sábado, 21 de febrero de 2009

POR RETRASAR el EXPEDIENTE
La defensa de Julien denunció a la jueza Vera

La defensa de Victoria Julien, hija de detenidos desaparecidos, presentó ante la Suprema Corte de Justicia una denuncia administrativa contra la jueza Aída Vera Barreto, por no dar curso a la demanda del caso, presentada hace diez meses. El abogado asesor de derechos humanos Pablo Chargoñia presentó esta semana ante la Suprema Corte de Justicia una denuncia administrativa contra la jueza penal Aída Vera Barreto, por no dar avance al juicio por el secuestro de Roger Julien y Victoria Grisonas, iniciado hace casi diez meses. En el escrito, al que tuvo acceso Ultimas Noticias, Chargoñia acusa a la magistrada de 20° Turno de "omisión antijurídica", argumentando que desde que presentó la denuncia del caso, el 14 de mayo de 2008, hasta la última consulta realizada a la sede el 11 de febrero, no se dispuso ninguna actuación. Según sostiene el abogado, el mismo día de presentación de la denuncia, por encomienda de la hija de los desaparecidos Victoria Larrabeiti (Victoria Julien), el escrito subió al despacho de la jueza. Cinco meses después, el 20 de octubre de 2008, el letrado solicitó al juzgado que le informara sobre el estado del trámite, pero desde la sede no hubo respuesta alguna. Más aun, señala Chargoñia que se apersonó en la "baranda del juzgado" donde le indicaron que ni siquiera se registraba la entrada de la solicitud. Para la defensa de la hija del matrimonio Julien-Grisonas, la "actitud sorprendentemente omisa" de la magistrada "lesiona el derecho de las víctimas a acudir al amparo judicial" y agrega que "somete a toda la Administración de Justicia a un pesado descrédito ante la opinión pública". En el escrito se subraya que se trata de un caso muy significativo, por las crueles características que tiene. La demanda judicial por la que se abrió esta causa da cuenta que presumiblemente el matrimonio Julien-Grisonas fue trasladado clandestinamente a Uruguay en el segundo vuelo, que transportó una veintena de militantes del PVP desde Argentina para fusilarlos. En la madrugada del 26 de setiembre de 1976, tropas apoyadas por un tanque de guerra rodearon una vivienda de la calle Mitre, en el barrio San Martín. Entraron por los fondos abriendo fuego y Roger Julien alcanzó a proteger a sus hijos en la bañera. El cuerpo de Roger nunca apareció. Victoria Grisonas fue trasladada junto con sus hijos a Automotores Orletti, donde los comandos uruguayos la torturaron y la castigaron salvajemente.Por su parte, la denunciada Aída Vera Barreto señaló a este matutino que desconocía la denuncia y acotó que tiene "muchas audiencias por día" y que no tiene presente el expediente. "En los últimos días no he visto el expediente y no quiero informar sobre algo que no recuerdo", se excusó.

Jueves 19 de Febrero de 2009
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18/02/2009 -


Los familiares de Jorge Papetti y Julio Solaga se presentaron ante en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay Iniciaron las querellas por dos desaparecidos concordienses
En el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, se presentaron este miércoles las querellas por la desaparición de los concordienses Jorge Emilio Papetti y Julio Alberto Solaga, ocurridas durante la última dictadura militar. Los expedientes fueron promovidos por el Registro Único de la Verdad, y como querellantes se presentaron las hermanas de Papetti, María Ema, y de Solaga, María Estela. La semana que viene se hará lo mismo con la causa de Sixto Zalasar.-- Fuente: Diario Digital
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COMUNICADO DE PRENSA
Al cumplirse 32 años del Secuestro y Desaparición de Nélida Azucena Sosa de Forti, su hijo Alfredo Waldo Forti, querellante en la causa, y actuando con la representación de los abogados de la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) presentó esta mañana en el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, a cargo del Dr. Daniel Bejas, un pedido de pronto despacho.-
La presentación tiene por objetivo solicitar la aceleración del proceso, y el llamado a indagatoria a los imputados.
Esta causa fue iniciada en el año 2005, a la fecha se encuentran cumplidas todas las medidas probatorias ofrecidas por la querella y por el Ministerio Público Fiscal, y están identificados TODOS los imputados en la misma. Asimismo cabe poner de resalto que la cúpula militar fue juzgada y condenada por el caso de la Sra. Sosa de Forti, en el histórico Juicio a las Juntas Militares (causa 13/84).
Pese a todo esto, ningún imputado fue citado por el Juzgado que lleva adelante la instrucción, a prestar declaración indagatoria. La declaración indagatoria es un acto procesal indispensable para el avance del proceso, a los fines de la conclusión de su investigación y su posterior elevación a juicio oral.-
Nélida Azucena Sosa de Forti fue secuestrada el día 18 de febrero de 1977, en el Aeropuerto de Ezeiza, luego de haber abordado un vuelo internacional que la llevaría a Venezuela. Fue mantenida en cautiverio en "el Pozo de Quilmes" y desde allí fue trasladada a la Provincia de Tucumán, de donde era oriunda, y fue alojada clandestinamente en el CCD "La Jefatura de Policía", donde fue vista secuestrada por diferentes sobrevivientes. Esta es la última noticia que se tuvo de ella con vida.-
Su causa, junto a tantas otras, forman parte del universo procesal donde se investigan los Delitos De Lesa Humanidad cometidos en el Centro Clandestino "La Jefatura". Este lugar se encontraba bajo la supervisión directa del Jefe de Policia Mario A. Zimmerman, del Comisario Inspector Roberto Heriberto Albornoz, y la patota del Servicio de Información Confidencial de la Policía Provincial (SIC). Todos recibían sus órdenes del Comando de la Quinta Brigada del Ejército que dirigía el Genocida Bussi al momento de los hechos.-
Para mayor información:
Abogados:
Emilio Guagnini: (0381) 154 769234
Julia Vitar: (0381) 154 678744
Querellante:
Lic. Alfredo W. Forti. Sec. Asuntos Internacionales de la Defensa. Ministerio de Defensa de la Nación. (011) - 43394015 -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS





Continúan las renuncias en la Justicia Federal de Salta
Ayer a la mañana se conoció de otra renuncia presentada por un magistrado del fuero federal, esta vez se trata del camarista Rogelio Saravia Toledo, integrante del Tribunal Oral Federal de Salta junto a los vocales José Antonio Solá Torino, procesado por
cohecho agravado y a punto de ser removido de su cargo.
Rogelio Saravia Toledo y Roberto Frias.

El tercer vocal, en tanto, es el doctor Roberto Frías, quien ya también se encuentra en edad de jubilarse, pero por ahora no ha tomado la decisión de renunciar. Frias ocupó la presidencia de la Corte de Justicia de la Provincia en la gobernación de Hernán Cornejo (1987-1991).
Se supo que Saravia Toledo, al presentar su renuncia, se acogió al régimen jubilatorio puesto que ya se encuentra en edad de hacerlo. Con esta renuncia ya son dos los magistrados que estarían alejándose del fuero federal de Salta en este mes. El lunes pasado, el juez federal de Jujuy Horacio Aguilar, quien está al frente del juzgado federal 1 en reemplazo del ex juez federal Abel Cornejo y tercer integrante de la Cámara Federal de Apelaciones, ya había adelantado su renuncia.

El juez federal Nº 2 Miguel Medina, en tanto, también hizo pública su intención de abandonar el fuero federal lo más rápido posible. De suceder, de pronto la Justicia Federal quedaría prácticamente sin jueces, ya que en el hipotético caso que Solá Torino sea suspendido y Medina efectivamente renuncie, los dos juzgados federales de Salta y el Tribunal Oral quedarían paralizados.
Fuente:
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/
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ALCANZA A OCHO MAGISTRADOS
Jueces que excarcelaron represores están en la mira
La Secretaría de DD.HH. oficializó hoy el pedido de un jurado de enjuiciamiento por "mal desempeño" al Consejo de la Magistratura.
19.02.2009


La Secretaría de Derechos Humanos solicitó hoy la formación de un jurado de enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones contra ocho magistrados que concedieron el beneficio de la excarcelación a represores que actuaron durante la última dictadura (1976-1983).El pedido de enjuiciamiento, presentado ante el Consejo de la Magistratura, alcanza a los jueces Guillermo Yacobucci y Luis María García, magistrados subrogantes que actúan en la Sala II de la Cámara Federal de Casación penal.También comprende a Ángela Ledesma, Eduardo Riggi y Guillermo Tragant, que actúan en la Sala III de la Cámara Federal, a los integrantes del Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires, Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, precisó en un comunicado la Secretaría de Derechos Humanos.Yacobucci y García votaron en diciembre pasado a favor de la liberación de los represores Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Juan Antonio Azic, Víctor Cardo, Pablo García Velasco, Manuel García Tallada, Alberto González, Antonio Pernías, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Raúl Scheller y Ernesto Weber, aduciendo falta de "plazo razonable" en su enjuiciamiento.En el caso de Ledesma, Riggi y Tragant, dispusieron la libertad de Rubén Páez, Miguel Kearney, Bernabé Jesús Corrales, Daniel Jorge Lencinas, Raúl Orlando Machuca y Roberto Grillo.En cuanto al Tribunal Oral Federal 5, la Secretaría de Derechos Humanos consideró "que ha incumplido notoriamente sus deberes al retardar injustificadamente la fijación de las audiencias del debate oral y público en que debían ser enjuiciados los represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)", donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura.La Secretaria de Derechos Humanos dijo además que ese tribunal mantuvo las libertades de los represores juzgados y condenados César Miguel Comes, Hipólito Rafael Mariani y Pedro Alberto Barda.El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, señaló que en estos casos no se puede soslayar que la permanencia en libertad de los acusados, bajo detención domiciliaria u otro tipo de prisión atenuada, posibilita "la destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas, la intimidación de testigos, la eliminación física, las lesiones de alguno de estos o la muerte del propio imputado".Fuente: EFE.









Jueves, 19 de Febrero de 2009
Propuesta para acelerar los juicios a represores
Para cambiar el ritmo

La Presidenta recibió a Madres, Abuelas y otros organismos.
La presidenta Cristina Fernández reiteró su compromiso para que se aceleren los juicios a los responsables de los delitos de
lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. Luego de exigir la semana pasada, desde el predio recuperado de la ex ESMA, “no celeridad ni tratamiento distintivo, sino una vez más que se haga justicia y se juzgue a los responsables”, la Presidenta se reunió ayer con referentes de las organizaciones de derechos humanos encabezadas por las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quienes entregaron una propuesta para poner en marcha o acelerar las distintas causas judiciales paralizadas o demoradas. Antes de la reunión, la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, sintetizó el objetivo de la iniciativa: “Ofreceremos algunas sugerencias para cambiar el ritmo de la Justicia”. Además, las referentes aprovecharon para expresar su indignación por las declaraciones del premier italiano, Silvio Berlusconi (ver página 13).
La expectativa era grande entre las distintas organizaciones de derechos humanos y se acrecentó aún más a medida que pasaban los minutos. El primero en entrar a la Casa Rosada fue el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, luego apareció el canciller Jorge Taiana y finalmente, alrededor de las 8 de la noche, llegó Cristina Fernández, procedente de la quinta presidencial de Olivos. Una vez comenzado el diálogo, que duró alrededor de 45 minutos, Carlotto expuso el elemento central del proyecto: la creación de una comisión que integren los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para agilizar la tarea de la Justicia en materia de derechos humanos.
Después del encuentro, la referente de Línea Fundadora, Tati Almeyda, le contó a Página/12 los pormenores de la charla. “Le entregamos un pedido a la Presidenta –confirmó–, una propuesta sobre la estrategia estatal para el logro de un procedimiento adecuado para que no se sigan demorando y deteniendo las causas por delitos de lesa humanidad.” Almeyda comentó que, “como siempre, Cristina nos recibió con el mayor cariño y muy dispuesta a escucharnos. Nos aseguró que lo que le compete desde su rol de primera autoridad del Poder Ejecutivo lógicamente lo va a hacer”.
Además, Tati Almeyda aseguró que “la Presidenta se mostró coincidente con nuestra inquietud y preocupación, porque vemos que la Justicia está detenida y no podemos ni queremos esperar más”. Tati Almeyda se hizo tiempo para calificar como “muy importantes y relevantes” las declaraciones del titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien estableció como una de las prioridades para este año la celeridad en los juicios por delitos de lesa humanidad en su discurso de apertura. En ese sentido, adelantó que “ya pedimos entrevistas con la Corte y el Consejo de la Magistratura para trasmitirles nuestra preocupación”.
Por su parte, Mabel Gutiérrez, integrante de Familiares y Detenidos de Desaparecidos, redondeó la propuesta de las organismos de derechos humanos. Remarcó que “hablamos de la aceleración de los juicios y de la creación de una estructura que trabaje mancomunadamente en esta cuestión en los tres poderes: Ejecutivo, Judicial, la Procuración General, que depende de la Corte, y el Poder Legislativo”. Además de las organizaciones mencionadas, estuvieron Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia.
Informe: Tomás Forster.
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Jueves, 19 de Febrero de 2009
Opinión
Los límites de la decencia
Por Horacio Verbitsky
La nota del diario italiano L’Unità se publicó el sábado 14: el jefe de gobierno Silvio Berlusconi bromeaba sobre los desaparecidos argentinos, arrojados al mar desde aviones navales. Aun para quienes estábamos acostumbrados a la prosa ligera del ex presidente Carlos Menem nos resultaba demasiado como para creerlo sin más. Sobre todo porque la nota de Marco Bucciantini encomillaba la frase sobre una invitación a bajar de los aviones pero no el sujeto al que Berlusconi se refería. ¿Pudo tratarse de una confusión del periodista, acaso el magnate de la televisión y el fútbol se refería a la deportación de extracomunitarios, que su gobierno practica y propone como política europea frente a la crisis global? Citado por la cancillería para comunicarle el disgusto del gobierno argentino, el embajador Stefano Ronca dijo que no estaba al tanto y que debía verificar los dichos del presidente del Consejo de Ministros. El video con la frase completa, pronunciada por Berlusconi durante la campaña electoral en Cerdeña, donde el candidato de Forza Italia Ugo Cappellacci venció al gobernador democrático Renato Soru, no deja lugar a dudas. La transcripción en castellano, con la sintaxis del propio Berlusconi, es la siguiente: “Sin ironía, sin la capacidad de sacar algo bueno de todo lo malo, no se llega a ningún lado. De verdad, yo nunca he insultado a nadie. No sólo al señor Soru, a nadie. Sólo me burlo un poco, dentro de los límites de la decencia. He recibido muchos insultos, pueden verlo en los diarios. Parece que para la izquierda es un deporte nacional el tiro al blanco sobre el presidente del Consejo de Ministros. No hacen otra cosa. Cada uno se acuerda de lo que le duele. Los señores de la izquierda han dicho cualquier cosa de mí. Que soy el Ogro de Arcore [el pueblito de Brianza, en Lombardía, donde Berlusconi tiene su casa principal], que soy como Hitler, que soy como Mussolini, que soy como aquel dictador argentino que mataba a sus opositores llevándolos en avión con una pelota, después abrían la portezuela, toma la pelota y dice: Hay un lindo día afuera, por qué no van a jugar un poco”. Cuando Berlusconi dice esta frase siniestra, se escuchan risas de su audiencia y el histrión agrega: “Hace reír, pero es dramático”. El video fue distribuido en Italia por la agencia virtual Qui News, cuyo director, Carmelo Sorbera, lo acompañó con pocas contundentes palabras sobre la vergüenza que le produce ser representado en el mundo “por el artífice de todo lo más vil que pueda imaginarse”. Invocando “la responsabilidad moral de formar parte de la Nación Italiana, pido disculpas a todos los argentinos y a todas las personas involucradas en la tragedia de los desaparecidos y de los años oscuros de la dictadura”. Quien aún tenga dudas sobre tamaña vileza puede ver y oír a Berlusconi, en
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UNA AUDIENCIA EN LA CORTE SUPREMA REUNIO A WICHIS CON LOS GOBIERNOS NACIONAL Y SALTEñO POR LA TALA DE BOSQUES
Cruce de igual a igual por los desmontes
Los aborígenes denunciaron las pérdidas de bosques nativos en Salta. Las autoridades lo reconocieron. Pero no hubo acuerdo sobre la causa del alud que arrasó en Tartagal. Ahora el máximo tribunal debe resolver sobre la medida cautelar.

En las distintas exposiciones hubo una coincidencia general que confirma el grave peligro que corren los bosques salteños.
Por Carlos Rodríguez
En una sala de audiencias desbordada por la cantidad de asistentes, los representantes legales de nueve comunidades wichís aseguraron ante los miembros de la Corte Suprema Nacional, que en el último decenio se perdieron, sólo en la provincia de Salta, "12 mil kilómetros cuadrados de bosques nativos", es decir 1,2 millón de hectáreas. De mantenerse la tendencia en esa provincia, que tiene el 22 por ciento del reservorio total del país, los bosques nativos salteños "se perderían en forma total en 60 años". Se dijo, incluso, que si el ritmo de tala es igual al ocurrido en el último trimestre de 2007, cuando el proceso se aceleró "en apariencia para adelantarse a la sanción de la llamada Ley de Bosques", que limitó el desmonte, "la pérdida total de los bosques nativos salteños se produciría en apenas 15 años". En la audiencia convocada por la Corte, las comunidades aborígenes confrontaron con funcionarios de los gobiernos de Salta y nacional, que volvieron a negar que la tala haya sido la causa central del alud que acaba de arrasar la ciudad de Tartagal.
En las distintas exposiciones, más allá de las diferencias de apreciación, hubo una coincidencia general que confirma el grave peligro que corren los bosques salteños: todos admitieron que en diez años se perdieron, al menos, "un millón de hectáreas" de árboles nativos y que eso fue "un hecho negativo" para la provincia y para el país. Las comunidades insisten en que son 1,2 millón las hectáreas perdidas en Salta, mientras que organizaciones como Greenpeace hablan de un millón.
En nombre de las comunidades expuso el abogado Raúl Ferreyra, que trabaja junto con la ex defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires Alicia Oliveira, y los pobladores Dino Salas y Alfredo Riera (ver aparte). Por el gobierno de Salta hablaron el fiscal de Estado, Ricardo Casali Rey, y el ministro de Ambiente, Julio Na-sser, mientras que el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, lo hizo en nombre del gobierno nacional. En diciembre pasado, la Corte Suprema ordenó la suspensión del desmonte y la tala de bosques nativos en Salta. Ayer, los ministros del alto tribunal Ricardo Lorenzetti (presidente), Elena Highton de Nolasco (vicepresidenta) y los vocales Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, interrogaron largamente a los expositores, sobre todo a los funcionarios de los dos gobiernos.
El ministro Maqueda le preguntó al abogado Ferreyra si la deforestación de "un millón de hectáreas en Salta, entre 1998 y 2007, un tercio de esa cifra en el departamento San Martín, cuya cabecera es Tartagal" podría ser la causa del alud, el representante de las comunidades se expresó por la afirmativa: "De acuerdo con lo que han relatado mis representados y algunos ingenieros agrónomos que nos asisten, sí, efectivamente, no hay posibilidades de desligar el desastre de los desmontes". La misma pregunta fue hecha a los representantes de los dos gobiernos.
"No hay por el momento ninguna base científica que permita relacionar el desmonte con el alud, sobre todo si se toma en consideración que la alta cuenca del río Tartagal, donde se produjo el deslizamiento, no ha recibido desmontes", respondió Casali Rey. El secretario Bibiloni, por su parte, admitió que "todo desmonte tiene algún impacto", pero a continuación señaló que "en este caso entiendo que no, porque no hubo tala en la zona donde se generó el caudal de agua que provocó el alud". Ninguno de los funcionarios mencionó la existencia de algún estudio serio que haya establecido las causas del suceso.
Bibiloni contestó con un "sí", cuando le preguntaron si la deforestación en Salta es "un hecho negativo" para el medio ambiente. Antes, Ferreyra había señalado que el desmonte está "estrechamente ligado a la expansión de la actividad agrícola". Luego señaló "como una especulación que, curiosamente, 2000 kilómetros cuadrados fueron autorizados tres meses antes de que se sancione la Ley de Bosques". Sobre ese punto, el fiscal de Estado salteño admitió que en el último trimestre de 2007, el desmonte creció respecto de la media anterior y llegó a las 160 mil hectáreas, pero opinó que fue porque "algunos pedidos (de deforestación), presentados en 2005 y 2006, se demoraron en su trámite por los controles que establecen las normas que rigen en la provincia".
Los representantes de Salta, en todo momento, insistieron en que las autorizaciones para los desmontes fueron firmadas por el gobierno anterior, encabezado por Juan Carlos Romero. La Corte reconoció esa situación, pero recordó que la continuidad jurídica del Estado hace que el nuevo gobierno tenga que responder igual por lo ocurrido. El actual gobernador, Juan Manuel Urtubey, asumió el 10 de diciembre de 2007. Muchos de los desmontes autorizados por Romero se concretaron recién en 2008. A lo largo de la audiencia se reconoció varias veces que el desmonte produjo un daño ambiental importante, pero Nasser aseguró que cada uno de ellos había sido autorizado, previa presentación, por parte del solicitante, de "un estudio de impacto ambiental, revisado por la autoridad de aplicación, en ese caso la Secretaría de Política Ambiental".
Un momento de tensión se produjo cuando Lorenzetti le señaló a Casali Rey que el actual gobierno está pidiendo el levantamiento de la medida cautelar de la Corte que ordenó suspender el desmonte. Ante tal situación la pregunta fue directa y el presidente del tribunal interrumpió al interrogado cuando quiso hacer consideraciones previas. "¿Ustedes comparten o no comparten la idea de que sigan los desmontes, como ocurría durante el gobierno anterior?", puntualizó el ministro de la Corte. La respuesta de Casali Rey no se hizo esperar: "La provincia de Salta entiende que las autorizaciones que se han otorgado, tanto las afectadas por la medida cautelar, como las anteriores, son fruto de un procedimiento perfectamente ajustado a derecho y respetuoso de las líneas directrices que en materia de política ambiental fijó la ley (provincial) 7070", de protección del medio ambiente.
El tribunal tampoco dejó plantear cuestiones previas, generales, al representante de la Nación. A menos de un minuto de empezar su exposición, Bibiloni fue interrumpido por Lorenzetti, quien le dijo que los miembros de la Corte le iban a realizar preguntas. Una de ellas estuvo dirigida al porqué de la demora de 14 meses en la reglamentación de la Ley de Bosques. "Hubo observaciones de las provincias, problemas técnicos que superar y faltaban ajustes en el tema financiero", respondió Bibiloni. Ahora la Corte tiene que decidir qué pasa con la medida cautelar y si asume la competencia en el tema o lo deriva a la Justicia Federal de Salta. Las comunidades esperan que siga actuando el máximo tribunal. Ayer, en su exposición, la única que no fue interrumpida, el abogado Ferreyra dio otro dato alarmante: "Cuando el país comenzó como tal, había 50 hectáreas de bosques por habitante. Hoy queda una hectárea por habitante".
SOCIEDAD › LA VOZ DE LOS ABORIGENES
"Que nos escuchen"

Nuestro bosque es nuestro hábitat. También es el lugar donde viven muchos animales. Lo que les vengo a pedir es que nos tengan en cuenta: a esos animales y a nosotros." Dino Salas, el wichí cuyo nombre encabeza la causa contra Salta y el Estado nacional, dijo que había aprendido de sus ancestros a cuidar "también de los animales, de los cuales nosotros nos alimentamos. Nos decían que teníamos que respetarlos, aunque tuviéramos hambre, porque si matábamos a todos nos íbamos a quedar sin comida", dijo en alusión al proceso de reproducción de las especies. "Todos los alimentos son del padre Sol." El segundo orador por las comunidades fue un criollo, Alfredo Riera. "Mi familia llegó al departamento San Martín, en Salta, en el año 1925. Ya existían los tobas, los wichís. No existían las vías ni los caminos, pero ellos ya estaban", insistió Riera.
"Estamos aquí pidiendo por nuestros derechos. Tenemos la esperanza de que nos escuchen, porque la naturaleza se nos está yendo. Ella siempre nos ha protegido, porque todo depende del padre Sol, pero ahora la estamos pasando mal porque nos estamos quedando sin bosques", comenzó diciendo el wichí Dino Salas. "Los wichís somos 4700 familias, los guaraníes son unas 1600 familias, los coyas tienen unas 80 comunidades donde viven 4600 familias y también están nuestros hermanos campesinos", insistió Salas, que llamó "hermanos" a los miembros de la Corte Suprema.
"Lo único que queremos es preservar nuestro territorio, esa naturaleza que se está perdiendo. Ese es mi país, pero también es nuestro país", concluyó. Alfredo Riera recordó que sus padres se dedicaron a la ganadería, pero que hoy la zona sufre "un claro empobrecimiento por el desmonte. No hay comida, hay enfermedades nuevas y otras que reaparecen, como el dengue o la fiebre amarilla".
Riera aludió al alud que arrasó la ciudad de Tartagal y adjudicó el problema al desmonte. "No soy ingeniero ni técnico, pero sé muy bien que cuando el río desborda, lo que detiene el lodo y el agua son los árboles. No entiendo por qué sacan los bosques por decisión de técnicos, que son los que saben."

El cacique de las 70 causas
Antonio Cabana, cacique wichí, no habló en la audiencia, aunque esperaba que lo llamaran los jueces. Antes de contarle a Página/12 sobre su vida en Tonono, en la ruta 86, en Tartagal, Cabana había prestado mucha atención a los dichos del abogado Raúl Ferreyra durante su alegato en favor de los reclamos de las comunidades. Sobre todo cuando hizo mención al maestro del derecho Germán Bidart Campos, quien antes de morir escribió sobre la "gigantesca deuda" de la Justicia con los pueblos originarios. "Dígamelo a mí", dice Cabana con su media voz. Tiene 70 causas penales en su contra por cortar rutas o ponerles el cuerpo a las topadoras e impedir desmontes. Ayer, sin ir más lejos, estuvo en el Palacio de Justicia, cuando tenía una citación en un juzgado de Orán. Tuvo que hacer una presentación en Buenos Aires, para decir que había viajado y no quedar "en rebeldía". Hay que acercarse muy bien para poder escucharlo: "Me acusan por el solo hecho de defender lo que es mi tierra. Mis abuelos me enseñaron a cuidar lo que es mío, lo que es nuestro. Mis antepasados vivieron 110 años en esos lugares. Por eso son míos, son nuestros y los tengo que defender".
"Mi abuelo me educó con toda su sabiduría. Ellos me enseñaron a vivir en un territorio que era libre, que era para nosotros. Ahora nos están sacando todo y eso no puede ser, no es justo. En la situación en la que estamos, ya no podemos seguir. Esa no es la vida que teníamos", repite Cabana. Luego aclara que no tiene abogado defensor. "No tengo plata. Me voy a defender solo."
-Fuente: Pagina 12
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A 29 MESES DE SU DESAPARICION












































OPINION
Los límites de la decencia
Por Horacio Verbitsky
La nota del diario italiano L'Unità se publicó el sábado 14: el jefe de gobierno Silvio Berlusconi bromeaba sobre los desaparecidos argentinos, arrojados al mar desde aviones navales. Aun para quienes estábamos acostumbrados a la prosa ligera del ex presidente Carlos Menem nos resultaba demasiado como para creerlo sin más. Sobre todo porque la nota de Marco Bucciantini encomillaba la frase sobre una invitación a bajar de los aviones pero no el sujeto al que Berlusconi se refería. ¿Pudo tratarse de una confusión del periodista, acaso el magnate de la televisión y el fútbol se refería a la deportación de extracomunitarios, que su gobierno practica y propone como política europea frente a la crisis global? Citado por la cancillería para comunicarle el disgusto del gobierno argentino, el embajador Stefano Ronca dijo que no estaba al tanto y que debía verificar los dichos del presidente del Consejo de Ministros. El video con la frase completa, pronunciada por Berlusconi durante la campaña electoral en Cerdeña, donde el candidato de Forza Italia Ugo Cappellacci venció al gobernador democrático Renato Soru, no deja lugar a dudas. La transcripción en castellano, con la sintaxis del propio Berlusconi, es la siguiente: "Sin ironía, sin la capacidad de sacar algo bueno de todo lo malo, no se llega a ningún lado. De verdad, yo nunca he insultado a nadie. No sólo al señor Soru, a nadie. Sólo me burlo un poco, dentro de los límites de la decencia. He recibido muchos insultos, pueden verlo en los diarios. Parece que para la izquierda es un deporte nacional el tiro al blanco sobre el presidente del Consejo de Ministros. No hacen otra cosa. Cada uno se acuerda de lo que le duele. Los señores de la izquierda han dicho cualquier cosa de mí. Que soy el Ogro de Arcore [el pueblito de Brianza, en Lombardía, donde Berlusconi tiene su casa principal], que soy como Hitler, que soy como Mussolini, que soy como aquel dictador argentino que mataba a sus opositores llevándolos en avión con una pelota, después abrían la portezuela, toma la pelota y dice: Hay un lindo día afuera, por qué no van a jugar un poco". Cuando Berlusconi dice esta frase siniestra, se escuchan risas de su audiencia y el histrión agrega: "Hace reír, pero es dramático". El video fue distribuido en Italia por la agencia virtual Qui News, cuyo director, Carmelo Sorbera, lo acompañó con pocas contundentes palabras sobre la vergüenza que le produce ser representado en el mundo "por el artífice de todo lo más vil que pueda imaginarse". Invocando "la responsabilidad moral de formar parte de la Nación Italiana, pido disculpas a todos los argentinos y a todas las personas involucradas en la tragedia de los desaparecidos y de los años oscuros de la dictadura". Quien aún tenga dudas sobre tamaña vileza puede ver y oír a Berlusconi, en
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PROPUESTA PARA ACELERAR LOS JUICIOS A REPRESORES
Para cambiar el ritmo
La presidenta Cristina Fernández reiteró su compromiso para que se aceleren los juicios a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. Luego de exigir la semana pasada, desde el predio recuperado de la ex ESMA, "no celeridad ni tratamiento distintivo, sino una vez más que se haga justicia y se juzgue a los responsables", la Presidenta se reunió ayer con referentes de las organizaciones de derechos humanos encabezadas por las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quienes entregaron una propuesta para poner en marcha o acelerar las distintas causas judiciales paralizadas o demoradas. Antes de la reunión, la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, sintetizó el objetivo de la iniciativa: "Ofreceremos algunas sugerencias para cambiar el ritmo de la Justicia". Además, las referentes aprovecharon para expresar su indignación por las declaraciones del premier italiano, Silvio Berlusconi (ver página 13).
La expectativa era grande entre las distintas organizaciones de derechos humanos y se acrecentó aún más a medida que pasaban los minutos. El primero en entrar a la Casa Rosada fue el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, luego apareció el canciller Jorge Taiana y finalmente, alrededor de las 8 de la noche, llegó Cristina Fernández, procedente de la quinta presidencial de Olivos. Una vez comenzado el diálogo, que duró alrededor de 45 minutos, Carlotto expuso el elemento central del proyecto: la creación de una comisión que integren los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para agilizar la tarea de la Justicia en materia de derechos humanos.
Después del encuentro, la referente de Línea Fundadora, Tati Almeyda, le contó a Página/12 los pormenores de la charla. "Le entregamos un pedido a la Presidenta –confirmó–, una propuesta sobre la estrategia estatal para el logro de un procedimiento adecuado para que no se sigan demorando y deteniendo las causas por delitos de lesa humanidad." Almeyda comentó que, "como siempre, Cristina nos recibió con el mayor cariño y muy dispuesta a escucharnos. Nos aseguró que lo que le compete desde su rol de primera autoridad del Poder Ejecutivo lógicamente lo va a hacer".
Además, Tati Almeyda aseguró que "la Presidenta se mostró coincidente con nuestra inquietud y preocupación, porque vemos que la Justicia está detenida y no podemos ni queremos esperar más". Tati Almeyda se hizo tiempo para calificar como "muy importantes y relevantes" las declaraciones del titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien estableció como una de las prioridades para este año la celeridad en los juicios por delitos de lesa humanidad en su discurso de apertura. En ese sentido, adelantó que "ya pedimos entrevistas con la Corte y el Consejo de la Magistratura para trasmitirles nuestra preocupación".
Por su parte, Mabel Gutiérrez, integrante de Familiares y Detenidos de Desaparecidos, redondeó la propuesta de las organismos de derechos humanos. Remarcó que "hablamos de la aceleración de los juicios y de la creación de una estructura que trabaje mancomunadamente en esta cuestión en los tres poderes: Ejecutivo, Judicial, la Procuración General, que depende de la Corte, y el Poder Legislativo". Además de las organizaciones mencionadas, estuvieron Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia.
Informe: Tomás Forster.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS



Otro marino procesado
El juez federal Sergio Torres procesó con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad en la ESMA al capitán de navío retirado Randolfo Agusti Scachi. Ex miembro del Servicio de Inteligencia Naval, en los '90 Agusti trabajó en el Ministerio del Interior que conducía Carlos Ruckauf y en la Dirección de Migraciones con el masserista Hugo Franco. En 1999 declaró ante un periodista que "desgraciadamente nos tocó trabajar en tareas lamentables" aunque, aseguró, "no tengo por qué arrepentirme". Hasta el año pasado solía caminar por plaza Italia.
--Fuente: Pagina 12
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS





Inminente. Comienzan excavaciones en Batallón de Laguna del Sauce
Otro vuelo con detenidos desde Maldonado en 1975
En pocos días comenzará en el establecimiento militar de Maldonado una excavación en busca de restos de al menos 2 o 3 desaparecidos durante la dictadura. Ayer hubo una inspección ocular.

Ricardo Almada MALDONADO -
ricalmo@gmail.com
Ayer fue un día de intensa actividad en el ámbito judicial de Maldonado y en la sede del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 con asiento en Laguna del Sauce
El sitio indicado por un testigo de aquellos hechos fue visitado por el juez Federico Alvarez Petraglia, el antropólogo José López Mazz, y la doctora María del Carmen Salazar, entre otras autoridades.
El espacio, unos 50 metros cuadrados, quedó delimitado ayer mismo, mientras el juez del caso iniciaba los trámites para solicitar la "no innovación" del terreno e informar sobre las futuras acciones.
En la mañana de ayer se constituyeron en la sede del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 con asiento en Laguna del Sauce, distintas autoridades para comenzar a investigar la denuncia formulada el jueves de la pasada semana por un ex militar y actual funcionario municipal que afirma haber visto enterramientos en la citada unidad militar, mientras prestaba funciones allí en el año 1975, además del traslado de 7 u 8 detenidos en un avión con destino desconocido.
El hombre, cuya identidad por ahora se ha mantenido en reserva, y que habría recibido algunas presiones para mantener silencio, ese año se desempeñaba como integrante de la guardia del predio militar que tiene su frente sobre la Ruta Interbalnearia y sus fondos sobre la Rivera sur de la Laguna del Sauce. El ex militar aseguró que una noche de otoño de 1975, una camioneta llegó a la zona donde se ubica el polvorín de la unidad, la que con sus luces encendidas quedó "enfocando" un pozo de aproximadamente un metro de profundidad que había sido abierto durante el día anterior; agregó que él mismo vio como de la camioneta (que no era de esa unidad), 4 soldados bajaron bolsas de arpillera que tenían en su interior entre 2 y 3 cuerpos sin vida, y las tiraron dentro del pozo que luego fue tapado con cal viva (mandada comprar el día anterior) y finalmente tierra.
Ayer, este hombre acompañado por efectivos de la dirección de Investigaciones de la Policía de Maldonado, fue hasta el lugar sin tener una sola duda; allí lo señaló con precisión al jefe del grupo de antropólogos que trabaja para el Estado en la búsqueda de restos de desaparecidos durante la dictadura, José López Mazz (junto a él se encontraba Octavio Nadal), y al juez penal de 2º turno de Maldonado doctor Federico Alvarez Petraglia, y otras autoridades.
El sitio, de unos 50 metros cuadrados ubicado a los fondos de la unidad, muy cerca del polvorín y de la rivera sur de la Laguna del Sauce, fue delimitado mediante la utilización de un GPS, lo que fue comunicado al flamante comandante de la unidad, teniente coronel Ricardo Devita Berro, presente en el momento de la visita.
El lugar es relativamente agreste y coincide con los escogidos para los enterramientos clandestinos, "la experiencia indica que donde ha habido enterramientos, se ha mantenido en forma silvestre, inclusive en algunos casos, como donde estaba enterrado Miranda, habían hecho plantaciones de árboles", anotó la doctora Salazar.
El testigo "fue (al lugar) sin titubeos, y además sin ningún tipo de dudas lo indicó", lo que es un dato positivo para las investigaciones porque confirma la certeza de la denuncia.
La visita duró aproximadamente una hora y media, tras la cual el juez de la causa sostuvo una reunión junto al fiscal Carlos Reyes, con los antropólogos. Luego, inició los trámites de rigor para solicitar la "no innovación" del espacio delimitado, incluyendo la comunicación respectiva al Ministerio de Defensa.

No estarían restos de Gelós Bonilla
Por su parte la doctora María del Carmen Salazar, directora de Jurídica de la Intendencia de Maldonado y abogada por los derechos humanos, ofreció más tarde una conferencia de prensa en la que dio a conocer todos los detalles de la búsqueda de enterramientos clandestinos que comenzará de un momento a otro en el mencionado predio militar. La jerarca no pudo precisar cuándo comenzarán las excavaciones, pero adelantó que estarán a cargo de maquinaria y personal municipal, ya que el intendente Oscar De los Santos dispuso que este caso sea prioridad para el municipio de Maldonado, y subrayó la importancia de haber ingresado por primera vez en 35 años a esa unidad.
El mismo hombre que revistaba como soldado en esa época y que ahora es funcionario municipal, aportó otro dato impactante, y es que en una fecha que no pudo precisar, pero en el entorno de 1975, vio como una aeronave trasladó desde Laguna del Sauce, entre 7 y 8 detenidos encapuchados, con destino desconocido.
Declaró que en esos momentos había entre 7 u 8 ciudadanos detenidos los que "fueron conducidos a la base aérea y trasladados a otro lugar. No tiene la identidad de esas personas porque estaban encapuchadas y no sabe tampoco a dónde las llevaron. El mismo vio como sacan 7 u 8 personas que van esposadas y encapuchadas y se las llevan", explicó la doctora Salazar.
Fuente: Diario La República-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS


EL SORDIDO CIRCUITO DE LA CORRUPCION Y LA SUSPENSION DE LA CONCIENCIA
Pérez Esquivel, en relación a la guerra se expresa: ¨En la guerra uno supone que es no sólo justo, sino necesario matar… se da una suspensión de la conciencia, pues la mayor parte de la gente encuentra fácil, justificado y placentero con tal que todos hagan lo mismo….¨ ¨…, es el gran vicio público que consiste en jugar con la vida de los pueblos, en el que todo el mundo queda enredado. El gran peligro de la guerra es precisamente esa necesidad universal de "inmoralidad masiva"
Podría considerarse pretencioso comparar el alcance de lo que dice el gran pensador con la conducta enraizada, natural y colonial de gente de clase media alta relacionada a un modo inmoral de acumular riquezas como es el diezmo, sin embargo, los hechos nos superan si consideramos los últimos acontecimientos de corrupción que involucran a funcionarios públicos centrales y departamentales en consorcio evidente con la empresa privada. Una vez más se devela esta realidad, usual, institucionalizada y naturalizada por la sociedad.
¿Puede considerarse entonces pretensioso afirmar que estamos igualmente ante la suspensión de la conciencia colectiva ante hechos de corrupción, conciencia que acepta como algo que se justifica porque todos lo hacen?. ¿Estamos ante una enfermedad de masas, por las características de necesidad de ¨ inmoralidad universal¨ como dice Pérez Esquivel en relación a la guerra?
Empieza con la formación de consorcios destinados a delinquir con el debido asesoramiento legal y cumplimiento de procedimientos para evitar repercusiones judiciales. (los menos hábiles yerran desde el inicio) Se involucran en ello; empresarios, abogados y funcionarios públicos con la finalidad de usurpar dinero del estado, dinero de todos los bolivianos ¨…están dominados por la basura mental y emocional que convierte la vida social y política en una enfermedad de masas¨ (Perez Esquivel) -
Se instala primero un sórdido circuito con la ¨feliz condición¨ del hallazgo de un ave de rapiña que tiene a sus hijos en los mejores colegios con dinero mal habido y que goza de prestigio, respeto y apellido en la sociedad, son los intocables, los que corrompen personas, instituciones, dirigentes. En ello se les va la defensa acérrima y salvaje de un modo de acumular las riquezas no de su esfuerzo, sino de la inmoralidad, esa inmoralidad que les admite entregar hasta a su propia madre o matar a su hermano como Caín y Abel.
Esta ave de rapiña debe tener lazos íntimos con autoridades con poder de decisión (puede ser hermano o cuñado, hermano de la esposa o amigo del hermano, etc) es el gestor, es el que garantizará que una licitación beneficie a la empresa preelegida y el que se lleva la mayor cantidad de dinero. Luego, esta persona busca a las empresas, generalmente una de ellas es su palo blanco y la otra la victima a ser estafada, les propone el negocio redondo y se conforman las famosas Asociaciones Accidentales u otra parecida en la que el gestor se hace nombrar Representante Legal o Gerente General para precautelar su cuota parte en la apropiación del dinero de todos los bolivianos/as, como la cuota parte de los funcionarios corruptos participantes.
El gestor, ahora Representante Legal, cobra el anticipo de la obra y empieza la repartija del botín, elaboran planillas con la mas pasmante naturalidad donde insertan los nombres de todos los funcionarios públicos que participaron en el atraco para que conste cuanto les correspondió a cada uno de ellos y luego firman al pie de la planilla y los recibos indicativos del objeto ¨comisiones¨y destino del dinero para que todos estén y se sientan involucrados, como un pacto de silencio publico. Estamos hablando de millones de bolivianos. No sienten temor a Dios, a su conciencia, a la Ley, mucho menos al Ministerio Publico o Sistema Judicial porque están seguros que esta de su parte, (de algún lado resulta siempre algún pariente, padrino o amigo de infancia con identidad de clase) y, por cierto, se sienten afortunados de ser participes de semejante placentera oportunidad que les permitirá comprar el auto ultimo modelo o viaje vacacional con toda la familia al exterior o, una casa de campo en Coymata como pago, con nuestro dinero, con el dinero del pobre que no tiene para llevar el pan a sus hijos.
Y cuando con la mayor naturalidad representaciones del empresariado tarijeño afirman públicamente que el diezmo es una realidad en el medio, entonces estamos ante la confirmación de una realidad que naturaliza el hecho delictivo, que ocasiona esta consideración como única manera pronta y sin esfuerzo de acumular riquezas, estamos ante una suspensión de la conciencia porque todos lo hacen, y lo hacen con la complicidad de todos los ciudadanos y ciudadanas, de las parsimoniosas e interesadas instancias encargadas de la investigación que no dan resultados oportunos, (contrariamente al que denuncia, lo acorralan rápidamente)de la justicia. Todos saben de esta ocurrencia y mas bien pareciera, yacen en espera de que en algún momento les llegue esta ¨maravillosa oportunidad¨. Es el gran vicio público… en el que todos resultan enredados¨ como dice Pérez Esquivel. En la guerra se mata con naturalidad, en esta práctica de corrupción igual se mata, se mata con la naturalidad más indolente las oportunidades de gente pobre, porque se contribuye directamente a su perpetuación en la, cruel, indigna y agónica pobreza.
Mirtza Medina Hoyos Abogada Resp. FUNDACION D.D.H.H. ASOFAMD.TJA.
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Histórico. En 307 palabras sólo dos importan: es inconstitucional
Ayer a las 10, por primera vez en 23 años, el Estado reconoció que la Ley de Caducidad es inconstitucional
Decisivo. El Poder Ejecutivo respondió ayer a la comunicación de la Suprema Corte de Justicia sobre el pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el caso del asesinato de la joven comunista Nibya Sabalsagaray, solicitado por la fiscal Mirtha Guianze. El gobierno de Tabaré Vázquez aceptó los argumentos de la fiscal y consideró que la Ley de Caducidad es inconstitucional. Amplio respaldo al pronunciamiento de abogados, militantes de DDHH, dirigentes sindicales y precandidatos del FA.


Respuesta. Facsímil de la respuesta del Ejecutivo entrega ayer a la Suprema Corte.
La respuesta del gobierno de Tabaré Vázquez al planteo de la Suprema Corte de Justicia, constituye, un pronunciamiento histórico, ya que, por primera vez, el Estado uruguayo, en 23 años de vigencia de la Ley de Impunidad, la considera inconstitucional.
En un documento de poco más de una carilla, el Poder Ejecutivo al amparo de lo previsto en el art. 33 del Código General del Proceso, aceptó el planteo de excepción de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público y Fiscal ante la Suprema Corte de Justicia, con respecto a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
El escrito está firmado por el secretario de la Presidencia, Miguel Angel Toma.
El documento tiene dos puntos; en el primero el Poder Ejecutivo se constituye como parte en el proceso, solventando el planteo de la Suprema Corte sobre ausencia de parte demanda en el proceso. En el segundo se dice textualmente: "Se tenga presente el allanamiento del Poder Ejecutivo a la excepción interpuesta". El concepto "allanamiento" implica, desde el punto de vista de la parte demandada, otorgar la razón a la parte demandante, aceptando por lo tanto la inconstitucionalidad de la Ley de Impunidad. Fuentes del Poder Ejecutivo, consultadas por LA REPUBLICA, destacaron que "hasta ahora el Gobierno había aplicado la ley de Caducidad, como lo había decidido el Programa de Gobierno del FA, pero con una interpretación sustancialmente distinta a los gobiernos anteriores. El gobierno excluyó de la aplicación de la Ley y habilitó la investigación judicial en todos los casos en que fue requerida por la Justicia. Ahora, cuando hay un recurso de inconstitucionalidad, la respuesta del Gobierno es: sí, es inconstitucional. Ahora la decisión la tiene la Corte".
El pronunciamiento del Poder Ejecutivo tiene una importancia clave desde el punto de vista político e histórico. En el plano estrictamente jurídico la que tiene que tomar la decisión es la Suprema Corte de Justicia.
Resta además conocer el pronunciamiento del Poder Legislativo, la otra "parte" a la que se le trasladó el planteo de inconstitucionalidad.
La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad afectaría al caso concreto, pero podría derivar en nuevas acciones para permitir el inicio de procesos contra los militares hoy amparados por la normativa. La investigación del caso Sabalsagaray sólo habilitó el proceso contra civiles.

Antecedentes
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) puso en conocimiento del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo la acción de inconstitucionalidad contra la ley 15.848 promovida por la fiscal Mirtha Guianze, en el marco del proceso por la muerte de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray en 1974.
La Corte resolvió "poner en conocimiento de los otros dos poderes del Estado que existía un accionamiento contra la Ley de Caducidad", porque el recurso de la fiscal "no decía contra quien se accionaba". Los procesos de inconstitucionalidad son "procesos contradictorios, por lo cual, implican dos partes por lo menos, y al no haberse señalado por la fiscal una contraparte, la SCJ optó por darle un traslado" al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. "Son los que pueden tener intención de defender la ley", explicó entonces el presidente de la Corte, Jorge Larrieux.

La histórica respuesta
LA REPUBLICA reproduce textualmente la respuesta del Poder Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia.
"Suma: Evacua traslado excepción de inconstitucionalidad.
A la Suprema Corte de Justicia
El secretario de la Presidencia de la República Dr. Miguel A. Toma, Cédula de Identidad 3.810.117-7 matrícula 3990, constituyendo domicilio en Luis Alberto de Herrera 3350, Piso 7 ­Edificio Libertad­ en nombre y representación del Estado­ Poder Ejecutivo, según testimonio del poder general para pleitos que se agrega, en autos caratulados "Sabalsagaray Curutchet, Blanca Stela­Denuncia­ Excepción de Inconstitucionalidad, Art. 1, 3 y 4 de la Ley Nº 15.848 Ficha 97-397/2004," a la Suprema Corte de Justicia Dice:
Que evacuando el traslado conferido por auto Nº 78 de 6 de febrero de 2009, conforme a lo dispuesto en el Artículo 516.1 del Código General del Proceso viene en la representación invocada a allanarse a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad por vía de excepción planteada por el Ministerio Público y Fiscal, con respecto a los Artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986.
Por lo expuesto a la Suprema Corte solicita:
1. Se le tenga por presentado, por acreditada la representación invocada, por constituido el domicilio y por evacuado el traslado.
2. Se tenga presente el allanamiento del Poder Ejecutivo a la excepción interpuesta.
Primer otro si dice: Se autoriza a las Dras. Ana María Segovia, Raquel Fata, Mariana Errazquin, Ana Bogacz, Claudia Zúñiga, Andrea Canabal, Verónica Biderman, Andrea Larrama y al abogado Carlos Pastorino a los efectos de lo dispuesto en los artículos 85, 96, 106 y 107 del CGP.
Segundo otro si dice: Se tenga presente que la presente comparecencia se encuentra exonerada del pago de tributos.
Tercer otro si dice: Se tenga presente que el firmante no repone timbre de actuación profesional por actuar en su condición de funcionario de la compareciente.
Dr. Miguel A. Toma
Secretario de la Presidencia de la República".
Fuente: La República-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS



LA INVESTIGACION PRINCIPAL POR LA DESAPARICION SE QUEDO SIN JUEZ
La causa López a la deriva

El juez Corazza se apartó del expediente y argumentó "violencia moral" porque la familia López lo había denunciado por la falta de protección al testigo. El magistrado había
archivado la denuncia, pero la Cámara Federal platense anuló la decisión.


"Nadie esperaba que esto sucediera, la protección no es automática", dijo el juez Arnaldo Corazza.

Por Adriana Meyer
La causa por la desaparición de Jorge Julio López volvió a sumergirse en los pantanosos pasillos de la Justicia platense. La Cámara Federal de La Plata anuló la decisión del juez Arnaldo Corazza, que había archivado la denuncia de la familia contra todos aquellos que omitieron proteger al testigo. El argumento consiste en que el magistrado no puede intervenir porque podría ser él mismo uno de los que no cuidaron a López durante el proceso que culminó con la condena del represor Miguel Etchecolatz. Corazza se apartó del expediente originado en la acusación de la familia, pero también decidió que no puede seguir al frente de la investigación sobre el destino de López por la "violencia moral" que significa que sus familiares lo hayan denunciado. Así, la causa principal se quedó técnicamente sin juez y comienza una etapa de idas y venidas entre despachos de jueces y fiscales de primera y segunda instancia. Mientras Corazza dispara contra los camaristas y dice sentirse "molesto", la querella de Justicia Ya! afirmó que esta interna "profundiza la ya crítica situación del caso".
Todo comenzó cuando, a poco de cumplirse dos años de la desaparición del testigo, el abogado Alfredo Gascón pidió que se investigara a los funcionarios judiciales que participaron de ese proceso y a las abogadas que patrocinaron a López por no haber impedido su secuestro. El cuestionado camarista Alberto Durán hizo lugar al pedido del letrado de la familia López que apuntaba a "aquellos que según el Código de Procedimiento Penal deben velar por la seguridad de los testigos, y a todo el mundo porque un albañil fue a declarar con toda su buena voluntad y está desaparecido", según afirmó en aquel momento Gascón.
Tanto el juez Corazza como el fiscal Marcelo Molina desestimaron la denuncia, por lo que Gascón apeló ante la Cámara Federal platense y pidió la nulidad de lo actuado por el magistrado, al que denunció por ser "juez y parte". El colectivo Justicia Ya! entregó en el juzgado de Corazza una declaración de numerosas organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, estudiantiles y políticas para que rechazara "la insólita pretensión de iniciar una causa penal" contra los protagonistas del juicio en el que Etchecolatz terminó condenado a prisión perpetua por delitos cometidos en el marco de un genocidio. El juez, por su parte, rechazó como querellante a la fundación Soporte, denunciante junto a Alfredo Gascón y a Hugo Wortman Jofré. Finalmente, el fiscal Guillermo Ferrara consideró que la inquietud de los abogados de la familia debía impulsar una acción penal. La semana pasada se supo que la Sala I de la Cámara Federal platense le ordenó al juez Corazza apartarse de esa denuncia porque interrogó al testigo en el caso Etchecolatz y por eso estaría incluido en la denuncia formulada. "El tribunal, compartiendo los argumentos dados por el fiscal (Ferrara), y en respeto a la debida imparcialidad", hizo lugar al pedido de nulidad.
"Estoy tranquilo con mi conciencia, cuando le tomé testimonio a López no ameritaba ninguna medida, sino hasta cuando llegó el juicio oral. Nadie esperaba que este episodio sucediera, la protección no es automática", explicó Corazza a Página/12. El magistrado admitió que le "cae mal que sea la propia familia" la que lo cuestiona ahora y no cuando hicieron la denuncia. Pero, ¿por qué adujo "violencia moral" y decidió apartarse también de la investigación de la desaparición del testigo? "No puedo estar investigado por haber omitido proteger a López y a la vez ser el instructor en la causa en que está desaparecido", respondió. En su escrito ante la Cámara, Corazza mencionó la "mala fe procesal del letrado" (Gascón), porque lo denunció recién cuando su resolución le fue desfavorable. Y también cargó contra los camaristas Durán y Julio Reboredo por haber usado un criterio por el cual ellos también tendrían que haberse apartado, ya que fueron jueces en el Juicio por la Verdad. "Le tomaron audiencia antes que yo a López. Miran la paja en el ojo ajeno", dijo.
Guadalupe Godoy, una de las abogadas que patrocinó a López contra Etchecolatz, enfatizó que "la recusación inicial contra Durán tenía por objetivo evitar esto: que la causa López se transformara en un espacio donde el camarista dirima sus cuestiones de poder dentro de la Cámara Federal". Esa recusación está siendo analizada en la Corte Suprema. Godoy se lamentó de que "el juez, más allá de sus dolores morales, permite que el caso quede a la deriva en la interminable maraña judicial, justo cuando hay líneas de investigación fuertes". Esas líneas surgieron a partir de la llegada del secretario Juan Martín Nogueira, quien, más allá del cambio de juez, podría quedar a cargo de la investigación.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS







El país Miércoles, 18 de Febrero de 2009
El embajador de España en la Argentina, Rafael Estrella, analiza la relación bilateral y la visita oficial a Madrid
“El vínculo con la Argentina es indestructible”
Después de poco más de dos años en el país, el embajador
Estrella asegura que “las empresas españolas están satisfechas” y circunscribe el conflicto por la estatización de Aerolíneas a una relación entre el gobierno argentino y empresas privadas.

“Cuando hay una relación tan intensa como la nuestra es muy difícil que no se produzca algún desencuentro”, dijo Estrella.
Por Mario Wainfeld y Nora Veiras
Rafael Estrella recibe a Página/12 en un refrigerado ambiente de la embajada española, generosamente engalanado con retratos de sus majestades. Lleva bien sus 58 años (dos hijos grandes, sin nietos, “no parece que tengan mucho interés”). Es un entrevistado atento, en una doble acepción del término: enchufado y cortés. Su origen andaluz aparece en la pronunciación, en algunas consonantes aspiradas (“lo’ españole’”), no tanto en su medida gesticulación. Asume un lapsus con buen humor, no pierde la concentración, decide fumarse un pitillo cuando se le pregunta sobre Hugo Moyano. Habla a agenda abierta, con una mirada política infrecuente en la diplomacia y en muchos abordajes locales. Es un cuadro político, su primer destino diplomático fue la Argentina. Se le nota, aunque igual se le pregunta al efecto.
–¿En qué es diferente un embajador (como usted) que ha hecho toda su carrera en la política a uno que se dedicó todo el tiempo a la diplomacia?
–Probablemente esa actividad política, en mi caso siempre vinculada con la política exterior, da una visión global, más política. Luego, quizá, permite entender mejor y decodificar los mensajes políticos, situar los elementos en su lógica. No guiarse tanto por la noticia del día sino por su proyección de varios días o meses.
–¿Hay algo en el mundo de la política que ande 99 por ciento bien, de verdad?
–Sí. La política, al fin y al cabo, es diálogo, interlocución, liderazgo, acreditación del otro. Cuando está en minoría se acredita como alternativa y reconoce el liderazgo del otro. Cuando hay una relación tan intensa como la nuestra es muy difícil que no se produzca algún desencuentro, diferencias de enfoque, situaciones conflictivas. Si no, no sería una relación viva. Lo importante es que existan los mecanismos y la capacidad y la voluntad de sobreponerse a las circunstancias y volver a construir. En el caso de Argentina y España, el sustrato, el soporte, están sólidos, permiten que el vínculo sea indestructible, como lo demostró la Presidenta en Madrid.
–Distintos intereses o divergencias existen siempre. Pero en el conflicto de Aerolíneas Argentinas hubo un compromiso del Ejecutivo argentino respecto de la tasación que incluía a un tercero para desempatar. Eso fue dejado de lado por una ley, instada y votada (entre otros) por el partido oficialista. El Gobierno rectificó lo acordado y tanto el gobierno español como la empresa se manifestaron incómodos. ¿Cuál es el peso de esa desinteligencia, apenas el uno por ciento?
–Es poco, porque las relaciones no se restringen a lo económico. Hay que tener en cuenta la relación social, cultural, de visión compartida de los problemas del mundo, de visiones comunes sobre problemas universales como los derechos humanos, visión convergente de algunas respuestas a la crisis. Cuando uno suma todo eso... pues probablemente la parte económica no pesa más de un 10, 20, 30 por ciento. Hay pocos casos de una relación tan intensa y profunda como la que hay entre Argentina y España.
–¿Cómo ve la posibilidad, que se dice cercana, de un acuerdo entre el gobierno argentino y el grupo Marsans y cómo juega el gobierno español?
–El gobierno español no juega. Es una discusión a tres bandas (Argentina, Airbus y Marsans). El gobierno español lo que puede hacer es lo que hizo su presidente: que se busque una solución que sea satisfactoria para todas las partes.
–¿Su gobierno no percibe que el caso Aerolíneas puede ser un mal precedente de conducta de Argentina hacia otras empresas españolas, que cambie las reglas de juego?
–Eso puede crear más preocupación en sectores de análisis de información de mercado. Las empresas españolas están muy satisfechas en la Argentina, están comprometidas. Estuvieron en los momentos más difíciles de la crisis, no se marcharon. Han mostrado vocación de permanencia absolutamente sólida, férrea. No hay un proceso: hay un caso singular, se intenta que tenga una salida aceptable para todos.
–En los ’90, en el marco de la privatización de las empresas públicas, España fue el principal inversor. Ahora, en los gobiernos de Néstor Kirchner y de la actual Presidenta, comenzó un proceso de reestatización de algunas empresas y de inversión privada en empresas españolas, como en Repsol. ¿Ustedes advierten que ese cambio puede afectar los intereses españoles?
–Ha habido cambios de accionaridad, entrada de socios argentinos en dos empresas de capital español, YPF y Gas natural. Los dos casos se han producido sin interferencia política, que es lo más importante. Ha habido conocimiento de los dos gobiernos, pero los acuerdos se han desarrollado sin intervención política. Se ha preservado lo que es una relación económica, lo que ha favorecido esos acuerdos, que están funcionando bien. YPF ya lleva algún tiempo, Gas natural menos. Escucho de los socios argentinos y de los españoles satisfacción: han hecho una opción de negocios, han hecho una apuesta estratégica en su visión de la relación entre los países.
–Concretamente: ¿está conforme España con el proceso de las estatizaciones de Aerolíneas y del sistema jubilatorio?
–Aerolíneas es una decisión normal del Gobierno, lo que cabe es esperar una solución justa para todas las partes. Ha habido desencuentros, hay que buscar una solución satisfactoria para todas las partes, se está trabajando. Sobre las AFJP, no me corresponde opinar del actual modelo ni del anterior. En mi país tenemos un sistema público de pensiones. Según nuestro gobierno, uno de los principales activos frente a la crisis es que los mecanismos de protección son sólidos. El cambio del modelo de pensiones es una decisión interna. Lo que hubo aquí en esos días fue una reacción un tanto histérica de los mercados, la histeria domina en los mercados en general. Se critica una decisión de la Argentina, interesadamente por parte de algunos, en función no del presente sino del pasado. Me parece injusto, pero ese hecho pasado se produjo. Argentina tiene la tarea de acreditarse como un país que cumple sus compromisos porque la carga histórica de la Argentina del default pesa mucho, aunque no sea la actual.
–Usted dice que el gobierno y las empresas españolas están muy conformes. La melodía de sus palabras suena disonante con la de muchos analistas argentinos y también con la de los representantes de las empresas españolas. Por ejemplo, abundaron quejas por el congelamiento de tarifas o por la suba ulterior (considerada escasa) o por la falta de seguridad jurídica. ¿Cuál es su parecer?
–Quejosas estaban todas las empresas sometidas a un régimen de control de precios y de tarifas, entre las cuales las había de capital español. Cuando llegué aquí, me sorprendió, me causaba gracia que se me hablara de las empresas españolas quejosas. No se mencionaban las argentinas, igualmente quejosas. Quizá por la simplificación obligada de la perentoriedad de la noticia, del mensaje que tiene que estar muy reducido para que el lector lo entienda, se creó el estereotipo de que era un problema de las empresas españolas. Era una decisión política: contener los precios como un elemento de estímulo para la salida acelerada de la crisis. Se puede cuestionar, o no. A mí me parece que tiene bastantes elementos de racionalidad. Las empresas españolas han acompañado ese proceso, los sacrificios del pueblo argentino, con sus sacrificios y su compromiso. Ahora el Gobierno ha tomado una decisión que, sin opinar a fondo, me parece que es bastante de sentido común: bajar los subsidios. Se transparentan los precios, con aumentos para los consumidores aunque un esquema que procura que pese menos sobre los más débiles.
–Hablando en perspectiva, ¿cómo definiría usted la relación entre Argentina y España, en especial en los años de la administración Kirchner y cómo la prevé en el horizonte de una crisis financiera internacional?
–Creo que la crisis internacional nos obliga a estar mucho más coordinados. Es uno de los frutos de esta visita de la Presidenta, de los que no se ha hablado demasiado. Una visita de estas características se da una vez cada mandato: ha tenido el máximo rango institucional. Hay una decisión por las dos partes de elevar y profundizar nuestra relación, de trabajar en la construcción de agendas compartidas. Ha habido una determinación de recuperar algo del pulso –en el caso de España porque hemos tenido un año electoral– que se había perdido. Ha habido acuerdos entre los dos ministros de Ciencia y Tecnología, también conversaciones entre los ministros de Trabajo, ha habido acercamiento a modelos de concertación social con los errores y aciertos que ha tenido en su desarrollo el modelo español, ha habido encuentros entre los dos cancilleres, una excelente reunión. Creo que se abrió un camino para una comunicación mucho más fluida. También hubo encuentros entre el ministro Julio De Vido y Miguel Sebastián, el ministro de Industria. Además de los acuerdos para que Argentina y España hagan cooperación triangular para el desarrollo de terceros países. También se ha extendido el derecho de voto en reciprocidad a los argentinos residentes en España, lo cual supone profundizar en elementos de ciudadanía. La visita ha sido importante desde el punto de vista institucional, por los contenidos políticos.
–Usted decía que las empresas españolas en el peor momento de la Argentina no se fueron del país. Teniendo en cuenta que la crisis hoy se siente muy fuertemente en España, ¿las empresas españolas van a seguir invirtiendo en la Argentina, van a disminuir, van a diversificar en América latina?
–Las empresas españolas siguen invirtiendo en la Argentina. De hecho, durante las visitas se han anunciado algunas inversiones importantes, se va a mantener. Normalmente, cuando hay dificultades en un escenario las empresas buscan oportunidades de inserción y buscan también socios con los que trabajar. Y, si al mismo tiempo somos capaces de plantearnos visiones compartidas (por ejemplo ante la próxima reunión del G-20)... Ya empezamos a trabajar en la necesidad de una reforma de las instituciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario. Y, sobre todo, prevenir este tipo de situaciones. Estamos trabajando desde España una propuesta para la erradicación de los paraísos fiscales. Sin pretender dar lecciones a nadie, argentinos y españoles estamos muy capacitados para impulsar algo tan necesario como las medidas políticas y económicas: que emerjan nuevos paradigmas culturales que no sean los que han dominado y han sido el caldo de cultivo de esta crisis basados en que valor y precio eran la misma cosa. Valor y precio lo fijaban los futuros.
–Al gobierno español no le gustó nada la expresión “gallegos” que utilizó Hugo Moyano en un momento ríspido de la discusión de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué pasó con eso, se olvidó, se indultó, se conversó?
–No sé si se ha conversado en algún momento. Creo que ha sido una visita muy cómoda, muy relajada, ése era nuestro deber como anfitriones: hacer que nuestros amigos argentinos, que son mucho más que amigos, se sintieran cómodos y que la visita reflejase esa relación. A mí no me molesta que me digan “gallego”.
–Depende de cómo se diga.
–Depende de cómo se diga, claro, pero creo que, en el calor de los debates o de los actos públicos, se dicen algunas cosas que luego no tienen más relevancia. Ha sido muy importante la presencia de una delegación sindical que ha podido vivir cómo es de viva, de peculiar, la relación entre Argentina y España. Yo eso lo he entendido cuando he venido aquí como embajador, no tenía todas las claves.
–Usted dijo que lee siete diarios por día en la Argentina y el más importante que es el que no se escribe. ¿Qué noticias pondría en ése?
–Esas son noticias que hay que construirlas con lo que ha pasado los días anteriores, con lo que dice la experiencia que según los hábitos políticos es previsible que hagan los actores. A partir de ahí se construye el verdadero diario. Creo que hay que relativizar el valor de cualquier gran noticia. Estos días hemos asistido a un importante anuncio de un principio de coalición política. Es una noticia en sí pero para mí lo importante de eso son sus antecedentes y, sobre todo, el desarrollo que se puede tener. Especular sobre el desarrollo me interesa más que la noticia en sí.
–¿Por qué tiene que leer tantos diarios?
–En otros países, con uno o dos periódicos se puede conocer la realidad. A mí me gusta ver los diarios, encuentro ángulos muy distintos en la prensa argentina. Los leo en una hora: los titulares, alguna noticia que da la visión del medio.
–En algunas coberturas del viaje de la Presidenta a España primó la sensación de que el viaje fue muy tenso, un fracaso. ¿Cómo vio usted ese viaje y cómo ve la relación a futuro?
–Creo que algunos medios han prestado atención a cuestiones muy triviales. Por ejemplo, el retraso que se produce en el inicio de la cena con los reyes estaba más que justificado porque el encuentro con el presidente duró más de lo previsto, la rueda de prensa duró 50 minutos cuando estaba prevista para 30, con lo cual la Presidenta tenía esperando al líder de la oposición. Era un retraso cantado de 40 minutos. Creo que la visita ha tenido mucho más contenido y que quizá se ha banalizado, sobre todo por parte de algún comentarista. Creo que ha sido una visita de fortalecimiento de la relación bilateral.
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Martes, 17 de Febrero de 2009
Dos reflexiones sobre la publicidad de los juicios por delitos de lesa humanidad
Conocer la cara del represor
A partir de las limitaciones impuestas a la cobertura de la prensa en el proceso a Jorge Olivera Róvere, se plantea la necesidad de una política institucional para los juicios de derechos humanos y se destaca el rol de la difusión en relación
con la construcción de la memoria.
Una reparación para la sociedad
Por Inti Nahuel Pérez Aznar *
Los jueces Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Frías, del Tribunal Oral Federal 5, intentaron dejar a la ciudad de Buenos Aires sin conocer la cara de quien comandó la sangrienta represión en la última dictadura militar, haciendo oídos sordos a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia. En la acordada 29/08, el máximo tribunal había establecido que deben ser televisadas las audiencias de los juicios orales porque "el principio de publicidad del proceso constituye una de las condiciones fundamentales de legitimidad de la administración de justicia". Sería un paso adelante ponerle cara a quien fue uno de los responsables en el ejercicio de un derecho que no concedió a sus víctimas, un juicio justo y digno.
Aquí se desprende la trascendencia de la decisión de la Corte y, en este caso, de la omisión del TOF 5. En nuestro país hubo plan de exterminio de personas. Este plan se llevó adelante en forma cobarde y oculta. Por lo que es esencial desandar aquel camino y contar qué fue lo que sucedió, o lo que se pueda recabar de ello.
Al momento de decidir, los Tribunales también deben tener en cuenta que el hacer públicas las atrocidades cometidas por el gobierno militar significa una reparación para la sociedad. Que les puedan poner un rostro a los culpables a través del conocimiento de los que llevaron adelante los actos del plan criminal. En los últimos tiempos se impuso en la agenda mediática el tema de la impunidad y seguridad jurídica. Pues bien, cómo privar a la ciudadanía de conocer a los imputados en los juicios en donde se está revirtiendo el mayor proceso de impunidad, que se terminó de tejer con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y con los indultos.
Entonces, es un paso adelante que la Corte haya tomado el guante y reglamente la difusión de los principales actos procesales en los debates orales, pero mientras esto no sea cumplido por todos los organismos judiciales, el proceso de reparación social quedará trunco.
El artículo 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que los juicios deben ser orales y públicos, incluso a la prensa, salvo cuestiones de moral, orden público o seguridad nacional. Cosa que no sucede en el caso de Olivera Róvere, quien desde hace dos años camina libremente por los coquetos barrios porteños.
Asimismo el Comité de Derechos Humanos, organismo de aplicación de este Tratado internacional contemplado en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, sostiene que "la publicidad de las audiencias asegura la transparencia de las actuaciones y constituye así una importante garantía que protege el interés de la persona y de la sociedad en su conjunto. Los tribunales deben facilitar al público información acerca de la fecha y el lugar de la vista oral y disponer medios adecuados para la asistencia de los miembros interesados del público, dentro de límites razonables, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el posible interés público por el caso y la duración de la vista oral". A su vez refiere que, salvo circunstancias excepcionales, toda audiencia deberá estar abierta al público en general, incluidos los miembros de los medios de comunicación, y no estar limitada, por ejemplo, sólo a una categoría particular de personas. Aun en los casos en que se excluye al público del juicio, la sentencia, con inclusión de las conclusiones esenciales, las pruebas clave y los fundamentos jurídicos, se deberá hacer pública (Observación General 32).
En la esfera regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que "la publicidad procesal es un principio fundamental del procedimiento moderno, opuesto al secreto inquisitorial, que establece como suprema garantía de los litigantes, de la averiguación de la verdad y de los fallos justos, que la instrucción de las causas sean conocidas no solamente de las partes y de los que intervienen en los procesos, sino de todos en general" (CIDH, Informe Anual 1998). Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la reparación de la memoria es un acto esencial para una reparación integral de las víctimas de delitos de lesa humanidad.
Siguiendo estos lineamientos hay que recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema establece que las convenciones de derechos humanos deben ser interpretadas "en las condiciones de su vigencia", esto es conforme lo dispuesto por los organismos de aplicación, como es el caso de los citados organismos internacionales. Todo esto parece ser desconocido por el TOF 5. El impedimento de la publicidad de las audiencias de este tipo de procesos es un daño para la sociedad toda. La construcción de una memoria colectiva aún hoy sigue siendo coartada por algunos funcionarios judiciales que se resisten a receptar la normativa, de cumplimiento obligatorio, que se encuentra vigente en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad. Llamemos las cosas por su nombre, dentro del acto de justicia debemos incluir la reparación integral y la concientización social que genera la difusión de los juicios a través de los medios de comunicación.
* Abogado especializado en derechos humanos.
Secuelas de la dictadura
Por Rodolfo Yanzón *
El debate que se inició acerca de la difusión de los juicios sobre crímenes de lesa humanidad deja una vez más en claro que no existe una clara política estatal para estos casos vitales en la vida institucional y política de nuestro país con trascendencia internacional. Cada proceso depende del tribunal que interviene.
El juicio que comenzó contra uno de los jefes del I Cuerpo de Ejército durante la dictadura, Olivera Róvere, puso en discusión tanto la libertad que los trabajadores de la comunicación deben tener para desarrollar su tarea como la necesidad de que la difusión sea masiva, y eso incluye el texto y la imagen. Que los jueces integrantes del Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires aún no lo entiendan es preocupante. En la segunda audiencia mostraron un criterio menos restrictivo y permitieron que se tomara la imagen del represor. Que el rostro de Olivera Róvere surque los medios masivos no es algo secundario. En estos días en que la imagen tiene tanto poder no es menor que se asocie esa cara a los centros clandestinos de tortura y exterminio. El único límite que debe existir para esa difusión es la protección a los testigos y el respeto al debido proceso. Y la tarea de fotógrafos y periodistas durante la primera jornada en nada los perjudicó.
En un Estado de Derecho, las instituciones estatales no sólo tienen que cumplir su trabajo, sino hacerlo transparente y público, máxime cuando se trata de casos de semejante importancia. Esta es una de las diferencias con los gobiernos autocráticos. Sin embargo, hay que reconocer, una vez más surtió el efecto contrario al deseado por quienes habían tomado la decisión, porque hasta los medios de comunicación que no cubren estos juicios difundieron la primera audiencia y fustigaron la conducta judicial. Los jueces (no sólo los que están juzgando a Olivera Róvere) no deben dejar la difusión exclusivamente en manos de aquellos medios interesados en el caso. En estos juicios deben promoverla y aceitar los mecanismos para que los juicios se difundan. Y la Corte Suprema tiene su responsabilidad en ello. Sus miembros, proclives a entrevistarse con periodistas y medios masivos, deben propiciar con vehemencia la difusión. La tardía acordada que hace unos meses dieron a conocer para que se trasmitan algunas secuencias de los juicios orales debe ser sólo el puntapié inicial. Se debe comprometer, desde luego, a los medios de comunicación estatales, pero también mantener reuniones con los organismos del Poder Ejecutivo pertinentes y los medios de comunicación privados para insistir en la publicidad de estos juicios.
No se debe temer a la relación con el periodismo ni a desvirtuar el proceso penal. Esas concepciones quedaron en desuso, no sólo por antiguas, sino fundamentalmente por ineficaces (y más que por ello, porque un Poder Judicial hermético es un poder segmentado que beneficia a unos pocos) y esencialmente porque no colaboran a generar el debate y el espíritu democrático. Secuelas de la dictadura, por cierto.
Se debe exigir a los jueces que se despojen de esa imagen hierática ajena a los conflictos sociales; que se comprometan con el dolor y el sufrimiento. Asumir ese compromiso no perjudicará la necesaria imparcialidad que se debe garantizar en todo proceso, pues no se trata de perjudicar a un imputado, sino de tomar otra postura respecto de las víctimas, darles otro perfil ante los tribunales. Insistir en esa imagen perimida implicará también sostener la idea de que los jueces son independientes, pero no sólo como idea, sino también como realidad. La realidad es muy distinta y es necesario sincerarla. Así como en estos juicios por crímenes de lesa humanidad hoy las víctimas pueden ser acusadoras particulares –veinte años atrás no estaba permitido porque los militares fueron juzgados, los pocos que lo fueron, aplicándose el código militar–, los jueces pueden, deben, tener otras miradas, más cerca del conflicto que deben analizar y no sólo como técnicos del Derecho. Un desafío grande, pero que es preciso realizar. El Poder Judicial también necesita democratizarse y no está mal que los juicios por crímenes de lesa humanidad sean un disparador eficaz para lograrlo.
* Abogado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos.
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Ultimas NoticiasMartes, 17 de Febrero de 2009
Apertura del año judicial
Los juicios de lesa humanidad y de jubilados serán la prioridad para la Corte Suprema
El titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, estableció como prioridades para este año la celeridad en los juicios de lesa humanidad y las causas relacionadas con reclamos de jubilados, al presidir el acto de apertura del "Año judicial".

Los miembros de la Corte junto a Aníbal Fernández
En un acto realizado en la sala de audiencia de Tribunales -al que asistió el ministro de Justicia, Aníbal Fernández- el titular de la Corte señaló que durante este año una de las prioridades de la Corte serán las causas que se siguen por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
"Esto no es por una política conveniente sino porque Argentina sufrió en su historia un drama que hay que reparar. Y tienen razón los que reclaman sentencia para los acusados. Estamos juzgando el pasado y sentando las bases para el futuro", dijo Lorenzetti en su discurso de apertura.
En ese sentido, el presidente de la Corte señaló que se está trabajando "en la mejor organización de estos juicios, y coordinar como hacer para colaborar en la rápida tramitación y resolución" de estos procesos.
También señaló, como otra de las prioridades, la celeridad en las causas relacionadas con reclamos por haberes de jubilados y pensionados.
"Sólo en el fuero de la Capital Federal hay 200 mil causas. No es necesaria tal cantidad de juicios. ¿Ese es el trato que queremos darle a la ancianidad?", se preguntó Lorenzetti ante un auditorio compuesto por magistrados de todo el país.
Al término del acto, el ministro Fernández dijo a la prensa que el gobierno coincide con Lorenzetti, que acompaña a la Corte "en pleno" en sus expectativas para este año y recalcó el "compromiso muy importante" que expresó el titular del tribunal en su discurso.
Fernández destacó asimismo que con algunos de los compromisos enunciados por Lorenzetti "este año se van a empezar a dar los resultados" de celeridad en las causas.
En su discurso, el presidente del máximo tribunal dijo que la celeridad de los juicios no es una cuestión "voluntarista, sino una política de Estado, en la que todos debemos poner nuestra parte" y reconoció que esa falta de rapidez en las causas se debe a "tribunales saturados, falta de computados y edificios", entre otras causas.
En otro tramo se refirió a la crisis financiera internacional, señaló que tendrá "efectos económicos devastadores y sociales, abrumadores" y, en ese sentido, dijo que los jueces tienen la misión de "desarrollar la ética de los vulnerables".
"El juez debe proteger a los ancianos, a los que jubilados que quieren un trato y un ingreso digno, a los jóvenes excluidos y sin futuro, a los trabajadores que quieren estabilidad, a los que no pueden trabajar porque tienen capacidades diferentes, a los más débiles", indicó.
Exhortó también a "proteger leyes claras de previsibilidad económica para resguardar la seguridad social", así como proteger la "naturaleza para mantener el desarrollo sustentable" del medio ambiente.
Llamó a los jueces a "asumir un rol activo dentro de la sociedad, pero sin gobernar, respetando la división de poderes y manteniéndose dentro de los propios ámbitos" y los instó a tener "prudencia, para poder bajar la tensión de las pasiones de los conflictos, y firmeza para defender los consensos básicos".
Este párrafo también fue destacado, al término del acto por Aníbal Fernández, quien recordó que "en el pasado, algunos magistrados después de la crisis del 2001, tuvieron gestos hacia el gobierno que no fueron buenos" y los dichos de Lorenzetti "marcan una muy clara diferencia".
Del acto participaron la secretaria de Justicia, Marcela Losardo; el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos; el Procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino; el Auditor General, Leandro Despouy; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro; y el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
También estaban presentes representantes del Poder Legislativo, de organismos de derechos humanos, de organizaciones no gubernamentales, de gremios judiciales y académicos.
Entre los anuncios, Lorenzetti informó que en la primera semana de septiembre se realizará en Buenos Aires la I Conferencia de Cortes Supremas de América, de la que participarán representantes de los máximos tribunales del continente, y simultáneamente se desarrollará una reunión de Cortes del Mercosur.
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Pedido. La fiscal pidió al Poder Ejecutivo excluir el caso de la Ley de Caducidad
Guianze quiere investigar a militares por los asesinatos de Zelmar y el Toba
La fiscal Mirtha Guianze solicitó ayer remitir un informe al Ejecutivo para determinar si el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los militantes del MLN-T Rosario Barredo y William Whitelaw, se encuentra amparado por la Ley de Caducidad.
Fiscal. Guianze tomó su decisión tras escuchar el testimonio de Elisa Michelini.
El pedido de la Fiscalía se enmarca en la nueva prueba recabada durante la investigación judicial del homicidio de los ex legisladores en mayo de 1976, y en particular tras el testimonio de tres hijas de Zelmar Michelini en relación a sus recuerdos sobre los días previos al secuestro.
Elisa, Margarita e Isabel Michelini comparecieron el pasado lunes ante el juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal, y narraron sus rememoraciones sobre los hechos previos al secuestro y homicidio del ex legislador. Ese mismo lunes, también compareció el tupamaro Antonio Viana Acosta, primera víctima de la represión binacional en los años previos a la conformación "oficial" del Plan Cóndor.
El ex senador Zelmar Michelini le manifestó a su familia que era perseguido por militares uruguayos, y se quejaba por su "falta de documentación", luego de que la dictadura uruguaya invalidó su pasaporte para impedirle salir de la República Argentina, declararon sus hijas ante la Justicia.
Zelmar temía "por su integridad física", puesto que era uno de los principales denunciantes en el exterior de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno dictatorial de Juan María Bordaberry. Sus hijas recordaron ante el juez que su padre les señalaba "autos y personas" responsables de su seguimiento.
El testimonio de las hijas del ex senador "acredita la participación de militares uruguayos en la República Argentina. Los militares uruguayos operaban en Argentina, eso está demostrado por abundante documentación, pero ahora se hizo evidente en este expediente", dijeron fuentes judiciales.
La exclusión del caso del amparo de la Ley de Caducidad permitiría investigar a los ejecutores "materiales" de la muerte de los ex legisladores, puesto que el proceso hasta el momento apuntó a la responsabilidad de los mandos civiles de la época: Bordaberry y el canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco.
Bordaberry y Blanco fueron procesados el 16 de noviembre de 2006 como "coautores de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravado". Más tarde, el Tribunal de Apelaciones Penal de 2º Turno ratificó los procesamientos, porque Bordaberry y Blanco "sabían" de los hechos ocurridos en la Argentina y nada hicieron para evitarlos.
Una resolución favorable del Poder Ejecutivo al pedido de la Fiscalía implicaría la creación de "un nuevo expediente", puesto que el actual estado de la causa contra Bordaberry y Blanco "hace imposible" instruir el posible proceso contra los represores en forma conjunta.
El testimonio de Elisa Michelini, detenida y torturada por la dictadura como forma de "neutralizar" a su padre, implicó seriamente al coronel (r) Jorge "Pajarito" Silveira y al ex jerarca policial Ricardo "Conejo" Medina, ambos procesados por crímenes de lesa humanidad.
Elisa declaró al juez Timbal que durante las sesiones de "interrogatorio" a las cuales era sometida, ambos represores le hacían constantes alusiones a la situación de su padre en Argentina, y aseguraban viajar a dicho país con asiduidad. Asimismo, el teniente general (r) José Nino Gavazzo también podría estar implicado, indicaron otras fuentes del caso.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, expresó el 1º de marzo de 2005, durante su discurso de asunción, que el homicidio de Michelini y Gutiérrez Ruiz estaba fuera de la Ley de Caducidad, recordaron las fuentes. Este argumento también fue utilizado por la Fiscalía.
Declaran hijos de Zelmar
Los siguientes pasos del proceso
El proceso contra el ex dictador Juan María Bordaberry y el canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, se retomará, seguramente, sobre los primeros días de abril con la comparecencia ante la Sede de dos hijos del ex senador Zelmar Michelini.
Luis Pedro y Zelmar Michelini (h) fueron testigos directos del secuestro de su padre en el Hotel Liberty, el 18 de mayo de 1976, por lo cual podrían aportar datos "relevantes" sobre el operativo de captura. Asimismo, otros testigos podrían ser citados en la causa, expresaron fuentes de la investigación .
En tanto, el juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal, aguarda la remisión desde Estados Unidos de dos medidas de prueba testimonial solicitadas por la defensa del ex dictador Juan María Bordaberry.
El magistrado solicitó vía exhorto el testimonio del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, y del periodista norteamericano John Dinges.
El magistrado había rechazado, en primera instancia, diligenciar la prueba solicitada por la defensa al considerar "absurdo preguntarle por exhorto a Kissinger, quien no está siendo juzgado, si coordinó el Plan Cóndor", e irrelevante interrogarlo "si habló o no" con Bordaberry sobre el homicidio de los ex legisladores.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno consideró "un hecho notorio la influencia directriz que la política exterior norteamericana ha ejercido (y ejerce) en esta parte del mundo y, obviamente, el papel relevante que en el diseño y ejecución de la misma le compete al secretario de Estado", por lo cual aceptó el pedido.
En el caso de Dinges, el Tribunal de Apelaciones aceptó el agravio de la defensa porque "es periodista y, después de investigar, sostiene una tesis distinta" a la de otros periodistas que declararon en el expediente. La negativa a recibir su testimonio "supone medir, con varas distintas, situaciones similares", opinó el Tribunal.
Dinges manifestó, en una entrevista con la periodista Sonia Breccia, en 1410 AM Libre, que el responsable del homicidio de los ex legisladores fue el ex comandante en jefe del Ejército y ex dictador, Gregorio "Goyo" Alvarez.
Fuente: La Republica-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

COMO RESISTEN LAS COMUNIDADES NATIVAS AL DESMONTE QUE PROHIBIO LA CORTE SUPREMA
La valla a la topadora se llama wichí
Un día antes de la audiencia a la que convoca la Corte para determinar sobre la prohibición del desmonte en Salta, los wichí cuentan cómo se las arreglan para defender su tierra y su medio de vida ante el avance permanente de las topadoras.



Una comunidad wichí que se opone al ingreso de las topadoras. La Corte escuchará a las comunidades y al gobierno provincial y nacional.


Por Darío Aranda
Desde Tartagal, Salta
La ruta nacional 86 es un ancho camino de tierra en el norte de Salta. Comienza en Tartagal y –170 kilómetros después– finaliza en la frontera con Paraguay. Monte nativo, árboles añejos y pobladores originarios sobreviven a ambos lados de la ruta. Es la zona más preciada por los grupos sojeros y madereros, que pugnan por ingresar, deforestar y obtener ganancias. La defensa del monte nativo no la realiza ningún gobierno, sino las comunidades wichí que resisten a base de acción directa: piquetes, cortar alambres, frenar topadoras y enfrentar gendarmes. En diciembre pasado tuvieron un aliado circunstancial: la Corte Suprema de Justicia ordenó el cese de los desmontes autorizados en el último trimestre de 2007 y fijó fecha para una audiencia de las partes. Mañana será ese momento, cuando escuchará a las comunidades y también a la provincia y el gobierno nacional, que deberán explicar por qué se continúa arrasando territorio indígena. Los referentes indígenas muestran expectativa y escepticismo, en partes iguales. Y reina una certeza: "La cuestión de fondo es la tierra, no el desmonte".
La lucha por la tierra
Las brasas hierven el agua y el mate no comienza. Una ronda de personas, miradas perdidas y silencios incómodos confirman que los wichí son de los originarios más retraídos. Largos minutos de explicar el fin de la entrevista, pero cuesta lograr confianza. "Los periodistas trabajan para el Gobierno y los sojeros y madereros. Los endulzan (dan dinero) y ya opinan a favor del poderoso", dispara Antonio Cabana, referente de las luchas en la región, wichí que no ha podido ser dominado por políticos, iglesias –muy fuertes en la región– ni ONG (acusadas de manejar asistencia como si fueran pequeños estados).
Aclarado y justificado el recelo, Cabana admite la importancia de que la Justicia frene las topadoras, pero corre por izquierda a todos los preocupados sólo por la deforestación. "Ya hay leyes que dicen parar topadoras y reconocer nuestra tierra. Pero el mismo blanco que las escribe, un poco después las borra. Así el desmonte no para y nosotros seguimos sin tierra. Eso, anote eso, la tierra es lo importante, después viene el desmonte. Si no tengo tierra, no puedo frenar la topadora. Es fácil de entender ¿no?"
A la vera de la ruta 86, y sobre la cuenca del río Itiyuro, viven ancestralmente quince comunidades, unas 2500 personas que habitan y obtienen sus alimentos de las 150 mil hectáreas linderas. Desde hace décadas reclaman títulos de propiedad, pero son desoídas sistemáticamente. Siguen practicando la caza, recolección y siembra estacional, su forma de vida ancestral.
Rafael Montaña trabaja hace diez años junto a las comunidades de la zona y es representante del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (Iwgia) en Salta. "Se repite la historia de todo el norte del país. Los sojeros avanzan sobre tierras de paisanos (indígenas). Hay actores muy fuertes: sojeros, madereros, políticos y jueces. Ni con el reciente fallo de la Corte se frenaron un poco, siguieron desmontando como si nada. Ya ingresaron a algunas zonas, pero que no hayan entrado a toda la región tiene una sola explicación: los paisanos ponen el cuerpo y no se la hacen fácil."
La exigencia de las comunidades más duras (Kilómetro 6 y Tonono) es clara: la titularidad de las 20 mil hectáreas en las que viven. "Y no vamos a dejar que nos corran. En nuestro derecho. Estamos jugados", advierte Lorenzo.
John Palmer, antropólogo inglés con treinta años en Tartagal, es el apoderado de la comunidad Hoktek T'oi, en el kilómetro 18 de la ruta 86. No comparte los métodos de Cabana y Lorenzo, pero sí los males que sufren. "El área de la ruta 86 es codiciada por los productores sojeros. Si no se frena su avanzada, son hectáreas condenadas al monocultivo", lamenta.
En Hipólito Yrigoyen, departamento de Orán, la comunidad guaraní Estación El Tabacal mantiene un conflicto desde hace seis años con el ingenio azucarero San Martín El Tabacal. Mara Puntano es una histórica abogada de derechos humanos, organizaciones de desocupados y pueblos indígenas. "En Salta seguimos como en época de la Colonia. Empresas de maderas, soja o petroleras entran a territorios indígenas y hacen lo que quieren. Son un gobierno paralelo. Y siempre con venia política."
Las comunidades son conscientes de que, de abandonar su tierra, el único camino será su traslado a las márgenes de las grandes ciudades, lo que significa un choque para su forma de vida. "Hay mujeres del monte que nunca en su vida vinieron al pueblo. Imagine lo que les espera si las echan de su tierra. Queremos lo nuestro, no vamos a ir a mendigar al pueblo", explicó Oscar Lorenzo, también cacique y wichí de la ruta 86, sobre el kilómetro 6. Y por eso se explican las acciones directas, noches cortando kilómetros de alambres y postes sojeros, y días enteros frenando topadoras (hasta que éstas se retiran de las tierras ancestrales).
Una causa compleja
La Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre último, por pedido de siete comunidades indígenas y una organización de pequeños productores, el cese de desmontes en los departamentos salteños de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. Todas las comunidades indígenas reconocen la importancia de la intervención de la Corte Suprema, pero también explicitan sus matices.
"Será importante que la Justicia frene para siempre a los empresarios, pero más importante es que nos deje hablar por nosotros mismos, sin políticos ni iglesias ni ONG ni universidades en el medio. Ellos siempre nos usan", acusa Cabana, y deja al descubierto el rol paternalista del que son acusadas las instituciones tradicionales del lugar. Quieren estar presentes, pero el costo del viaje le hace imposible concurrir.
Mara Puntano explica que la Corte solicitó que se unificara la demanda en una sola personería jurídica (de las ocho que presentaron), lo cual implicaría que las más fuertes (según Puntano, las más "paternalistas") harán prevalecer sus voces. "Hay un grave riesgo de dejar fuera de la audiencia a las comunidades de base. Los que pelean en el día a día serán desoídos", advirtió Puntano, que reconoce el papel del Supremo Tribunal, pero también sus limitantes: "El mundo indígena es muy complejo. Nadie puede entender su envergadura sin visitar las zonas y escuchar la gran multiplicidad de voces".
Palmer agrega otra cuestión conflictiva: la tala de árboles. Los wichí son un pueblo hachero desde que fueron introducidos, por la fuerza, al mercado laboral. Manejan el hacha con gran habilidad, desde temprana edad son empleados (siempre a muy bajo precio) por las madereras de la zona. En algunos casos también usan la madera como un recurso económico (aunque en mucho menor medida que las grandes empresas). "Todas las comunidades rechazan el desmonte (cuando pasan las topadoras y dejan tierra arrasada), pero no así la tala, que en muchos casos es una fuente de ingresos. Si la Corte quiere prohibir la tala, los wichí no acompañarán de forma unánime", advirtió el antropólogo.
Según el Convenio 169 de la OIT (legislación internacional indígena) y la Constitución, los pueblos indígenas deben ser partícipes en las decisiones que implican sus recursos naturales. Traducido: ni siquiera la Corte Suprema puede decidir de forma unilateral sobre sus bosques.
Luego de dos horas de entrevista, el cacique Cabana ya entró en confianza, convida mate y la charla se ha vuelto amable, pero no cede ni un centímetro: "La ruta 86 es territorio indígena. Si viene la topadora, aunque se los permita la Corte Suprema, no la dejaremos pasar. Sabemos que el alambre es sufrimiento. Le pondremos nuestro lomo, seguiremos peleando. Y correrá sangre".


SOCIEDAD › POR HORA, 32 HECTAREAS
La tala y la soja
Según el último Inventario Nacional de Bosques Nativos, realizado por la Secretaría de Medio Ambiente, entre 2002 y 2006 dejaron de existir en la Argentina 1.108.669 hectáreas de bosques nativos, 280.000 hectáreas por año, que equivalen a 759 por día y 32 hectáreas por hora. Salta encabeza las estadísticas de desmonte: en solo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002. En 2007 superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas. La misma Secretaría de Ambiente remarcaba que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, en especial al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal.
El lunes 9, el gobernador Urtubey hablaba con los medios locales y reconocía que la deforestación podía ser un factor determinante del alud. El martes cambió de opinión: aseguró que el desastre se debió a lluvias que provenían de Bolivia y rechazó la posibilidad de que el desmonte haya tenido alguna incidencia. "En los últimos catorce meses no se ha autorizado talar árboles. Lo que ha pasado es que se ha desbarrancado parte del cerro", explicó el gobernador. No señaló que la Ley de Bosques, reglamentada el pasado viernes –catorce meses después de ser aprobada– prohíbe nuevos permisos.
En diciembre pasado, la legislatura provincial, con mayoría oficialista, aprobó el ordenamiento territorial exigido por la Ley de Bosques. Según la norma, cada provincia debía realizar un catastro que determine categorías de bosques según colores: rojo (de alto valor de conservación y que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde (que podrían talarse).
La norma establece que ese mapeo debe contar con participación campesina e indígena. Todas las organizaciones ambientales y comunidades indígenas la rechazaron por inconsulta y por el agregado de artículos que permitirán el desmonte de al menos 1,6 millón de hectáreas.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS


La joven contó su historia en un espéctaculo al aire libre y conmovió a Colonia
Victoria Julien: "Saber toda la verdad"
Luis Carro Colonia

La población coloniense quedó conmovida, el viernes 13 por la noche, cuando en una pausa, en un espectáculo al aire libre, en la avenida principal de la ciudad, subió al escenario Victoria Julien, la hija de Roger Julien y Victoria Grisonas, quienes en 1976 fueron víctimas del terrorismo de Estado en acción coordinada de militares uruguayos y argentinos. La joven contó su historia como hija de desaparecidos y reclamó por Verdad y Justicia.
Roger fue asesinado, en tanto que su compañera, junto con sus hijos Anatole y Victoria, luego de su paso por Automotores Orletti, fueron trasladados a Montevideo a fines de 1976. Los menores estuvieron en la planta alta del Servicio de Información y Defensa (SID), en bulevar Artigas y Palmar.
Anatole y su hermana Victoria finalmente fueron embarcados en un avión hacia Chile. En aquel país fueron abandonados en una plaza de la ciudad de Valparaíso. Terminaron entregados en adopción a una familia totalmente ajena a la tragedia que rodeaba a aquellos niños. Recién en 1989 ambos pudieron recuperar su verdadera identidad.
"Sólo pido que me ayuden a saber toda la verdad", dijo Victoria, luego de contar su historia de vida ante el masivo auditorio que, en la avenida General Flores de Colonia del Sacramento, asistía a la presentación de la murga local "Nunca Más".
Victoria invitó a firmar por la anulación de la Ley de Caducidad y los organizadores del espectáculo permitieron que, durante toda la reunión se instalara una mesa para recoger firmas.
La murga "Nunca Más" surgió en Colonia en 1984 a la salida de la dictadura y, desde sus inicios, fue portavoz de la defensa de los Derechos Humanos.


Aguilar renunció a la Justicia Federal
El Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad volverá a quedar vacante dentro de poco tiempo. Se debe a que el juez federal Horacio Aguilar presentó hace dos semanas su renuncia al cargo que ocupaba en el Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy.
Horacio Aguilar.

Desde hace casi tres años Aguilar es subrogante en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y hace poco fue designado subrogante en el Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad, tras la renuncia de su titular, Abel Cornejo, quien pasó a la Corte de Justicia de Salta
Aguilar explicó a Nuevo Diario que hace dos semanas elevó a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, su renuncia al cargo de juez federal en Jujuy y que una vez que se acepte esta renuncia, un trámite que no demandaría mucho tiempo, caerían también las subrogancias, en las que fue designado en calidad de juez federal de Jujuy.
Ayer circulaban rumores acerca de que la renuncia de Aguilar se debe a que habría recibido un ofrecimiento para ocupar un cargo en el gobierno provincial. Aguilar desmintió esta especie, dijo que hasta el momento no recibió ninguna oferta. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de considerar un ofrecimiento de esta naturaleza: "Cualquier cosa que me ofrezca el señor gobernador debe ser considerada. No le puedo decir que no tan fácilmente", indicó.
Dijo que su renuncia se debe a que, tras 21 años de desempeñarse en el Poder Judicial de la Nación, quiere abrir su propio estudio y dedicarse al ejercicio libre de la abogacía. Con la renuncia de Aguilar quedarán sin juez las causas por violaciones a los derechos humanos que se tramitan en este Juzgado, la primera parte de la causa por la masacre en Palomitas y la investigación del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, entre otras.

Fuente:
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/
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Martes, 17 de Febrero de 2009
Apertura del año judicial
Los juicios de lesa humanidad y de jubilados serán la prioridad para la Corte Suprema
El titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, estableció como prioridades para este año la celeridad en los juicios de lesa humanidad y las causas relacionadas con reclamos de jubilados, al presidir el acto de apertura del "Año judicial".

Los miembros de la Corte junto a Aníbal Fernández
En un acto realizado en la sala de audiencia de Tribunales -al que asistió el ministro de Justicia, Aníbal Fernández- el titular de la Corte señaló que durante este año una de las prioridades de la Corte serán las causas que se siguen por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
"Esto no es por una política conveniente sino porque Argentina sufrió en su historia un drama que hay que reparar. Y tienen razón los que reclaman sentencia para los acusados. Estamos juzgando el pasado y sentando las bases para el futuro", dijo Lorenzetti en su discurso de apertura.
En ese sentido, el presidente de la Corte señaló que se está trabajando "en la mejor organización de estos juicios, y coordinar como hacer para colaborar en la rápida tramitación y resolución" de estos procesos.
También señaló, como otra de las prioridades, la celeridad en las causas relacionadas con reclamos por haberes de jubilados y pensionados.
"Sólo en el fuero de la Capital Federal hay 200 mil causas. No es necesaria tal cantidad de juicios. ¿Ese es el trato que queremos darle a la ancianidad?", se preguntó Lorenzetti ante un auditorio compuesto por magistrados de todo el país.
Al término del acto, el ministro Fernández dijo a la prensa que el gobierno coincide con Lorenzetti, que acompaña a la Corte "en pleno" en sus expectativas para este año y recalcó el "compromiso muy importante" que expresó el titular del tribunal en su discurso.
Fernández destacó asimismo que con algunos de los compromisos enunciados por Lorenzetti "este año se van a empezar a dar los resultados" de celeridad en las causas.
En su discurso, el presidente del máximo tribunal dijo que la celeridad de los juicios no es una cuestión "voluntarista, sino una política de Estado, en la que todos debemos poner nuestra parte" y reconoció que esa falta de rapidez en las causas se debe a "tribunales saturados, falta de computados y edificios", entre otras causas.
En otro tramo se refirió a la crisis financiera internacional, señaló que tendrá "efectos económicos devastadores y sociales, abrumadores" y, en ese sentido, dijo que los jueces tienen la misión de "desarrollar la ética de los vulnerables".
"El juez debe proteger a los ancianos, a los que jubilados que quieren un trato y un ingreso digno, a los jóvenes excluidos y sin futuro, a los trabajadores que quieren estabilidad, a los que no pueden trabajar porque tienen capacidades diferentes, a los más débiles", indicó.
Exhortó también a "proteger leyes claras de previsibilidad económica para resguardar la seguridad social", así como proteger la "naturaleza para mantener el desarrollo sustentable" del medio ambiente.
Llamó a los jueces a "asumir un rol activo dentro de la sociedad, pero sin gobernar, respetando la división de poderes y manteniéndose dentro de los propios ámbitos" y los instó a tener "prudencia, para poder bajar la tensión de las pasiones de los conflictos, y firmeza para defender los consensos básicos".
Este párrafo también fue destacado, al término del acto por Aníbal Fernández, quien recordó que "en el pasado, algunos magistrados después de la crisis del 2001, tuvieron gestos hacia el gobierno que no fueron buenos" y los dichos de Lorenzetti "marcan una muy clara diferencia".
Del acto participaron la secretaria de Justicia, Marcela Losardo; el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos; el Procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino; el Auditor General, Leandro Despouy; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro; y el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
También estaban presentes representantes del Poder Legislativo, de organismos de derechos humanos, de organizaciones no gubernamentales, de gremios judiciales y académicos.
Entre los anuncios, Lorenzetti informó que en la primera semana de septiembre se realizará en Buenos Aires la I Conferencia de Cortes Supremas de América, de la que participarán representantes de los máximos tribunales del continente, y simultáneamente se desarrollará una reunión de Cortes del Mercosur.
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Se negó a declarar el represor Barda al imputársele 12 nuevos Homicidios Calificados en la Dictadura

El Juez Federal de Mar del Plata, Rodolfo Pradas quien investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en los Centros Clandestinos de Detención de Mar del Plata, dispuso ampliar la indagatoria por nuevos hechos al procesado y detenido Coronel Pedro Alberto Barda quien cumplía funciones como jefe de la Sub Zona Militar Nro. 15. Barda había sido citado con fecha 21 de agosto pasado y como estaba siendo sometido a juicio en Buenos Aires no se había podido efectivizar la audiencia. Por eso el ex jefe miltar se presentó hoy en el juzgado federal marplatense donde quedó imputado de nuevos casos, (entre ellos 12 homicidio) lo que motivó la ampliación, y nuevas calificaciones legales. En la ampliación se lo imputó por los delitos de: homicidio calificado, previsto y reprimido por el artículo 80 inc. 6to del CP en perjuicio de Lidia Elena Renzi, Gustavo Eduardo Stati, David Manuel Ostrowiecky, Adrian Sergio López, Susana Beatriz Pegoraro, Susana Rosa Jacue, Eduardo Cagnola, Laura Adhelma Godoy de De Angelli, Jorge Audelino Ordoñez, Rubén Justo García y Mirian Viviana García, un total de 12 hechos, indicaron fuentes confiables judiciales. Tambien la ampliación de indagatoria fue por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas en 9 hechos, y en concurso real, que a su vez concurriría materialmente con imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicios de perseguidos políticos en 19 hechos. El magistrado analizó los pedidos de ampliación indagatoria solicitados por la parte querellante y fiscal, estimando que correspondía hacer lugar parcialmente a ellos, dentro del marco del objeto procesal de las actuaciones, esto es la investigación de las actividades que se desarrollaron en el ámbito de la Armada Argentina, más precisamente en relación a los ilícitos que habíuan acontecido en los centros clandestinos de detención que habrían funcionado en la Base Naval de Mar del Plata, Agrupación Buzos Tácticos, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina (ESIM), ubicada en la zona del Faro de la esa ciudad; y en la Prefectura Naval, centros que de acuerdo a las constancias de la instrucción habrían tenido una dependencioa funcional de la Sub-Zona 15. Según se indicó, lo llamativo de estos casos que hoy se han incorporado junto a la imputación por los homicidios mencionados, es que se consideró que existían elementos para sospechar que la conducta de "imposición de tormentos agravado por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos se habían producido no solo en los cxasos imputados, sino en la totalidad de las privaciones ilegales de libertad".-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

15 de Febrero de 2009 09:00
Atroz: lo que le dijo la dictadura a Europa sobre lo que pasaba en la Argentina


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Juan Gelman y Miguel Bonasso, fichados por los servicios y señalados como "terroristas subversivos apátridas".
Usaron la imagen del Papa Paulo VI para argumentar su inocencia frente al terror.
escabroisas imágenes de supuestas "víctimas de la subversión". Quisieron conmover al mundo. Pero el mundo ya estaba conmovido por sus propios asesinatos.
Muchos de los señalados como "terroristas" sobrevivieron para contar lo que pasó.
MDZ accedió al libro que los miembros de la dictadura militar enviaron a Europa, pretendiendo desmentir sus matanzas y el ejercicio del terrorismo de Estado. Te lo contamos aquí y te mostramos algunas de sus imágenes.




Una cantidad incalculable de bibliotecas públicas del país cuenta en sus estantes con un volumen atroz: el libro que la dictadura repartió en Europa para contrarrestar el clamor mundial en contra de sus crímenes.
Se trata de la versión corregida, ampliada y explicada de un slogan que inundó muchos Falcon en los años 70: "Somos derechos y humanos".
"La Argentina y sus Derechos Humanos" se llama el libro de gran tamaño, escrito en español, francés e inglés y en el que -como primer dato ridículo- se sostiene la "peligrosidad" del escritor Julio Cortázar en que "es uno de los primeros agentes encubiertos del Servicio de Inteligencias Cubana".
Luego, vendrá, en las ajadas páginas del volumen que un lector trajo hasta MDZ, una andanada de barbaridades propias y ajenas. Con ello, pretendieron rusticar el terrorismo de Estado que comandaban en el país.
Los fines "ideológico subversivos" del autor de Rayuela -de cuyo fallecimiento se cumplieron esta semana 25 años- son señalados como parte de una presunta actividad militante en "el ejército revolucionario del pueblo (ERP) y de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR)".
Pero no sólo allí se queda el terrorífico manual del terror. Construido en el típico lenguaje marcial, recurre a los títulos de la prensa internacional para comparar lo que los "subversivos" argentinos hacían con el terrorismo religioso internacional; a la figura de dos Papas: Paulo VI y Pío XI. Con el primero –de quien colocan una foto gigante en la página 7- se dan el tupé de hablar de paz. Con Pío XI, en cambio, señalan más coincidencias en la contratapa del libro, reproduciendo un mensaje de 1937. Se encarnan en él y quieren que se cumplan sus dichos, cual profecía: "Confiamos en que el eco de nuestra voz llegue allí –dijo el religioso- donde se encuentran mentes libres de prejuicios y corazones sinceramente deseosos del bien de la humanidad; tanto más cuanto que nuestra palabra, en estos momentos, desgraciadamente sube de valor a la vista de los amargos frutos de las ideas subversivas…".
Con impactantes imágenes de los muertos en manos de los grupos terroristas argentinos agrupados entre fotos de mutilados y de reposando en el ataud, acompaña textos en los tres idiomas señalados en los que reina la adjetivación y el desprecio hacia cualquier reclamo de cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Vivos
Editado por la "Asociación Patriótica Argentina" queda vacante la respuesta a una pregunta: ¿es la entidad que, con el mismo nombre, ha actuado en defensa del militarismo antidemocrático a lo largo y ancho de toda la historia argentina?
Un indicio de supervivencia, aun en tiempos democráticos, dio una organización con el mismo nombre en 2004. Lo hizo mediante
una carta publicada en La Nación. En ella, se solidarizaron "con el teniente coronel (R) Emilio Nani, injustamente sancionado por una jerarquía militar complaciente con ciertos ideólogos políticos". Nani, violando las leyes y aun las normas que rigen a los militares retirados, había dado un discurso en el que afirmó, públicamente, que "los derechos humanos en nuestro país siempre estuvieron en manos de los terroristas".
La carta firmada en su defensa por la "Asociación Patriótica Argentina" confirmó que 30 años después del último golpe de Estado, la crispación política ha cobrado vigencia. Incluyó este párrafo: "Desde altas esferas gubernamentales, ex terroristas, pero aún subversivos, pretenden que nuestros militares dejen de prepararse para la guerra como lo hacen todas las fuerzas armadas del mundo".
Muertos
No hay pie de imprenta, ni fecha. mucho menos, autores con nombres y apellidos. escudados en una sigla, se escondieron quienes, ya en el prólogo del libro atroz, decían que "si no actuábamos a tiempo", la Argentina se convertiría "en un Auschwitz". Argentina se convirtió en un Auschwitz a escala con los cientos de centros clandestinos de detención, las desapariciones, muertes como consecuencias de torturas, fusilamientos y cuerpos arrojados a ríos y embalses.
Por suerte, Europa -ni nadie- se tragó las palabras de este volumen. Y muchas oprganizaciones hicieron todo lo posible para levantar su voz por sobre el Mundial 78 o las cortinas de humo que se construyeron para hacer conocer lo que aquí sucedía.
Por suerte, Cortázar pudo volver al país y verlo transitar nuevamente un camino democrático, más allá del ninguneo con que ésta lo recibió.
Por suerte, mucha gente no murió y puede contar lo que pasó y quienes lo vivieron de lejos o aun no nacían para ser testigos presenciales, hoy pueden contrastar la informaicón, como no se pudo entonces.
No tanto por suerte como por mérito de la sociedad y de la política, hubo un juicio. Pero es verdad que no se ha saldado la deuda que la historia tiene con la vida en democracia: ¿se conocerá algún día el nombre de quienes escribieron el libreto que ejecutaron los militares, poniendo al Estado a la altura del terrorismo y negando la vigencia de los derechos más escenciales?

Fuente: MDZ Online-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS


16/02/2009 - Visitas La Cámara Federal de Apelaciones ordenó realizar un nuevo estudio Ratificaron la nulidad de la pericia que declaró la inimputabilidad del represor Trimarco

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ordenó la realización de una nueva pericia para determinar si el represor Juan Carlos Ricardo Trimarco está en condiciones de afrontar un juicio por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar durante el cautiverio de sus padres. El tribunal ad-hoc ratificó las anomalías, tal como lo había hecho la jueza federal Myriam Galizzi, como que el perito de parte no fue notificado aunque su nombre fue incluido falsamente en el informe realizado por el Cuerpo Médico Forense, y ordenó que se eleve un informe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La abogada querellante Marina Barbagelata dijo que la decisión fue "satisfactoria", pero que hubiera preferido "que la pericia se realice en Paraná, por profesionales que no pertenezcan al Cuerpo Médico Forense, en virtud de las irregularidades que hubo y que demuestran la falta de seriedad con que se está manejando".
Fuente: Análisis Digital-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

Marta Eva y su hijo Emilio
"Nene, por acá le podés tocar los deditos a tu mamá"

Emilio junto a su familia: su mujer Diana y sus dos hijos mayores. Cuando estaba detenida, su madre le escribía cartas y cuentos
15-02-2009 / La otra leonera. La que Pablo Trapero dejó para que una madre que tuvo a su hijo en las cárceles de la dictadura se juntara con él, 33 años después.
Por Carlos del Frade Periodista - Desde Rosario
La noche carnívora nació antes del 24 de marzo de 1976. A fines de 1975, sobre las seis provincias del litoral argentino, el general Ramón Genaro Díaz Bessone –por entonces comandante del Segundo Cuerpo de Ejército– ordenó la cacería de los militantes de las llamadas Ligas Agrarias y organizaciones sociales cercanas a los sacerdotes identificados con el Movimiento del Tercer Mundo. En el techo de la provincia de Santa Fe, en los territorios que todavía sangran las huellas de las garras de La Forestal, Marta Eva Rodríguez y Héctor Podio peleaban por una sociedad distinta. Fueron secuestrados, torturados y trasladados a distintos lugares de detención. Marta estaba embarazada de siete meses. Emilio nacería en medio de feroces controles y durante seis meses fue criado en uno de los pabellones de Villa Devoto. Las historias de Marta y Emilio revelan, una vez más, la fenomenal resistencia y gambeta que el amor puede hacerle al odio y la brutalidad; al mismo tiempo que reactualiza la notable solidaridad entre las mujeres que protagonizaron aquellas leoneras durante la dictadura más sangrienta que parió la crónica colectiva de los argentinos.
Emilio. –Nací el 25 de diciembre de 1975 en uno de los pabellones de la Maternidad Sardá, en Capital Federal. Tengo un conjunto de recuerdos, dudas, algunas certezas y distintos relatos sobre cómo fueron aquellos primeros años de vida. Las imágenes que son exclusivamente mías, las primeras que me vienen a la cabeza, son algunos juegos con mis viejos yendo en el avión hacia Italia. Ahí estaba totalmente solo con mis viejos. Eso fue tan raro como claro. Tenía cuatro años y medio. Lo demás es difuso: mucha pared. En Rawson recuerdo pingüinos empetrolados en las playas. Y el vidrio que me separaba de mi viejo. El relato de Emilio es de cuando él fue a visitar con su abuela al padre, que estaba en el penal de Rawson, mientras su madre seguía en Devoto. Me quedaron sensaciones de inseguridad, dicha, bronca y cierta fobia a todo lo que sea uniformes, algo que los propios militares se encargaron de engordar con el paso del tiempo y el conocimiento de lo que hicieron. Tengo conciencia de un juego que me hacía mi mamá donde un militar venía caminando sobre un puente y terminaba cayendo en la boca de un cocodrilo. A mí me criaron mis abuelos maternos, Lucrecia la Porota Rodríguez y el nono Roberto Tucho, en Oliveros, al sur de la provincia de Santa Fe, de donde eran mis viejos. Ellos tenían la panadería del pueblo. El nono era muy seco pero muy cariñoso y me transmitió mucho cariño por las plantas de su quinta. Andaba siempre con un loro sobre los hombros. Todo un personaje el nono Tucho. Yo tenía mi propia planta de pimientos y un mangrullo de madera. Desde que tengo conciencia sabía que mis viejos estaban presos por pelear contra la injusticia. Nunca me lo ocultaron. Sabía qué eran mis viejos. Era algo natural. A los seis meses dejé de estar con mi vieja. Por eso digo que para mí no fue tanto el sufrimiento. A mí me gustaba estar en las visitas que les hacíamos a los viejos. Tanto en Villa Devoto a mi mamá, como en Rawson, a papá.
Marta Eva - el secuestro. –El 25 de octubre de 1975, con siete meses de embarazo, cae una patota integrada por efectivos de la policía Federal, posiblemente. Nos secuestran en Villa Ana, en el norte profundo de la provincia de Santa Fe. Yo era una de las maestras rurales del padre, el sacerdote Rafael Yacuzzi. Tenía a mi cargo el jardín de infantes. La detención fue muy violenta, fue un día sábado. Nos vendan, fuimos apaleados salvajemente. Fuimos los primeros en caer de una lista que después llegó a casi veinte personas en aquella parte de la geografía santafesina. Nos llevan para interrogarnos. No sabemos con exactitud si fue en Resistencia o en Reconquista. Escucho las torturas que le hacían a Héctor. Y yo me aferraba a mi panza. Voy a parir, me decía. Quiero llegar a verte, decía. Sabía que el parto iba a ser mi primer grito de victoria. Verlo, tocarlo. Me aferré mucho a la panza. Y mientras tanto me hacían escuchar los gritos de mi marido torturado. Eso duró un buen tiempo. Hasta que nos enteramos que distintas organizaciones políticas y sociales empezaron a pedir por nosotros. Todavía estábamos en democracia. Entonces nos llevan hasta la Policía Federal de Santa Fe. Paso por la estación de tránsito, después la cárcel del Buen Pastor hasta que en noviembre llego a Villa Devoto. El traslado fue durísimo. Apenas llegué al penal, las demás compañeras comenzaron a decirme que tenía que gestionar el paso a la Maternidad Sardá. Estábamos en una situación legal. La primera noche fue terrible. Las chinches me amasijaron. "Se va Marta. Hay que juntar ropita para el bebé", pasaban la consigna las compañeras. Hasta el día de hoy no se de dónde apareció tanta ropa. Tenía para vestir a medio barrio, más o menos. Y cuando me toca irme a la Maternidad se vivió como una fiesta. Se cantaron las marchas, entre ellas la marchita peronista. Hasta me curé los piojos. Me los saqué uno por uno, porque si algo uno tiene en la cárcel es tiempo.
La primera victoria: el nacimiento. –El día del parto fue un día glorioso. Emilio era mi primer hijo. Con todas las fantasías de lo que el sentido común le atribuye al sufrimiento de la madre en el parto. Pero después de todo lo que había pasado, la verdad que me reía bastante. Para mí era un momento de victoria, de alegría, de gloria. Y mientras estaba en las últimas contracciones y en el trabajo de parto, la guardia que me cuidaba se desmayó. Entonces los médicos, los jóvenes médicos de la Sardá me dijeron: "Mejor. Ahora que estamos solos podemos hacer un buen trabajo". Y fue así. Mirá lo que son las vueltas de la vida. A los pocos meses, uno de esos muchachos terminó preso con Héctor y le contó que aquella guardia era gente muy piola. Lo cierto es que Emilio nació a eso de la una y media de la madrugada de aquel 25 de diciembre de 1975. Fue un momento de gloria, de luz en medio del terror. Lo primero que se me ocurrió fue pedirle que me hagan una copia de las huellas del piecito para mi compañero y le llegó. Después, con el tiempo, en una de las requisas le reventaron todo.
Las compañeras. –En la Maternidad Sardá tenía la cunita al lado. También había compañeras panzonas y otras mamás con sus hijos. Recibí un apoyo muy grande. En eso tuvo un rol extraordinario mi mamá, la Porota, alguien que jamás salió de su pueblo y que fue tomando una conciencia de lucha notable, que no dejó de visitarme nunca y que jamás dudó en llevarlo a Emilio a las visitas. Se hacían seis días corridos de una hora de duración cada cuarenta y cinco días. Y ahí estaba la Porota. No fallaba. Eso fue fundamental. Pero volviendo a la convivencia con Emilio, lo tuve hasta los seis meses. Porque cuando se produjo el golpe del 24 de marzo, los milicos imponen un decreto que ordenaba separar a las presas de sus hijos a partir del medio año. Antes el permiso de convivencia era hasta los dos años de vida.
La leonera. –Cuando volví con Emilio al penal me alojaron en el pabellón 49 de Villa Devoto. Había 23 mujeres y tres de ellas, embarazadas. Era un pabellón aislado de los otros. Fue algo extraordinario cómo las tías, las compañeras del pabellón, te recibían. Primero te llevaban a un costado para que les contaras todo, hasta el mínimo detalle del parto y del nacimiento. Hasta se las ingeniaban para preparar un moisés y un tul para que las moscas no le jodieran la vida al bebé. Pero cuando termino de contar toda la experiencia y nos volvemos a ver el moisés descubrimos una nube negra de chinches que brotaron del mimbre de aquella madera. Ahí nomás lo sacamos a Emilio y lo llevamos a la bañera de plástico y esa fue su primera cunita en su primera noche en Devoto. Para colmo no se podía tener ningún tipo de veneno para combatir las chinches, las moscas, las ratas y todo lo peor que una se pueda imaginar. En el pabellón cada una tenía una función, un rol que iba desde limpiar los baños hasta cocinar, era la fajina diaria. Cada día era una jornada llena de cosas. No alcanzaba el tiempo para tanta actividad Era nuestra forma de seguir la lucha. A la comida le llamábamos la tumba y hasta el golpe llegaban algunas verduras para la dieta. Emilio era un bebé dulce, tranquilo y creo que sentía la protección que le dábamos junto a las "tías".
Se separa de Emilio. –Hasta que un día se enfermó de gastroenterocolitis. Me acuerdo que le dábamos cucharitas de agua hervida. Tenía terror a una deshidratación que, más allá de todo lo que hicimos, avanzaba inexorablemente. Fueron cuatro días de angustia. La piel iba poniéndose azul. Entonces la guardia me dice que se lo tienen que llevar al hospital. Pero ni loca dejaba que se lo llevaran solo. Quería estar con él. Y esa fue toda una discusión política. Porque teníamos que tensar la cuerda lo más que se podía. Era pelear por Emilio pero también por los derechos de todas las que estábamos en en el penal. Hasta que no dio para más y una mamá de una compañera se lo llevó. Se lo entregué en sus propias manos y ella se comprometió a no descuidarlo ni un minuto. Y cumplió. Emilio estuvo muy mal hasta que empezó a reaccionar y allí viajó por primera vez a Oliveros con mi mamá. Y yo me quedé en Devoto sin mi hijo en mis brazos. En eso sale el decreto que prohibía criar a los hijos más allá de los seis meses. Quedaban veinte días, según nuestros cálculos. Una vez más, la Porota pelea, viaja hasta la cárcel y me devuelve a Emilio para que pueda disfrutar esos últimos días. Fueron horas de mucha actividad. Hacíamos títeres para los chicos, sketchs, contábamos cuentos, inventábamos cuentos, cantábamos y jugábamos con lo que podíamos. Hasta que llegó el día de la despedida. Entonces los chicos que ya estaban más grandecitos empezaron a preguntar. Se los iban llevando uno a uno. –¿Adónde se va Camilo? –Con la abuela –le decíamos. –¿Adónde se va Guaro? –Con la abuela –le decíamos. Y cuando le tocaba a él, le decía a la mamá: "No te pongas mal, mami, que ahora me encuentro con todos los chicos en lo de la abuela". La Porota hasta en eso estuvo muy bien. Me lo vino a buscar a última hora para que lo pudiera disfrutar lo máximo posible.
Las visitas. –Después llegó el tiempo de las visitas, de aquellos seis días corridos durante una hora cada cuarenta y cinco días. Las visitas a través de las rejas, primero, y después en el locutorio de vidrio. Al principio lo pasábamos a Emilio entre los barrotes para que lo pudiera abrazar, tocar, jugar. Hasta que un día no podía volverlo a pasar. Los nervios, la situación... si me llegaban a descubrir era un castigo brutal: no me iban a permitir verlo durante meses. Así que pobre Emilio le apretujamos las orejitas pero pudo volver con la Porota. En el año 1977 los aprietes eran cada vez más duros. Nos sacaron los diarios, las lapiceras, nos prohibieron cantar en los pabellones grandes. Eran para veinticinco y había más de cuarenta. Después nos llevaron a las celdas, a los celulares, les decíamos. Eran celdas de a cuatro. Lo más lúgubre era el locutorio de vidrios. El aislamiento más brutal. Sentías mucha impotencia. Emilio estuvo muy nervioso la primera vez que nos tocó estar ahí. Entonces hacíamos cuentos. El decía que iba a convertirse en un ratoncito muy chiquito y que cuando estuviera adentro iba a poder romper todos los vidrios para que pudiéramos estar juntos. Pero claro, el ratoncito no alcanzaba a tener tanta fuerza para romper tanto vidrio, tanto aislamiento. Al otro día de visita, el cuento era distinto. Ahora Emilio quería convertirse en un elefante para romper el vidrio y llevarnos a todas. Hasta que una vez, un chico le dijo a la abuela: "La mami tiene piernas". Y ahí nosotras nos dimos cuenta de que los pibes nos veían de la panza para arriba y jamás para abajo. Desde ese día entrábamos paradas y les contábamos sobre los pantalones o lo que sea para que, efectivamente, vieran que sus mamás tenían piernas. Era muy gracioso eso del punto de vista, porque Emilio me mostraba las fotos del lado que él las veía, pero a mí me tocaba verlas desde lo blanco. Así que mostró un montón de imágenes que solamente él veía. Muchas veces hablábamos del papá, le mostrábamos cartas, fotos hasta que un día también vino una frase reveladora: "Mi papá es un hombre", ya no era una foto. En una de esas visitas descubrimos que antes de irnos y separarnos existía una especie de red por la que nos podíamos tocar los deditos. Emilio les decía a los demás chiquitos: –Vení, por acá les podemos tocar los deditos. También Emilio sufría las secuelas. Era un clásico que después de cada visita venía una angina o dolores de panza. Pero todo eso se bancaba, aun en medio de los bajones, por la solidaridad de las compañeras y el rol de abuelas como, en este caso, la Porota. Porque fue la presencia de los nonos la que garantizó nuestra presencia como padres. Y eso es algo extraordinario. No había noche en que Emilio no fuera a dormirse sin mis cuentos. Hasta le hacíamos títeres de dedo para que se pudiera llevar. En una de las requisas me tuve que comer uno porque si no venía el castigo. Me tuve que tragar un peluche. También les pedíamos a las abuelas que los dejaran hacer lo que quisieran frente al micrófono. Entonces jugaban con sus dedos a correr con los nuestros del otro lado del vidrio. La Porota se ponía nerviosa porque quería que me contara todas las cosas que había hecho pero ellos apenas podían hablar. Así que las visitas a veces se iban en correr con los deditos pero era lo que Emilio necesitaba. Por eso llegamos a pedir que de los seis días, hubiera uno exclusivamente para vernos con los padres sin los chicos. Y así fue. Y ahí, firme, como siempre, la Porota. Se bancó revisaciones, que la desnudaran, que la tocaran y ella no daba el brazo a torcer. "Ellos quieren que no venga nunca más. Y no van a poder", me decía. Y así fue.
Marta Eva y Emilio en libertad. –Hasta que el 24 de septiembre de 1980 pudimos partir a Italia los tres. Como Emilio ya había viajado en avión a verlo al padre a Rawson, conocía las mesitas pleglables de los asientos. Y nos dijo: "Mami, yo te explico". Entonces, sobre la mesita del avión, desplegó un juego de animalitos que su abuela Porota le había puesto en el bolso. El pibe nacido en cautiverio, criado en una de las leoneras de la dictadura, es ahora un veterinario que sigue luchando desde Oliveros, en el sur de la provincia de Santa Fe. Sabe que el futuro es una construcción colectiva y que la esperanza tiene sentido. Ahora, con 33 años y tres hijos, reflexiona. –Creo que desde que el mundo es mundo hay gente que pelea por algo más justo y a pesar de que la justicia viene bastante apaleada siempre uno tiene esperanza en relación al futuro. Hoy tengo hijos: Guillermo de nueve años, María Luz, de cuatro, y Celeste, de dos. Siento que tengo la necesidad de continuar la militancia para lograr un cambio, especialmente en lo que respecta al punto de vista de la gente, la forma de ver las cosas, para que termine tanto consumismo. No son tiempos posiblemente de un cambio revolucionario sino de un proceso lento de conciencia. Intentar unir dos nociones, masividad, por un lado, y purismo, por el otro. Y no es sencillo. Pero sigo creyendo. Soy veterinario. Quizás un poco por aquellos años de la quinta con el nono Tucho, pero especialmente por el amor por los bichos de mi viejo, al que todos llaman el Colorado Podio. Yo lo escucho a Emilio, mientras Marta Eva y Héctor están ahí, bien cerquita, no solamente de él, sino de sus otros seis hijos que saben que en esta historia hay claves para un horizonte distinto para los que son más en estos arrabales del mundo.
Fuente: Miradas al Sur.
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AGENCIA DE NOTICIAS PRENSA ECUMENICA
Camilo Torres: En el camino de la búsqueda de unas Ciencias Sociales Latinoamericanas.

Por Prof. Enrique López Oliva.(*)
La Habana. Cuba.

Las grandes revoluciones sociales de principios del siglo XX: la Bolchevique en Rusia y la Revolución Mexicana en América Latina, que arriban a los cien años, estuvieron marcadas por un anticlericalismo profundo, heredero en buena medida de las revoluciones liberales democrático-burguesas de finales de los siglos XVIII y XIX.

En América Latina se confundieron con la gesta independentista, que dividió a la Iglesia Católica Romana como entidad social, al reflejarse en ella las contradicciones de una sociedad colonial que procuraba romper con el yugo de la metrópoli y buscar su propio camino y que no fueron totalmente inclusivas sino tendientes a representar los intereses de los criollos blancos.

Ellas enfrentaron a regímenes monárquico-feudales y a regímenes coloniales inmersos en la llamada "Cristiandad", surgida durante un largo proceso histórico de acoplamiento de la jerarquía de la Iglesia Cristiana con las capas gobernantes, iniciado este en el siglo IV bajo el Imperio Romano con el Emperador Constantino, proceso denominado de "constantinización" del cristianismo, en que esta religión abandonó su carácter popular (no obstante mantener asideros populares) y de religión de los esclavos para convertirse en uno de los principales sostenes ideológicos de gobiernos imperiales y monárquicos.

De la Revolución Bolchevique surgió el primer Estado moderno ateizante, profundizando la separación entre la Iglesia y el Estado, iniciado durante las revoluciones liberales. De la Revolución Mexicana y del enfrentamiento entre liberales y conservadores, aliados estos últimos de la Iglesia, y uno de los principales terratenientes en México, en lucha política por el control del poder, se desarrollaría la política ateizante del presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), que desembocaría en la llamada "Rebelión Cristera" (con la que en cierta medida intentó el gobierno de Calles encubrir las negociaciones con empresas petroleras estadounidenses, y otros problemas internos); una segunda fase que se desarrollaría bajo el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-40), frente a la llamada "educación socialista".

Muchos de los caídos en esta contienda cristera, abandonada por la jerarquía al pactar con el poder, después de haberla estimulado, fueron beatificados, como "mártires del cristianismo", por el fallecido Papa Juan Pablo Segundo.

Lejos estamos en la actualidad de aquellos acontecimientos. La Revolución Bolchevique devino en la cabeza del llamado "socialismo real", calificado por el antiguo dirigente del Partido Comunista de Venezuela, Teodoro Petkoff, de "socialismo irreal", "burocratizado", y a la Revolución Mexicana siguió un largo período calificado de "revolucionario", que se prolongaría incluso más que el régimen soviético, desmoronado tras la caída del Muro de Berlín (1989) y la desintegración de la URSS.

Las políticas ateizantes -estimuladas por la contrapartida del anticomunismo religioso, que se asociaría a la "Guerra Fría", después de la Segunda Guerra Mundial- que acompañaron los propósitos de transformación social y de eliminación de las clases sociales con el objetivo de crear al llamado "hombre nuevo", fueron reemplazadas en Rusia y en los antiguos países del Bloque del Este, alineados pronto a la política de la Administración republicana de George W. Bush, que retornaron al capitalismo después de su frustrada incursión socialista .

Muchas veces, como consecuencia de la ocupación soviética al finalizar la Segunda Guerra Mundial, llevó al poder a pequeños Partidos Comunistas vinculados a Moscú, en estrecha convivencia con el antiguo enemigo ideológico, del cual reclaman actualmente legitimidad y bendiciones para sus políticas.

Antiguas Iglesias Ortodoxas reaparecieron en el escenario, y se reactivaron añejas expresiones religiosas de minorías étnicas, que se vuelcan hacia estas en busca de sustentación identitaria. Se cerraron los Museos Ateizantes y la disciplina denominada "Ateismo Científico" desapareció del sistema de enseñanza. Hasta en la República Popular China se han producido señales de actitudes más flexibles hacia algunas religiones. Durante las pasadas Olimpíadas el presidente Bush asistió a misa en un templo católico de Pekín, abarrotado de feligreses, y el gobierno comunista autorizó a varios Obispos católicos chinos visitar la Santa Sede.

En México el Partido de Acción Nacional, de corte católico, fundado en 1939, reemplazó por un segundo periodo consecutivo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que previamente restableciera las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. En Ecuador, un economista, profesor de universidades privadas católicas, ocupa la presidencia. En Venezuela, un militar jefe de Estado, cita con frecuencia la Biblia para respaldar su "socialismo del siglo XXI". En Uruguay, un médico católico socialista, opuesto al aborto, se convirtió en el primer presidente de izquierda de ese país. En Paraguay, por primera vez un ex Obispo católico, y además partidario de la Teología de la Liberación, encabeza el gobierno, en una amplia y heterogénea coalición.

En el Foro de Sao Paulo -propiciado entre otros por el sacerdote y teólogo belga Francois Houtart, quien fuera asesor teológico del Concilio Vaticano Segundo, y profesor de sociología, en la Universidad Católica belga de Lovaina, del sacerdote-guerrillero Camilo Torres-, una de las expresiones más significativas de los nuevos movimientos sociales anti-globalización y pro democracia, es notable la presencia de grupos religiosos, junto a activistas de variado signo como feministas, medioambientalistas, sindicalistas, indígenas, afroamericanos, gays, y a jefes de Estado como Lula, Evo Morales, Hugo Chávez, Correa.

En Estados Unidos por primera vez ocupa la presidencia un afroestadounidense, consagrado cristiano en una Iglesia Independiente Afro esradounidense, partidaria de la Teología Negra de la Liberación, de madre antropóloga, y antiguo organizador comunitario de iglesias cristianas de Chicago, quien triunfó electoralmente bajo la consigna de que "un cambio es posible". Sólo cuarenta y cinco años antes el Congreso estadounidense aprobaba la Ley de los Derechos Civiles. Cuarenta años atrás asesinaban al pastor afroestadounidense Martin Luther King, Jr.

Qué lejos estamos de la década de los sesenta, cuando la antigua URSS disputaba la supremacía con Estados Unidos; cuando las tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia poniendo fin en 1968 a un intento de reforma desde adentro del socialismo checo; cuando se realizó el Concilio Vaticano Segundo (1962-65), convocado por el Papa Juan XXIII, el "Papa rojo" al decir de los conservadores, y el "Papa bueno" según sus admiradores, que comenzaría el proceso de "aggiornamento" (puesta al día) de la Iglesia Católica, abriéndose a los temas sociales, y posibilitó el inicio de un diálogo entre cristianismo y marxismo.

La aplicación a la realidad latinoamericana se produjo durante la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia, en 1968, inaugurada por el pontífice Pablo VI, primer papa en visitar América Latina (XXXIX Congreso Eucarístico Internacional).

Pablo VI fue autor de la encíclica "Populorum Progressio" -26 de marzo de 1967-, que admitió la posibilidad de una salida violenta revolucionaria frente a una situación política y social exasperante, calificada de tiranía; no obstante, en Colombia condenó la violencia como alternativa política. Católicos progresistas del movimiento juvenil y estudiantil, sindicatos cristianos y grupos sacerdotales, pidieron a Pablo VI: "no bendiga a los asesinos de Camilo", no legitime al régimen injusto de Colombia.

Para muchos comentaristas de prensa el 68 "fue el año de la Iglesia en Latinoamérica", ya que se vislumbraba una ofensiva de la Iglesia Católica en todos los campos, los que no se concretarían en la forma en que se presagiaba. Pronto el episcopado conservador moderaría el ímpetu transformador de parte de su Iglesia, sobre todo a partir del papado de Juan Pablo Segundo, quien desató una fuerte persecución y acoso contra el sector progresista del clero y del laicado, en especial contra los teólogos de la liberación, y en general del clero comprometido con los cambios socio-políticos. Una década de auge de los movimientos de liberación, continuación del proceso de descolonización que siguió a la Segunda Guerra Mundial en África, Asia y el Caribe, y de la aparición del Movimiento de los No Alineados.

En México se masacraba a un número todavía no determinado de estudiantes universitarios y secundarios en la Plaza de Tlatelolco. Cuando se realizaron en La Habana las Conferencias de la OSPAAAL (1966) y de la OLAS (1967) y se fundó la OCLAE (1966), que lanzaría las Jornadas Latinoamericanas Camilo Torres. Cuando surgieron organizaciones de nuevo tipo, político-armadas, que se propusieron tomar el poder por la vía de las armas, a una de las cuales se sumaría como guerrillero el sacerdote Camilo Torres.

Entre los nuevos actores sociales de esa época rica en acontecimientos, estuvieron estudiantes radicalizados, cuadros y militantes de partidos políticos insatisfechos por las proyecciones de sus dirigentes, militares nacionalistas que rechazaron actuar como represores de sus pueblos, pastores protestantes que se divorciaron de "un protestantismo panamericanista" influido por la Guerra Fría, sacerdotes católicos y religiosos y religiosas de distinta nacionalidad, inclusive varias estadounidenses, sensibilizados por los problemas de los más pobres y humildes.

Algunos se organizarían en movimientos sacerdotales como el Grupo de los Ochenta que en Chile apoyó al gobierno socialista de Salvador Allende, de cuya iniciativa surgió Cristianos por el Socialismo, Sacerdotes para el Tercer Mundo, el Grupo Golconda, Iglesia Joven, Iglesia Popular, el Movimiento Sacerdotal ONIS (Organización Nacional de Información Social de Perú), y los Comandos Camilo Torres.

En 1968, en la Universidad de Montevideo se realizó el Primer Encuentro Latinoamericano Camilo Torres…; hasta uno que otro Obispo católico, como el Obispo de La Rioja, en Argentina, Enrique Ángel Angelelli, muerto el 4 de agosto de 1976, en un misterioso accidente automovilístico, que todo indica fue preparado por los servicios secretos argentinos, cuando regresaba de visitar un pueblo donde habían asesinado a dos sacerdotes de su diócesis, y el Arzobispo salvadoreño, Oscar Arnulfo Romero, baleado mortalmente cuando oficiaba misa en el altar de la capilla de la Divina Providencia, en el Hospital del cáncer, de la capital salvadoreña, el 24 de marzo de 1980,

Junto a ellos, seminaristas y activistas laicos, en especial vinculados con el trabajo pastoral en barrios populares y en el campo, sindicalistas hartos de ser manipulados por dirigencias corruptas y gangsteriales utilizadas por patronos explotadores, intelectuales que rompieron con esquemas metodológicos importados y fueron a analizar la realidad de este continente desde una perspectiva propiamente latinoamericana, apareciendo el Movimiento de Educación de Base, la Pedagogía de la Liberación y la Educación Popular Liberadora, y permitiendo el desarrollo de unas Ciencias Sociales Latinoamericanas, que ayudaran a profundizar en el análisis de los diversos problemas que afligen a los pueblos en este espacio territorial.

De estos esfuerzos surgiría una Sociología Latinoamericana, uno de cuyos exponentes fue precisamente Camilo Torres, la Teoría de la Dependencia, para explicar las causas del subdesarrollo en América Latina, Teoría que aún tiene a algunos de sus cuadros con vigencia y fuerza en el espectro académico, por ejemplo Edelberto Torres-Rivas y el expresidente brasilero Fernando Henrique Cardoso, el desaparecido sociólogo evangélico colombiano Orlando Fals Borda, quien participó junto a Camilo en la fundación de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional de Bogotá, y el también brasilero Theotonio dos Santos, entre otros.

Dentro del clero progresista surgiría la Teología Latinoamericana de la Liberación, cuyo primer exponente fuera en 1971, el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez Merino, que influiría en el desarrollo de otras expresiones teológicas liberadoras en África y Asia, y en la población afroaestadounidense, como la Teología Afroamericana, Feminista, Medioambiental y otras, además de la Teología del Diálogo Interreligioso.

Surgirían las Comunidades Eclesiales de Base como nueva forma de práctica cristiana, y la Lectura Popular de la Biblia, además de los Ministros Laicos de la Palabra, muchos de los cuales se convertirían en activistas populares de movimientos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, México, cuyo subcomandante Marcos es también sociólogo.

En 1972 el Instituto Pastoral Latinoamericano, dependiente del CELAM, constituyó la Comisión para el Estudio de la Historia de la Iglesia en Latinoamérica. En la asamblea fundacional de CEHILA, Quito; enero de 1973, se dio el paso inicial.

CEHILA, cuyo principal animador fue el filósofo e historiador argentino, radicado en México, Enrique Dussel, se debió la creación de una Escuela de Historiadores de la Iglesia con metodología crítica, para recordarle a la Iglesia sus gestas a favor del pobre y las complicidades con los poderosos.

CEHILA actualmente, pese a la oposición de sectores conservadores del episcopado y del clero, asumiendo los presupuestos teológicos de la Teología de la Liberación, desarrolla un estudio sistemático de la realidad religiosa del continente, desde una perspectiva macroecuménica y abierta al intercambio con toda expresión religiosa y filosófica, incluso a los que no tienen ideas religiosas. CEHILA-CUBA es miembro del Consejo de Iglesias de Cuba. Entre los miembros fundadores y actuales de CEHILA, muchos son o han sido académicos, fundamentalmente cientistas sociales.

En los últimos años se han producido sensibles cambios en el panorama religioso mundial, desmintiendo los anuncios de sociólogos de la religión influidos por el marxismo manualista soviético ateizante, que anunciaba el fin inminente de las religiones.

El desarrollo vertiginoso de las comunicaciones, la aparición de Internet, ha posibilitado las "Iglesias virtuales" y una mayor difusión de las ideas religiosas, surgiendo "religiones a la carta", enmarcadas dentro de los llamados "Nuevos Movimientos Religiosos", y algunos no tan nuevos, sino producto del reciclaje de antiguos cultos.

En el dinámico contexto de los '50 y '60, en el escenario particular de Colombia, en medio de enfrentamientos políticos violentos y de aguda contradicciones socio-económicas, surgió Camilo Torres Restrepo, a quien no podemos atomizar porque, como a todo ser humano, hay que verlo en su integralidad, con unas facetas e identidades complementando otras.

El Camilo sacerdote, sociólogo, capellán universitario, investigador social, líder, fundador del Frente Unido del Pueblo, fue coherente con el Camilo que, finalmente, fuera guerrillero, incorporado al grupo armado Ejército de Liberación Nacional, y quien llegaría a la conclusión de que el "deber de todo cristiano es hacer la revolución".

Su gesto inspiró a otros cristianos en el continente que se incorporaron de diversas formas a la lucha política por un cambio radical de estructuras que pusieran fin a la pobreza endémica y al sojuzgamiento de los países latinoamericanos a las grandes potencias, principalmente al imperialismo estadounidense, percibido como el principal enemigo de las luchas de los pueblos latinoamericanos, por convertirse en el fundamental sostén de los grupos oligárquicos, sus principales aliados, y de regímenes corruptos y despóticos.

Ese Camilo es, a su vez, coherente con el Camilo hijo, amigo, y estudiante. Quienes tuvimos la oportunidad de estar cerca de Isabelita Restrepo podíamos, a través de ella, percibirlo y, sobre todo, entenderlo.

En los cambios macro y micro sociales en los cuales periódicamente se sumerge la humanidad, las instituciones se transforman o perecen, como parte intrínseca de esos cambios. Actualmente, estamos inmersos en una etapa de evidentes y profundos cambios, que hace intuir la necesidad y posibilidad de muchos más.

Como instituciones humanas, las universidades están urgidas actualmente de transformarse, democratizarse, horizontalizarse. Esas transformaciones pasan por el estudio, consciente y consecuente, de nuestras realidades, sin las fantasiosas extrapolaciones que tantas veces hemos tenido, "inventándonos" o permitiendo que nos inventen en vez de mirarnos y hurgar en nosotros mismos, deconstruyéndonos como realmente somos, que es la única manera posible de entendernos y avanzar procurando emplear nuestras mejores energías, métodos y herramientas, desbrozando caminos hacia la propia realización para poder ayudar a los otros en la búsqueda y construcción de los suyos.

Ahí se sitúa el estudio de figuras como Camilo, y otros; ahí también se sitúa la búsqueda y actualización del cuadro de mártires religiosos o no, que pertenecen a nuestro contexto latinoamericano, más que para venerarlos como imágenes "santificadas", "mitificadas", "gélidas", para conocer y profundizar en sus pensamientos y accionar, apropiándonos de lo que de ellos continúe siéndonos útil, aprendiendo de sus errores y valorándolos tal cual han sido.

Va siendo hora de que las Universidades Latinoamericanas se vuelquen a estudiar con rigor, detenidamente y desprejuiciadamente, este periodo histórico, sin demonizar a unos, ni endiosar a otros, investigar los diversos factores internos y externos que influyeron en este, percibir los aspectos positivos y negativos que dejó este proceso para las generaciones que le sucedieron y que pueden enseñar a los protagonistas del actual momento histórico, que les ayude a construir un mundo mejor, más justo y más humano, como fue el deseo de aquellos que, como Camilo Torres, ofrendaron sus vidas ---dejando un nutrido martirologio, todavía no recogido en detalle por los historiadores, incluso los historiados eclesiásticos--- por un real cambio.+ (PE)

Nota: Esta ponencia fue leída en el Panel: "Universidad y Cambios Sociales", realizado en la Universidad de La Habana, el 11 de febrero del 2009, dentro de la Jornada Nacional Camilo Torres, organizada por el Grupo de Reflexión "Oscar Arnulfo Romero", con el apoyo de varias instituciones religiosas y académicas cubanas, como CEHILA-Cuba, el Centro Memorial "Martin Luther King Jr.", el Centro de Estudios del Consejo de Iglesias de Cuba y otras.

(*) Secretario en Cuba de la Comisión para el Estudio de la Historia de la Iglesia en Latinoamérica (CEHILA-CUBA)

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López Mazz ingresará a predio de laguna del sauceEsta semana se iniciarán lasexcavaciones en Maldonado

El juez penal Federico Álvarez Petraglia ordenará esta semana medidas de no innovar en el predio del Batallón de Ingenieros de Combate N° 4, en base a las denuncias formuladas por un ex funcionario militar.
Un grupo de antropólogos dirigidos por José López Mazz ingresará al predio de Laguna del Sauce para comenzar con las excavaciones en el lugar, según confirmaron a Ultimas Noticias fuentes de la investigación. Se mantiene en reserva el día para evitar la concurrencia de personas ajenas a la indagatoria.Aún no hay indicios de quiénes pueden ser los restos que aparentemente estarían enterrados en el lugar, si es que no los removieron y el testimonio del ex funcionario militar es verdadero.Se trata de un ex soldado del batallón que se desempeñaba en la guardia del predio en 1975 y que más tarde pasó a desempeñarse en la Intendencia Municipal de Maldonado.Fue en su calidad de funcionario municipal que relató entre colegas que durante su actividad militar, una noche vio cómo de una camioneta descargaba en el Batallón lo que parecían los cuerpos de dos personas y los enterraban en un lugar del predio.La semana pasada, una abogada vinculada a la comuna fernandina denunció lo sucedido ante el juez penal Álvarez Petraglia, ante quien más tarde se presentó el ex soldado a ratificar sus dichos, lo que determinó que el magistrado comenzara a tramitar las medidas cautelares, el ingreso al predio y las excavaciones.GelmanEn tanto, Ariel Cancela fue nombrado como el nuevo fiscal titular de la causa que investiga la desaparición de María Claudia García de Gelman, luego del pase en Comisión del fiscal Enrique Moller y la alternancia de distintos fiscales sustitutos, el último de ellos Luis Bajac. Para la defensa se trata de "un gran paso".Además, el juez Pedro Salazar dio curso al envío de fragmentos de un cráneo hallado el año pasado en Vichadero a un laboratorio europeo, para determinar si se le puede extraer ADN que sea cotejable con el de María Claudia. De acuerdo a un estudio del antropólogo Horacio Solla, en base a fotografías de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, existía un 90% de coincidencia de los restos óseos con las fotografías de García. Sin embargo, según pudo saber Ultimas Noticias, su hija Macarena Gelman solicitó a la Justicia el envío de fragmentos del cráneo a Buenos Aires y no a Europa. Fuentes de la investigación indicaron a este matutino que una muestra del material óseo fue enviada en octubre de 2008 a España.Mientras, la Justicia y la defensa de Macarena Gelman buscan datos sobre funcionarios militares subalternos vinculados directa e indirectamente con la desaparición de María Claudia García de Gelman, de una nómina de 300 proporcionada por el Ministerio de Defensa a pedido del juez Pedro Salazar.Se trata de 12 subalternos del Ejército identificados en la investigación realizada por el periodista Roger Rodríguez."Aún no hay fecha de las comparecencias porque tuvimos dificultades para conseguir domicilios donde citarlos", explicó el abogado de la familia Gelman, José Luis GonzálezEn el listado el nombre de José Nino Gavazzo, quien permanece recluido en la cárcel de Domingo Arena. El abogado manifestó que "no se descarta" citar a figuras de mayor jerarquía.Algunos de los funcionarios fueron dados de baja o se fueron del país. Todos ellos cumplían funciones en el Servicio de Inteligencia en el momento en que fue trasladada María Claudia, quien fuera secuestrada en 1976 junto a su esposo Marcelo Gelman. Gobierno quiere agilizar ley de reparación por desaparecidosEl Poder Ejecutivo y una comisión integrada por legisladores de varios sectores trabajan en forma conjunta en la redacción de un proyecto de ley denominado de "Reparación Integral" destinado a las víctimas de la dictadura con la intención de aprobarlo con celeridad.La senadora frenteamplista Margarita Percovich (Vertiente Artiguista) explicó a Ultimas Noticias que hay intenciones que el Poder Ejecutivo "no demore mucho" en la definición del texto legal dado que hay intenciones de alejar la discusión sobre este tema de la campaña electoral. Entre otros aspectos, la iniciativa incluye una indemnización que alcanzará hasta los nietos tanto de los desaparecidos como asesinados durante el gobierno de facto en caso de que hijos o cónyuges ya no estén vivos, según informó a Ultimas Noticias el diputado socialista, José Luis Blasina, integrante de la comisión que trabaja con el Ejecutivo. "El tema de la reparación material es bastante delicado porque a pesar de los avances de la Ley 18.033 hay sectores que aún no han sido contemplados. Hay dos sectores claves que no fueron incluidos, no por olvido, pero deben estar en este proyecto: los familiares de los detenidos desaparecidos y hasta los nietos de tanto los desaparecidos como de los asesinados por la dictadura", sostuvo Blasina. El legislador explicó que esta propuesta se debe a que "ha pasado mucho tiempo" y en varios casos los hijos de los desaparecidos ya han muerto. De todos modos, más allá del borrador que realizó la comisión que también integran Margarita Percovich (Vertiente Artiguista), Lucía Topolansky (MPP) y Diego Cánepa (Nuevo Espacio), el proyecto requiere de iniciativa del Poder Ejecutivo debido a que implica gasto. Según Blasina, a primera hora de esta tarde habrá una reunión con el Poder Ejecutivo en el Edificio Libertad junto al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, el prosecretario Jorge Vázquez, representantes del Ministerio de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Sin embargo, Payseé, Cánepa y Percovich dijeron que no fueron convocados a ninguna reunión.Además de la indemnización económica, el proyecto de ley establece un reconocimiento por parte del Estado de la situación que se dio con el "terrorismo de Estado". Para este fin, el gobierno buscará una representación simbólica de lo sucedido.

Lunes 16 de Febrero de 2009
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El año clave del caso Lejderman


En los próximos meses, la Corte Suprema debería pronunciarse definitivamente sobre la muerte del matrimonio argentino - mexicano, asesinado por militares en Gualliguiaca en 1973. A juicio de Ernesto Lejderman Ávalos, hijo de la pareja, el máximo tribunal de justicia debería ratificar la condena a tres ex oficiales del ex Regimiento Arica de La Serena, porque se ha acreditado que "lo que ocurrió fue un delito de lesa humanidad"
Lorena Muñoz ZapataLa Serena
Tras casi dos décadas de acciones judiciales, el llamado caso Lejderman - una de las causas emblemáticas de violaciones de los derechos humanos en la zona, durante el régimen militar- enfrenta un año decisivo, a la espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el fallo realizado el 2007 por la Corte de Apelaciones de Santiago.
En esta resolución, el tribunal de alzada capitalino condenó a tres ex oficiales del ex Regimiento Arica (hoy Regimiento Coquimbo) de La Serena, a prisión, al considerarlos autores de la muerte del ciudadano argentino Bernardo Mario Lejderman Konujowska (30) y su esposa, María del Rosario Ávalos Castañeda (24), de nacionalidad mexicana. El hecho ocurrió en diciembre de 1973, en el sector de Gualliguaica, en el Valle de Elqui.
Durante su visita a La Serena, en el marco de un homenaje de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a los ejecutados extranjeros durante el gobierno del fallecido general Augusto Pinochet Ugarte, el hijo del matrimonio, Ernesto Lejderman Ávalos (37), manifestó que se espera un pronunciamiento definitivo de este proceso para los próximos meses.
Lejderman -quien es apoyado por abogados del Fasic- plantea que espera que el máximo tribunal ratifique el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, "que tuvo varias aristas positivas, porque se reconoce la verdad de lo sucedido, porque los matan (a sus padres) estando indefensos, sin que representáramos un peligro. Además, se sancionó a tres militares, de una patrulla de diez, condenándolos a prisión y se responsabilizó al Estado chileno, porque quienes mataron a mis padres fueron agentes del Estado".
El querellante rescata también que una ratificación de la Suprema, estaría en la línea de reconocer que "lo que ocurrió fue un delito de lesa humanidad, donde Chile y toda la comunidad internacional han reconocido como tales". De acuerdo con sus cálculo, la respuesta definitiva pare este caso debiera conocerse "en marzo, abril o mayo, a más tardar".
SECRETO REVELADO
Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos se casaron en México y arribaron a Chile en Chile en 1971, entusiasmados con la Unidad Popular y la promesa de la vía chilena al socialismo del ex Presidente Salvador Allende.
El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 puso en peligro a la pareja, que decidieron ocultarse en el sector de Gualliguaica, en la Quebrada de Puclaro, para posteriormente salir del país por la cordillera.
Sin embargo, la huida de los Lejderman Ávalos fue frustrada brutalmente, ya que pese a que el lugar parecía ser el más seguro, la información llegó a oídos de las autoridades de la época. Esto, según la declaración que hizo el ex oficial de Ejército, Pedro Rodríguez, ante el ex ministro Juan Guzmán Tapia, en 2000, en el marco de la investigación por el caso Caravana de la Muerte.
"Un informante llegó hasta la unidad de inteligencia del regimiento Arica de La Serena, manifestando que esta pareja portaba armas y explosivos con los que pretendían abandonar el país", sostuvo el ex militar, según consignó un medio electrónico que tuvo acceso a la declaración de Rodríguez.
NIÑO TESTIGO
Así, durante la madrugada del 8 de diciembre de 1973, un piquete militar irrumpió en el escondite de la familia, que había sido previamente informada por el baqueano que los ayudaba.
Sin embargo, no lograron concretar la huida. Los efectivos encontraron primero a María, que fue asesinada cuando intentaba avisar a su esposo.
El ruido de los disparos atrajo a Lejderman, quien regresó al lugar donde -sin que hubiese enfrentamiento-, el grupo disparó contra él. Su hijo Ernesto, de entonces de algo más de 2 años, presenció ambos asesinatos.
Durante años, la versión oficial fue que, al verse acorralada, la pareja optó por dinamitarse con explosivos que supuestamente mantenían escondidos. Las muertes fueron certificadas por el mayor de sanidad Guido Díaz Pacci. Según los testimonios recogidos por Eliseo González, ex preso político y ex candidato a senador del PC, Lejderman fue dejado por los militares, que "obligan a algunos lugareños a excavar una fosa para sepultar sólo a la madre. Posteriormente, los campesinos regresan en la noche a inhumar a Bernardo, dejando algunas señales para reconocer el sitio".
El hijo del matrimonio fue llevado al regimiento y, posteriormente, a solicitud del jefe de plaza e Intendente de la Provincia, Teniente Coronel Ariosto Lapostol. Fue ingresado a la Casa de la Providencia de La Serena, perteneciente a la congregación del mismo nombre. Según testimonios, el menor habría sido trasladado por el ex comandante en Jefe del Ejército, general ® Juan Emilio Cheyre, en esos años ayudante de Lapostol.
Por este proceso, en 2003 Cheyre - en ese entonces a la cabeza del Ejército- prestó declaración ante el juez Daniel Calvo, sin que se lograra establecer su vinculación en estos crímenes.
TORTUOSO PROCESO
En enero de 1974, el niño fue rescatado por los padres de Bernardo, quienes se lo llevaron a Argentina. En abril de ese año, gracias a gestiones diplomáticas, el cuerpo de Ávalos fue exhumado por reos comunes y trasladado al cementerio General de Santiago. En 1998, cuando Ernesto Lejderman ya había iniciado la búsqueda de sus padres, los restos de María fueron cremados sin autorización y dejados en un cinerario común en dicho recinto.
El cuerpo de Bernardo fue exhumado en 1990, tras la reapertura del caso en Vicuña, ordenada por el juez David Salazar. Desde entonces, y como explica Ernesto, "no vine una, ni dos, ni tres veces a Elqui. He venido muchas veces, no por venganza, sino que buscando justicia".
Durante estos años, y tras la investigación de varios jueces, los tribunales lograron establecer como responsables de este asesinato político al coronel (R) Ariosto Lapostol, al brigadier (R) Fernando Polanco, al suboficial (R) Luis Fernández y al suboficial mayor (R) Héctor Vallejos. Los ex efectivos fueron absueltos en 2006, por un fallo del juez Joaquín Billard, quien aplicó la figura de la prescripción de la acción penal.
Sin embargo, en diciembre de 2007, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la prescripción dictada por el ministro Billard y condenó a Polanco, Fernández y Vallejos, quienes fueron condenados a diez años y un día de cárcel. En tanto, el fallo absolvió al Lapostol, por estimar que no tuvo participación en los hechos.
El tribunal, además, sentenció al Fisco a pagar la suma de 300 millones de pesos por el daño moral producido a Ernesto Lejderman Ávalos, quien hoy espera que dentro de los próximos meses la Corte Suprema ratifique estas resoluciones.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

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