miércoles, 11 de febrero de 2009














RESTRICCIONES PARA LA PRENSA EN EL JUICIO AL JEFE DE LA REPRESION EN LA CAPITAL FEDERAL DURANTE LA ULTIMA DICTADURA MILITAR
Una imagen que los jueces no quieren mostrar

La Corte Suprema había hecho gestiones para que se garantizara la publicidad del juicio, pero los miembros del tribunal oral sólo dejaron entrar tres minutos a un fotógrafo y no quisieron que el acusado fuera fotografiado.

Por Diego Martínez
Tal como anticipó Página/12 el jueves y pese a las gestiones de la Corte Suprema de Justicia para que cumpla con su acordada que ordena garantizar la “difusión radial y televisiva” de las audiencias, el Tribunal Oral Federal 5 volvió a impedir el trabajo de los reporteros gráficos durante la jornada inicial del juicio al general Jorge Olivera Róvere, imputado por 120 secuestros y cuatro homicidios en 1976. Los jueces Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías sólo permitieron el ingreso de un fotógrafo de la agencia Télam con la condición de que se retirara en tres minutos y sin aclararle que el imputado no estaría en la sala. Pese al esfuerzo del secretario Martín Schwab por obstruir con sus propias manos la lente de la cámara, Leonardo Zavattaro logró en medio de un forcejeo con policías y judiciales trajeados registrar el rostro insípido del represor. En la Corte hay malestar por la reticencia del tribunal a dar publicidad al juicio. El CELS, Justicia Ya!, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y el Foro de Periodismo Argentino repudiaron las restricciones y la agresión al fotógrafo.
El miércoles pasado el tribunal confirmó a Página/12 que, tal como lo hizo en la sentencia a los ex jefes de Mansión Seré, volvería a prohibir el ingreso de los reporteros gráficos. La acordada de la Corte es clara. Encomienda al tribunal determinar “la ubicación de cámaras de televisión y de reporteros gráficos” con el fin de “garantizar el mejor registro de imágenes posibles” y requerir a un canal la toma de imágenes para aquellos que no puedan ingresar a la sala “por insuficiencia de espacio”. Ante la noticia de la prohibición y el repudio de Argra, Fopea y los querellantes, la Corte se reunió el lunes con el tribunal, que accedió a autorizar el ingreso de Canal 7 y Télam. El mismo día, Daniel Obligado, presidente del TOF5, le comunicó la autorización concedida al presidente de la agencia pública Martín Granovsky y al gerente de noticias de Canal 7, Raúl Dellatorre. Ambos confirmaron a Página/12 que el juez no mencionó límite de tiempo ni imposibilidad de fotografiar y filmar al imputado.
Ayer a primera hora, mientras Hijos realizaba un “camarazo” en la vereda de Comodoro Py para repudiar la prohibición, el tribunal le comunicó al camarógrafo de Canal 7 que habían resuelto interponer un pequeño obstáculo: no podría ingresar con su cámara, debería usar la del tribunal. Debatieron durante una hora, mientras familiares de desaparecidos aguardaban el comienzo de la audiencia, prevista para la 10.30. Cuando finalmente Gordo & Cía. dijeron acceder al pedido, desempolvaron otra mala nueva: su trabajo duraría tres minutos, ni más ni menos, y no podría filmar a Olivera Róvere. El periodista consideró que no tenía sentido seguir dialogando en esos términos y el canal continuó con su cobertura desde la vereda. Militantes de Hijos le pidieron ayuda al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pero no consiguieron comprometerlo para una gestión inmediata.
Los amigos
–¡No se ve un carajo! –lamentó en voz alta uno de los cuatro amigos de Olivera Róvere, en la bandeja superior de la sala, cuando se percató de que desde allí sólo podría ver las corbatas de Gordo, Obligado y Farías.
–Cuando entre, parémonos para que nos vea. Va a ser importante para él –propuso otro hombre mayor, mientras se deleitaba con las fotos de verano del diario La Razón.
El fotógrafo de Télam ingresó a la sala con la misión de obtener imágenes para distribuir al resto de los medios. Cuando le comunicaron que tenía sólo tres minutos se sorprendió, pero trató de hacer algunas tomas, a la espera del ingreso del represor. Sus Señorías entraron a la sala y ante el asombro de todos se quedaron en silencio, inmutables, durante tres minutos. Recién entonces el diligente Schwab le informó a Zavattaro que a pedido de Norberto Giletta, ex juez de la dictadura y abogado del represor, no podría fotografiar al imputado. El reportero le dijo que era un criterio “absurdo” y comenzó a retroceder.
–Que pase el imputado –dijo Obligado.
Zavattaro escuchó la orden y se dio vuelta para conseguir la imagen del represor. Schwab se abalanzó sobre la cámara, pero no logró impedir que retratara al militar. La intervención de varios policías sobre el periodista derivó en un forcejeo y desató la bronca de los familiares de las víctimas presentes.
–¿Por qué no dejan sacar fotos? ¡Es un represor!
–¿Quién sos vos? –increparon a Schwab, posado cual mariposa sobre la lente.
–Es resolución del tribunal –invocó la obediencia debida el secretario.
–Señores del público: guardar compostura –pidió Obligado, mientras la policía se llevaba a Zavattaro.
De traje gris, anteojos, canoso, considerable cabellera y tranco ágil para sus 82 años, Olivera Róvere apoyó una carpeta negra sobre el escritorio y se sentó entre sus abogados. Obligado ordenó entonces que se leyera el requerimiento de elevación a juicio y el camarógrafo del tribunal, cuyo único movimiento del día fue un paneo del público que ningún canal difundió, enfocó de lleno a la secretaria Fernanda Alberti, que comenzó a leer el detalle de los secuestros y homicidios imputados a Olivera Róvere.
Si desde el lugar reservado al “público” sólo se ve la nuca de los imputados, desde el espacio que ocupa la prensa ni siquiera eso: sólo a los jueces. La prohibición ordenada por Sus Señorías no sólo impidió seguir los gestos del represor ante la descripción de sus crímenes. También impidió a la sociedad poder ver y analizar la nula atención que el juez Guillermo Gordo le prestó a la lectura de la secretaria, obsesionado en controlar cada movimiento de la sala mientras se planchaba la corbata sobre la panza. Sobre los graves riesgos que corren los represores en manos de los voraces familiares de desaparecidos puede dar fe el coronel retirado Bernardo José Menéndez, imputado por 41 privaciones ilegales de la libertad, quien presenció la audiencia sentado entre sobrevivientes de centros clandestinos sin que nadie le dirigiera la palabra y sin que Gordo & Cía. se enteraran.

Molestia suprema
“Es difícil hacerles entender a algunos jueces que sus acciones deben difundirse”, se quejaban ayer en la Corte Suprema. El máximo tribunal intentó influir en el Tribunal Oral Federal Nº 5 para que se garantizara la difusión del juicio contra el represor Jorge Olivera Rovere. En el máximo tribunal creen que no pueden –y tampoco desean hacerlo– ordenar a los jueces detalles de la organización de un juicio, pero el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hizo gestiones para que el TOF 5 se plegara al espíritu de la acordada que firmaron los ministros a fin de año y flexibilizara su postura de impedir que fotógrafos y camarógrafos ingresaran a la sala de audiencia. El lunes, los ministros de la Corte se dieron por satisfechos con la respuesta del juez Daniel Obligado, quien aseguró que una cámara de Canal 7 y un fotógrafo de la agencia Télam iban a poder presenciar el inicio del proceso. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se preocupó ayer por saber cómo había comenzado todo, pero se llevó una decepción.

Un derecho ciudadano
El titular de la agencia Télam, Martín Granovsky, le envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para manifestarle su preocupación “por la actitud hostil hacia la prensa por parte de funcionarios del TOF-5” y destacó que el secretario Martín Schwab “presionó de mala manera al fotógrafo” de la agencia para impedirle fotografiar al represor. “No hay peligro cuando el fotógrafo dispara primero. Los riesgos aparecen cuando la Justicia no es tal, en dictadura, o cuando en democracia la morosidad de ciertos magistrados se convierte en una profecía autocumplida de la negación de la justicia –agregó–. El principio de que Olivera Róvere es inocente hasta que la Justicia demuestre lo contrario no se contradice con el hecho de que sea fotografiado, y menos aún con el derecho de los ciudadanos a ser informados

“Agravia a la sociedad”
El CELS, Justicia Ya! y las organizaciones de prensa Fopea y Argra repudiaron el comportamiento del TOF-5. El CELS calificó como “absurda” la autorización para trabajar “tres minutos”, sostuvo que el tribunal “impidió el ejercicio del derecho a la información” y le reclamó “no persistir en administrar justicia a espaldas de la sociedad”. Justicia Ya! denunció “la parodia montada para impedir el ingreso de los medios” y “hacer creer que cumplía con la acordada” de la Corte y anticipó que se presentará ante la Corte. Fopea agregó que el fotógrafo “fue sacado a empujones”, reclamó el cumplimiento de la acordada y que el tribunal “facilite el acceso de los medios audiovisuales”. Argra repudió “el maltrato” al periodista y solicitó “el levantamiento de las inconstitucionales y antirrepublicanas restricciones” a la prensa. La diputada Diana Conti también repudió la actitud del tribunal

Poder y oscuridad
Por Mario Wainfeld
León Arslanian leyó la sentencia a las Juntas Militares. Cuando se escucharon las primeras condenas, el público estalló en una ovación. “¡Silencio!”, gritó el presidente de la Cámara ante una reacción usual, por ejemplo, en el Parlamento. “¡Silencio o desalojo la sala!”. El proceso no había sido transmitido en directo, se habían permitido algunas tomas de la tevé, sin audio. La difusión de ese hito histórico concedía a la correlación de fuerzas. Juzgar a los genocidas era muchísimo, mostrarlos podía colmar el vaso.
Años después empezó a ampliarse la luz. El juicio a los presuntos asesinos de María Soledad Morales fue pionero. Acaso el primero seguido en directo en todo el país, sin duda uno de los más observados. La presencia de las cámaras nacionalizó un episodio provincial, fumigó la impunidad local, también incidió en el cierre traumático de ese juicio oral, que fue anulado y debió reiniciarse.
Se conjugaron allí dos novedades, el proceso oral y la explosión de la televisión por cable. Con el tiempo los juicios orales y públicos ampliarían su presencia, en correlato lógico con la consolidación de la democracia. Como tantas otras rutinas, son una adquisición que ganó fuerza frente a tradiciones secretistas, filoautoritarias, por decir lo menos. Esos avances tienen siempre sus contrapesos, rémoras de élites reacias a la luz, al debate, a la apertura.
El Poder Judicial argentino es, por historia y linaje, oscurantista. Oscuros son los pasillos, oscuros los trajes, oscuro el lenguaje. Unos cuantos abogados y jueces argentinos conservan el uso del latín, junto a ciertos fundamentalistas católicos. Acaso, a diferencia de éstos, son pocos los hombres de leyes que dominan esa lengua muerta, pero se valen de ella con asiduidad. Ese pintoresquismo es un ejemplo más de una vocación: retacear la comprensión de documentos y actos jurídicos. El lenguaje del Foro es críptico, engolado, inaccesible para los legos y aun a los “leidos” que no son profesionales del derecho.
Se sabe: el enigma, la jerga cifrada son recursos proverbiales del poder. Pero un estamento estatal debe tener la capacidad de transmitir sus actos al menos versado de los ciudadanos, como tratan de hacerlo los demás. La difusión, la accesibilidad son claves en la república. No es la norma en uno de sus poderes, al menos por acá.
Por cierto, no toda actividad gubernamental admite abrirse a las cámaras y los micrófonos. Hay instancias, en especial de negociación o deliberación, que necesitan sigilo para ser eficaces. Por ejemplo, es sensato mantener en reserva las conversaciones previas a una sentencia entre los jueces. Las decisiones son tajantes, inequívocas, en el discurrir previo los magistrados pueden (hasta deben, eventualmente) dudar, modificar sus pareceres, tomar razón de aspectos no contemplados en sus primeros abordajes. Pero la regla republicana es la visibilidad y la difusión.
Restringir al absurdo, como lo hace tozudamente el Tribunal Oral Federal Nº5 (TOF 5), la divulgación de imágenes de un proceso oral y público desnaturaliza su esencia. ¿Qué conserva de público un acto de gobierno que sólo pueden presenciar algunas docenas de personas? El velo impuesto por Sus Señorías atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía. No se permite conocer el rostro de un acusado, personaje conspicuo por demás. No hay razones válidas que justifiquen esa sustracción a la mirada ciudadana, sólo sofismas.
La preservación de los testigos o de las víctimas en general legitima que se restrinjan imágenes en ciertas audiencias. ¿Por qué vedar a la opinión pública que conozca el rostro de un acusado?
Dos observaciones finales, centrales en este debate.
Una. La Corte Suprema, tardía pero razonablemente, solicitó en una Acordada de fin del año pasado mayor compromiso a los jueces en las causas que investigan violaciones de derechos humanos. Reclamó menos permeabilidad a las defensas obstructivas, más aplicación para que avancen los trámites, colaboración para que la prensa difunda los juicios.
En consonancia, en estos días, encareció a los integrantes del TOF 5 que abrieran la sala de audiencias a la mirada pública. El TOF 5 es moroso para llevar a los represores al banquillo, esta vez fue veloz. De volea desairó el pedido de la Corte. La reacción pone en duda la influencia o la autoridad del máximo tribunal respecto de los tribunales inferiores. Esta Corte ha sido señera para marcarles los puntos a otros poderes del Estado, sigue mostrándose débil para encarrilar el alma conservadora y ocultista de tantos magistrados.
Dos. En los últimos meses el presidente de la Asociación de Magistrados, en un exceso de solidaridad corporativa, afirmó que no hay ¡en toda la Argentina! jueces que deseen entorpecer las causas de derechos humanos. Cuesta compartir el diagnóstico cuando día a día Sus Señorías fuerzan la inventiva para sobreproteger (fuera de todo sustento legal) a los represores. En el caso que comentamos, para entorpecer (no ya sus procesamientos o sus condenas) sino “apenas” la divulgación de las pruebas de sus proezas.
Ayer, Orozco se prestó a la indagatoria
San Luis (Pelr) 10-02-09 Ayer, Luis Orozco, el sumariante que tenía grado de cabo en la Policía de San Luis en 1976 y hoy comparte el banquillo de los acusados en el juicio que se investiga la muerte y desaparición de personas en San Luis, prestó declaración indagatoria.

Luis Orozco prestó declaración indagatoria por más de dos horas
El ex policía, que puso su firma en la cuestionada acta de libertad de Graciela Fiochetti, que luego apareció asesinada en las Salinas del Bebedero a manos de las fuerzas de la represión, tuvo serios inconvenientes para explicar como algunos documentos que aparecían con su firma él sostiene que no los hizo o que los firmó sin haberlos leído.
Explicó que su pase a Informaciones como sumariante porque se desempeñaba en igual tarea "en comisaría primera y tenía cierta habilidad para redactar y escribir a máquina. Yo trabajaba en la Primera, que quedaba en Lafinur y Julio A Roca y que luego fue trasladada a Balcarce y Rivadavia. Yo en ese entonces vivía en 25 de Mayo y Mitre", apuntó y luego aseguró que a "las preguntas las hacía Ricarte y yo solo era un escribiente supeditado a Becerra, a Pérez, a Ricarte, a Calderón. Respecto a las actas de libertad no había una persona fija ni un organismo específico que se dedicara a las actas de libertad, por lo que se han hecho actas de libertad en Informaciones, en comisaría cuarta y en la segunda".
"Respecto al acta de libertad que a mí me ha costado la libertad" dijo refiriéndose a la orden falsa que le hicieron firmar a Fiochetti, "creo que ha sido una maniobra de no se quién, porque por acá han pasado otros que han firmado actas de libertad y están libres", señaló abriendo el abanico de posibilidades, entre las que dejó ver que una de esas podría haber empezado a partir de la declaración del su ex compañero de Informaciones Jorge Hugo Velázquez.
Si bien reconoció que la firma era suya, negó también que él la hubiera confeccionado e hizo una serie de argumentos basados en los formatos, las tintas y las máquinas de escribir que no convencieron a nadie.
Orozco, que ayer dijo que a Pla lo vino a conocer cuando lo detuvieron, negó que en los interrogatorios hayan sido supervisados por el entonces subjefe de la policía y capitán del Ejército. "El encargado de los interrogatorios era el oficial Ricarte. Arce dijo acá que yo le había tomado declaración en el Comando, pero la verdad de eso no me acuerdo, porque yo trabajaba con personal militar solo en los allanamientos, y me limitaba a consignar lo que ellos me dictaban. A Pla nunca lo vi en los interrogatorios", aseguró.
"El acta de libertad yo la firmé porque era mi trabajo. Hoy lo pensaría. Sin embargo yo he firmado actas de libertad de gente que no está desaparecida", argumentó ante una pregunta del abogado querellante.
"¿Recuerda la hora y la fecha del acta?", le consultó Enrique Ponce, a lo que Orozco respondió: "21 de septiembre de 1976 a las 19 horas", contestó Orozco,
"¿Por qué no coincide fecha y hora del acta, con la fecha y la hora asentada en el legajo?", repreguntó el abogado a lo que el imputado respondió: "Yo no se qué hizo la persona que tenía que asentar la fecha en los legajos, si lo anotó mal a propósito, si se equivocó, yo no lo sé...".
Lo que si reconoció es haber participado en la inhumación de dos cadáveres NN, uno de ellos perteneciente a Graciela Fiochetti. "Cuando llegamos a la morgue había un olor terrible que casi impedía entrar, debido a la descomposición de los cadáveres. Nos volvimos y el oficial Severo Torres pasó por los Bomberos y retiró dos máscaras que, luego nos dimos cuenta, no servían. En el corralón municipal nos entregaron dos cajones y en la morgue el señor Rivero con otro más colocaron los cuerpos en los ataúdes. Los sobres tenían órdenes del Comando para el director del Registro Civil y para la municipalidad para asentar las sepulturas. Yo no sospeché nada raro, porque para mí eso era normal, eso era mi trabajo".
En las declaraciones tomadas en fechas distintas a Juan Cruz Sarmiento y Catalina Garraza hay una distancia abismal en la información proporcionada por los detenidos, lo que indica que solo hubo una forma de haberselas arrancado a la confesión: mediane la tortura. Allí también está su firma como sumariante. "Por lo que se ha dicho en este juicio puede dar para pensar que el cambio en las declaraciones obedeció a torturas", reflexionó Orozco, pero negó que en su presencia ningún detenido haya sido víctima de malos tratos.
"¿Qué recuerda del Operativo en el que muere Cobos?", preguntó Ponce, "Lo que se dijo días después, porque yo de esa causa no participé", contestó esquivo el sumariante Orozco. "Si no participó de esa instrucción ¿cómo es que su firma está al pié de una inspección ocular efectuada el día 23 de septiembre de 1976 a las dos y media de la mañana, en el lugar donde se produce el enfrentamiento, donde muere Cobos y son detenidos Ledesma y Sarmiento?", "Es mi firma, pero yo no participé" aseguró Orozco, al igual que con el acta de libertad de Graciela Fiochetti.
Otra situación que el ex cabo no pudo explicar es como sabía que el auto que había "levantado" a Pedro Ledesma era de color borravino, ya que consta en el sumario, pero ese dato no había sido proporcionado por el padre del muchacho desaparecido.
O bien se conocía entre los represores que ese auto se utilizaba en los procedimientos clandestinos o directamente formaba parte de la patota que lo secuestró.
En un momento de su extensa declaración indagatoria, Luis Orozco dijo; "Yo no sabía que esos eran secuestros, para mí eran detenciones. Yo sabía que había una ley, que luego fue declarada como nula e insana, pero que a nosotros nos regía. Yo era un sumariante y los militares antes de los allanamientos me pasaban a buscar en un camión o en un jeep y me llevaban para que escribiera. En los allanamientos se secuestraba permanentemente material bibliográfico, algunos libros de Marx. Recuerdo que en la casa de la señora Lilian Videla se secuestraron armas", pero tampoco en esta oportunidad él había participado del operativo.
Ya casi para el final de su poco creíble declaración, Orozco se reservó un bocadillo para los políticos aliados del gobierno y los comunicadores: "Desde que hace dos años estoy detenido, vengo escuchando a periodistas y locutores de radio rasgarse las vestiduras respecto a las atrocidades que dicen ellos que la dictadura cometió, como si ellos no hubieran colaborado. Yo sé que muchos de los que ahora critican tendrían que callarse la boca porque en aquel entonces estaban a favor de todo lo que pasaba, porque yo no escuché ninguna crítica. Al lado de la oficina de sumarios estaba la de Personal, a cargo del comisario Morán, que luego fue diputado, senador y otros cargo más", todos durante la gestión de Adolfo Rodríguez Saá y de la mano del PJ.
Informe: Gustavo SennRED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
"Era falso que Massera estaba medio tarado y no podía declarar"

Lita tiene desaparecido a un hijo desde 1976. Lo vieron por última vez en la Esma.

-02-2009 / La histórica referente de familiares opina sobre el represor y los juicios.
Angela Lita Boitano perdió a su hijo Miguel Ángel en los primeros meses de la dictadura, en la Escuela Mecánica de la Armada (Esma). La causa que investiga lo que sucedió en ese centro clandestino es una de las tantas en las que está implicado Emilio Eduardo Massera. Lita es miembro de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, uno de las principales organismos de derechos humanos que continúa buscando verdad y justicia. El año pasado pudo estar presente, junto con Estela Carlotto, en la segunda sentencia por el juicio que se llevó adelante en Italia por la desaparición de la madre de Dante Gullo, Angela Aietta de Gullo, y Antonio y Susana Pegoraro, de Mar del Plata, los tres italianos, secuestrados en el '76.–¿Qué diferencias existen entre los juicios que se están llevando a cabo en la Argentina y los que se hacen en Europa?–Ese fue un juicio particular. En Italia se puede juzgar en ausencia y también de forma individual. Como sucedió con Alfredo Astiz en Francia. Ahí también radica la diferencia con España, lo que quiso impulsar el juez Baltasar Garzón. En ese juicio también estaba implicado Massera. Era contra él, contra Astiz, Jorge Vildoza y Héctor Antonio Febrés (el prefecto que murió envenenado el año pasado). A Massera, que estaba siendo revisado por el psiquiatra –porque de acá se decía que no estaba en condiciones de testimoniar– se lo sacó de la causa hasta que ellos fueran comprobando su estado de salud. La idea era no perder el tiempo de juzgar a los otros implicados. –¿Hay manera de acelerar los tiempos para que se definan las sentencias?–El juicio de Astiz, Vildoza y Febrés ya tiene la segunda sentencia. En Italia para que se comience a cumplir la condena se necesita la última sentencia del Tribunal de Casación. Pero estamos seguros de que pronto la van a obtener. Ellos tienen cadena perpetua.–¿Por qué cree que las pericias declararon insano a Massera?–Por orden del juez que lleva la causa, después de la primera revisación, habían informado que estaba mal, que no estaba en condiciones de testimoniar. La orden de la justicia italiana era que cada tanto tiempo se le hiciera una nueva. Llegó la segunda pericia y confirmó la primera. En la tercera cambiaron de perito y lo recomendaron a Piero Rocchini y Marcelo Gentile –abogado de la parte querellante– que es el mismo que nos hizo ganar el juicio contra Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros. –¿Cómo cayó la confirmación?–Se comprobó la pericia. Y también se logró que la familia no esté delante, ya que gritaban todo el tiempo "¡Dejen de torturarlo!" Ahí reconocieron que Massera está en condiciones totales de testimoniar, y que era falsa la forma de decir que él estaba medio tarado. No era real, estaba y está en su sano juicio. Las pruebas también afirmaron que sí tenía un deterioro, que no hablaba en condiciones correctas debido a los remedios que tiene que tomar (Rivotril, Zoloft, Intelec, Lotrial y Sintrom), que traen aparejados una dificultad en el habla, pero que de ninguna manera afecta su cerebro. A eso se le suma el no control de sus esfínteres. Pero que de ninguna manera era un inconveniente para declarar. De última, que use un pañal.–¿Hay posibilidades de que lo extraditen? –En Italia, el mismo martes en que se aseguró que está en condiciones para ser juzgado, se presentó una petición para que él en marzo viajara a empezar la requisitoria. También se dijo que primero la justicia italiana tenía que analizar si él no tenía causas empezadas en la Argentina, porque eso impediría que lo llevaran. Si lo juzgan allá, la extradición para que cumpla la condena se pide cuando ya está procesado y condenado. Igual, que vaya a Italia también es una forma de extradición. –¿Son firmes las posibilidades de que se lo juzgue acá? –La Secretaria de Derechos Humanos señaló que, a raíz de lo que se produjo en Italia –esta revisación, este peritaje que se le hizo a Massera– la mejor consecuencia en Argentina es que se haga también, porque Massera está implicado en un montón de causas. Pero el 3 de diciembre le hicieron la pericia italiana y recién ahora está lista. Lleva su tiempo. Por eso tenemos que estar fuertes y unidos, tener gente seria que no vuelva a decir que Massera está inhabilitado.En la audiencia que dictaminó que Massera está apto para ser sometido a juicio estuvieron presentes el abogado Marcelo Gentili, por parte querellante, el profesor Luigi Cancrini, un psiquiatra y perito civil, y la sobrina de Alice Dumont, una de las monjas francesas desaparecidas en Argentina. En Roma, los peritos son elegidos por el juez y la justicia a partir de la propuesta de los interesados. "El último, el que dictamino a favor nuestro lo había recomendado Gentili, uno de nuestros abogados. Que nunca han cobrado un peso. Todo lo han hecho en solidaridad con los argentinos", afirma Lita. Su hijo era un estudiante de arquitectura y fue secuestrado en los primeros días de la dictadura. Estuvo secuestrado en la Esma.–¿Qué datos hay sobre la desaparición de su hijo?–Al día siguiente que se lo llevaron junto a Norberto Aravena, el 19 de mayo del '76, se llevaron a Alejandro Calabria junto con un tal Tapia y a una chica que yo siempre pensé que habían pasado por la Esma, pero no tenía referencias. Ella fue de las pocas que vio a mi hijo allá y que puede estar viva. Hace 20 días estuve hablando con los antropólogos. A esta chica la liberaron a los cuatro días de haberla secuestrado. Pero no figura el nombre en ningún lado, ni siquiera lo tienen los antropólogos. De los primeros meses de la dictadura, de los que estuvieron secuestrados en la Esma, no queda ningún sobreviviente, porque todos los testimonios que tenemos son de la mitad del '76. Mi hijo figura entre esos testimonios. Hay que investigar si se puede saber algo de esta niña, que ya debe tener 50 años. Como mis hijos.


Fuente: Mirada al Sur


-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
Se trata de los ex coroneles Juan Antonio Beltrametti y Carlos Caggiano Tedesco, responsables del Distrito Militar Misiones entre 1976 y 1979. La medida fue dispuesta por la Cámara Federal de Posadas. Fallo completo
La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó los procesamientos con prisión preventiva de los ex jefes del Distrito Militar Misiones Juan Antonio Beltrametti y de Carlos Humberto Caggiano Tedesco, que se desempeñaron en esa función entre 1976 y 1979.
El tribunal destacó Beltrametti y Caggiano Tedesco integraban un organigrama que "tenía como función operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras Fuerzas Armadas, para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas".
Y agregó que "gran parte de los centros de detención que funcionaron en esa zona, así como los grupos de tarea de distinta integración, dedicados al secuestro, tortura y ejecución de personas, dependían de la Jefatura del Area 232",
Explicó que, por entonces, el país se dividía territorialmente en zonas, subzonas y áreas, integrando Misiones la zona asignada con el N° 2, dependiente del II Cuerpo del Ejército, subzona 23, dependiente de la Brigada de Infantería VII con asiento en Corrientes, y dentro de ésta estaba el área 232, que entre el 24 de marzo de 1976 y el 5 de enero de 1977 fue interventor militar y jefe del Distrito Militar Misiones el coronel (R) Juan Antonio Beltrametti y, ordenado el pase del mismo, asumió el cargo de Jefe de Distrito/Jefe de Área 232 el coronel (R) Carlos Humberto Caggiano Tedesco, desde el 5 de enero de 1977 hasta el 2 de febrero de 1979.
Testimonio. Confesión de un familiar del militar a Elisa Michelini cuando fue "rehén" de la dictadura
"Los mismos que mataron a Zelmar mataron a Trabal"
El ex legislador Zelmar Michelini temía por su vida. Era perseguido en Argentina por militares uruguayos. Su homicidio podría estar ligado con la muerte del coronel Ramón Trabal en Francia. Serían dos muertes "elípticas" del Plan Cóndor.



Margarita Michelini. Una de las hijas de Zelmar llega al juzgado acompañada por la abogada.Tres hijas del ex legislador Zelmar Michelini (Elisa, Margarita e Isabel) y el ex militante del MLN-T Antonio Viana Acosta comparecieron ayer ante el juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, para declarar en la causa por la cual se indaga su muerte, la del legislador Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes del MLN-T Rosario Barredo y William Whitelaw, en mayo de 1976.

El magistrado pretendía interrogarlos sobre sus recuerdos de los hechos previos al secuestro y homicidio del ex legislador.
Sin embargo, el testimonio de las tres hijas de Zelmar y del "Negro" Viana Acosta sería un nuevo elemento para demostrar la coordinación represiva entre la dictadura uruguaya y el gobierno argentino, aun antes del golpe de Estado de 1976, y los posibles vínculos entre su muerte y la del coronel Ramón Trabal en Francia.

Perseguido
El ex senador Zelmar Michelini le manifestó a su familia que era perseguido por militares uruguayos y se quejaba por su "falta de documentación", luego que la dictadura uruguaya invalidó su pasaporte para impedirle salir de la República Argentina, recordaron sus hijas ante la Justicia.
El gobierno de Juan María Bordaberry pretendía evitar la campaña de denuncia sobre las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas en Uruguay, la cual era liderada por Michelini. La dictadura lo seguía de cerca. Zelmar estaba preocupado "por su integridad física", pero igual permanecía en el Río de la Plata.
La dictadura había encontrado la forma de "neutralizarlo" y mantenerlo en la región. Su hija Elisa había sido detenida en 1972 y era "rehén" de la dictadura.

Zelmar se sentía responsable.
Durante su cautiverio Elisa fue víctima de "torturas, apremios físicos, golpes y palizas", y los represores la interrogaban de forma constante sobre las actividades de su padre en Argentina.
La hija del ex legislador reconoció ante la Justicia al coronel (r) Jorge "Pajarito" Silveira y al ex jerarca policial Ricardo Medina como partícipes de sus interrogatorios. Ambos represores hacían referencia a sus viajes a Argentina y a su padre, recordó.
Sin embargo, un hecho clave para la causa y otras investigaciones por crímenes de lesa humanidad podría ser el testimonio de Elisa sobre las conversaciones mantenidas con un familiar de Trabal tras ambos asesinatos.
"Los mismos que mataron a Zelmar mataron a Trabal", le confesó un familiar del militar durante su cautiverio.
La frase surgió a luz tras una entrevista concedida por Yessi Macchi, militante tupamara recientemente fallecida y compañera de Elisa Michelini en prisión, pero desde ayer se encuentra estampada en un expediente judicial.
En tanto, el testimonio del "Negro" Viana Acosta demostró la coordinación represiva de los gobiernos del Cono Sur contra los opositores de los régimenes totalitarios, aun antes de la creación del Plan Cóndor.
Viana Acosta oficiaba de "secretario" de Zelmar Michelini en Buenos Aires, hasta su detención y traslado clandestino a Uruguay, según declaró al juez Timbal.
Viana Acosta fue detenido por integrantes de la Triple AAA en 1974 y torturado en Argentina por militares uruguayos, siendo víctima del primer traslado clandestino a Uruguay.
El testigo aportó ayer abundante documentación para probar sus dichos.
Fuente: La República
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

Febrero 7 DE 2009 AÑO 4 Nº 135
OPERACIÓN CONDOR. PEDIDO DE SOLIDARIDAD... PEDIDO URGENTE!!!
NUESTRA BATALLA JURIDICA CONTRA LA IMPUNIDAD.


En el año 2006, la Asociación Americana de Juristas (AAJ), rama paraguaya, promovió la acción de extradición ante el Juez Penal Gustavo Santander Dans, del coronel retirado uruguayo Carlos Calcagno por torturas a ciudadanos uruguayos en la Sala de Tormento de Asunción a la luz de las pruebas documentales encontradas en el ARCHIVO DEL TERROR o de la OPERACION CONDOR el 22 de diciembre de 1992. El Juez Penal Santander lleva adelante la investigación de la OPERACION CONDOR, cómplices y encubridores. El expediente obra actualmente en manos del Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal 10o.turno, Dr. Rolando Vomero.Montevideo, 28 de abril de 2008. El Juez Vomero a raíz del ungimiento del gobierno paraguayo ,2 de abril de 2008, informó sobre el estado procesal de extradición del militar retirado Carlos Calgano a la Prosecretaria de la Suprema Corte de Justicia,Dra.Teresita Maccio Ambrosoni. En la parte final del documento el Juez Vomero expreso textualmente: " dar traslado del dictamen fiscal que aconseja la extradición".Montevideo 30 de abril de 2008,"Se eleva a la Suprema Corte de Justicia". firma. Escribana Stella M.Quintillan Magnani, Actuaria adjunta. (Referencia. Anotado con el No.61 al folio 0056vto.del Libro 1/2008, del Juzgado Penal 10 Turno).El Juez Santander el 2 de noviembre de 2007, oficio No.753 ordenó a la INTERPOL la búsqueda y captura internacional de Carlos Calcagno.Vengo a solicitar la colaboración de ustedes en el sentido de hacer el seguimiento al pedido de extradición de la justicia paraguaya a la justicia uruguaya.También verificar la acción cumplida por INTERPOL, Montevideo. Tenemos la impresión que la justicia uruguaya funciona a "leña".....es extremada/maliciosamente muy lenta..... para castigar a los TERRORISTAS DE ESTADO no así a sus victimas inocentes.Es así? Les saludo fraternalmente. MARTIN ALMADAMANUEL TOLEDO nació en el departamento de Treinta y Tres en el año 1933. Era maestro y más tarde fue docente. Militaba en el Partido Socialista siendo el Secretario General por su departamento. Militó en los arrozales sindicalizando a los obreros. Fue detenido en el año 1972. Muere en el Hospital Militar el 23 de setiembre de 1978, el certificado de defunción indica "cáncer". Su familia no tenía permiso para verlo en el hospital. En barracas del Penal tenía el Nº 907Su hija quiere iniciar la investigación de los hechos. Necesita testigos que hayan compartido barraca en el último tiempo. Se considera que no tuvo asistencia médica. Por cualquier información: MIRTA TOLEDO
mirtatole@gmail.com
Martínez Burlé FUE GALARDONADA EN LA INDIA
El trabajo en defensa de derechos humanos realizado por la abogada uruguaya es la razón del reconocimiento 05.02.2009 La abogada Hebe Martínez Burlé fue premiada en Nueva Delhi por el Instituto Indio de Derechos Humanos, por su labor en la causa que permitió el procesamiento del ex presidente de facto, Juan María Bordaberry. "Fue una maravillosa sorpresa", dijo la abogada.El Instituto Indio de Derechos Humanos (IIHR) ha reconocido con un premio la labor de la abogada Hebe Martínez Burlé, que impulsó el proceso judicial contra el ex presidente y dictador de Uruguay Juan María Bordaberry, informó hoy a Efe la propia galardonada. Martínez Burlé, quien se encuentra en Nueva Delhi, fue homenajeada ayer por el IIHR, que le hizo entrega del "Premio de Derechos Humanos 2009" del organismo.La abogada explicó que mantuvo una reunión de más de tres horas con el director del IIHR, Rahul Rai, con quien acordó trabajar de "forma coordinada" en la defensa de los derechos humanos. "La reunión fue tremendamente importante, más allá de la emoción de la entrega del premio, que fue una maravillosa sorpresa", dijo a Efe Martínez Burlé.Según la letrada, el IIHR imparte cursos con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos indios cuáles son sus derechos "desde el nivel más básico hasta las convenciones internacionales". Asimismo, explicó que en la India "la gente es cada vez más consciente de sus derechos" y agregó que está aumentando "el entusiasmo" en muchas capas de la población.Martínez Burlé acordó con Rai actuar como representante del IIHR en Uruguay y "trasladar la experiencia del instituto indio a América Latina".En 2006, la abogada formó parte de la defensa de las familias de dos políticos asesinados durante la dictadura y denunció a varios militares implicados en el golpe de Estado de 1973.Bordaberry llegó al poder democráticamente en 1971, pero dos años más tarde, en medio de una crisis política y social en el país, encabezó un golpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas y se convirtió en dictador.El líder octogenario fue procesado, junto a otros cargos políticos, y cumple condena, bajo arresto domiciliario por motivos de salud, por su implicación en los homicidios del ex senador Zelmar Michelini y del ex presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, cuando ambos estaban exiliados en Argentina. (EFE)



Acusaciones de Pereyra González a la prensa
El Foro por la Libertad de Expresión expresó su "precupación y rechazo"

San Luis (Pelr) 09-02-09. El foro por la Libertad de Expresión hizo conocer su rechazo a las acusaciones que se realizaron solapadamente a todos los periodistas que cubren el juicio a los represores que actuaron durante la dictadura militar en San Luis y que hoy son juzgados por asesinatos, torturas y desapariciones. Las mismas forman parte de un escrito que presentó el camarista federal Carlos Pereyra González, en donde habla de un plan en su contra urdido a partir de las declaraciones del testigo José Samper, quien afirmó ante el tribunal que el entonces Secretario del Juzgado Federal había presenciado una sesión de tortura a Graciela Fiochetti, la chica de La Toma que luego apareció asesinada junto a otro hombre en las Salinas del Bebedero.
El texto de la declaración:
Profunda preocupación y rechazo causó entre los periodistas que participan del Foro por la Libertad de Expresión, la Comunicación y la Cultura, las acusaciones del camarista federal Carlos Pereyra González, en donde señala a colegas de participar de presuntas maniobras para descalificarlo en el marco del juicio que se lleva adelante por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar en San Luis.
El magistrado puntano, residente en Mendoza, que fuera Secretario del Juzgado Federal de San Luis durante la dictadura, presentó un escrito en donde solicita que se le permita ampliar su declaración testimonial "respecto a los supuestos hechos que me atañen de acuerdo a la declaración testimonial que con posterioridad a la mía vertiera el Sr. José Samper, a las cuales desde ya califico de mendaces, calumniosas y de responder a maniobras que pretenden el descrédito del Poder Judicial de la Nación", esto en el marco de la causa en donde se investiga la muerte de Graciela Fiochetti, las desapariciones de Sandro Santana Alcaraz y Pedro Ledesma, como asi también los apremios sufridos por Víctor Fernández que se ventila desde el 20 de octubre en el Tribunal Oral Federal de San Luis.
En el escrito presentado ante el Tribunal, Pereyra González descalifica los dichos de Samper, que lo acusó de haber visto una sesión de torturas que se le habrían realizado a Graciela Fiochetti en setiembre de 1976, señalando que el del abogado es un "testimonio mendaz, calumnioso y preparado" y allí involucra a la prensa en este presunto hecho en su contra.
"¿Porque el periodismo "sabía" tres días antes de su testimonio lo que Samper recordaría súbitamente tres días después?", se pregunta el camarista, haciendo referencia a comentarios realizados por Gustavo Heredia en Radio Universidad, para señalar seguidamente otra afirmación en forma de pregunta: "No es esto la prueba más acabada de una maniobra que excede el solo testigo mendaz y compromete al periodismo y otros poderes de influencia?".
A esta altura de su carrera, el magistrado debería saber que una de las misiones fundamentales del periodismo es hacer conocer a la sociedad los hechos tal cual se producen y que no es novedoso para nadie que en la búsqueda de la información, un anticipo forme parte de la 'competencia' periodística por la primicia y no puede ser considerado en si mismo como un delito o como una inducción a un testigo a decir tal o cual cosa.
En todo caso, también hay que recordar que el periodismo reflejó los dichos de otros testigos que pasaron por las audiencias, donde cuestionaron la actuación del entonces Secretario y del entonces Juez Eduardo Allende. Por citar solo dos casos, quien fue su compañero de estudios en la Universidad, Juan Vergés, al consultarsele sobre si había hecho la denuncia por los apremios que había sufrido durante su detención, dijo que "a cierta gente no se le podía pedir mas de lo que podía dar", en obvia referencia a que la denuncia caería en saco roto. Lo decía por Pereyra González, su "compañero de habitación", pero también por el entonces juez, con quien había compartido la mesa navideña el año anterior a su detención.
Franklin Anibal Oliveras también hizo referencia a que él mismo había realizado ante los dos funcionarios judiciales nombrados, Juez y Secretario, una denuncia por las torturas recibidas, pero que no había encontrado eco al respecto.
Si bien es cierto lo que afirma Pereyra González que integra un poder judicial que ha sido elegido por diversos gobiernos democráticos, no menos cierto es que el Proceso de Reorganización Nacional dejó sin efecto los principios rectores de la Constitución Nacional e hizo jurar a todos los funcionarios de los poderes Ejecutivos y Judiciales, por los estatutos que estableció la dictadura, lo que no es un hecho menor para un magistrado. No se ha sabido que el Dr. Pereyra González, para permanecer en su cargo, haya sido la excepción de la regla y que no haya prestado ese juramento.
En otro tramo, solicita que se rechace el pedido de compulsa "respecto a mi persona", que en buen romance significa que no se abra una nueva causa para que se investigue el supuesto incumplimiento de deberes de funcionario judicial en el perído apuntado y por el hecho señalado.
También señala a la querella en el marco de ese supuesto "plan" urdido en su contra y más adelante dice que "algunos de dichos protagonistas ya habían preparado el testimonio del Sr. Samper, que con posterioridad a mis declaraciones pretendían comprometerme de manera directa en hecos ilícitos, no habiéndoseme advertido antes, ni durante la audiencia del tenor de las afirmaciones que se harían".
Agrega sobre el particular que se lo ha hecho comparecer como testigo y por lo tanto con la obligación de decir la verdad ante una audiencia en los cuales ya algunos de sus protagonitas sabían que se me intentaría comprometer de manera directa (aunque forzada y absurda) en los hechos ilícitos que se me investigaban. Siendo dichos protagonistas quienes forzaron mi comparencia como testigo".
"Como nadie opera sin algún fin determinado, debo concluir que el resultado de esa maniobra será iniciar en mi contra una investigación sobre los supuestos hechos que se me enrostran".
En el último párrafo se reserva el derecho de realizar acciones peales "por el delito de falso testimono, calumnias y cualquier otro que correspondiera contra los autores, cómplices, instigadores y encubridores del mismo".
Pretender hacer cómplice al periodismo de un supuesto plan urdido en su contra, es por lo menos descabellado y menoscaba la tarea de los comunicadores en su permanente búsquedad de la verdad y la justicia desde el lugar que les cabe en la sociedad.
El foro por la Libertad de Expresión, la Comunicación y la Cultura expresa su profundo rechazo a este intento de censura y las amenazas latentes que quedan sobre los periodistas que intentan de manera acabada y honesta, que la verdad triunfe en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se perpetraron en la oscura etapa de la dictadura militar, pero pretenden también que se pueda reconstruir la verdad histórica sobre ese tiempo nefasto para la Argentina, donde se hizo desaparecer a toda una generación, con la complicidad de hombres y mujeres que luego se reciclaron en democracia, más allá de que puedan eludir el largo brazo de la justicia.
Gustavo SennNora FalabellaCarlos CapellaGustavo HerediaSiguen las firmas-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
Separan a jueces de una causa por participar en "juicio por la verdad"
La Cámara de Casación Penal hizo lugar al planteo de recusación que realizó un imputado por delitos de lesa humanidad, contra los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata. Fallo completo
La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal hizo lugar a la recusación planteada por un imputado por delitos de lesa humanidad contra los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, por haber participado éstos durante un proceso llamado "juicio por la verdad" y en el que fueron investigados los mismos hechos que en la causa que llevó a juicio al recurrente.
El reclamo lo realizó la defensa de Pedro Pablo Mansilla, contra los magistrados Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela.
El planteo se basó en "el temor de parcialidad" que le generaba la circunstancia de que aquellos magistrados hayan actuado como jueces en la causa "Colegio de Abogados de Mar del Plata y otros s/ denuncia desaparición forzada de personas" (conocida como "Juicio por la Verdad"), donde fueron investigados los mismos hechos que son objeto del expediente que llevó a juicio oral a Mansilla.
En concreto, expuso que jueces tomaron declaración testimonial al señor Carlos Orlando Labolita, en relación a la privación de la libertad de la que fue víctima y respecto de la desaparición de su hijo Carlos Labolita (audiencia celebrada en la ciudad de Las Flores, del día 25 de septiembre de 2006), hechos que son objeto del requerimiento de elevación a juicio formulado contra Mansilla.
Para la Cámara de Casación Penal, si bien la actividad de los jueces en el "Juicio por la Verdad" no tuvo finalidad punitiva, "lo cierto es que ejercieron actividades y funciones judiciales de dirección y control de la investigación e instrucción".
Fallo "MANSILLA, Pedro Pablos/recurso de casación" 70.93 Kb.
Fuente: Texto y fallo Centro de Información Judicial www.cij.gov.ar
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Lunes, 9 de Febrero de 2009

Argumentan la participación de Jorge Walter Pérez Blanco en la represión
Recurso contra la impunidad

Los querellantes de la causa del centro clandestino de la Fábrica de Armas Domingo Matheu se presentarán hoy ante la Cámara de Apelaciones para dar sus testimonios contra el sobreseimiento del represor y ex docente de la UNR.
Por Jose Maggi

Uno de los sobrevivientes del centro clandestino de detención es el concejal Juan Rivero.
Un grupo de sobrevivientes del centro clandestino que funcionara en la Fabrica Militar de Armas Domingo Matheu, intentará hoy convencer a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario sobre la responsabilidad penal que le cabe a Jorge Walter Pérez Blanco, quien logro evitar ser juzgado por esa imputación. La abogada Gabriela Durruty, patrocinante del grupo de militantes que sobrevivió tras pasar por ese centro, expondrá ante al tribunal de alzada los fundamentos por los cuales apeló la resolución del juez federal Marcelo Bailaque, que dictara la falta de mérito para Pérez Blanco, quien fuera miembro del Servicio de Inteligencia y ex docente de la Facultad de Medicina de la UNR, cuya salida del claustro con indemización incluida, provocó un escándalo en la administración actual.En el marco de la causa en la cual se investigan los delitos cometidos por el estado terrorista en la ex fábrica militar de armas, los querellantes Juan Rivero y Ramón Verón, con el patrocinio de Durruty, solicitaron al juez federal Marcelo Bailaque la detención del ex represor Jorge Walter Pérez Blanco. A partir de efectivizarse dicho pedido, el juez federal, en mayo del 2008, consideró que no existía en la causa mérito suficiente para procesarlo, así lo resolvió y ordenó su inmediata libertad.Sin embargo, la querella lo considera responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos cometidos contra Juan Rivero, Ramón Aquiles Verón, Adriana Elba Arce, Olga Regina Moyano, Hilda Cardozo, Ariel Morandi y Susana Miranda, agregándose en los dos últimos casos sendos hechos de homicidio triplemente calificado.Según Durruty, "los querellantes sostienen que el juez a cargo de la investigación, al momento de sopesar el alcance de las declaraciones obrantes en autos, así como del legajo personal del encartado, incurre en una valoración equivocada que tiene como correlato una decisión arbitraria debido a la ausencia de motivación suficiente requerida por el ordenamiento normativo".Para la letrada, "la valoración que se hace del material probatorio no responde a un uso adecuado de las reglas de la sana crítica tal como lo entiende la doctrina en general. No se aplicaron los principios de la lógica y la experiencia, por lo cual debe concluirse que la resolución carece de motivación suficiente, lo que conduce a su nulidad por aplicación expresa del artículo 123 del Código Procesal Penal. El deber de motivar es una garantía fundamental del proceso y constituye una obligación impuesta a todo magistrado. De lo que se trata pues es de evitar la arbitrariedad y con ello lograr la preservación del debido proceso", según señaló.Para la querella, "debe recordarse que la autoría en estos casos se analiza a través del reparto de funciones, y por ello, no existen dudas posibles acerca de la participación de Pérez Blanco en los hechos investigados. La función como personal civil de inteligencia del ejército que cumplía el encartado en la maquinaria ilegal de represión que llevó delante el plan clandestino de represión ilegal lo ubican en un rol protagónico de cómo sucedieron los hechos".En el mismo sentido, Durruty señaló a Rosario/12 que "la merituación de toda prueba en general debe ser realizada en un contexto histórico, en un momento preciso y circunstanciado. Máxime cuando hablamos de delitos de las características que revisten los hechos investigados en autos.Huelga reiterar que los delitos de que hablamos fueron cometidos por el propio Estado, sumiendo a las víctimas en la más profunda de las incertidumbres respecto de su vida y la de su entorno. Los delitos de lesa humanidad conllevan en su génesis el propósito de la impunidad, por lo cual todo estaba preparado para impedir la reconstrucción de los hechos por las víctimas sobrevivientes en una eventual investigación futura, en esta inteligencia debe realizarse la merituación de las probanzas de autos".Hoy, a partir de las 9, la Cámara estipuló la realización de una audiencia para ampliar los fundamentos planteados por la querella al interponer el recurso de apelación formulado contra la resolución de Bailaque.
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

Caso GelmanReapertura tras largo proceso
La CIDH le concedió recientemente una prórroga de seis
meses al Estado uruguayo para cumplir las
"recomendaciones" realizadas por el organismo
internacional, en el marco de la causa por el
secuestro de María Claudia García de Gelman en
Argentina y su posterior traslado clandestino a
Uruguay, donde desapareció.
El Estado solicitó la prórroga para "cumplir las
recomendaciones solicitadas por la CIDH" y "avanzar en
su implementación". Ante ello, el organismo
internacional extendió el vencimiento del plazo hasta
el próximo 21 de julio.
Esa resolución de la CIDH suspendió la remisión del
caso María Claudia a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, máximo órgano jurisdiccional de la
Organización de Estados Americanos (OEA), como lo
solicitó oportunamente la familia de la joven
desaparecida.
La familia Gelman se presentó ante la CIDH en mayo de
2006 al entender que sus derechos eran violados en
Uruguay donde la indagatoria judicial sobre lo
ocurrido con María Claudia y su eventual lugar de
enterramiento clandestino, había sido clausurada en
dos oportunidades. La denuncia indicaba que la
vigencia de la Ley de Caducidad impedía saber la
verdad de lo ocurrido con la joven argentina,
desaparecida en Uruguay en 1976.
La interpretación del entonces fiscal Penal de 4º
Turno, Enrique Möller, daba cuenta de la imposibilidad
de investigar la desaparición de María Claudia puesto
que el caso estaba amparado en la Ley de Caducidad. La
exclusión expresa del caso de la ley por parte del
actual gobierno "ilusionó", pero el fiscal Möller
interpuso el instituto de "cosa juzgada" y solicitó un
nuevo archivo del proceso.
La familia Gelman se presentó nuevamente ante la
Justicia en 2008 y solicitó otra vez la reapertura. El
juez Penal de 2º Turno, Pedro Salazar, tras el
dictamen favorable del fiscal Eduardo Fernández Dovat,
accedió al pedido. Varios militares ya comparecieron
en la causa y se estima que próximamente una veintena
de militares de bajo rango serán citados a declarar.


Domingo, 08 de febrero, 2009 - AÑO 10 - Nro.3174A A A

Pedido por la CIDH. SCJ dio plazo de diez díasJueces informarán casos sobre DDHHCausas excluídas de la Ley de Caducidad.

CIDH. Procuran determinar evolución de los procesos
por violaciones a los DDHH. La Suprema Corte de
Justicia (SCJ) dispuso un plazo de 10 días para que
todos los jueces penales informen respecto a los casos
excluidos de la ley Nº 15.848, Ley de Caducidad de la
Pretensión Punitiva del Estado, que se tramitan en sus
respectivas sedes, y la situación actual de esos
expedientes.
La disposición de la SCJ procura dar cumplimiento a
las recomendaciones que le fueran formuladas al Estado
uruguayo por parte de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en el marco del proceso contra
la Ley de Caducidad, suscitado por el secuestro y
desaparición de María Claudia García de Gelman.
La circular Nº 4/2009 de la SCJ solicita "a todos los
jueces letrados con competencia penal, que en un plazo
de diez días informen sobre: la existencia de procesos
iniciados respecto de casos excluidos de la Ley Nº
15.848 en sus respectivos juzgados, y sobre la
situación procesal de los referidos procesos". La
resolución fue emitida el pasado miércoles 4 de
febrero.
El informe 32/08 de la CIDH estableció ciertas
recomendaciones al Estado uruguayo, entre las cuales
se encuentra informar sobre la situación de estas
causas. El pedido de la CIDH procura determinar el
actual desarrollo de los procesos por violaciones a
los derechos humanos durante la última dictadura
cívico-militar, dentro del marco de vigencia de la Ley
de Caducidad.
Nueva interpretación
Las investigaciones judiciales por violaciones a los
derechos humanos durante la última dictadura
encontraron una muralla insalvable en la Ley de
Caducidad. La ley promovió la amnistía de los
militares partícipes en los operativos.
La normativa impedía la indagatoria de militares, pero
no de civiles, por lo cual se sustanciaron los
procesos que culminaron con los procesamientos del ex
dictador Juan María Bordaberry y del ex canciller de
la dictadura, Juan Carlos Blanco. Sin embargo, el
gobierno de Tabaré Vázquez concedió una nueva
interpretación de la norma la que permitió extender la
investigación de las violaciones de derechos humanos
cometidos en ese período histórico.
Una decena de casos fueron excluidos de la norma y
actualmente se tramitan en los Juzgados Penales, entre
ellos, el secuestro y desaparición de la maestra Elena
Quinteros; las muertes de Ramón Peré, Horacio Ramos,
Hugo Leonardo de los Santos y Héctor Castagnetto; el
traslado clandestino de presos políticos en 1978 de la
UAl. MLN,PCR, AMS, PST(a), GAU, ROE,; el caso
"Fusilados de Soca",MLN y el caso "Segundo
Vuelo" PVP,MLN.
Sin embargo, la interpretación de la ley por parte de
jueces y fiscales provocó el archivo de las causas por
las cuales se indagaban los asesinatos de Laura
Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanick; y la muerte de
Nuble Donato Yic dentro de una unidad militar.
Asimismo, la imposibilidad de investigar la muerte de
la militante de la UJC Nibia Sabalsagaray determinó
que la fiscal Mirtha Guianze interpusiera un recurso
de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad,
actualmente a estudio de la SCJ.
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

22/12/2006MIGUEL ANGEL MOZÉ, MILITANTE MONTONERO FUSILADO EN 1976El hijo olvidado
Por Alexis Oliva para Prensa De Frente -
Treinta años después de su fusilamiento, la historia de Miguel Angel "Chicato" Mozé, seminarista, jefe de la Regional III de la Juventud Peronista y militante montonero, es un testimonio emblemático de una generación de jóvenes que adquirieron sus ideales revolucionarios en el seno de la Iglesia Católica y luego fueron demonizados y abandonados a su suerte por una jerarquía clerical cómplice de la dictadura.
"Sólo le pido a Dios / que el engaño no me sea indiferente / Si un traidor puede más que unos cuantos / que esos cuantos no lo olviden fácilmente". (León Gieco reveló hace poco que el destinatario original de esos versos de Sólo le pido a Dios fue Juan Domingo Perón, porque "en España, Perón decía 'si fuera joven estaría tirando bombas como los muchachos en Argentina'. Pero cuando vino, se cagó en todos los muchachos y se juntó con la derecha de López Rega"). "...(Raúl Francisco) Primatesta convalidó con su silencio el relato encubridor del asesinato de quien se había formado bajo su autoridad. Entre la ideología y el miedo, no había espacio para la verdad". (Horacio Verbitsky – Doble Juego – La Argentina Católica y Militar – 2006). Julio de 1970. El seminarista Miguel Angel Mozé recibe un sobre. Adentro hay una carta y varios escritos, donde una agrupación llamada Montoneros se atribuye la autoría del copamiento de la localidad de La Calera y el secuestro y ejecución del general Pedro Eugenio Aramburu. Le ha llegado a él y a otros compañeros con los que comparte una militancia cristiana tercermundista que no alcanza a saciar sus ansias revolucionarias.Enero de 1979. Angela Suša de Mozé recibe un sobre. Adentro hay una medalla de oro y un acta de condecoración póstuma para su hijo: "Considerando que el compañero Miguel Angel Mozé que ha dejado la vida en la defensa de los intereses de nuestra Patria y de nuestro Pueblo es un ejemplo de la heroica resistencia popular (...) La Conducción Nacional del Partido Montonero y Comandancia del Ejército Montonero resuelve otorgar a este compañero la condecoración 'Al Mártir de la Resistencia Popular' en su máximo grado, el de Compañera Eva Perón". Firman los comandantes Mario E. Firmenich y Horacio A. Mendizábal, y el segundo comandante Horacio D. Campiglia.Entre un sobre y otro han pasado, además de ocho años y medio, muchos muertos. Entre ellos, un Mozé que ya no era seminarista y mucho menos sacerdote, que fue fusilado a los 27 años, el 17 de mayo de 1976, junto a otros cinco presos políticos. El primero de esa historia ha sido Emilio Maza, herido fatalmente en aquel intento de copar La Calera. Los sacerdotes tercermundistas y el obispo de la Rioja, Enrique Angelelli, han justificado la "violencia de abajo"; y está preso el cura Fulgencio Alberto Rojas, sospechado de pertenecer a Montoneros. Mozé y sus compañeros del Seminario Mayor de Córdoba sienten que deben hacer oír su voz: "Morir por el Pueblo es la máxima opción del cristiano y justamente el anuncio sin hipocresía del Evangelio y la acción por la justicia que se gesta en el seno de nuestro Pueblo tienen como consecuencia entrega total", afirman en un documento que se convertirá para los firmantes en una lista negra. La Iglesia que comenzará a abandonarlo a partir de ese documento, recibió a Miguel Angel siendo un niño de cinco años en el jardín de infantes del Instituto Nuestra Señora del Valle, de la ciudad de Cruz del Eje. En aquellos primeros años 50, catolicismo y peronismo todavía no eran términos educativos incompatibles y ambos imaginarios se encontraban en un libro de lectura que decía: "Nuestra Evita está con Dios y nos cuida desde el cielo".Ya era monaguillo cuando en cuarto grado se cambió al colegio de los Hermanos Educadores de Bialet Massé, para pasar luego al Seminario Menor de Jesús María.Su ex compañero Luis Miguel Baronetto recuerda algunas características: "Era muy pata dura para el fútbol; y eso era jodido, porque valías mucho si eras buen jugador. Y era un tipo muy jetón, alegre y rompe huevos, diríamos, de esos que animan cualquier fiesta. Eso compensaba sobradamente su incapacidad futbolera, así que no era un desapercibido, sino muy tenido en cuenta. Además, se distinguía por su interés y dedicación por todo lo que significaba la reforma litúrgica". El despertarIngresa al Seminario Mayor en 1967, año en que sus alumnos comienzan a estudiar en la Universidad Católica. La experiencia dura apenas dos años, porque la acelerada politización del estudiantado representa un peligro potencial para los futuros sacerdotes. En la Católica, los ámbitos de militancia son el Ateneo de Estudios Sociales y el Campamento Universitario de Trabajo (CUT), con el que en 1969 Mozé viaja a la colonia aborigen de Quitilipi, Chaco. En una entrevista del periódico cruzdelejeño Nuevo Tiempo, describe la realidad que observó: "Viven casi exclusivamente del cultivo del algodón. Éste es comercializado por intermedio de una Administración, de la cual dependen ellos y, aquí se crea un círculo vicioso, dado que la cosecha generalmente se la paga con las nuevas semillas; esto, sumado a los alimentos racionados que durante el año sacan de la cooperativa (repartición de la Administración), no les permite dejarles ninguna ganancia; muy por el contrario, siempre quedan en deuda".Su formación sacerdotal se complementa con trabajo social -en un principio avalado por el propio Arzobispado- en parroquias de barrios populares conducidas por curas del creciente Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Mozé y Roberto Vidaña -luego diputado nacional de Montoneros- van a la parroquia de barrio Los Plátanos, a cargo de Erio Vaudagna. "Todavía se gozaba de cierta libertad de opinión y elección, y los seminaristas elegían a qué parroquia ir. Vidaña y Mozé me vinieron a hablar y yo acepté con gusto. La actividad era netamente parroquial, con un sentido progresista y de Iglesia de los pobres, en base a reuniones, debates y los sermones. Ellos me dirigían la misa y formaban los grupos juveniles", recuerda el ex sacerdote.En ese tiempo van ocurriendo sucesos que estimulan una conciencia revolucionaria que trascenderá la militancia cristiana tercermundista: la aparición de la guerrilla, el Cordobazo, Vietnam, la irrupción de Montoneros con la ejecución de Aramburu, la toma de La Calera y la muerte de Emilio Mazza, que motivará aquel pronunciamiento que irritará al arzobispo Raúl Francisco Primatesta. Sus firmantes serán retirados del Seminario por los titulares de sus diócesis."En un momento descubre que desde la Iglesia ya no se podía avanzar más -explica Vaudagna-. La Iglesia tenía que pasar a ser una institución que dentro de un sistema socialista trabajase por profundizar ese socialismo. Mientras tanto, su misión, la de un auténtico cristiano, estaba en lo político. Y contra esa oligarquía aliada en el capitalismo al Ejército, la opción que quedaba era la lucha armada. Vivir el cristianismo significaba luchar por otro orden social. Y no se podía con elecciones, era con la lucha armada del pueblo contra el sistema. Entonces, al surgir estos movimientos que proponían la acción armada, ellos se enrolaron".La rupturaEl obispo cruzdelejeño Enrique Pechuán Marín traslada a Mozé a la localidad de Serrezuela para despolitizarlo, pero allí encuentra el mismo mecanismo de explotación que conoció en el Chaco y comienza a concientizar y organizar a los campesinos. El 24 de septiembre de 1970, organiza en el salón del Pasaje España de Cruz del Eje una entrevista pública entre un corresponsal de la revista Siete Días y el cura tercermundista Abud Layús, con masiva convocatoria y amplia repercusión en la prensa cordobesa. Tanto que el propio Layús rescata la experiencia en su libro El Poder y la Sangre, donde refiere que Mozé "había querido traer a su ciudad natal las ideas que a él le habían cambiado la vida". Layús cuenta que al final del debate el cruzdelejeño corrió a darle un abrazo: -Muy bien, Cura. Muy claro todo. Ahora debo enfrentar a Monseñor Pechuán, que está furioso por haber organizado esta jornada y sobre todo por haberlo invitado a usted.También los terratenientes de Serrezuela están furiosos con el seminarista y lo denuncian, por agitar a sus peones, ante el Obispo, que convoca a varios curas de la diócesis a una reunión donde deciden que no se ordenará sacerdote.En 1971, vuelve a Córdoba y se muda con otros seminaristas a barrio Oña para trabajar con las comunidades cristianas coordinadas por el cura irlandés Antonio Gill. Allí crean la primera unidad básica de superficie de la JP en Córdoba. En esa época, conoce a Olga Acosta, militante cristiana y de la JP, con quien tendrá un hijo, Martín, nacido el 4 de septiembre de 1973. En el libro "Por la memoria, por la justicia, por un sueño", que cuenta la historia de los fusilados en la Penitenciaría de Barrio San Martín, escribió un relato que termina así: "Pido a gritos tu presencia para no morir sin sufrimientos ni razones y no dejar tu mundo ni olvidar mis sentimientos por vos, papá". Actualmente, Martín tiene 33 años y estudia cine en España. Hace unos años, se reunió en Jesús María con los ex compañeros de Mozé en el Seminario Menor. "Al verme, por mi parecido físico con mi padre, se sobrecogieron y hasta lloraron", recuerda Martín, quien piensa hacer un documental con eje en el difuso recuerdo de una visita que alcanzó a hacerle con su madre en la cárcel.En marzo de 1972, Mozé ingresa a la Escuela de Ciencias de la Información (ECI) de la Universidad Nacional de Córdoba. En su legajo, al responder a "Se inscribió, inscribe o reinscribe en otra carrera", marca "La abandonó". Pero su paso por la ECI no figuraba en la placa que durante muchos años rindió homenaje a los estudiantes asesinados o desaparecidos por la dictadura. Recién en marzo de 2003, la entonces directora Marita Mata lo advertirá gracias a una casualidad: "Yo recibí la demanda de la agrupación Arcilla de que buscáramos los legajos de los compañeros desaparecidos, que por alguna razón nunca se encontraron. Entonces, me fui a Despacho de Alumnos con la lista de los compañeros que siempre han figurado en las placas y documentos. Pero después de buscar con esa lista, al no encontrar algunos, me llevó a ver todos los legajos porque pensé que podían estar traspapelados. Al revisar uno por uno, de pronto veo la foto del Chicato. Y me quedé impresionada, porque no recordaba que hubiera sido alumno. En esos años, Mozé era una presencia constante en la Escuela, pero yo lo asociaba a su calidad de dirigente de la JP".
El vértigo28 de febrero de 1973. Ante un estadio de Talleres colmado, habla "en tono enérgico y verba encendida, el joven Miguel Angel Mosse (sic), prologando la palabra del candidato a la presidencia de la República" (La Voz del Interior), un Héctor Cámpora que triunfará con el Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) el 11 de marzo. Mozé está en la cúspide, aunque al convocar a trabajar por "la patria socialista" desde un sector de la tribuna le silben y contesten: "¡No, la patria peronista!" (Diario Córdoba).Son los mismos que el 13 de julio festejarán que Cámpora sea desplazado cuando "sectores de derecha dieron un golpe que pretendió burlar la voluntad popular", definirá el cruzdelejeño en una entrevista del diario El Independiente de La Rioja. El 8 de septiembre, Mozé participa en la reunión de Gaspar Campos, donde Juan Domingo Perón logra tranquilizar y "encuadrar" a los líderes de Montoneros, FAR y JP.El 17 de septiembre, El Independiente titula: "Mozé: Esta es la etapa de la toma del poder". El dirigente aclara que "las relaciones de Perón con la JP nunca estuvieron interrumpidas", y afirma: "Gracias a la lucha de FAR y Montoneros, esencialmente, y de la clase trabajadora hoy podemos cumplir el anhelo de Perón Presidente. En la actual etapa de reconstrucción y liberación nacional no se pierde el objetivo estratégico que es la toma del poder con Perón en el gobierno, para construir, en definitiva, el socialismo nacional", insiste.El 23 de septiembre, triunfa la fórmula Perón-Perón. "Él siempre decía que habían sido muy tontos -recuerda su hermana, Miguelina-, porque cuando salieron de Gaspar Campos, no sé qué les dijo (José) López Rega y ellos se rieron, como diciendo: 'Miralo a este tonto, que se cree que tiene tanto poder'. Y después con el tiempo, cuando pasa todo lo que pasa, él me decía: 'Qué lástima que no nos dimos cuenta quién era'".La caída22 de julio de 1975. 16,30 horas. Un muchacho con lentes de contacto charla con el cadete apoyado en el mostrador en la corresponsalía del diario La Opinión, en el 7º piso de Rioja 33, mientras aguarda que termine una reunión el periodista Jorge Pérez Gaudio. De repente, una docena de policías de la Dirección de Informaciones (D2) irrumpe en el local y reduce al joven, que tiene un documento de identidad a nombre de Alberto Marull.-¿Así que sos éste? Mirá vos, justo a vos te estábamos buscando...- se mofa un policía.-¡No señor! ¡Se están llevando a Miguel Angel Mozé, el delegado de la JP!- interviene Pérez Gaudio. Un agente lo derriba de un empujón.-¡Piro, salvame!- alcanza a gritar Marull-Mozé desde el ascensor.Inmediatamente, el periodista recurre a los abogados Gustavo Roca y Lucio Garzón Maceda, quienes presentan un habeas corpus y logran aclarar la identidad del detenido."Diversos procedimientos se efectuaron con motivo de la detención de Mosé" (sic), titula el Diario Córdoba del 26 de julio. La nota indica que "era buscado desde hace varios meses, pues en ocasión de la liberación de Mario Kember, presidente del directorio de INTI, se encontró en el lugar del cautiverio la libreta de enrolamiento de Mosé" (sic). Y agrega que "los primeros resultados no trascendieron para los medios de difusión", pero "la posibilidad de ubicar algunos de los centros operativos de la organización autoproscripta, se habría diluido en gran parte, y se espera que un buen número de los detenidos por sospechas de actividad subversiva recuperen sus libertades tras aclarar sus situaciones personales", lo que no significa otra cosa que Mozé fue torturado y resistió sin dar información, según consta también en la documentación judicial y aseguran sus compañeros de cautiverio.Después de varios días en el Cabildo, un maltrecho Mozé va a parar a la Unidad Penitenciaria Nº 1, a la celda uno del pabellón ocho, en el que están alojados los militantes guerrilleros. Allí se reencontrará con su ex compañero Baronetto y con su abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), secuestrado por policías de civil en la escalinata de Tribunales, donde realizaba un trámite relacionado la defensa del ex delegado de la JP. En aquellos meses previos al golpe de Estado, un sistema relativamente permisivo permite que durante el día las puertas de las celdas permanezcan abiertas y en el pabellón se puedan realizar tareas manuales, recibir visitas, leer, escribir y discutir política. Todo terminará cuando, luego del 24 de marzo del '76, el Ejército se haga cargo del penal e inicie un régimen implacable de requisas, incomunicación, golpizas nocturnas, hambruna y asesinato. Asesinato y encubrimiento"Córdoba debe vivir con tranquilidad", afirma el cardenal Primatesta en el titular principal del diario Córdoba del 18 de mayo de 1976. Tal vez después de leer la crónica de su audiencia de la víspera con el general Jorge Rafael Videla, en la que estrenó su condición de presidente del Episcopado, haya pasado unas páginas y advertido algo que ocurrió ese mismo día: "Abatieron a seis extremistas", dice el título. El comunicado del Tercer Cuerpo de Ejército informa que cuando "una comisión policial trasladaba a seis delincuentes subversivos (...) fue atacada por otros delincuentes que ocupaban dos o tres automóviles con el evidente propósito de rescate, abriendo fuego contra la comisión policial, la que reaccionó de inmediato. Como resultado del tiroteo, dos delincuentes que se encontraban dentro del vehículo policial fueron alcanzados por varios disparos pereciendo en el acto. Un agente resultó con una herida leve en un brazo. Los otros detenidos, tratando de aprovechar esta situación, intentaron huir en distintas direcciones. Dos de ellos se cruzaron en la línea de fuego cayendo heridos mortalmente y los dos restantes, al no acatar la intimación policial, fueron abatidos por las fuerzas del orden. (...) Los delincuentes muertos son: Miguel Angel Mossé (sic), José Alberto Svagusa, Diana Beatriz Fidelman, Luis Ricardo Verón, Ricardo Alberto Young y Eduardo Alberto Hernández".¿Desconocía el Cardenal quién era aquel al que vio formarse bajo su órbita, aquel cuya graduación en el Seminario Menor presidió un no tan lejano día de noviembre de 1966? ("Estuvo Primatesta", figura en el día de su egreso en el cuaderno donde Mozé registraba sus vivencias del Seminario Menor. "Primatesta no la quiso recibir a mi mamá cuando mi hermano estaba preso", dice Miguelina).Y si no leyó la noticia en el diario, la pudo leer después. Rodolfo J. Walsh, en su Carta Abierta a la Junta Militar, cita una carta "de los presos en la cárcel de Encausados al obispo de Córdoba, monseñor Primatesta. El 17 de mayo son retirados con el engaño de ir a la enfermería seis compañeros que luego son fusilados...", le cuentan con detalle los prisioneros al Cardenal.Así comenzó a cumplirse aquella amenaza del general Juan Baustista Sasiaiñ, a poco de copar el Ejército la cárcel después del golpe: -Los vamos a matar a todos. Pero los vamos a matar de a poco, como a las ratas, para que sufran.Ese día irrumpen en el pabellón, gritan sus apellidos, los esposan, les vendan los ojos, los obligan a subir a una camioneta de la policía y los llevan hasta la costanera del río Suquía, cerca del puente Santa Fe. -¡Corran, carajo!- ordena un oficial.-No seas cobarde. Matame de frente, hijo de puta- le contesta Diana Fidelman. Los testigos escuchan ese diálogo y ven que los empujan hacia la barranca del río y a tropezones comienzan a bajar. También escuchan y ven que los acribillan.Al día siguiente, un empleado penitenciario se lo confirma a los presos políticos:-Los mataron a todos cerca del puente Santa Fe y después la policía baleó sus propios vehículos para simular el enfrentamiento."Ahí tomamos conciencia de que lo que Sasiaiñ había dicho, eso que considerábamos una bravuconada de los milicos, era en serio", reflexiona Baronetto treinta años después, al evocar a los 28 compañeros asesinados durante 1976 en la cárcel de barrio San Martín, entre los que estaba su esposa, Marta Juana González. Impunidad y olvidoEn el caso de Mozé, tomaron otro recaudo para garantizar la impunidad de su crimen. Ricardo Valentini, esposo de su hermana, fue apresado el 11 de mayo -seis días antes del fusilamiento colectivo- y el 18 fue trasladado a la penitenciaría de donde el día anterior se llevaron a su cuñado. "Fui una especie de rehén", interpreta Valentini el verdadero motivo de aquella detención que se ordenó por "leer material subversivo" y lo mantuvo preso hasta marzo de 1979.Miguelina aún no se recuperaba del allanamiento de su casa y el encarcelamiento de su esposo, cuando se entera de la muerte de su hermano: "Cuando le tuve que decir a mi mamá que lo habían matado y teníamos que ir a reconocer el cuerpo, fue uno de los peores momentos de mi vida. Había venido mi suegro a contarme lo que salía en el diario... Entonces, me fui a su casa y le dije: 'Mirá, mamá, hubo un enfrentamiento en la cárcel de San Martín y creo que Miguel está muy herido. Tenemos que ir a verlo'. Después nos llevaron y en el auto le dije, porque ella ya se daba cuenta: 'Lo mataron'". De todas las "madres" de Miguel Angel Mozé, fue Angela, la que lo trajo al mundo, la única que nunca lo abandonó. Con su dolor a cuestas, recuperó el cuerpo de su hijo, lo sepultó en el cementerio San José de Cruz del Eje y guardó como un tesoro sus recuerdos hasta que le tocó descansar junto a él. Porque fue abandonado por su ciudad natal, que retribuyó su compromiso primero esquivando la mirada a sus familiares y después con olvido. Abandonado también -como tantos militantes de la izquierda peronista- por un Partido Justicialista que jamás le rindió un homenaje. Y abandonado por su "segunda madre", la Santa Madre Iglesia, que no permitió que se ordene sacerdote y lo dejó librado a su suerte en una cárcel donde mandaban los asesinos de Menéndez. Miguel Angel Mozé es el paradigma del hijo olvidado por esta ingrata madre, que habiéndolo formado desde niño en el pensamiento revolucionario, cuando ese ideario se tradujo en opción de vida le soltó la mano y lo entregó a la muerte.

Fuente:
www.prensadefrente.org y www.prensared.com.ar

Posdata: Miguel Moze y los entrañables compañeras y compañeros Raúl Tissera, Sergio Rojas, los hermanos Norma ( embarazada) y Daniel Sintora, Norma Asis, Horacio Siriani, los hermanos Edith y Wenceslao Vera, José Luis Aguilar, Alicia De Cicco, Ernesto Dellafiore, Carlos Barreda, Luis Santillan, José Antonio Apontes y Pedro Flores, entre otros militantes de Cruz del Eje, Córdoba, fusilados o detenidos desaparecidos antes y durante la dictadura militar.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
Córdoba -Sociedad

"Necesito que en mi documento diga Mozé"
Martín (35), es hijo de Olga Acosta y de Miguel "Chicato" Mozé. Está a un paso de recuperar su identidad como hijo legítimo del ex seminarista y dirigente montonero. "No basta con ser parecido", sostiene mientras espera confiado un acto reparador por parte de la justicia.

Martín Mozé.


2009-02-09 -
Por Katy García - Prensared Miguel Ángel Mozé, su padre, en los años setenta fue jefe de la Juventud Peronista , Regional Tercera de Córdoba y Militante montonero.
Es uno de los 30 presos políticos asesinados por aplicación de la Ley de Fuga, en la Unidad Penitenciaria Nº, juicio que será ventilado este año y del que Martín, su hijo, es querellante. Tenía cuatro o cinco años, no recuerda si fue en el Jardín de Infantes o en primer grado cuando de regreso a la casa, a boca de jarro le preguntó a su madre: ¿A quién le hago la tarjeta del Día del Padre? Hacía varios días que junto a sus compañeros pintaban un dibujo para regalarles a los padres en su día. Su madre, no dudó en responderle con la verdad. Pero una verdad a la medida de su edad. En aquél momento, supo que lo habían matado unas "personas malas". Ese relato sencillo, como un cuento dirá Martín, le trajo tranquilidad. Pero debía guardar ese secreto. Si alguien le preguntaba por su padre, debía decir que "murió en un accidente". Años más tarde, le explicó que "por cuestiones de seguridad y por una decisión compartida con su padre, no debía llevar su apellido". La familia materna con quienes vivía estaba conformada por sus dos abuelos, los tíos Federico, Carlos y Leticia –su madrina- y la Mamá. Fue el primer nieto de una familia donde lo único que abundaba era el afecto. Por la rama paterna, estaban los abuelos Ángela y Andrés, la tía Miguelina y Miguel su padre. Cursó el primer ciclo del secundario en el colegio Luis María Robles y concluyó los estudios en la escuela República de Francia. Egresó como técnico electrónico y desoyendo la voz materna que le sugería el camino de las ciencias sociales, eligió la carrera de ingeniería, que dicta la Universidad Tecnológica Nacional. Al cabo de dos años, era alumno de la Escuela de Ciencias de la Información (ECI). Una circunstancia, hará que este cambio sea clave. - ¿Cuándo te alejás de aquella versión de la infancia y querés saber más? - Fue entre los 14 y los 15 años. No dimensionaba quién era mi padre, su figura pública. Un día, entro al Cispren a ver una muestra fotográfica y veo por primera vez una foto de mi Papá. Hablaba en un acto, junto a Atilio López, Agustín Tosco y Dorticós. Eso fue lo que me pinchó a empezar a buscar, a preguntar. Fue un proceso muy, muy lento. La abuela paterna sabía de su existencia. Tuvieron encuentros fugaces en Villa Giardino. Recuerda que allí jugaba con sus primos. "Mi abuela era alguien que me regalaba algo, pero no me hablaba mucho", recuerda con tristeza.En esa búsqueda por conocer datos sobre su padre, se encontró con muchas personas que le decían "sos igual al Chicato" y le contaban historias memorables sobre él. "Para mí era un desconocido al que admiraba. Aunque tuvimos contacto hasta los tres años y medio. Incluso entré a la UP 1 como familiar de otro preso y estuve con mi Papá", evoca y se le iluminan los ojos.Luego comentó que "una de las primeras personas que me ayudó a reconstruir la imagen de mi padre fue Vitín Baronetto. Me acuerdo que juntó a todos los ex seminaristas y me llevaron con su esposa Norma a un encuentro sorpresa. Todo fue muy fuerte, muy cargado de emoción y de recuerdos heroicos", En 1994, un hecho doloroso que prefiera callar lo paralizó y abandonó toda averiguación. "Estaba muy solo, no era algo que podía expresar públicamente y no quería causarle dolor a nadie", cuenta. En esa época, Marité Sánchez, le aconsejó que siguiera. Pero no lo hizo. En el '96, tuvo un acercamiento a la Agrupación HIJOS, pero "tenía más llegada con Familiares (de detenidos y desaparecidos por razones políticas), especialmente con Miguel Apontes y empiezo a colaborar con ellos".
De cuerpo enteroEn 2000, concurre junto a un grupo de jóvenes a un Festival de Cortos del último año de la carrera de Cine. "Había que mirar 50 cortos. Nosotros íbamos a ver el realizado por Mauro, un amigo". Para su sorpresa, uno de los filmes que presentan unos jóvenes volvería a acicatearlo. "Revolvían unas latas con películas y preguntaban ¿qué hacían los jóvenes en esa época? Y aparece la frase Luche y Vuelve y comentan que fue creada en 1973, por Miguel Mozé. Y ahí, Aparece mi Papá, en una pantalla de tres metros y lo veo por primera vez, de cuerpo entero y escucho su voz. Estaba junto a (Mario) Firmenich, y (Roberto) Quieto. Entonces, me decían ¡sos vos! Es mi viejo, dije. Nos abrazamos y no paré de llorar". Esa imagen en la pantalla reactivó su deseo de saber más. Devoró libros de historia, viajó al Foro Social Mundial que se realizó en Porto Alegre y durante un año recorrió diferentes países de Sudamérica. Al regresar, se entera que dos amigos de su padre habían estado en Argentina.
Entonces, Emiliano Fessia, su "amigo del alma", le presta el dinero para que viaje y pueda reconstruir su historia y la de su padre. En España cambió su vida radicalmente. Se enamoró, trabajó duro y terminó la carrera de dirección cinematográfica, en Barcelona. Puso en marcha la realización de un documental con todos los amigos y compañeros de su padre. Durante largas horas de filmación y entrevistas apologéticas sobre el Chicato, "tuve que cambiar la estrategia para lograr humanizarlo, porque todo era heroísmo", reflexiona. Una escena final espera ser filmada. Como era de esperar, está ligada a la recuperación de su identidad.- ¿A propósito, era seminarista tu padre?- Varias veces me preguntaron sobre ese tema. Es un error de lectura. Fui concebido en enero del 1973, cuando mi padre estaba fuera de la Iglesia. Soy hijo de un militante político, que fue seminarista y se alejó de la Iglesia porque en sus reivindicaciones ya se estaba yendo. Leticia, la madrina, fue quien lo alentó a seguir el juicio por el apellido. Se trata de un juicio testimonial, porque el cuerpo de Miguel fue entregado en cajón cerrado. Marité Sánchez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, lo tramita. Hace 14 años que viene luchando por esto y ahora que llegó el momento se siente extraño. "Estoy muy ansioso, tengo miedo y a la vez estoy seguro", confiesa distendido.- ¿A qué le tenés miedo? - Fue un largo y lento proceso. Lo llevaba con normalidad, pero ahora estoy nervioso, y por ahí digo ¿y si sale mal?- ¿Que sería que salga mal?- No tener el apellido de mi padre. Para mí tiene un valor simbólico que intentaré explicar. Creo en la justicia, en el sentido de que debe reparar un daño. Creo que lo hubo y que el juicio por mi identidad es un acto reparador. Porque no basta con que todos sepan y me digan "qué parecido que sos al Chicato". La memoria y la identidad se construyen. Necesito que en mi documento diga Mozé. Si bien no me han robado la identidad como en el caso de los niños apropiados, en algún punto no tuve acceso a la información sobre mi identidad.Para Martín la resolución de este tema es fundamental. Para proyectar su futuro, armar una vida nueva, pensar en hijos y lugar de residencia. Para por fin ser: Martín Mozé.
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Ricardo Alberto Frank, Yoyi Martínez!
JUSTICIA YA!

El próximo martes 10 de febrero comenzara en los Tribunales de Comodoro Py el juicio al genocida Jorge Carlos Olivera Róvere, juzgado en la Megacausa Primer Cuerpo del Ejército, dado que el represor fue en 1976 2do. Comandante y jefe de la subzona Capìtal Federal, quedando bajo su responsabilidad todos los centros clandestinos de detención que funcionaran allí.

La responsabilidad de Juzgarlo está a cargo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) quien citó con anterioridad a la fecha de comienzo del juicio a las personas mayores de 80 años propuestas para prestar su declaración testimonial por las querellas y el Sr. Fiscal de la causa Dr. Félix Crous.

En este marco, el miércoles 4 de febrero pasado, declararon las señoras IBIS GIMENEZ y Lidia Huarte de Frank, quienes se refirieron a los secuestros de sus hijos.

En la audiencia estaban presentes familiares y representantes de Organismos de DDHH.

La importancia de estos testimonios radica en que es la primera vez que Frank y Martínez son tomados como casos por el lugar de secuestro, quedando de esta manera demostrado judicialmente su desaparición...Tuvieron que pasar 30 años para que estas madres puedan decir a la Justicia qué pasó con sus hijos.

La primera en pasar ante el estrado fue la Sra. Ibis Giménez, quien viajó desde la ciudad de Mar del Plata acompañada por su hija Mirta, quien relató cómo se enteró del secuestro de Yoyi, y su largo peregrinar para poder tener alguna noticia de qué había pasado con su único hijo varón hasta que por sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada pudo saber de su permanencia en este lugar.

Luego fue el turno de la Sra. Lidia Huarte de Frank, quien relató en un testimonio sin interrupciones, hilado y claro, cómo fue secuestrado Ricardo ante sus propios ojos aquella noche nefasta del 10 de noviembre de 1978, en el domicilio de la calle Serrano 1745 (actualmente J.L.Borges) , cuando estando en el departamento ingresaron alrededor de la medianoche, cinco hombres vestidos de civil con armas largas, llevándoselo para luego regresar a buscar a Yoyi y también llevar a Laura Mina ( compañera y amiga de los jóvenes) a quien regresaron siendo las 6 de la mañana del mismo día.

En la declaración, también dejó sentado la presentación de los 3 habeas corpus que formulara en su momento con los rechazos de los jueces intervinientes y el largo pereginar en la búsqueda de su hijo (ministerio del interior, iglesia, obispos, cartas a autoridades, etc.)
También relató haberse enterado por sobrevivientes que su hijo había sido visto en la ESMA

Las dos Madres reclamaron JUSTICIA para sus hijos, y cuando el tribunal les preguntó si querían agregar algo ambas a su debido turno dijeron querer saber PORQUE Y DONDE SE LLEVARON A SUS HIJOS (dirigiéndose obviamente a los represores presentes en la sala de audiencias, solo un preso y los demás en libertad).

En la segunda etapa del juicio, tras la unificación con otro tramo de la Mega causa, serán juzgados el general de brigada Teófilo SAA, el teniente coronel Felipe Alespeiti, los coroneles Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez y el general de división Rodolfo Whener por su responsabilidad como jefes de área en la subzona Capital.

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comienza el juicio a olivera róvere por delitos de lesa humanidad
Cien crímenes para un solo acusado
Se lo juzga por el asesinato del dirigente uruguayo Zelmar Michelini y la desaparición del escritor Haroldo Conti. Fue mano derecha de Guillermo "Pajarito" Suárez Mason y segundo comandante del Primer Cuerpo del Ejército.
Martina Noailles.


A juicio. Olivera Róvere tiene 82 años. Tuvo a su cargo todos los centros clandestinos que funcionaron en la Capital Federal.
Treinta y tres años después, un represor de la última dictadura será juzgado por más de cien crímenes de lesa humanidad. Se trata de Jorge Carlos Olivera Róvere, quien durante 1976 se desempeñó como segundo comandante del Primer Cuerpo del Ejército. Entre los delitos de los que está acusado se encuentra el asesinato del dirigente uruguayo Zelmar Michelini y la desaparición del escritor Haroldo Conti. El militar espera el juicio oral, que comienza este martes, en libertad.El mismo día, pero a cientos de kilómetros, debía iniciarse el primer proceso por violación a los derechos humanos en la provincia de Formosa. Pero, por falta de una sala apropiada, el Tribunal Oral suspendió el juicio contra el ex gobernador de facto Juan Carlos Colombo por dos o tres semanas.Olivera Róvere tiene 82 años. Aunque tuvo a su cargo todos los centros clandestinos que funcionaron en la Capital Federal y fue la mano derecha del temible Guillermo "Pajarito" Suárez Mason, desde hace dos años cuenta con el privilegio de caminar libremente gracias la excarcelación concedida por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal.El general Colombo carga con 84 años y está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita responsable de al menos once secuestros y torturas, y dos desapariciones. Sin embargo, está en Buenos Aires y gozó de arresto domiciliario hasta que fue internado en el Hospital Militar de Campo de Mayo por problemas de salud. Con el mismo argumento, Colombo será juzgado por videoconferencia si es que, finalmente, el proceso se inicia antes de que muera.El Tribunal Oral de Formosa aún no encontró sitio para hacer las audiencias, funciona en el garaje de una casa y no cuenta ni siquiera con una fotocopiadora. Al general retirado Olivera Róvere lo juzgará el TOF Nº 5, compuesto por jueces que, a pesar de contar con toda la infraestructura necesaria, no permiten el ingreso de cámaras fotográficas ni filmadoras, incumpliendo la acordada de la Corte Suprema de Justicia en la que se resolvió que los juicios por delitos de lesa humanidad sean difundidos para garantizar el derecho a la información de la población.Por eso, el martes, a las 9 de la mañana, un grupo de organismos de derechos humanos, como HIJOS y Justicia Ya, exigirán en la puerta de Comodoro Py que se garantice un juicio "realmente oral y público".El proceso por el que Olivera Róvere deberá sentarse al banquillo se enmarca dentro de la megacausa "Primer Cuerpo del Ejército". Por la cantidad de casos de los que está acusado –116 secuestros y 4 homicidios– y el gran número de testigos que declarará ante los jueces, se estima que las audiencias se extenderán durante más de seis meses. Además, en algunas semanas el juicio comenzará una segunda etapa debido a la unificación con otro tramo de la causa madre. Allí serán juzgados el general de brigada Teófilo Saa, el teniente coronel Felipe Alespeiti, los coroneles Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez y el general de división Rodolfo Whener, por su responsabilidad como jefes de área en la subzona Capital.Otro proceso en febreroEl lunes 23 de este mes comenzará el juicio oral y público al ex comandante del Servicio de Inteligencia de Gendarmería Nacional Víctor Enrique Rei, por la apropiación del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval. La pareja de entrerrianos fue secuestrada el 1 de julio de 1977. Ella tenía 20 años, era estudiante de peluquería y estaba embarazada de dos meses y medio; él era de Nogoyá, tenía 33 años y era albañil. Por testimonios de sobrevivientes se supo que los llevaron al centro clandestino Club Atlético, en Paseo Colón y Garay, y que la joven fue sacada de allí varios meses después para dar a luz a un varón. Alejandro Sandoval recuperó su identidad en septiembre de 2006. El proceso, que debía realizarse en junio pasado pero fue suspendido, estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal integrado por José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Adriana Palliotti. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
SE AGRADECE LA DIFUSIÓN

DESDE H.I.J.O.S.
(Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

CONVOCAMOS A UN

CAMARAZO

TRAÉ TU CÁMARA PARA DEFENDER LA LIBERTAD DE PRENSA

QUEREMOS VER LAS CARAS DE LOS REPRESORES

SI SOS FOTÓGRAFO
(profesional o no) vení el martes 10 de febrero a las 9:00 horas a los Tribunales de Comodoro Py 2002 para lograr juntos que el Tribunal permita el ingreso de las cámaras

¡SUMATE Y PASALO!



POR QUÉ EL CAMARAZO:

Ésta es la cuestión: ¿sería lo mismo para la historia argentina si los Juicios contra los represores Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi no hubieran sido televisados?, ¿acaso no estuvo el país entero como testigo de sus caras de indiferencia ante la Justicia?, ¿hubiese sido lo mismo si no los hubiéramos escuchado defendiendo sus crímenes y reivindicando las torturas, violaciones, desapariciones y robo de niños?. ¿Acaso no recordamos todos la cara de Von Wernich atragantado con su condena?. ¿Es lo mismo que los Juicios por delitos de lesa humanidad sólo sean vistos por las pocas personas que caben en las Salas que por todo el país y el resto del mundo?. ¿Sería lo mismo si el Juicio a las Juntas en 1985 no hubiera sido filmado, constituyéndose en el documento histórico que es?.
No, no sería lo mismo. De ninguna manera. Que lo sepan los jueces Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías, integrantes del Tribunal Oral y Federal Nº 5 –TOF 5. Los reporteros gráficos podrán entrar a la Sala: pero sin sus cámaras. Esa es la decisión comunicada por el Tribunal que sólo permitirá la transmisión de las imágenes filmadas por la Policía Federal. Así, este Juicio sólo se verá con el ojo de la Policía. Y sin fotos.

Queremos conocer las caras de los asesinos, de los torturadores y apropiadores de bebés reivindicando sus crímenes. La difusión pública de los Juicios fortalece la democracia: todos somos parte de los Juicios, porque todos somos víctimas de sus crímenes. Queremos ver las caras de los represores, porque algunos de ellos después de los Juicios vuelven a sus casas impunes, o vuelven con el beneficio del arresto domiciliario. Si todos conocemos sus caras podemos repudiarlos, dejar de saludarlos, no venderles el pan. Y sobre todo, seguir denunciando cuando esos asesinos burlan a la Justicia y violan el arresto domiciliario. Por eso exigimos el ingreso de cámaras, algo que el Tribunal prohibe.


UN TRIBUNAL EN DESACUERDO CON LA CORTE SUPREMA:

El 10 de febrero comenzará el Juicio Oral y Público al represor Jorge Carlos Olivera Róvere (Causa 1.261) imputado por más de 100 delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Olivera Róvere se desempeñó como segundo comandante del Primer Cuerpo del Ejército y, como consecuencia de ello, como jefe de la Subzona Capital Federal, desde el 6 de febrero de 1976 hasta el 30 de diciembre del mismo año. Está acusado de cuatro homicidios, entre ellos los del legislador uruguayo Zelmar Michelini; un centenar de casos de privación ilegal de la libertad y un caso de tormento. Fue la mano derecha del represor Suárez Mason.

Para este Juicio, el TOF 5 sigue sosteniendo su decisión de no permitir el ingreso de cámaras, tanto fotográficas como filmadoras. Esa es la interpretación que hace el Tribunal sobre la Acordada 49/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se pronunció a favor de garantizar la publicidad de los Juicios por este tipo de delitos. Esa es la respuesta del Tribunal a la Corte y a la sociedad: no respeta el derecho a la información ni la libertad de prensa.

Por eso rechazamos categóricamente que el TOF 5 siga prohibiendo el ingreso de cámaras a la Sala en la que son juzgados GENOCIDAS. Este Tribunal le niega a la prensa nacional e internacional ejercer su trabajo y a la sociedad gozar del derecho a estar informada.

Queremos ver las caras de los represores. Queremos que los Juicios sean realmente Orales y Públicos. Que quede claro: los que están sentados en el banquillo en estos Juicios son genocidas: dieron la muerte; los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos dieron la vida. Que lo sepa el Tribunal.


TE ESPERAMOS CON TU CÁMARA
EL MARTES 10 DE FEBRERO A LAS 9:00 HORAS
EN LOS TRIBUNALES DE COMODORO PY 2002

LOS JUZGA UN TRIBUNAL, LOS CONDENAMOS TODOS

H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Capital

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