martes, 31 de marzo de 2009




A 33 años del último golpe
No aprendemos nada
20-03-2009 / A 33 años del último golpe de Estado, tres hijos de desaparecidos que recuperaron su identidad cuentan sus historias y reflexionan sobre las consecuencias de la represión en la actualidad. “Abuelas va a continuar en nosotros”, prometen.
Fotos: Roberto Castro
Por Tali Goldman
taligoldman@revista7dias.comLa cita fue en la sede de Abuelas. Apenas entraron, Vicky, Pedro y Horacio se abrazaron, hacía tiempo que no se veían y se alegraron al enterarse de que compartirían algunas horas juntos. Entre chistes, risas y anécdotas, caminaron juntos como si fueran hermanos hacia la plaza de los dos Congresos. “Es muy loco esto, pero es lo que nos pasa”, explicaron. “Todos los nietos tenemos un vínculo único. Tal vez sólo nos hablamos un par de veces, pero es como si nos conociéramos de toda la vida. Hay mucha empatía y, sobre todo, mucho cariño”. Aunque cueste, para ellos es claro: “por lo general, todos manejamos un mismo manualcito”. Y es que la historia es tan distinta, y a su vez tan igual... El grabador se enciende y las palabras nacen entremezclando un profundo dolor y una alegría inmensa. El genocidio de Estado sigue mostrando su faceta más terrible. Ellos, el costado más esperanzador.
Identidades. Pedro Luis Nadal García fue Luis Alberto Ferian hasta 2004. Pensaba que era hijo de un suboficial y su mujer, quienes lo criaron hasta los 29 años. Siendo Luis tuvo dos hijos, y mientras la tercera estaba en camino llegó la orden judicial, la que requería que se hiciera un ADN. A los dos meses dio positivo. Ya no era quien creía ser. Su padre biológico aún estaba vivo, ya que se había exiliado a Francia junto a su otro hijo. Su madre es una de las 30.000 desaparecidas. Lamentablemente no tuvo la suerte de conocer a sus abuelos, quienes fallecieron semanas antes de enterarse de que su larga búsqueda había dado resultado. Victoria Montenegro fue María Sol Tetzlaff hasta 2001. “El jefe del operativo del que desaparecieron mis papás biológicos, es la persona que me crió y a la cual le digo papá”. Ella no se avergüenza, “yo me crié con los militares. Con mi viejo pasaba el verano y los fines de semana en los cuarteles. Yo estaba enamoradísima de él, para mi era todo”. En el año 1993, el oficial fue alertado por un juez amigo que las “viejas locas” lo estaban “jodiendo” y le pedían que investigara su caso. Como muestra de fidelidad, el letrado archivó la causa y las cosas siguieron el curso normal. “Yo nunca dudé sobre mi identidad y eso era loco porque mi papá era alemán. Alto, rubio, y de ojos verdes. Pero claro, yo quería ser hija de él (risas)”. Cuando Victoria cumplía los 15 años, la situación parecía no poder dilatarse más y la prueba de sangre se hacía inminente. “Pase lo que pase yo me quedo con vos”, le dijo ella a su padre de crianza. Después de 8 años, el resultado del ADN dio 99.9% que no era hija de quien ella creía ser. “Bueno, no me importa, yo me quedo con mi 0,1%”, chillaba la nena llena de angustia. Pero la verdad estaba frente a Victoria, aunque no la quería ver. Horacio Pietragalla Corti fue César Castillo hasta 2003. Criado por Lina –la empleada doméstica del coronel Tetzlaff, apropiador de Victoria– y Chacho. Ya desde la adolescencia el muchacho de casi dos metros de altura, a diferencia de la baja estatura de sus apropiadores, tenía dudas. “Mi padrino adoptivo era el milico, me parecía muy raro que el patrón de mi madre de crianza fuera mi padrino. Empecé a buscar su nombre en el libro Nunca más. Y cuando yo tenía 16 salió a la luz lo de Victoria y eso me generó a mí la fantasía. Un día le pregunté a mi hermana de crianza si se acordaba de cuando Lina estaba embarazada de mí y ahí ella dudó”. Después de varios años, Horacio se acercó a la Conadi, y lo que había sido sospecha se convirtió en realidad.
La vida despuEs de la vida. El delito que se le imputa a los apropiadores es el de “secuestro y retención de un menor de 10 años, falsificación de documento y ocultamiento de identidad”. La pena mínima es de 5 años y es carcelable. Ante este panorama, los tres coincidieron en que ya recuperada su identidad, el momento más duro de su vida fue enfrentar a la familia que los había criado hasta ese entonces.“Los primeros momentos seguí viendo a mi madre de crianza, pero no era lo mismo”, confesó Pedro, “ella me fue alejando de alguna manera, a pesar de que yo quise mantener el vínculo. Me hacía sentir culpable de todo lo que le estaba pasando con la Justicia, hasta me amenazó de muerte”. Victoria encaró las cosas en dirección totalmente opuesta. “No justifico lo que ellos hicieron, sé que está mal, pero soy sincera conmigo misma. Yo los quiero a pesar de todo y por eso sigo manteniendo mi relación. Mi papá falleció el año pasado y a mi mamá la tengo conmigo”. Esto es, según contó, lo que le permitió poder acercarse a su familia biológica paterna y establecer un vínculo al que ella califica como “feliz”. Por el contrario, con su familia sanguínea materna, la relación no prosperó. “Según ellos a mí me crió el enemigo y no pueden respetar que yo los quiera. Lo bueno es que los pude conocer, pero ya no me interesa verlos nuevamente por ahora”. Horacio fue enfático: “No los odio, lo que siento es decepción. Yo siempre me mostré tal cual era, y ellos no”. Además, contó que en un principio hizo todo lo posible para que ellos estuvieran bien, “logré que estén en una comisaría y no en un penal, que estén juntos, y ellos, en cambio, me decían: ‘por tu culpa estamos acá’. Nosotros somos los víctimas de esto, aunque nos cueste asumirlo, no ellos”. Pero no fueron solamente ellos los que tuvieron que cambiar su identidad. En el caso de Pedro y Vicky también lo tuvieron que hacer sus hijos. “El más grande no entendía por qué yo lo alejaba de su abuela o por qué yo estaba enojado con ella. Realmente fue muy duro para él también”, relata Pedro. “Todavía el chiquito dice que se llama Tetzlaff –mi apellido de crianza–”, contó Victoria, entre risas. “Ellos conocieron a su abuelo, por eso les cuesta entender que tienen otros abuelos muertos. Yo, igualmente, les digo que él es su abuelo del corazón y que lo van a seguir queriendo siempre, como yo”. Para ellos, como para el resto de los nietos recuperados, la fecha del 24 de marzo es emblemática. Tristeza, dolor y soledad es lo que sienten cuando marchan junto a la foto de sus padres. Por eso, se horrorizaron tanto cuando por estos días tuvieron que ser testigos de las nefastas declaraciones que exigían “mano dura” o “pena de muerte”. “Esto demuestra que como sociedad no aprendemos nada. No entendemos que no se tienen que buscar soluciones inmediatas, sino que es un proceso. Hay un desprecio tremendo por la vida”. Y coinciden “si queremos recordar a nuestros viejos, es mediante la lucha. Lo que pasa es que todavía como conjunto seguimos con el miedo que instaló la dictadura. El de no meterte en quilombos, no ir a marchar. Todavía hay miedo a la represión”.“Abuelas va a continuar en nosotros”, concluyeron emocionados casi llegando al final de la entrevista. Además, contaron que el banco genético de datos va a estar dispuesto hasta el 2050, es decir al promedio de vida al que van a llegar. Esto hará que gente de 70 años todavía no conozca su verdadera identidad. “Cómo seguir adelante es un tema que estamos aprendiendo. Pero no se preocupen, esto va a estar vivo siempre”. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS




Mañana habrá una audiencia en Casación sobre las detenciones en unidades militares
Celdas VIP para los represores
La Cámara analiza un hábeas corpus de acusados de secuestros y torturas que buscan cumplir prisión en unidades militares.
Por Diego Martínez

El centro clandestino La Polaca, en Paso de los Libres, Corrientes.
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal deberá resolver en los próximos días si represores procesados por crímenes de lesa humanidad pueden cumplir su prisión preventiva en unidades militares. Pese a que la Ley de Defensa Nacional prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de seguridad interior y el Ministerio de Defensa reiteró tres veces a los jueces federales que los cuarteles no están diseñados para servir de cárceles ni los soldados capacitados para custodiar presos, aún hay 18 imputados por secuestros y torturas durante la dictadura alojados en instalaciones castrenses. A la cabeza de los magistrados que obligan a uniformados a violar la ley sobresale la cordobesa Cristina Garzón de Lascano, que se resiste a sacar a los subordinados del condenado Luciano Benjamín Menéndez del Tercer Cuerpo de Ejército, donde comparten las habitaciones del casino de oficiales con camaradas en actividad.
El alojamiento de represores en cuarteles, incluso en los mismos donde cometieron los delitos, fue cuestionado por fiscales y organismos de derechos humanos desde las primeras detenciones posteriores a la reapertura de las causas. A mediados de 2006, tras un reclamo frustrado de Defensa para que los jueces reconsideraran la decisión, el grueso de los marinos de la ESMA fue trasladado al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, que seis meses después se convirtió en la Unidad Penal 34 del Servicio Penitenciario. La aparición del cadáver envenenado de Héctor Febres en su dúplex de Prefectura y la difusión de fotos del torturador montando a caballo o haciendo la plancha en la pileta de la base naval de Azul motivaron a Sus Señorías a replantear los privilegios concedidos.
En julio pasado, tras la fuga del oficial de Inteligencia Julián Corres, de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, la ministra Nilda Garré reiteró el pedido a los magistrados. Ante la nueva negativa, ordenó a las tres fuerzas no acatar órdenes judiciales de alojar represores y les recordó a los jueces de todo el país, por tercera vez, que sus disposiciones obligaban a los militares a violar la ley y que la distinción de competencias entre fuerzas armadas y de seguridad era “una conquista democrática”. La relación jerárquica que los retirados mantienen sobre los activos, establecida por la Ley de Personal Militar, enfrenta a los soldados con la contradicción de tener que custodiar a sus superiores.
Luego de recibir la nota de Defensa, el entonces juez federal de Paso de los Libres, Juan Angel Oliva, ordenó trasladar a cuatro represores alojados en el Grupo de Artillería 3 a la dependencia que dispusiera el SPF. La medida alcanzaba al coronel retirado José Luis Marchisio y a los civiles Carlos Faraldo, Víctor Irineo Aldave y Rubén Darío Ledesma, ex miembros del Destacamento de Inteligencia 123 procesados por secuestros y torturas en el centro clandestino La Polaca. Para resistir el traslado presentaron un hábeas corpus correctivo. Argumentaron que la medida les impediría el contacto con sus familias, sus abogados y con el expediente, por lo que se violaba el derecho de defensa (Corrientes no tiene cárcel federal; las más cercanas a Paso de los Libres están a 300 kilómetros, en Misiones).
El 4 de septiembre la jueza federal ad hoc María Inés Morales de Paulo, que intervino en tres casos, les dio la razón a los imputados. Oliva hizo lo propio en el cuarto caso, descalificando su propia disposición de la semana anterior “ante la compleja situación planteada”, que no explicó. Los escritos de una y otro llevan la rúbrica del mismo secretario, Federico Alonso, y son casi idénticos, hasta en los errores de tipeo. Ambos consideran que “son claras las violaciones de las garantías de la defensa y del Juez Natural” y equiparan el traslado de los imputados con un “juzgamiento en ausencia”, porque “pierden toda relación con el expediente”. También recuerdan que en 2005, ante otro hábeas corpus correctivo, Oliva clausuró el lugar de detención que funcionaba en el escuadrón de Gendarmería porque las condiciones importaban “un trato cruel, inhumano y degradante”. Destacan que entonces se exhortó al Ministerio de Justicia a habilitar una cárcel federal de encausados “en un plazo razonable” y que, cuarenta meses después, no hubo respuesta oficial. En la parte resolutiva, De Paulo exhortó a Justicia a proporcionar “en forma inmediata” un lugar de detención en la jurisdicción del juzgado. Oliva eliminó ese párrafo. Sobre la ilegalidad que implica alojar detenidos en cuarteles, ni una línea.
La Cámara Federal de Corrientes revocó la medida, en base a las leyes que rigen para el resto de los mortales. Tras la apelación, el caso llegó a la Sala III de Casación, que integran Guillermo Tragant, Angela Ledesma y Eduardo Riggi. Se trata de los jueces que en enero excarcelaron a los ex jefes del Pozo de Arana y cuya conducta analiza el Consejo de la Magistratura a partir del pedido de juicio político de la Secretaría de Derechos Humanos. La audiencia es mañana a las 12.15, en el piso 1º de Comodoro Py.
Opinión
Las unidades militares como cárceles
Por Gastón Chillier *
La Cámara Nacional de Casación Penal realizará una audiencia para resolver si un grupo de imputados por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención La Polaca pueden cumplir su detención en el Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres, dependencia del Ejército. El CELS ha sostenido pública y judicialmente que la utilización de las instalaciones castrenses como recintos penitenciarios y el cumplimiento de tareas de custodia por parte de militares son contrarios a la legislación vigente que rige el sistema de defensa y atentan contra las funciones que la democracia requiere de las Fuerzas Armadas.
La utilización de los militares como agentes penitenciarios y de sus unidades como cárceles involucra a los militares en tareas o funciones que la legislación nacional asigna expresamente al Servicio Penitenciario Federal y otros agentes de seguridad. Se trata de una clara violación a la Ley de Defensa Nacional y del decreto 727/2006 que la reglamentó, que establecen que los militares son el instrumento encargado de la defensa externa del territorio nacional, y de la Ley de Seguridad Interior, que les prohíbe la participación en la seguridad interior de exclusiva competencia de las fuerzas policiales. En el mismo camino, la resolución 983 del Ministerio de Defensa prohíbe el alojamiento en dependencias militares de cualquier ex integrante imputado en causas por delitos de lesa humanidad.
En ese sentido, la participación de los militares en tareas que no son de su competencia debilita la profesionalización de los militares y atenta contra la subordinación militar a las autoridades civiles y el respeto de éstos hacia las instituciones y principios de la democracia y los derechos humanos.
La reciente reforma del sistema judicial militar en Argentina reivindicó estos principios. Una de las razones que impulsaron la derogación del Código de Justicia Militar fue que este ofendía el principio de judicialidad, ya que el Poder Ejecutivo no puede administrar justicia. Es el Poder Judicial el responsable de juzgar a aquellos imputados en causas por delitos comunes y de brindar el alojamiento correspondiente para que se lleve a cabo la detención. Por ello, la ley 26.394, que derogó el código, otorga competencia a la Justicia Federal sobre los delitos civiles cometidos por militares y acentúa la responsabilidad del Estado de investigar y castigar, en jurisdicciones ordinarias, las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.
Por último, la custodia militar a compañeros de armas puede ser particularmenre grave debido al ordenamiento jerárquico que rige la cadena de mando castrense. La relación de superioridad jerárquica entre detenidos y custodios no garantiza los requisitos básicos de seguridad de un recinto penitenciario ordinario, contiene un mensaje inconducente que fomenta la cultura corporativista dentro de los cuarteles y mantiene en contacto a las nuevas generaciones con militares que sostienen valores autoritarios y que están imputados por violaciones a los derechos humanos. Esto se evidenció claramente con lo ocurrido en los casos de Febres y Correa.
En opinión del CELS, la resolución de la Cámara debería ser una instancia privilegiada para que el Poder Judicial apoye el proceso de democratización de las Fuerzas Armadas. Un proceso que trabajosamente han llevado adelante las instituciones democráticas desde el fin de la última dictadura militar y que, aunque con resistencias y retrocesos, ha logrado sustanciales avances que deberían culminar demostrando que los militares son ante todo ciudadanos iguales ante la ley.
* Director Ejecutivo del CELS.
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No aflojar. Comisión llamó a juntar más firmas
Habrá un plebiscito contra la impunidad
Ya firmó más del 25% del padrón electoral.
Recabaron 255.283 firmas. Intentarán alcanzar las 300 mil.
En entrevista con el informativo de TV LIBRE, un equipo de trabajo formado por activistas de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad anunció que se logró superar el mínimo de firmas requerido para habilitar un plebiscito que permita anular la ley de impunidad. "Superamos el mínimo de firmas requerido por la Constitución para que haya plebiscito contra la ley de impunidad, pero no cederemos hasta tener 300 mil para asegurarnos un margen ante eventuales impugnaciones", dijo Carlos Coitiño, principal referente de la coordinadora nacional.
Los impulsores de la iniciativa para plebiscitar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado llevaban recolectadas hasta ayer un total de 255.283 firmas, dijo Coitiño, quien recibió entre sábado y domingo 8.608 firmas, la mitad desde Montevideo y Canelones.
El fin de semana la coalición de izquierdas y la central sindical realizaron una doble jornada nacional de recolección de firmas en ciudades y localidades de los 19 departamentos del país, cuyos resultados en cantidades totales recién serán contabilizados durante la jornada de hoy. Coitiño aclaró además que todavía falta recibir, por parte de la coordinadora nacional, miles de papeletas ya firmadas que aún están en manos de militantes de las bases de las coordinadoras montevideanas del Frente Amplio y de los sindicalistas de la central de trabajadores PIT­CNT.
Respecto al total de firmas recabadas, Coitiño remarcó la diferencia entre papeletas "recibidas" con sus firmas respectivas y las papeletas que ya fueron "contadas", con aquellas que ya han sido "computadas"; es decir, ya contabilizadas e ingresadas al programa informático apropiado. Los activistas recibieron al canal de televisión del Multimedio Plural en la sede de Fucvam, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua, el local desde donde se han venido organizando las tareas de la coordinadora, en la calle Eduardo Víctor Haedo 2219. La primicia fue difundida a las 19 horas como noticia principal del informativo en horario central y tuvo inmediata repercusión en agencias de noticias y medios mundiales de comunicación. El mundo supo al instante que la impunidad militar sería plebiscitada en un país como Uruguay. La Constitución de la República exige presentar las firmas de un 25% del padrón electoral para que pueda habilitarse, por voluntad popular, un plebiscito junto a las elecciones nacionales. Las firmas se entregan a la Asamblea General, de donde son derivadas luego a la Corte Electoral. La firma contenida en cada papeleta será cotejada con la rúbrica que el respectivo ciudadano haya estampado en su Credencial Cívica.
Fuente:
www.larepublica.com.uy


están en algún sitio / concertadosdesconcertados / sordos,buscándose / buscándonosbloqueados por los signos y las dudascontemplando las verjas de las plazaslos timbres de las puertas / las viejas azoteasordenando sus sueños, sus olvidosquizá convalecientes de su muerte privadanadie les ha explicado con certezasi ya se fueron o si nosi son pancartas o tembloressobrevivientes o responsos ven pasar árboles y pájarose ignoran a qué sombra pertenecen
cuando empezaron a desaparecerhace tres cinco, siete ceremoniasa desaparecer como sin sangrecomo sin rostro, y sin motivovieron por la ventana de su ausencialo que quedaba atrás / ese andamiajede abrazos cielo y humo
cuando empezaron a desaparecercomo el oasis en los espejismosa desaparecer sin últimas palabrastenían en sus manos los trocitosde cosas que querían
están en algún sitio / nube o tumbaestán en algún sitio / estoy seguroallá en el sur del almaes posible que hayan extraviado la brújulay hoy, vaguen preguntando preguntandodónde carajo queda el buen amorporque vienen del odio.
Mario BenedettiAlrededor de trescientos uruguayos fueron detenidos-desaparecidos durante la dictadura que rigió al país entre 1973 y 1985. Hubo además uruguayos detenidos-desaparecidos, dentro de la Operación Cóndor, en Argentina. La mayoría de ellos fueron llevados al centro clandestino de detención Garage Olimpo. Algunos fueron trasladados a Uruguay, donde su destino se desconoce. Organismos de derechos humanos los siguen buscando y luchando contra la impunidad en Uruguay.La represión en Uruguay también alcanzó a 15.000 presos políticos.El 4 de setiembre de 2007, La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad (ley que protege a los represores quienes cometieron delitos de Lesa Humanidad durante la dictadura) comenzó la campaña de recolección de firmas para anular la Ley 15848 mediante una reforma constitucional. Para que el texto de la reforma sea sometido a plebiscito se requieren las firmas del 10% de los ciudadanos habilitados a votar (aproximadamente 250.000 firmas). Una vez obtenidas las firmas se abre el camino para que el proyecto sea votado por la ciudadanía, conjuntamente con las Elecciones Nacionales de octubre de 2009.Firmemos todos, por verdad, justicia y nunca más.Por un país sin asesinos y torturadores sueltos. Por un país decente y con memoria.
?Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad <
http://nulidadleycaducidad.democraciadirecta.org.uy/?q=node> www.desaparecidos.org/uru/ http://www.desaparecidos.org/uru/
Rumbo, A redoblar <
http://www.youtube.com/watchv=W3ghuXOCFTw
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS


BASTA DE …, SUBANSE AL TREN!, siguiendo el tono imperativo de: ¨¡Este encuentro departamental fue un éxito y listo¡¨ frase que se escuchaba repetir hasta el cansancio en actitud laboriosa de autoconvencimiento a representantes del deslegitimado y agonizante Comité Cívico del departamento de Tarija, en referencia a lo que fue el mentado encuentro departamental de oficinistas que se llevo a cabo hace poco.
Entonces repaso lo que se viene percibiendo cada día con mayor fuerza y ahínco en las calles, en centros de reunión y análisis de estudiosos y estudiosas, en las sedes de organizaciones sociales barriales y campesinas (por supuesto no en la plaza) siempre con mas fuerza y en desagradable actitud de decepción ante el surgimiento por fin de la verdad que se devela frustrante por cierto para los muchos que estaban seguros que la alianza civico-prefectural luchaba por los intereses de Tarija, ¨por nuestras reinvindaciones autonómicas¨.
La población Tarijeña poco a poco va despertando, mira el pasado, luego a su alrededor, analiza su entorno, observa y concluye en lo que ya no se puede ocultar: Teníamos un Comité Cívico destruido, sin crédito moral, con miembros disidentes expulsados por negarse a servir a pocos, con miembros en la cárcel que ahora dicen la verdad sobre los hechos de violencia trascurridos y que tiempo atrás le decían ¨indio de mierda¨ al presidente en defensa de sus antes patrones y ahora incriminados por ellos mismos. Un Comité Cívico con integrantes carentes de representatividad y que aprovechándose de esa falsa representatividad, en cumplimiento leal y fiel de los intereses de sus patrones como fieles pongos, fueron capaces de conducirnos por los caminos de la violencia donde siempre, siempre los más vulnerables ponen los muertos y los heridos, porque sus hijos/as, están ocultos bajo la cama.
Pero no aprenden, porque otra vez perdieron y creo, su última oportunidad de crédito organizando sus encuentros departamentales discriminatorios con la asistencia de los de siempre, aquellos que condujeron a Tarija de derrota en derrota, que condujeron a nuestra juventud a cometer delitos para ellos quedarse límpidos y como justificativo, hoy argumentan que no van al dialogo por una supuesta e inventada persecución política judicial, (sin embargo marchan en las calles de Sucre con el poder judicial) se niegan a dar la mano en son de paz, a sentarse en la misma mesa, a comer del mismo plato con las organizaciones sociales barriales y campesinas del departamento de Tarija.
Recapitulando, esta alianza Civico-prefectural, al servicio de sus patrones terratenientes del oriente que, a través de artificios y patrañas embarco a parte del pueblo de Tarija en diferentes empresas destinadas al fracaso, antojadizamente ahora pretende que rechacemos la oportunidad de ser verdaderamente autónomos para manejar nuestros propios recursos, decidir sobre nuestro destino, tomar nuestras propias decisiones, fiscalizar de cerca a nuestros servidores públicos, instaurar nuestro propio proyecto de desarrollo departamental autonómico participativo plural y en beneficio de los y las mas carentes de oportunidades, pretenden negarnos esta posibilidad? Si es nuestro único y verdadero triunfo, claro alcanzado sin ellos, tal vez eso les molesta, pero ya, ¡basta de fechorías¡ súbanse al tren, olvidemos el pasado y caminemos juntos, la historia se los exige.
Por Mirtza Medina Hoyos, Resp. Fundación ¨Gustavo Medina Ortiz¨ Observatorio de D.D.H.H
ASOFAMD-TARIJA -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
El Fiscalito
El abogado Carlos Jesús Rodríguez Mansilla es un conspicuo exponente de la derecha nacionalista santafesina. Su actuación pública en nuestra zona comenzó en 1987 con la revista Nueva Argentina. Desde entonces reivindica el terrorismo de estado, propone la mano dura como solución para la inseguridad y estigmatiza a la izquierda peronista, en una batalla, que ya lleva más de treinta años. Su matriz ideológica su moldeo a sangre y fuego en la última dictadura militar. Fue fiscal de la justicia procesista en la provincia de San Luis. En su foja de servicios aparecen secuestros, torturas y atentados dinamiteros. Su historia se hizo pública en el juicio que condenó a los represores puntanos.
Por Pablo Bosch - Publicado en revista Entre Líneas - Marzo de 2009
El 13 de marzo pasado, el Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a tres policías y dos militares a la pena de prisión perpetua e inhabilitación de por vida con cumplimiento efectivo en cárcel común, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La lectura de las sentencias fue seguida por medio millar de personas que esperaban con expectante ansiedad la culminación del primer juicio contra el terrorismo de estado efectuado en la provincia de los hermanos Rodríguez Saa.
Los cinco represores condenados fueron acusados por el asesinato de Graciela Fiochetti, las desapariciones y asesinatos de Pedro Valentín Ledesma y Sandro Santana Alcaráz y los tormentos sufridos por Víctor Carlos Fernández.
El fallo emitido por los jueces Raúl Rodríguez, Roberto Burad y Roberto Nacif, mandó al penal de Marcos Paz a los militares Carlos Esteban Pla y Miguel Ángel Fernández Gez, mientras que a los policías Luis Orozco, Juan Carlos Pérez y Víctor David Becerra quedaron a cargo del servicio penitenciario de San Luis.
Durante la audiencia final, los periodistas locales destacaron la ausencia de funcionarios y legisladores del oficialismo puntano; mientras que, la diputada nacional Victoria Donda (presente en la lectura del veredicto) criticó al gobierno de Alberto Rodríguez Saá por no haber facilitado los medios para que estos delitos se pudieran esclarecer.
Esta reticencia se comprende y tiene que ver con el miedo a perder la libertad. A lo largo del juicio, con el aporte de los testigos, el relato de los sobrevivientes y las declaraciones de los acusados se logró reconstruir buena parte del entramado de complicidades donde se apoyó el aparato clandestino de represión que operó en la provincia de San Luis.
De acuerdo al pedido formulado por los abogados querellantes y la fiscalía, al menos 47 personas - entre militares, policías, funcionarios judiciales y religiosos - deberán ser citadas por el Tribunal Oral Federal por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad, según las pruebas reunidas hasta el momento en la investigación.
En esta situación se encuentran los militares que integraron la plana mayor del GADA 141 y el Comando de Artillería 141 de San Luis en el año 1976. Lo mismo sucede con el actual camarista mendocino Carlos Martín Pereyra González, que en aquella época se desempeñaba como Secretario del Juzgado Federal puntano.
También será investigado el ex juez Federal de San Luis Eduardo Allende y se abrirá una nueva causa para el ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, responsable del Área de Seguridad 333 con asiento en San Luis. Completando el abanico de complicidades, el tribunal también ordenó la apertura de una investigación sobre el ex obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, a quien uno de los imputados, Miguel Ángel Fernández Gez, acusó de haberle pedido que hiciera "desaparecer" a un sacerdote que estaba enfrentado con el jerarca de la Iglesia Católica.
Pero el dato novedoso del juicio al terrorismo de estado en San Luis fue haber puesto al descubierto el funcionamiento de una estructura judicial cómplice que se plegó a la política de exterminio ejecutada por el aparato militar.
Hubo funcionarios judiciales que miraron para otro lado cuando tuvieron en sus manos un expediente con el hallazgo de dos cuerpos masacrados, hubo otros que rechazaron los pedidos de "habeas corpus" presentados por las familias de los secuestrados, y también existieron los que se sumaron por convicción al trabajo sucio del terrorismo de estado.
En esta última categoría, un nombre conocido para los santafesinos, repicó a lo largo de las audiencias de San Luis. Carlos Jesús Rodríguez Mansilla, alias "el fiscalito".Reaparece "el fiscalito"
El abogado Carlos Jesús Rodríguez Mansilla viene ocupando espacios en los medios de comunicación de nuestra ciudad desde el año 1987 cuando fundó la revista "Nueva Argentina" y se planteó el objetivo de alcanzar un país restaurado "en el orden y el trabajo, en el respeto a las instituciones fundacionales, en la dignidad nacional, y en una sociedad justa", según escribió en una editorial de 2005 cuando alcanzó las 200 ediciones con su pasquín.
A lo largo de estos años Rodríguez Mansilla desplegó un intenso activismo político difundiendo opiniones sobe los tópicos predilectos de la derecha vernácula. Sus columnas en el periódico "Sin Mordaza" y las apariciones televisivas junto a Carlos Delicia le permitieron explayarse sobre la necesidad mano dura para enfrentar la inseguridad, defender la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y realizar una crítica feroz a los "izquierdistas" que llegaron al gobierno de la mano de Nestor Kirchner, entre otras cuestiones.
Pero lo que no se sabía en Santa Fe es que el hombre bajito, de pelo entrecano y bigote militar, que hablaba y escribía como un fascista, también había actuado como un fascista en la etapa más nefasta de la historia moderna argentina. durante la última dictadura militar.
El primer indicio sobre la actuación de Carlos Jesús Rodríguez Mansilla en la dictadura militar lo dio el periodista puntano Gustavo Senn, el 27 de enero de este año, cuando publicó un informe titulado: "El fiscalito Rodríguez se habría reciclado en la democracia".
La investigación de Periodistas en la Red se inicia luego que algunas personas de San Luis reconocieran la foto de este personaje en el portal de Internet Sin Mordaza. Si bien el paso del tiempo lo ha cambiado, y no todos lo reconocen indubitablemente, el periodista puntano sostiene que "la coincidencia ideológica es más que fuerte para poder presumir que se trata de la misma persona. Los términos que utiliza son casi idénticos de los que las fuerzas armadas utilizaban en la denominada "lucha contra la subversión" durante la dictadura".
Las dudas comenzaron a disiparse cuando el nombre del columnista de Carlos Delicia aparece en las listas de candidatos en las últimas elecciones nacionales. "Una intensa búsqueda en Internet permitió inferir que "el Fiscalito" no sería otro que Carlos Jesús Rodríguez Mansilla, que concurrió al colegio Corazón de María, en Alta Córdoba; el mismo que en las elecciones del 28 de octubre de 2007 fue candidato a diputado nacional por la alianza que realizó Alberto Rodríguez Saá con la Unión de Centro Democrático en Santa Fe", escribió Gustavo Senn.
"Personas que vivieron en la época en que Rodríguez era fiscal provincial, reconocieron la fotografía que está en el portal de la promoción del colegio cordobés y también en un sitio informativo llamado "Sin Mordazas", donde tiene una columna política", agregó el colega.
Pero la historia de Rodríguez Mansilla volvió a tomar notoriedad a partir de las declaraciones del testigo Arturo Negri en el juicio donde se investigó el asesinato de Graciela Fiochetti y las desapariciones de Sandro Santana Alcaraz y Pedro Valentín Ledesma.
En la audiencia del 23 de diciembre de 2008, este ex diputado nacional por el radicalismo, denunció que durante la dictadura fue detenido en San Luis por fuerzas militares y policiales que lo trasladaron a un centro clandestino ubicado en Velez Sársfield 50 de la capital cordobesa, donde fue salvajemente torturado.
Según relató en esa oportunidad, su detención se había producido a raíz de un enfrentamiento con el entonces Fiscal Carlos Jesús Rodríguez, nombrado en 1976 por el gobierno militar de San Luis, de quien dijo desconocer su paradero actual.
"Lo que pasó - dijo Negri - es que me compró un auto y después quería que no se lo cobrara", bajo la amenaza de vincularlo con la guerrilla.
En otra de las audiencias, el abogado del dirigente radical que logró rescatarlo de su detención clandestina, ratificó lo contado por Negri y agregó que Rodríguez "lo quiso apretar amenazándolo que lo iba a denunciar por Montonero y (Negri) lo corrió de una patada (...)". Después pasó lo que pasó, aseveró Carlos Acevedo, un hombre muy influyente en la sociedad puntana que además se desempeñó asesor de la policía y del servicio penitenciario durante la dictadura militar.
En su declaración ante el Tribunal Oral Federal de San Luis, este abogado aseguró que Rodríguez Mansilla integró "una banda" junto a tres agentes de inteligencia (Roberto Arce, Luis Saíz y Jorge Hugo Velázquez) que disputaba con otros grupos el control de la represión en San Luis.
Según explica el periodista Gustavo Heredia, el abogado Carlos Acevedo, es en la actualidad uno de los profesionales más temidos en el foro puntano debido a que sus colegas lo acusan de un escaso apego a las normas éticas de la profesión.
Desde ese lugar - y con la carga de su pasado de asesor legal de la policía de la dictadura - su testimonio fue muy valioso durante el juicio, porque permitió conocer los intereses cruzados y la internas que atravesaron al gobierno militar de San Luis, y que tuvieron como uno de sus protagonistas al abogado Carlos Jesús Rodríguez Mansilla.
"Yo trabajé como asesor del Ministerio de Gobierno hasta que un día el doctor Galante renunció al patrocinio de mi amigo Arturo Negri, en una denuncia ante el jurado de Enjuiciamiento contra el Fiscal Rodríguez, y me pidió que la firmara y la presentara yo".
Galante renunció a representar al dirigente radical luego que una bomba destruyó su casa y su auto. Cuando le preguntaron quienes fueron los autores del atentado, Acevedo respondió: "Un grupo de fanáticos que robaban y mataban en nombre de Dios". Luego se sabrá que ese grupo era el integrado por los seguidores del entonces fiscal provincial Carlos Jesús Rodríguez Mansilla.
"Yo hablo así de Rodríguez porque una vez, en un allanamiento a su casa encontré libros de Hitler, de Mussolini y un reclinatorio de oración. El fiscal Rodríguez aseguraba que él administraba la justicia Divina en la tierra y era protegido del brigadier Capellini, un brigadier que también era un fanático religioso y que se les levantó antes de tiempo contra el gobierno de Isabel Perón y por eso lo retaron. Luego de denunciar a Rodríguez a mí me exoneraron del gobierno y a mi hermano de la Universidad", aseguró Acevedo.
Luego relató que por una maniobra del fiscal Rodríguez "a mi amigo Arturo Negri lo detiene por izquierda la policía de Córdoba y se lo llevan y lo meten en un pozo y lo apalean durante cinco días, yo fui con su familia y nos entrevistamos con un teniente coronel retirado que nos guió por el camino correcto para sacarlo. A Negri lo salva que era subcomisario retirado de la provincia de Córdoba y eso sirvió para demostrar que no andaba en nada zurdo", dijo el abogado.
En otro momento del testimonio, el abogado querellante Enrique Ponce le preguntó a Carlos Acevedo: "¿Supo que el fiscal Rodríguez haya mandado a matar a Pla?", por entonces militar a cargo de la subjefatura de la Policia de San Luis.
"A Plá no sé, pero a mí y a Negri sí", dijo el testigo, que además aseguró que a su cabeza le había puesto precio y que "estábamos más preocupados por los fanáticos religiosos que por los subversivos. Yo me gasté una fortuna en solicitadas para mantenerme indemne, para que no efectivizaran los 50 mil pesos que habían ofrecido para matarme".
Según Acevedo, el "Fiscalito" - como se lo conocía en San Luis a Rodríguez Mansilla por su escasa contextura - era protegido de la Aeronáutica que en el reparto del poder se había quedado con la gobernación puntana. "Luego de la denuncia (contra Rodriguez) fui exonerado y no se me permitió el ingreso a la casa de Gobierno por cinco años", lamentó el abogado.
Otro testigo que aportó datos sobre el desempeño del "Fiscalito" fue el ex juez federal de San Luis, Alfredo Manuel Rodriguez. En la audiencia del 21 de enero pasado relató: "Nuestra amistad con el fiscal se cortó porque, si mal no recuerdo, el pretendía que yo detuviera al empresario Negri. Nunca me voy a olvidar la frase que me dijo entonces el fiscal, me dijo: O se está conmigo o se está en mi contra. Incluso recuerdo que un tiempo después me llamó Fernández Gez (militar a cargo del Area de Seguridad 333 con asiento en San Luis) para decirme que le había llegado una directiva desde el Tercer Cuerpo de Ejército, de que me tenía que investigar porque el fiscal Rodríguez me había denunciado como presunto izquierdista".
En su declaración del ex juez federal sostuvo: "Al fiscal Rodríguez varias veces lo vi preocupado. Él era muy especial, una persona muy extraña y como que quería siempre dar la impresión de andaba en algo pesado. Siempre hacía alarde de sus vinculaciones en las altas esferas militares. Rodríguez era de extrema derecha y antisemita a muerte. Me acuerdo claramente que leía unas publicaciones terribles, que las traía de Córdoba", aseguró Rodríguez.
También habló sobre el pasado del columnista de Sin Mordaza, el ex subjefe de la policía de San Luis durante la dictadura militar, Carlos Esteban Pla, condenado al final del juicio a cadena perpetua por privación ilegítima de la libertad agravada; tormentos agravados; homicidio doblemente agravado por alevosía y premeditación por tres hechos en concurso real, todo calificado como delitos de lesa humanidad.
Este militar pidió ampliar su declaración indagatoria cuando surgieron en los otros testimonio referencias al accionar del fiscal Carlos Jesús Rodríguez. "Ese fiscalito apareció acá a fines de 1976 y de entrada no me cayó bien. Pedantón, soberbio, viene y me pide una entrevista y me dice que es hombre de Capellini. Cuando me habla del brigadier Capellini de inmediato lo ubico como nacionalista y de ultraderecha. Lo que me dice es que hay que meter presos a todos los judíos y sacarles plata y me empieza a nombrar a Chada, Rachid, Hissa que no eran judíos sino turcos. Casi lo saco por la ventana. Ese fue el origen de que el fiscalito haya estado en la mira de las autoridades judiciales, militares y policiales. Veinte años después de todo el desastre que hizo acá, el brigadier Godoy me dice que el fiscalito seguía siendo auditor de la Fuerza Aérea", apuntó Pla en su segunda declaración ante el Tribunal Oral Federal de San Luis.La Carta a Massera
En 1976 cuando los militares instauraron el denominado Proceso de Reorganización Nacional, el abogado Carlos Jesús Rodríguez Mansilla fue designado fiscal en la provincia de San Luis; y desde ese cargo, el hombre que más adelante postularía la necesidad de "restaurar una nueva Argentina", reactivó algunas investigaciones judiciales de interés para el poder militar puntano.
En ese contexto el Fiscal Rodríguez presenta en el Juzgado del Crimen Nº2 de San Luis, a cargo de Héctor Tizeira del Campillo, un pedido de intervención de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para que analice la actividad de las empresas Dovecar, Negri Automotores y Ombú Automotores, ya que a su entender estarían involucradas en delitos contra el patrimonio del Estado (fraude a la administración pública, cohecho, etc.) y vinculadas con la organización Montoneros.
Fue así que el ex diputado nacional por la UCR, Arturo Jesús Negri, fue detenido en su concesionaria por una comisión policial-militar, trasladado a Villa Dololores y posteriormente a un centro de detención clandestino ubicado en la ciudad de Córdoba, donde fue "salvajemente torturado", siendo testigo en ese lugar de la muerte de un detenido. "Un muchacho de unos 30 años, a quien colgaron de las muñecas y lo golpearon en el estómago hasta que falleció", según consta en la declaración testimonial brindada por este dirigente.
Tal como explicó en las audiencias el abogado Carlos Acevedo, la detención y tortura de Negri se volvieron en contra del fiscal Rodríguez, a tal punto que termino enfrentando un jury de enjuiciamiento por su actuación en este caso.
Frente a estas circunstancias un grupo de veinte "vecinos notables" de San Luis, entre los que se encontraba Alberto Rodríguez Saá, enviaron una carta al entonces almirante Emilio Eduardo Masera, acusando a Negri, y a dos ex funcionarios del gobierno Justicialista depuesto de tener relaciones con movimientos "subversivos", por lo cual, pedían para ellos "un castigo ejemplar".
"El sentido de este petitorio es requerir la exhaustiva investigación y en su caso el castigo ejemplar, de eventuales negociaciones realizadas en perjuicio del Estado y vinculadas a organizaciones subversivas. Asimismo, solicitar garantías para los ciudadanos que patrióticamente investigan estas actividades inmorales y procuran su juzgamiento por las autoridades competentes", decía parte de la misiva enviada al jefe de la Armada.
En otro tramo de la carta, estos vecinos notables solicitan "que se lleven a cabo hasta las últimas consecuencias las investigaciones iniciadas por el Dr. Carlos Jesús Rodríguez" y que "la situación a que se ha llevado" al agente fiscal "sea resuelta en forma rápida y justa".
Una copia de este documento fue entregada por Negri al Tribunal Oral Federal para que sea incorporada al conjunto de pruebas reunidas durante el juicio que condenó a cinco represores que actuaron en San Luis durante la dictadura militar."No conozco nada"
A partir de las noticias publicadas en San Luis comenzamos a preguntarnos si el funcionario judicial señalado en el juicio como "el Fiscalito" era la misma persona que conocemos en Santa Fe como columnista de Sin Mordaza y candidato a diputado nacional por la Unión de Centro Democrático, en alianza con Adolfo Rodríguez Saa.
Para verificarlo obtuvimos el número de documento consignado en la investigación de los bombazos perpetrados en Mendoza y lo cruzamos con los datos que figuran en el padrón electoral de nuestra provincia. El resultado no permite dudas, se trata de la misma persona.
Con estos datos corroborados nos propusimos dialogar con Rodríguez Mansilla. Primero llamamos al teléfono de su domicilio particular. No lo encontramos. Luego nos comunicamos a su teléfono celular, con el siguiente resultado:
EL: Buen día, mi nombre es Pablo Bosch de la revista Entre Líneas, tiene unos minutos para una consulta.
CJRM: Si
EL: ¿Esta al tanto del juicio a cinco represores de la dictadura que se realizó en San Luis?
CJRM: No conozco nada.
EL: Le pregunto porque en las audiencias surgieron acusaciones contra un fiscal que tiene su mismo nombre.
CJRM: No conozco nada.
EL: Pero usted al menos me puede confirmar o descartar si se desempeño como fiscal en San Luis durante el proceso militar.
CJRM: No conozco nada.
EL: Insisto porque estoy escribiendo una nota...
CJRM: ¿Usted habla castellano? Entienda, no conozco nada.
EL: ...CJRM: Pablo, le agradezco la llamada. Mucho gusto.Un lugar en el mundo
El conjunto de testimonios escuchados en las audiencias del Tribunal Oral Federal de San Luis permiten concluir que la actuación en esa provincia de Carlos Jesús Rodríguez Mansilla no terminó de la mejor manera. Según explicó a Entre Líneas el abogado querellante Enrique Ponce, las acciones del "fiscalito" y su grupo de cruzados se salieron de control cuando emprendieron una campaña de atentados dinamiteros.
En la capital puntana, el bombazo a la casa y el auto de un juez encendieron las primeras señales de alarma. Luego vinieron otros dos atentados en Mendoza contra los domicilios de un médico y un abogado. Por estos hechos se abrió una investigación judicial que terminó con la condena de los tres compañeros de ruta de Rodríguez Mansilla y una falta de mérito a su favor, que en algo compensó el breve tiempo que pasó en prisión.
Rodriguez Mansilla llegó a tierras puntanas proveniente de Córdoba. Hasta ese momento se había desempeñado como empleado del Ministerio de Trabajo de la Nación. En junio de 1976 es designado Fiscal en el poder judicial de San Luis. Al poco tiempo comenzó a dar clases en el Instituto Santo Tomás de Aquino, una de las instituciones educativas más conservadoras de la ciudad.
Luego del traspié sufrido en Mendoza su huella desaparece de la región. Pero al poco tiempo reaparece en Santa Fe. Su nuevo lugar en el mundo.
Según pudo establecer Entre Líneas, este emblemático militante de la palabra y la acción, en la actualidad se desempeña como empleado de planta permanente, categoría 21, de la Cámara de Diputados de Santa Fe. En ese destino se encuentra desde el año 1992, cumpliendo funciones que resultan difícil de precisar, teniendo en cuenta que no fue posible ubicarlo en un lugar de trabajo determinado.
Rastreando un poco más atrás, encontramos que el "Fiscalito" también encontró lugar en la Cámara de Senadores de Santa Fe, entre agosto de 1984 y diciembre de 1987, para luego pasar al ex Banco Provincial de Santa Fe, donde tuvo trabajo entre febrero de 1988 y julio de 1990.
En paralelo Carlos Jesús Rodríguez Mansilla se fue abriendo caminos en los medios de comunicación. En 1987 fundó la revista Nueva Argentina, que según la opinión experta del director del periódico Sin Mordaza "se ha convertido en un ícono de la prensa política santafesina", a tal punto, que durante la gestión de Jorge Obeid esta publicación de "derechas" recibió $2.000 por mes en concepto de publicidad oficial.
Retribuyendo los halagos, "el Fiscalito" es habitual columnista del envió televisivo de Carlos Delicia, compartiendo pantalla con el periodista Carlos Cenoz, identificado recientemente por los organismos de derechos humanos de Reconquista como Personal Civil de Inteligencia durante la pasada dictadura militar.
A 26 años del último golpe militar en la Argentina, historias como las de Rodríguez Mansilla sirven para comprender el origen de algunas voces, supuestamente carentes de pasado, que se erigen en fiscales de la Patria para recomendar las viejas recetas autoritarias para los problemas de nuestra sociedad. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

131 comentarios:

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