martes, 31 de marzo de 2009




A 33 años del último golpe
No aprendemos nada
20-03-2009 / A 33 años del último golpe de Estado, tres hijos de desaparecidos que recuperaron su identidad cuentan sus historias y reflexionan sobre las consecuencias de la represión en la actualidad. “Abuelas va a continuar en nosotros”, prometen.
Fotos: Roberto Castro
Por Tali Goldman
taligoldman@revista7dias.comLa cita fue en la sede de Abuelas. Apenas entraron, Vicky, Pedro y Horacio se abrazaron, hacía tiempo que no se veían y se alegraron al enterarse de que compartirían algunas horas juntos. Entre chistes, risas y anécdotas, caminaron juntos como si fueran hermanos hacia la plaza de los dos Congresos. “Es muy loco esto, pero es lo que nos pasa”, explicaron. “Todos los nietos tenemos un vínculo único. Tal vez sólo nos hablamos un par de veces, pero es como si nos conociéramos de toda la vida. Hay mucha empatía y, sobre todo, mucho cariño”. Aunque cueste, para ellos es claro: “por lo general, todos manejamos un mismo manualcito”. Y es que la historia es tan distinta, y a su vez tan igual... El grabador se enciende y las palabras nacen entremezclando un profundo dolor y una alegría inmensa. El genocidio de Estado sigue mostrando su faceta más terrible. Ellos, el costado más esperanzador.
Identidades. Pedro Luis Nadal García fue Luis Alberto Ferian hasta 2004. Pensaba que era hijo de un suboficial y su mujer, quienes lo criaron hasta los 29 años. Siendo Luis tuvo dos hijos, y mientras la tercera estaba en camino llegó la orden judicial, la que requería que se hiciera un ADN. A los dos meses dio positivo. Ya no era quien creía ser. Su padre biológico aún estaba vivo, ya que se había exiliado a Francia junto a su otro hijo. Su madre es una de las 30.000 desaparecidas. Lamentablemente no tuvo la suerte de conocer a sus abuelos, quienes fallecieron semanas antes de enterarse de que su larga búsqueda había dado resultado. Victoria Montenegro fue María Sol Tetzlaff hasta 2001. “El jefe del operativo del que desaparecieron mis papás biológicos, es la persona que me crió y a la cual le digo papá”. Ella no se avergüenza, “yo me crié con los militares. Con mi viejo pasaba el verano y los fines de semana en los cuarteles. Yo estaba enamoradísima de él, para mi era todo”. En el año 1993, el oficial fue alertado por un juez amigo que las “viejas locas” lo estaban “jodiendo” y le pedían que investigara su caso. Como muestra de fidelidad, el letrado archivó la causa y las cosas siguieron el curso normal. “Yo nunca dudé sobre mi identidad y eso era loco porque mi papá era alemán. Alto, rubio, y de ojos verdes. Pero claro, yo quería ser hija de él (risas)”. Cuando Victoria cumplía los 15 años, la situación parecía no poder dilatarse más y la prueba de sangre se hacía inminente. “Pase lo que pase yo me quedo con vos”, le dijo ella a su padre de crianza. Después de 8 años, el resultado del ADN dio 99.9% que no era hija de quien ella creía ser. “Bueno, no me importa, yo me quedo con mi 0,1%”, chillaba la nena llena de angustia. Pero la verdad estaba frente a Victoria, aunque no la quería ver. Horacio Pietragalla Corti fue César Castillo hasta 2003. Criado por Lina –la empleada doméstica del coronel Tetzlaff, apropiador de Victoria– y Chacho. Ya desde la adolescencia el muchacho de casi dos metros de altura, a diferencia de la baja estatura de sus apropiadores, tenía dudas. “Mi padrino adoptivo era el milico, me parecía muy raro que el patrón de mi madre de crianza fuera mi padrino. Empecé a buscar su nombre en el libro Nunca más. Y cuando yo tenía 16 salió a la luz lo de Victoria y eso me generó a mí la fantasía. Un día le pregunté a mi hermana de crianza si se acordaba de cuando Lina estaba embarazada de mí y ahí ella dudó”. Después de varios años, Horacio se acercó a la Conadi, y lo que había sido sospecha se convirtió en realidad.
La vida despuEs de la vida. El delito que se le imputa a los apropiadores es el de “secuestro y retención de un menor de 10 años, falsificación de documento y ocultamiento de identidad”. La pena mínima es de 5 años y es carcelable. Ante este panorama, los tres coincidieron en que ya recuperada su identidad, el momento más duro de su vida fue enfrentar a la familia que los había criado hasta ese entonces.“Los primeros momentos seguí viendo a mi madre de crianza, pero no era lo mismo”, confesó Pedro, “ella me fue alejando de alguna manera, a pesar de que yo quise mantener el vínculo. Me hacía sentir culpable de todo lo que le estaba pasando con la Justicia, hasta me amenazó de muerte”. Victoria encaró las cosas en dirección totalmente opuesta. “No justifico lo que ellos hicieron, sé que está mal, pero soy sincera conmigo misma. Yo los quiero a pesar de todo y por eso sigo manteniendo mi relación. Mi papá falleció el año pasado y a mi mamá la tengo conmigo”. Esto es, según contó, lo que le permitió poder acercarse a su familia biológica paterna y establecer un vínculo al que ella califica como “feliz”. Por el contrario, con su familia sanguínea materna, la relación no prosperó. “Según ellos a mí me crió el enemigo y no pueden respetar que yo los quiera. Lo bueno es que los pude conocer, pero ya no me interesa verlos nuevamente por ahora”. Horacio fue enfático: “No los odio, lo que siento es decepción. Yo siempre me mostré tal cual era, y ellos no”. Además, contó que en un principio hizo todo lo posible para que ellos estuvieran bien, “logré que estén en una comisaría y no en un penal, que estén juntos, y ellos, en cambio, me decían: ‘por tu culpa estamos acá’. Nosotros somos los víctimas de esto, aunque nos cueste asumirlo, no ellos”. Pero no fueron solamente ellos los que tuvieron que cambiar su identidad. En el caso de Pedro y Vicky también lo tuvieron que hacer sus hijos. “El más grande no entendía por qué yo lo alejaba de su abuela o por qué yo estaba enojado con ella. Realmente fue muy duro para él también”, relata Pedro. “Todavía el chiquito dice que se llama Tetzlaff –mi apellido de crianza–”, contó Victoria, entre risas. “Ellos conocieron a su abuelo, por eso les cuesta entender que tienen otros abuelos muertos. Yo, igualmente, les digo que él es su abuelo del corazón y que lo van a seguir queriendo siempre, como yo”. Para ellos, como para el resto de los nietos recuperados, la fecha del 24 de marzo es emblemática. Tristeza, dolor y soledad es lo que sienten cuando marchan junto a la foto de sus padres. Por eso, se horrorizaron tanto cuando por estos días tuvieron que ser testigos de las nefastas declaraciones que exigían “mano dura” o “pena de muerte”. “Esto demuestra que como sociedad no aprendemos nada. No entendemos que no se tienen que buscar soluciones inmediatas, sino que es un proceso. Hay un desprecio tremendo por la vida”. Y coinciden “si queremos recordar a nuestros viejos, es mediante la lucha. Lo que pasa es que todavía como conjunto seguimos con el miedo que instaló la dictadura. El de no meterte en quilombos, no ir a marchar. Todavía hay miedo a la represión”.“Abuelas va a continuar en nosotros”, concluyeron emocionados casi llegando al final de la entrevista. Además, contaron que el banco genético de datos va a estar dispuesto hasta el 2050, es decir al promedio de vida al que van a llegar. Esto hará que gente de 70 años todavía no conozca su verdadera identidad. “Cómo seguir adelante es un tema que estamos aprendiendo. Pero no se preocupen, esto va a estar vivo siempre”. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS




Mañana habrá una audiencia en Casación sobre las detenciones en unidades militares
Celdas VIP para los represores
La Cámara analiza un hábeas corpus de acusados de secuestros y torturas que buscan cumplir prisión en unidades militares.
Por Diego Martínez

El centro clandestino La Polaca, en Paso de los Libres, Corrientes.
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal deberá resolver en los próximos días si represores procesados por crímenes de lesa humanidad pueden cumplir su prisión preventiva en unidades militares. Pese a que la Ley de Defensa Nacional prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de seguridad interior y el Ministerio de Defensa reiteró tres veces a los jueces federales que los cuarteles no están diseñados para servir de cárceles ni los soldados capacitados para custodiar presos, aún hay 18 imputados por secuestros y torturas durante la dictadura alojados en instalaciones castrenses. A la cabeza de los magistrados que obligan a uniformados a violar la ley sobresale la cordobesa Cristina Garzón de Lascano, que se resiste a sacar a los subordinados del condenado Luciano Benjamín Menéndez del Tercer Cuerpo de Ejército, donde comparten las habitaciones del casino de oficiales con camaradas en actividad.
El alojamiento de represores en cuarteles, incluso en los mismos donde cometieron los delitos, fue cuestionado por fiscales y organismos de derechos humanos desde las primeras detenciones posteriores a la reapertura de las causas. A mediados de 2006, tras un reclamo frustrado de Defensa para que los jueces reconsideraran la decisión, el grueso de los marinos de la ESMA fue trasladado al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, que seis meses después se convirtió en la Unidad Penal 34 del Servicio Penitenciario. La aparición del cadáver envenenado de Héctor Febres en su dúplex de Prefectura y la difusión de fotos del torturador montando a caballo o haciendo la plancha en la pileta de la base naval de Azul motivaron a Sus Señorías a replantear los privilegios concedidos.
En julio pasado, tras la fuga del oficial de Inteligencia Julián Corres, de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, la ministra Nilda Garré reiteró el pedido a los magistrados. Ante la nueva negativa, ordenó a las tres fuerzas no acatar órdenes judiciales de alojar represores y les recordó a los jueces de todo el país, por tercera vez, que sus disposiciones obligaban a los militares a violar la ley y que la distinción de competencias entre fuerzas armadas y de seguridad era “una conquista democrática”. La relación jerárquica que los retirados mantienen sobre los activos, establecida por la Ley de Personal Militar, enfrenta a los soldados con la contradicción de tener que custodiar a sus superiores.
Luego de recibir la nota de Defensa, el entonces juez federal de Paso de los Libres, Juan Angel Oliva, ordenó trasladar a cuatro represores alojados en el Grupo de Artillería 3 a la dependencia que dispusiera el SPF. La medida alcanzaba al coronel retirado José Luis Marchisio y a los civiles Carlos Faraldo, Víctor Irineo Aldave y Rubén Darío Ledesma, ex miembros del Destacamento de Inteligencia 123 procesados por secuestros y torturas en el centro clandestino La Polaca. Para resistir el traslado presentaron un hábeas corpus correctivo. Argumentaron que la medida les impediría el contacto con sus familias, sus abogados y con el expediente, por lo que se violaba el derecho de defensa (Corrientes no tiene cárcel federal; las más cercanas a Paso de los Libres están a 300 kilómetros, en Misiones).
El 4 de septiembre la jueza federal ad hoc María Inés Morales de Paulo, que intervino en tres casos, les dio la razón a los imputados. Oliva hizo lo propio en el cuarto caso, descalificando su propia disposición de la semana anterior “ante la compleja situación planteada”, que no explicó. Los escritos de una y otro llevan la rúbrica del mismo secretario, Federico Alonso, y son casi idénticos, hasta en los errores de tipeo. Ambos consideran que “son claras las violaciones de las garantías de la defensa y del Juez Natural” y equiparan el traslado de los imputados con un “juzgamiento en ausencia”, porque “pierden toda relación con el expediente”. También recuerdan que en 2005, ante otro hábeas corpus correctivo, Oliva clausuró el lugar de detención que funcionaba en el escuadrón de Gendarmería porque las condiciones importaban “un trato cruel, inhumano y degradante”. Destacan que entonces se exhortó al Ministerio de Justicia a habilitar una cárcel federal de encausados “en un plazo razonable” y que, cuarenta meses después, no hubo respuesta oficial. En la parte resolutiva, De Paulo exhortó a Justicia a proporcionar “en forma inmediata” un lugar de detención en la jurisdicción del juzgado. Oliva eliminó ese párrafo. Sobre la ilegalidad que implica alojar detenidos en cuarteles, ni una línea.
La Cámara Federal de Corrientes revocó la medida, en base a las leyes que rigen para el resto de los mortales. Tras la apelación, el caso llegó a la Sala III de Casación, que integran Guillermo Tragant, Angela Ledesma y Eduardo Riggi. Se trata de los jueces que en enero excarcelaron a los ex jefes del Pozo de Arana y cuya conducta analiza el Consejo de la Magistratura a partir del pedido de juicio político de la Secretaría de Derechos Humanos. La audiencia es mañana a las 12.15, en el piso 1º de Comodoro Py.
Opinión
Las unidades militares como cárceles
Por Gastón Chillier *
La Cámara Nacional de Casación Penal realizará una audiencia para resolver si un grupo de imputados por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención La Polaca pueden cumplir su detención en el Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres, dependencia del Ejército. El CELS ha sostenido pública y judicialmente que la utilización de las instalaciones castrenses como recintos penitenciarios y el cumplimiento de tareas de custodia por parte de militares son contrarios a la legislación vigente que rige el sistema de defensa y atentan contra las funciones que la democracia requiere de las Fuerzas Armadas.
La utilización de los militares como agentes penitenciarios y de sus unidades como cárceles involucra a los militares en tareas o funciones que la legislación nacional asigna expresamente al Servicio Penitenciario Federal y otros agentes de seguridad. Se trata de una clara violación a la Ley de Defensa Nacional y del decreto 727/2006 que la reglamentó, que establecen que los militares son el instrumento encargado de la defensa externa del territorio nacional, y de la Ley de Seguridad Interior, que les prohíbe la participación en la seguridad interior de exclusiva competencia de las fuerzas policiales. En el mismo camino, la resolución 983 del Ministerio de Defensa prohíbe el alojamiento en dependencias militares de cualquier ex integrante imputado en causas por delitos de lesa humanidad.
En ese sentido, la participación de los militares en tareas que no son de su competencia debilita la profesionalización de los militares y atenta contra la subordinación militar a las autoridades civiles y el respeto de éstos hacia las instituciones y principios de la democracia y los derechos humanos.
La reciente reforma del sistema judicial militar en Argentina reivindicó estos principios. Una de las razones que impulsaron la derogación del Código de Justicia Militar fue que este ofendía el principio de judicialidad, ya que el Poder Ejecutivo no puede administrar justicia. Es el Poder Judicial el responsable de juzgar a aquellos imputados en causas por delitos comunes y de brindar el alojamiento correspondiente para que se lleve a cabo la detención. Por ello, la ley 26.394, que derogó el código, otorga competencia a la Justicia Federal sobre los delitos civiles cometidos por militares y acentúa la responsabilidad del Estado de investigar y castigar, en jurisdicciones ordinarias, las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.
Por último, la custodia militar a compañeros de armas puede ser particularmenre grave debido al ordenamiento jerárquico que rige la cadena de mando castrense. La relación de superioridad jerárquica entre detenidos y custodios no garantiza los requisitos básicos de seguridad de un recinto penitenciario ordinario, contiene un mensaje inconducente que fomenta la cultura corporativista dentro de los cuarteles y mantiene en contacto a las nuevas generaciones con militares que sostienen valores autoritarios y que están imputados por violaciones a los derechos humanos. Esto se evidenció claramente con lo ocurrido en los casos de Febres y Correa.
En opinión del CELS, la resolución de la Cámara debería ser una instancia privilegiada para que el Poder Judicial apoye el proceso de democratización de las Fuerzas Armadas. Un proceso que trabajosamente han llevado adelante las instituciones democráticas desde el fin de la última dictadura militar y que, aunque con resistencias y retrocesos, ha logrado sustanciales avances que deberían culminar demostrando que los militares son ante todo ciudadanos iguales ante la ley.
* Director Ejecutivo del CELS.
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No aflojar. Comisión llamó a juntar más firmas
Habrá un plebiscito contra la impunidad
Ya firmó más del 25% del padrón electoral.
Recabaron 255.283 firmas. Intentarán alcanzar las 300 mil.
En entrevista con el informativo de TV LIBRE, un equipo de trabajo formado por activistas de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad anunció que se logró superar el mínimo de firmas requerido para habilitar un plebiscito que permita anular la ley de impunidad. "Superamos el mínimo de firmas requerido por la Constitución para que haya plebiscito contra la ley de impunidad, pero no cederemos hasta tener 300 mil para asegurarnos un margen ante eventuales impugnaciones", dijo Carlos Coitiño, principal referente de la coordinadora nacional.
Los impulsores de la iniciativa para plebiscitar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado llevaban recolectadas hasta ayer un total de 255.283 firmas, dijo Coitiño, quien recibió entre sábado y domingo 8.608 firmas, la mitad desde Montevideo y Canelones.
El fin de semana la coalición de izquierdas y la central sindical realizaron una doble jornada nacional de recolección de firmas en ciudades y localidades de los 19 departamentos del país, cuyos resultados en cantidades totales recién serán contabilizados durante la jornada de hoy. Coitiño aclaró además que todavía falta recibir, por parte de la coordinadora nacional, miles de papeletas ya firmadas que aún están en manos de militantes de las bases de las coordinadoras montevideanas del Frente Amplio y de los sindicalistas de la central de trabajadores PIT­CNT.
Respecto al total de firmas recabadas, Coitiño remarcó la diferencia entre papeletas "recibidas" con sus firmas respectivas y las papeletas que ya fueron "contadas", con aquellas que ya han sido "computadas"; es decir, ya contabilizadas e ingresadas al programa informático apropiado. Los activistas recibieron al canal de televisión del Multimedio Plural en la sede de Fucvam, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua, el local desde donde se han venido organizando las tareas de la coordinadora, en la calle Eduardo Víctor Haedo 2219. La primicia fue difundida a las 19 horas como noticia principal del informativo en horario central y tuvo inmediata repercusión en agencias de noticias y medios mundiales de comunicación. El mundo supo al instante que la impunidad militar sería plebiscitada en un país como Uruguay. La Constitución de la República exige presentar las firmas de un 25% del padrón electoral para que pueda habilitarse, por voluntad popular, un plebiscito junto a las elecciones nacionales. Las firmas se entregan a la Asamblea General, de donde son derivadas luego a la Corte Electoral. La firma contenida en cada papeleta será cotejada con la rúbrica que el respectivo ciudadano haya estampado en su Credencial Cívica.
Fuente:
www.larepublica.com.uy


están en algún sitio / concertadosdesconcertados / sordos,buscándose / buscándonosbloqueados por los signos y las dudascontemplando las verjas de las plazaslos timbres de las puertas / las viejas azoteasordenando sus sueños, sus olvidosquizá convalecientes de su muerte privadanadie les ha explicado con certezasi ya se fueron o si nosi son pancartas o tembloressobrevivientes o responsos ven pasar árboles y pájarose ignoran a qué sombra pertenecen
cuando empezaron a desaparecerhace tres cinco, siete ceremoniasa desaparecer como sin sangrecomo sin rostro, y sin motivovieron por la ventana de su ausencialo que quedaba atrás / ese andamiajede abrazos cielo y humo
cuando empezaron a desaparecercomo el oasis en los espejismosa desaparecer sin últimas palabrastenían en sus manos los trocitosde cosas que querían
están en algún sitio / nube o tumbaestán en algún sitio / estoy seguroallá en el sur del almaes posible que hayan extraviado la brújulay hoy, vaguen preguntando preguntandodónde carajo queda el buen amorporque vienen del odio.
Mario BenedettiAlrededor de trescientos uruguayos fueron detenidos-desaparecidos durante la dictadura que rigió al país entre 1973 y 1985. Hubo además uruguayos detenidos-desaparecidos, dentro de la Operación Cóndor, en Argentina. La mayoría de ellos fueron llevados al centro clandestino de detención Garage Olimpo. Algunos fueron trasladados a Uruguay, donde su destino se desconoce. Organismos de derechos humanos los siguen buscando y luchando contra la impunidad en Uruguay.La represión en Uruguay también alcanzó a 15.000 presos políticos.El 4 de setiembre de 2007, La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad (ley que protege a los represores quienes cometieron delitos de Lesa Humanidad durante la dictadura) comenzó la campaña de recolección de firmas para anular la Ley 15848 mediante una reforma constitucional. Para que el texto de la reforma sea sometido a plebiscito se requieren las firmas del 10% de los ciudadanos habilitados a votar (aproximadamente 250.000 firmas). Una vez obtenidas las firmas se abre el camino para que el proyecto sea votado por la ciudadanía, conjuntamente con las Elecciones Nacionales de octubre de 2009.Firmemos todos, por verdad, justicia y nunca más.Por un país sin asesinos y torturadores sueltos. Por un país decente y con memoria.
?Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad <
http://nulidadleycaducidad.democraciadirecta.org.uy/?q=node> www.desaparecidos.org/uru/ http://www.desaparecidos.org/uru/
Rumbo, A redoblar <
http://www.youtube.com/watchv=W3ghuXOCFTw
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS


BASTA DE …, SUBANSE AL TREN!, siguiendo el tono imperativo de: ¨¡Este encuentro departamental fue un éxito y listo¡¨ frase que se escuchaba repetir hasta el cansancio en actitud laboriosa de autoconvencimiento a representantes del deslegitimado y agonizante Comité Cívico del departamento de Tarija, en referencia a lo que fue el mentado encuentro departamental de oficinistas que se llevo a cabo hace poco.
Entonces repaso lo que se viene percibiendo cada día con mayor fuerza y ahínco en las calles, en centros de reunión y análisis de estudiosos y estudiosas, en las sedes de organizaciones sociales barriales y campesinas (por supuesto no en la plaza) siempre con mas fuerza y en desagradable actitud de decepción ante el surgimiento por fin de la verdad que se devela frustrante por cierto para los muchos que estaban seguros que la alianza civico-prefectural luchaba por los intereses de Tarija, ¨por nuestras reinvindaciones autonómicas¨.
La población Tarijeña poco a poco va despertando, mira el pasado, luego a su alrededor, analiza su entorno, observa y concluye en lo que ya no se puede ocultar: Teníamos un Comité Cívico destruido, sin crédito moral, con miembros disidentes expulsados por negarse a servir a pocos, con miembros en la cárcel que ahora dicen la verdad sobre los hechos de violencia trascurridos y que tiempo atrás le decían ¨indio de mierda¨ al presidente en defensa de sus antes patrones y ahora incriminados por ellos mismos. Un Comité Cívico con integrantes carentes de representatividad y que aprovechándose de esa falsa representatividad, en cumplimiento leal y fiel de los intereses de sus patrones como fieles pongos, fueron capaces de conducirnos por los caminos de la violencia donde siempre, siempre los más vulnerables ponen los muertos y los heridos, porque sus hijos/as, están ocultos bajo la cama.
Pero no aprenden, porque otra vez perdieron y creo, su última oportunidad de crédito organizando sus encuentros departamentales discriminatorios con la asistencia de los de siempre, aquellos que condujeron a Tarija de derrota en derrota, que condujeron a nuestra juventud a cometer delitos para ellos quedarse límpidos y como justificativo, hoy argumentan que no van al dialogo por una supuesta e inventada persecución política judicial, (sin embargo marchan en las calles de Sucre con el poder judicial) se niegan a dar la mano en son de paz, a sentarse en la misma mesa, a comer del mismo plato con las organizaciones sociales barriales y campesinas del departamento de Tarija.
Recapitulando, esta alianza Civico-prefectural, al servicio de sus patrones terratenientes del oriente que, a través de artificios y patrañas embarco a parte del pueblo de Tarija en diferentes empresas destinadas al fracaso, antojadizamente ahora pretende que rechacemos la oportunidad de ser verdaderamente autónomos para manejar nuestros propios recursos, decidir sobre nuestro destino, tomar nuestras propias decisiones, fiscalizar de cerca a nuestros servidores públicos, instaurar nuestro propio proyecto de desarrollo departamental autonómico participativo plural y en beneficio de los y las mas carentes de oportunidades, pretenden negarnos esta posibilidad? Si es nuestro único y verdadero triunfo, claro alcanzado sin ellos, tal vez eso les molesta, pero ya, ¡basta de fechorías¡ súbanse al tren, olvidemos el pasado y caminemos juntos, la historia se los exige.
Por Mirtza Medina Hoyos, Resp. Fundación ¨Gustavo Medina Ortiz¨ Observatorio de D.D.H.H
ASOFAMD-TARIJA -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
El Fiscalito
El abogado Carlos Jesús Rodríguez Mansilla es un conspicuo exponente de la derecha nacionalista santafesina. Su actuación pública en nuestra zona comenzó en 1987 con la revista Nueva Argentina. Desde entonces reivindica el terrorismo de estado, propone la mano dura como solución para la inseguridad y estigmatiza a la izquierda peronista, en una batalla, que ya lleva más de treinta años. Su matriz ideológica su moldeo a sangre y fuego en la última dictadura militar. Fue fiscal de la justicia procesista en la provincia de San Luis. En su foja de servicios aparecen secuestros, torturas y atentados dinamiteros. Su historia se hizo pública en el juicio que condenó a los represores puntanos.
Por Pablo Bosch - Publicado en revista Entre Líneas - Marzo de 2009
El 13 de marzo pasado, el Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a tres policías y dos militares a la pena de prisión perpetua e inhabilitación de por vida con cumplimiento efectivo en cárcel común, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La lectura de las sentencias fue seguida por medio millar de personas que esperaban con expectante ansiedad la culminación del primer juicio contra el terrorismo de estado efectuado en la provincia de los hermanos Rodríguez Saa.
Los cinco represores condenados fueron acusados por el asesinato de Graciela Fiochetti, las desapariciones y asesinatos de Pedro Valentín Ledesma y Sandro Santana Alcaráz y los tormentos sufridos por Víctor Carlos Fernández.
El fallo emitido por los jueces Raúl Rodríguez, Roberto Burad y Roberto Nacif, mandó al penal de Marcos Paz a los militares Carlos Esteban Pla y Miguel Ángel Fernández Gez, mientras que a los policías Luis Orozco, Juan Carlos Pérez y Víctor David Becerra quedaron a cargo del servicio penitenciario de San Luis.
Durante la audiencia final, los periodistas locales destacaron la ausencia de funcionarios y legisladores del oficialismo puntano; mientras que, la diputada nacional Victoria Donda (presente en la lectura del veredicto) criticó al gobierno de Alberto Rodríguez Saá por no haber facilitado los medios para que estos delitos se pudieran esclarecer.
Esta reticencia se comprende y tiene que ver con el miedo a perder la libertad. A lo largo del juicio, con el aporte de los testigos, el relato de los sobrevivientes y las declaraciones de los acusados se logró reconstruir buena parte del entramado de complicidades donde se apoyó el aparato clandestino de represión que operó en la provincia de San Luis.
De acuerdo al pedido formulado por los abogados querellantes y la fiscalía, al menos 47 personas - entre militares, policías, funcionarios judiciales y religiosos - deberán ser citadas por el Tribunal Oral Federal por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad, según las pruebas reunidas hasta el momento en la investigación.
En esta situación se encuentran los militares que integraron la plana mayor del GADA 141 y el Comando de Artillería 141 de San Luis en el año 1976. Lo mismo sucede con el actual camarista mendocino Carlos Martín Pereyra González, que en aquella época se desempeñaba como Secretario del Juzgado Federal puntano.
También será investigado el ex juez Federal de San Luis Eduardo Allende y se abrirá una nueva causa para el ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, responsable del Área de Seguridad 333 con asiento en San Luis. Completando el abanico de complicidades, el tribunal también ordenó la apertura de una investigación sobre el ex obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, a quien uno de los imputados, Miguel Ángel Fernández Gez, acusó de haberle pedido que hiciera "desaparecer" a un sacerdote que estaba enfrentado con el jerarca de la Iglesia Católica.
Pero el dato novedoso del juicio al terrorismo de estado en San Luis fue haber puesto al descubierto el funcionamiento de una estructura judicial cómplice que se plegó a la política de exterminio ejecutada por el aparato militar.
Hubo funcionarios judiciales que miraron para otro lado cuando tuvieron en sus manos un expediente con el hallazgo de dos cuerpos masacrados, hubo otros que rechazaron los pedidos de "habeas corpus" presentados por las familias de los secuestrados, y también existieron los que se sumaron por convicción al trabajo sucio del terrorismo de estado.
En esta última categoría, un nombre conocido para los santafesinos, repicó a lo largo de las audiencias de San Luis. Carlos Jesús Rodríguez Mansilla, alias "el fiscalito".Reaparece "el fiscalito"
El abogado Carlos Jesús Rodríguez Mansilla viene ocupando espacios en los medios de comunicación de nuestra ciudad desde el año 1987 cuando fundó la revista "Nueva Argentina" y se planteó el objetivo de alcanzar un país restaurado "en el orden y el trabajo, en el respeto a las instituciones fundacionales, en la dignidad nacional, y en una sociedad justa", según escribió en una editorial de 2005 cuando alcanzó las 200 ediciones con su pasquín.
A lo largo de estos años Rodríguez Mansilla desplegó un intenso activismo político difundiendo opiniones sobe los tópicos predilectos de la derecha vernácula. Sus columnas en el periódico "Sin Mordaza" y las apariciones televisivas junto a Carlos Delicia le permitieron explayarse sobre la necesidad mano dura para enfrentar la inseguridad, defender la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y realizar una crítica feroz a los "izquierdistas" que llegaron al gobierno de la mano de Nestor Kirchner, entre otras cuestiones.
Pero lo que no se sabía en Santa Fe es que el hombre bajito, de pelo entrecano y bigote militar, que hablaba y escribía como un fascista, también había actuado como un fascista en la etapa más nefasta de la historia moderna argentina. durante la última dictadura militar.
El primer indicio sobre la actuación de Carlos Jesús Rodríguez Mansilla en la dictadura militar lo dio el periodista puntano Gustavo Senn, el 27 de enero de este año, cuando publicó un informe titulado: "El fiscalito Rodríguez se habría reciclado en la democracia".
La investigación de Periodistas en la Red se inicia luego que algunas personas de San Luis reconocieran la foto de este personaje en el portal de Internet Sin Mordaza. Si bien el paso del tiempo lo ha cambiado, y no todos lo reconocen indubitablemente, el periodista puntano sostiene que "la coincidencia ideológica es más que fuerte para poder presumir que se trata de la misma persona. Los términos que utiliza son casi idénticos de los que las fuerzas armadas utilizaban en la denominada "lucha contra la subversión" durante la dictadura".
Las dudas comenzaron a disiparse cuando el nombre del columnista de Carlos Delicia aparece en las listas de candidatos en las últimas elecciones nacionales. "Una intensa búsqueda en Internet permitió inferir que "el Fiscalito" no sería otro que Carlos Jesús Rodríguez Mansilla, que concurrió al colegio Corazón de María, en Alta Córdoba; el mismo que en las elecciones del 28 de octubre de 2007 fue candidato a diputado nacional por la alianza que realizó Alberto Rodríguez Saá con la Unión de Centro Democrático en Santa Fe", escribió Gustavo Senn.
"Personas que vivieron en la época en que Rodríguez era fiscal provincial, reconocieron la fotografía que está en el portal de la promoción del colegio cordobés y también en un sitio informativo llamado "Sin Mordazas", donde tiene una columna política", agregó el colega.
Pero la historia de Rodríguez Mansilla volvió a tomar notoriedad a partir de las declaraciones del testigo Arturo Negri en el juicio donde se investigó el asesinato de Graciela Fiochetti y las desapariciones de Sandro Santana Alcaraz y Pedro Valentín Ledesma.
En la audiencia del 23 de diciembre de 2008, este ex diputado nacional por el radicalismo, denunció que durante la dictadura fue detenido en San Luis por fuerzas militares y policiales que lo trasladaron a un centro clandestino ubicado en Velez Sársfield 50 de la capital cordobesa, donde fue salvajemente torturado.
Según relató en esa oportunidad, su detención se había producido a raíz de un enfrentamiento con el entonces Fiscal Carlos Jesús Rodríguez, nombrado en 1976 por el gobierno militar de San Luis, de quien dijo desconocer su paradero actual.
"Lo que pasó - dijo Negri - es que me compró un auto y después quería que no se lo cobrara", bajo la amenaza de vincularlo con la guerrilla.
En otra de las audiencias, el abogado del dirigente radical que logró rescatarlo de su detención clandestina, ratificó lo contado por Negri y agregó que Rodríguez "lo quiso apretar amenazándolo que lo iba a denunciar por Montonero y (Negri) lo corrió de una patada (...)". Después pasó lo que pasó, aseveró Carlos Acevedo, un hombre muy influyente en la sociedad puntana que además se desempeñó asesor de la policía y del servicio penitenciario durante la dictadura militar.
En su declaración ante el Tribunal Oral Federal de San Luis, este abogado aseguró que Rodríguez Mansilla integró "una banda" junto a tres agentes de inteligencia (Roberto Arce, Luis Saíz y Jorge Hugo Velázquez) que disputaba con otros grupos el control de la represión en San Luis.
Según explica el periodista Gustavo Heredia, el abogado Carlos Acevedo, es en la actualidad uno de los profesionales más temidos en el foro puntano debido a que sus colegas lo acusan de un escaso apego a las normas éticas de la profesión.
Desde ese lugar - y con la carga de su pasado de asesor legal de la policía de la dictadura - su testimonio fue muy valioso durante el juicio, porque permitió conocer los intereses cruzados y la internas que atravesaron al gobierno militar de San Luis, y que tuvieron como uno de sus protagonistas al abogado Carlos Jesús Rodríguez Mansilla.
"Yo trabajé como asesor del Ministerio de Gobierno hasta que un día el doctor Galante renunció al patrocinio de mi amigo Arturo Negri, en una denuncia ante el jurado de Enjuiciamiento contra el Fiscal Rodríguez, y me pidió que la firmara y la presentara yo".
Galante renunció a representar al dirigente radical luego que una bomba destruyó su casa y su auto. Cuando le preguntaron quienes fueron los autores del atentado, Acevedo respondió: "Un grupo de fanáticos que robaban y mataban en nombre de Dios". Luego se sabrá que ese grupo era el integrado por los seguidores del entonces fiscal provincial Carlos Jesús Rodríguez Mansilla.
"Yo hablo así de Rodríguez porque una vez, en un allanamiento a su casa encontré libros de Hitler, de Mussolini y un reclinatorio de oración. El fiscal Rodríguez aseguraba que él administraba la justicia Divina en la tierra y era protegido del brigadier Capellini, un brigadier que también era un fanático religioso y que se les levantó antes de tiempo contra el gobierno de Isabel Perón y por eso lo retaron. Luego de denunciar a Rodríguez a mí me exoneraron del gobierno y a mi hermano de la Universidad", aseguró Acevedo.
Luego relató que por una maniobra del fiscal Rodríguez "a mi amigo Arturo Negri lo detiene por izquierda la policía de Córdoba y se lo llevan y lo meten en un pozo y lo apalean durante cinco días, yo fui con su familia y nos entrevistamos con un teniente coronel retirado que nos guió por el camino correcto para sacarlo. A Negri lo salva que era subcomisario retirado de la provincia de Córdoba y eso sirvió para demostrar que no andaba en nada zurdo", dijo el abogado.
En otro momento del testimonio, el abogado querellante Enrique Ponce le preguntó a Carlos Acevedo: "¿Supo que el fiscal Rodríguez haya mandado a matar a Pla?", por entonces militar a cargo de la subjefatura de la Policia de San Luis.
"A Plá no sé, pero a mí y a Negri sí", dijo el testigo, que además aseguró que a su cabeza le había puesto precio y que "estábamos más preocupados por los fanáticos religiosos que por los subversivos. Yo me gasté una fortuna en solicitadas para mantenerme indemne, para que no efectivizaran los 50 mil pesos que habían ofrecido para matarme".
Según Acevedo, el "Fiscalito" - como se lo conocía en San Luis a Rodríguez Mansilla por su escasa contextura - era protegido de la Aeronáutica que en el reparto del poder se había quedado con la gobernación puntana. "Luego de la denuncia (contra Rodriguez) fui exonerado y no se me permitió el ingreso a la casa de Gobierno por cinco años", lamentó el abogado.
Otro testigo que aportó datos sobre el desempeño del "Fiscalito" fue el ex juez federal de San Luis, Alfredo Manuel Rodriguez. En la audiencia del 21 de enero pasado relató: "Nuestra amistad con el fiscal se cortó porque, si mal no recuerdo, el pretendía que yo detuviera al empresario Negri. Nunca me voy a olvidar la frase que me dijo entonces el fiscal, me dijo: O se está conmigo o se está en mi contra. Incluso recuerdo que un tiempo después me llamó Fernández Gez (militar a cargo del Area de Seguridad 333 con asiento en San Luis) para decirme que le había llegado una directiva desde el Tercer Cuerpo de Ejército, de que me tenía que investigar porque el fiscal Rodríguez me había denunciado como presunto izquierdista".
En su declaración del ex juez federal sostuvo: "Al fiscal Rodríguez varias veces lo vi preocupado. Él era muy especial, una persona muy extraña y como que quería siempre dar la impresión de andaba en algo pesado. Siempre hacía alarde de sus vinculaciones en las altas esferas militares. Rodríguez era de extrema derecha y antisemita a muerte. Me acuerdo claramente que leía unas publicaciones terribles, que las traía de Córdoba", aseguró Rodríguez.
También habló sobre el pasado del columnista de Sin Mordaza, el ex subjefe de la policía de San Luis durante la dictadura militar, Carlos Esteban Pla, condenado al final del juicio a cadena perpetua por privación ilegítima de la libertad agravada; tormentos agravados; homicidio doblemente agravado por alevosía y premeditación por tres hechos en concurso real, todo calificado como delitos de lesa humanidad.
Este militar pidió ampliar su declaración indagatoria cuando surgieron en los otros testimonio referencias al accionar del fiscal Carlos Jesús Rodríguez. "Ese fiscalito apareció acá a fines de 1976 y de entrada no me cayó bien. Pedantón, soberbio, viene y me pide una entrevista y me dice que es hombre de Capellini. Cuando me habla del brigadier Capellini de inmediato lo ubico como nacionalista y de ultraderecha. Lo que me dice es que hay que meter presos a todos los judíos y sacarles plata y me empieza a nombrar a Chada, Rachid, Hissa que no eran judíos sino turcos. Casi lo saco por la ventana. Ese fue el origen de que el fiscalito haya estado en la mira de las autoridades judiciales, militares y policiales. Veinte años después de todo el desastre que hizo acá, el brigadier Godoy me dice que el fiscalito seguía siendo auditor de la Fuerza Aérea", apuntó Pla en su segunda declaración ante el Tribunal Oral Federal de San Luis.La Carta a Massera
En 1976 cuando los militares instauraron el denominado Proceso de Reorganización Nacional, el abogado Carlos Jesús Rodríguez Mansilla fue designado fiscal en la provincia de San Luis; y desde ese cargo, el hombre que más adelante postularía la necesidad de "restaurar una nueva Argentina", reactivó algunas investigaciones judiciales de interés para el poder militar puntano.
En ese contexto el Fiscal Rodríguez presenta en el Juzgado del Crimen Nº2 de San Luis, a cargo de Héctor Tizeira del Campillo, un pedido de intervención de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para que analice la actividad de las empresas Dovecar, Negri Automotores y Ombú Automotores, ya que a su entender estarían involucradas en delitos contra el patrimonio del Estado (fraude a la administración pública, cohecho, etc.) y vinculadas con la organización Montoneros.
Fue así que el ex diputado nacional por la UCR, Arturo Jesús Negri, fue detenido en su concesionaria por una comisión policial-militar, trasladado a Villa Dololores y posteriormente a un centro de detención clandestino ubicado en la ciudad de Córdoba, donde fue "salvajemente torturado", siendo testigo en ese lugar de la muerte de un detenido. "Un muchacho de unos 30 años, a quien colgaron de las muñecas y lo golpearon en el estómago hasta que falleció", según consta en la declaración testimonial brindada por este dirigente.
Tal como explicó en las audiencias el abogado Carlos Acevedo, la detención y tortura de Negri se volvieron en contra del fiscal Rodríguez, a tal punto que termino enfrentando un jury de enjuiciamiento por su actuación en este caso.
Frente a estas circunstancias un grupo de veinte "vecinos notables" de San Luis, entre los que se encontraba Alberto Rodríguez Saá, enviaron una carta al entonces almirante Emilio Eduardo Masera, acusando a Negri, y a dos ex funcionarios del gobierno Justicialista depuesto de tener relaciones con movimientos "subversivos", por lo cual, pedían para ellos "un castigo ejemplar".
"El sentido de este petitorio es requerir la exhaustiva investigación y en su caso el castigo ejemplar, de eventuales negociaciones realizadas en perjuicio del Estado y vinculadas a organizaciones subversivas. Asimismo, solicitar garantías para los ciudadanos que patrióticamente investigan estas actividades inmorales y procuran su juzgamiento por las autoridades competentes", decía parte de la misiva enviada al jefe de la Armada.
En otro tramo de la carta, estos vecinos notables solicitan "que se lleven a cabo hasta las últimas consecuencias las investigaciones iniciadas por el Dr. Carlos Jesús Rodríguez" y que "la situación a que se ha llevado" al agente fiscal "sea resuelta en forma rápida y justa".
Una copia de este documento fue entregada por Negri al Tribunal Oral Federal para que sea incorporada al conjunto de pruebas reunidas durante el juicio que condenó a cinco represores que actuaron en San Luis durante la dictadura militar."No conozco nada"
A partir de las noticias publicadas en San Luis comenzamos a preguntarnos si el funcionario judicial señalado en el juicio como "el Fiscalito" era la misma persona que conocemos en Santa Fe como columnista de Sin Mordaza y candidato a diputado nacional por la Unión de Centro Democrático, en alianza con Adolfo Rodríguez Saa.
Para verificarlo obtuvimos el número de documento consignado en la investigación de los bombazos perpetrados en Mendoza y lo cruzamos con los datos que figuran en el padrón electoral de nuestra provincia. El resultado no permite dudas, se trata de la misma persona.
Con estos datos corroborados nos propusimos dialogar con Rodríguez Mansilla. Primero llamamos al teléfono de su domicilio particular. No lo encontramos. Luego nos comunicamos a su teléfono celular, con el siguiente resultado:
EL: Buen día, mi nombre es Pablo Bosch de la revista Entre Líneas, tiene unos minutos para una consulta.
CJRM: Si
EL: ¿Esta al tanto del juicio a cinco represores de la dictadura que se realizó en San Luis?
CJRM: No conozco nada.
EL: Le pregunto porque en las audiencias surgieron acusaciones contra un fiscal que tiene su mismo nombre.
CJRM: No conozco nada.
EL: Pero usted al menos me puede confirmar o descartar si se desempeño como fiscal en San Luis durante el proceso militar.
CJRM: No conozco nada.
EL: Insisto porque estoy escribiendo una nota...
CJRM: ¿Usted habla castellano? Entienda, no conozco nada.
EL: ...CJRM: Pablo, le agradezco la llamada. Mucho gusto.Un lugar en el mundo
El conjunto de testimonios escuchados en las audiencias del Tribunal Oral Federal de San Luis permiten concluir que la actuación en esa provincia de Carlos Jesús Rodríguez Mansilla no terminó de la mejor manera. Según explicó a Entre Líneas el abogado querellante Enrique Ponce, las acciones del "fiscalito" y su grupo de cruzados se salieron de control cuando emprendieron una campaña de atentados dinamiteros.
En la capital puntana, el bombazo a la casa y el auto de un juez encendieron las primeras señales de alarma. Luego vinieron otros dos atentados en Mendoza contra los domicilios de un médico y un abogado. Por estos hechos se abrió una investigación judicial que terminó con la condena de los tres compañeros de ruta de Rodríguez Mansilla y una falta de mérito a su favor, que en algo compensó el breve tiempo que pasó en prisión.
Rodriguez Mansilla llegó a tierras puntanas proveniente de Córdoba. Hasta ese momento se había desempeñado como empleado del Ministerio de Trabajo de la Nación. En junio de 1976 es designado Fiscal en el poder judicial de San Luis. Al poco tiempo comenzó a dar clases en el Instituto Santo Tomás de Aquino, una de las instituciones educativas más conservadoras de la ciudad.
Luego del traspié sufrido en Mendoza su huella desaparece de la región. Pero al poco tiempo reaparece en Santa Fe. Su nuevo lugar en el mundo.
Según pudo establecer Entre Líneas, este emblemático militante de la palabra y la acción, en la actualidad se desempeña como empleado de planta permanente, categoría 21, de la Cámara de Diputados de Santa Fe. En ese destino se encuentra desde el año 1992, cumpliendo funciones que resultan difícil de precisar, teniendo en cuenta que no fue posible ubicarlo en un lugar de trabajo determinado.
Rastreando un poco más atrás, encontramos que el "Fiscalito" también encontró lugar en la Cámara de Senadores de Santa Fe, entre agosto de 1984 y diciembre de 1987, para luego pasar al ex Banco Provincial de Santa Fe, donde tuvo trabajo entre febrero de 1988 y julio de 1990.
En paralelo Carlos Jesús Rodríguez Mansilla se fue abriendo caminos en los medios de comunicación. En 1987 fundó la revista Nueva Argentina, que según la opinión experta del director del periódico Sin Mordaza "se ha convertido en un ícono de la prensa política santafesina", a tal punto, que durante la gestión de Jorge Obeid esta publicación de "derechas" recibió $2.000 por mes en concepto de publicidad oficial.
Retribuyendo los halagos, "el Fiscalito" es habitual columnista del envió televisivo de Carlos Delicia, compartiendo pantalla con el periodista Carlos Cenoz, identificado recientemente por los organismos de derechos humanos de Reconquista como Personal Civil de Inteligencia durante la pasada dictadura militar.
A 26 años del último golpe militar en la Argentina, historias como las de Rodríguez Mansilla sirven para comprender el origen de algunas voces, supuestamente carentes de pasado, que se erigen en fiscales de la Patria para recomendar las viejas recetas autoritarias para los problemas de nuestra sociedad. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

lunes, 30 de marzo de 2009

H.I.J.O.S.30 de marzo de 2009
JUICIO A REPRESORES EN CAPITAL FEDERAL: NUEVA ETAPA DEL JUICIO “OLIVERA-RÓVERE”

Los represores, que hace 30 años se juntaban para torturar y desaparecer, volverán a verse, ahora ante la Justicia para responder por sus crímenes.
El próximo martes 31 de marzo se incorporarán en el Juicio cuatro imputados más por delitos de lesa humanidad. Se trata de Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Lobaiza, Bernardo José Menéndez y Teófilo Saa. Así, se unificarán dos tramos de la causa que investiga los crímenes cometidos bajo la órbita del Cuerpo I del Ejército, que se relacionan por tener casos comunes y por la que ya está siendo juzgado el represor Jorge Olivera Róvere.
Juicio Olivera-Róvere: Primer Cuerpo del Ejército y Jefes de Área:
El 10 de febrero de 2009 el Tribunal Oral y Federal Nº 5 comenzó a juzgar al represor Jorge Olivera Róvere por más de 100 delitos de lesa humanidad, entre ellos secuestros, desapariciones y asesinatos. Olivera Róvere era el responsable de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio de la subzona de Capital Federal. Él era uno de los que decidía sobre la vida y la muerte de los 30.000 detenidos-desaparecidos. Hoy goza el derecho de un Juicio justo, algo que les privó a los 30.000.
Todos los imputados del Juicio han sido excarcelados, por lo cual llegaron a Juicio en libertad. Bernardo Menéndez, por su parte, ejerce su propia defensa. Estos asesinos del pueblo siguen viviendo entre nosotros, mientras son juzgados por haber secuestrado, torturado y desaparecido a miles de compañeros y compañeras.
El primero en ocupar el banquillo en este Juicio fue el represor y ex general Jorge Olivera Róvere, juzgado por 120 privaciones ilegítimas de la libertad y 4 homicidios, en tanto jefe de la Sub-zona Capital Federal, una de las siete sub-zonas en las que se encontraba dividida la jurisdicción operacional del Cuerpo I del Ejército.
El debate del segundo tramo del Juicio concentra 154 privaciones ilegítimas de la libertad - 32 de ellas compartidas por Olivera Róvere - por las cuales se responsabiliza a cinco miembros del Ejécito, ex jefes de diferentes áreas en las que se encontraba dividida dicha Sub-zona Capital Federal. Se trata de Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Lobaiza, Bernardo José Menéndez, Teófilo Saa y Rodolfo Enrique Wehner (no será juzgado en este Juicio).
Las caras de los genocidas:
Este Juicio es de carácter Oral y Público, pero la interpretación que hizo hasta el momento el Tribunal Oral y Federal Nº 5 –TOF 5-, integrado por los Jueces Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, está lejos de lo que debería ser una interpretación a la altura de los hechos juzgados. El Tribunal no permite el acceso de reporteros gráficos y audiovisuales, a pesar de la Acordada de la Corte Suprema de Justicia al respecto.
Gracias a la lucha, hemos logrado que al comienzo del Juicio fuera fotografiado el represor Jorge Olivera Róvere y todos conozcamos la cara de ese asesino. Porque a los genocidas los juzga un Tribunal, pero los condenamos todos. Porque todos somos víctimas de sus delitos, porque siguen viviendo entre nosotros, porque todos tenemos que conocer las caras de los asesinos de los 30.000. Por eso seguimos luchando para que el TOF 5 permita la cobertura de los Juicios como corresponde y no como esos jueces quieren, escondiendo a los genocidas.
Todos estos imputados volverán a sus casas. Caminarán entre nosotros, en el kiosco, la panadería, el cine. En cualquier lugar de sus barrios pueden estar, porque están sueltos. ¿No tenemos derecho a conocer sus caras y repudiarlos?, ¿no tenemos derecho a saber quiénes son y no querer compartir lugares con ellos, que deberían estar en cárceles comunes, con condenas perpetuas y efectivas?. Esperamos que los jueces lo entiendan de una vez por todas, porque es un reclamo de toda la sociedad que sigue fortaleciendo esta democracia.
Acerca de los imputados:
Felipe Jorge Alespeiti: Coronel (r), jefe del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, y como tal, jefe del Área II de la Sub-zona Capital Federal entre el 16 de octubre de 1975 y el 22 de septiembre de 1976.Humberto José Lobaiza: Coronel (r), fue asimismo jefe del Regimiento “Patricios” y jefe del Área II de la Sub-zona Capital Federal, entre el 6 de diciembre de 1975 y el 30 de noviembre de 1977.Teófilo Saa: General de brigada (r), ocupó los mismos cargos que Alespeiti y Lobaiza, pero entre el 5 de diciembre de 1977 y el 18 de diciembre de 1979.Bernardo José Menéndez: Coronel (r), jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 y, como tal, jefe del Área V de la Sub-zona Capital Federal entre el 26 de noviembre de 1976 y el 26 de enero de 1979.Rodolfo Enrique Wehner: suspendido - no será juzgado en este juicio. General de División (r), jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” y, como tal, jefe del Área III de la Sub-zona Capital Federal, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 15 de noviembre de 1977.

Invitamos a presenciar los Juicios a los genocidas. Pueden hacerlo presentándose con su DNI en el 6º piso de los Tribunales de Comodoro Py 2002, a las 9:00 (las audiencias comienzan a las 10:00 horas).

A LOS GENOCIDAS LOS JUZGA UN TRIBUNAL, PERO LOS CONDENAMOS TODOS


CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA LOS GENOCIDAS, CÓMPLICES E IDEÓLOGOS
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ

H.I.J.O.S. Regional CapitalHijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silenciowww.hijos-capital.org.arwww.fotolog.com/hijos_capitalhijos@hijos-capital.org.ar15-3-571-0767






A 33 años del genocidio
Baronetto: “Los militares llegaron al genocidio con complicidad de la Justicia”
Sábado 28 de marzo de 2009, por
Corresponsalía Río Cuarto *

El miércoles pasado estuvo en Río Cuarto Luis "Vitín" Baronetto, secretario Adjunto de la CTA Córdoba y Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. Participó en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de un video-debate sobre los fusilamientos de los detenidos en la UP 1 de la capital provincial convocado por la Organización Territorial Malón (OTM-CTA).
En el encuentro llevado a cabo al anochecer del miércoles 25 de marzo en el Concejo Deliberante, con la participación de más de medio centenar de personas, Luis Miguel Baronetto fue presentado por el secretario General de la CTA Río Cuarto, Carlos Valduvino. Con anterioridad, Baronetto intervino en una jornada similar, esta vez con los estudiantes del Colegio Industrial, invitado por la Juventud de la CTA de esa ciudad del sur cordobés.
Luis Baronetto sufrió la pérdida de su esposa Marta en los fusilamientos de la UP 1. Hoy pide por la sustitución de un miembro del tribunal que lleva la causa por haber tenido participación en el golpe.
“Mar­ta era una maes­tra de Vi­lla El Li­ber­ta­dor, un ba­rrio muy po­bre. Ella mis­ma era de un ho­gar bas­tan­te hu­mil­de. Era ca­te­quis­ta en la pa­rro­quia y yo es­ta­ba es­tu­dian­do pa­ra cu­ra en ese mo­men­to. Nos en­con­tra­mos y de­jé el se­mi­na­rio. Ella si­guió dan­do cla­ses en la es­cue­li­ta San Jo­sé Obre­ro, que le de­cían ‘del tran­vía’”, cuen­ta "Vitín" Ba­ro­net­to, quien su­frió la pér­di­da de su es­po­sa en la úl­ti­ma dic­ta­du­ra mi­li­tar.
Con­ti­núa: “Nos ca­sa­mos en el ba­rrio, yo es­ta­ba en el cen­tro ve­ci­nal, mi­lita­ba en la Ju­ven­tud Pe­ro­nis­ta y des­pués en el Par­ti­do Pe­ro­nis­ta Au­tén­tico, que es­ta­ba li­ga­do a Mon­to­ne­ros. Nos de­tu­vie­ron en mi ca­sa en agos­to del ‘75, te­nía­mos una hi­ja de 8 me­ses en ese mo­men­to y des­pués tu­vi­mos otro hi­jo que na­ció en la cár­cel el 16 de ju­lio del ‘76. A ella la ma­ta­ron el 11 de oc­tu­bre de ese año”.
Hoy Ba­ro­net­to es se­cre­ta­rio de De­re­chos Hu­ma­nos en la Mu­ni­ci­pa­li­dad de Cór­do­ba y secretario Adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina de la provincia de Córdoba y, con los fa­mi­lia­res de quie­nes fue­ron fu­si­la­dos jun­to a su mu­jer, es­tá lle­van­do a ca­bo un pe­di­do par­ti­cu­lar en la cau­sa que in­ves­ti­ga el ca­so: que sea sus­ti­tui­do uno de los miem­bros del tri­bu­nal.
¿Cuál es el pe­di­do de es­te gru­po de fa­mi­lia­res?
La cau­sa, que ca­sual­men­te to­da­vía no ha si­do ele­va­da a jui­cio y que la Jus­ti­cia fe­de­ral ha ve­ni­do mar­gi­nan­do, es la que ya han nom­bra­do: “La cau­sa mal­di­ta de Cór­do­ba”. Tie­ne que ver con el fu­si­la­mien­to de 29 pre­sos po­lí­ti­cos que es­ta­ban le­gal­men­te de­te­ni­dos en la cár­cel y cu­yo tras­la­do fue au­to­ri­za­do por jue­ces y fun­cio­na­rios ju­di­cia­les de ese mo­men­to. Qui­zás és­ta sea la par­ti­cu­la­ri­dad más fuer­te que tie­ne la cau­sa de la UP 1, por­que no se tra­ta de de­sa­pa­re­ci­dos, si­no de pre­sos le­gal­men­te de­te­ni­dos.
Los he­chos
El 11 de oc­tu­bre de 1976, el ge­ne­ral Juan Bautista Sa­siaiñ fir­mó una au­to­ri­za­ción por la que per­mi­tía re­ti­rar de la UP 1 a los de­te­ni­dos Flo­ren­cio Díaz, Pa­blo Ba­lus­tra, Jor­ge Gar­cía, Mi­guel A. Ce­ba­llos, Os­car H. Hu­bert y Mar­ta Gon­zá­lez de Ba­ro­net­to. To­dos ellos fue­ron fu­si­la­dos cer­ca de la uni­dad pe­ni­ten­cia­ria.
Se­gún los do­cu­men­tos del Nun­ca Más, Luis Mi­guel de­cla­ró en 1983: “El 11 de oc­tu­bre de 1976, apro­xi­ma­da­men­te a las 16 hs, es­tan­do Mar­ta de­te­ni­da y alo­ja­da en la cár­cel del ba­rrio San Mar­tín, Cór­do­ba, fue re­ti­ra­da por per­so­nal mi­li­tar sin mo­ti­vo ni ex­pli­ca­ción al­gu­na [...] Es­ca­sa­men­te una ho­ra des­pués fue­ron fu­si­la­dos a po­cas cua­dras de la cár­cel. Mar­ta pre­sen­ta­ba va­rios im­pac­tos de ba­la en el ros­tro y su cuer­po de­no­ta­ba ha­ber caí­do a tie­rra.
Un co­mu­ni­ca­do mi­li­tar fir­ma­do por el en­ton­ces co­ro­nel Vi­cen­te Me­li, del Ter­cer Cuer­po de Ejér­ci­to, in­for­mó que el ve­hí­cu­lo en que eran tras­la­da­dos fue in­ter­cep­ta­do por ve­hí­cu­los ci­vi­les en­ta­blán­do­se un in­ten­so ti­ro­teo, a raíz del cual mu­rie­ron to­dos los de­te­ni­dos po­lí­ti­cos”.
Baronetto co­men­tó que en el mar­co de es­ta cau­sa tam­bién se ha vin­cu­la­do a Jor­ge Ra­fael Vi­de­la “por­que se­gún la Cons­ti­tu­ción, que no ha­bía si­do de­ro­ga­da en el ‘76 si­no su­pe­di­ta­da a los es­ta­tu­tos del pro­ce­so, nin­gún pre­so pue­de ser re­ti­ra­do de la cár­cel sin la au­to­ri­za­ción de la au­to­ri­dad ba­jo cu­ya res­pon­sa­bi­li­dad es­tá el de­te­ni­do”.
¿A qué juez es­tá des­ti­na­da la de­nun­cia de los fa­mi­lia­res?
He­mos de­nun­cia­do an­te el Con­se­jo de la Ma­gis­tra­tu­ra al ac­tual juez Car­los Ote­ro Ál­va­rez, in­te­gran­te del Tri­bu­nal Oral 1, que es­tu­vo en el jui­cio a Me­nén­dez el año pa­sa­do y que vol­ve­rá a es­tar­lo en los jui­cios en la pri­me­ra eta­pa del año. En aque­lla épo­ca fue se­cre­ta­rio pe­nal del Juz­ga­do Fe­de­ral nú­me­ro 1, y sus­cri­bió las au­to­ri­za­cio­nes pa­ra que fue­sen re­ti­ra­dos es­tos pre­sos fu­si­la­dos.
Ba­ro­net­to con­ti­núa in­for­man­do: “Su­pon­ga­mos que des­pués del pri­mer re­ti­ro que él au­to­ri­zó ha­ya si­do sor­pren­di­do en su bue­na fe y quie­nes au­to­ri­zó ha­yan si­do ma­ta­dos, pe­ro fue­ron en to­tal 10 he­chos. Hu­bo 9 he­chos más igua­les, don­de los pre­sos eran re­ti­ra­dos de la cár­cel con au­to­ri­za­ción del juz­ga­do in­ter­vi­nien­te y lue­go eran muer­tos en su­pues­tos en­fren­ta­mien­tos o in­ten­tos de fu­ga”.
¿Qué rol cum­plió la Jus­ti­cia en la úl­ti­ma dic­ta­du­ra?
Los mi­li­ta­res no po­drían ha­ber lle­va­do el ge­no­ci­dio en la mag­ni­tud que lle­gó en el país, sin com­pli­ci­dad de vas­tos sec­to­res so­cia­les. Aquí hu­bo sec­to­res em­pre­sa­ria­les, fá­bri­cas que fa­ci­li­ta­ron ins­ta­la­cio­nes pa­ra el se­cues­tro y la tor­tu­ra de sus co­mi­sio­nes in­ter­nas; se se­ña­la tam­bién la com­pli­ci­dad de cier­tos obis­pos que mi­ra­ron pa­ra otro la­do. La Jus­ti­cia, una he­rra­mien­ta fun­da­men­tal den­tro de las ins­ti­tu­cio­nes de­mo­crá­ti­cas fue, sin du­das, una par­te im­por­tan­te en es­te pro­ce­so. Sin em­bar­go, aún no te­ne­mos a nin­gún juez pro­ce­sa­do.
¿Qué res­pues­ta tu­vie­ron des­de los or­ga­nis­mos de De­re­chos Hu­ma­nos en es­ta lu­cha?
El tra­ba­jo se es­tá ha­cien­do con los fa­mi­lia­res de los fu­si­la­dos. Al­gu­nos or­ga­nis­mos que han pues­to el acen­to en el tra­ba­jo por la bús­que­da de fa­mi­lia­res de­sa­pa­re­ci­dos, no han vi­vi­do la ex­pe­rien­cia del ac­cio­nar de la Jus­ti­cia, por­que no es­ta­ban de­te­ni­dos le­gal­men­te.
Fuente: Luis Schlossberg, Diario Puntal de Río Cuarto-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS


SOCIEDAD › MEMORIA. EL MUSEO REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO Y LA HISTORIA DE ALBERTO LOSADA, UN NN QUE RECUPERO SU IDENTIDAD.
Testimonio de la herida permanente

El de Alberto Isidoro Losada fue el único de los cuerpos enterrados como NN en 1975 en el cementerio municipal de San Lorenzo, cuya identidad pudo ser recuperada. La lucha tenaz de su familia durante todos estos años, el espacio abierto en el museo sanlorencino, el compromiso de la vicegobernadora Griselda Tessio y el trabajo minucioso, científico y testimonial del antropólogo Juan Nóbile.

La estampa de Alberto Losada a los 20 años. Dos años más tarde sería asesinado y enterrado como NN en San Lorenzo.


Por Alicia Simeoni
"Es una tristeza tan grande que te den semejante 'chicazo' en una urnita así de pequeña". Américo Losada, 81 años, residente en Córdoba, dibuja con sus manos el tamaño del pequeño espacio que ocupaban las cenizas de su hijo cuyos restos fueron encontrados, y luego identificados, en el cementerio municipal de la ciudad de San Lorenzo. El de Alberto Isidoro Losada fue el único de los cuerpos enterrados como NN en 1975 cuya identidad pudo ser recuperada y su estampa fotográfica de cuando tenía alrededor de 20 años -lo asesinó el terrorismo de Estado a los 22-, integra ahora la muestra Espacio de la Memoria del Museo Regional de la ciudad de San Lorenzo. Esa muestra que armó y preparó el antropólogo Juan Nóbile, quien es perito oficial nombrado por el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario para investigar los enterramientos clandestinos en la necrópolis de la vecina ciudad, está dedicada ahora a que nadie olvide el genocidio, al compromiso con la vida y con la educación permanente de la sociedad. Américo Losada y su hija Marta, casi cuatro años menor que Alberto, fueron los invitados especiales de la presentación que Nóbile hizo, en Rosario, del Espacio Memoria junto al intendente sanlorencino Leonardo Raimundo y a la vicegobernadora Griselda Tessio, en la Sala Rodolfo Walsh de la sede del gobierno provincial. Homenaje a la tenacidad del padre en la incansable búsqueda de su hijo. Testimonio de la herida permanente en la vida de una de las 30.000 familias que en la Argentina quedaron destrozadas por la acción del terrorismo de Estado que comenzó mucho antes del golpe militar de 1976. Los familiares, cada uno, hizo lo que pudo con su dolor.
"No puedo decir que estoy alegre porque lo encontré después de tanto buscarlo, sólo tengo un poco más de paz porque sé donde está, pero el dolor es el mismo. Piense lo que significó que entraran a mi casa a semejante muchacho, medía 1.97, adentro de una urnita. Yo no vi cuando armaron sus restos, no quise llevar más angustia a mi mujer que tenía miedo que me hiciera mal. Pero sí lo vio mi hija Marta y no tuvo dudas, era Alberto. Yo ya había visto algo de las excavaciones en el cementerio de San Vicente, en Córdoba, y me daba mucha rabia y dolor. Pero me sobreponía un poco, esos restos no eran de mi hijo". En este caso el desempeño del Equipo de Antropología Forense, el de la otra perito, la historiadora Gabriela Aguila y de Nóbile en particular permitieron que "no se tengamos dudas, y que toda la investigación, y luego la reconstrucción de los restos de Alberto permitieran decirle a mi hija, 'este es tu hermano".
Alberto Isidoro Losada tenía 22 años cuando desapareció y había nacido el 25 de febrero de 1953 en la ciudad de Córdoba. Don Américo vio por última vez a su hijo el 22 de marzo de 1975, cuando el chico se fue de la casa familiar en la capital mediterránea. La reconstrucción histórica habla de que vino a Rosario en su condición de militante del ERP?PRT. Siguiéndole los pasos, la vivienda de los Losada fue invadida de inmediato por las bandas parapoliciales y un tiempo después, el 15 de mayo de 1975, alguien golpeó la ventana de la casa y les dijo que lo habían matado en Casilda. Al día siguiente, Losada padre ya estaba en Rosario, donde comenzó el derrotero que duró más de 30 años golpeando las puertas del Comando del II Cuerpo de Ejército, las dependencias policiales y judiciales sin que nadie le diera respuesta. En ese camino fue recibido en la organización Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales y Alicia Lesgart le tomó su primera denuncia que más tarde integraría las recepcionadas por la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).
Cuando le preguntaron a Juan Nóbile si quería invitar a alguien a la presentación de la muestra pidió la presencia de Américo Losada. "Uno los busco creyendo que va a encontrar alivio pero no, el dolor, al encontrarlo, sigue igual".
Losada padre recordó con Rosario/12 -como ya lo había hecho cuando este diario publicó en exclusiva la información acerca de la identificación de los restos de Alberto Isidoro Losada-, que trabajaban juntos en la planta de Materfer, la fábrica de materiales ferroviarios. Lo hacía de día y de noche terminó su bachillerato como técnico electrónico para entrar luego en la carrera de ingeniería. "Le gustaba el básquet y el fútbol, medía 1.97, a los 16 era titular de un equipo de básquet de primera B, también tocaba la guitarra y era bueno", dijo el jueves pasado en la sede de la gobernación. En ese año, en 1975, en pleno reinado de la Triple A que actuó bajo el permiso y la protección del gobierno de Isabel Perón, "no se podía hablar -recuerda Losada-, en el sindicato andaban armados y me decían 'dígale a su hijo que no conteste'. 'Bueno, entonces, ustedes no lo hinchen, no lo molesten a él' les repondía yo. Cuando le decía que se vaya, porque corría peligro por su militancia, él me contestaba -no, no me voy a ir, si nos vamos todos no queda nadie y van a hacer lo que quieran con nosotros".
Cuando don Américo vino a Rosario y fue al Comando, muy a secas le dijeron que el juzgado de instrucción funcionaba "en el cuartel". Fue y volvió de distintos lugares y un militar, del que no sabe su nombre, pero recuerda que tenía alguna 'tirita', mostró un rasgo de humanidad y le pidió el número de documento de su hijo para averiguar qué pasaba. Losada se lo dio y después de un rato, cuando volvió a preguntarle, el hombre vaciló y sólo le contestó que ya le informaría el juez de Instrucción militar. "Ahí fue que yo me dije a mí mismo que mi hijo estaba muerto"
La vida de los Losada en Córdoba transcurrió con la angustia interminable de quienes buscaron a sus familiares -y aún lo siguen haciendo-, con una presencia siempre invocada, la del hijo, el hermano, el tío, que nunca aparecía. "En algún sentido era como un fantasma", así ocurría para mis hijos, dice Marta, la hermana de Alberto. Al escucharlos a ambos, padre e hija, aparece impiadoso el drama de las familias a quienes les arrancaron alguno de sus integrantes con el permiso estatal y donde cada quien hizo con el dolor lo que pudo. Américo Losada fue quien se dedicó a recorrer cada punta, cada hilo que aparecía y que podía acercarlo a saber qué había sucedido con su hijo.
-¿Qué querés recordar de tu hermano?, le preguntó este diario a Marta Losada.
-A mí todo esto me hace muy mal, yo no soy de ir a todos los actos, tampoco lo hacía mi madre. Mi padre siempre fue sólo. ¿El hecho de haberlo encontrado? Uno siempre pensaba en eso como para decir, cierro un círculo, para que todo ese dolor que tuvimos durante 31 años salga, pero no se termina, sigue y sigue y es una herida que no se cierra nunca. Yo lo hablaba con mis amigas, no es lo mismo para el que entierra a alguien. Yo entré cuando armaron sus restos, pensé que si no lo hacía me iba a quedar mal con eso. Yo soy enemiga de idealizar a la gente, no era un ser perfecto, era como cualquiera de nosotros pero tenía el coraje y los ideales que tenían todos los jóvenes en los '70. Era un chico como cualquier otro, pero con tantas ganas de que todo cambiara, de que todo fuera de otro modo. Eso lo hacía distinto a los demás, a mí y al resto de los que no hicimos nada. Era 3 años y 7 meses más grande que yo. Esto de encontrarlo fue para mi mamá muy importante, ella murió al año siguiente de que lo identificaron. Cuando entraron la urna por un rato a casa, la traía mi hijo, a mi mamá se le vinieron 20 años más encima. Nos hizo bien para saber dónde estaba, pero a ala vez fue el fin de las esperanzas. Porque por más que uno se diga 'son tantas años, cómo voy a pensar que está vivo', el deseo y las ganas no se terminan. Es lo que nos tocó vivir. Mi hermano murió haciendo lo que quería. Hubo momentos en que tuve mucha rabia, por supuesto con lo que pasó y con lo que le hicieron, pero también con él. Cuando murió mi mamá pensé que si él no hubiera elegido lo que eligió nuestra vida hubiese sido diferente. Pero era lo que Alberto sentía y mi rabia es también porque hubiera querido tenerlo conmigo y haber compartido todo, mis hijos. En mi casa siempre se vivió con un 'fantasma'. Ahora pueden decir que tienen un tío que está en tal lugar, aunque el dolor siga toda la vida.


SOCIEDAD
Enterramientos clandestinos
Los enterramientos clandestinos del cementerio de San Lorenzo fueron denunciado años atrás por una mujer de 80 años que después de tanto tiempo decidió concurrir al juzgado Federal Nº 4, patrocinada por el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, y contar lo que había visto en 1975, cuando llevaba flores a sus familiares. Se trataba de camiones militares descargando bolsas de nylon y tirándolos en huecos cavados en un sector de la necrópolis cercano a la autopista Rosario?Santa Fe.
De esos enterramientos pudieron exhumarse varios cuerpos, algunos correspondientes a personas que vivían en la calle, pero otros correspondía al universo de investigación que tenían a su cargo el antropólogo Juan Nóbile la historiadora Gabriela Aguila y el Equipo de Antropología Forense. Hasta ahora sólo se pudo recuperar la identidad de uno de los cuerpos exhumados, el de Alberto Isidoro Losada, pero hay otros cuatro que están en investigación. Dos de ellos pueden corresponder a quienes se suponen que fueron asesinados junto Losada, presumiblemente en Casilda, pero no se logró obtener el aporte de familiares cercanos para poder determinar con exactitud la identidad.
La muestra preparada por Nóbile y presentada el jueves pasado en la sala Walsh de la gobernación rosarina, está dividida en el breve espacio constitucional de los 70, luego realiza un abordaje del golpe de estado y allí lo que tiene que ver con la represión, la muerte, el Mundial '78, la guerra de Malvinas y la recuperación de la democracia. Tiene además un apartado especial que es para los familiares de desaparecidos de la ciudad de San Lorenzo.
"Solo pretendemos aportar a que la gente que vivió en esa época reflexione como sociedad y para los jóvenes que nacieron en democracia, tengan un elemento más para generar conocimiento sobre lo que pasó".

SOCIEDAD PALABRAS DE LA VICEGOBERNADORA TESSIO EN EL ACTO EN ROSARIO
"Apostar por el otro, por el cambio"

El intendente de San Lorenzo, Raimundo, Tessio y Juan Nobile
Por Alicia Simeoni
La vicegobernadora Griselda Tessio, quien fue titular de Unidad Fiscal sobre Delitos de Lesa Humanidad creada por la Procuradoría General de la Nación, tuvo las palabras más conmovedoras, cuando rindió homenaje a la figura de Américo Losada "como emblema de un padre que buscó denodadamente los restos, la memoria y la sonrisa de su hijo". Tessio, que cultiva una oratoria atractiva y profundamente humanista, hizo referencia a la Sala Rodolfo Walsh donde se realizaba el acto de presentación de la muestra Espacio de Memoria, para valorar, en especial, esa reunión realizada en lo que fue "un lugar de terror, de oscuridad, de noche y niebla que representaban para la ciudad el emblema palpable del genocidio rosarino".
Como acostumbra hacerlo para abordar distintas cuestiones, Tessio formuló un interrogante: -"¿Qué hubiera pasado si hubiera triunfado (Agustín) Feced- Podríamos decir que en lugar de 30.000 desaparecidos hubiese habido muchos más". Después siguió con que se había ganado sobre los muertos y la sangre derramada y con el pedido de justicia para aquellos que mataron, ejecutaron y torturaron. Recordó entonces que se estaba en el ámbito tenebroso "de un psicópata de Gendarmería que se autotitulaba 'señor de vidas y hacienda de los rosarinos', que decía que todas las noches largaba 3.000 perros rabiosos a cazar gente por Rosario". A esa altura era obligada la referencia a la "jactancia" del genocida, porque como ella misma explicó, si hubieran sido 3.000, también hubiesen sido muchos más los muertos rosarinos..."Tal vez eran 150, 200, 300, pero era cierto que eran rabiosos, que salían a cazar y era cierto también que la sociedad civil estaba indefensa porque el Estado era el enemigo principal y terrorista...Era cierto que la vida no valía y que todos estábamos bajo sospecha y que se detenía un chico a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde estaba muerto por la impericia y la jactancia de un cabo de cuarto que le atravesó la cabeza de un balazo y que después se trató de ocultar. Por esas cosas de la vida luego se generó una cuestión internacional y la caída de Feced".
Pero lo interesante -siguió Tessio- "pareciera ser que la vida y la memoria triunfan, que aún en el ghetto podíamos dibujar una flor en la pared. Que aún en la pared de este Servicio de Informaciones monstruoso podía haber gestos de amor. Que aún cuando llevaban a las secuestradas a dar a luz a la Maternidad Martin -y ahí se refirió a la sobreviviente Marta Bertolino- había una enfermera que arriesgaba su vida y le preguntaba a qué número telefónico tenía que avisar. Aún ahí, en los lugares más sórdidos de la condición humana -dijo- había una chispa de condición humana. Y eso nos hace creer y seguir creyendo en la condición humana y por eso hacemos política, porque si no, nos dedicaríamos a sembrar geranios o a bordar punto cruz, o para quienes tienen fe, recluirse en el monasterio. Porque la política significa eso, apostar por el otro, por los otros, por el cambio, por la transparencia, por la participación, por el progreso, por la inclusión social".
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Suman 101 los represores que serán juzgados durante 2009Todas las causas son por violaciones a los derechos humanos. Se suman a los 41 que ya fueron condenados y a los 156 que están siendo enjuiciados. En la lista figuran Luis Abelardo Patti , Antonio Bussi y Reynaldo Bignone.
Unos 101 represores, entre ellos Luis Abelardo Patti, serán juzgados este año en causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, sumándose así a los 156 que ya están en etapa de juicio y a los 41 que fueron condenados.Este dato se desprende de un informe elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado, a cargo de Jorge Auat, y dependiente de la Procuración General de la Nación.En el documento se destaca que de esos 101 imputados que ya tienen requerimiento de elevación a juicio, 81 lo harán por primera vez, en tanto que el resto de los imputados que este año serán juzgados en diferentes causas en todo el país ya tienen en curso otros juicios e, incluso, algunos de ellos ya han sido condenados en otras causas.Entre los 81 represores que este año serían juzgados por primera vez se destaca Luis Abelardo Patti por la causa "Riveros, Santiago Omar y otros sobre Privación Ilegal de la Libertad, tormentos, homicidio, etc", de la Fiscalía Federal Número 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, con fecha de elevación a juicio del 6 de marzo del 2009.Otros imputados que tienen ya requerimiento de elevación a juicio son Amelong, Juan Daniel; Azic, Juan Antonio; Bignone, Reynaldo Benito Antonio; Bussi, Antonio Domingo; Meneghini, Juan Fernando.De concretarse estos juicios, el número total de personas en etapa de juicio sería 258, lo que indicaría "un avance" respecto a las 156 que existen en la actualidad, con al menos una causa en etapa de juicio."La existencia de esta cantidad de procesados es un indicador del avance y el volumen de este proceso general de juzgamiento que revela la dimensión de los juicios orales venideros", dijo a Télam Pablo Parenti, el coordinador de la Unidad Fiscal que dirige Jorge Auat.Parenti agregó que "esta circunstancia da cuenta de la consolidación de tal proceso que, aún con sus dificultades, tiende hacia el incremento del número de procesados en muchas jurisdicciones del país".En total, hasta el momento unas 549 personas ya fueron procesadas por crímenes contra la humanidad durante el terrorismo de Estado.Pero, además, se espera que en el transcurso de 2009 se produzca la apertura de juicios en diez provincias del país y en cuatro localidades de la provincia de Buenos Aires, entre ellos los emblemáticos Unidad Penitenciaria I (UPI), Brusa, Feced, Margarita Belén, Campo de Mayo y Ragone.Estos debates orales se desarrollarían durante 2009 en Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Martín, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Bahía Blanca, Formosa, Resistencia, La Plata Salta y Posadas.Se aguarda también el avance de las causas que están a la espera de juicio oral en Capital Federal, a partir del pedido presentado ante la Cámara Nacional de Casación Penal por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, dependiente del Ministerio Público.Todos estos avances fueron posibles tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2003, que impedían el juzgamiento y la sanción penal de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.Existe también un pedido concreto de la Procuración General de la Nación de que las causas se agrupen por Centro Clandestino de Detención, para agilizar sus trámites y la realización de los juicios.


Los 101 imputados
Unos 101 represores, entre ellos Luis Abelardo Patti, serán juzgados este año en causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, sumándose así a los 156 que ya están en etapa de juicio y a los 41 que fueron condenados.Los 101 imputados con requerimiento de elevación a juicio son: Acuña, Héctor Raúl; Albornoz, Roberto Heriberto; Almeida, Domingo; Alvarez, Anselmo Rolando; Alvarez, Francisco Orlando; Amelong, Juan Daniel; Arias Duval, Alejandro Agustín; Azic, Juan Antonio; Basualdo, Segundo Andrés; Bautista, Jorge Enrique; Beltrametti, Juan Antonio y Bettolli, José Tadeo Luis.Bignone, Reynaldo Benito Antonio; Bossie, Antonio Federico; Breard, Enzo; Bussi, Antonio Domingo; Caballero, Humberto Lucio; Caggiano Tedesco, Carlos Humberto; Camicha, Juan Carlos; Campos, Rodolfo Anibal; Capdevilla, Carlos Octavio; Cardozo, José María; Cattáneo, Alberto Luis; Corsi, Enrique Leandro; Cosso, Elbio Osmar; Costanzo, Eduardo Rodolfo; De Cándido, Armando Luis y De Cándido, Carlos Esteban.Del Real, Emilio; Donda, Adolfo Miguel; Dopazo, Orlando Oscar; Dupuy, Abel David; Espeche, César Hugo; Esposito, Eduardo Alfredo; Etchecolatz, Miguel Osvaldo; Falco, Luis Antonio; Fariña, Jorge Alberto; Favole, Luis; Fernández Miranda, Osvaldo Armando; Fernández, Ramón; Galarza, Oscar Alberto; Gandola, Ramón Andrés; García, Carlos; Gentil, Miguel Raúl; Gil, Sergio; y Gonzalez, Luis.González, Marino Héctor; Guallama, Hugo Alberto; Guerrieri, Pascual Oscar; Herrera, Pedro Javier; Herrera, Rubén Nelson; Jurio, Carlos Domingo; Lucero Lorca, Celustiano; Luján, Horacio Elizardo; Magnacco, Jorge Luis; Manader, Gabino; Marandino, Carlos; Marin, José; Mayorga, Horacio; Medina, José; Meneghini, Juan Fernando; Menéndez, Luciano Benjamín; Meza, Ramón Esteban; y Morel, Catalino.Mulhall, Carlos Alberto; Muñoz, Jorge; Oyarzabal, Juan Agustín; Paccagnini, Rubén; Pagano, Walter Dionisio Salvador; Patetta, Luis Alberto; Patrault, Luis Vicente; Patti, Luis Abelardo; Pelliza, Alberto Enrique; Peratta, Jorge Luis; Pérez Blanco, Jorge; Porra, Abel Zenón; Ramos, Bonifacio; y Ramos, Feliciano.Rearte, Jorge E; Rebaynera, Raúl Aníbal; Ríos, Víctor; Riveros, Santiago Omar; Rodríguez Valiente, José María; Rodríguez, Luis Alberto; Roldán, Rubén Héctor; Romero, Félix Oscar; Romero, Valentín; Ruffo, Eduardo Alfredo; Saint Amant, Fernando Manuel; Sertorio, Osvaldo; Smaha Borzuk, Eduardo; Sosa, Luis; y Spada, Angel Ervino Steimbach, Federico Sebastián Domingo; Valussi, Alberto Horacio; Vega, Isabelino; Vergez, Héctor Pedro; Verplaetsen, Fernando Exequiel; Wehner, Rodolfo Enrique Luis; Yapur, Tamer; y Zimmerman, Mario Albino.

-- Fuente: Telam, domingo 29 de marzo 2009
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS



CIUDAD › "SACAMOS SUS RASGOS DE LA FOTO QUE HABIA PUESTO ROSARIO/12"
Cómo detuvieron a Barba Cabrera
El jefe de la Unidad Regional II del Centro de la Policía de Seguridad Aeronáutica de Córdoba, Martín Bruna, relató cómo se guiaron por la fotografía publicada por este diario para detener el represor rosarino en Cosquín.

Esta es la fotografía que le sirvió a la policía cordobesa para identificar al Barba.

Por José Maggi
"Cuando nos apersonamos al juzgado, lo primero que hicimos fue una identificación positiva para ver si había cambiado la fisonomía. Sacamos sus rasgos de la foto de Rosario/12". La frase pertenece a Martín Bruna jefe de la Unidad Regional II del Centro de la Policía de Seguridad Aeronáutica. Tenía en sus manos la foto de la edición del 18 de febrero de 2008. Ayer Bruna en diálogo con este diario destacaba la importancia del único registro fotográfico de Cabrera, alias el Barba, apuntado por Eduardo "Tucu" Costanzo como el torturador de Osvaldo Cambiaso y Pereira Rossi, de Tito Messiez y miembro de la fallida Operación Mexico, entre otros. "Gracias a esa fotos pudimos establecer quién era Cabrera, y pudimos actuar en consecuencia", remarcó Bruna consultado por este diario.
En esta investigación trabajaron coordinadamente la unidad de la PSA con asiento en Córdoba, el juez federal Martin Bailaque y su par cordobés Ricardo Bustos Fierro, juez federal Nº 1, a cargo de la secretaria Liliana Navarro, esta detenido en la alcaidía del juzgado, y no se ha decidido su traslado. Ahora el juzgado cordobés decidirá como y cuando se lo traslada a Rosario para su declaración. La PSA lo venía siguiendo desde octubre de 2008. Cabrera trabajaba en la Muncipalidad de Cosquín hasta que las revelaciones periodísticas dispararon el temor de Cabrera quien dejó ese cargo.
Desde la llegada de la PSA a Cosquín se trabajó con más de una veintena de personas que circulaban en la zona a bordo de vehículos no identificados, bicicletas y gente de civil caminando por la zona a distintas horas del día.
La investigación estuvo a punto de naufragar cuando un grupo de investigadores "no oficiales" llegados desde Rosario redactaron un informe con críticas a los investigadores de la PSA, en donde además estaban identificados los autos y camionetas en los que se movilizaban. A esta ahora hay sospechas de la verdadera intención de la maniobra.
La paciente investigación de la PSA, que encabezó el subinterventor de seguridad aeroportuaria compleja, Alberto Jofre, determinó primero que Cabrera vivía o frecuentaba Cosquín, aunque por seguridad no pisaba la casa de la novia. Un par de veces cambió lugares de citas a último momento y frustró operativos de detención. El dato de que la agraciada contraería enlace renovó las esperanzas de los investigadores, aunque hasta no tenían certeza sobre la identidad del novio, según explicó Bruna. "Cuando nos apersonamos al juzgado, lo primero que hicimos fue una identificación positiva para ver si había cambiado la fisonomía. Sacamos sus rasgos de la foto de Rosario/12", contó. Los agentes no presenciaron la ceremonia. Cuando salió lo siguieron, dejaron que se alejara unas cuadras y, antes de que entrara a la casa del testigo, lo detuvieron. "No opuso resistencia y tenía su documento legítimo", apuntó Bruna. Según el comunicado que difundió la PSA, Cabrera contaba con "una red de protección de sus allegados" y "se ausentaba de su domicilio por largos períodos sin dejar rastro alguno".
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“Todo esto se va a terminar cuando empiecen los juicios”
Lo dijo el abogado querellante Horacio Coutaz en relación a las intimidaciones que sufrieron víctimas y testigos en causas por la represión ilegal en Santa Fe
El jueves al mediodía varios sujetos persiguieron en el centro de la ciudad de Santa Fe a Amalia Ricotti, una mujer que es testigo en una causa que investiga la represión ilegal durante la última dictadura militar. Los desconocidos se le pusieron adelante, le quisieron manotear el celular del Programa de Protección al Testigo, la empujaron y se fueron.“Por suerte no pasó a mayores pero imagínese que fue en San Martín y Tucumán a las 12 del mediodía. Creo que fue una demostración de que todo esto sigue vivo”, señaló a Diario UNO el abogado de la mujer, Horacio Coutaz.Consultado sobre este nuevo hecho desgraciado, el abogado señaló que “todas estas cuestiones (por las intimidaciones) tenemos el convencimiento de que van a terminar en el momento que empiecen los juicios orales y que se termine con las dilaciones innecesarias en los procesos”.“Acá la exigencia tiene que ser muy clara en cuanto al inicio de los juicios, para que no se sigan demorando, y además aceitar todos los mecanismos de protección de los testigos y querellantes. El amedrentamiento a los testigos es para evitar que hablen o para seguir poniendo en evidencia que esto sigue funcionando como lo hacía durante la dictadura militar”, detalló.El primer juicioAmalia Ricotti es querellante en la denominada causa Barcos, la primera que va a llegar a juicio oral en Santa Fe. “Si todo sigue como hasta ahora, en mayo tendríamos el primer juicio por la represión ilegal en la provincia”, aseguró Horacio Coutaz.En relación a la investigación sobre la intimidación que sufrió su clienta, el abogado indicó que “trabaja la jefatura de Policía y la gente del plan de Protección a Testigos que van a reforzar la custodia. Amalia estaba muy asustada”, agregó.“También se evalúa qué otras medidas se van a tomar con algunos otros testigos, en principio los que fueron intimidados”, concluyó el abogado.La serie de hechos intimidatorios contra legisladores, testigos y querellantes en las causas contra represores de la última dictadura militar comenzó pocas horas antes del acto central del Día de la Memoria. Los destinatarios fueron los diputados provinciales del SI, Alicia Gutiérrez y Antonio Riestra; el hijo de Daniel García, querellante en una causa y el estudio de la abogada querellante y militante de Hijos en la misma causa, Lucila Puyol.
Ex causa BrusaCoutaz indicó que la ex causa Brusa está demorada en Casación por un planteo respecto a los conjueces. “Se convocó a audiencia para el 23 de abril. Una vez que se resuelva estaríamos en condiciones de fijar fecha para el inicio del juicio oral”, indicó.“Siendo optimistas, para la segunda mitad del año tendríamos que estar iniciando el juicio. Arrancamos en 2002 y hace un año y medio que estamos en el Tribunal Oral y por una cosa u otra no hemos podido iniciarlo”.

Fuente: Diario Uno, sabado 28 de marzo-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS


"El pueblo ya no es rehén del miedo"
Viglietti exhortó a anular

!A firmar! "Que se sumen todos las orientalas, orientales y orientalitos".
El cantautor Daniel Viglietti exhortó a "todas las orientalas, todos los orientales y orientalitos" a que se sumen a las firmas para anular la Ley de Caducidad.
El artista expresó a LA REPUBLICA que el último momento siempre es muy importante y que se ha llegado a una cifra que está casi al borde de la meta, hay que "sobrepasarla". "Somos muy optimistas y creemos realmente en la posiblidad de la justicia", dijo.
"Es la única manera de que todo ese venenoso aparato criminal no vuelva a reproducirse", expresó.
Viglietti reflexionó sobre el pasado: "Ahora el pueblo no es rehén de un cierto tipo de miedo que circuló en la época, sobre todo a través de los medios, el miedo que imparten los medios, esa campaña funesta que hubo en su momento".
"Yo exhorto a todas las orientalas, orientales y orientalitos a que se sumen a las firmas y que tengamos claro que con un mar de tinta, con la fragilidad de una pluma podemos hacer retornar la justicia y enfrentar la impunidad".
"Yo estoy haciendo (campaña) desde mi trabajo como cantor en todas mis intervenciones desde hace mucho tiempo, yo fui de los primeros firmantes allá en el Teatro El Galpón y he tenido la alegría de ver cómo viene creciendo todo esto a pesar de las demoras comprensibles, las dudas de mucha gente, las dudas de los partidos y de los líderes políticos. Mucha gente que dudó ha corregido el camino y aunque sea en su último momento está apoyando.
El último momento es muy importante porque hemos llegado a una cifra que está casi al borde, hay que sobrepasarlo y somos muy optimistas y creemos realmente en la posibilidad de la justicia".
Cabe recordar que la campaña para anular la Ley de Caducidad se inauguró el 4 de setiembre de 2007 en el Teatro El Galpón
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domingo, 29 de marzo de 2009

CONMOVEDORA MUESTRA DE GUSTAVO GERMANO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA.
Nunca se vio tan clara una ausencia
El proyecto de este profesional se basa en duplas fotográficas que permiten acercarse de una manera absolutamente diferente a la tragedia de los desaparecidos. Precisamente, son esas ausencias, las que ahora se hacen visibles.

El autor frente a una de sus duplas. La foto de 1970 y la de 2006, en el mismo espacio resaltan los que faltan.
Imagen: Alberto Gentilcore

Por Edgardo Pérez Castillo
En cierto punto, las cifras se tornan vacuas. Así como en la historia son indiscernibles de los sucesos, magnificándolos, agravándolos, favoreciendo la condena o la exaltación, con el correr del tiempo terminan convirtiéndose, simplemente, en números. Sin embargo, es posible que esas cifras se resignifiquen cuando son emparentadas, aunque más no sea en un mínimo porcentaje, por rostros, situaciones, por historias pequeñas dentro de la gran historia. De esa forma, cobran nueva relevancia a partir de la aproximación a la real existencia de esas personas retratadas en su ausencia. Precisamente de éso trata el proyecto de Gustavo Germano, cuyas duplas fotográficas permiten acercarse a situaciones luego multiplicadas de a miles. Treinta mil historias que, con sus variables, se grafican en las 14 que conforman "Ausencias", la notable muestra que mañana a las 20 quedará inaugurada en el Museo de la Memoria.
Eduardo Raúl Germano tenía 18 años cuando un 17 de diciembre 1976 fue secuestrado en Rosario por personal del Ejército Argentino y la Policía santafesina. Hasta el día de hoy continúa detenido?desaparecido. A fines de los 80, Gustavo, uno de los cuatro hermanos Germano, encontró la manera de retratar esa ausencia constante. "El punto de partida conceptual viene de una cuestión íntima, personal, porque con mi madre siempre hablábamos de la permanente presencia de la ausencia ??explica el fotógrafo??. Un poco es lo que siempre se ha querido transmitir. La idea de poder retratarlo a través de dos fotografías es del 89, por ahí, por una necesidad que como familiar, y creo que como todos los familiares, siempre he querido transmitir. De alguna manera por eso la exposición no es autobiográfica, sólo me pongo en el lugar que le pedí a los demás que se pongan, pero el objetivo es mostrar la magnitud de la tragedia".
En ese sentido, las nuevas generaciones de jóvenes se van distanciando de la trascendencia real del genocidio, asumiendo a los desaparecidos como una cifra (los 30 mil). Para ellos, "Ausencias" es la posibilidad de descubrir algunos de los rostros que no lograron envejecer. "Creo que acá la idea es transmitir lo que significa la desaparición forzada de personas desde un plano de la comprensión de lo emocional, desde lo afectivo ??analiza Germano??. Y que sea decodificable para personas que no estén ligadas al tema, que se pueda transmitir qué es lo que se siente con ésto. Justamente lo más gratificante de la exposición es que llega a mucha gente que por ahí no lograba entender la magnitud del tema, y mucho más hacia los jóvenes, que no están vinculados directamente al tema y que además están desvinculados con el tiempo. Que es en realidad el elemento que permite haber hecho Ausencias, porque el tiempo es un elemento central de la historia. Están los treinta años en los que los familiares han vivido con esta permanente presencia de la ausencia, y por otro lado son los treinta años que las víctimas no han vivido su vida".
Producida por Casa Amèrica Catalunya, el proyecto contó con el apoyo fundamental del Registro Unico de la Verdad de Entre Ríos, epicentro de las historias nucleadas en "Ausencias", que a partir de su llegada a la Argentina comenzó a recorrer diversas ciudades, logrando una fuerte repercusión. Sin embargo, los autores materiales e intelectuales del genocidio han optado por el silencio. "En lo personal no me ha llegado ningún aviso de parte de estos cobardes que ahora no se animan a enfrentar lo que le negaron a los demás, que es la Justicia ?dispara el autor?. Entiendo que a lo que apunta Ausencias es llegar a gente que no tiene una vinculación directa con el tema, porque entiendo que esto es la salvaguarda para un montón de gente que está trabajando para encarcelar a los cobardes genocidas, que buscan todas las artimañas para esquivar los juicios. Es absolutamente cobarde después de haber sido tan poderosos. O por éso: por haber sido tan poderosos son tan cobardes o por ser tan cobardes eran tan poderosos. Es lamentable que ahora le teman a la Justicia, demuestra a las claras qué tipo de gente han sido. Lo que se merecen es la cárcel, se la merecían hace treinta años, pero creo que la mejor condena es que la Argentina realmente sea un ícono. Así como lo ha sido con algo terrible como la desaparición sistemática de personas, que lo sea en cuanto a la condena social y definitiva de este tipo de hechos. Así como tocó a la Argentina ser parte de esta historia tan tremenda, que ahora le toque ser parte de lo positivo que es la reivindicación. En ese sentido me parece que la muestra tiene como destinatarios a los que están en el terreno trabajando con la Justicia".
Durante dos meses, "Ausencias" quedará en exposición en el Museo de la Memoria (Aristóbulo del Valle y Callao), permitiendo así un acercamiento profundo a un trabajo elocuente. Un proyecto que, para Germano, podría funcionar como disparador para que nuevos autores multipliquen el concepto: "Entiendo que a mucha gente le gustaría tener la foto de su familiar. La intención de la exposición como tal era hablar de algunos casos particulares, pero no por los casos particulares, sino para destacar el vínculo entre las víctimas y su entorno, de la vida que tenían. Porque cada caso habla de sí mismo, pero a la vez habla de todos los casos. La intención es que uno vea en estos rostros a los rostros de todos. De todas maneras creo que es absolutamente lícito que todos los familiares que quieran puedan hacer sus propias ausencias, lo cual para mí sería aun más gratificante". concluyó.
"Rosario es especial"
La llegada de "Ausencias" a Rosario no es un detalle menor para la familia Germano, que a partir de la recuperación democrática pudo reconstruir los hechos que derivaron en la muerte de Eduardo. "El fue secuestrado acá el 17 de diciembre. Por una investigación de mi hermano Guillermo, que es coordinador del Registro Unico de Entre Ríos, dimos con una serie de datos, y que a Eduardo lo mataron en un simulacro de atentado donde supuestamente dos terroristas iban a atentar contra una torre de alta tensión en Fisherton. Así que Rosario siempre ha tenido para mí esa carga, es especial por eso es importante para nosotros que la exposición llegue".-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENO



Lesa humanidad: Casación Penal confirmó condena a Von Wernich
La Sala I rechazó un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Oral
Federal N° 1 de La Plata que condenó, en noviembre de 2007, a reclusión perpetua al ex capellán de la Policía bonaerense. Fallo completo

Fallo "Von Wernich,Christian Federico s/recursode casación" 598.99 Kb.
e la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó este viernes la condena a reclusión perpetua del ex capellán de la policía bonaerense Christian Von Wernich, por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el último gobierno de facto.El tribunal rechazó así el recurso de casación presentado por la defensa de Von Wernich contra la sentencia dictada en noviembre de 2007 por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, por homicidios agravados y decenas de casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos.
Según la cámara, "al no haberse demostrado la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad o apartamiento de las normas sustantivas que rigen la gradación de la pena, no se advierten razones que permitan modificar lo decidido en la instancia anterior".
Fuente: http://www.cij.gov.ar/
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS



http://www.elcomercial.com.ar/secciones/contratapa/notas/n1.aspExclusivo: habrían hallado el quinto centro clandestino de detención En las últimas horas habría sido ubicado el quinto centro clandestino dedetención que funcionó en Formosa durante la última dictadura militar. Estáubicado en la zona conocida como Monteagudo, a unos pocos kilómetros delcasco céntrico, sobre la ruta que va a Mojón de Fierro.Así lo adelantó en exclusiva a El Comercial el abogado Pedro VelázquezIbarra, quien en compañía de otras personas pudo detectar ayer el lugar quefue descripto por el ex detenido Osiris Ayala, en una entrevista que publicóeste diario el domingo 7 de mayo de 1995.Ayala, en esa nota, citó que tras ser detenido fue llevado hasta el centrode detención ubicado en Monteagudo. Y comentó que allí se lo sometía atorturas diversas, entre ellas, una de las predilectas de los captores, eramaniatar a los detenidos y lanzarlos al interior de un aljibe, atados a unacuerda que era sujetada por una rondana.El lugar habría sido reconocido por ex detenidos.El abogado Velázquez Ibarra resaltó la trascendencia del hallazgo porquehasta ahora "sólo fueron ubicado cuatro de los cinco centros clandestinos dedetención que menciona la CONADEP" en su informe "Nunca Más", sobre larepresión en el país. Enumeró que tres estaban dentro del Regimiento deInfantería de Monte 29 (la zona de Guardia, calabozos y el galpón detorturas); el cuarto en el barrio San Antonio, donde funcionaba la PolicíaMontada, conocida como "La Escuelita". "Pero faltaba determinar dónde se ubicada el quinto lugar donde variosdetenidos, entre ellos con mayor claridad lo determina Osiris Ayala",apuntó. Fosa común A criterio del letrado, casi con certeza en Monteagudo estarían enterradoslos desaparecidos que no pasaron ni por el Regimiento ni "La Escuelita".Adelantó que pedirá que en la zona se realicen excavaciones con el fin deencontrar los restos de quienes fueron secuestrados y aún permanecen comodesaparecidos en Formosa. Recordó que era costumbre de los represoresdepositar en fosas comunes a quienes ejecutaban o asesinaban en sesiones detorturas.Destacamento Tras el golpe militar y la posterior represión ilegal, en Monteagudofuncionó un destacamento policial. Está ubicado cerca del casco de laestancia que lleva el nombre del lugar. Según Velázquez Ibarra, en lascercanías también hay un cementerio que data de la época de la guerra de laTriple Alianza. Testimonio En la nota que Osiris Ayala concedió a El Comercial en 1995, expresa queestuvo detenido en Monteagudo y que allí vio a varios detenidos, comoOviedo, Díaz, Borgne y otros que "eran de Junín, Berisso y La Plata". Perotambién habrían estado detenidos en ese lugar ciudadanos chilenos yuruguayos, como también Pancho Bogarín.También contó cómo eran sometidos a torturas diversas, entre ellas la de serarrojados a un aljibe. Hoy en el lugar queda el aljibe, que habría sido lareferencia de quienes pasaron por ese centro clandestino de detención.También quedan vestigios de edificaciones, que según los ex detenidos, eraun destacamento policial."A partir de este hallazgo vamos a solicitar una serie de medidas. Porquetambién es sugestivo que luego de las declaraciones de Osiris Ayala a ElComercial se derribara el edificio del destacamento con topadoras", revelóel abogado Velázquez Ibarra.ColomboEl hallazgo se produce en medio del juicio que se le sigue al ex gobernadorde facto de Formosa, general (r) Juan Carlos Colombo. Cabe señalar que elacusado sigue las alternativas del juicio en su contra desde Buenos Aires,por un monitor que transmite en tiempo real. Igualmente, los testigos y laspartes pueden ver a Colombo por varios monitores que el Tribunal OralFederal que lleva adelante el juicio ordenó colocar en la sala del Colegiode Escribanos, donde se desarrolla el proceso.Luego de un receso de varios días, hoy arrancará nuevamente el juicio contraColombo.Una de las novedades es que no se descarta la posibilidad que Colombo seatraído a Formosa para el juicio. Informes de médicos de la parte querellantesostienen que una vez que el militar retirado esté compensado y garantizadasu atención médica, puede ser trasladado hasta esta capital.Cabe recordar que antes del receso, que termina mañana a las 16.30, declaróante el Tribunal Oral Federal la viuda del abogado paraguayo Fausto Carillo,detenido en Formosa durante la dictadura militar y aún desaparecido,Felicita Gimenez de Carrillo.La mujer brindó uno de los testimonios más cjava-scriptdores del juicio pordelitos de lesa humanidad que se le sigue al ex gobernador de facto de laprovincia, Juan Carlos Colombo.Contó que su marido fue llevado detenido de la vivienda que tenían en estacapital. Dijo que en el momento de la detención de Carrillo, ella junto a supequeña hija se encontraban en Asunción, Paraguay. Allí una comisión demilitares argentinos le comunicó que su marido había sido detenido. Con unavoz que por momentos se quebraba, y con el llanto de la hija que escuchabasu testimonio, la mujer fue describiendo hechos, señalando que lo hacía porprimera vez desde aquella época. Y que ni siquiera le había contado a suhija, según dijo a los miembros del tribunal.La viuda de Carrillo dijo que fue detenida por fuerzas paraguayas, y quepermaneció detenida ilegalmente en un sótano, donde la castigaron conlátigos, mientras ella se acurrucaba protegiendo a su pequeña hija a la quetenía en sus brazos.Confirmó que durante esas sesiones de tortura, militares argentinos eran losque realizaban el interrogatorio, sobre las actividades de su marido.También mencionó que fue trasladada hasta Formosa, sometida a sesiones dehipnosis, para que supuestamente reconociera determinados lugares. En esosmomentos uno de los militares que la mantenían detenida pertenecía a lasfuerzas conjuntas de Chile.Con su testimonio, la mujer ratificó la existencia de un acuerdo entre lasdictaduras de la región, en el marco del denominado Operativo Cóndor.El testimonio de la mujer no fue escuchado por el ex gobernador juzgado,porque se había retirado de la sala donde, a través de monitores, sigue lasinstancias del juicio. En el marco de su testimonio, Felicita Giménez deCarrillo dijo que gracias a su padre fue liberada, junto a su hija. Pero quenunca pudo ver a su marido. La hija, hoy adulta, seguía con lágrimas la declaración de su madre. Ambasresiden en Francia y vinieron a Formosa para este juicio, en busca de laverdad sobre lo que le sucedió a Fausto Carrillo. Hallan cementerio con varias tumbas abiertas en presunto centro clandestino de detención La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH),delegación Formosa, y querellantes en el juicio por delitos de lesahumanidad contra el ex gobernador de facto, Juan Carlos Colombo, pedirán ala Justicia que se realicen las investigaciones y pericias para determinarsi en Monteagudo funcionó el quinto centro clandestino de detención de laprovincia. Basándose en testimonios de víctimas de la represión durante ladictadura, se habría encontrado el lugar donde se detenía y sometía atorturas a las personas detenidas, según informó en exclusiva El Comercialdías atrás. Ayer, una comitiva integrada por los abogados querellantes de lacausa contra Colombo, y los ex detenidos Roberto Antenor Gauna e IsmaelRojas, se trasladó hasta el lugar, ubicado sobre la ruta que va a Mojón deFierro, a pocos kilómetros del casco céntrico de esta ciudad. En una zona de monte, a pocos metros del río Paraguay, ubicaronun antiguo cementerio que, según estiman, dataría de la época de la guerrade la Triple Alianza. Al recorrer el lugar encontraron por lo menos trestumbas abiertas que "despedían un fuerte hedor", según informaron losquerellantes. Dijo que gracias a testimonios judiciales y a las declaracionesde Osiris Ayala a El Comercial en 1995, se pudo avanzar en la reconstrucciónde hechos que llevaron a encontrar lo que sería el quinto centro clandestinode detención en Formosa. Trascendente hallazgo Reiteró la trascendencia del hallazgo porque hasta ahora "sólofueron ubicados cuatro de los cinco centros clandestinos de detención quemenciona la CONADEP" en su informe "Nunca Más", sobre la represión en elpaís. Enumeró que tres estaban dentro del Regimiento de Infantería de Monte29 (la zona de Guardia, los calabozos y el galpón de torturas); y el cuartose ubicaba en el barrio San Antonio, donde funcionaba la Policía Montada,conocida como "La Escuelita". "Pero faltaba determinar dónde se ubicada el quinto lugar dondevarios detenidos, entre ellos con mayor claridad lo determina Osiris Ayala",apuntó. "Hemos encontrado parte de un destacamento policial derribado,un viejo cementerio con fosas presumiblemente abiertas hace poco tiempo y unaljibe donde se estima se torturaba a los detenidos con el conocido´submarino húmedo´, al costado de un camino vecinal" relataron. Testimonios Afirmaron que la suma de hechos "hace suponer que lostestimonios, cuando referían al lugar de tortura y detención de Monteagudose referían a este lugar". Cabe recordar que en la edición del 7 de mayo de 1995 de ElComercial, Osiris Ayala, una víctima de la represión ya fallecida, contó que"el 13 de septiembre de 1976" mientras lo trasladaban "desnudos y vendados,hasta un lugar que ubicó como situado en el paraje Monteagudo", que localificó como "centro clandestino de torturas", pudo notar la presencia de"otros compañeros" que integran la lista de desaparecidos, citando entreellos a Mirtha Insfrán, Monchi Díaz, Oviedo, Borgne, entre otrosprovenientes de Junín, Berisso y La Plata, provincia de Buenos Aires. Más testimonios A esto se suma la declaración de la actual concejal OtiliaBritez, ante el juzgado federal, cuando aseguró que su padre, AlbertoBritez –también fallecido-, fue detenido por fuerzas militares y mesesdespués "apareció el 24 de diciembre de 1978, en Mojón de Fierro (eninmediaciones del paraje en cuestión), estaba con un taparrabos, lo encontróun colectivero y lo trajo". A partir de estos hechos se pedirá a la Justicia que se realicenlas actuaciones correspondientes, que se dispongan excavaciones en el lugaren la búsqueda de cadáveres de quienes fueron detenidos ilegalmente enaquella época y hasta hoy permanecen detenidos, y que se determine quiénordenó la destrucción del destacamento policial, que habría estado ubicadoen ese lugar.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS



EL PAISELEVAN A JUICIO ORAL UNA CAUSA CON BUSSI Y MENENDEZ COMO IMPUTADOS
Vuelta al banquillo de acusados

En la primera causa en que la Justicia tucumana centraliza los delitos cometidos en un mismo centro clandestino, fueron imputados ocho militares y policías por desapariciones y torturas durante la dictadura.
El juez federal subrogante de Tucumán, Daniel Bejas, elevó a juicio oral y público dos causas por violaciones a los derechos humanos con media docena de imputados, entre los que sobresalen el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex gobernador tucumano durante la dictadura, Antonio Domingo Bussi. Ambos represores fueron condenados a reclusión perpetua en agosto del año pasado por la desaparición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, aunque sólo Menéndez pasa sus días en una cárcel: Bussi goza de arresto domiciliario en un country de Yerba Buena, en las afueras de San Miguel.
En el primer expediente, el magistrado determinó la existencia de un centro clandestino en la Jefatura de Policía, a diez cuadras de la Plaza Independencia. La importancia de esta causa radica en que es la primera vez que la Justicia tucumana centraliza en una acusación sobre un centro de detención un conjunto de desapariciones forzadas y torturas (alcanza a veinte víctimas en total) y no casos aislados. Además de Bussi y Menéndez, los imputados son el ex jefe de policía teniente coronel Albino Mario Alberto Zimmermann, el ex jefe del Servicio de Información Confidencial de la policía comisario Roberto “El Tuerto” Albornoz, el ex segundo comandante de la V Brigada de Infantería general Alberto Luis Cattáneo y tres ex policías: los hermanos Luis y Carlos De Cándido y María Elena Guerra. La ex jefatura funcionó como centro clandestino entre 1975 y 1983 y actualmente es sede del Ministerio de Educación provincial.
La segunda causa es por el fusilamiento de cinco militantes montoneros el 20 de mayo de 1976 en una casa del barrio Esteban Echeverría, a 30 cuadras del centro de la capital tucumana. Según el comunicado difundido por el Ejército y publicado en diarios de la provincia, efectivos militares y policías “abatieron” en un “enfrentamiento” a “una célula” conformada por María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz, la mayoría de ellos oriundos de Santa Fe.
La versión oficial quedó desvirtuada por los propios informes de los forenses de la policía: determinaron que las muertes se produjeron por múltiples impactos de bala y explosivos, y que los cuerpos evidenciaban estallido de cráneo por disparos efectuados a corta distancia. Quienes deberán rendir cuentas por violación de domicilio, homicidios calificados y asociación ilícita son, en este caso, Menéndez, Zimmermann, Cattáneo y Albornoz. La elevación a juicio había sido solicitada en mayo pasado por el fiscal federal Emilio Ferrer. Bussi aún no fue procesado en esta causa, conocida como “Niklison”, porque no se presentó a la indagatoria, argumentando problemas de salud. Pero si ese acto procesal se concreta antes de que el Tribunal fije fecha de inicio de las audiencias, el dictador tucumano también deberá rendir cuentas por los cinco crímenes.Fuente: Pagina 12 viernes 27 de marzo-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS



Un edil reivindicó en plena sesión a los soldados del Operativo Independencia y desató la polémica

El Operativo Independencia contó con el aporte del entonces soldado José Franco.



El concejal peronista José Franco dejó atónitos a todos los presentes en la sesión del viernes al reivindicar a los solados que participaron del nefasto Operativo Independencia. Aseguró haber peleado en el monte tucumano y sentirse orgulloso de haber cumplido su deber. “Fui un soldado que cumplimiento de un mandato constitucional y juré defender a la bandera”, afirmó el ex policía, hoy edil capitalino.El extenso periodo de manifestaciones generales en la sesión del Concejo Deliberante capitalino, realizada el viernes, transcurría en total calma. La mayor parte de los ediles se dedicó a enunciar los problemas que ahora tendrá el municipio tras la sanción de la reciente ley que delega la responsabilidad del manejo de la basura a las intendencias y comunas rurales. Hasta que le tocó el turno de exponer al penúltimo concejal anotado en la lista de oradores para que la polémica vuelva a reinstalarse en el órgano deliberativo de la ciudad.
Luego de que el concejal justicialista Hugo Cabral conmemorara en su alocución un nuevo aniversario del último golpe militar, su par de bancada, José Franco pidió la palabra para dar su opinión de los hechos de aquellos años.
El ex policía sorprendió a todos los presentes en el recinto al asegurar que participó del denominado Operativo Independencia hecho del cual aseguró “sentirse orgulloso”.
Franco aclaró que jamás estuvo a favor de los centros clandestinos de detención -que florecían a las órdenes del genocida Antonio Domingo Bussi-, pero se atrevió a reivindicar a los solados que fueron a luchar a las órdenes del condenado ex represor.
“Yo vi balas en el monte cuando participé del Operativo Independencia. Fui un soldado que cumplimiento de un mandato constitucional y juré defender a la bandera. Yo lo viví, por eso hablo. Muchos otros soldados jamás volvieron de luchar, por eso los reivindico”, afirmó Franco visiblemente emocionado, en plena sesión del Concejo Deliberante. Sólo el bussista, Claudio Viña se acercó segundos después a abrazarlo por sus palabras.
El 9 de febrero de 1975 tropas del Ejército, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Provincial ocuparon militarmente el territorio tucumano al mando del general Andel Vilas primero y del general Antonio Domingo Bussi, después del Decreto Secreto Nº 261 del 5 de febrero de 1975 de la presidente Estela Martínez de Perón. A través de este se ordenaba al ejército “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en Tucumán”. El decreto fue firmado por la Presidente en acuerdo general de ministros.
Los organizadores recordaron que el Operativo Independencia inauguró el proceso genocida en la Argentina con la instauración de prácticas generalizadas de secuestros, desapariciones forzadas de personas, apropiaciones de niños y la creación de campos de concentración donde se torturaron y asesinaron a cientos de personas.
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Histórico fallo. El juez se pronunció en la megacausa denominada "Plan Cóndor"
Condena a represores por homicidio de 28 personas durante la dictadura
La Justicia condenó ayer a penas de entre 20 y 25 años de penitenciaría a ocho militares con activa participación en la represión dictatorial, por el homicidio de 28 personas. Veinticuatro años después de reinstaurada la democracia se concreta la primera condena.
Mauricio Pérez
Nino Gavazzo. Ingresa ayer al juzgado fuertemente custodiado.
Vázquez. Le dijo al juez que "si no me da 25 (años), me enojo". Después diría a la prensa: "Es poco".
El juez penal de 19º Turno, Luis Charles, dispuso ayer la condena de ocho militares y policías vinculados con la represión de la dictadura cívico-militar, como autores responsables de veintiocho (28) delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real.
El magistrado condenó a los ocho represores a penas de entre 20 y 25 años de penitenciaría por el secuestro y traslado clandestino al Uruguay del militante del PVP Adalberto Soba Fernández y otros 27 uruguayos, víctimas de la coordinación represiva denominada "Plan Cóndor", en la conocida megacausa "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti.
La sentencia emitida ayer por el juez Charles dispone la condena por primera vez en la historia de militares y policías vinculados con el régimen dictatorial uruguayo. El histórico fallo se concreta 24 años después de reinstaurada la democracia en Uruguay, y 35 años después del golpe de Estado encabezado por Juan María Bordaberry, en junio de 1973.
En este sentido, Charles dispuso la condena de los militares retirados José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge "Pajarito" Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez a una pena de 25 años de penitenciaría; al tiempo que para el coronel (r) Luis Maurente y los ex jerarcas policiales Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima la pena dispuesta es de 20 años.
La sentencia del magistrado responde al homicidio "en el marco del terrorismo de Estado" de los militantes de izquierda Adalberto Soba Fernández, Alberto Mechoso Méndez, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Casimira Carretero, Juan Pablo Recagno, Washington Queiró, Walner Bentancour Garín, Carlos Rodríguez, Julio Rodríguez Rodríguez, Rubén Prieto, Juan Pablo Errandonea, Raúl Tejera, Mario Cruz Bonfiglio, Armando Bernando Arnone, Washington Cram, Cecilia Trías, Segundo Chejenian, Graciela Da Silveira, Victoria Grisonas, Roger Julien, Maria Emilia Islas, Jorge Zaffaroni, Josefina Keim, Juan Miguel Morales, Ary Cabrera, León Duarte y Gerardo Gatti.
El fallo reconstruye el secuestro en Buenos Aires de las 28 víctimas por las cuales se condena a los militares, en especial por los casos de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, y sus pasajes por distintos centros ilegales de detención en Argentina y Uruguay.

Plan Cóndor
La sentencia del juez Luis Charles recuerda que los hechos denunciados, el secuestro y traslado ilegítimo al Uruguay de 28 personas, se encuadran dentro del "período dictatorial cívico-militar, comprendido entre los años 1973-1985 y responden a la coordinación operacional de las cúpulas de los gobiernos de hecho que regían en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay", en el denominado "Plan Cóndor".
El objetivo central del "Cóndor" era "el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psico-físicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región".
En este sentido, "los encausados configuraron un grupo que operó al margen del control jurisdiccional de cualquier tipo, dentro y fuera del territorio de la República, sin sujetarse a manuales de procedimiento ni regla alguna, en operaciones coordinadas tendientes al mismo fin, ya que en forma organizada y con carácter estable, se concertaron para emprender un accionamiento común de carácter ilícito", expresa el fallo del juez Charles, al cual accedió LA REPUBLICA.
Los represores encausados "actuaron dentro del contexto de coordinación operacional" de los gobiernos de la región. Pese a pertenecer "a diferentes dependencias del Ministerio de Defensa Nacional", como el Servicio de Información de Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de las Operaciones Antisubversivas (OCOA), "los unía el desprecio por la vida de aquellos que consideraban sus enemigos y entonces como manos ejecutoras del terrorismo de Estado, vulneraron no sólo manuales de procedimientos, lo que poco importaría, sino fundamentalmente derechos inherentes a la persona humana, utilizando para ello métodos degradantes", señala.
La demostración tácita del accionar ilícito del grupo de represores uruguayos en Argentina se desprende de las palabras del propio coronel (r) Gilberto Vázquez ante la propia Sede. La actividad de los uruguayos en el centro clandestino de detención y torturas "Automotores Orletti" "estaba asociada a la de Aníbal Gordon, quien lideraba la conexión argentina, sin ni siquiera integrar los cuadros militares o policiales de dicho país", señala Charles de palabras del represor. "De ahí (Automotores Orletti) no sobrevivía nadie", dijo Vázquez al magistrado.
"En suma, los encausados constituyeron un grupo que actuó en un teatro de operaciones que no reconocía fronteras ni nacionalidades de las víctimas, con plenos poderes, pues no sólo no se sujetaban a reglas del derecho positivo, sino tampoco morales o éticas, por lo que son ahora responsabilizados", refiere la sentencia.

Crímenes aberrantes
Los ocho represores condenados por la Justicia actuaban "siempre dentro de la más absoluta clandestinidad, valiéndose de la superioridad de la fuerza y sin ningún apego al orden jurídico". "Los encausados vestían de particular en las operaciones cumplidas, no lucían ningún signo distintivo de la dependencia militar a la que pertenecían, no se identificaban y utilizaban vehículos no oficiales para los traslados", dice el fallo del magistrado.
La metodología de detención y secuestro respondía al uso de agresividad psico-física, también registrada en los interrogatorios, al encapuchamiento de las víctimas para no ser reconocidos y la no utilización de sus nombres, "sino claves" durante los operativos, agrega el juez.
"Las detenciones se cumplían en centros clandestinos como OT 18 (Automotores Orletti), las personas se hallaban aisladas sin ningún contacto con el exterior, sometidas a las más aberrantes formas de degradación en su condición de personas humanas", expresa.

Pruebas contundentes
"Ninguno de los enjuiciados actuó en el marco de sus atribuciones funcionales estrictas" y "tampoco consta en ninguna parte que hayan recibido una orden de sus superiores jerárquicos para privar de libertad, torturar, trasladar y dar muerte a los detenidos", señala el magistrado.
Sin embargo, y pese a que los militares "traspasaron hasta límites inconcebibles el 'riesgo permitido', resultando sus ensayos defensivos de pretender responsabilizar exclusivamente a otros, específicamente los militares argentinos, carente de veracidad conforme los importantes elementos que los incriminan, teniendo en cuenta especialmente que viajaban regularmente a Buenos Aires".
"El propósito de dividir las declaraciones" de distintos testigos en distintas instancias de expedientes sustanciados en Uruguay y Argentina realizado por las respectivas defensas de los encausados, "de atribuirles intenciones de realizar comparaciones e incluso de descalificarlas por corresponder a personas que integraban grupos armados y que habrían tenido mucho tiempo para prepararlas, colide con el muy sólido material probatorio reunido", expresa Charles.
"Los testimonios vertidos en autos, por denunciantes y testigos, han sido contundentes ya que en ningún momento resultaron dubitativos, sino claramente aseverativos; minuciosos en cuanto a los detalles relativos a la forma de comisión de los hechos y armónicos con los demás elementos de convicción existentes", dice la sentencia. La prueba contra los ocho represores es "contundente".
El proceso judicial liderado por el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze contó con el testimonio de 107 personas como testigos e indagados, 19 careos entre los hoy condenados y militares partícipes del régimen dictatorial con víctimas de la represión, además de innumerables pruebas documentales, como el informe de la Fuerza Aérea (8 de agosto de 2005), en el cual "se reconoció la existencia de dos vuelos clandestinos con detenidos uruguayos trasladados desde Buenos Aires a nuestro país con fechas 24 de julio y 5 de octubre de 1976".

Hechos agravantes
La responsabilidad de los militares se vio agravada por dos motivos: "haberse cometido los hechos de autos con graves sevicias; y después de haberse cometido otros delitos para asegurar el resultado o para ocultar el delito, para suprimir los indicios o la prueba, para procurarse la impunidad o procurársela a alguno de los delincuentes".
La primera de las agravantes referenciadas, "se configura claramente pues las víctimas fueron detenidas en forma clandestina y sometidas a distintas formas de degradación en su condición de persona humana, así como a diversas torturas", señala Charles.
La segunda agravante es aleatoria de la primera. "Las muertes producidas respondieron, entre otros, a los propósitos de ocultar las privaciones ilegítimas de libertad y los apremios psico-físicos practicados a las víctimas, llegándose al extremo que décadas después de finalizada la dictadura cívico-militar no se han localizado aún los restos de las mismas, salvo dos excepciones", en referencia a los ex militantes del PCU, Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa.
Gilberto Vázquez le dijo al juez Charles poco antes de ser notificado "si no me da 25 (años) me enojo", y al ser consultado por la prensa sobre su sentir al recibir una pena de ese calibre respondió: "Es poco".Fuente: http://www.larepublica.com.uy/ sabado-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

La Comision de Derechos Humanos de Metan denuncia a través de la Red de Noticias que sus integrantes han sidos amenazados por personal de civil que se identifica como perteneciente de la Gendarmeria Nacional. Una intimidacion que se hace extensiva a los familiares de las victimas de la represion de la dictadura militar.
En conversaciones que son verdaderos interrogatorios reclaman datos de los organizadores y sugieren no avanzar con los juicios. Es que desde la formacion de la Comision hace dos años, una de las acciones fue reactivar los juicios por crimenes de lesa humanidad, cuyo autores estan en libertad y viven en Metan. Recientemente uno de ellos, producto de las investigaciones judiciales a instancia de la Comisión se dio con un documento oficial, refrendado por la Policia Provincia y la Justicia Federal en que le "reconocer su activa partipacion en la lucha contra la subversion".
No se descarta represalias contra Ramón "El Indio" Paz por el discurso pronunciado en el acto del 24 donde recordó a todas las víctimas y acusó a los represores.
Por intermedio de Red de Noticias se solicita la mayor difusion y se reclame ante quien corresponda que la Gendarmeria cese en sus intimidaciones y que se garantize la seguridad de los integrantes de la Comision y de los testigos y familiares de las víctimas.
A 33 años del golpe militar denuncian que en Metan la impunidad de los represores y de sus cómplices sigue intacta.
En ese contexto responsabilizamos al gobernador de la provincia Juan Urtubey y al ministro de Seguridad, Aníbal Fernandez, para que cese la Gendarmeria su accionar represivo.

Graciela Borras 03876 15409523, presidente de la Comision de Derechos Humanos
Ramon Paz: 011- 1550088876, ex Preso Politico
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Sábado, 28 de Marzo de 2009
La lucha de Abuelas con aval de la ONU
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el proyecto argentino sobre Genética Forense y Derechos Humanos. La iniciativa fue presentada en septiembre ante la Asamblea General de la ONU por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. Su objetivo es alentar a los Estados miembros a utilizar la genética para la identificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, y para contribuir a la restitución de la identidad de aquellas personas que en ese tipo de contextos fueron separadas de sus familias.
“Esta resolución instala por primera vez la cuestión en el seno del Consejo de Derechos Humanos y coloca a la Argentina a la vanguardia del tema a nivel internacional”, afirmó el canciller Jorge Taiana. “Se destacó en la ONU que nuestro país fue pionero en la aplicación de la genética forense para investigar la suerte de miles de de-saparecidos durante la dictadura, y para procurar restituir su identidad a los cientos de niños que nacieron en cautiverio o fueron sustraídos a sus padres en ese período”, agregó el ministro.
El proyecto contó con el patrocinio de 45 países, tanto de América latina como de otras partes del mundo, incluidos Israel y los Estados Unidos. La ONU tomó en cuenta una ley aprobada en 1987, por iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo, por la que se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se archivan y sistematizan los mapas genéticos de todas las familias con niños desaparecidos durante la última dictadura militar.
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Una investigación revela que la dictadura es ignorada en el calendario escolar
En el colegio hablan poco del golpe

Sólo algunos establecimientos públicos y privados se dedican a trabajar y debatir el tema con los alumnos. La mayoría lo pasa por alto o lo cubre de compromiso. Resistencia de padres, docentes y directivos a tratar la historia reciente.
Tamara Smerling
22.03.2009

Julia Coria. Es hija de desaparecidos y nació en 1976. Empezó a investigar el tema un 24 de marzo, cuando en el jardín de infantes de sus hijos no tocaron el tema.

Los chicos repiten las tradiciones y se disfrazan de granaderos, damas antiguas o negras mazamorreras que en sus canastas llevan pastelitos. Evocan y dan color a los actos escolares del 9 de Julio o el 25 de Mayo. En la secundaria pasa lo mismo pero sin máscaras: la rectora dice unas palabras frente a la bandera de ceremonias, alguien lee algo alusivo a la fecha. Sin embargo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que evoca el golpe de 1976 y la llegada de la dictadura militar, que forma parte de la historia aún atragantada de distintas generaciones, no tiene la misma suerte que el resto del calendario escolar. Lo descubrió la socióloga Julia Coria cuando sus hijos llegaron al jardín de infantes un 24 de marzo y las maestras pasaron por alto un nuevo aniversario del golpe.“Fue entonces que tomé el cuaderno de mis hijos y dibujé algo sobre la memoria: digamos que apelé a una solución escolar”, recuerda Julia, nacida el mismo año en que arrancó la dictadura: 1976. A sus padres los vieron por última vez en el centro clandestino El Vesubio y están desaparecidos. Fue criada por su abuela y cuando creció estudió sociología. Hizo un doctorado en Ciencias Sociales de la UBA, donde indagó cómo la escuela media –en sus actos, textos, carpetas– se refiere a la dictadura. “En una gran proporción, los docentes pasan por alto los contenidos que refieren a la dictadura: dicen que les falta tiempo. Esto tiene una parte razonable, porque al darlos de manera cronológica, los más recientes son los que más chances tienen de quedar afuera. Sin embargo, hay quienes le encuentran la vuelta: trabajan el tema el 24 de marzo en el transcurso del año como proyecto especial o van hacia el pasado a partir del presente, pero eso no es lo más frecuente. La mayoría sólo llega a dar el peronismo de los 50 o la llegada de Héctor Cámpora a la presidencia en los 70”, dice Julia. Coria entrevistó a estudiantes secundarios después del 24 de marzo para conocer de qué manera recordaron las fechas. Se encontró con que las escuelas se diferenciaban según “la energía puesta en esa evocación”. En el primer grupo, estuvieron las escuelas públicas y los colegios privados, pequeños y progresistas y algunos tradicionales que tienen vinculación con los derechos humanos como los judíos, que trabajaron lo que Julia llama “conmemoraciones intensas”: involucraron a los chicos en la organización del acto, los instaron a participar y debatir. “En el otro extremo está el resto de las escuelas públicas que sólo cumplen con el protocolo, con los directores que leen textos monocordes que los chicos no son capaces de recordar al día siguiente, y el resto de los colegios privados. Por eso la mayor parte de las escuelas, finalmente, encuentra la manera de ‘cumplir’ con la reglamentación de evocar, pero lo hace a modo de trámite.”Los ejemplos de padres que se quejan por la evocación son un capítulo aparte: Julia recoge anécdotas como la del papá que, enojado, llegó a la puerta de la escuela pidiendo por la maestra de música a la que quería increpar por la canción “La memoria” de León Gieco. La consideró “subversiva”. Recuerda el caso de la docente que en un mismo curso tuvo de alumnos a los nietos de Héctor Cámpora y Jorge Rafael Videla junto a uno que tiene sus padres desaparecidos y que sugirió que lo de “Cámpora era imperdonable”. O aquella profesora que tomó el micrófono en su escuela una mañana al ver que no se tocaba el tema del 24 de marzo y su directora le inició un sumario por “desacato”.“Dejar que la fecha pase de largo es un mensaje claro y los chicos lo captan”, dice Julia, que no tiene demasiadas esperanzas que esta realidad se revierta. “Creo que hay que dejar de decir que se trata de un tema controvertido y pensar que existen verdades jurídicas donde se probó que ese genocidio existió, porque más allá de las iniciativas de instalar el recuerdo de lo que efectivamente se enseña acerca de la dictadura termina de cocinarse en la misma escuela, pero también en la arena de disputas que supone el Estado, los docentes, los directores, los estudiantes y la familia.Los manuales se referían a la teoría de los dos demoniosLos actos escolares no fueron lo único que le provocaron asombro a Julia Coria en su investigación: también los manuales escolares. Descubrió dos tendencias: antes y después de la década del 90, porque en los libros de las escuelas media fue entonces que se produjo la primera renovación editorial desde la apertura democrática. “Los libros de textos que tratan de la dictadura hablan, hasta los 90, sobre la base de la teoría de los demonios y de la Doctrina de la Seguridad Nacional. En cambio, después de esa década los libros dejan de ser escritos por profesores para pasar a ser escritos por académicos.” En el libro Historia 5 de AZ que, de manera tardía, fue editado en 1982 y reeditado en el 91, figura, por ejemplo, este tipo de citas: “Con la vuelta al poder de la señora de Perón, se intensificaron las acciones terroristas de ultraizquierda mientras organizaciones de extrema derecha –algunas amparadas desde sectores del gobierno– los enfrentaron apelando a los mismos métodos”.
Fuente: http://www.criticadigital.com.ar/

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Niños de escuelas leen libros censurados
El pueblo que no quería ser gris
Raúl Legnani


El uruguayo Pacho Barnes volvió, ayer, a recobrar sus colores en las voz de los niños argentinos. Y así fue que volvió del exilio, de la muerte, recogido por la memoria. A pesar de que el Flaco Palleiro, con su propia y recreativa impronta, lo hizo inmortal.
Leyendo noticias argentinas me encontré que en distintas escuelas de Buenos Aires, los niños de la enseñanza pública iban a leer ayer en voz alta libros para niños, que fueron censurados por la dictadura de ese país. Quizás algún día tendrán que leer Los siete tangos prohibidos de Gardel por las dictaduras del Río de la Plata.
Fue así que me enteré que uno dichos libros era El pueblo que no quería ser gris, cuyo texto es de Dournec y las ilustraciones de Ayax Barnes, el Pacho, quien fuera uno de los más grandes ilustradores de nuestro país, creador de una tendencia gráfica seguida por Carlos Palleiro.
El libro fue editado por el sello Rompan Filas poco antes del golpe de Estado en Argentina, siendo prohibido el 3 de setiembre de 1976.
La obra de Dournec-Barnes
"El rey grande del país chiquito, ordenaba, solamente ordenaba; ordenaba esto, aquello y lo de más allá, que hablaran o que no hablaran, que hicieran así o que hicieran asá.
"Tantas órdenes dio, que un día no tuvo más para ordenar.
"Entonces se encerró en su castillo y pensó, y pensó, hasta que decidió:
"­Ordenaré que todos pinten sus casas de gris."
"Eran tantos, tantos, y estaban tan entusiasmados, que al momento el castillo, las murallas, los fosos, los estandartes, las banderas, quedaron de color rojo, azul y blanco.
"Y los guardias también.
"Entonces el rey se cayó de espaldas una sola vez, pero tan fuerte que no se levantó más."
El Pacho volvió, ayer, a recobrar sus colores en las voz de los niños argentinos. Y así fue que volvió del exilio, de la muerte, recogido por la memoria. A pesar de que el Flaco Palleiro, con su propia impronta, lo hizo inmortal.
Al Pacho solo lo conocí personalmente durante dos horas en México, donde lo que más recuerdo (cada día recuerdo menos) hablamos de Juceca, de Alfredo Zitarrosa y del Corto Buscaglia.
Ante esta situación hermosa, humana, casi niña, uno se pregunta por qué en nuestro país no se lee el 27 de junio en todas las escuelas Saltoncito, de aquel blanco comunista que fue Paco Espínola y que murió el día que falleció la democracia en nuestro país. Que también fue censurado.


Fuente: http://www.larepublica.com.uy/
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Sábado, 28 de Marzo de 2009
Un represor prófugo fue detenido minutos después de casarse
Los riesgos del matrimonio

Juan Andrés Cabrera, torturador de la Quinta de Funes, estaba prófugo. Fue identificado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en base a una foto publicada en Rosario/12. Un compañero del grupo de tareas lo señaló como especialista en apremios ilegales.
Por Diego Martínez

El ex miembro de Inteligencia del Ejército, Juan Andrés Cabrera.
Al mediodía dijeron “sí, acepto” y se convirtieron en marido y mujer. Cuando salieron del Juzgado de Paz de Cosquín, los pagos de la novia, los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria observaron al hombre con detenimiento y compararon sus rasgos con la única foto conocida, que Rosario/12 publicó en tapa hace un año. Tenía el pelo más corto, otros anteojos, no llevaba bigote, era más retacón de lo que parecía, pero las canas y los trazos gruesos coincidían. Minutos después se presentaron, ante la mirada de la flamante esposa y un testigo de la boda, y le informaron que quedaba detenido por orden de la Justicia federal por su participación en delitos de lesa humanidad en Rosario. El hombre que en tiempo record dejó de ser soltero y prófugo es Juan Andrés Cabrera, personal civil de Inteligencia del Ejército Argentino y “especialista en torturas” del centro clandestino Quinta de Funes, según confesó uno de sus ex camaradas.
Cabrera, alias Barba, es el único que interrogaba y torturaba porque estaba especializado, lo mandaron a hacer un curso”, declaró ante la Justicia el represor Eduardo “Tucu” Constanzo. “Los que lo hacían eran él y Fariña. El Barba era el que torturó a (Adriana) Arce, a (Tito) Messiez durante cinco horas, es el que tortura a (Osvaldo) Cambiasso y (Eduardo) Pereira Rossi dentro del camioncito de bulevard Oroño al fondo. En democracia empezó a trabajar en la Defensoría del Pueblo, pero no trabaja más, no sé dónde está”, agregó el represor, quien describió ante el periodista José Maggi a la patota de militares, policías y civiles que comandaba el ex jefe de policía Agustín Feced.
A partir de la declaración de Constanzo y de investigaciones periodísticas que revelaron documentos de Inteligencia mexicana en los que se acreditaba la participación de Cabrera en el “Operativo México”, ideado por el dictador Leopoldo Galtieri para asesinar a montoneros exiliados en la capital azteca, la regional Rosario de H.I.J.O.S. solicitó la detención e indagatoria del represor, que hace treinta años se hacía llamar “Carlos Alberto Carabetta”.
A mediados del año pasado, cuando recibió el pedido de detención de parte del juez federal rosarino Marcelo Bailaque, el jefe de la Unidad Regional II del Centro de la PSA, Martín Bruna, supo que la tarea demandaría tiempo y esmero. Desde la reapertura de las causas de la dictadura, gracias a la ceguera selectiva de la policía de Santa Fe, Rosario se destacó por tener más represores prófugos que procesados. El también ex PCI del Ejército Walter Pagano fue detenido de bronca por el hijo policía de Constanzo, que acababa de ser capturado. Pagano no cayó después de la boda sino mientras escuchaba misa en la iglesia de bulevar Oroño y San Luis, a metros de los Tribunales Federales de Rosario. Al ex comisario Carlos Alberto Moore, capturado en abril, tampoco lo detuvieron sus compañeros sino la Policía Federal.
La paciente investigación de la PSA, que encabezó el subinterventor de seguridad aeroportuaria compleja, Alberto Jofre, determinó primero que Cabrera vivía o frecuentaba Cosquín, aunque por seguridad no pisaba la casa de la novia. Un par de veces cambió lugares de citas a último momento y frustró operativos de detención. El dato de que la agraciada contraería enlace renovó las esperanzas de los investigadores, aunque hasta ayer no tenían certeza sobre la identidad del novio, según explicó Bruna a Página/12. “Cuando nos apersonamos al juzgado, lo primero que hicimos fue una identificación positiva para ver si había cambiado la fisonomía. Sacamos sus rasgos de la foto de Rosario/12”, contó. Los agentes no presenciaron la ceremonia. Cuando salió lo siguieron, dejaron que se alejara unas cuadras y, antes de que entrara a la casa del testigo, lo detuvieron. “No opuso resistencia y tenía su documento legítimo”, apuntó Bruna. Según el comunicado que difundió la PSA, Cabrera contaba con “una red de protección de sus allegados” y “se ausentaba de su domicilio por largos períodos sin dejar rastro alguno”.
Esta misma semana el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario fijó para el 31 de agosto el comienzo del juicio a cinco represores de la Quinta de Funes: el coronel Oscar Pascual Guerrieri, el verborrágico Constanzo, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Pagano. La causa tiene ahora tres prófugos: el gendarme Héctor Gertrudis, el policía santafesino Francisco Scilabra y el PCI del Ejército Carlos Isach. No son los únicos policías santafesinos que burlan a la Justicia. También Antonio “Tony” Tuttolomondo (causa Galdame), Carlos Ulpiano Altamirano, César Luis Peralta y el ex PCI del Ejército Eduardo Revechi, los tres en la causa Feced. El ex comisario Peralta, alias “La Pirincha”, es dueño de una flota de taxis y compartiría con sus ex camaradas negocios menos transparentes pero más rentables.
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COMIENZA EL PRIMER JUICIO ORAL POR TERRORISMO DE ESTADO
Llegó la hora de la Justicia
El 31 de agosto comenzará el plenario de la causa de la Quinta de Funes, conocida por el nombre de su principal responsable: Oscar Pascual Guerrieri. Una de las abogadas que patrocina a querellantes cuestionó el reducido lugar donde se hará.


En la Quinta de Funes funcionó un centro clandestino de detención ideado por Leopoldo Galtieri.


Por José Maggi
El primer juicio oral y público por terrorismo de estado en esta región tiene día y hora de inicio: el 31 de agosto de 2009 a las 10. Así lo decidió ayer el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 Otmar Paulucci, quien fijó el comienzo de la causa que juzgará a los represores responsables de la Quinta de Funes, expediente conocido con el nombre del máximo responsable vivo: Oscar Pascual Guerrieri. Lo acompañará en el banquillo Eduardo "Tucu" Costanzo, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Pagano. Sin embargo, no todas son rosas en este tema: la abogada patrocinante de cinco de los querellantes, Nadia Shujman objetó el lugar físico donde se sustanciará el proceso, que no es otro que el único salón disponible en el señorial edificio de los Tribunales Federales de Oroño al 900.
"Desde ya rechazamos que el tribunal sesione en una sala con una veintena de personas sentadas, y que no garantiza la calidad del proceso que debe ser oral y público. Después de 33 años de espera, mínimamente consideramos que las víctimas tienen ese derecho y en esa sala sólo entran los imputados, las víctimas y sus abogados. No queda lugar para nadie. Menos aún aceptamos que se trate de subsanar la poca capacidad con una pantalla gigante para seguir el juicio. Es vergonzoso, esto no es un juicio oral", apunto Shujman.
La letrada recordó que "el mismo Código establece ese derecho, esa garantía y la pone como requisito, así como vale la pena recordar las mismas recomendaciones que dio la Corte para los juicios, que deben ser públicos. Y en esa sala no va poder entrar ni un solo periodista. Además, allí tienen que estar las Madres y los distintos actores de la sociedad argentina. Los jueces no tienen porqué temer a la publicidad, sino por el contrario deben apoyar las garantías de transparencia del juicio".
Shujman también aprovechó para criticar a aquellos jueces que siguen demorando el inicio de los juicios al aceptar el trámite de medidas que ya han sido tratadas hasta tres veces. "Hay planteos de la defensores que abordan cuestiones meramente formales, que ya han sido resueltas en algunos casos hasta tres veces. Y hay jueces que las admiten y les dan trámite, con lo cual entramos en un circuito que de nunca acabar. Estas actitudes son entendibles en la defensa pero objetables en los magistrados porque tienen la sola intención de demorar el avance de las causas. Esperamos que los jueces, de una vez por todas, tengan una actitud más clara y rechacen estos planteos in límine".
Shujman patrocina en esta causa a Alicia Gutiérrez, Eduardo Toniolli, Cecilia Nazábal, Fernando Dussex y Sebastián Alvarez, este último hijo de Raquel Negro. También es querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así como la madre de María Forestello, una de las 14 víctimas de la quinta ideada por Leopoldo Fortunato Galtieri. A ésta última la patrocina la abogada Gabriela Durruty.
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PIRULO
Sánchez

El Concejo municipal aprobó ayer un proyecto de la concejala socialista Mariana Alonso para reemplazar el nombre de la escuela Nº 1240, que actualmente lleva el del dictador "teniente General Juan Carlos Sánchez", acusado de haber secuestrado y torturado, entre 1971 y 1972 a más de 100 estudiantes, obreros y militantes. Además, creó junto con el ex jefe de la Policía rosarina Agustín Feced, el Servicio Antisubversivo de Rosario. El 10 de abril de 1972, el militar fue asesinado, pero antes había organizado la represión ilegal en la zona. La iniciativa de cambiar el nombre partió de la comunidad educativa, que inició un expediente ante el Ministerio de Educación. Allí proponen como nombres alternativos los del poeta José Pedroni, al artista plástico Antonio Berni o a la pedagoga Arcelia Delgado. En 2006, la Cámara de Diputados de la provincia había instado al Ministerio de Educación a modificar la denominación de la Escuela.
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EL PAIS › POR PRIMERA VEZ HAY MAS REPRESORES CONDENADOS QUE PROFUGOS
El coronel estaba en un geriátrico
Por Diego Martínez
Por primera vez desde la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos, la lista de represores prófugos es menor a la de los condenados: tras el hallazgo del coronel retirado Luis Alberto González, los prófugos son 43.
El 18 de abril de 2007, cuando dos fiscales de Bahía Blanca pidieron su detención, González pasaba sus días en el 3º A de un edificio de militares en la peatonal San Martín 2464 de Santa Fe. Cuando luego de tres reiteraciones el juez federal Alcindo Alvarez Canale decidió ordenar la captura, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 181 que nutría de interrogadores al centro clandestino La Escuelita llevaba casi tres meses internado en un geriátrico, en teoría con Alzheimer, entre otros males. Ante las sospechas sobre su verdadero estado de salud, generadas por un informe de dos peritos médicos que entregaron a la Justicia un diagnóstico aportado por familiares del represor, los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron nuevos exámenes a cargo del Cuerpo Médico Forense.
González tiene 77 años. En 1975, con el grado de mayor, fue segundo jefe del Destacamento bahiense, que tomó en forma gradual la posta de los trabajos sucios hasta entonces realizados por los matones del diputado Rodolfo Ponce. Pasó a ser jefe en 1976, año en que se habilitó la mesa de torturas de La Escuelita, y en 1977 fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601. En el Destacamento bahiense prestaba servicios el fallecido suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado del centro clandestino bahiense.
Según consta en la causa, González habría ingresado al geriátrico El Encuentro, en el sur santafesino, el 13 de agosto pasado. El 10 de noviembre, el juez Canale ordenó su detención y el 18 de febrero, el juez federal Reinaldo Rodríguez le informó a su par bahiense que el coronel padecía Alzheimer, brotes psicóticos y descontrol de esfínteres. Dos días después lo visitaron los peritos Mabel Padró y Esteban De Giovanni. Apuntaron que estaba “desorientado y sin noción de identidad”, y que la familia les había alcanzado certificados que respaldaban el diagnóstico de Alzheimer, que certificaban “la imposibilidad de prestar declaración indagatoria”.
Los fiscales cuestionaron los “certificados expedidos por médicos particulares” y solicitaron nuevos exámenes para tener certezas sobre la incapacidad mental del represor. Los peritos no deberán concurrir ahora a El Encuentro, que lo expulsó al conocer su pasado, sino a la residencia geriátrica Recoleta, que lo recibió.

Fuente: Pagina12

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LA ESCUELITA DE LAS AMERICAS
Mañana se inaugura en Corrientes lo que el ingenio popular ya ha dado en llamar “La Escuelita de las Américas”, en alusión a la tenebrosa “Escuela de las Américas” creada por el gobierno norteamericano en Panamá por donde pasaron miles de oficiales y suboficiales de los ejércitos y fuerzas de seguridad de América Latina. También pasaron civiles. Para entrenarlos en el manejo de las peores tortura, vejámenes, secuestros de bebes, desapariciones, para imponer a sangre y fuego un modelo económico basado en la “libertad de mercado”, es decir, sirvientes de los objetivos imperiales.
Esta “Escuelita” de la Sociedad Rural tiene como profesores a Massot de la Nueva Provincia de Bahía Blanca, conocido apologista de la tortura, a Luciano Miguens, defensor de los fondos de inversión sojeros y que cuando era Presidente de la Sociedad Rural Argentina vino a solidarizarse con el Capitán Demarchi, ex Presidente de la SR de Corrientes condenado a 25 años de cárcel por los peores crímenes de lesa humanidad.
A estos “profesores” viene a sumarse el rabino Bergman que anda en campaña electoral y tiene la osadía de cambiar la letra de nuestro Himno Nacional
La democracia es así, por suerte, da para que estos sempiternos golpistas y destituyentes vengan a dar clases a sus huestes futuros dirigentes políticos.
UNGUE FERREYRA
EX DETENIDO - DESAPARECIDO -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS
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a 33 años del último golpe militar
¿Está todo dicho sobre la dictadura?

Es la pregunta del millón. Las respuestas de ocho ciudadanos de la cultura, de los medios, la política, la justicia y el gremialismo dan cuenta de los déficit que aún sobrelleva la sociedad para exorcizar a la dictadura. Para la mayoría falta aún juzgar la política económica que impuso el golpe del 76.
24.03.2009
Falta algo esencial:
que se les diga a las familias dónde estánErnestina Pais (conductora de radio y televisión, su padre está desaparecido)“Falta lo esencial: que se le diga a cada familiar de desaparecidos cómo murieron, dónde están, de qué se los acusó, qué fue exactamente lo que sucedió y quiénes son los responsables de lo que ocurrió con ellos, para que enfrenten el juicio que corresponde. Es decir, aún falta todo, o casi todo, porque es cierto que algunas cosas se hicieron. Pero por ahora lo que existe son más bien las grandes declaraciones de principios, lo que no está mal porque demuestra que ya se perdió cierto miedo. Hay mucho camino que recorrer. Se hizo, pero falta mucho.”La historia aún la está escribiendo el puebloEstela Barnes de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo)“No está todo dicho sobre la dictadura militar. La historia se está escribiendo. Se están juntando las piezas con la contribución fundamental y única del pueblo. Contra la voluntad de los genocidas que se han llamado a silencio. Tenemos bastante, pero no todo. Tenemos narraciones, documentación escrita, pruebas. Cada uno tiene que decir lo que sabe, para que podamos encontrar a los 30 mil desaparecidos y a los tantos nietos que aún seguimos buscando. Estamos parados sobre 25 años de gobierno en democracia. Hay una fuerte voluntad de Estado de no olvidar y de dar cada vez más espacio a la memoria. Los responsables –por ahora, sólo los máximos responsables– están siendo enjuiciados. Los organismos estamos conformes con la política de Estado actual. Es muy expresiva en lo que es la memoria, la verdad y la justicia. También hay deudas. La deuda histórica es la reparación para todos. El pueblo argentino fue víctima.” Todavía no fue sancionado el proyecto económico del golpeCarlos Rozansky (juez del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata; juzgó a los represores Miguel Etchecolatz y al capellán Christian von Wernich) “El sistema de desaparición, secuestro, tortura y muerte que se instaló el 24 de marzo de 1976 fue motivado por un proyecto económico que aún no fue investigado ni sancionado. La decisión de investigar y esclarecer estos hechos no deja de ser una situación ideológica que dependerá de cada juez y del posicionamiento que cada uno tenga sobre los paradigmas actuales sobre los derechos humanos. Con jueces democráticos estos delitos de lesa humanidad se van a esclarecer; con jueces autoritarios, jamás. El paso del tiempo no hace más que garantizar la impunidad, y evitarlo depende de la voluntad del Estado, en este caso del aparato judicial.” Falta considerar la idea de que hubo un genocidioJuliana García (hija de desaparecidos, hermana de la última nieta que recuperó su identidad)“Aunque se hayan anulado las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, sigue pendiente que se haga justicia. Falta considerar que lo que ocurrió fue un genocidio y que no se trata de delitos comunes. Hasta ahora llegaron al banquillo sólo quienes fueron vistos por algún sobreviviente. Pero tendría que ser al revés: que todos los miembros de fuerzas de seguridad que estaban en actividad en la dictadura demuestren que no tuvieron nada que ver. Para eso debe haber voluntad política. También está pendiente resolver el plan sistemático de robo de bebés. Hay toda una generación que nació entre el 75 y el 80 cuya identidad está en duda. Las herramientas actuales son insuficientes.”

Su opinión el año pasado
www.criticadigital.com.ar
jueves 20 de abril de 2008 – seccion País-

Para ellos sigue la dictadura

Por Juliana Garcia Recchia

Por primera vez en tres años no participe del acto en Campo de Mayo. All, bajo el impulso de la Comisión se abrieron las puertas a la gente y se instalaron placas denunciando donde funcionó la mayor maternidad clandestina de la dictadura. Donde mi mamá Beatriz Recchia parió a mi hermnao Ignacio, que aún hoy, como más de 400 jóvenes sigue apropiado sin conocer su origen. Para ellos sigue la dictadura.
Este año el Gobierno se apropió del acto, su organización y contenido. Y, más allá de algunos cambios, no se puede apoyar una política que permite que miles de genocidas sigan impunenmente libres. Que el director de la misma maternidad clandestina de Campo de Mayo, Norberto Bianco, no haya siquiera declarado. Que sigan los indultos.
Preocupante fue el discurso de la presidenta Cristina Kirchner, denunciando que sólo hay 342 personas, de 992 vinculadas al genocidio. ¿ De dónde sacó ese número? ¡Si hubo más de 500 campos de cocentración¡ ¿ estará buscando un nuevo “Punto Final”, juzgando a 600 más y “cosa cerrada”.
Por todo esto no fui el 19, pero voy el 24 a Plaza de Mayo a exigir que termine de una vez la impunidad.


Se ocultó la estrategia de restauración conservadoraAlcira Argumedo (socióloga) “Lo que más se ocultó es que el terrorismo de Estado constituyó la condición indispensable para quebrar cualquier tipo de resistencia política o social a un cambio drástico de la orientación de las políticas económicas. Se ocultó que se puso en marcha una estrategia de restauración conservadora impulsada por Henry Kissinger, que consistió en promover una ola sincrónica de dictaduras en América Latina y África, entre otras cuestiones. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de los 70, más de dos tercios de la población del mundo comienza procesos de liberación nacional y revoluciones en América Latina. En el contexto del mundo bipolar, cuestionan la primacía de los países capitalistas centrales y, ante eso, aparece la restauración conservadora.”Falta meter presos a los grandes beneficiarios del saqueoVíctor De Gennaro (secretario de Relaciones Institucionales de la CTA)“La dictadura fue un instrumento de terror impuesto por los grandes grupos económicos nacionales e internacionales. Se trató de un modelo económico de saqueo y entrega que sigue haciendo negocios en la Argentina, tal cual lo mostramos en el juicio por genocidio ante el juez Baltasar Garzón. El mejor ejemplo que dimos fue la presentación de José Alfredo Martínez de Hoz como presidente del directorio de Acindar, en Villa Constitución, que en 1975 abrió en la empresa un centro de detención junto con la Triple A, la Policía y el Ejército. No por nada, Martínez de Hoz después fue en el ministro de Economía de la dictadura. Aún falta meter presos a los grandes beneficiarios de ese genocidioSi estuviese todo dicho no habría curas cómplicesVictoria Donda (diputada nacional por Libres del Sur e hija de desaparecidos) “Respecto del terrorismo de Estado no está todo dicho porque cuando hablamos de la dictadura no sólo estamos hablando de la dimensión vinculada a lo militar, sino que en realidad nos referimos a una dictadura cívico-militar. Una parte de los sectores dominantes fue cómplice y la otra fue parte activa de la represión. Si estuviera todo dicho, no tendríamos curas que apoyaron a la dictadura y al mismo tiempo confesaban a los detenidos en los centros clandestinos de detención. Si estuviera todo dicho, no habría en este momento funcionarios ni políticos que fueron cómplices de la dictadura. De todos modos, es cierto que no se puede juzgar a la sociedad hasta que no juzguemos a quienes estuvieron al frente del gobierno represivo.”


Fuente: www.criticadigital.com.ar edicion 24 de marzo



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Movimiento Nacional Campesino Indígena
Vía Campesina
- Camino a nuestro primer Congreso Nacional-
Argentina, 24 de marzo de 2009

A un año del alzamiento del “campo”, a 33 años del golpe Genocida.
A un año de la 125 y a 33 años del golpe nos encontramos con el país violentamente sitiado, otra vez, por la burguesía agraria y los medios de comunicación.
El 24 de marzo de 1976 una organización ilícita que denominamos “dictadura” se alzo en armas contra la democracia para modificar la estructura económica, política social y cultural de nuestro país. Tal es así que para 1976 la lucha popular había logrado que aproximadamente el 50 % del PBI quede en manos de los trabajadores Y en la actualidad en la más optimista de las estimaciones a los trabajadores nos toca el 20% del Producto bruto. La pobreza, la indigencia, la destrucción de la naturaleza, la desnutrición infantil, la mercantilización de la vida y los bienes naturales, la famosa inseguridad, son todas consecuencias de este modelo impuesto por la violencia.
Pero la organización ilícita de la “dictadura” no estaba conformada solo por militares traidores a la patria, sino que estaba sostenida por medios masivos de comunicación, sectores de la iglesia católica, partidos de derecha y de “izquierda”, organizaciones ruralistas (Sociedad Rural Argentina, CRAA), y empresarios de distintos rubros. Todos respaldados y asesorados por la CIA.
Lo anteriormente dicho no es nada nuevo, pero el repaso podemos utilizarlo para analizar la actualidad. Porque más allá de que la democracia actual sea bastante precaria, ha sido una conquista de las luchas populares y hoy los mismos actores de 1976 intentan reducir aún más la porción que nos queda a los trabajadores, campesinos y desocupados.
A partir del 11 de marzo del 2008 con la resolución 125 esta organización ilícita que llamamos la “derecha” encontró un punto desde donde golpear a la democracia y al mismo tiempo defender sus desorbitados privilegios.
El modelo de agricultura industrial ha demostrado en todo el mundo que no es capaz de disminuir el hambre. Todo lo contrario, desde el desarrollo de los modelos de producción basados en monocultivos transgénicos, (que insumen altas cantidades de agro tóxicos y donde la comercialización está altamente concentrada), ha aumentado el hambre, se han agravado los problemas ambientales, han aumentado considerablemente los casos de cáncer y otras enfermedades causadas por agro tóxicos, se han elevado considerablemente los precios de los alimentos, se han desalojado miles de familias campesinas que han debido emigrar a las ciudades y , la lista de terribles consecuencias de este modelo podría seguir en páginas enteras.
Hoy la mesa de enlace no representa, en ninguna medida, la voz de actores dispuestos cambiar este modelo. Desde la SRA hasta la FAA están representados grandes terratenientes, grandes empresas agrarias, medianos empresarios agrarios y rentistas de la tierra.
No podemos seguir confundiendo a la mesa de enlace con “productores” tal como existían hace 40 años, porque esos intereses no son los que defiende la mesa de enlace, repasemos: Se opusieron a todos los beneficios de la 125, se opusieron a la nueva ley laboral que garantiza condiciones mínimamente dignas a los peones rurales, se opusieron a la insinuación de que el estado regule el comercio de granos, entre otras cosas.
A los sectores “progresistas” que le dan crédito a la FAA preguntamos: ¿Por que la mesa de enlace no escracha y denuncia a las multinacionales que se quedan con una parte muy importante de las ganancias de la soja. Monsanto, Syngenta, Cargyl, Nidera entre otras, no solo venden los paquetes tecnológicos a altos precios internacionales, si no que monopolizan la comercialización internacional de granos, estas multinacionales se quedan con un porcentaje mayor que el estado con las retenciones. Entonces ¿Por qué no le hacen piquetes en el puerto a Monsanto? Estamos convencidos de que es porque defienden el mismo modelo de producción, porque son socios en el saqueo y están dispuestos a compartir ganancias entre ellos, pero no con los trabajadores.
Para ellos la democracia solo vale cuando se satisfacen sus ambiciones porque subestiman al pueblo en su capacidad de decidir. Y eso queda claro cada vez que no logran su cometido en las instituciones, entonces van a los piquetes y al desabastecimiento jugando con el hambre del pueblo. ¿Quiénes pueden estar tanto tiempo sin trabajar y sin vender su producción? Solo estas clases sociales, grandes, medianos y pequeños terratenientes rentistas, y grandes y medianos empresarios de la soja.
En el campo los abusos contra las comunidades campesinas e indígenas son continuos, perpetrados por empresarios vinculados a la mesa de enlace que tienen como fin apropiarse de nuestro territorio para mercantilizarlo con la sola idea del lucro desmedido: Cuentan con la complicidad de jueces, policías y funcionarios corruptos. En la actualidad se violan sistemáticamente los derechos humanos en el campo. Matones armados, cárceles con causas inventadas, y topadoras que desmontan y arrasan con predios de producción, avionetas que hacen llover venenos sobre barrios urbanos; casas, pozos de agua, corrales, chacras de producción de alimentos. Son todas situaciones contra las cuales luchamos hoy, a 33 años del golpe.
Es imprescindible que se avance con los juicios a los genocidas para poder avanzar en justicia, pero no podemos quedarnos conformes solo con eso, los ddhh se siguen vulnerando.
El gobierno tampoco ha demostrado jugarse por un proyecto alternativo, mas allá de medidas coyunturales y tácticas como la 125 o la estatización de las AFJP, positivas pero fuera de un programa estratégico. No ha elaborado un plan para fortalecer al campesinado, para comenzar a construir un modelo alternativo. Ha retrocedido a una política de alianzas que está lejos de poder enfrentar a la derecha. Y no hay signos de que intente promover la unidad del campo popular en función de un proyecto nacional que trascienda al kischnerismo.
Además 95% de los recursos de la Secretaria de agricultura ganadería pesca y alimentación van a parar a los agro negocios, es decir a los sectores representados por la mesa de enlace
Si realmente queremos justicia social, cuidar nuestros bienes naturales y desarrollarnos como nación, debemos construir un modelo agropecuario diferente, basado en la diversidad de cultivos, la agroecológica como técnica, el mercado interno como prioritario y la vida campesina como sustento.

Reflexiones finales para el debate

· Las retenciones no solo distribuyen ingresos, si no que son una barrera al avance de la soja y al modelo extractivo y exportador, de esta manera sostenemos el precio de los alimentos y protegemos nuestra salud y ambiente. Es una herramienta táctica que no podemos dejar de defender hoy. Sin embargo debemos trazar herramientas estratégicas de desarrollo rural, nosotros proponemos la soberanía alimentaria como horizonte estratégico de mediano plazo.
· La crisis financiera termina de demostrar que no es posible el desarrollo sustentable en el marco del capitalismo. Debemos aprovechar el momento para que los trabajadores y trabajadoras adhieran a un proyecto de transformación.
· Es imprescindible fortalecer las organizaciones populares autónomas de partidos y gobiernos, capaces de generar propuestas y acciones transformadoras, de apoyar las medidas populares de los gobiernos y combatir los avances del capital.
· Las multinacionales deben ser declaradas enemigas estratégicas del campo popular y la lucha debe centrase contra ellas.
· Los bienes naturales y la tierra no son mercancías y no pueden estar en manos de unos pocos.
· Soberanía alimentaria como alternativa al modelo agrario: La tierra con función social en manos de campesinos que vivan y trabajen la tierra con métodos agroecológicos. Organizaciones populares de consumidores que coordinen el intercambio de alimentos y bienes. Mercados populares que abastezcan a los barrios, pueblos y ciudades.

¡Tierra, Trabajo y Justicia!
Movimiento Nacional Campesino Indígena
Vía Campesina
Camino a nuestro primer congreso nacional
movnaccampesinoindigena@gmail.com
Conacto en Mendoza: Union de Trabajadores Rurales Sin Tierra - 0261 155615062-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

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La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba recomendó la pronta elevación a juicio oral de la causa en la que se investigan las muertes ocurridas en la penitenciaría UP1 de esa provincia, ocurridas durante el último gobierno de facto, e insistió en la necesidad de unificar los casos de lesa humanidad en esa circunscripción.
Así lo expresó en una resolución dictada este jueves, donde el tribunal dio a conocer los fundamentos de la confirmación del procesamiento del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y de otros seis ex militares, en el marco de la causa “Alsina”.
Los procesamientos de Videla, Vicente Meli, Mauricio Poncet, Raúl Eduardo Fierro, Jorge González Navarro, Víctor Pino y Emilio Juan Huber fueron confirmados la semana pasada y ahora se dieron a conocer los fundamentos.
La resolución
El juez Sánchez Torres, autor del primer voto, sostuvo que “a diferencia de otros procesos en los que la represión estatal hubo de ser articulada por "grupos de tareas" y comandos que operaban con total impunidad en centros clandestinos de detención, aquí las violaciones e ilegalidades habrían sido cometidas con la misma impunidad pero en el seno mismo de las instituciones legales puestas bajo la jurisdicción de las Fuerzas Armadas a partir del 24 de Marzo de 1976. Ello, desde el momento en que personas legalmente detenidas a disposición del Poder Judicial o, en su defecto, del Poder Ejecutivo Nacional habrían sido, al cabo, igualmente torturadas y asesinadas".
“En efecto, siendo que los hechos que se ventilan en los presentes autos presumen un grado extremo de violación de garantías y derechos asumidos por nuestra sociedad tanto constitucionalmente como por pactos internacionales, la acción de la justicia adquiere extraordinaria significación republicana, desde el momento en que está puesta en juego no solamente la reparación dirigida a las víctimas directas de la dictadura sino también una suerte de reparación histórica y ética de cara a la sociedad en su conjunto, que reclama de sus instituciones la búsqueda de la verdad real (en nuestro caso, en un sentido procesal) y la condena —si procede en justicia— de todas aquellas acciones atentatorias de sus valores fundamentales”, agregó.
Valoración de la prueba
“Por otra parte, conforme al criterio apuntado, es pertinente expresar que la cantidad y calidad de testimonios colectados en el caso de marras resultan en un todo verosímiles, contestes y concluyentes al momento de establecer las prácticas habituales hacia los detenidos en ámbitos como la Unidad Penitenciaria N° 1 del Servicio Penitenciario de Córdoba y el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia, no obstante las impugnaciones de las partes respecto de las valoraciones de los testimonios sostenidas por la Juez de Instrucción en el auto apelado”, indicó. La participación de Videla “En cuanto a la pirámide jerárquica en la que se hallaban insertos los imputados de autos, debe comenzarse por ubicar al General Jorge Rafael Videla en la cúspide de la fuerza, según su rol de Comandante General del Ejército, y seguidamente al General Luciano Benjamín Menéndez, como Comandante de la Zona de Defensa 3 (que abarcaba a Córdoba y otras diez provincias y, dentro de dicha zona, el Área 311, correspondiente a la ciudad de Córdoba). “
“En atención del estricto régimen de subordinación castrense, puedo aseverar que los delitos que se le enrostran no habrían podido cometerse, de no mediar la planificación estratégica y táctica que emanaba de la cúpula del arma, la misma que debía tanto fijar los “objetivos” a seguir cuanto proveer de la infraestructura necesaria para la consiguiente actuación de toda la cadena de mandos en su consecución. “
"La autoridad de Videla haría insoslayable su responsabilidad en lo actuado por quienes estaban bajo su mando, siendo factible así sostener que, durante la época de los hechos, el acusado habría mantenido el dominio sobre los presuntos delitos investigados, habida cuenta que, desde su posición institucional, controlaba la organización que los habría llevado a cabo.”
Necesidad de elevar a juicio y acumulación de causas Las referidas semejanzas entre los procesos judiciales, aunadas al mandato constitucional antes citado, autorizan a sostener la conveniencia de proceder a la acumulación de causas que reúnan ciertas características Sin duda que la aplicación de la medida quedaría supeditada a que la misma no provocara retardos graves en alguna de las causas, desnaturalizando así la finalidad que se procura alcanzar.
Por otra parte, en concordancia con la reciente convocatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dirigida al Gobierno nacional, al Congreso y al Consejo de la Magistratura, con vistas a la formación de una comisión orientada a la proposición y definición de medidas concretas en pos de la agilización de causas penales de enorme trascendencia como la presente, en las que se halla involucrado el genuino e impostergable reclamo de particulares, instituciones y, en fin, de toda una sociedad que aspira definitivamente a saldar la histórica deuda en materia de derechos humanos, juzgo imprescindible reafirmar plenamente dicho criterio.
En consecuencia con ello, considero imperioso recomendar aquí especialmente a la Sra. Juez de instrucción la pronta elevación a juicio de las presentes actuaciones, atento también al eficaz instrumento de carácter procesal implementado a partir de la modificación del artículo 353 del C.P.P.N. —conforme Ley 26.373 promulgada en mayo del pasado año—, que admite sin cortapisas tal medida, “sin perjuicio de la existencia de recursos pendientes de resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal...o la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, según lo expresa taxativamente la mencionada disposición legal".
En tanto, y según su voto, Vélez Funes dijo:
“En relación con el asunto traído a conocimiento de este Tribunal en las presentes actuaciones, adhiero -en términos generales y únicamente con la excepción del punto referido a la calificación legal de la participación de los imputados- al voto emitido por el Vocal preopinante, doctor Abel G. Sánchez Torres, en relación a cada agravio analizado y pruebas ponderadas, entendiendo que la resolución apelada debe ser confirmada”.
“En virtud de lo expuesto, entiendo que los encartados Videla, Meli, Poncet, Fierro, González Navarro, Huber y Pino deben ser procesados por los delitos establecidos en la resolución apelada, pero en carácter de partícipes necesarios, en lugar de coautores –como postula la Magistrada- o de autores –según el voto del Juez de Cámara preopinante”.
Fuente: www.cij.gov.ar


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Lesa humanidad: comenzó a funcionar la comisión interpoderes
Es un organismo impulsado por la Corte Suprema e integrado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de la Procuración General. Busca resolver dificultades en la sustanciación de causas por violaciones a derechos humanos
Bajo la coordinación del Secretario General y de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), doctor Alfredo Jorge Kraut, y con la participación de jueces y representantes del Gobierno Nacional, del Senado y de la Procuración General, comenzó a funcionar hoy, en el marco de lo establecido por la Acordada 42/08, la Comisión Interpoderes, que se propone aunar esfuerzos institucionales con el objetivo de resolver conjuntamente las dificultades que provocan demoras en la sustanciación de causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
Estuvieron presentes en la reunión el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Alejandro Slokar; el juez en lo Criminal y Correccional Federal Daniel Rafecas; los secretarios letrados de la CSJN José Luis Mandalunis y Walter Venditti; el fiscal y el coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, Jorge Eduardo Auat y Pablo Parenti, respectivamente; y el Director general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Juan Carlos Salerni.
Durante el encuentro quedó constituida la Comisión Interpoderes. Se debatió durante más de tres horas sobre la futura modalidad de trabajo del órgano y se escucharon las exposiciones de todos los presentes. También se puntualizaron los temas más salientes y las dificultades que se presentan en todo el país con el objeto de propiciar una pronta culminación de los juicios pendientes.
Fuente: www.cij.gov.ar
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENO

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DECIDIÓ EL JUICIO POLITICO DEL DR. PEDRO FEDERICO HOOFT POR CRIMENES DE LESA HUMANIDADEl viernes 20 de marzo se reunión en la ciudad de La Plata el Jurado deEnjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios, presidido por el Dr. JuanCarlos Hitters e integrado por los abogados José Luis Núñez, EduardoGustavo Adolfo Lopez Wesselhoefft, Hector Ricardo Martín, Jose Luis Nemiñay Atilio Ricardo Rosello, y los conjueces legisladores Carlos Bonicatto,Fernando Raúl Lopez Villa, Diego Oscar Rodrigo, Alberto Agustín Delgado yAlfredo Sivero.El Jurado de Enjuiciamiento decidió por mayoría rechazar la excepción decosa juzgada interpuesta por el Dr. Pedro Federico Hooft. Los integrantesdel Jurado entendieron que la excepción interpuesta por el juez acusado nopuede tener andamiaje toda vez que la imprescriptibilidad de los crímenesde lesa humanidad determina el desplazamiento de la defensa de la cosajuzgada.En sus fundamentos el Jurado sostuvo " La Corte Suprema de Justicia de laNación ha señalado que a partir de lo resuelto por la Corte Interamericanade Derechos Humanos en el caso Barrios Altos CIDH Serie C 75 del 14 demarzo de 2001, han quedado establecidas fuerte restricciones a lasposibilidades de invocar la defensa de cosa juzgada para obstaculizar lapersecución penal de ciertos crímenes. De tal modo si aparecen nuevoshechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsablesde violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables decrímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones...Porlo tanto, cuando existe la posibilidad de que los acontecimientos quemotivan las acusaciones sean encuadrados dentro de esta categoría - ´gravesviolaciones a los derechos humanos´o ´delitos de lesa humanidad´ no puedeinvocarse la excepción deducida".También señalaron que "Los hechos imputados al Dr. Hooft en los expedientesque se encuentran sometidos al conocimiento de este Jurado deEnjuiciamiento en cuanto a los sucesos denominados "Noche de las Corbatas"y " Caso Candeloro" se vinculan con eventuales "violaciones a los derechoshumanos" y supuestos "delitos de lesa humanidad" pues refieren según losacusadores - entre otros - a homicidios, torturas y desaparición forzada depersonas ( la mayoría de ellos abogados) ejecutados en el año 1977 porfuerzas militares y de seguridad en el marco de un plan destinado a lapersecución de opositores políticos del régimen de facto instalado el 24 demarzo de 1976 y , en lo que aquí concretamente interesa, involucran lacuestión de si el desempeño del magistrado que conoció en las causasjudiciales instruídas con motivo de los mismos importó algún tipo de aportecriminal a su respecto. Los acusadores actuales imputan al magistrado Dr.Hooft, en su carácter de titular del órgano jurisdiccional - Juzgado Penalnro. 3 del dpto. judicial de Mar del Plata ante el cual se sustanciaron lascausas judiciales instruidas con motivo de los hechos aludidos más arriba,la comisión de múltiples delitos - ya sea como autor o como partícipenecesario según los casos - entre los cuales se hallan: privación ilegal dela libertad agravada, desaparición forzada de personas, abuso de autoridad,violación de los deberes de funcionario público, prevaricato, denegación dejusticia, torturas seguidas de muerte, etc."Frente a estas circunstancias, el Jurado de Enjuiciamiento concluyó que "ElDr. Hooft intervino prima facie en diversas causas formadas con motivo delos secuestros de las personas damnificadas ( en su mayoria abogados)durante la "Noche de las Corbatas" y en el "Caso Candeloro" y, de acuerdo alo expresado en la información sumaria producida por la Secretaria deControl Judicial de la SCJBA a consecuencia de los dispuesto por esteJurado, en la sustanciación de las mismas, se habrían cometidoirregularidades. En consecuencia se impone dilucidar en la instancia dejuicio público ante el Jurado de Enjuiciamiento, si la actuación del mismoe aquélla ocasión pudo constituir alguna forma de intervención en delitosde lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos".Los hechos por los cuales Hooft será cometido a juicio político son "Nochede las Corbatas", "Caso Candeloro", "Visitas a centros clandestinos dedetención habiendo omitido actuar", "Prandina", " Bourg" e "Ibáñez-Barboza"

“ La Universidad que queremos es parte indispensable del país que anhelamos”
Bases para la Nueva Universidad , FURN, La Plata , 1973.


La Cátedra Libre por el Pensamiento Nacional y Popular “Rodolfo Achem–Carlos Miguel” tiene el agrado de invitar a usted a la charla-debate "Pensamiento Nacional y Modelo Agropecuario",a realizarse el martes 31 de marzo, a las 18,30 hs., en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata , calle 7 e/ 47 y 48, 1° Piso (Edificio Rectorado).
Panelistas invitados:
Ing. Agrónomo Alberto Cantero, Diputado Nacional, Presidente de la Comisión de Agricultura de la H.C .D de la Nación ; ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Médico Veterinario Hugo Bacci, ex Subsecretario de Asuntos Agrarios del Dr. Oscar Bidegain; ex Subdirector de Escuelas Agropecuarias.
Sra. Lucy de Cornelis, fundadora del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha.
Moderadores:
Médica Veterinaria, Ángela González Gentile
Lic. Armando Valbuena, Dip. Prov. (M.C.)

SELLOS DE MEMORIA FÉRTIL,ADULP, ATULP Y UNLP

SEMANA DE LA MEMORIA
Asociación de Trabajadores del Estado
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires



27/03 a las 19 hs. Como cierre de la Semana de la Memoria , el teatro Luisa Vehil, La Comisión Permanente de Homenaje a los Actores Desaparecidos por el Terrorismo de Estado, la Asociación Argentina de Actores y ATE Legislatura realizarán un acto en el que se descubrirá una placa en memoria de los actores-trabajadores de la cultura desaparecidos. Será en el Teatro Luisa Vehil, Hipólito Irigoyen 3133, CABA. Será la primer sala teatral de la Ciudad de Buenos Aires en la que se coloque esta placa recordatoria.

El paísViernes, 27 de Marzo de 2009
PROCESARON A UN REPRESOR QUE ACTUO EN LA ESMA
Hortal para la Hormiga

El juez federal Sergio Torres procesó a Orlando González Acuña, “Hormiga”, por cientos de casos de secuestros y torturas. Además, lo embargó por 423 millones de pesos.

El ex marino fue descubierto hace dos semanas, en una pequeña localidad de Chubut.
Orlando González Acuña, alias “Hormiga”, un ex suboficial de la marina que durante la dictadura actuó como secuestrador y torturador en la Escuela de Mecánica de la Armada, fue procesado con prisión preventiva. El juez federal Sergio Torres lo sindicó como responsable de haber privado de su libertad a 296 personas y torturado a 126 detenidos, 15 de los cuales murieron por los tormentos. El magistrado ordenó que el represor continúe en el penal de Marcos Paz y le trabó un embargo de 423 millones de pesos. González Acuña, que se había mantenido prófugo hasta semanas atrás, se negó a declarar en la causa, pero fue reconocido por los sobrevivientes de la ESMA.
El ex marino fue descubierto el 4 de marzo en la pequeña localidad chubutense de Corcovado, donde vivía desde hacía cuatro años trabajando en un aserradero. Arrestado por efectivos de la División Delitos contra la Seguridad del Estado de la Policía Federal, fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. El represor tiene 63 años, por lo que no puede pedir el beneficio de la prisión domiciliaria.
Luego de ser detenido, el ex marino hizo uso de su derecho a no declarar, aunque fue reconocido por sobrevivientes de la ESMA como Graciela Daleo, Víctor Basterra, Lisandro Cubas, Enrique Fukman y Víctor Fatala, entre otros.
Los sobrevivientes relataron que Acuña era quien se desempeñaba como fotógrafo para el grupo de tareas y recibía a las víctimas tras ser secuestradas, a muchas de las cuales además torturó.
El represor estaba escondido en Corcovado, un pueblo cordillerano, desde el 2006, aunque siempre siguió utilizando su verdadero nombre. Según el diario El Chubut, el año pasado estuvo contratado por la municipalidad para dar cursos de fotografía en los talleres culturales de la localidad, cursos que dictó durante dos meses. El hecho fue reconocido por el intendente Héctor Diez.
Los vecinos describieron al represor como un hombre “pulcro” al que veían “siempre solo”. Era considerado un buen vecino y solía asistir a las sesiones del Concejo Deliberante para presentar propuestas vinculadas al trabajo con la madera, en su calidad de responsable del aserradero.
El juez Torres, con la intervención del secretario Pablo Yadarola, señaló que Acuña integró el sector Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3. con base operativa en la ESMA. El procesamiento fue dictado en el marco de la megacausa sobre la Escuela de Mecánica de la Armada. El magistrado recordó que el modo en que actuó la represión consistió en “aprehender sospechosos, mantenerlos clandestinamente en cautiverio bajo condiciones inhumanas de vida, someterlos a tormentos con el propósito de obtener información para, por fin, ponerlos a disposición de la Justicia o del Poder Ejecutivo Nacional o bien eliminarlos físicamente”.
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Montevideo, 25 de marzo de 2009
CARTA ABIERTA AL GOBIERNO URUGUAYO
Frente la inminente resolución del Supremo Tribunal Federal de la hermana República Federativa del Brasil, respecto a la extradición del Cnel. ® Manuel Cordero solicitada por la Justicia uruguaya, queremos manifestar en primera instancia nuestra preocupación por la múltiples denuncias que de ese país nos llegan.
El Cnel. ® Manuel Cordero quien debe esperar este fallo en prisión domiciliaria, circula libremente por la ciudad de Livramento.
Dada la experiencia vivida respecto del caso de C/N ® Jorge Néstor Tróccoli y la lentitud de la actuación de los organismos competentes, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos - Desaparecidos entiende que el gobierno uruguayo debe tomar como Asunto de Estado, las causas que involucran delitos de Lesa Humanidad, contra nuestros ciudadanos. Además de los casos de Italia y Brasil, las causas del ex miembro del Escuadrón de la Muerte Nelson Bardesio y el Mayor Antraig Ohannessian que se encuentran detenidos en la República Argentina.
Por lo tanto, solicitamos se instruya a los consulados en los países involucrados para que den especial seguimiento de las mismas y ponga particular interés en la concreción de la extradición del prófugo Manuel Cordero.
MADRES Y FAMILIARES DE URUGUAYOS DETENIDOS- DESAPARECIDOS
FEDEFAM- Uruguay
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Había votos. El STF se disponía a analizar los pedidos de extradición que pesan sobre el represor
Sorpresa: Tribunal de Brasil excluyó caso Cordero de su agenda para hoy
El pronunciamiento sobre la extradición del coronel Cordero, pautado para hoy, desapareció "misteriosamente" de la agenda del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Su extradición es reclamada por la Justicia de Uruguay y Argentina y organizaciones de DDHH de todo el mundo.

Una mala señal. Cordero "se pasea" por la frontera con Brasil.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil tenía previsto pronunciarse hoy sobre la extradición del coronel (r) Manuel Cordero por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, pero a última hora y de forma "sorpresiva" el tema fue excluido de la agenda del tribunal.
El máximo órgano jurisdiccional brasilero tenía previsto analizar en esta jornada las requisitorias internacionales sustanciadas desde Argentina y Uruguay contra el militar retirado. Sin embargo, de forma "misteriosa" y ante "la incredulidad y el asombro" de la prensa y de las organizaciones de derechos humanos brasileras el tema fue excluido de la agenda "sin explicación y sin fecha fijada para una próxima audiencia", indicaron fuentes del país norteño a LA REPUBLICA.
La votación se encuentra cinco votos a dos a favor de conceder la extradición del coronel uruguayo a la República Argentina, donde es requerido por su participación en la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, denominada "Plan Cóndor", por lo cual hoy podría obtenerse el voto decisivo que pusiera fin al proceso judicial contra Cordero.
El voto favorable de uno solo de los ministros que aún no se han expresado -Eros Grau, Celso de Mello y Ellen Gracie-, habilitaría la extradición del militar a Argentina. En caso de un eventual empate, la resolución final recaería en el presidente del STF, Gilmar Mendes.
Los ministros Ricardo Lewandowski, Cesár Peluso, Carmen Lucia, Joaquim Barbosa y Carlos Ayres Britos ya se pronunciaron por conceder la extradición, al tiempo que los ministros Marcos Aurelio de Melo y Carlos Menezes Direito se expidieron en contrario.
Manuel Cordero fue detenido en Santana do Livramento a principios de 2007, tras fugar de Uruguay en 2004 para evitar un juicio por "desacato" iniciado por el juez José Balcaldi. El magistrado había iniciado un proceso contra el militar por "apología de la tortura". Cordero fue descubierto en Brasil por el activista por los derechos humanos Jair Krischke.
Cordero está implicado en Argentina por casos de secuestro, tortura y desaparición de niños y adultos en Automotores Orletti, por los cuales el juez federal Guillermo Montenegro inició el trámite de extradición Nº 974.
A su vez, el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, solicitó la extradición del militar (trámite Nº 1.079) en la indagatoria por la desaparición del militante del PVP Adalberto Soba y otros veinte uruguayos secuestrados en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay en 1976.

Reclamo internacional
La extradición de Cordero fue reclamada durante los últimos meses por millares de cartas y pronunciamientos de personalidades y organizaciones de derechos humanos dirigidos al presidente del STF, Gilmar Méndes. Incluso el reclamo se acentuó en los últimos días con el pedido de Joao Vicente Goulart, hijo del derrocado presidente brasilero Joao Goulart.
La negativa a conceder la extradición Cordero "avergonzará la legitimidad de nuestra patria al no castigar a aquellos que obran cobardemente desde los poros de las dictaduras atentando hasta contra los niños, como es el caso de esta persona", expresa la carta de Goulart, de la cual diera cuenta LA REPUBLICA días atrás.
Fuente: www.larepublica.com.uy jueves
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El 25 de Marzo las sesiones se iniciaron poco después de las 16:30 hrs.La primera declaración fue la de Horacio Alberto Márquez. Refirió haber sido secuestrado de su casa el 3 de septiembre de 1976; era empleado del Poder Judicial, con larga trayectoria como delegado gremial. Lo llevó un grupo conducido por un teniente o subteniente Cáceres, con soldados que portaban armas de guerra. El auto en que lo llevaron estaba conducido por un Suboficial de la Prefectura, cuyo nombe no sabe, aunque conoce que vivía en Maipú y Patiño. Lo encapucharon y lo trasladaron al RIM 29, adonde vió a otras personas: Silvio Segovia, Velázquez Ibarra, José Concepción Vázquez, un tal Pinto y Rubén Menéndez, quien ha quedado con trastornos psiquiátricos como consecuencia de la tortura.Sufrió un simulacro de fulsilamiento, golpes en la columna; "lo terrorífico era de noche, se escuchaban pasos, llevaban a alguien y lo traían mal, se quejaba..."Los soldados del RIM eran del interior; también estaban fuerzas de la policía provincial, reconoció al Comisario Gómez.Fue liberado porque su madre habló con el Coronel (RE) Ruggiero, quien se desempeñaba como Ministro de Gobierno.En segundo lugar, prestó declaración Rodolfo José Acosta. Fue militante del partido Justicialista desde muy joven y ocupó el cargo de Presidente del Instituto de Asistencia Social de la Provincia. En su testimonio se refirió a la existencia de la Comunidad Informativa de Formosa, espacio donde se intercambiaba información de las actividades de cada fuerza; la integraban los jefes de los servicios de información del Ejército, Prefectura, Policía de la Provincia, etc. A esas reuniones, Colombo mandaba su representante, lo que demuestra que el Gobernador estaba informado absolutamente de todo lo que ocurría en la Provincia.A pocos días del golpe del 24 de Marzo de 1976, fue detenido y llevado a la Alcaldía, desde donde se lo trasladaba todos los días al RIM 29, en vehículos de la Policía de la Provincia. Estuvo 47 días. Es liberado, y vuelve a ser detenido y llevado directamente al RIM 29; junto con él detuvieron a Bogarín, Oviedo, Mazacotte, Monchi Diaz; solamente sobrevivieron él y Menéndez, quien actualmente vive en el Chaco. Fue torturado; reconoció a Spada y Solís, vió también a Antinori. Entre los detenidos, vió al soldado Genés, Ayala, Velázquez Ibarra.Recuerda que su señora fue a hablar con el Cnel (RE) Irala, quien era Secretario Privado de Colombo.Cuando fue liberado bajo libertad vigilada, debía ir los martes y viernes a firmar el "libro negro" en la Policía; eso continuó hasta el año 1980. COLOMBO...lo mirará desde su sillón o vendrá a sentarse en el Cgio. de Escribanos?Así terminó la Audiencia del día 25, luego de las declaraciones de HORACIO MARQUEZ, RODOLFO JOSE ACOSTA, BRIGIDA M. MAYO Y HUMBERTO PARMETLER, con la lectura del Informe de la última evaluación realizada al Gral. (R), el pasado 19 del cte. .Con un dictamen dividido entre los Peritos de Parte (para quienes compensado su cuadro de HTA, estaría en condiciones de ser trasaladado a la Ciudad de Formosa, con las condiciones sanitarias que requiera su estado actual) y los profesionales del CMF de la CSJN, para quienes (asombran por su osadía), no solo "no estaría en condiciones de ser trasladado a ésta, sino que, además, tampoco estaría en condiciones de participar de la audiencia de debate". Esta contradicción suscitó la intervención de las querellas, quienes plantearon que Colombo "está participando de las audiencias" desde el pasado 25 de Febrero, por lo que alertó sobre tal contradición en la opinión de los peritos oficiales, en virtud de lo cual se solicitó defina el TOF que postura asumirá ante la posibilidad del traslado del imputado a ésta ciudad , advirtiendo que, no se resignará desde la querella la posibilidad de que esté presente cuando se dicte sentencia. Tal vez en el día de mañana, luego del cuarto intermedio, a las 8.30 hs del jueves, se resulva el conflicto: "¿aquí o allá?". No importa, "adonde vayan los iremos a buscar".Como corolario del día, un común denominador surcó las testimoniales: la íntima relación existente entre la Policía Provincial, el Poder Ejecutivo y el Ejército, un acuerdo represivo sostenido por el intercambio de fuerzas, recursos y decretos, reflejado con nitidez en la existencia de una comunidad informativa conformada por integrantes de las distintas fuerzas, incluso del Ejecutivo Provincial, así como en la participación de Ruggero, segundo del entonces Cnel. Colombo para interceder por la liberación de Horacio Marquez. Otro punto fuerte, la clara alusión a la participación del ex Ministro de Gobierno (en democracia) Lorenzo E. Borrini, como uno de los pocos formados en la célebre Escuela de las Américas y el conocimiento que se supone tiene sobre el destino de los desaparecidos, y el reiterado pedido de que sea citado a declarar.Las audiencias continúan mañana jueves 26 a partir de las 8.30 hs. con el testimonio de dos testigos, para luego pasar a cuarto intermedio hasta el próximo martes 30 de Marzo.Los esperamos. --Publicado por juicioformosa para JUICIO FORMOSA el 3/25/2009 06:02:00 PM -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS
El caso Lanuscou, Columna Norte. La otra Historia

El 3 septiembre de 1976 el Comando Zona IV Campo de Mayo conjuntamente con refuerzos del Batallón 601 de Boulogne y Policía de la Provincia de Buenos Aires, atacó la casa de la familia Lanuscou, en la localidad de Acassuso. Como resultado de cinco horas de intenso bombardeo fueron asesinados Roberto Lanuscou y Bárbara Miranda, y sus hijos Robertito y Barbarita de cuatro y seis años. La hija menor del matrimonio, Matildita, aún sigue siendo buscada. El caso fue famoso en su época, volvió a cobrar notoriedad en varias oportunidades a lo largo de treinta y dos años y sigue siendo el crimen paradigmático de la dictadura en todo el distrito de San Isidro.
La historia es extremadamente compleja y uno de sus componentes volvió a instalar el caso judicialmente y a nivel de la prensa ya que hace algunos años Abuelas de Plaza de Mayo y las familias Lanuscou-Miranda y García Gualdero reclamaron judicialmente conocer el orgien de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, la dueña del diario Clarín. En el caso que nos ocupa, existen presunciones de que Marcela Noble sea Matilde Lanuscou.
Por otra parte, la búsqueda de la niña Lanuscou junto al caso de Floreal Avellaneda, reactivaron la Megacausa Riveros -que es Campo de Mayo, el peor pozo de la dictadura- que estuvo paralizada durante treinta años.
Hasta aquí la historia conocida, sin embargo, allí también hubo Otra Historia.
Esta es la historia de un crimen, es la historia de una investigación y es una aproximación a la mlitancia revolucionaria en la zona Norte del Gran Buenos Aires durante los años 70.Publicó Ediciones Nuevos Tiempos y está en las librerías desde esta semana
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Crímenes de la dictadura
Denunciarían a Camaristas Federales mendocinos ante el Consejo de la MagistraturaEnrique Ponce hizo el anticipo
San Luis (Pelr) 26-03-09. Muchos de los actuales Camaristas Federales de Mendoza, serían denunciados dentro de muy poco tiempo, por haberse hallado “sus firmas, en todas las actuaciones y los acumulados”, que cuando eran jueces “excarcelaron genocidas”, dijo a Periodistas en la red, Enrique Ponce, quien fuera querellante en el juicio desarrollado en San Luis y que continúa participando en las compulsas. Aunque no lo señala, no sería de extrañar que entre estos camaristas, se encuentren los integrantes del tribunal que están juzgando en Mendoza a acusados de crímenes de lesa humanidad, y que están cuestionados fuertemente por las organizaciones de derechos humanos de esa provincia, y que al comienzo del debate se destacaran por no haber permitido a la prensa el libre ejercicio de la profesión.
Lo que más les preocupa a las organizaciones de derechos humanos, es que los camaristas que serían denunciados “siguen participando en estos juicios” y aseguró que está en condiciones de adelantar que “estamos analizando la posible denuncia, por responsabilidades penales, para que sean investigados por la posible comisión de delitos de lesa humanidad”, además de “una posible denuncia ante el Consejo de la Magistratura, cuyas firmas están estampadas en estas voluminosas causas que se investigan”.
Entre estos camaristas, se encuentra quien fuera juez federal en San Luis, Carlos Martín Pereira González, en la época de la dictadura y que quedó seriamente comprometido durante el desarrollo del juicio que se les llevó adelante a Carlos “El Chueco” Plá y Miguel Ángel Fernández Gez, entre otros, quienes fueran condenados a prisión perpetua, en cárcel común.
Otro que, en el juicio llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal de San Luis, quedó muy comprometido, fue Carlos Jesús ‘El Fiscalito’ Rodríguez, “quien hoy goza de libertad, y tendría que estar tras las rejas”, sentenció Ponce y aseguró que “era miembro de un Poder Judicial cómplice de la dictadura”.
Según Ponce, ‘El Fiscalito’ Rodríguez, “venía de parte del Brigadier (Jesús Orlando) Capellini y comandaba una cédula de ultraderecha, que tenía como finalidad llevar adelante atentados y homicidios de personas”.
Todas estas investigaciones, que terminarían en las inminentes denuncias que nos anticipó Ponce, “son la punta del iceberg”, lo que no puede ser tomado “como una caza de brujas, porque hay prueba documentada, fehaciente, desprendida de documentos públicos indubitados, que están siendo, hoy, motivo de investigación en la Justicia Federal”.
Informe: Carlos Rubén Capellacarlosrcapella@yahoo.com.ar
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Lucio Lucero y la FICES
Se realizaron jornadas de reflexión por la Memoria
San Luis (Pelr) 26-03-09. En el día de ayer, los alumnos del secundario del Centro Educativo Nº 8 “Maestras Lucio Lucero”, llevaron adelante la Jornada de Reflexión, dedicada a la Memoria por los hechos ocurridos a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En Villa Mercedes también hubo actividad conmemorativa en la Fices.


Pablo Melto, poeta y educador, le habla a los chicos de Centro Educativo Nº 8
"Pancho" Ledesma tenía 16 años cuando su hermano desapareció
Los alumnos que participaron de la jornada


La jornada comenzó a las 8 y finalizó a las 12:30, y contó con la presencia de personas que fueron víctimas directas o indirectas de las atrocidades cometidas por los militares, durante el tiempo que duró el régimen de gobierno militar, entre los que se destacaron, el poeta Pablo Melto, quien, en esa época era sacerdote y dejó los hábitos por que entendió que su misión pastoral no podía llevarse adelante con la línea de pensamiento que imponía férreamente el obispo puntano Juan Rodolfo Laise. Él fue un preso político sin que se le formara causa. También expusieron el abogado Enrique Ponce, querellante en el juicio a militares y policías, por crímenes de lesa humanidad, además de Víctor “El Gringo” Fernández, torturado por los militares, Francisco Ledesma, hermano del desaparecido Pedro Valentín Ledesma.
Entre la actividad desarrollada, se destaca la proyección de varias películas, entre ellas “Tatiana”, “Crónicas de una fuga” y “La noche de los lápices”; siendo el debate, el protagonista principal, tras la finalización de cada proyección.
El cierre de la jornada, estuvo a cargo de Melto, quien entregó a los presentes una poesía concordante con el tema desarrollado. Informe: Carlos Rubén Capella
La actividad en Villa Mercedes
En Villa Mercedes, la actividad se desplegó en la Fices de la UNSL. En la Secretaría de Extensión Universitaria se llevó a cabo la charla debate con la APDH, familiares y querellantes, junto al Dr. Enrique Ponce, a propósito de Juicio al que fueran sometidos alguno de los represores de la última dictadura en San Luis, y que terminara con una sentencia histórica.
En el debate participaron alumnos, docentes, el decano de la FICES, miembros del nuevo Departamento de DDHH de la UNSL, y miembros de la comunidad.
La intención de los organizadores, era poner de manifiesto un reconocimiento al accionar de la APDH San Luis, quienes partir de un ejercicio militante, después de mucho tiempo, lograron que este Juicio se lleve a cabo.
La exposición del Dr. Ponce resaltó como este juicio, tiene características que lo vuelven particular, respecto de otros juicios y que, de algún modo viene a inquietar a represores y miembros de la derecha, que esperan ser llevados, por otras causas, a Juicios Orales y Públicos.
Los familiares Cuqui Álvarez, Pancho Ledesma y Reyna Alcaráz, brindaron conmovedores relatos, de cómo se vieron afectadas sus vidas luego de que se llevaran a sus hermanos, y de la lucha que, a partir de entonces, vinieron realizando buscando Verdad y Justicia.
Un párrafo especial merece la exposición de Cuqui Alvarez, quién agradeció a la APDH por haberla contenido, mimado y haberle enseñado a conocer la profundidad de la palabra “compañero”.
Víctor fernandez, como testigo alentó a los presentes a continuar la lucha que ellos iniciaron en los 70, y reclamó por mas solidaridad y participación social.
El debate, sin embargo, se centró en la militancia de la comunidad estudiantil quienes, en Villa Mercedes, carecen de prácticas que los consoliden como dirigentes, y donde la comunidad universitaria, en general, descree de todo tipo de participación, incluso para solucionar problemas de la propia comunidad. Sandra Poncio –periodista de una radio local-, se quejó de la falta de libertad en los medios locales, y puso de manifiesto que hay sectores de la sociedad que esperan cualquier debate público –no importa sobre que tema- para exponer sus propias necesidades.
La experiencia, indudablemente, fue muy enriquecedora, y puso de manifiesto, entre otras cosas, la falta de compromiso y participación de una comunidad como la de Villa Mercedes
Especial para Periodistas en la red: Patricio Torne
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Los genocidas también recordaron el 24 de marzo
Por H.I.J.O.S
El 7 de mayo en Santa Fe empiezan los juicios a los genocidas santafesinos. Lamentablemente, como en otros lugares del país y debido a la impunidad de la que han gozado los represores en estos 33 años, aquí también los testigos, querellantes, abogados y militantes sufrimos amenazas e intimidaciones.
Queremos denunciar públicamente que este 24 de marzo de 2009, mientras muchos santafesinos se abocaban, en múltiples actividades, a recordar y repudiar el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar, los perpetradores de esos crímenes también recordaron esta fecha, pero ellos la festejaron y amenazaron con "otro 24 de marzo". Cabe señalar que actuaron como siempre y con los mismos medios; desde el anonimato, en la noche y con total libertad de movimientos; el objetivo de sus acciones es preservar la impunidad sembrando el miedo.
En la madrugada del 24 el local comercial del hijo de uno de los querellantes en los juicios, Daniel García, fue agredido a balazos por personas desconocidas. En las primeras horas de la mañana se encontraron panfletos que reivindicaban el accionar represivo de la última dictadura, junto a otros dirigidos contra dos diputados provinciales
-Alicia Gutiérrez y Antonio Riestra? reconocidos por su lucha a favor de los Derechos Humanos y en reclamo de justicia. Cabe señalar que los lugares elegidos para arrojar los volantes intimidatorios eran aquellos donde se realizarían actos para conmemorar y repudiar el último golpe militar: el cementerio municipal de Santa Fe y la plaza central de San José del Rincón, y que en el caso del cementerio, también se realizaron pintadas del mismo tenor y con las mismas consignas en las paredes exteriores del mismo. Por último, también aparecieron leyendas intimidatorias en el estudio de la compañera Lucila Puyol, abogada de H.I.J.OS. y litigante en las causas de Terrorismo de Estado.
Estas acciones intimidatorias, que se plantearon como una verdadera "contra?jornada" en el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, no fueron las primeras, ni las únicas acaecidas en nuestra ciudad.
Con anterioridad se habían sucedido una serie de lamentables acontecimientos entre los que podemos destacar: las amenazas a la compañera Amalia Ricotti, querellante en la causa contra el genocida Barcos, quien además fue perseguida en plena vía pública por un amigo del genocida Brusa; la irrupción de desconocidos en reiteradas ocasiones y con supuestos fines de robo en la vivienda de Soledad Chávez, querellante en el juicio contra el genocida Menéndez y que vive en nuestra ciudad; aparición de panfletos intimidatorios arrojados en las casas de las querellantes contra Brusa.
Es evidente que los genocidas santafesinos hoy pueden levantar el teléfono y encargarles a sus cómplices realizar las más cobardes tareas, pueden leer esto desde la comodidad de sus casas de fin de semana e imprimir volante reivindicando los asesinatos cometidos contra nuestros padres, compañeros y amigos.
Frente a tanta impunidad les pedimos a los ciudadanos santafesinos una vez más el apoyo y el respaldo, para seguir adelante con los juicios a los genocidas asesinos de la última dictadura militar. Y le exigimos al poder político y a la justicia, que tome cartas en el asunto y que articulen y pongan a disposición las herramientas para evitar, impedir y terminar con los atentados, amenazas e intimidaciones por parte de los genocidas.
Desde la agrupación H.I.J.O.S. Regional Santa Fe creemos que las amenazas tienen solución y esta es acelerar los juicios y terminar con los privilegios a los genocidas.
Sabemos que los juicios recién empiezan, y también sabemos que los genocidas acostumbrados a la impunidad y a las mafias, no se van a quedar tranquilos y como no pueden demostrar su inocencia ?ya que no son inocentes? saldrán una vez más a imponernos terror.
Queremos que el Estado desde sus distintos poderes nos garantice la integridad y la vida de todos y cada uno de los querellantes, testigos, abogados, militantes y ciudadanos de Santa Fe.
* Regional Santa Fe-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Ratifican a juez que intervino en un "Juicio por la verdad"
La Cámara Federal de Resistencia confirmó la decisión de no separar a un magistrado de la causa conocida como "Masacre de Margarita Belén". Hace unos meses, Casación Penal hizo lugar a una recusación en un caso similar. Fallo completo


Fallo "Dr. Molina, GonzaloJavier – Def. Púb. Oficial‘Ad Hoc’ s/ InterponeRecurso de Casación enExpte. N° 47.140" 43.42 Kb.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó un recurso de casación contra el fallo que desestimó un planteo de recusación del juez federal Carlos Skidelsky, por haber intervenido éste tomando declaraciones testimoniales en uno de los llamados “Juicios por la verdad”.
Skidelsky había sido recusado por “temor de parcialidad”, por haber intervenido como magistrado en la causa “Acuña, Pereyra, Sobko y otros s/ presentación”, uno de los denominados “Juicio por la verdad”. Para ello se invocó un fallo de la Cámara de Casación Penal, que en diciembre último apartó de una causa a los miembros de la Cámara Federal de Mar del Plata por una situación similar (Leer: “Por intervenir en "juicio por la verdad" separan a jueces”).
En aquel caso, Casación Penal había asegurado que si bien la actividad de los jueces en el “Juicio por la Verdad” no tuvo finalidad punitiva, “lo cierto es que ejercieron actividades y funciones judiciales de dirección y control de la investigación e instrucción”.
El 24 de febrero pasado la Cámara de Resistencia desechó la recusación de Skidelsky. Al respecto, dijo que en el trámite judicial de la causa actual se recibieron declaraciones testimoniales a algunas de las personas que declararon en el “Juicio por la verdad”, testimonios que fueron dispuestos por aquel juez “en cumplimiento de facultades instructorias establecidas por el ordenamiento ritual y que, de haber sido utilizadas como prueba de cargo para el dictado de los respectivos autos de procesamiento como refiere la defensa, lo fueron en forma conjunta con otros numerosos elementos de convicción en es sentido”.
Ahora, el tribunal desestimó un recurso de casación contra aquella decisión judicial, por no ser ésta una sentencia definitiva: “La pretensión del recurrente de generar un examen crítico de los sucesos que constituyen el objeto del proceso… implicaría, en la hipótesis que aquellas pretensiones tuviesen una recepción favorable, convertir a la instancia de casación en otra instancia ordinaria de apelación y soslayar el carácter limitado, extraordinario y excepcional que tiene la impugnación deducida”.

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En Rosario exhortan a jueces a apurar juicios de lesa humanidad
Mediante una acordada, la Cámara Federal recomendó a los magistrados de esa jurisdicción que concentren las investigaciones, acumulen expedientes y unifiquen la toma de declaraciones de testigos, entre otras medidas. Texto de la Acordada

Zoom
Acordada nº 48/09 14.25 Kb.

La Cámara Federal de Rosario resolvió exhortar a los jueces que intervienen en causas por delitos de lesa humanidad a apurar los trámites de esos expedientes. Lo hizo mediante una acordada firmada por los jueces Carlos Carrillo, Liliana Arribillaga, José Guillermo Toledo, Fernando Barbará, Elida Isabel Vidal y Edgardo Bello.
Las recomendaciones del tribunal están dirigidas a la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara y a los jueces federales de primera instancia dedicados a esas investigaciones en las ciudades de Rosario, Santa Fe y San Nicolás.
Tal como lo vienen sosteniendo otros tribunales de todo el país, la Cámara Federal de Rosario aconseja a los magistrados que concentren las investigaciones y acumulen los expedientes atendiendo al criterio que resulte más conveniente en cada caso, por ejemplo, por centro de detención o por grupos de víctimas con especial vinculación entre sí, "cuidando de no conformar expedientes de volumen o complejidad tal que terminen generando un resultado contrario al buscado".
También sugieren que los jueces intervinientes convoquen a los testigos, tratando de interrogarlos en una misma ocasión por todos los hechos y circunstancias sobre los que puedan tener conocimiento; y que indaguen a todos los involucrados por la realización de un mismo hecho o grupo de hechos "con la mayor sujeción posible al principio de concentración, y posteriormente decidan -también en forma conjunta- la situación procesal de todos ellos".
En otro de los tramos de la acordada, los camaristas además recomiendan evitar elevar a juicio los expedientes en que queden cuestiones o recursos ordinarios pendientes de resolución y advierte a los jueces que "extremen el adecuado cumplimiento de las disposiciones procesales aplicables para no dar motivo a la formación de incidencias, o a la necesidad de volver sobre pasos procesales ya cumplidos".
Fuente: Centro de Informacion Judicial www.cij.gov.ar
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Al inicio de la marcha hacia el Monumento, la agrupación H.I.J.O.S estará en Plaza San Martín pintando remeras en apoyo a los juicios contra los genocidas. Quienes quieran participar, sólo tienen que traer una remera lisa clara.

La Estampa tiene un diseño de la artista de HI.J.O.S. Florencia Garat y una leyenda que dice “La Memoria es una arma cargada de futuro”. Juicio Castigo.

Documento final que se leerá en el monumento

Compañeras y compañeros, han pasado ya 33 años del golpe genocida en nuestro país. Muchos de los aquí presentes padecimos persecuciones, torturas, cárceles y exilios; y son muchos más, los que hoy ya no están: treinta mil desaparecidos que no están presentes físicamente, pero si en nuestro recuerdo y homenaje permanente. Treinta mil compañeros que son la bandera de unidad que encabeza nuestra multitudinaria marcha todos los años, a pesar de nuestras diferencias.

La dictadura instaló el terrorismo de estado, como metodología para la “reorganización” de nuestro país, para poner a la nación de rodillas ante las potencias del mundo, para aniquilar las conquistas sociales, y desarticular a las organizaciones gremiales, políticas, campesinas, juveniles. La dictadura fue producto de una estrategia integral y sistemática que contó con la participación necesaria y la complicidad de sectores civiles, políticos, empresariales, económicos, sindicales y de la cúpula de la iglesia.

Hay que recordar que en las décadas del 60 y 70, el país vivió un proceso de participación masiva del pueblo, donde se debatía qué modelo de país se quería para el futuro y para el día a día.

Las venas abiertas de América del Sur eran recorridas por movimientos de trabajadores, estudiantes, vecinos y religiosos convencidos de que la organización popular era la herramienta para transformar las estructuras sociales de dominación y crear una sociedad solidaria y con justicia social. Hombres, mujeres, con distintas ideologías, identidades y diferencias en sus métodos de acción, pero con la convicción compartida, de que un futuro de justicia e igualdad se debía construir en un compromiso cotidiano, que cada uno llevaba adelante pensándose unido a otros miles de compañeros en un sueño común y al alcance de la mano.

Luego de la apertura institucional, fue impuesta una mentirosa versión de la historia, queriendo convertir a esas experiencias sociales y políticas, en la absurda teoría de los dos demonios: un cuentito de tiempos violentos con malos de izquierda y malos de derecha. De esa manera se intentó ocultar que el único verdadero demonio fue la violencia oligárquica contra las expresiones políticas de un pueblo que nunca resignó sus conquistas, a pesar de que lo bombardearan, lo fusilaran o lo desaparecieran.

A inicios de los ochenta, como increíble manotazo de ahogados, los militares se toman del histórico reclamo de Malvinas, sometiendo a terribles aberraciones nuestros jóvenes y queridos soldados veteranos y ex combatientes, que defendieron con su vida la soberanía nacional contra el imperialismo inglés –que hoy nuevamente pretende usurpar nuestro territorio marítimo–, a pesar de que a la dictadura nada importaran realmente esas legítimas banderas.

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y luego los indultos, pretendieron clausurar toda posibilidad de juzgar a los culpables de desapariciones, torturas, violaciones, a los responsables de la entrega de la nación y la deuda externa. Junto a esa impunidad crecía la desindustrialización, la desocupación, la desnutrición infantil, la desesperación de miles de hogares, la fragmentación y la violencia social; se destruyó el sistema de salud, la contención social del estado; apareció el "gatillo fácil" y la superpoblación de cárceles. Pero de apoco fuimos recuperando nuestra capacidad de reacción como pueblo, y el repudio al golpe empezó a ser multitudinario, al mismo tiempo que crecía la manifestación de los excluidos, la organización de los desocupados y saqueados que el modelo económico generaba.

La lucha por juicio y castigo, se fue haciendo cada vez más fuerte al tiempo que la lucha por dignidad y trabajo volvía ganar las calles y la historia. No es casualidad que la derogación de las leyes de impunidad ocurriera luego del golpe mortal al neoliberalismo que fue diciembre del 2001.

Y aquí debemos hacer un señalamiento ineludible, porque 2001 no sólo significa la puesta en crisis de un modelo, para nosotros también es el recuerdo de nuestros muertos, el de las nueve víctimas que en la provincia de Santa Fe se cobró la policía de Carlos Reutemann y Enrique Álvarez. ¡Exigimos juicio y castigo para los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Juan Alberto Delgado, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba, Walter Campos, Yanina García, Graciela Acosta, Claudio Lepratti, Graciela Machado y Marcelo Paccini!

Juicio y castigo es una bandera que ha trascendido ampliamente a organizaciones históricas de derechos humanos, e incluso al enorme conjunto de organizaciones gremiales, sociales, políticas y culturales que siempre se hacen presente en este monumento.

Ese compromiso de distintos sectores es lo que nos permitió avanzar hasta aquí con los juicios contra los genocidas, y nos posibilita afirmar que aquella consigna no alude solamente al reclamo de justicia por los crímenes perpetrados, sino que además implica un debate colectivo sobre el modelo económico, social y cultural que la dictadura inauguró. El juzgamiento de los ejecutores del genocidio conlleva una construcción social que reflexione sobre la herencia de fragmentación social, concentración económica y desmantelamiento del Estado que trajo aparejado.

Ese mismo compromiso es el nos debe impulsar para que el reclamo de Aparición con vida de Jorge Julio López no se transforme en una consigna vacía. Su desaparición es un hecho que marcó un punto de inflexión en nuestra historia inmediata, y que obliga a asumir las responsabilidades que les caben, al poder político y judicial.

Este año, que será inicio de los juicios orales contra los genocidas, más que nunca debemos aprender a defender y acompañar, en el marco de la más amplia unidad posible, nuestras conquistas y derechos.

Así como llenamos este monumento para exigir el juicio y castigo a los terroristas de estado, debemos estar todos junto a los trabajadores que bajo los argumentos empresarios de “la crisis”, resisten a los despidos, suspensiones y baja de salarios.

Tenemos que lograr entre todos poner como principal eje de la agenda social la distribución de la riqueza; y desterrar los intentos de quienes pretenden esconder las consecuencias de la desigualdad con políticas de mano dura.

Del mismo modo, debemos estar juntos para defender e impulsar el proceso de construcción de la unidad latinoamericana, en las que están inmersos numerosos países de nuestra América del sur y el Caribe.

La lucha por los derechos de la mujer, de los jubilados y de nuestros chicos, son también banderas que nos convocan a la unidad.

Somos nosotros, los trabajadores, los estudiantes, los profesionales, los docentes, las amas de casa, hombres y mujeres del pueblo; los que debemos transformarnos en partícipes activos de los destinos de nuestra comunidad, desde cada uno de nuestros lugares. Solamente un pueblo que conoce y pelea por sus derechos, es capaz de defenderlos.

Compañeros y compañeras, este año debe ser el año del inicio de las condenas a los genocidas en nuestra ciudad. El hecho de que esta bandera sea levantada por tantos rosarinos y argentinos, es una enseñanza para asumir la fuerza que tenemos para hacer historia cuando existen objetivos comunes que nos unen. Esa fuerza, deberá expresarse en cada audiencia, para mostrar a los jueces, y a los defensores de la impunidad, que el pueblo está movilizado detrás de este reclamo.

Esa fuerza, es la misma que tendremos que demostrar, para exigir que de una buena vez, se depure el aparato judicial de jueces que juraron bajo el estatuto de reorganización nacional de los genocidas.

Este año, más que nunca debemos entender que la realización efectiva del juicio y castigo es indispensable en el camino de reconstruir proyectos colectivos, de participación, de recuperación de sueños y esperanzas de un futuro justo y solidario; con trabajo, salud, educación y vivienda dignos para nuestros pibes, para nuestros viejos y para nuestro pueblo. Sueños, por el que vivieron y lucharon los 30.000 desaparecidos, y por los que luchamos y vivimos nosotros.

Consignas:

¡Juicio y castigo con cárcel común a los genocidas ya!
¡Aparición con vida de Jorge Julio López!
¡Unificación de las causas para que los Testigos no sufran la tortura psicológica de declarar tantas veces!
¡Por que las audiencias sean verdaderamente públicas y abiertas para la comunidad y la prensa!
¡Por la aceleración de los Juicios y la conformación de los Tribunales Orales!
¡Por la aplicación de planes efectivos de protección a testigos y querellantes en todo el país!
¡Restitución de la identidad de los niños, hoy jóvenes, apropiados por la dictadura!
¡Por las desarticulación de los aparatos de inteligencia y la desclasificación del sus archivos!
¡Exigimos el Juicio y Castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Sandra Cabrera, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán y Carlos Fuentealba. Y exigimos que esa Justicia que deja impunes a los asesinos de estos compañeros, no persiga y procese a los trabajadores en lucha!
¡Exigimos el juicio político a la Jueza Federal Laura Inés Cosidoy, y repudiamos sus declaraciones!
¡Exigimos que los crímenes sufridos por los soldados ex combatientes de Malvinas, sean encuadrados jurídicamente como delitos de lesa humanidad!



Firmas documento 24 de marzo

Madres de Plaza 25 de Mayo
Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas
Liga Argentina por los Derechos Humanos
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
H.I.J.O.S Rosario
Y siguen las firmas…

Fuente: H.I.J.O.S. Rosario


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PIRULO
GERIATRICO
Un represor de la dictadura, el coronel retirado Luis Alberto González, que estaba prófugo de la justicia federal de Bahía Blanca desde noviembre del año pasado en una causa que investiga crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino "La Escuelita" apareció internado en un geriátrico de Santa Fe, donde se le practicaron exámenes médicos que ahora le permitirían zafar de la cárcel. La detención fue solicitada por el juez federal Nº 1 de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale en un exhorto que remitió a su colega de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, con los últimos domicilios del represor: en La Rioja al 2400 y la peatonal San Martín al 2300, en el microcentro. Pero una investigación periodística detectó que González ?en realidad? estaba internado en un centro geriático en calle San Jerónimo, casi esquina Santiago del Estero, en plena Recoleta santafesina.

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DOCUMENTO LEÍDO POR H.I.J.O.S. ALTO VALLE EN EL ACTO DEL 24 DE MARZO DE 2009

Como hijos e hijas estamos acá porque entendemos que todos estos años de lucha no son en vano, y que la traducción más exacta de lo que hacemos es cada compañero y compañera que a pesar de la política del miedo y el silencio eligen estar presentes.
Un estar presente que nos urge. Un estar presente que demanda, que exige, que combate la injusticia.
La misma injusticia que alentó a los jóvenes del 70 a organizarse,
a preocuparse y a ocuparse…
Ocupar asambleas, fábricas, escuelas, universidades, barrios,
espacios colectivos donde el otro- la otra eran todos.
Donde las necesidades y las ideas eran todos.
Donde todos y todas se proyectaban en un andar haciendo, en un hacer luchando.
Porque no eran iguales pero se igualaban en la construcción de otro sistema, un sistema que deviniera en justicia.
Nosotros también buscamos y creemos en la justicia.
Existimos en esa búsqueda.
Pero “justicia” no es lo que pueda decir un juez, con sus garantías de impunidad y penas que no se ajustan a lo que hicieron, ni a lo que siguen siendo, capaces de hacer, los genocidas y sus secuaces; “justicia” no son procesos que niegan la verdad histórica, y retrotraen la teoría de los dos demonios, con jueces y fiscales que niegan el genocidio y avalan penas de 7 años…
Para nosotros, “Justicia” es que haya igualdad y que todos los trabajadores tengan un sueldo digno, “Justicia” es que todos tengamos trabajo y que podamos ir a un Hospital Público que no esté saqueado, “Justicia es la recuperación de la tierra en la organización y las voces de los pueblos originarios, “Justicia” es que no haya más desaparecidos ni perseguidos, ni procesados, ni encarcelados por luchar, “Justicia” es que no haya más mujeres y niñas desaparecidas para alimentar las redes de prostitución, “Justicia” es que todos tengamos Educación pública digna y que no haya pobreza ni hambre, “Justicia” es que todos podamos vivir en Libertad.
Fueron las Madres las que dieron el primer paso cuando dijeron que “justicia será cuando el pueblo sea feliz, cuando todos tengan casa, trabajo, educación y no haya más necesidades”.
Entonces hoy es más necesario que nunca gritar: “Ni un paso atrás”
Los 30.000 somos todos y todas los que hoy nos paramos frente a los gobiernos y a los tribunales para sacudir las consignas que no vamos a traicionar, para recuperar el sentido más profundo del término justicia.
Porque su lucha no fue para que hoy sólo los recordemos, sino para que reivindiquemos sus ideales revolucionarios y sigamos trabajando para construir ese otro sistema que no esté definido por el capital sino por la justicia.
La desaparición de Julio López, la libertad que gozan los miles de genocidas y la impunidad con que los gobiernos y los empresarios siguen saqueando al pueblo nos demanda nuevas resistencias y nuevas luchas, por eso la vigencia de las palabras de Rodolfo Walsh: “..aún si mataran al último guerrillero no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que mueven la resistencia del pueblo no estarán desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas”.
H.I.J.O.S. Alto Valle va a vivir 30.000 vidas buscando esa “Justicia”, la fuerza que tenemos es la de las compañeras y compañeros que lucharon por extinguir la injusticia, la desigualdad. Caminamos buscándola, trabajamos para encontrarla, luchamos para conseguirla.

LA FUERZA DE LOS 30.000 renace en todas las luchas y hoy crece junto a las y los docentes de Río Negro que hace un mes están sosteniendo el piquete en Chichinales.

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Discurso de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos

A 33 años del Golpe:


Compañeras y compañeros: Nuevamente estamos en la calle, como hace ya mucho tiempo exigiendo MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. A 33 años del golpe cívico - militar seguimos luchando. Y vamos por más.

Compañeras y compañeros: hoy conmemoramos un nuevo aniversario de aquel sangriento y oscuro golpe, impuesto a través del Plan Cóndor, desde los Estados Unidos hacia Latinoamérica.

El Terrorismo de Estado, quiso imponer un plan económico, político, social y cultural para apropiarse y concentrar la riqueza a fuerza de persecuciones, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Mientras, un pueblo silenciado, explotado y oprimido era despojado de los derechos humanos, sociales y políticos.

El objetivo era claro: destruir la resistencia al imperialismo, la organización y la movilización popular. Sin embargo, hoy podemos decir, a 40 años del Cordobazo, que la rebeldía y la lucha no fueron en vano. Siguen más vivas que nunca. Y vamos por más.

Hoy, podemos decir que nuestra lucha dio y sigue dando sus frutos. Por eso reafirmamos que un pueblo unido y organizado obtiene lo que se propone.

Hoy, el ex general del tercer cuerpo de ejército, y sus secuaces, están en Bouwer cumpliendo condena por sus crímenes, tal como lo exigimos siempre: en cárcel común perpetua y efectiva…

Están allá, porque nosotros lo exigimos y jamás, jamás claudicamos.

El año pasado, vivimos un hecho histórico: la JUSTICIA los mandó a la cárcel!! Los sentenció a cadena perpetua, con cumplimiento efectivo en cárcel común. Por fin!!, algunos de los responsables de un plan sistemático de exterminio recibía el castigo merecido.

Ese juicio fue un hecho trascendental para la sociedad cordobesa, más allá de que la Justicia Federal recién comience a lavarse la culpa de su complicidad con el Terrorismo de Estado, al igual que los medios de comunicación que en aquella época, nada decían de lo que ocurría o directamente mentían.

Muchos de esos sectores, obligados por la presión popular, y gracias a la lucha de las distintas organizaciones de derechos humanos, debieron reconocer como verdades todas nuestras denuncias. Hicieron falta muchas rondas, muchos escraches y muchas marchas para conseguirlo.

La sentencia reconoce el accionar clandestino de las fuerzas armadas, la existencia de los centros clandestinos de detención, tortura y extermino y los enterramientos clandestinos de nuestros compañeros y compañeras. En definitiva reconoce el genocidio perpetrado por los sectores de poder contra nuestro pueblo.

Esperamos mucho ese momento!!! 25 años de democracia, 25 años de lucha y jamás bajamos los brazos. Ahora vamos por más.

Exigimos juicio y castigo a todos los genocidas, y sus cómplices: terratenientes y empresarios, cúpula eclesiástica, burócratas sindicales, medios masivos de comunicación, jueces y fiscales, todos ellos responsables del país que nos dejaron.

Queremos. Exigimos saber de los nuestros. ¿Dónde están los 30000 compañeros desaparecidos? ¿Que sucedió, quien tiene a los 400 niños a los que les quitaron y arrancaron sus identidades?

No pudieron las leyes de la impunidad, no podrán los indultos silenciarnos.


Ahora pretende hacerlo la CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL. Hablamos de la Sala Tercera constituida por Eduardo Righi, Guillermo Tragant y Angela Ledesma.

Esos magistrados, que no son dignos, avalan a los genocidas, que siempre protegieron. Son los mismos que el pasado 11 de marzo, realizaron una interpretación favorable y condescendiente de la ley para con los genocidas. Ya dictaron un fallo que deja con prisión domiciliaria a Hermes Oscar Rodríguez, condenado a 22 años de prisión por REPRESOR Y TORTURADOR.

CASACIÓN SACA A LOS GENOCIDAS DE LAS CÁRCELES Y LOS DEJA EN SU DOMICILIO!!

¿Se olvidaron estos magistrados, de la desaparición en democracia, de un testigo clave como Jorge Julio López?
Nosotros no!!!

Exigimos que los delitos de lesa humanidad sean considerados excepcionales en cuanto a los beneficios constitucionales, tal como lo establece el derecho internacional. El lugar para los genocidas es la cárcel. Estando en su casa siguen siendo una amenaza para la sociedad.

Y Casación, los protege!!! La Cámara de Casación, es la Cámara de la impunidad.!!

La lucha continúa, porque vamos por más!!! Estamos listos para seguir con los nuevos juicios que se vienen, esperamos con ansías a Jorge Rafael Videla, para el juicio de los 29 compañeros fusilados en la Penitenciaria de San Martín.

Nos organizamos por una nueva sociedad más justa y más digna.

Este año, queremos romper con algunas consignas, que emplea la derecha para dividirnos. ¿Cuántas veces escuchamos, los Derechos Humanos de ayer, los históricos, los del pasado y los Derechos Humanos del hoy, los del presente?

Queremos terminar con ese falso antagonismo. Porque estamos convencidos que muchas de las causas de los males de este país tienen su origen en el Golpe cívico-militar del 76.

Los treinta mil que nos faltan, porque los ANIQUILARON, luchaban por un país para todas y todos, luchaban por lo que hoy seguimos luchando.

Muchos fueron los cómplices del Terrorismo de Estado y hoy son poderosos actores sociales, por caso, la sociedad rural que supo decir en una solicitada a días del golpe:

¨La sociedad rural argentina reitera frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976, para poder lograr así los fines propuestos, que en definitiva son los grandes objetivos nacionales.¨

La misma institución sigue apropiándose y concentrando la riqueza, donde unos pocos son dueños de lo que es de todos: nuestra tierra y todos los bienes naturales que en ella se producen.

Hoy, repudiamos a los sectores agropecuarios que siguen sosteniendo el sistema agro exportador que concentra la tierra, sus bienes y sus productos en la manos de algunos.

En el sur de nuestra provincia, un sector agroempresario opulento es beneficiado con impuestos regresivos, mientras en el norte los campesinos son desplazados y criminalizados.

La problemática de la sojización, la toxicidad y contaminación ambiental por agrotóxicos afecta a numerosos pueblos. Continúa la ampliación de la frontera agropecuaria para seguir sembrando soja, y con ella los desalojos violentos a campesinos, las fumigaciones y los desmontes.
Nos preguntamos: ¿Hasta cuándo?

La crisis alimentaria se agudiza por la pretensión del capitalismo de mantener un irracional patrón de consumo que ha llevado a reconvertir tierras aptas para la producción de alimentos para ser destinadas a la elaboración de agrocombustibles.

La política del gobierno nacional profundiza la entrega a manos de las multinacionales de los bienes de todos. Ésto, es atentar contra los derechos de futuras generaciones que verán afectados el acceso al agua, a la tierra y a un ambiente sustentable.

Pero vamos por más.

Defendamos nuestros bienes naturales: Tierra, agua, suelos, glaciares, bosques. Porque son nuestro patrimonio y el de nuestros hijos.

· No a la entrega y el saqueo de nuestros bienes naturales.
· Basta de explotación minera a cielo abierto que envenena el aire y el agua y afecta la producción y la vida de cientos de pueblos.


Y no nos olvidemos que a poco de producirse el golpe militar del 76, la Conferencia Episcopal Argentina llamó a cooperar positivamente con el nuevo gobierno. Nada dijo cuando le mataron a sus Obispos y sacerdotes; 30 años les llevó reconocer que la muerte de monseñor Enrique Angelelli no fue un accidente. Pero jamás fueron a la justicia a pedir explicaciones, ni se presentaron como querellantes. Tal vez porque el cardenal Primatesta, no tendría como justificar su gran amistad con el reo Menéndez.

Hoy los sectores reaccionarios de la iglesia son los responsables principales de que la lucha por la equidad de género no avance al ritmo que debiera. La violencia familiar, el femicidio y las muertes por abortos clandestinos lejos de atenuarse, aumentan de manera alarmante.

Vamos por más

Exigimos la plena vigencia de los derechos de la mujer. A igual trabajo, igual salario.
Exigimos la Legalización del aborto ya.
Exigimos la Libertad inmediata a Romina Tejerina y el desmantelamiento de la red de tratas de personas y la aparición de las más de 500 secuestradas por este negocio.
Por el respeto de la diversidad sexual, no a la discrimanción.

De la mano de Martínez de Hoz, representante de los sectores financieros y empresarios los militares implementaron un modelo económico que estatizó la deuda externa, privatizó las empresas públicas, desmanteló la industria nacional e impulsó la especulación financiera.

Aquel modelo instaurado en toda latinoamerica es la base de la crisis internacional actual trascendiendo con creces lo financiero y lo bancario y afectando a la economía real en todas sus dimensiones.

En nuestro país existen más de 6 millones de niños y niñas que son pobres. De ellos, más de 3 millones directamente pasan hambre y la mitad no posee cobertura sanitaria.

El Hambre es un crimen. ¿Cuántos chicos más deben morir para que los gobiernos tomen la decisión política de alimentar y educar a nuestros niños? La sociedad argentina de Pediatría afirma que en Argentina cada 48 minutos muere un bebe. En el 60 por ciento de los casos, es por causas evitables.

La realidad nos compromete a transformar las palabras en acciones. La distribución equitativa de la riqueza no es sólo una cuestión salarial. Significa apropiarse de la renta que producimos todos.

Exigir a los gobiernos nacional, provincial y municipal que prioricen garantizar la equidad social, el trabajo, el acceso a la vivienda digna, a la salud, a la educación y a la justicia, son claves en el diseño de un país para todas y todos. Ese es el camino que nuestros compañeros desaparecidos eligieron transitar. Recuperemos aquellas banderas de lucha y vayamos por mas!!!.

Por eso estamos a favor de la recuperación del petróleo, el gas, el agua y el suelo. Por la re-estatización de las empresas estratégicas aún privatizadas.
Por una educación pública, popular, gratuita, científica y emancipadora!!
Que LA CRISIS NO LA PAGUEN LOS TRABAJADORES!
Basta de DESPIDOS Y SUSPENSIONES!
Trabajo digno para todos.
Salario mínimo igual a la canasta familiar.
Por el respeto a los derechos sindicales.

Por eso estamos favor de la aprobación de una Ley de Radiodifusión antimonopólica que favorezca la pluralidad de voces, a las organizaciones sociales y los medios públicos.

Ayer los grandes medios de comunicación silenciaron los gritos de los torturados, ocultaron la verdad de lo que ocurría y con la complicidad de los dictadores monopolizaron el uso la palabra. El mismo discurso hegemónico que hoy proclama mano dura y pena de muerte, persiguiendo y estigmatizando a los jóvenes, criminalizando la pobreza y judicializando la protesta.

Nosotros vamos por más:

· No a la militarización de los espacios públicos y de los conflictos.
· Desmantelamiento del aparato jurídico-represivo
· Basta de reprimir a los jóvenes de Córdoba, Tolerancia cero igual a justicia cero.
· Inmediata anulación del código de faltas y de la Ley Bloomberg.
· Basta de gatillo fácil y de condiciones de hacinamiento en las cárceles comunes.
· Basta de represión y patotas contra los que luchan.
· Castigo a los asesinos de Lázaro Duarte y Carlos Fuentealba
· Amnistía y desprocesamiento de los luchadores populares.
· Libertad a los Presos políticos
· Exigimos la declaración de inconstitucionalidad y anulación inmediata de la “Ley Antiterrorista”.
· No al Plan Colombia. Retiro inmediato de las bases militares estadounidenses en Latinoamérica.
· Juicio y castigo a los autores del GENOCIDIO ISRAELI CONTRA GAZA!


El miedo nos paraliza. La solidaridad nos moviliza. América Latina está pariendo nuevos procesos inclusivos, populares y solidarios que se suman a los 50 años de la revolución cubana. Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Nicaragua y ahora el pueblo Salvadoreño que terminó con 150 años de gobiernos expoliadores y entreguistas.

Abrazamos a nuestros hermanos que avanzan hacia la construcción de sociedades más justas exigiendo el respeto a la cultura de los pueblos originarios y a la libre determinación de nuestros pueblos. Latinoamérica va por más.

Un gran desafío tenemos por delante, a 40 años del Cordobazo esta en nosotros seguir el camino de unidad y rebeldía que nos propusieron Agustín Tosco, Rene Salamanca, Atilio López, Ernesto Che Guevara, y todos los estudiantes, trabajadores que dieron su vida por un país libre, justo y soberano. Ese es nuestro compromiso.

· Juicio y castigo a todos los culpables del Terrorismo de Estado: civiles, militares, a los integrantes de la Triple A, a religiosos y a todos los funcionarios públicos y empresarios implicados.
· Anulación de los indultos.
· A 33 años no olvidamos y exigimos que los juicios se aceleren y que todos los genocidas reciban su merecida condena… no queremos que se mueran en sus casas.
· Restitución de la identidad de todos los niños apropiados, hoy jóvenes.
· Aparición con vida del compañero Jorge Julio López y castigo a los culpables

30000 compañeras y compañeros desaparecidos…
Presente!!!
Ahora y siempre!!!
MESA DE TRABAJO POR LOS DERECHOS HUMANOS



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