lunes, 9 de marzo de 2009

10:27 › POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
La Justicia confirmó el juicio oral para el "Tigre" Acosta

La Cámara Federal confirmó que el represor Jorge "El Tigre" Acosta deberá ir a juicio oral por delitos de "lesa humanidad" cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.

En sendas resoluciones, difundidas hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ), la Cámara Federal rechazó "in limine" un recurso de Casación interpuesto por la Defensora Oficial Verónica Blanco, asistente de los represores, quien reclamaba que el máximo tribunal penal de la Nación revisase su objeción a la elevación a juicio.
En sus fallos los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun declararon "inadmisibles" los planteos de la Defensora Blanco quien también asiste técnicamente a los represores Manuel García, Jorge Raúl González, Jorge Carlos Radice, Erman Frimon Weber, Víctor Cardo y Juan Azic.
El expediente en el que se rechazó la pretensión de los ex jefes navales del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" es una de las "megacausas" por gravísimas violaciones a los derechos humanos reabiertas tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.
En uno de los "legajos" que integran dicho expediente, el referido al secuestro y desaparición de la joven sueca Dagman Ingrid Hagelin, el juez último el represor Acosta se negó a declarar ante el juez Torres mientras que su ex camarada de armas Alfredo Astiz efectuó una negativa de los hechos que se le imputan.
"No se de qué me habla" le respondió Astiz al magistrado cuando fue interrogado sobre si tenía conocimiento de "vuelos de la muerte" que llevaban a prisioneros del campo clandestino de detención que funcionaba en la ESMA y que, todavía con vida, eran arrojados al mar.
Acosta y su entonces subordinado Astiz están imputados en no menos de doscientos delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, entre ellos el secuestro de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y el del escritor y periodista Rodolfo Walsh.


PEDIA DENUNCIAR A SUS CARCELEROS, PERO UN JUEZ ORDENO QUE LO HICIERA ANTE ELLOS
El caso del preso que no quería hablar

Un interno de la cárcel de San Nicolás pidió un hábeas corpus, para denunciar al Servicio Penitenciario. El juez Luciano ordenó que la audiencia se realizara delante de un guardia del mismo servicio. El preso fue maltratado e internado en un hospital.


Por Horacio Cecchi
Podría decirse que la audiencia de hábeas corpus ante el juez José Emilio Luciano, a cargo del juzgado de Ejecución Departamental de San Nicolás, fue corta, incluso nula. Duró el tiempo que le llevó a la defensora pedir que se retire el guardia penitenciario para iniciar la denuncia y los segundos que Luciano demoró en decir: “No. Si se retira nos quedamos sin seguridad”. La particular visión que el juez Luciano tuvo de las garantías del hábeas corpus terminó con la audiencia en forma abrupta. El preso se negó a declarar vigilado por sus denunciados y fue regresado al penal. Luciano aceptó escucharlo, media hora después, pero modificando esencialmente el escenario: trasladó la audiencia a la unidad penal donde un centenar de orejas penitenciarias le garantizaban aquello que en su despacho judicial suponía no tener, y vulnerando, como en la dictadura, todo el principio constitucional protectivo del hábeas corpus (ver aparte).
El motivo que había llevado al preso a querer declarar en privacidad era una obviedad para todos menos para Luciano: quería denunciar a un oficial del SPB, con nombre y apellido, porque le pedía 200 pesos para no cambiarlo de pabellón y por ese motivo, que un miembro de la misma corporación lo vigilara con anuencia del juez dejaba demasiado para balancear en la inclinada libra de la justicia nicoleña.
Por razones que no deberían resultar difíciles de imaginar, tres días después, al interno lo internaron, pero en el hospital. Al final, Luciano rechazó el hábeas corpus, aunque ya ni falta que hacía. No está claro si al preso lo molieron a palos o recibió algún tratamiento médico especializado en Sanidad del penal, antes de hospitalizarlo, tratamiento que lo dejó muy golpeado por las convulsiones, mudo, tieso, orinándose y defecándose encima y sin siquiera pestañear. Por las dudas, aunque no pueda hablar, uno de los escuchas penitenciarios lo custodia de cerca.
El caso se resume así: el miércoles 11 de febrero, la defensora oficial Florencia Barrera solicitó un hábeas corpus por su defendido, Juan Carlos Genta, alojado en la U3 de San Nicolás. Lo hizo ante el juez que correspondía, José Emilio Luciano, del juzgado de Ejecución nicoleño. Cuando Genta concurrió al juzgado no lo hizo solo. Lo acompañaba un guardia. Ya en el despacho del juez, la defensora Barrera hizo el pedido a Luciano para que se retirara el custodio y dar inicio a la declaración confidencial, mientras Genta miraba de reojo al guardia.
En cuanto a lo confidencial, Luciano no puso reparos, pero pensaba diferente en cuanto a quiénes debían ser los confidentes. Luciano respondió que el guardia no se retiraría porque en el lugar “no hay seguridad”. Dadas las circunstancias de escasa o nula constitucionalidad, la defensora consultó a su defendido, quien sin dejar de mirar al guardia hizo el gesto de que no, que prefería no hablar delante suyo. La audiencia fue levantada por imposible, y Genta fue trasladado de regreso con su custodia a la U3. Lo que sí aceptó hacer Luciano fue trasladarse al penal para tomar la declaración a Genta en un sitio donde a todas luces la iba de visitante. No Luciano, sino Genta.
En la propia unidad, el interno se decidió y habló. Dijo que el oficial Leguizamón le había exigido 200 pesos para mantener el pabellón. Dijo que él no pagó y que de inmediato lo trasladaron al pabellón 2, celda 95, donde pasó la noche sin colchón, con el inodoro tapado y la mugre desbordando el piso. Al día siguiente, el jueves 12, se realizó una nueva audiencia por el mismo pedido de hábeas corpus. Y otra vez, el guardia se incrustó en el despacho. Luciano, para dejar a salvo la administración de justicia, dijo en voz baja y sin que figurara en el expediente, que la presencia de guardias penitenciarios en las audiencias de hábeas corpus estaba avalada de palabra por la Cámara de Apelaciones nicoleña (ver aparte). Genta, que no se convencía de la cara de sota del guardia, se obstinó en no declarar delante de sus denunciados.
Más tarde, ese mismo día, la abogada presentó un escrito en el que Genta denunciaba que en el penal le habían ofrecido mantenerlo en el pabellón si se retractaba de la denuncia por el cobro de coima. También apuntó contra un oficial de rango alto que amenazó con trasladarlo.
Un día más tarde, el juez Luciano decidió rechazar el pedido de hábeas corpus por injustificado. En realidad, en esas condiciones, el hábeas corpus no tenía sentido. Ese día, Genta fue retirado del pabellón y enviado a Sanidad del penal. Antes de entrar, fue revisado por el médico penitenciario Landolfo que constató que no presentaba lesiones. Pero el 16, cuando lo derivaron al hospital local, el cuadro era diferente. Salió con convulsiones y al borde de la muerte. Muy golpeado en el rostro, en el cráneo. No quedó demostrado que lo vapulearon, pero sí que quedó muy maltrecho. Los penitenciarios dijeron que fue un problema de medicinas. En el hospital intentan analizar el estado de Genta con la hipótesis de que consumió algún tipo de intoxicación farmacológica que no lograban identificar.
Por qué lo llevaron al hospital. Porque esa mañana, en Sanidad, a Genta lo encontraron tieso, sin poder hablar, orinado y defecado encima. Sospechan que le dieron un tratamiento intensivo. Ya en el hospital, por las dudas, lo custodia un todo-oídos de la U3.

SOCIEDAD
Coincidencias curiosas

Por Horacio Cecchi
La tramitación del hábeas corpus, una figura constitucional que custodia las garantías de los detenidos ante la omnipresencia del Estado, está en riesgo de extinción en San Nicolás. En esa jurisdicción, un pedido del defensor general Gabriel Ganón, derivó en la clausura de las celdas de las comisarías 1ª, 2ª y 3ª. La clausura provocó toda suerte de presiones sobre los integrantes de la defensoría. Y sobre la figura del hábeas corpus. Algunos de los métodos quedaron en evidencia. Un detenido atacó en un despacho judicial a una secretaria, armado con una faca. Los medios locales informaron la versión penitenciaria, esto es que los guardias heroicamente lograron controlar al preso. Pero en realidad, según fuentes del caso, el único que se interpuso fue el abogado ya que el guardia, al que se ordenó retirarse (pero permanecer junto a la puerta), no apareció por ningún lado cuando lo reclamaron. En los medios locales nadie preguntó cómo obtuvo la faca el detenido ni quien lo revisó. Antes del juzgado pasó por una de las comisarías clausuradas y por la alcaidía penitenciaria


TRES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION AUKACHE DENUNCIAN COMO ACTUA LA PATOTA DE LA UCEP
“La política de Macri es la expulsión”
Lorena Vázquez, Rubén Rosmarino y Omar Zanarini fueron víctimas de la Unidad de Control del Espacio Público en la ciudad, cuyo accionar reveló ayer Página/12. Describen la connivencia de funcionarios y aseguran que dentro de la fuerza hay barrabravas de San Lorenzo.

Por Gustavo Veiga
Aukache, en mapuche, significa pueblo que se rebela. En eso estaban Lorena Vázquez, Rubén Rosmarino y Omar Zanarini la noche del 27 de febrero, cuando el gobierno porteño desalojó por la fuerza a unas cien familias de un viejo edificio en Paseo Colón 1588, en el barrio de La Boca. Los tres integran la organización social que lleva aquel nombre sonoro y vieron cómo una patota uniformada y de civil, la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), la emprendía contra un numeroso grupo de vecinos de bajos recursos y contra ellos mismos. Rosmarino terminó detenido en un camión celular y con una causa por resistencia a la autoridad, a Vázquez le habían dejado amenazas de muerte en su teléfono unos días antes y Zanarini comprobó cómo el grupo de choque lo disuadía, con su presencia intimidatoria, de acercarse a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete de Mauricio Macri, una vez que el inmueble había sido desocupado.
–¿Qué ocurrió aquella noche?
Lorena Vázquez: –Desde el día 25, cuando se anunció que iba a haber un desalojo, el gobierno nunca presentó una orden judicial. Y el 27 a las 4 de la mañana me llamaron las familias que viven en Paseo Colón diciendo que había un movimiento extraño. Nos acercamos y fuimos viendo cómo se habían desplazado en el área camiones de la guardia de emergencia, estaba el BAP (Buenos Aires Presente), la UCEP y la policía. El gobierno se hizo presente a través del subsecretario de Fortalecimiento Familiar, José Luis Acevedo, y varios funcionarios más. Había un grupo de familias afuera e intentamos que se no produjera ningún tipo de violencia. Ahí fue cuando actuó este grupo de la UCEP. Apareció un asesor leyendo un párrafo de algo que supuestamente era la orden de desalojo y empezó todo un forcejeo. Querían entrar y los que accionaron primero fueron los de la UCEP.
–¿De qué manera?
L.V.: –Al principio dijeron que ellos iban a pasar y justo adelante mío había un compañero con su nene y lo comenzaron a tironear. Estaban vestidos con camperas negras y algunos con una gorrita del mismo color hasta la nariz, que decía UCEP. Esas imágenes se ven en los videos.
–¿Ustedes conocían la existencia de este grupo de choque que depende del ministerio de Ambiente y Espacio Público?
Omar Zanarini: –Yo me enteré de la UCEP por una campaña de afiches que estábamos haciendo para una actividad de nuestro local, por la avenida Corrientes. Uno de los artesanos nos comentó que él dormía en Plaza Congreso y que a las 3 de la mañana un vehículo no identificado llegó al lugar, se bajaron estos matones, los despertaron a las patadas y les dijeron que retiren todas sus cosas. Procedieron a sacar los colchones y enseguida llamaron a los de Cliba, y les tiraron las cosas en el camión. Después nos vinimos a enterar que eran de la UCEP. Cuando a las horas siguientes del desalojo en Paseo Colón apareció Rodríguez Larreta, la actitud de estos tipos fue patoteril. Buscaban el choque para que uno reaccionara. Y en esa reacción calculo que me iban a fajar. Yo me acerqué para intentar dialogar con el jefe de Gabinete y enseguida me rodearon. Rodríguez Larreta se hizo presente ahí para felicitar a los del operativo. El trato que tenían hacia los vecinos era también vejatorio. Les decían cualquier cosa.
–¿Usted fue detenido esa noche?
Rubén Rosmarino: –Sí. Dijeron que nos corriéramos de la puerta y uno de la UCEP hacía fuerza para arrimarse a la entrada del edificio. Entonces, hubo dos o tres forcejeos grandes, en un momento a algunas compañeras las querían arrancar de la puerta y ahí fue cuando vi a gente del gobierno que le señalaba a la policía, nos señalaba con el dedo. Fue algo automático. Apareció gente de la UCEP y atrás la policía. Yo no alcancé a ver más nada porque se me tiraron como diez monos encima y me sacaron en andas.
O.Z.: –La primera línea era de la UCEP y lo que hacían era agarrar a los compañeros, inmovilizarlos y dar paso para que los retire la policía. Y a quienes señalaron, son los compañeros que hace años venimos organizando a la gente en Paseo Colón y a los que estuvieron participando en la reunión con Acevedo. Entre ellos se lo vio a este funcionario. Él fue uno de los que señalaba a los que había que agarrar. Decía a éste, a éste y a éste.
–Zanarini, usted pudo obtener imágenes sobre el accionar de la UCEP en pleno desalojo. ¿De qué modo podría describir a sus integrantes?
O.Z.: –Cuando el lunes siguiente al desalojo estábamos tratando de tramitar el subsidio de los compañeros de Paseo Colón, tuve la posibilidad de dialogar con funcionarios de planta del gobierno y ellos me decían que eran barras bravas de San Lorenzo. Me confirmaban que el mismo día del desalojo, uno de la UCEP se jactaba de ser de la barra de San Lorenzo y que se la re-aguantaba. Son bastante intimidatorios.
–¿Cómo militantes sociales del barrio de La Boca habían vivido alguna situación similar en un desalojo durante los casi diez años de existencia de la agrupación?
R.R.: –No, para nosotros fue una sorpresa. Antes actuaba la policía, había una orden del juzgado de desalojo, es más, había un aviso previo de 48 horas. Y el gobierno intervenía como auxiliar al desalojo una vez que se iniciaba, pero nunca había un operativo así, donde se interviene con funcionarios del gobierno a la cabeza y una patota.
O.Z.: –(Interrumpe para explicar lo que sucedió con Vázquez en el día previo al desalojo) Durante el transcurso del jueves 26, la compañera Lorena recibió varios llamados con amenazas de muerte, diciéndole que si seguía rompiendo las pelotas le iban a meter un tiro en la cabeza. Pensaba que con el retorno de la democracia este tipo de prácticas habían cesado, pero esto pasa en un gobierno donde el propio Macri habla loas de Cacciatore. Es decir que él pretende emular su experiencia. Y no hay duda por cómo se está manejando con este grupo de tareas.
–¿En qué condiciones vivía la gente en el edificio desalojado?
L.V.: –Las condiciones en las que vivían habían sido medianamente mejoradas desde el desalojo en adelante. Desde el 2007, cuando se inició el proceso del desalojo legal. Las condiciones obviamente no eran las óptimas, pero pagaban la luz, tenían agua y gas de garrafas. Estaban muy bien organizados.
–¿A dónde fueron a parar los vecinos desplazados?
R.R.: –Ese es el problema del que veníamos hablando con el gobierno, porque lo que hicieron, obviamente, no es la solución. Y todavía hay compañeros que siguen dando vueltas, viviendo en la casa de algún familiar, en la casa del algún amigo, porque todo está muy complicado. No se consigue con facilidad alquilar. Nosotros hemos conversado con 60 y pico de familias que están en una situación muy difícil.
–¿Y las familias que se quedaron sin casa de qué vivían?
R.R.: –Había muchos empleados, muchos que hacían changas. Una cosa que nos llamó la atención hace un año y medio atrás es que había un 85 por ciento de compañeros que tenían alguna changa...
–¿Y qué promedio de antigüedad tenían ocupando el edificio?
R.R.: –Muchos años, quince, veinte... Todos los pibes iban a la escuela y algunos hoy están viviendo en la casa de un familiar en Florencio Varela que los está bancando, otros en Villa Celina y se tienen que trasladar todos los días en colectivo.
–¿Y el gobierno qué respuesta dio para esa situación?
L.V.: –Sólo los 7 mil pesos que ofreció para que se vayan. No se movieron de ahí. Es más, los que habían caído presos y que vivían en Paseo Colón no pudieron ir a cobrar el subsidio y otras familias, por la desprolijidad del censo del año pasado y la del que se hizo después, tuvieron problemas para cobrar. Había una treintena de familias pidiendo el subsidio porque estaban en la calle. Tuvimos una pelea con los funcionarios del gobierno en que nos tuvimos que quedar hasta las 9 de la noche para que les pagaran a familias que estaban censadas y no querían pagarles.
–¿El gobierno utilizó el argumento de que había tráfico de drogas en el edificio para robustecer su política del desalojo compulsivo?
R. R.: –Sí, habían detenido a un grupo con cierta dosis de paco. Cosa que había sido denunciada en reiteradas oportunidades por los vecinos. En ese aspecto, la casa estaba quemada por la venta de drogas, porque se dejaba hacer y deshacer. Ellos se llevaron a quienes se tenían que llevar y vino el desalojo en el que si la gente no agarraba los siete u ocho mil pesos, porque dijeron que se estirarían mil más, a las 48 horas se iban a ir con 400 pesos cada uno, que es lo que dan en otros desalojos en que pagan 400 pesos durante seis meses. El dinero lo aceptó entre el 15 y el 20 por ciento de los compañeros del edificio.
–¿Cuál es la visión que tiene la agrupación que ustedes integran sobre la política de vivienda de Macri para Buenos Aires?
R.R.: –La solución que da el gobierno para nosotros es lisa y llanamente la expulsión de la ciudad. Una familia es sacada de su vivienda y va a parar a la calle, en la calle tenemos la patota ésta que se encarga de expulsarla de la plaza o del parque y el tercer paso es que irá a parar al segundo o tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, con suerte. Eso sintetiza un poco la política de Macri. Las leyes no se cumplen, no hay nuevas y la solución es ésta: los desalojos y la expulsión. Como lo que pasó en el banco de Italia y Río de la Plata de La Boca, donde murieron quemados seis hermanos. El gobierno estaba al tanto de lo que pasaba y nunca intervino, hubo una suerte de incendio y no se esclareció qué pasó.

6 comentarios:

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