miércoles, 4 de marzo de 2009

LA CORTE CONVOCO AL GOBIERNO, EL CONGRESO Y EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA A FORMAR UNA COMISION ESPECIAL
Para acelerar los juicios a represores
Después de los reclamos planteados por los organismos de derechos humanos, el máximo tribunal llamó a organizar una Comisión Interpoderes. Se encargará de analizar cómo agilizar los procesos por delitos de lesa humanidad.






Tras los reclamos por la lentitud en el avance de los juicios a los represores, la Corte Suprema convocó a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a formar una comisión que defina medidas para agilizar los procesos. El máximo tribunal pidió al gobierno nacional, al Congreso y al Consejo de la Magistratura que envíen un representante para integrar una Comisión Interpoderes que discuta cómo destrabar las situaciones de empantanamiento en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura: si bien el año pasado hubo 32 sentencias, existen unas 150 causas en instrucción y más de 500 procesados.
Los costos de este embudo se hicieron palpables en diciembre, cuando la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la libertad de una veintena de represores porque habían excedido ampliamente el plazo por el que una persona puede estar detenida sin juicio.
El martes pasado, integrantes de los organismos de derechos humanos se entrevistaron con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para pedir que los poderes del Estado coordinen políticas que eviten más demoras en las causas. El reclamo fue retomado el domingo por la presidenta Cristina Kirchner al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, donde la mandataria advirtió que el Poder Ejecutivo ya dotó de recursos a los tribunales y el Parlamento aprobó leyes para acelerar los juicios, por lo que son los jueces quienes deben ahora avanzar en el juzgamiento de los delitos. “Es hora entonces de que la Justicia dé respuestas porque es la hora de ella. Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo, es la hora de la Justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo”, sostuvo la Presidenta.
“Lo que piden los organismos es razonable y hay que hacerlo”, decía ayer una fuente de la Corte, al apuntar que una señal de la importancia que el máximo tribunal le da al tema está en que le haya dado respuesta “en tan pocos días”. En el edificio del Palacio de Justicia, como era de esperar, que la crítica de la Presidenta estuviera centrada en la Justicia no cayó bien, y como réplica recordaron que “hace un año y medio que venimos pidiendo la creación de dos juzgados orales para acelerar los juicios”.
La Comisión no tiene fecha de arranque, pero hay acuerdo en que empezaría a trabajar en el corto plazo. “Lo imponen estas circunstancias extraordinarias que no dejan márgenes.” El grupo se integrará con un representante del Ministerio de Justicia y uno del Consejo de la Magistratura, mientras que desde el Congreso podrían ir un diputado y un senador de las comisiones de Asuntos Jurídicos. La evaluación que hacen en el ámbito judicial es que lo que hay que solucionar “son cosas muy puntuales, como la falta de jueces en determinados casos o problemas concretos de infraestructura, como la carencia de salas adecuadas” para los procesos por la gran cantidad de causas abiertas luego de que, en agosto de 2003, se declararan nulas las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. La comisión deberá, por esto, tener capacidad de decisión para resolver de la manera más práctica los obstáculos que se presentan en cada caso.
En sintonía con la decisión del máximo tribunal, la Procuración General de la Nación –a la que pertenecen los fiscales– pidió a la Cámara Nacional de Casación Penal que reasignara a jueces de tribunales orales, incluso del interior del país, a la causa por ilícitos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, para que se ocupen de ella quienes tienen menos carga de tareas. “Hay tribunales federales con menos trabajo, entonces sus integrantes deberán trasladarse para que se pueda cumplir con el requisito de la competencia territorial y el principio constitucional del juez natural”, explicó un funcionario judicial.
La Corte ya les recordó a los jueces a cargo de causas por delitos de lesa humanidad “el deber de extremar los recaudos para acelerar el trámite” de los expedientes y los exhortó a que “evalúen con urgencia las decisiones a tomar a efectos de que sean las más conducentes en cuanto al objetivo de celeridad”. Al anunciar la agenda pública del máximo tribunal para este año, Lorenzetti instó a priorizar los juicios de derechos humanos, “porque en la Argentina hubo un drama que hay que reparar”. El ministro había agregado que “tienen razón los que reclaman que en estos casos debe haber de una vez por todas sentencias, porque no queremos una nueva frustración”.





NACIONES UNIDAS LANZO UNA CAMPAñA DE PREVENCION
Contra la violencia hacia las mujeres


“Tolerancia cero” ante la violencia hacia las mujeres es el concepto que sustenta la campaña que, en ocasión de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer (el domingo 8 de marzo), realizará Naciones Unidas. Las acciones, este año, harán foco en la necesidad de que los Estados nacionales se involucren de manera fuerte a la hora de prevenir y combatir las distintas formas de violencia sexista: bajo el lema “Unite para el fin de la violencia contra las mujeres”, el organismo internacional reclama que el Estado desarrolle normas para implementar la legislación a nivel judicial, policial y de la salud, al tiempo que organice un sistema de recopilación y análisis de datos.
“Es preciso lograr una actitud de tolerancia cero” porque “la violencia contra las mujeres se mantiene relativamente invisibilizada”, afirmó Eleonor Faur, enlace del sistema de Naciones Unidas en Argentina, durante una conferencia de prensa en la que contó con la compañía de la senadora María Cristina Perceval, autora de la Ley contra la Trata de Personas. Esta mirada, ejemplificó Faur, implica no permitir ni pasar por alto situaciones de violencia en ámbitos públicos.
Perceval, por su parte, enfatizó la necesidad de “presupuesto asignado por el Estado” para atender lo que, según indican las estadísticas, constituye una “forma flagrante de violación de los derechos humanos de las humanas”. En Argentina, “es más probable que las mujeres de entre 15 y 44 años padezcan violencia doméstica que cáncer”. “Al menos una de cada tres sufre algún tipo de violencia casera y una mujer muere cada tres días asesinada por su propia pareja”, recordó, al citar el informe realizado por el capítulo local de Amnistía Internacional el año pasado.
Perceval subrayó que “ideas expresadas en dichos como ‘dale una paliza por noche a tu mujer: aunque no sepas por qué lo haces, ella lo sabe’, incrementan la soledad de las mujeres en condición de violencia, que viven sin vecinos ni vecinas” que las ayuden.
En su mensaje oficial, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló que no sólo “los Estados deben cumplir con sus obligaciones de prevenir la violencia, enjuiciar a los perpetradores y proporcionar reparaciones a las víctimas”, sino que también “cada uno de nosotros debe hablar claramente en la familia, el lugar de trabajo y la comunidad, de modo que cesen los actos de violencia contra la mujer”.


Asesinatos de Kosteki y Santillán
Revisan la condena del ex comisario Fanchiotti

03-03-2009 / Comenzó la primera audiencia oral y pública de ese proceso, solicitado por la defensa del ex uniformado sentenciado a prisión perpetua, dictada por el Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora el 9 de enero de 2006. El juicio duró ocho meses y contó con la participación de más de 300 testigos.
Kosteki y Santillán fueron asesinados durante una protesta en Avellaneda. La Sala I del Tribunal de Casación bonaerense empezó hoy la revisión de la condena a prisión perpetua impuesta en 2006 al ex comisario Alfredo Fanchiotti por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Avellaneda. Los jueces Carlos Natiello, Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués dieron comienzo a la primera audiencia oral y pública del proceso de revisión, solicitado por el abogado defensor Amical Quibdo, que cuestionó la condena dictada por el Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora. Ese tribunal llevó a cabo el juicio oral y público contra Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta -condenado a la misma pena- a lo largo de 70 audiencias celebradas durante ocho meses, con la presencia de más de 300 testigos. La abogada Sofía Caravelos representará a las familias de las víctimas que se presentaron como particulares damnificadas. Los jueces también revisarán las condenas impuestas a los ex policías Carlos Quevedo, Félix Vega y Mario de La Fuente, sentenciados a 4 años de prisión y los ex agentes Lorenzo Colman y Gastón Sierra a 2 y 3 años de cárcel, respectivamente, todos bajo el cargo de “encubrimiento agravado”. En torno a la sede de los tribunales la policía montó esta mañana un fuerte operativo de seguridad que incluyó el vallado y corte de la avenida 7 entre 56 y 57, ante la posibilidad de que se registren disturbios.

Fuente: El Argentino
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"Si doblamos la ley, vamos a generar venganza y yo no quiero venganza, yo quiero justicia"
San Luis (Pelr) 03-03-09. La defensa ejercida ayer por Hernán Vidal, en favor de Víctor David Becerra y Carlos Estaban Pla fue, por momentos, irritante para los familiares de las víctimas, víctimas también -aunque él se niegue a reconocerlos como tal- de las atrocidades que estuvieron a cargo de los personeros locales de la dictadura militar.
"Si doblamos la ley, vamos a generar venganza y yo no quiero venganza, yo quiero justicia", dijo el abogado que pidió para sus pupilos "que se dicte sentencia y se absuelva libremente a mis defendidos Víctor David Becerra y Carlos Esteban Pla por los hechos que se le imputaron y fueron traídos a este juicio oral y público".
Pero, más allá de no reconocerlas e intentar destruir una a una las pruebas que se presentaron en las audiencias a través de nulidades y tecnicismos, Vidal también solicitó que "sin perjuicio de ello y en razón de lo normado en la ley 24.660 en los artículos 158 y 168 y los artículos 1,6, 7, 72 y 75 del decreto 303/1996 es que para el caso de condena y subsidiariamente solicito que se lo traslade a la unidad del servicio penitenciario sita en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires o en su defecto al penal de Marcos Paz, a fin de resguardar los derechos que le acuerdan las normas tendientes a facilitar y a estimular las relaciones con sus lazos familiares".
"Para el caso de Becerra, solicito, en razón de su estado de salud, que mantenga la prisión domiciliaria, porque llevarlo a un instituto carcelario, sería seguir sometiéndolo a un acto cruel e inhumano. Hizo reserva de casación y de caso federal previsto en los artículos 14 y 15 de la ley 48, como así también de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Pidió, que se consideraran nulos los testimonios de Juan Vergés, Mirta Rosales, Gladys Orellano, Catalina Garraza, Anibal Oliveras, Julio Lucero Belgrano, Jorge Salinas por ser "denunciantes, víctimas y testigos en otras causas en pleno trámite" y además, según su punto de vista, "no fueron propuestos en la etapa procesal oportuna".
También fustigó la incorporación del testimonio de Samper, que según Vidal fue "una celada preparada por la querella, que fue refrendada por el Tribunal" que "lo desembarcó a decir cosas que nos pararon los pelos de punta".
Casualmente Samper fue quien dijo que el actual camarista federal Carlos Martín Pereyra González le había contado que había presenciado la tortura de Graciela Fiochetti de manos de la Policía de la Provincia, en el edificio contiguo al que él trabajaba. Oliveras y Vergés también comprometieron al ahora "juez de la Nación", ya que en su testimonio señalaron que no había hecho como secretario lo que le correspondía cuando fueron torturados.
Mirta Rosales reconoció la bicicleta de Santana Alcaraz en la oficina de la Jefatura de Policía, cuando ya "Sandro" lo habían secuestrado de la Universidad. Catalina Garraza era la novia de Pedro Ledesma cuando lo secuestraron y también aportó algunos detalles en la causa.
No fueron casuales los pedidos de nulidad de esos testimonios. No eligió los testimonios a todas luces mendaces de los policías que esquivaron el bulto para no decir lo que habían hecho en aquella época, tan preocupado que se lo vio a Vidal por conocer "la verdad histórica" en este juicio.
Consideró que todavía no estaban probados los tormentos sufridos por Víctor Fernández, que eso debía corresponder cuando un tribunal lo determinara con sentencia firme, alejando la posibilidad de que la tortura hubiese comenzado en el mismo momento en que fue golpeado su cuerpo o cuando era sumergido en tambores de agua en un sufrimiento indecible que también relataron otros testigos.
Para el defensor, tampoco los familiares son víctimas, ya que no estuvieron sujetos a los tormentos materiales que se relataron en las audiencias, como si fuese poco haber perdido a un hijo y las esa materialización del tormento no se vivenciaria dia a día durante estos 32 años.
Vidal pretendía cuestionar el tratamiento de víctimas que les dio el tribunal cuando no permitió un careo con Carlos Pla, para, justamente, no someter a las víctimas a un nuevo tormento de enfrentarse cara a cara con sus torturadores.
Pero si el defensor consideró que Víctor Becerra había sido víctima, por permanecer en un proceso para el cual su salud no lo permitía. Por eso pidió compulsa para los médicos Jorge Giboín y Ricardo Torres, que autorizaron su permanencia en una de las audiencias.
También hizo lo propio con Segundo Valentín Ledesma y Víctor Fernández, para quienes pidió que se abrirera una instancia investigativa por sus dichos durante el juicio.
Con la impotencia en los rostros y los ojos brillantes por las lágrimas de volver a revivir este nuevo pedido de impunidad, la mayoría de los familiares siguieron atentamente desde la sala del entrepiso, las instancias de los alegatos de la defensa.
Hoy continúa la participación de los defensores y de finalizar, podría conocerse en esta jornada el veredicto.
Informe: Gustavo Senn
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Propuesta de la Procuración General de la Nación para el rápido juzgamiento de represores

La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento para causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación y el fiscal general, Dr. Alejandro Alagia, recientemente designado para actuar en los juicios de Primer Cuerpo del Ejército, solicitaron a la Cámara Nacional de Casación Penal la reasignación de las causas radicadas ante el Tribunal Oral Federal n° 5 a fin de evitar las demoras producidas por la gran cantidad de juicios que se encuentran pendientes en dicho tribunal. En la presentación, se solicita que se aplique el mecanismo previsto en el art. 9 de la ley 26.371, ya utilizado en otras causas y que faculta a la Cámara de Casación a llevar a cabo la reasignación de causas con el objetivo de lograr su distribución racional. Una copia de la presentación fue remitida a la Unidad de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, creada por la Acordada 42/08".

Actualmente el TOF 5 está realizando un juicio oral por casos correspondientes al Primer Cuerpo, luego (en agosto, septiembre, no está determinado con certeza aún) empezaría con ESMA, lo que llevaría largos meses de juicio y ocuparía buena parte o todo el año 2010 (a esto se suma que además hay otras elevaciones inminentes en la causa ESMA por una gran cantidad de hechos). De este modo, quedaría muy postergados otros juicios de Primer Cuerpo (como el de los centros clandestinos (Atlético-Banco-Olimpo, Vesubio, Hospital Posadas, casos de La Pampa, etc.). La idea es redistribuir las causas entre otros tribunales que puedan realizar los juicios en plazo breve.

Se adjunta las propuestas.
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El paísMiércoles, 4 de Marzo de 2009
Las propuestas que los organismos les presentaron al Gobierno y a la Corte
“Debe perseguirse a los civiles que participaron”
Por Adriana Meyer
La Corte Suprema recibió a varios organismos de derechos humanos la semana pasada, para escuchar su preocupación por el lento avance de los juicios por violaciones a los derechos humanos. Tal como habían hecho días antes en la Casa Rosada, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio Paz y Justicia entregaron un documento al que Página/12 tuvo acceso. “La magnitud de estos hechos encontró a los Poderes del Estado –y a nosotros mismos– sin las armas necesarias para encarar los juicios que para nosotros deben cumplir con una premisa irrenunciable: se debe juzgar a todos los represores por todas las víctimas”, expresaron.
En el documento, solicitaron que “se elabore urgentemente una estrategia estatal para el logro de un procedimiento adecuado para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad”. Y sugirieron una serie de premisas:
- La apertura de los archivos existentes y la reconstrucción de los que hubieran sido destruidos. La elaboración de una nómina del personal que desarrolló tareas en los Servicio de Inteligencia y demás reparticiones y Fuerzas Armadas y de seguridad, incluyendo el Servicio Penitenciario Federal. La prohibición de destrucción de toda la documentación de los registros estatales producida durante el terrorismo de Estado.
Para acelerar los juicios y simplificar el procedimiento propusieron:
- Suspender la asignación de causas a juzgados y tribunales en los que se desarrollen procesos por delitos de lesa humanidad. Ampliar el número de juzgados y tribunales. Arbitrar los medios para que el Consejo de la Magistratura realice con la mayor celeridad los concursos y eleve las ternas, y para que el Poder Ejecutivo concrete las designaciones en todo juzgado vacante. Que el Consejo de la Magistratura participe activamente en la sanción y juicio político a los magistrados, sea por incumplimiento de los plazos, sea por entorpecimiento de los procesos. Simplificar las pruebas testimoniales al extremo. Contener y proteger al testigo. Evitar la repetición de pruebas, incorporarlas por lectura y de otros procesos.
Además, plantearon la necesidad de la máxima acumulación de los procesos, de evitar juicios por casos particulares, de impulsar el criterio de unificación por zona, cadena de mando, circuito y centro clandestino, de evitar el desmembramiento de las causas en el momento de la elevación a juicio oral. A criterio de los organismos de derechos humanos, la unificación ideal debería realizarse bajo los principios de un juicio por cada jurisdicción y en cada jurisdicción un juicio.
En el entendimiento de que en los juicios contra el terrorismo de Estado son necesarias formas de reparación histórica, señalaron que “su publicidad debe ser total y facilitada por el Estado, salvo que los testigos soliciten expresamente que su imagen no sea registrada ni difundida masivamente”, y que “el Estado debe facilitar a las víctimas y sus abogados los documentos reservados”. Luego de afirmar que “las violaciones sistemáticas a los derechos humanos fueron cometidas con el propósito de desarrollar un proyecto político y económico”, afirmaron que “junto al enjuiciamiento de los autores materiales debe impulsarse la persecución de los civiles que participaron en el gobierno o fueron ideólogos o cómplices de la dictadura, o que, desde sus empresas, actuaron en connivencia (con los militares) en su propio beneficio”.
En el último párrafo sugirieron crear un espacio de desarrollo y monitoreo. Pero, a diferencia de la comisión cuya creación anunció ayer la Corte, la propuesta incluía la participación de los organismos de derechos humanos.
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Sociedad
"ES LA HORA DE LA JUSTICIA"
Crean comisión para agilizar juicios de DD.HH.
La Corte acató la orden de Cristina y convocó a representantes del Ministerio del área, el Congreso y el Consejo de la Magistratura.

16:18
03.03.2009






El presidente de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, estuvo reunido la semana pasada con integrantes de organismos de Derechos Humanos. (Télam)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió hoy convocar al Gobierno nacional y al Congreso para trabajar conjuntamente en una Comisión Interpoderes para buscar mecanismos que permitan agilizar las causas y juicios por violaciones a los derechos humanos, informaron fuentes judiciales.El máximo tribunal convocará a un representante del Ministerio de Justicia, a uno del Parlamento y a otro del Consejo de la Magistratura de la Nación con el objetivo de analizar opciones que permitan otorgar mayores recursos e infraestructura a los juzgados y tribunales orales a cargo de causas por delitos de lesa humanidad.El pasado domingo, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, Cristina sostuvo que el Poder Ejecutivo ya dotó de recursos a los tribunales y que el Congreso aprobó leyes para acelerar los juicios, por lo que le reclamó a los tribunales que avance en el juzgamiento de los delitos."Es hora entonces de que la Justicia dé respuestas porque es la hora de ella. Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo, es la hora de la Justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo", dijo la Presidente.El debate por la agilización de las causas por DD.HH. se reavivó a fines del año pasado, cuando la Cámara Nacional de Casación ordenó la libertad de una veintena de ex represores porque habían excedido ampliamente el plazo por el que una persona puede estar detenida sin juicios.En esa oportunidad la Corte dictó una acordada por la que creó la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad -a cargo del secretario letrado José Luis Mandalunis-, que deberá hacer un relevamiento de causas que tramitan en todo el país sobre violaciones a los derechos humanos.En esa acordada, se recordó a los jueces con causas por delitos de lesa humanidad "el deber de extremar los recaudos para acelerar trámites" y los exhortó a que "evalúen con urgencia las decisiones a tomar a efectos de que sean las más conducentes en cuanto al objetivo de celeridad". El martes pasado representantes de organismos de derechos humanos se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y reclamaron que los poderes del Estado coordinen una "estrategia estatal para el logro de un procedimiento adecuado para el juzgamiento de delitos de les humanidad".Las entidades reclamaron que el Poder Ejecutivo desarrolle políticas proactivas, que el Congreso dicte las leyes que sean necesarias, que el Consejo de la Magistratura nombre jueces y asigne recursos y que la Corte distribuya el presupuesto y dicte sentencias en causas que sientan jurisprudencia. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS


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EL GOBIERNO LO ASCENDIÓ HACE 3 MESES
Indagan a un jefe militar, acusado por torturas

Es el general de división Eduardo Anschutz, a cargo de una de las jefaturas de más jerarquía en la fuerza. Cuestionan su actuación en la dictadura.
Estado Mayor. Anschutz dirige la estratégica Inspección General del Ejército.
La causa se tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Guillermo Adolfo Quadrini, y es una de las que se reactivaron a partir de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El militar que será indagado es Eduardo Luis Federico Anschutz, miembro del Estado Mayor y ascendido a general de División en una formal ceremonia realizada hace apenas tres meses en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Anschutz es el titular de la Inspección General del Ejército, una de las jefaturas de mayor jerarquía en la estructura orgánica de la fuerza. El general Anschutz revistó en el Regimiento Nº 12 de Caballería Blindada, denominado Duque de Caxias, durante los años 1976-1977. Su nombre se vincula con la causa a partir de la exposición de Hugo Emilio Angerosa, un ciudadano de Gualeguay cuya vivienda en esa ciudad fue allanada y él, detenido en un operativo conjunto de la policía provincial y el Ejército, a cargo Anschutz, entonces teniente. El militar fue citado a indagatoria para el próximo 28 de abril. La semana pasada, un fax del Juzgado Federal notificó formalmente a la ministra de Defensa Nilda Garré y al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Domingo Fernández. Angerosa es secretario del Centro Comercial de Gualeguaychú. Tiene un hermano y una hermana desaparecidos y un sobrino nacido en cautiverio, aún no recuperado. El suyo fue uno de los testimonios claves para la detención de Juan Valentino, quien fue jefe del Regimiento de Gualeguaychú. “Me llevaron el 30 de septiembre de 1976, a las 23.30, personal del Ejército al mando del teniente del Ejército Federico Anschutz y el segundo jefe fue el comisario de la Policía de Entre Ríos, Juan Carlos Mondragón”, comentó Angerosa. “Estuve un día detenido en el Regimiento. El jueves 1º de octubre, a la noche, me llevaron esposado y vendado en el asiento de atrás de un Falcon. Sentí que en el baúl llevaban a otra persona. Fui alojado en el primer piso de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde estuve cuatro días, estaqueado y colgado. Ahí fui torturado más levemente, con picana. Estuve sin comer prácticamente, sin ir al baño.” Angerosa explicó a este cronista que Anschutz estaba a cargo del operativo, realizado sin orden judicial, de modo que se trató de una privación ilegítima de la libertad, a la que luego se sumaron los tormentos a los que fue sometido en Concepción del Uruguay. “Yo tenía un hermano desaparecido, pero no tenía militancia”, cuenta Angerosa. “Incluso hacía poco que había terminado el servicio militar, con excelente conducta, así que personal del Regimiento me conocía y venía a preguntar por mí.”LA CAUSA QUE YA SE LLEVÓ UN PEZ GORDO DE LA FEDERAL. El juicio reabierto en Concepción del Uruguay ya ha dado un dolor de cabeza al gobierno de los Kirchner. Fue en el caso de José Darío Mazzaferri, casualmente involucrado en la misma causa que ahora tiene como imputado a Anschutz. El uniformado estaba a cargo de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo de la Policía Federal Argentina desde noviembre de 2005, pero su carrera se tronchó cuando el juez Quadrini activó la causa iniciada por la denuncia del profesor César Román. Mazzaferri –en 1976 un oficial joven de la Federal brava– participó del grupo de tareas que secuestró y sometió a tormentos a un grupo de militantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, entre los que se encontraba el actual subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, Roque Minatta. Román presenció cómo Mazzaferri picaneaba a un detenido ilegalmente, el entonces dirigente comunista Carlos Martínez Paiva.

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El paísMiércoles, 4 de Marzo de 2009
Pedido de la Unidad Fiscal por el Tribunal Oral 5
Atajo para no esperar
Los fiscales de la unidad de la Procuración dedicada a causas por delitos de lesa humanidad le pidieron a Casación que se redistribuyan jueces para que se ocupen de la causa del Primer Cuerpo de Ejército.

El fiscal general Jorge Auat y el coordinador de la Unidad Fiscal Pablo Parenti.
Con el objetivo de buscar alternativas que permitan acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, la Unidad Fiscal de Coordinación de la Procuración General de la Nación se presentó ayer ante la Cámara de Casación para pedir la redistribución de causas que están a cargo del Tribunal Oral Federal 5. En la misma línea que los ministros de la Corte Suprema analizaron el martes último la reasignación de jueces priorizando los procesos por terrorismo de Estado, los fiscales advierten que el TOF 5 está realizando el juicio oral a los responsables de los jefes de área del Primer Cuerpo de Ejército y que en agosto se tendrá que abocar a la causa ESMA. En consecuencia sería conveniente dividir la investigación del Primer Cuerpo para que pueda avanzar bajo la guía de otros magistrados.
La presentación fue realizada por el fiscal general Jorge Auat, el coordinador de la Unidad Fiscal Pablo Parenti y Alejandro Alagia –fiscal designado para reforzar el equipo– ante la presidenta de la Cámara de Casación, Liliana Catucci, y remitida a la Corte Suprema. Los fiscales destacan que con el inicio del juicio oral por la represión en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, “quedarían muy postergados otros juicios del Primer Cuerpo, como el de los centros clandestinos Atlético-Banco Olimpo, Vesubio, Hospital Posadas, entre otros”. El juzgamiento de parte de los responsables de la conducción de la Armada podría insumir todo el 2010.
La intención es redistribuir las causas en tribunales que puedan realizar los procesos en un breve plazo. El planteo apunta no sólo a reasignar jueces del interior del país sino a destinar las causas a magistrados de los tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal.
En la Unidad Fiscal recuerdan que el mecanismo no es inédito sino que tiene como precedente una decisión semejante del Tribunal Oral Federal 4 en el juicio por el accidente de Lapa. En ese caso, se decidió escindir la investigación para evitar la prescripción. Los fiscales destacan ese antecedente porque implica que no se recurre a mecanismos excepcionales que, consideran, podrían motivar cuestionamientos por parte de la defensa de los represores.
En junio del 2005, la Corte Suprema dictó la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. A partir de ese fallo se reactivaron los juicios por delitos de lesa humanidad. La cantidad de testigos, la dispersión territorial de la represión y los recursos utilizados por los defensores de militares para dilatar los procesos junto a la “condescendencia”, en muchos casos, de camaristas convalidaron el entramado de indefinición.
El 29 de diciembre pasado, la Corte Suprema acusó recibo de las críticas y, mediante la acordada 42/08, le pidió a Casación que “arbitre las medidas necesarias para lograr la mayor celeridad posible en la realización de los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura militar de 1976-1983”. Los fiscales se fundan en esa resolución y le solicitan a Casación “la reasignación de las causas” por la represión en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que “no cuenten con fecha de inicio de juicio, así como de las causas conexas que se encuentran en etapa de investigación preparatoria y que por razones de conexidad también pudieran quedar radicadas en ese tribunal con posterioridad”.
Auat, Parenti y Alagia señalan que “de no tomarse medidas como las que se solicitan”, los próximos juicios por casos del Primer Cuerpo quedarían “irremediablemente lejanos en el tiempo”. Al fundar su reclamo, los fiscales insisten con la acordada de la Corte que “entre, un conjunto de razones del atraso de los juicios por delitos de lesa humanidad, (destaca) la congestión extraordinaria de procesos ante el TOF 5 así como los graves perjuicios que ello ocasiona para las víctimas y sus familiares como para los derechos de los imputados”.
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