ISSN, sobre la calle Roca entre Sarmiento y 25 de Mayo. En principio se pusieron al descubierto restos humanos pertenecientes a 3 personas.Por la complejidad del hecho se convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de La Plata y al equipo forense de la provincia de Neuquén.Los peritos arribaron a Chos Malal el martes y después del mediodía empezaron con los trabajos de desenterrar los restos. Se encontraron con que había más cuerpos. En la primera jornada de trabajo descubrieron 4 esqueletos y una vaina de un proyectil de arma de fuego.Ayer, durante el segundo día de trabajo, los peritos desenterraron huesos correspondientes a tres personas más.El martes estuvo presente el ministro de Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia del Neuquén, Cesar Pérez, y dijo que se trata de “una tumba común. Todo indicaría que se trata de crímenes cometidos durante la dictadura militar». Se dará intervención a la Justicia Federal, porque se trataría de crímenes de lesa humanidad que habrían ocurrido durante la última dictadura militar.El predio donde se produjo el hallazgo fue ocupado por el escuadrón 30 de Gendarmería Nacional desde 1950 hasta 1977, cuando se mudó a la calle Olascoaga, donde se encuentra en la actualidad.La tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense es continuar la búsqueda de más restos y analizar los encontrados en la fosa. Debido a la cantidad de restos encontrados hasta el momento los peritos solicitaron incorporar más profesionales para agilizar la tarea de desenterrar los huesos, y estarían llegando en las próximas horas. La Provincia pondrá un avión para que los expertos lleguen cuanto antes a Chos Malal. Se espera que mañana ya estén en la localidad. El gobernador Jorge Sapag estuvo ayer en el lugar.El único antecedenteFelipe Lara permanece desaparecido y fue visto por última vez en el Escuadrón 30 de Gendarmería Nacional.Neuquén > El hallazgo de restos óseos humanos en Chos Malal, que datarían de la última dictadura militar, sorprendió a propios y extraños. Según la apreciación de Oscar Ragni, integrante de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, “en el registro de denuncias que tenemos desde un principio -el cual se ha incrementando con el paso de los años y con el rescate de la investigación a cargo del juez Guillermo Labate-, no había ningún caso que se presentara desde Chos Malal”. Aunque dijo que “hace un tiempo en una investigación aparece el apellido de una persona que habría estado detenida, donde un testigo dio su testimonio y afirmó que lo vio en la década del ‘70 como detenido en Gendarmería. Esto quiere decir que hay indicios de que en ese lugar hubo, al menos, una persona detenida que hasta la actualidad permanece desaparecida”. Se trata de Felipe Lara, quien permanece desaparecido y fue visto por última vez en 1977 en el Escuadrón 30 de Gendarmería Nacional.“No hay otros antecedentes que ese Escuadrón haya sido lugar de detención de víctimas del terrorismo de Estado. Pero no sería nada raro porque tenían esa modalidad de actuar, trasladando a las personas de un lado a otro con el objetivo de desorientar. Es muy probable que en algún momento haya pasado por ese lugar más gente que la reconocida”, indicó Ragni.
Este fue un envío deANTONIO ANGEL CORIASantiago del Estero Nº 156(8300) NEUQUÉN, Argentina






RESUMEN DE CONFERENCIA DE PRENSA
DE ORGANISMOS DE DDHH DE NEUQUÉN Y ALTO VALLE
5 de Marzo de 2009


En el día de la fecha, en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, en Neuquén, los Organismos de Derechos Humanos dimos una conferencia de prensa en relación a la convocatoria a la marcha del 24 de Marzo.

Las Madres de Plaza de Mayo (Filial Neuquén y Alto Valle), Ines Rigo y Lolin Rigoni anunciaron la convocatoria a la marcha del 24 de Marzo próximo de la siguiente manera: “A 33 años del golpe genocida cívico militar la resistencia crece. Impusieron el terror, aniquilaron cuerpos, destruyeron proyectos y sueños, con nuestra permanente presencia, nuestras voces, resistimos hablamos actuamos resistimos, por los compañeros y compañeras los desaparecidos, los que sufrieron cárcel, los exiliados, los jóvenes y los niños, los abandonados. Exigimos el abandonados exigimos el irrenunciable derecho a la salud, la educación, la justicia y el trabajo en libertad. Por todo eso marchamos el próximo 24 de Marzo a las 20 hs en el monumento”
Oscar Ragni integrante de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos explicó por que la anticipación en la convocatoria: “Nos adelantamos a la convocatoria porque hay motivos para hacerlo. Queremos dejar bien claro para que no haya dudas, que ese día, esa hora y ese lugar nos pertenece pura y exclusivamente a nosotros. Cuando digo nosotros digo que somos el pueblo y la militancia, somos las bases. Queremos aclarar que el 24 de marzo no empieza ni termina el 24 de Marzo del 76, ni la represión ni el Terrorismo de Estado, que fue terrible, pero no pasa solo por ahí. El tema de derechos humanos no se tiene consideración desde el poder porque falta la atención del Estado a la educación pública, la salud pública, el derecho al trabajo. La respuesta no es con discursos, porque los que tiene poder de decisión deben dejar de lado los discursos y resolver los problemas. Nos hemos adelantado a esta convocatoria porque , queremos dejar bien en claro cual es el lugar que debe ocupar cada uno, desde el poder no se ejerce la militancia, desde el poder tiene que resolver los problemas. La militancia se ejerce de las bases, con sacrifico. El 24 de marzo a las 20 las inmediaciones del monumento al San martín en Neuquén, pertenecen al pueblo y el pueblo no lo constituye el poder, lo constituyen las bases, por eso esta convocatoria a la comunidad”.

Ivana Dal Bianco del CeProDH manifestó: “Convocamos a que el 24 de Marzo no sea un día feriado como quiere el gobierno sino un día de lucha. Para que digamos en las calles lo que esta pasando, que la impunidad continúa, que falta que se encarcele a la gran mayoría de los genocidas. El año pasado dimos una importante pelea en el juicio para que se condene a cárcel común a los genocida. Logramos un paso pero todavía falta. Convocamos a marchar a todos los compañeros y compañeras que lucha contra la impunidad, porque la impunidad continua, porque Jorge Julio Lopez esta desparecido, y el aparto represivo sigue asesinando como fue el caso de Carlos Fuentealba. Que sea un día donde nos unifiquemos en las calles para reclamar nuestras reivindicaciones”

Cecilia Lopez Cotti de HIJOS Alto Valle manifestó: “Estamos convocando junto con las Madres, y los organismos de Derechos Humanos, creemos muy importante que el 24 estemos todos en la marcha, es un día importante para remarcar las luchas, para reclamar por el deplorable estado del sistema de salud y educativo en nuestras provincias en todo el Alto Valle. Pero la militancia y la lucha por los derechos humanos son todos los días, el 24 es importante y tenemos que estar en la calle, pero todos los días del año tenemos que dar la lucha por nuestros derechos. Retomamos la lucha y el ejemplo de los de los desaparecidos y la generación de los 70 que son un ejemplo de de vida y de lucha, al igual que las madres, un ejemplo a seguir adelante en nuestros reclamos”

CONVOCAMOS A MARCHAR EL 24 DE MARZO A LAS 20 HS
EN EL MONUMENTO A SAN MARTIN

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DE NEUQUEN Y ALTO VALLE

Adjuntamos el afiche convocante a la marcha , una imagen de la conferencia de prensa y
el audio de la lectura de la convocatoria.
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS


CONVOCATORIA
Mientras que en la mayoría de las causas por delitos de lesa humanidad que se están llevando a cabo a lo largo y ancho de nuestro país existen procesos orales y públicos, la “Causa Área Paraná” se desarrolla de manera escrita y cerrada, imposibilitando de esta manera el acceso por parte de la ciudadanía paranaense a conocer y repudiar estos delitos que se cometieron hace treinta años en nuestra ciudad y que hasta el día de hoy se mantienen impunes.
Es por esto que en el marco de la causa caratulada “Sr. Fiscal Gral. Solicita desarchivo de las causas que tramitan por Art. 10 de la ley nº 23.040” conocida como “Área Paraná” en la que se investigan gran parte de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra ciudad, los organismos de Derechos Humanos estamos convocando a concentrar en la señalización emplazada en Av. Ejercito y Alvarado, y presenciar lo que será la primera inspección ocular de la mano del Poder Judicial de los Centros Clandestinos de Detención y Tortura que se va a realizar luego de más de 25 años de democracia. Este será el escenario en el cual los testigos y víctimas de la represión podrán recorrer esos sitios que fueron cruciales para que el Plan Sistemático de Exterminio se ejecutara.
Hoy los Organismos de Derechos Humanos apoyado por gran parte del pueblo paranaense luchamos por esclarecer los crímenes de lesa humanidad, por generar conciencia social en cuanto al Juicio y Castigo y divulgar los avances que se logran con estas pruebas. Pero pareciera que no es considerado de igual manera por la Jueza Sub Rogante Myriam Galizzi quien resolvió, la semana pasada, que la inspección ocular hacia los ex centros clandestinos de detención y tortura “El Escuadrón de comunicaciones” y “La Escuelita” ubicada detrás de la Base Aérea, quede solamente habilitado para un grupo pequeño y seleccionado de sobrevivientes. Hoy a más de 30 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 sabemos que muchos compañeros fueron encerrados clandestinamente y torturados en aquellos lugares, muchos de los cuales continúan desparecidos. Con la medida mencionada la jueza no logra otra cosa que mantener escondida una historia que desde hace mucho tiempo luchamos por exponer a la sociedad en su conjunto. Sostenemos que los lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención deben ser visitados por todos los sobrevivientes, organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales, etc. para desenmascarar la impunidad definitivamente y avanzar con pasos firmes hacia la verdadera concreción de cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas.
Finalmente reiteramos la invitación para el jueves 12 a las 8.30hs a concentrar en el Ex Centro Clandestino de Detención y Tortura emplazado en la intersección de Av. Ejército y Alvarado, donde se encuentra la señalización de dicho Centro. Así mismo, el día viernes 13 de marzo a las 8.30hs. nos concentraremos en la puerta del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, ubicado camino a la Base Aérea en calle J. Newbery sobre la cabecera de la pista.

CONVOCATORIA
A unos pocos días de conmemorarse el trigésimo tercer aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los Organismos de Derechos Humanos convocamos a las diferentes organizaciones políticas, barriales y sociales, centros de estudiantes, gremios, sindicatos, asociaciones civiles, y a todos aquellos que quieran participar de la Multisectorial de Derechos Humanos para organizar la semana de la memoria y la Marcha del 24 de marzo. La primera reunión multisectorial se realizará el jueves 12 de marzo a las 20.30hs. en FOECyT (San Martín 1.248 – Pegado a la Clínica Modelo).
Resulta imprescindible que para este 24 de marzo trabajemos conjuntamente para que la movilización sea de carácter masivo y para que cada vez mas actores se sientan partícipes de esta lucha que hace mas de treinta años vienen llevando a cabo los Organismos de Derechos Humanos y gran parte del pueblo argentino.




POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD
¡JUICIO Y CASTIGO YA!
H.I.J.O.S. Regional Paraná
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio.
AFADER
Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de y en Entre Ríos.
LA SOLAPA
Asociación de Ex Presos y Exiliados Políticos de Entre Ríos


Domingo 22 de Marzo
Predio Quinta Seré
La Minga! *
Desde las 15 hs. Polideportivo Gorki Grana. Santa María de Oro 3530Radio abierta, teatro infantil, Feria Artesanal, Feria de Diseño de Indumentaria, microemprendedores, ajedrez, talleres, charlas, acrobacia aérea, Cymbaline (rock), Artifex (sound sistem), Andando Descalzo (rock-reggae), Juan Subirá (Bersuit), Agarrate Catalina (murga uruguaya).

16:00 Charla “Es este el juicio que queremos?” - a cargo de la Asociación de ex detenidos de Mansión Seré y zona oeste y abogados querellantes, entre otros el Dr. Pedro Dinani de la LADH

18:00 Charla “Los excluidos” (SUM) (con la participación de Osvaldo Bayer)

20:00 Intervención Liga Argentina por los Derechos del Hombre - Proyección video sobre Floreal Avellaneda, adolescente desaparecido - Músico invitado: Lina Avellaneda (Tango).

20: 45 Acto central

Cierre “Agarrate Catalina”-- Liga Argentina por los Derechos del Hombre
www.liga.org.ar-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS












Jueves, 12 de Marzo de 2009
Mattarollo declaró en el juicio a Olivera Rovere
La desaparición de un abogado

Jorge Olivera Rovere, represor.
En una nueva audiencia del juicio oral y público al general retirado Jorge Olivera Rovere, Rodolfo Mattarollo declaró por el secuestro y desaparición de su colega Roberto Sinigaglia, uno de los 130 abogados desaparecidos durante la última dictadura militar, la mayoría de los cuales pertenecían a la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires. El ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, actual consultor de la secretaría, es el primer abogado convocado en las causas de derechos humanos dentro del país para declarar como testigo por su condición de letrado de los ’70. En su intervención, describió el plan sistemático de desaparición forzada sobre los abogados ideado por la dictadura.
Mattarollo compartió con Sinigaglia –cofundador de la gremial– un estudio jurídico ubicado sobre la calle Viamonte al 1300, en la Capital Federal. Tal como lo recordó ante la sala de audiencia convocada por el Tribunal Oral Federal 5 –que prohibió la televisación del juicio–, Mattarollo ya había partido al exilio cuando el 11 de mayo secuestraron a Sinigaglia en ese estudio. A partir de ese caso, Mattarollo relató ante el tribunal la lógica de la represión ilegal en la desaparición forzada de abogados. Indicó que ya bajo la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse los abogados de la gremial habían elaborado novedosas prácticas profesionales de defensa “político-jurídicas” de los “luchadores populares”.
Por ejemplo, ante la Cámara Penal Federal, conocida como “Camarón” y que era un tribunal especial creado por Lanusse como un fuero “antisubversivo”, los abogados de la gremial desarrollaron principios tales como el rechazo de las pruebas obtenidas mediante torturas o diferenciaron los “juicios de ruptura”, en los que se impugnaba la legalidad del tribunal y el acusado se convertía en acusador, y aquellos “juicios de connivencia”, en los que se realizaba una defensa técnica.
Como sus colegas de la gremial, Sinigaglia acompañaba a los movimientos sociales de la época –recordó el testigo– y era uno de los principales referentes de un pensamiento jurídico avanzado. Ese escenario dio vida a lo que Mattarollo consideró como otro de los ejes de la época: la emergencia de dos nuevos actores en el paisaje político-jurídico, el movimiento de familiares y el periodismo de investigación, ambos integrados por abogados. Según Mattarollo, eso abonó la decisión de la Junta Militar de considerar a los abogados defensores de presos políticos como uno de los blancos prioritarios de la represión ilegal.
Cuando le preguntaron en la audiencia qué es lo que se sabía en el exterior de lo que estaba sucediendo en el país, el testigo relató gestiones realizadas ante la ONU y los gobiernos europeos, y ante la misma embajada argentina en París. Durante seis años, dijo, hubo una manifestación semanal que exigía información sobre listas concretas de desaparecidos, pero nadie obtuvo información. En ese sentido, señaló la responsabilidad de la diplomacia militar argentina encabezada en Ginebra por el entonces embajador de la dictadura Gabriel Martínez, que negó el crimen de la desaparición forzada e intentó descalificar a los denunciantes.
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Comunicado de prensa- H.I.J.O.S.
Buenos Aires, martes 10 de marzo de 2009

Por más verdad y justicia en Uruguay


Desde la Argentina nos solidarizamos una vez más con la lucha por memoria, verdad y justicia del pueblo uruguayo con el que en todos estos años hemos compartido el dolor por la violencia de las dictaduras y la lucha contra la impunidad. Una lucha sin fronteras. A un lado y otro del Río de la Plata luchamos contra la misma impunidad de los genocidas que creyeron ser inmunes a la exigencia de justicia de nuestros pueblos.
Los militares argentinos, socios de los militares uruguayos, junto a otros ejércitos usurpadores de los gobiernos de la región urdieron el Plan Cóndor: una coordinación criminal al servicio del secuestro, la tortura y el asesinato de miles de personas y el robo de niños.

El mundo entero sabe que son crímenes de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles y no amnistiables. Todos sabemos que el único lugar para los genocidas es la cárcel común, perpetua y efectiva.
Una vez más decimos que lo imposible sólo tarda un poco más. El pueblo uruguayo está dando un ejemplo de vida democrática y memoria a través de la recolección de firmas en todo el país, casa por casa, por la nulidad de la Ley de Caducidad (1986). Una ley que, como toda amnistía encubierta de crímenes contra la humanidad, es ilegítima, inmoral e inconstitucional, como así también violatoria del derecho internacional de los derechos humanos.

La Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad lleva contabilizadas hasta el momento 225.498 firmas, por lo que estarían faltando cerca de 24.500 para llegar en abril a la cifra requerida por la Constitución para habilitar la realización de un plebiscito que declare la anulación de la Ley, en octubre junto con las elecciones nacionales.

Estamos seguros de que el pueblo uruguayo logrará ponerle fin a la impunidad de más de tres décadas. Por eso, alentamos a los uruguayos residentes en la Argentina a sumarse con su firma, para ser parte de este hecho histórico que honra la memoria de los compañeros y compañeras víctimas del terrorismo de Estado.

De este modo queremos hacer llegar nuestro fraternal apoyo a la lucha del pueblo uruguayo. Porque el pueblo argentino logró la nulidad de las Leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final” en 2003, haciendo que se reabran las causas penales contra los genocidas. Ahora es el turno de hacer lo propio en Uruguay y para eso debemos estar juntos en la lucha.

La lucha contra los asesinos del pueblo no tiene fronteras y nos encuentra unidos. Compañeros y compañeras de Uruguay: estamos con ustedes, hasta la victoria, siempre!.

Para firmar por la nulidad de la ley de Caducidad desde la Argentina contactarse con la Coordinadora Buenos Aires por la Anulación de la Ley de Caducidad:
verdadyjusticia2005@yahoo.com
casazitarrosa@hotmail.com
http://nulidadleycaducidad.democraciadirecta.org.uy

No olvidamos
No perdonamos
No nos reconciliamos

H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Capital en la Red Nacional Argentina
hijos@hijos-capital.org.ar
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Santa Fe
EMPIEZA EL 7 DE MAYO
Primer juicio oral a un represor en Santa Fe
El imputado es Horacio "Quique" Barcos, ex agente civil de inteligencia del Ejército. Es la primera causa desde la nulidad de las leyes del perdón en 2002.
07:37
12.03.2009







El 7 de mayo, a las 8 de la mañana, comenzarán las audiencias del primer juicio oral a un represor DE LA dictadura. En el banquillo de los acusados estará sentado Horacio Américo Barcos, alias “Quique”, un ex personal civil de Inteligencia (PCI) del Ejército en los años de plomo, publicó el periodista Héctor Galiano en el portal Notife.com. José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Daniel Laborde serán los jueces del Tribunal que deberán enjuiciar a Barcos. El último reemplazará al doctor Ramiro Puyol que inició el trámite de jubilación, pero que además iba a excusarse por tener un familiar desaparecido.El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó en octubre del año 2007 a Horacio Américo Barcos, que había sido reconocido por su denunciante en una rueda de personas ordenada por el mismo magistrado. Aquella vez, y después de casi dos años de judicializar su denuncia y ampliar sus relatos, la bibliotecóloga Amalia Ricotti tuvo la oportunidad de identificar a quien ella señaló como el hombre principal de la patota que la secuestró junto a su esposo, el 16 de mayo de 1978.El juez Reinaldo Rodríguez reactivó el expediente a mediados del 2007 y dispuso una rueda de reconocimiento en la que se expusieron, entre otros, Horacio Américo Barcos, alias “Quique”. La mujer no tuvo dudas. “es el segundo de los hombres”, dijo y señaló a Barcos, morocho, petiso, rostro huesudo y de anteojos. Barcos quedó imputado y detenido. Luego fue trasladado al pabellón policial de la cárcel de Las Flores, en la capital santafesina, donde esperó las audiencias.Rodríguez procesó a Barcos por dos hechos al considerarlo presunto autor responsable de delitos contra la humanidad consistentes en privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencias y amenazas, en calidad de autor en perjuicio de Amalia Ricotti y José Alberto Tur, entonces pareja de la denunciante. También lo procesó por los delitos de tormentos, agravado por ser ejercidos contra perseguidos políticos.Según Ricotti, fue Barcos el que la secuestró y la mantuvo en cautiverio junto a su esposo José Alberto Tur por espacio de 15 días en el año 1978.El denunciado vivía en un pasaje de la ciudad de Santo Tomé, ubicada a 5 kilómetros de la capital santafesina. La mujer le dijo al juez que varias veces había identificado a Barcos en la peatonal santafesina y que lo vio “entrando y saliendo” del edificio de –la entonces - subsecretaría de Seguridad Pública. El relato más próximo de Ricotti tiene como contexto una cola de banco en donde se cruzó con el denunciado y le espetó: “Vos sos Quique (...) le temblaban las manos y me contestó ‘no señora, yo soy Horacio’”. La mujer que reconoció una vez más al sospechoso dijo que, una noche de cautiverio, dos integrantes de la patota que habían quedado de guardia se pusieron a jugar a los “cowboys”. Enfundaban y desenfundaban sus armas de puño y los dos estaban alcoholizados. “De pronto se escuchó un disparo y sobrevino un profundo silencio”, contó. “Uno de ellos, al que llamaban ‘Oca’, le dijo a ‘Quique’ lo que había hecho. Tras el episodio se acercaron a una radio y se escuchó decir ‘Fábrica llama’ y después vino ‘Quique’ y me dijo: ‘esto se va a llenar de gente y si vos contás algo sos boleta’”. La denuncia de Ricotti motivó audaces diligencias judiciales que incluyeron un pedido de informes al Ministerio de Defensa de la Nación, cuya respuesta aportó información reservada – y sumamente importante - sobre personal que reportaba directamente al Destacamento de Inteligencia del Ejército durante la dictadura militar. El Poder Judicial santafesino se encontró sorprendido hasta dónde era capaz de brindar elementos valiosos el Ministerio de Defensa y la importancia de merituar esos datos, estrictamente confidenciales, a la hora de establecer las responsabilidades de los imputados.Barcos revistó – oficialmente -como personal civil de Inteligencia en ese organismo desde el 1 de enero de 1976 hasta el 1 de mayo de 1997, habiendo prestado servicio en el Destacamento de Inteligencia 122, en la misma época en la que el egresado de la Escuela de las Américas, Domingo Marcellini –también procesado en otra causa- era el Jefe. En tanto, la UOCRA informó a la justicia que Barcos se desempeñó como empleado administrativo de OSPECON (Obra Social del mismo gremio) en los años donde tenía incidencia en el sindicalismo local el dirigente del PJ, Rubén “el Mono” Gazziano, fallecido en mayo de 2003, en plena inundación del río Salado.


El país
SEGUIRÁ EN MARCOS PAZ
Videla no quiere ser juzgado en Roma
El dictador rechazó la extradición a Italia. La Justicia de ese país lo acusa por crímenes de lesa humanidad contra 27 ítalo-argentinos.
11.03.2009








En Roma se desarrolla un proceso contra Videla por los secuestros y las desapariciones de 27 ítalo argentinos de 1976 a 1983. (DyN)
El dictador Jorge Rafael Videla volvió a manifestar su rechazo a ser extraditado para que los tribunales de Roma lo juzguen por delitos de lesa humanidad, cometidos durante el Plan Cóndor, y seguirá preso en la cárcel de Marcos Paz. Fuentes judiciales informaron que el militar, de 83 años, fue trasladado esta mañana desde el penal bonaerense, donde cumple prisión preventiva, hasta los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, donde fue consultado para saber si quería enfrentar a la justicia italiana. En Roma se desarrolla un proceso contra Videla por los secuestros y las desapariciones de 27 ítalo argentinos de 1976 a 1983.Luego de manifestarle al juez Rodolfo Canicoba Corral que no tenía intenciones de ser juzgado en la península, el represor fue nuevamente trasladado hasta Marcos Paz. En el histórico Juicio a las Juntas Militares, en 1985, Videla fue condenado a reclusión perpetua junto a su par Emilio Eduardo Massera, pero en 1990 ambos recibieron el indulto del entonces presidente Carlos Menem.Disfrutó entonces de la libertad hasta 1998, cuando volvió a ser detenido por el entonces juez federal Adolfo Bagnasco, que lo acusó de dirigir un plan sistemático de apropiación de bebés a los desaparecidos.







Sociedad
CON LAS CAUSAS CONGELADAS
Dieron de alta a Massera y ya está en su casa
Estuvo más de un mes internado en el Hospital Naval. Le introdujeron un marcapasos. La semana pasada, la Justicia italiana consideró que puede afrontar un juicio.
11.03.2009







OTRA VEZ. Massera volverá a ser revisado por los peritos argentinos para determinar su verdadero estado de salud. (EFE)
Luego de pasar más de un mes internado en el Hospital Naval y de recibir un marcapasos, el represor Emilio Eduardo Massera fue dado de alta y ya volvió a su residencia de la avenida Libertador, donde vive con su mujer. A pesar de estar involucrado en una serie de investigaciones por cometer crímenes de lesa humanidad, el marino tiene suspendidas todas las causas en su contra a raíz de supuestos “problemas mentales”.Sin embargo, la semana pasada la
Justicia italiana consideró –luego de realizar peritajes en el país- que Massera está en condiciones de afrontar un proceso penal. Aunque el ex integrante de la Junta Militar tiene congelados los pedidos de extradición de Roma y de Alemania, ningún tribunal lo declaró aún inimputable.En el histórico Juicio a las Juntas Militares de 1985, fue condenado a reclusión perpetua junto al dictador Jorge Rafael Videla, pero en 1990 ambos recibieron el indulto del entonces presidente Carlos Menem.En 2001 terminó sobreseído en la causa por apropiación de tierras y bienes de desaparecidos -el caso conocido como "Chacras de Coria"- y sus problemas de salud hicieron luego que la Justicia federal frenara los procesos en su contra, a la espera de una mejoría o involución del marino.Con el análisis italiano sobre la salud de Massera ya confirmado, ahora el juez federal Sergio Torres, a cargo de la "megacausa ESMA", ordenó que se realicen nuevos estudios para determinar el estado del marino. Para eso, convocó a profesionales del Cuerpo Médico Forense, la Asociación Médica Argentina, y la Universidad de Buenos Aires.




Horacio Ballester
“En mi promoción estuvieron los principales genocidas”
El coronel Ballester fue testigo directo de como las FF. AA. se convirtieron en una herramineta de dominación.

08-03-2009 / El titular del Cemida analiza el rol militar en la historia reciente.
Por Camilo CagniPeriodistaHoracio Ballester egresó del Colegio Militar en el año 1946. Fue compañero de promoción de ex militares como Leopoldo Galtieri y Luciano Menéndez, pero a diferencia de ellos él siempre estuvo convencido de que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Considerado una rara avis en el universo militar, actualmente participa en los procesos judiciales contra sus camaradas de armas que participaron del genocidio, y preside el Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida). En diálogo con Miradas al Sur, el coronel retirado analiza el rol de las Fuerzas Armadas en la Historia reciente y cómo construyeron su enemigo en la población civil durante los años ’70. Además analiza la influencia de los militares extranjeros y habla de su intuición sobre el horror que se venía.–¿Qué formación tenían los hombres de las FF.AA. respecto a la denominada “lucha contra la subversión”?–Fue un largo camino que se empezó a recorrer en el año 1942, cuando se organizó una reunión de cancilleres en Río de Janeiro con el fin de analizar la situación política y militar que atravesaba el mundo por aquellos años. Allí se resolvió crear una junta de especialistas navales y militares para estudiar la defensa del continente, que después pasaría a llamarse la Junta Interamericana de Defensa. Este organismo, que existe hasta el día de hoy, cumple con dos tareas: recomendar a sus miembros qué doctrina militar se debe aplicar en situación de conflicto, e identificar quien es el enemigo. –Desde esos tiempos y hasta la década del ’70, ¿cómo fue cambiando la visualización del enemigo por parte del ejército argentino?–En 1942 los enemigos eran los países miembros del eje: Italia, Alemania y Japón. Ya terminada la Segunda Guerra Mundial, allá por el año ’47, el enemigo pasó a ser la Unión Soviética. Justamente en ese año se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca, donde se establece el principio de que “un ataque de una nación extracontinental contra una continental es considerado como un ataque contra todas las naciones del mismo continente”. Es ahí cuando todos los países de Latinoamérica empiezan a estar más ligados con las acciones de ataque o de defensa que realiza el ejército estadounidense. Ya entrada la década del ’60, el enemigo deja de ser solamente externo para empezar a ser identificado fronteras adentro. Ahora el disidente pasa a ser la población civil misma, y se lo podía encontrar tanto en los sindicatos como en la universidad. De esta manera las FF. AA. fueron creando esta nueva hipótesis de conflicto llamando al opuesto como “infiltrado comunista” o “delincuente subversivo”. –¿Qué rol jugaron militares extranjeros en el adoctrinamiento de sus pares argentinos? –Su participación fue importantísima. Ya a fines de la década del ’50, cuando estaba arribando a la Argentina la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, se incorpora dentro del Ejército otra doctrina complementaria, que sería la militar francesa de contrainsurgencia. Ya había sido utilizada por los militares franceses en Indochina –hoy Vietnam– y en Argelia. Es ahí donde empiezan a aparecer los penosos y aberrantes métodos que utilizaron las FF. AA. durante los ’70. Esto es: ejercitar el poder bajo un control total de la población, mediante la vigilancia y el terror. Lo que era específicamente el trabajo del torturador provenía de técnicas dictadas en la triste Escuela de las Américas, una institución pedagógica de la represión que estaba instalada en la zona del canal de Panamá. Allí se formaban los futuros mercenarios y dictadores del continente. –¿Esa instrucción técnica contribuyó a la edificación de un proyecto de país?–Sin duda. Existen dos tipos de proyecto, uno independiente y otro dependiente. Cuando hay un proyecto nacional independiente el enemigo va a estar afuera, porque el resto de los países son los que se van a oponer al proyecto nacional del propio país. Ahora, cuando el proyecto nacional es dependiente, las armas van a apuntar hacia el interior del país, porque este tiene que subordinarse y satisfacer las necesidades e intereses socio-económicos del imperio de turno.–¿Era conciente de las prácticas ilegales que realizarían las FF. AA. contra la población civil?–Estando dentro de las FF. AA. denuncié toda esta avanzada represiva que se estaba gestando en el mismo seno de la fuerza. Así fue como en 1971 me hicieron un Consejo de Guerra cuando me sublevé por estas cuestiones contra la dictadura del general Lanusse, y ahí me dieron tres meses de prisión y la baja inmediata del Ejército. Ya un tiempo antes del derrocamiento de Isabel Perón se veía venir un incremento en la represión, pero nunca pensé que se iba a llegar a semejantes extremos. Lamentablemente varios de esos militares que protagonizaron el golpe junto a Videla y compañía, habían sido grandes amigos míos en la juventud. Es increíble ver como estos individuos se convirtieron en semejantes monstruos. Yo creo que ni ellos se imaginaban lo bestiales que podían llegar a ser. –¿Con cuáles de los militares condenados o acusados de cometer delitos de lesa humanidad tuvo trato en el Ejército?–Con casi todos. Fui compañero de promoción de tipos como Leopordo Galtieri, Albano Harguindegui, Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Riveros, entre otros. –¿Usted participó en el juicio a las juntas? –Sí, en los juicios a las juntas participamos el coronel García y yo, como testigos de la fiscalía; y ahora participamos nuevamente en los juicios de Neuquén, en Corrientes, el de la Esma, la masacre de Fátima y tenemos otros más por delante. Es necesario participar para que de una vez por todas haya justicia, y los asesinos paguen sus culpas.-¿Cómo nace el Cemida?-Cuando vuelve la democracia en 1983, las únicas voces castrenses que se escuchaban eran, desde luego, a favor del Proceso, tanto de militares en actividad como de retirados. Nosotros queríamos hablar pero no teníamos eco en ningún medio; éramos como invisibles. Nosotros queríamos hacer conocer a la opinión pública y en particular a los oficiales de las FF. AA, la existencia de un pensamiento militar genuinamente constitucionalista, el cual se oponía a toda manifestación castrense que exceda los límites de lo legal, lo moral y lo ético; según las más puras tradiciones sanmartinianas. Y con la certeza de que la democracia constituye el único medio para lograr la liberación argentina y latinoamericana. Entonces pensamos que si nos organizábamos tal vez nos iban a escuchar. Y, por cierto, no fue una equivocación: nos escucharon, al punto de que apenas se formó la agrupación nos pusieron una bomba que nos voló casi todo el edificio.
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Mientras se discute la lentitud de la Justicia en todo el país para elevar a juicio las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, en Tucumán el represor Roberto “Tuerto” Albornoz se benefició con la anulación de una declaración indagatoria. Los jueces Ernesto Wayar, Graciela Fernández Vecino y Marina Cossio de Mercau, integrantes de la Cámara Federal de Tucumán, desestimaron “por errores procesales” el testimonio.
El juez federal N° 1, Daniel Bejas (a cargo de la investigación), fue optimista al ser consultado por Página/12, sobre la decisión de los magistrados de hacer lugar al planteo de nulidad de la indagatoria tomada al represor a fines del año pasado. “Esta medida no nos afecta en nada. El trabajo de investigación y de toma de declaraciones lo seguiremos llevando adelante. En el peor de los casos, podríamos perder un par de meses más”, aseveró Bejas a este diario.
El hecho comenzó a gestarse a fines del año pasado con el primer fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que hizo lugar al planteo de nulidad de una indagatoria tomada al ex policía Albornoz en octubre de 2008, en el marco de la causa caratulada “María Fernández Juárez”. El abogado defensor del represor, Ezequiel Avila Gallo (hijo), denunció que en ese acto no se detalló “en forma precisa ni circunstanciada la conducta” de su defendido en el hecho histórico que se investiga ni se exhibió la prueba concreta. Este planteo fue rechazado por el juez Bejas en una resolución firmada el 20 de octubre pasado. Según el abogado, el magistrado insistió en ese escrito en que existían “fundamentos suficientes” para indagar a su defendido.
Sin embargo, la Cámara Federal escuchó los pedidos de justicia e igualdad del represor Albornoz, argumentando que “tales falencias ocasionan un grave detrimento al ejercicio del derecho de defensa y de las normas que regulan el debido proceso, que como garantías constitucionales resguardan los derechos individuales”, concluyeron los camaristas, quienes además de revocar la resolución de Bejas (dejando mal parado al magistrado puertas adentro del Poder Judicial) hicieron lugar a la nulidad de la declaración indagatoria de Albornoz.
Sobre la posibilidad de que los planteos de la defensa del represor posterguen la elevación a juicio de las causas por centro clandestino, el juez Bejas remarcó que “la Cámara me dijo que no, entonces yo insistí. Ahora, si es reincidente el rechazo, volveré a tomarle declaración tal como lo piden los funcionarios judiciales. En el peor de los casos perderemos dos meses en un solo testigo”.
Albornoz está imputado en varias causas de delitos de lesa humanidad junto a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, ya que se desempeñó como jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía de Tucumán entre 1975 y 1978.Fuente: Ramiro Rearte -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS





Ex comisarios, detenidos por delitos de lesa humanidad
La Cámara Federal de Bahía Blanca
denegó las excarcelaciones de dos jefes de Policía retirados, imputados por violaciones a los derechos humanos. También rechazó un pedido de ese beneficio de un ex capitán del Ejército. Fallos completos

Fallo "Forchetti" 74.45 Kb.
Fallo "Abelleira" 77.11 Kb.
Fallo "García Moreno" 68.24 Kb.
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó una serie de recursos planteados por dos ex comisarios imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto.
Se trata de Vicente Forchetti y Héctor Abelleira, que fueron jefes de la delegación Viedma de la Policía Federal entre 1976 y 1978, y a quienes el tribunal desestimó los recursos de apelación contra el fallo que les negó la excarcelación.
También, la cámara le negó la liberación al ex capitán del Ejército Miguel Angel García Moreno, que prentendió obtener el beneficio a partir de la aplicación de la doctrina sentada por la Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo plenario "Díaz Bessone", que limitó el alcance de la prisión preventiva.
García Moreno está procesado por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos de Pablo Bohoslavsky, Julio Alberto Ruiz y Rubén Alberto Ruiz, secuestrados entre el 19 y el 20 de octubre de 1976 y luego trasladados al centro clandestino de detención conocido como la “Escuelita”.Fuente: Centro de Informacion Judicial
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El Ejecutivo designó delegado en comisión interpoderes
El Ministerio de Justicia comunicó a la Corte Suprema el nombramiento de un representante que integrará el área de superintendencia para trabajar en la celeridad de las causas de lesa humanidad, impulsado por el Alto Tribunal

Nota enviada desde elMinisterio de Justicia yDerechos Humanos 295.22 Kb.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, comunicó este martes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que designó a su representante para integrar la comisión interpoderes, área impulsada por el Alto Tribunal para trabajar en los temas relacionados a crímenes de lesa humanidad.
La elección es en respuesta a la nota cursada el pasado 5 de marzo por la Corte a aquella cartera, al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Procuración General y al Consejo de la Magistratura, invitándolos a poner en marcha aquella unidad con miras a acelerar las causas de lesa humanidad.
La decisión de constituir aquella superintendencia se enmarca en lo establecido por la acordada del Alto Tribunal 42/08, en la cual se tomó la decisión de invitar al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura a coordinar esfuerzos para resolver dificultades que provocan demoras en la sustanciación de procesos judiciales.




Ratifican procesamientos por homicidio de ex gobernador
La Cámara Federal de Salta confirmó la decisión de procesar a tres imputados por el asesinato de Miguel Ragone, cuyo secuestro ocurrió el 11 de marzo de 1976, considerado por la Justicia como crimen de lesa humanidad. Fallo completo

Fallo "Investigación s/ ladesaparición del Dr. MiguelRagone, el homicidio deSantiago Catalino Arredes ylas lesiones sufridas porMargarita Martínez de Leal" 222.31 Kb.

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó los procesamientos con prisión preventiva de tres imputados, en la causa en la que se investiga el asesinato del ex gobernador de esa provincia Miguel Ragone, cuyo secuestro ocurrió el 11 de marzo de 1976.
Así, el tribunal ratificó la decisión de procesar a Jorge Héctor Zanetto, como autor del delito de coacción agravada en un solo hecho; a Joaquín Guil, como partícipe necesario de los delitos de homicidio doblemente agravado en dos hechos en concurso real (en perjuicio de Miguel Ragone y Santiago Catalino Arredes) y de lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal, y a Andrés del Valle Socaire, como autor responsable de los mismos delitos.
Por otra parte, confirmó el sobreseimiento de Julio Jorge de Ugarriza, Ricardo Lona y Virton Modesto Mendíaz, respecto de los delitos de encubrimiento y omisión de represión, mientras que ratificó el procesamiento sin prisión preventiva del ex juez Ricardo Lona como autor responsable del delito de prevaricato.
De esa forma, la cámara, integrada por los jueces Jorge Luis Villada y Roberto Gerardo Loutayf Ranea, resolvió la situación procesal de todas las personas involucradas en la investigación, disponiendo asimismo distintas medidas como tribunal de superintendencia encaminadas a lograr el más rápido avance de la pesquisa y su oportuna elevación a juicio.





Descripción general de los juicios en la Argentina
Qué pasó desde que la Corte Suprema, en el caso "Simón", declaró inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final.
La importancia del precedente "Barrios Altos" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La respuest

La sanción de las leyes de obediencia debida y punto final provocó que un gran número de las causas penales que se habían abierto con el fin de investigar los hechos cometidos durante la última dictadura militar quedaran paralizados, hasta que, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado argentino garantizara los reclamos de verdad (Informe 28/92), se realizaron los procesos conocidos como juicios de la verdad.

Así transcurrió una primera etapa, en la que se consideró suficiente el mero "esclarecimiento” de los hechos como forma de cumplimiento de los deberes (y las facultades) del Estado argentino en esa dirección.

Luego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo, en el caso “Arancibia Clavel, Enrique” (Fallos:327:2312), que por tratarse de delitos de lesa humanidad correspondía la aplicación retroactiva de la imprescriptibilidad de la acción penal.

Y, más tarde, en “Simón, Julio Héctor”, declaró la inconstitucionalidad de las leyes
23.492 (punto final) y 23.521 (obediencia debida), negándole a dichas normas cualquier efecto que pudiera oponerse al avance de los procesos o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizara las investigaciones en curso (Fallos: 328:2056).

Ello significaba que quienes habían resultado beneficiarios de tales leyes ya no podrían invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada, pues (de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Barrios Altos” -entre otros-) tales principios no podían convertirse en el impedimento para la anulación de las leyes mencionadas ni para la prosecución de las causas que fenecieron en razón de ellas, ni la de toda otra que hubiera debido iniciarse y no lo haya sido nunca.

En otras palabras, la sujeción del Estado argentino a la jurisdicción interamericana –se dijo en aquel entonces- impedía que el principio de irretroactividad de la ley penal pudiese ser invocado para incumplir los deberes asumidos en materia de persecución de violaciones graves a los derechos humanos.

Que análogas consideraciones fueron las que llevaron al Congreso Nacional, en el año 2003, a dictar la ley
25.779, por medio de la cual el Poder Legislativo declaraba insanablemente nulas las leyes en cuestión; y si bien se cuestionó la validez de aquella norma, la Corte declaró su constitucionalidad en el mismo precedente “Simón” ya citado.

A partir de esas decisiones se produjo la apertura y avance de una gran cantidad de causas en todo el país y, con ello, una serie de requerimientos por parte de los magistrados encargados de su tramitación.

Para satisfacer las necesidades que se iban presentando, el Máximo Tribunal nacional creó una Unidad de Asistencia y Seguimiento de dichas causas, mediante la acordada 14/07, y de ese modo se fueron canalizando los distintos pedidos efectuados por los tribunales federales.


Mañana jueves a partir de las 10 horas el presidente de la Comision de Derechos Humanos de la Nacion el diputado nacional Remo Carlotto entrevistara a Jueces y Fiscales de la Justicia Federal de Salta por la causas de violaciones a los derechos humanos, conjuntamente con el doctor Claudio Cholokian en representacion de la diputada nacional Diana Conti del Consejo de la Magistratura de la Nacion.
Carlotto sera acompañado por abogados y representantes de organismos de derechos humanos de Salta y Jujuy.
A las 17 horas esta previsto una reunion abierta en la Sala Jose Luis Cabezas del Rectorado de la Universidad Nacional de Salta, Buenos Aires 170.
En tanto que el viernes a partir de las 10 de la mañana entrevistara a Jueces y Ficales de la Justicia Federal de Jujuy, acompañado por abogados y organismos de derechos humanos de Jujuy y Salta.
Finalmente a las 17 horas en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy se concretara, al igual que Salta, una reunion abierta con los organismos de derechos humanos de esa provincia.
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DIPUTADOS APROBO UNA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR TODO TIPO DE AGRESION CONTRA LAS MUJERES
Freno legal para la violencia machista

La norma, aprobada por amplia mayoría, tiene alcance nacional. Contempla no sólo la violencia doméstica, sino la producida en el trabajo, los partidos políticos, en los servicios de obstetricia y de salud reproductiva y en los medios de comunicación.

Por Mariana Carbajal
La Cámara de Diputados aprobó ayer, por amplísima mayoría, una ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales, es decir, no sólo en su hogar, sino más allá de sus límites. La norma define los lineamientos generales de un plan de acción que involucra a los tres poderes del Estado y que deberá aplicarse en todo el país, en cada provincia y en cada municipio. Además, prevé que se asignen partidas presupuestarias para su cumplimiento. “Es un paso adelante muy importante, era un asignatura pendiente de la Argentina”, dijo a Página/12 la abogada Susana Chiarotti, integrante del Comité de Expertas de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Convención de Belem do Pará. “Es una ley que necesitábamos las mujeres hace años”, enfatizó Mabel Bianco, directora de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM). Rafael Barca, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Argentina, también celebró la sanción.
La ley tiene 45 artículos. A fines de noviembre obtuvo media sanción del Senado por unanimidad: el texto fue el resultado del consenso entre once iniciativas de distintos bloques. Recoge recomendaciones de convenciones internacionales y de expertas consultadas en el país. La senadora mendocina Marita Perceval, del Frente para la Victoria, fue una de sus principales impulsoras. “No tenemos una política integral en el Ejecutivo. Las acciones que hay están desarticuladas. Las mujeres son desalentadas a denunciar en las comisarías. Esta ley no es sancionatoria, no crea nuevos tipos penales, sino que define los principios y derechos exigibles para el desarrollo de políticas públicas para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos”, explicó Perceval a este diario.
La Cámara de Diputados la aprobó por 173 votos afirmativos y seis abstenciones. Todos los bloques apoyaron la sanción. Ningún legislador votó en contra.
La flamante ley define la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal”. Y aclara que alcanza a aquellas conductas o acciones “perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.
Hasta ahora la legislación vigente contemplaba la violencia intrafamiliar, es decir, la cometida en el ámbito del hogar y salvo en algunas legislaciones provinciales, se limitaba a aquella ejercida por el marido contra la esposa o los hijos. La nueva norma va más allá: contempla la violencia de género en sus diversas formas (física, sexual, simbólica, económica y patrimonial y psicológica). Y no sólo cuando ocurre en el ámbito doméstico: también en los organismos públicos, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil, y también en los servicios de obstetricia, a través de un trato deshumanizado o por un abuso de medicalización en el marco de un parto, por ejemplo.
También abarca la violencia mediática. La define como la difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promuevan la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. La ley incluye, además, la violencia que atente contra la libertad reproductiva, que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos.
Las leyes de violencia familiar no dejan de tener vigencia con la nueva normativa. Pero se amplía la definición al contemplar también los casos en que es ejercida por un concubino o el novio de la víctima. Pueden ser también ex parejas y no exige como requisito la convivencia.
Entre otros aspectos novedosos, crea un Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, destinado al monitoreo, recolección, registro y sistematización de los casos. La falta de datos certeros sobre el alcance de esta problemática es uno de los puntos que cuestionó al país en 2008 el Informe Hemisférico del Comité de Expertas que evalúan el cumplimiento de la Convención de Belem do Pará. Otra de las funciones del Observatorio será evaluar y controlar el cumplimiento de la propia ley. Deberá estar integrado por representantes de ONG. “Es un gran avance permitir que las organizaciones de la sociedad civil tengamos la posibilidad de participar en el seguimiento de cómo se está implementando”, destacó Mabel Bianco, de FEIM.
Para evitar que las denuncias de mujeres golpeadas sean cajoneadas en las comisarías, como ocurre muchas veces, la ley establece la obligación de que sean remitidas dentro de las 24 horas a la autoridad judicial que corresponda. Las denuncias se podrán hacer además en cualquier fuero y el magistrado deberá derivar la causa al que corresponda. De todas formas, aun en caso de incompetencia, el juez interviniente “podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente”.
El magistrado podrá elegir entre una o varias medidas, ente otras:
- Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor a la mujer que padece violencia y sus familiares.
- Disponer el cese de los actos de perturbación o intimidación.
- Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos.
- Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas y ordenar el secuestro de las que estuvieren en su posesión.
- Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que estime conveniente, del mobiliario de la casa.
Si el agresor incumple, el juez tendrá la potestad de comunicar en su lugar de trabajo que se trata de una persona violenta e, incluso, obligarlo a asistir a programas “reflexivos, educativos o terapéuticos”.
La ley también prevé la figura de la “asistente protectora”, que en la práctica es la de un acompañante que ayuda a la mujer en la presentación judicial y en el reclamo de ayuda. Otro punto determina que no se podrán adoptar mecanismos de mediación y conciliación, no recomendados en relaciones signadas por la violencia de género. Además, prevé que las mujeres puedan reclamar a través de un juicio civil un resarcimiento económico por el daño sufrido como consecuencia de la violencia.
La ley ordena acciones a distintos ministerios del PE nacional. Al de Desarrollo Social, realizar convenios con bancos para facilitar líneas crediticias a las mujeres víctimas de violencia. Al de Educación, incluir en los planes de formación docente la detección precoz de ese tipo de cuadros y la eliminación de los libros de texto de los estereotipos de género. A Salud, la redacción de protocolos de atención. A Trabajo, promover a través de programas específicos la prevención del acoso sexual en el ámbito de empresas y sindicatos. A la Secretaría de Medios le encarga impulsar la difusión de mensajes y campañas para prevenir la violencia contra las mujeres.
También exige que haya protocolos específicos para la recepción de denuncias en las fuerzas de seguridad, para evitar la “revictimización”. Al Poder Judicial, la ley le pide que se encargue de facilitar el acceso de las mujeres a los tribunales. A las administraciones municipales y provinciales les pide que ofrezcan grupos de autoayuda, patrocinio jurídico gratuito y asistencia psicológica, además de refugios transitorios para que puedan vivir las víctimas en caso de urgencia. También se tienen que crear programas de “reeducación” para hombres maltratadores.
La diputada kirchnerista Juliana Di Tulio, presidenta de la Comisión de Familia y Mujer, defendió la iniciativa. “Es muy importante que disponga que deben asignarse partidas presupuestarias para su implementación”, señaló a este diario. La diputada socialista Silvia Augsburger destacó que “esta ley reconoce por primera vez en nuestra normativa el hecho de que se ejerce violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Vivimos en una sociedad donde el hecho de nacer mujer congela las oportunidades de igualdad de trato en relación con los varones”. “Es un avance en la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, añadió la diputada Cecilia Marchán, referente del Movimiento Libres del Sur.


A la población: Carta abierta de docentes a alumnos y padres
(AW) No es nuevo el hecho de que la opinión pública ataca u opina sin conocer, cual reaccionarios. Los dichos de “la diva” Susana Giménez ejemplifican cual es el estado en el que estamos inmersos.
La lucha de los docentes no fue la excepción. Muchos fueron los ataques, calumnias e injurias que recibieron. Por eso, y para todos veamos que tienen para decirnos.

CARTA ABIERTA A LOS ALUMNOS Y LAS FAMILIAS DE LA ESCUELA
Nos hubiese gustado comenzar este año recibiendo a los chicos de otra manera, esperándolos para tener clases en edificios adecuados: sin goteras, con estufas, en donde no estén hacinados, es decir en un lugar mínimamente apropiado para enseñar y aprender. Nos hubiera gustado que en la Ciudad de Buenos Aires haya suficientes docentes para cubrir todos los grados. Nos hubiese gustado recibir a los chicos con la satisfacción de que nuestro trabajo, en medio de estas difíciles condiciones, no sea el menos reconocido y remunerado dignamente por el gobierno.
Sin embargo, nos encontramos con un nuevo inicio de ciclo lectivo en el cual las aulas de muchas escuelas de zona sur se hallan abarrotadas de alumnos (en Lugano, Mataderos, Soldati, Pompeya, Barracas o La Boca , por ejemplo, tenemos aulas en las que hay más de 30 y hasta 40 alumnos). Nos hallamos ante un inicio de ciclo en el cual los techos de nuestros salones se nos siguen cayendo encima, donde los pupitres son escasos y están casi siempre rotos, y donde las estufas que faltaron el año pasado siguen sin aparecer. Un principio de ciclo donde una vez más, las autoridades se burlan de los reclamos salariales de los maestros: el gobierno nacional promovió un aumento que no será percibido por la gran mayoría de los docentes, en especial los que ya tienen un mínimo de antigüedad. Por su parte, el gobierno municipal ofrece un aumento que representa alrededor de $ 1,50 diario; es decir, que no llega a cubrir el costo del transporte mínimo.
Lamentablemente no es ésta la primera vez que los docentes nos enfrentamos a un inicio de año con estas características: el deterioro de la escuela pública no ha comenzado ahora. Si bien el actual gobierno municipal ha profundizado medidas que la perjudican, la escuela pública viene siendo agredida y vaciada de manera sistemática desde hace décadas. Vaciar una escuela de pizarrones y útiles, y sobrecargarla de alumnos, no es producto de una casualidad. Generar un modelo de escuela basado en la desigualdad es una decisión política deliberada. Mientras se amontonan alumnos en pequeñas aulas de las escuelas públicas de nuestra ciudad, se transfieren recursos como nunca en la historia para subsidiar la educación privada: este año en Capital se otorgará la cifra récord de $ 700.000.000 para sostener una educación a la que no todos acceden. El incremento en la subvención al sector privado implica una desatención en el sector público.
Decíamos que esta vez no es la primera en que nos enfrentamos a un inicio de ciclo con estas características. Pero sí, después de mucho tiempo, es un principio de año en el que los maestros de la ciudad entendemos que no podemos seguir aceptando en silencio estas condiciones. Si las clases no se inician con normalidad, no es por las medidas de lucha, sino por el estado de deterioro y empobrecimiento al que los gobiernos han llevado a nuestras escuelas. Este año no nos quedamos a la espera de nuevas promesas, porque ya pasamos por la triste experiencia de asistir a los avances de políticas que están destruyendo la posibilidad de una escuela para todos; de una escuela pública digna para una sociedad justa. Rechazamos que la escuela pública se transforme en un depósito de niños, y que la función del maestro sea sólo la de contener problemáticas sociales.
Por eso, este principio de año comienza con medidas de lucha. Porque creemos que lo que está en juego es la educación pública y no podemos quedarnos cruzados de brazos.
AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH



Acto por la libertad de las presas políticas
(AW) El pasado lunes una multitud marchó desde el Obelisco hasta Tribunales para exigir la libertad de Karina Germano López, La Galle, y de Romina Tejerina, al tiempo que reclamaron el cese de la persecución a Bertha González, dirigente del Futradeyo.
Buenos Aires, 12 de Marzo de 2009 (Agencia Walsh) Organizaciones de derechos humanos, sociales, piqueteros, estudiantes universitarios, partidos políticos, entre otros, concentraron en el Obelisco para movilizarse hasta Tribunales y después a la Secretaría de Derechos Humanos. Estuvieron presentes con sus banderas: Asambleas del Pueblo, Convergencia de Izquierda, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, Frente Único de Trabajadores Desocupados y Ocupados (Futradeyo), Partido Revolucionario (ml) – 29 de Mayo, Coordinadora de Barrios en Lucha, Torre (Trabajadores Organizados por la revolución) y Movimiento Independiente de Desocupados Organizados (MIDO).
Entre pancartas con inscripciones por la libertad a Romina Tejerina, La Galle y por el cese de la violencia y la persecución a los luchadores se realizó un acto en Tribunales. En medio de una pasajera y delgada lluvia, se exigió la libertad de las/os compañeras/os presas/os políticas/os, amnistía y/o desprocesamiento de todas/os las/os luchadoras/es populares que defienden el verdadero derecho de los que nada tienen.
Además de los oradores y oradoras de cada organización, desde la Unidad 3 de Ezeiza, mediante una carta leída por una amiga cercana, Karina Germano López se sumó a la convocatoria “por todas las mujeres que ven cercenados sus derechos en el país y en el mundo”. Y se despidió con un abrazo fraternal y agradecimiento por la solidaridad recibida.
Más adelante tomó la palabra la hermana de Romina Tejerina, presa hace 5 años en Jujuy por la ya conocida carátula de homicidio calificado por el vínculo, después de matar a su hija al ver en ella “la cara del violador”, como declaró en su causa. Mirta Tejerina se refirió a las víctimas de la violencia, del abandono, de la desprotección, la desocupación, la persecución; y leyó una carta escrita por Romina, donde consta una reciente agresión que sufrió por parte de unas compañeras, sin conocer la razón. Finalizó, entre lágrimas, la carta donde su hermana pide ayuda, ya que “no le quedan fuerzas para nada”; y no dejó de recalcar su agradecimiento a esta “gran familia” que se fue formando alrededor de ellas.
Al concluir el acto los manifestantes marcharon a la Secretaría de Derechos Humanos, donde entregaron un petitorio a un funcionario de esa entidad que dirige Eduardo Luís Duhalde. En el escrito estaban puntualizados todos los reclamos que el gobierno viene desoyendo desde su asunción hasta el presente.
Azul Rodríguez
Agencia Walsh

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