lunes, 16 de febrero de 2009

Avanza el intento de acelerar los juicios contra represores
Organismos de Derechos Humanos entregarán el miércoles "propuestas jurídicas" a Cristina Kirchner. Denuncian que hay leyes que los jueces "no tienen en cuenta"


Los organismos de derechos humanos le entregarán esta semana a la presidente Cristina Kirchner una propuesta para acelerar las causas judiciales que se siguen por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.Así lo informó a Télam la presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, quien precisó que este miércoles representantes de los organismos visitarán la Casa de Gobierno para presentarle a la Jefe de Estado "una propuesta con ideas jurídicas para que esta situación de demora se revierta". "Las causas siguen con lentitud, no se administran formas de resolverlas rápidamente", indicó Carlotto, quien consideró que la Justicia está "siendo corporativa; hay jueces que victimizan a las víctimas en los juicios", aunque reconoció que "hay jueces buenos también". La titular de Abuelas informó que se vienen realizando reuniones permanentes entre los distintos organismos para que "se dicten instrumentos legales desde el Parlamento para que los jueces obren en consecuencia, con un criterio claro y no que se hagan propuestas que después entorpezcan".Carlotto señaló que la primera mandataria comparte totalmente las demandas de los organismos, y así lo dejó en claro en sus últimos discursos, como el del viernes en la ESMA. "Hubo leyes que se aprobaron el año pasado pero los jueces no las tuvieron en cuenta", se quejó y expresó su deseo de que este nuevo proyecto "modere esta lentitud, y que quienes tienen la responsabilidad de juzgar y no cumplan puedan, a su vez, ser juzgados en un juicio político".



LA PAGINA DE ANALISIS DE DISCURSOS
La ideología pública
Una reflexión sobre el carácter ideológico de las decisiones adoptadas por el Tribunal Oral Federal N° 5 que juzga a Jorge Olivera Róvere.

Por Ricardo Dios *
Las últimas decisiones del Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) en el marco del juicio oral y público contra el ex general Jorge Olivera Róvere confirman definidas posiciones ideológicas de los jueces que lo integran: Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías. Si hasta hace poco seguíamos discutiendo supuestamente sobre las formas, procedimientos e interpretaciones reglamentarias, ahora sabemos sin ningún lugar a dudas que las disposiciones del Tribunal son de carácter ideológico. Cuando las formas toman tanto protagonismo dejan de ser formas para convertirse en el fondo de la cuestión.
En el fondo, este tribunal se animó, inclusive, a incumplir con la Acordada 29/08 de la Corte Suprema de la Nación, que estableció los criterios para garantizar la publicidad de la lectura de la acusación, los alegatos y la sentencia de los juicios orales. Eso hizo cuando impidió el pasado martes 10 de febrero que personal de Canal 7 y un fotógrafo de la agencia Télam registraran imágenes del represor Olivera Róvere, ex segundo comandante del Primer Cuerpo del Ejército, jefe de la subzona militar y autor mediato de todos los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la ciudad en 1976 por las Fuerzas Armadas y de seguridad. Olivera Róvere está procesado por ciento veinte secuestros y cuatro homicidios. Si bien es la condena lo que lo hará definitivamente responsable ante la ley (toda persona es inocente hasta que se la declare culpable), el mismo proceso judicial, tardío e imperfecto, ya lo colocó, por las pruebas vertidas en la instrucción, en el banquillo.
El Tribunal sabe que la Corte es, en definitiva, un órgano político y que la Acordada 29/8, del 28 de octubre de 2008, es, ante todo, una declaración política y no sancionatoria. Sin embargo: ¿Debería intervenir el Consejo de la Magistratura, específicamente el Tribunal de Disciplina, ante esta desobediencia de un tribunal inferior respecto de una norma dictada por un tribunal superior? Podría afirmarse que sí.
Entre sus fundamentos la Corte destacó que la difusión de los juicios orales mejora la calidad institucional del Poder Judicial y profundiza el Estado de derecho, que es una garantía del principio de publicidad en el proceso penal así como del derecho a la información pública de la ciudadanía.
Las causas judiciales por los crímenes de la última dictadura militar tienen gran trascendencia pública y requieren de un debate abierto e informado de toda la ciudadanía. Establecer la difusión de los juicios seguidos contra los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar implica un gesto político a favor de la democracia y sus instituciones, una profundización del propio sistema democrático y, finalmente, un significativo avance en pos de concientizar a todos los argentinos acerca de lo acontecido durante esa etapa nefasta de nuestro país.
Los crímenes de lesa humanidad tienen al concepto de humanidad como víctima. En consecuencia, es la sociedad, víctima de esos delitos, la que tiene el derecho a verles la cara a los acusados de esos hechos atroces.
Así planteadas las reglas por el tribunal (que las modificó tres veces en tres días hasta que finalmente el miércoles pasado permitió el trabajo de un fotógrafo de Télam aunque detrás de un blindex) ya no alcanza con poner a la luz toda la normativa que garantiza el derecho a la libertad de expresión (derecho que requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno) ni de la interpretación del artículo 369 del Código Procesal Penal, ni siquiera del alcance de la Acordada de la Corte. Estamos ante una disputa ideológica. ¿Para quién son estos juicios? ¿Para toda la sociedad o para algunos?
Las decisiones del TOF 5 son políticas y de esto estamos hablando. Interpretar a su gusto la normativa vigente o directamente no cumplir con la Acordada de la Corte es ideologizar el conflicto. Hacer visible una ideología no es negativo, pero nos lleva a discutir ideas y no derecho. Los jueces del TOF 5 ofrecen con sus actos una sobreprotección de los represores que no se ajusta a derecho, se ajusta a sus ideas. Esto nos recuerda a ese concepto que tanto perjudicó a la verdad y la justicia en nuestro país: la teoría de los dos demonios. No es el caso, pero por esos caminos a uno se le escapan los pensamientos y el golpe pega en el estómago. Nos dicen con sus sentencias que los responsables son responsables y entonces son condenados (en general lo han hecho así en los casos que les tocó juzgar a represores hasta ahora, con la excepción del caso “Fátima” en el cual absolvió a uno de los tres imputados), pero también parecen decirnos, con sus prácticas de silencio y ocultamiento del juicio, que esos crímenes “por algo fueron”, entonces no vaya a ser que toda la sociedad se involucre en “esta mitad de la historia”: mejor lo escondemos, porque si no el logro será de los organismos de derechos humanos, de la izquierda, de un gobierno revanchista, de los subversivos.
Pareciera que el TOF 5 no termina de aceptar que el demonio fue uno solo, que ese demonio ocupó todo el Estado y que violó todas las normas de derecho público vigente. Y que la víctima de ese demonio fue toda la sociedad. Dictar reglamentos restrictivos en la difusión de estos juicios es dañar la democracia.
El Derecho es una herramienta constitutiva de la democracia, pero también ha sabido utilizarse para impedir el desarrollo de la misma y salvaguardar rigurosas arbitrariedades. El precio del dolor fue muy alto y lo pagó toda la sociedad.
Recordemos que los jueces de la dictadura aplicaban, esencialmente, el derecho privado, el que rige las conductas entre los vecinos, entre los contratantes. ¿Qué se enseñaba en la Facultad de Derecho entre los años 1976 y 1983? ¿Con qué cara se dictaba derecho constitucional? En este lugar todavía descansa una porción del corporativo Poder Judicial argentino. Es el mismo que entiende por democracia únicamente el funcionamiento formal de las instituciones y no la práctica y vigencia de sus derechos y valores.
Como se dijo, los jueces del TOF 5 dictaron en tres días tres normativas diferentes. Esto da cuenta, entre otras cosas, de la incapacidad de conducir pero, sobre todo, de los temblores que genera en el Poder Judicial el interés público.
No se trata de darle espectáculo al suplicio ni de mostrar una condena en la plaza pública con todo el pueblo gritando, se trata –simplemente– de publicitar algo que se creó para ser público.
El Tribunal sabe que hoy un pedazo grande de la política, lamentablemente, se produce o se reluce en los medios. No estamos en los años ’70 ni en los ’80 y hoy la trascendencia pública pasa por la imagen. Entonces, desde ese lugar resisten en la trinchera, escondidos e intentando esconder. Estas medidas apuntan a dinamizar el proceso integral de verdad y justicia que en nuestro país se viene desarrollando, pero lo único que hacen es retrasarlo, porque el que se oculta y esconde ya perdió y solamente está demorando la visualización de esa derrota que no es otra que la derrota de un concepto de país retrógrado y antidemocrático.
* Abogado.


Nuevo paso. Juez solicitó hacer en el exterior examen de ADNEnvían cráneo de Vichadero a un laboratorio españolEl cráneo hallado en el cementerio de Vichadero, presuntamente perteneciente a María Claudia García de Gelman, será remitido al extranjero para exámenes de ADN. La Justicia y el Poder Ejecutivo "instrumentan y coordinan" su remisión a un laboratorio español.
Antropólogo Solla. Procuran corroborar su estudio de los restos. El juez penal de 2º Turno, Pedro Salazar, solicitó realizar en el exterior los exámenes genéticos (ADN) tendientes a identificar el cráneo hallado en el cementerio de Vichadero, Rivera, y cuyo examen antropomórfico evidenció "una probabilidad del 90%" de pertenecer a María Claudia García de Gelman.
El magistrado dispuso el envío del cráneo a un laboratorio en España para la concreción de los exámenes genéticos, para lo cual a fines de 2008 remitió un oficio a la Comisión de Seguimiento de la Comisión Para la Paz, solicitando colaboración para el traslado de los restos al extranjero. La recepción del oficio judicial determinó que la Comisión, dependiente de Presidencia de la República, iniciara los contactos con el laboratorio español para la remisión del cráneo y la concreción de los análisis de identificación genéticos, indicaron fuentes del caso .. En este sentido, "la Comisión se encuentra gestionando los mecanismos de cooperación internacional con el Estado español para la remisión del cráneo", de forma de garantizar las medidas de prueba requeridas en el trámite judicial. Los restos óseos "saldrán de la custodia del Poder Judicial", por lo cual se deben otorgar todas "las garantías para no alterar la cadena de prueba", expresaron las fuentes.

TrámiteLa Comisión de Seguimiento remitió meses atrás una nota a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) poniéndose a disposición del Poder Judicial para facilitar el asesoramiento o la gestión de exámenes de ADN para la identificación de personas presuntamente detenidas-desaparecidas.
El resultado del examen antropomórfico dispuesto por el antropólogo Horacio Solla sobre un cráneo encontrado en el cementerio de Vichadero en 2005, reveló un 90% de probabilidad de pertenecer a María Claudia. El examen consistió en una comparación del cráneo con las fotografías de la joven argentina desaparecida.
La solicitud del magistrado de disponer exámenes genéticos en el extranjero para corroborar fidedignamente el informe de Solla, implicó el inicio de las gestiones de cooperación internacional por parte de la Comisión de Seguimiento. En este sentido, la Comisión, el Instituto Técnico Forense (ITF) y los representantes de la familia Gelman en Uruguay se encuentran "instrumentando y coordinando" el envío de los restos óseos al laboratorio español. La Comisión tiene "capacidad" para disponer que se realicen exámenes genéticos en el laboratorio de Policía Técnica, pero ante el requerimiento del juez Salazar se iniciaron los contactos internacionales, indicaron las fuentes. "Si el magistrado hubiera dispuesto la concreción del análisis genético en Uruguay, las muestras se habrían remitido a Policía Técnica y ya se estaría realizando el examen", estimaron.
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS



A todos los interesados en el Juicio Oral a Colombo:Pasamos a contar las últimas novedades:
El Juicio se inicia el próximo Miércoles 25 de Febrero a las 9.30 hs.en el Colegio de Escribanos de la ciudad de Formosa, sito en 25 de Mayo y Padre Patiño.
Las audiencias serán los martes, miércoles y jueves, mañana y tarde.
Alrededor de 3 a 4 testigos serán citados por turno, aún no se extendieron las cédulas puesto que no tienen claro las fechas. Iniciarían con los querellantes, y luego empezarían con los testigos. No hay testigos por la defensa, solo que aparecen en las testimoniales presentadas por Físcalía y algunas de las querellas, los imputados en la Causa Carrillo , creo que irían por lectura, pero no está definido.
El tema de los pasajes ya está encaminado, solo que tenemos que entregar el lunes las Proformas con el costo de los pasajes vía aérea, clase turista de A. Argentinas, de París a Buenos Aires, y luego vía terrestre para Clarisa y Felicitas Carrillo, así como de todos los otros testigos, todos serán vía terrestre aparentemente. El viático fijado es de 186$, pero , en caso de que el costo en alojamiento sea mayor se les reintegrará.
Se regirán por la Acordada de la Corte para todo lo que sea difusión y televisación, aún no definieron el tema de las acreditaciones.
El lugar es el 1º piso del COLEGIO DE ESCRIBANOS , sito en Padre Patiño y 25 de Mayo, ya está instalado el equipo y falta poner la pantalla, hay capacidad para 100 personas, aún no pudimos arreglar donde estarán los testigos mientras esperan, hay una pequeñita sala contigua, pero ya veremos.
Hoy estuvimos con los jefes de Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Provincial, junto al Secretario de DDHH del TOF, que estarán a cargo de la seguridad, vimos juntos el predio, nos permitirían recorrer el mismo con los testigos que deseen ver el lugar antes de entrar y saber donde estarán los jueces y demás, para ubicarse, si esto los tranquiliza.
Se permitirá el acceso a los medios, aún no está definido si ingresan dos o más por medio, esto lo tramitarán ellos con la prensa. Estaríamos acercando esta semana el listado que proponemos para presenciar las Audiencias, necesitamos DNI, Institución y nombre y apellido, nada más. (pedimos que quienes vayan a querer presenciar las Audiencias nos avisen con tiempo, o lo pidan directamente al TOF)
Se supone que el Juicio durará dos meses y medio o tres.
A Colombo lo trasladarían desde su residencia al Ministerio de Justicia, ahí instalarían la teleconferencia.
Lo que aún tienen que garantizar es una pantalla para que el público siga el Juicio, pues, por la ubicación y la orientación del lugar, la pantalla para que vean a Colombo los miembros del TOF, quedaría medio de espaldas al público, si bien nos dicen que en todo juicio el imputado nunca queda de frente a la audiencia, pero esto hay que pelearlo. Bueno, un abrazo a todos. Alejandra Carrizo-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS




Tala, petróleo y alud
Organizaciones campesinas y pueblos originarios denuncian los efectos de la tala y la explotación petrolera.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-119990-2009-02-15.html
"Queremos tierra donde vivir tranquilos"
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/119990-38229-2009-02-15.html -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

hermanos del gobernador urtubey, el intendente de tartagal y hasta un senador en el curro del desmonte
Los negocios entre el barro

Funcionarios del gobierno de Salta, incluyendo dos hermanos del gobernador Urtubey, son los propietarios de las empresas que hicieron desmontes indiscriminados. Hubo decenas de advertencias de técnicos y meteorólogos. Nadie las escuchó y el fenómeno se puede repetir. Sólo en 2007 se autorizó desmontar una cantidad de hectáreas equivalente a 23 veces la Capital Federal.

"Cuando llueve, el terreno no tiene absorción porque faltan las raíces de los árboles extraídos, entonces el agua drena y recorre libremente. O sea, si el agua no es consumida por la vegetación, se inunda".
Eduardo Piacentini, del Departamento Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional.

Del tártago sale el aceite de ricino, llamado en el mundo "castor oil" (aceite de castor). Hace cuatro mil años lo usaban los egipcios como planta medicinal o combustible para sus lámparas, y sus hojas parecen una estrella dibujada por Miró, de puntas juguetonas y alargadas. Purgante y combustible, el tártago también se utiliza en cosmética para alargar las pestañas. Esta planta rústica y llena de estrellas sabe sobrevivir: se adapta con facilidad a distintos ambientes y tiene una gran resistencia a la sequía. Pero no sobrevivió a Tartagal. En Tartagal ya casi no quedan tártagos, y el equilibrio se rompió como una rama seca. Esta población de 56 mil habitantes vive sobresaltada desde su fundación en 1924: fue entonces cuando se descubrió petróleo, el 25% del total de la cuenca del país y alrededor del 16% de la producción de gas. Tartagal vivió entonces la quimera del oro hasta 1992, cuando Menem privatizó YPF y el 90% de la población de la ciudad quedó desocupada. En 1999, y en 2002, y en 2003, la rabia llegó a la calle y la ciudad se convirtió en un polvorín. En 2006 el agua llegó a apagar el fuego, y Tartagal se hundió en el barro. Ya habían sido taladas 609.323 hectáreas, y todos se golpearon el pecho y dijeron que había que parar. Pero el entonces gobernador Romero, en su último año de gestión, mientras la Ley de Bosques se discutía en el Congresó, autorizó el desmonte de 478.204 hectáreas: una extensión similar a la de 23 (sí, veintitrés) veces la Capital Federal en un solo año. Muerte, grietas y barro después, la Presidenta reglamentó la Ley 26.331, sancionada el 28 de noviembre de 2007. El artículo 42 de la Ley de Bosques le otorga al Poder Ejecutivo noventa días para reglamentar la norma. Pasaron catorce meses hasta que Cristina se decidió a hacerlo. Ya era, claro, tarde. Pero el Gobierno insiste en que el hecho no debe vincularse con Tartagal.NUNCA LO HICIMOS (NI VOLVEREMOS A HACERLO). Entre 2004 y 2007 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a 211 audiencias públicas, de las cuales 195 correspondieron a proyectos de desmonte. De esos 195 pedidos fueron aprobados 191; dos no llegaron a serlo por falta de tiempo para elaborar un dictamen y otros dos quedaron postergados para 2008 y tal vez ahora se frenen con la Ley de Bosques, que en Salta comenzó jugando en desventaja: pierde su partido 191 a 2, en el mejor de los casos. Si se analiza la distribución de permisos de desmonte según la zona, el departamento San Martín (al que pertenece Tartagal) está en segundo lugar en el ranking.Un informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación durante la gestión de Romina Picolotti revela que con Juan Manuel Urtubey en el poder, aliado K, se desmontaron en 2008 136.000 hectáreas, la mayor parte en el departamento San Martín, en Jujuy, Santiago del Estero y Chaco."La deforestación registrada –señala el informe fechado en noviembre– indica que se trata de uno de los procesos de transformación de bosques nativos de mayores dimensiones en la historia del país, siendo el avance de la frontera agrícola la causa principal (…) el reemplazo de los bosques por la agricultura se realiza principalmente para el monocultivo de soja". El segundo cuadro ilustra esa pérdida.Pocas tragedias han sido tan anunciadas como la de Tartagal: un informe elaborado por ingenieros de la Universidad Nacional de Salta en 2006, luego de la primera gran inundación, advertía sobre la inminencia de otras catástrofes. En su "Diagnóstico y evaluación de la cuenca del río Tartagal y área de influencia", Claudio Cabral y Gloria Plaza aseguraban que en la cuenca alta "la cobertura vegetal ha sido alterada y modificada", favoreciendo la erosión. "La vulnerabilidad de la cuenca del río Tartagal a nuevos eventos catastróficos es altamente probable que se repita", concluían Cabral y Plaza. El estudio fue elevado a la municipalidad de Tartagal.–Las causas fundamentales del alud –comentó a este diario Osvaldo Canziani, doctor en Meteorología, miembro del Panel Intergubernamental de la ONU sobre Cambio Climático, en referencia al último evento– son las lluvias intensas, características de la época del año, y el mal uso del suelo. La deforestación es un flagelo que tiene un conjunto de implicaciones graves, las que, directa o indirectamente, han contribuido a generar los desastres de Tartagal, la pampa húmeda y las inundaciones de Santa Fe en 2004 y Cañada de Gómez en 2000.–¿Hay puntos en común entre este alud y la inundación de 2006 en Tartagal?–No sólo los hay sino que la primera inundación ha agravado las consecuencias de ésta y las que seguirán debido a la exacerbación de los eventos extremos, entre los cuales no deben descuidarse las sequías proyectadas para el Noroeste argentino en este siglo XXI.BUSINESS ARE BUSINESS. En Salta muchos políticos juegan en el bosque: mientras se debatía en Buenos Aires la demorada Ley de Bosques, en Salta, en la diagonal de la escena, los hermanos del gobernador kirchnerista Urtubey crearon una empresa dedicada al desmonte. Facundo Norberto (46 años, director de la Agencia de Promoción de Salta, esto es, funcionario) y José Antonio Urtubey (34 años) crearon la firma JOFA, que tiene entre sus objetos sociales el de "explotar o administrar bosques, forestación y reforestación de tierras". Facundo ya tenía cierta experiencia en el área: a poco de asumir su hermano gobernador formó con otros socios la empresa agropecuaria Unapala SRL. El senador justicialista Alfredo Olmedo llevó sus intereses al recinto: el bautizado Rey de la Soja presentó un proyecto de "ley de ordenamiento territorial" que contemplaba seguir desmontando en la provincia cerca de cinco millones de hectáreas. Olmedo tiene varias denuncias por "desmonte irracional y fue favorecido por Romero con la entrega de 320 mil hectáreas de tierras fiscales. Para no ser menos, el intendente de Tartagal, Sergio Napoleón Leavy, es, según confirmó a Crítica de la Argentina el secretario general de la CTA Tartagal, Diego Alcoba, "propietario de uno de los aserraderos más importantes de la región, y beneficiario directo de los desmontes masivos". Leavy aparece desde 2001 ante la AFIP declarando que su actividad principal es la de "extracción de productos forestales de bosques cultivados".Los cruces entre política, soja y alud son inagotables: la familia Mochón, por ejemplo, desmontó 38.900 hectáreas y su "gestor" fue el ex diputado nacional, ex ministro de gobierno y conjuez de la Corte Suprema provincial Osvaldo Camisar. César Raúl Mochón es titular del Grupo Solanas y presidente de la Cámara Argentina de Tiempo Compartido, y el desmonte se autorizó en tierras para ganadería en la Estancia Ezrah, del departamento Rivadavia. Aníbal Caro, ex secretario de Empleo de la gobernación hasta 2007, preside la empresa Desafío del Chaco junto a Ernesto Pablo Casal: obtuvieron autorización para talar 10.420 hectáreas.El gobierno salteño autorizó también el desmonte de 1.670 hectáreas a la firma Los Dos Ríos SA en los alrededores de Orán, que abarca parte de la selva de los yungas, una zona declarada Reserva Mundial de Biósfera por la UNESCO. Los Dos Ríos es de Mario Ernesto Gerala y el síndico es Julio César Loetayf, dos veces diputado nacional y hoy ministro de Desarrollo Económico de Urtubey. Gerala es un encanto: el pasado 22 de septiembre fue denunciado por reducir a la esclavitud a dieciocho peones de la etnia toba en la finca Abra Grande. Armani Agropecuaria tiene, por lo menos, un nombre elegante: pertenece a Silvio y Bruno Armani (no confundir con Giorgio ni con Exchange) y figura como aportante a la campaña de Cristina con tres donaciones de 15.000 pesos cada una, el 19 de octubre de 2007."Quería compartir con el conjunto de la Secretaría el logro institucional materializado en la fecha", comienza un mail enviado a toda su Secretaría por Homero Bibiloni a las 17.02 del 13 de febrero. "Hemos reparado una deuda ambiental", prosigue el ahora secretario de Ambiente, reemplazante de Picolotti. Bibiloni, el conmovido funcionario, es el funcionario que autorizó la mayor tasa de desmonte como subsecretario de Atilio Savino. Aunque, como se sabe, todo es siempre fruto de la casualidad.INVESTIGACIÓN: J L /JESICA BOSSI
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La historia suele ser falsificada"
Ramón Torres Molina, militante histórico del peronismo y su batalla contra la amnesia social.
24-01-2009 / El presidente del Archivo Nacional de la Memoria revisa su gestión.
Por Marcelo DuhaldePeriodistaLa oficina de Ramón Torres Molina está en lo que fue la Escuela de Guerra Naval, a metros de donde funcionó el centro clandestino de detención de la Esma. Extraño sitio de trabajo para este ex preso político y abogado de 58 años que en la actualidad preside el Archivo nacional de la Memoria. Ahora, reflexiona ante Miradas al Sur sobre la naturaleza de su gestión: denunciar la represión estatal y reivindicar las luchas populares a lo largo de la historia del país a través de la recopilación y exposición de documentos y archivos referentes a las dictaduras que se fueron sucediendo.–¿Qué fue y para qué se creó la Esma?–Fue creada en la década del '20 por una donación municipal con la finalidad de establecer centros de educación. Así nació la Esma, que tenía por finalidad instruir a suboficiales. También funcionó la Escuela Superior de Guerra Naval para oficiales de alta graduación. –¿Que papel jugó la Esma desde entonces en la política nacional?–Al realizarse el golpe de Estado del 4 de junio de 1943 aquí se produjo un tiroteo contra las fuerzas del Ejército que avanzaban por la avenida Libertador a tomar la casa de Gobierno. Posteriormente, el 17 de noviembre de 1972 se produce una sublevación de oficiales y suboficiales. Fue en el mismo día de la vuelta de Perón a la Argentina. Apoyando su regreso, capturaron armas para intentar entregárselas a la población. Por este hecho fueron sometidos a un consejo de guerra aproximadamente 56 integrantes de la Armada, oficiales, suboficiales y conscriptos. Y fueron mantenidos en prisión hasta la amnistía del año 1973. Fue una paradoja, desde luego que los altos mandos de la Armada habían querido, en 1972, formar un grupo de tareas con funciones clandestinas, como el que existiría a partir de 1976.–¿Cómo fue que la Esma se convirtió en un lugar emblemático de la represión?–En parte, porque está situado en el centro de Buenos Aires y después de Campo de Mayo fue el centro ilegal por el que mayor número de personas pasó. Hay más sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada que de Campo de Mayo por lo que tenemos mayores conocimientos sobre lo que ocurrió allí. Con las acciones de los grupos de tareas, se manifestó la disputa de poder que existía entre las distintas armas. Recordemos los antecedentes históricos. La Marina de Guerra, así se llamaba en ese momento, tuvo un rol protagónico en los hechos de 1955 cuando se derrocó a Perón, desempeñando un papel político fundamental a partir de esa fecha. Sin embargo, en las luchas entre azules y colorados de los años 62 y 63 la Armada pierde poder por las derrotas que sufre en esos enfrentamientos. Entonces hay un intento permanente de ellos por recuperarlo. poder político. Los fusilamientos de Trelew, el 22 de agosto de 1972, forman parte de este intento por recuperar protagonismo. Y se acentúan a partir de 1976, a través de la Esma. –¿Cómo fue recuperado para la memoria luego de que en la época de Menem hasta se quiso demoler sus instalaciones? –En primer lugar, hubo una medida de no innovar propugnada por los organismos de derechos humanos, ya que era un elemento de prueba con relación a los hechos que se habían producido en el país. Se preservaba un lugar en el que se habían cometido delitos de lesa humanidad, aun cuando estaban cerradas las vías para acciones judiciales como consecuencia de la vigencia de las leyes de punto final, obediencia debida y decretos de indulto. En esa época se reivindicaba el derecho a la verdad y además era un centro donde habían nacido niños apropiados, a los que se les había sustituido la identidad. Con esos argumentos, se impidió la demolición de estos edificios. Luego, la acción del presidente Kirchner con relación a la reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia y el impulso a una política de derechos humanos con la reapertura de los juicios, le otorga otro sentido y otro significado al lugar. Es así como se resuelve el desalojo de la Armada. –¿Cuál es el sentido de crear un espacio para la memoria en este lugar? –Forma parte de la reivindicación de la memoria histórica, que es un enfoque que efectúan distintos sectores sociales, organismos no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, tendientes a reivindicar las luchas populares de distintas épocas y además, esclarecer la represión que se desarrolló en nuestro país. Si hacemos un análisis histórico tradicional, esas cuestiones han sido obra de historiadores aislados y eso provocó que durante más de cien años en nuestro país existiese una falsificación de la historia donde por ejemplo a un genocidio se lo llama Campaña del Desierto. Donde a personas que entregaron el patrimonio nacional se le levantan monumentos. Donde personas que tuvieron políticas genocidas, propugnando el exterminio de sectores de la población aborigen o criolla, como Sarmiento o Mitre, tengan lugares que los recuerdan o calles o también monumentos históricos. Esa investigación fue tarea de historiadores individuales y el esclarecimiento de esos hechos fue la labor de la historiografía tradicional. En cambio, la reivindicación de la memoria histórica la hacen sectores sociales en forma mucho más inmediata con los hechos que se produjeron. El análisis de esos hechos ha impedido que aquellos que participaron en delitos de lesa humanidad fueran consagrados como próceres. Hoy no hay ninguna calle que recuerde a los genocidas de la última dictadura. –¿Cuál es la tarea desarrollada del Archivo Nacional de la Memoria?–Su función es la de preservar los fondos documentales que tenía en ese momento la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: la Conadep que dio base al Archivo Nacional de la Memoria como resultado de la primera comisión de la verdad que funcionó en el mundo. Cuenta también con el fondo documental elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos desde el año '84 y de material digitalizado, constituido por juicios que se han sustanciado y se sustancian por delitos de lesa humanidad. El ámbito de investigación o competencia del Archivo está referido a la represión estatal, o sea que no tiene límites cronológicos en el tiempo, puede investigar e incorporar materiales referidos a cualquier etapa que se vivió en nuestro país. Hay un grupo de investigadores que está en la búsqueda de documentación y análisis de otros temas no considerados o no existentes en el fondo documental. La tarea futura es la incorporación de fondos documentales que hace a otra etapa del proceso histórico de nuestro país. El Archivo Nacional de la Memoria es activo porque está brindando información a los juicios que se están desarrollando por delitos de lesa humanidad, al Ministerio de Defensa, para los ascensos del personal militar, de las fuerzas de seguridad, a las provincias que lo solicitan en lo que hace al ascenso de su personal o en los ámbitos de seguridad privada donde se analiza si las personas tienen o no antecedentes en este archivo. Esta es la importancia de un archivo especializado a diferencia de un archivo histórico tradicional.–¿Qué información se puede obtener del archivo? ¿Cómo se accede?–En el día de hoy, no toda la información está abierta al público. Se está por presentar un proyecto de ley para revertir eso. Por ejemplo, contamos con los boletines reservados de las Fuerzas Armadas. También hay distintas resoluciones que hacen que el material de la Secretaría de Derechos Humanos y relacionados con violaciones de derechos humanos sea confidencial. Nosotros se lo brindamos a los familiares, a organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y obviamente a la Justicia, sin ninguna restricción.–¿Cómo está integrado, cuáles son la función y las atribuciones del Ente Nacional de la Memoria?–Es tripartito y tiene jurisdicción sobre las 17 hectáreas que conformaron Esma. Esta integrado por la Ciudad de Buenos Aires a través del Instituto Espacio por la Memoria, por el Estado Nacional –específicamente, la representación del Estado Nacional se hace a través del Archivo Nacional de la Memoria– y un representante de organismos de derechos humanos.–¿Cuál es el mensaje que se quiere trasmitir a la sociedad desde el Archivo Nacional de la Memoria?–Primero, la difusión de lo que fue la represión estatal. No sólo de la última dictadura militar, sino hechos anteriores. Y por otro lado, destacar que frente a esos hechos hubo luchas populares destinadas a terminar con esa represión, con esos gobiernos dictatoriales que existieron en nuestro país. Por lo tanto, estamos hablando de reivindicar nada menos que la memoria histórica.

Fuente: Miradas al Sur
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El asesinato de Floreal Avellaneda durante la dictadura llega a juicio
Justicia para el Negrito

Tenía 15 años cuando fue secuestrado. Su cuerpo mutilado apareció en la costa uruguaya en 1976. El 21 de marzo debe comenzar el juicio oral contra cinco represores, entre ellos el general Santiago Omar Riveros, a quien defiende el ex juez Alfredo Bisordi.
Por Adriana Meyer

Una escena familiar de Floreal "el Negrito" Avellaneda con su mamá, Iris Pereyra.
Floreal "Negrito" Avellaneda tenía 15 cuando fue asesinado, y su cuerpo mutilado y sin vida apareció en la costa uruguaya en 1976. Luego de 33 años su caso llega a juicio oral y público. "Esperamos que los milicos paguen lo que hicieron, que los metan en cana con perpetua, no sólo por el Negrito sino por los 30 mil desaparecidos", dice a Página/12 su madre, Iris Pereyra. A partir del 21 de marzo, cinco represores van al banquillo de los acusados, entre ellos el general Santiago Omar Riveros, defendido por el ex camarista de Casación y actual abogado de represores, Alfredo Bisordi.
"Trato de estar lo mejor posible, que esto llegue a su fin porque la lucha es dura y la Justicia deja bastante que desear, por ejemplo, aún no sabemos el lugar del juicio", agregó Iris, de casi 70 años y sobreviviente de la noche en que la secuestraron junto a su hijo, cuando en realidad buscaban a su marido.
El Negrito, como le decían, nació en un hogar de trabajadores con compromiso social. Su abuela fue una de las primeras en organizar la solidaridad con los presos políticos de la Década Infame en los '30, mientras que sus padres, Iris y Floreal, fueron y son militantes comunistas. Al tiempo del golpe de Estado de 1976 Floreal padre trabajaba en Tensa, una fábrica metalúrgica del norte bonaerense, y había sido elegido delegado junto a otros compañeros de izquierda y de la Juventud Peronista. Todos fueron reprimidos y algunos permanecen desaparecidos. En la madrugada del 15 de abril una banda del Ejército asaltó el hogar de los Avellaneda en busca del dirigente, que alcanzó a escapar por los techos y casi logra llevarse al Negrito. Los uniformados se llevaron a su mujer, Iris Pereyra, y a su hijo Floreal a la comisaría de Villa Martelli, donde fueron sometidos a brutales torturas. Fue la última vez que Iris vio a su hijo. Los documentos que pudieron ser rescatados son el acta de allanamiento de la vivienda y el certificado de defunción de Floreal realizado en Montevideo. Los médicos forenses encontraron señas de que el joven había sido empalado, tal como lo denunció el escritor y periodista Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar: "... incluyendo el chico de 15 años Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles".
Los familiares y compañeros de militancia de los Avellaneda no se quedaron quietos. Recorrieron comisarías, jefaturas militares y despachos judiciales. El abogado Julio Viaggio, dirigente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, logró que se ordenara la identificación del cadáver de Floreal, en mayo de 1976. Iris Pereyra sobrevivió y dio su conmovedor testimonio en el Juicio a las Juntas Militares.
La causa que llega a juicio oral, la primera del megaproceso sobre los crímenes cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo, tiene 33 años de existencia. Dormida durante la dictadura, en 1984 fue impulsada con la detención de algunos represores. El ex presidente Raúl Alfonsín los liberó y su sucesor, Carlos Menem, indultó a sus jefes. A seis años de la anulación de las leyes de impunidad y tras lograr el reconocimiento de la inconstitucionalidad del indulto a Riveros, este general, que fue uno de los jefes máximos de la dictadura e integró la Junta Interamericana de Defensa, comenzará a ser juzgado a partir del 21 de marzo, junto a los oficiales Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni, al director de la Escuela de Infantería Osvaldo Jorge García, y a Alberto Angel Aneto, que revistaba en la comisaría de Villa Martelli.
A Riveros lo defenderá quien hasta el año pasado integraba la Cámara Nacional de Casación Penal, Alfredo Bisordi. El ex camarista logró jubilarse en junio mientras se realizaba su juicio político, acusado de demorar las causas sobre violaciones a los derechos humanos. En agosto obtuvo su matrícula como abogado, con las felicitaciones de las huestes de la activista castrense Cecilia Pando, para seguir beneficiando a los represores. Con los dos demonios como marco teórico, ya intentó abrir una causa sobre el copamiento del regimiento de Formosa realizado por Montoneros, donde murieron militantes y soldados, y se hizo cargo de la defensa del ex agente de inteligencia del Batallón 601 Julio Cirino, detenido en noviembre.
La querella de la familia estará representada por el abogado Jorge Brioso, la de la agrupación Justicia Ya! por Liliana Mazea, y Guadalupe Godoy y Carlos Zamorano representarán al Partido Comunista, al que pertenecían las víctimas, en la primera vez que un partido político actúa como querellante en un juicio de estas características. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Justicia Ya! iniciaron una campaña previa al juicio con la consigna "A la calle que ya es hora de justicia".
La última imagen
"Soy sobreviviente del campo en donde hubo más desaparecidos, Campo de Mayo, estuve 15 días desaparecida y fui torturada, luego me llevaron a la cárcel de Olmos y de ahí a Devoto, donde estaba a disposición del PEN, y luego de más de 3 años fui liberada", relata Iris Pereyra con la voz firme. "La última imagen que tengo del Negrito es de cuando salimos, en la puerta de casa, y ya en la comisaría de Villa Martelli me dijo: 'Mami decí que papi se escapó'. Esas fueron las últimas palabras que le escuché, pero estábamos ya vendados. Yo estaba atada a una camilla y como había empezado a los gritos me pusieron una mordaza", cuenta para explicar por qué no pudo contestarle a su hijo en medio de la tortura. "Desde Olmos mandé cartas a todos lados, cárceles, Iglesia, nunca nada. Hasta que me enteré cuando salí, mi cuñada hizo coraje y me contó lo que había pasado", dice sobre el momento en que supo lo ocurrido con Floreal hijo, cuyo cuerpo apareció el mismo mes en que hubiera cumplido 15 años. Floreal padre se había escapado de la casa de Sargento Cabral 2385, en Munro, porque su cuñada le gritó "ahí vienen las Tres A", pero una de sus medias quedó enganchada en una viga y los militares se dieron cuenta de la fuga. "Estábamos preparados, con el corazón en la boca, un delegado que piensa como pensábamos nosotros, éramos del Partido Comunista que sería veneno para ellos como para hacernos desaparecer, pero lo que más le duele a uno es un hijo, y se lo llevaron", dice esta mujer que sobrevivió para contarlo. Una vez que estuvo en libertad, Iris se reencontró con su marido, que había estado escondido en casas de compañeros, tuvieron otro hijo que ahora tiene 29 años y se mudaron a Villa Tessei. "Es hora de que la Justicia se ponga los pantalones y vayan todos los milicos presos, yo no tengo rencor si no saldría con un revólver, pero la idea nuestra no es de matar. Tienen que pagar por lo que hicieron, nosotros no cometimos ningún delito", enfatiza antes de despedirse.
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Arg - Entrevista a Viviana Beigel sobre la situación de las causas por crímenes contra la humanidad en Mendoza. Radio Nizkor, 09ene09.
Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor, entrevista a Viviana Beigel, abogada y representante jurídica del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza, acerca de lo que podemos llamar una "redefinición" del modelo de impunidad argentino.
Viviana aborda la situación de las causas por crímenes contra la humanidad cometidos por fuerzas militares y policiales durante la Dictadura en la Provincia de Mendoza.
Tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, anulación que llevó a cabo al Corte Suprema de Justicia de la Nación en junio de 2005, se reabren en Mendoza las causas que se habían iniciado en los '80 y comienza de nuevo la instrucción. Viviana explica la historia procesal de las mismas desde que las leyes de impunidad se anularon, resaltando el hecho de que en Mendoza se da una situación particular, y es que se ha citado a testigos que ya habían declarado y cuyas declaraciones ya estaban en el procedimiento, lo que ha provocado una demora bastante importante en la tramitación de las causas... "Casi 4 años de investigación y sin resultados para elevar a jucio salvo en 2 ó 3 casos específicos".
La reinstrucción de las causas llevada a cabo de esta forma dilatoria "es evidente que tiene que ver con el mantenimiento de la impunidad en Mendoza... No tenemos una justica transparente y democrática".
En esta estrategia Viviana ve la nueva modalidad de impunidad en Argentina y confirma la cuestión que se le plantea de que podríamos redefinir esta situación como un "ajuste del modelo de impunidad anterior": tras la nulidad de las leyes se redefine el modelo y se utiliza el aletargamiento de las causas mediante procesos de instrucción casi indefinidos, las excarcelaciones mediante el manejo de la prisión preventiva y el juego con la edad de los imputados y acusados de mayor edad.
Viviana también aborda el tema de por qué no se usa la figura de organización criminal (por ejemplo cuando se habla en Mendoza del D2) y, en cambio, se busca demostrar las acusaciones una a una, cuando en aplicación del derecho internacional de obligado cumplimiento en Argentina eso permitiría juzgar al colectivo responsable de la organización criminal que tenía como finalidad la comisión de este tipo de crímenes (asocicación ilícita conforme al derecho interno argentino).
Viviana explica al respecto que los tribunales federales argentinos no han aceptado este planteo, "primero por la misma idea de impunidad, pero también con la intención de aferrase a un proceso judicial ordinario común que tiene que ver con el delito común y no con los crímenes contra la humanidad", con lo que respecto de los centros clandestinos, o respecto de las unidades de exterminio, en que no hubo ningún sobreviviente, los responsables quedarán siempre en libertad, ni siquieran habrán sido citados a proceso.
Tampoco se está aplicando la teoría del comandante ni el principio de responsabilidad del mando, que hace responsable a todo superior jerárquico, por acción u omisión, de los crímenes cometidos por sus subordinados, y sin lugar dudas cuando existe un control de facto sobre los mismos. Como consecuencia, la cadena de mando queda liberada de culpa.
Viviana expone también el actuar de un juez en Mendoza de trágica fama para el derecho a la justicia y la propia credibilidad de la justicia en la Argentina. Se trata de Walter Bento. Su actuación ha hecho posible la dilación de las causas y no ha permitido en cambio la acumulación de causas derivadas de un mismo operativo criminal...
Por último, se aborda la grave cuestión de las excarcelaciones de represores ordenadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, la cual ha excarcelado, incluso sin fianza, a todos los represores que estaban detenidos en Mendoza sobre la base de no existencia de peligro de fuga o posibilidad de obstaculizar el accionar de la justicia... Así lo hizo mediante decisiones de fecha 23may08, 18sep08 y 12 y 19nov08. Ante estas decisiones, Viviana y otros abogados de derechos humanos han solicitado se abra juicio político a tres jueces de esta Cámara por otorgar libertades y excarcelaciones a responsables de crímenes contra la humanidad.
Es de destacar que el 30oct08, la Cámara Nacional de Casación Penal en pleno dijo, en el caso "Díaz Bessone", que los procesados con prisión preventiva, incluso aquellos acusados por delitos graves, tienen derecho a gozar de libertad durante el proceso siempre que no entorpezcan la investigación o haya peligro de fuga.
... Mendoza tiene así a todos los represores libres.

ii)
Solicitan la constitución del Jury de Enjuiciamiento de tres jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
FORMULAN DENUNCIA JURY DE ENJUICIAMIENTO
Señor Secretario del Jurado de Enjuiciamiento:
Pablo Gabriel Salinas, abogado Mat. Fed. T-65 F- 577, Viviana Laura Beigel, abogada Mat. Fed. T-77- F-810, Alfredo Guevara Escayola abogado, Mat. Fed. T-75 F-635, apoderados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Regional Mendoza, con personería Jurídica Nacional Resol. Nº 002/84 de la Inspección General de Justicia, Expte. Nº 7471/78 con domicilio en San Lorenzo 478 de la Ciudad de Mendoza, también representado por María del Carmen Gil de Camín, L.C: 3.043.466 y Elba Morales, D.N.I: 3.499.576; Rodolfo Néstor Yanzón, abogado por la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, Carlos Varela Alvarez, abogado, , nos presentamos y decimos:
I- Personerìa y Legitimación: Las personarías invocadas surgen de los poderes generales para juicios que en copias se acompañan, como organismos defensores de los Derechos Humanos hemos sido admitidos en calidad de querellantes en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en la Provincia de Mendoza.
II- Objeto:
El artículo 1º de la Res. 1/1999 del Consejo de la Magistratura señala que "Toda persona que tenga conocimiento de un hecho u omisiòn imputable a un magistrado del Poder Judicial de la Naciòn, que configure alguna de las causales de remoción previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional, podrá denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura. El denunciante no será parte de las actuaciones pero estará obligado a comparecer siempre que su presencia sea requerida".
En estas condiciones y en el carácter antes invocado, venimos a formular la presente denuncia contra los Dres. Alfredo Juan López Cuitiño; Carlos M. Pereyra González; Julio Demetrio Petra Fernández, todos miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación exponemos:
El día 23 de mayo del 2008, con la firma de los Dres. Alfredo Juan López Cuitiño; Carlos M. Pereyra González y Julio Demetrio Petra Fernández, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza resuelve otorgar la libertad a todos los detenidos acusados de los asesinatos del estudiante Amadeo Sanchez Andia y de Víctor Romano Rivamar. La decisión carece de fundamento legal, en virtud de las probanzas incorporadas a la causa, pero los camaristas dictan la falta de mérito y ordenan la inmediata libertad a quienes fueran policías federales durante la dictadura militar: Rodolfo Cardello, Marcelo Leon y Luis José Mirotta. En efecto, durante la instrucción penal el juez federal Walter Bento había imputado y procesado a estos tres represores fundando su decisión en las declaraciones de Carmelo Cirella Paredes, quien durante más de 20 años había acusado a aquellos como autores de los asesinatos de Amadeo Sánchez Andía y Romano Rivamar. Cirella Paredes, desde 1984 comenzó a denunciar la autoría de estos homicidios, cuando desde la cárcel envió una carta a Conadep. Ratificó sus dichos ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza. Detalló los dos secuestros seguidos de muerte, y reconoció haber participado como chofer. Claramente señaló que, en ambos casos intervinieron el jefe de inteligencia Ricardo Aleks y los policías Rodolfo Cardello, Marcelo León, y José Luis Mirotta y reiteró su denuncia ante el juez federal Walter Bento. A pesar de la prueba rendida, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza dictó la falta de mérito de Cardello, León y Mirotta y ordenó la inmediata libertad.
El 18 de septiembre con el voto positivo de Julio Petra y Carlos Pereyra González (Alfredo López Cuitiño votó en contra), también liberaron al sargento del Ejército Argentino Osvaldo Benito Martel acusado por los delitos de tormentos agravados en concurso ideal con lesiones leves en perjuicio de Margarita Rosa Camus, nieta del entonces gobernador de San Juan, Eloy Camus (que también fue detenido) y actual jueza de garantías de la Justicia sanjuanina.
El 12 y el 19 de noviembre otorgaron la libertad de los ex comisarios Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk, procesados por delitos de lesa humanidad, entre ellos por el homicidio del escritor y periodista Francisco Paco Urondo y la desaparición de su esposa, Alicia Raboy.
De conformidad al trámite impreso al presente proceso corresponde señalar que la causal de juzgamiento se constriñe exclusivamente al supuesto de "mal desempeño" contemplado en los Art. 53 y 115 de la Constitución Nacional, en el que han incurrido los jueces que integran la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones, por cuanto desconocen de manera inexcusable el derecho aplicable a los crímenes contra la humanidad que se juzgan en los tribunales federales de nuestro país y otorgan la libertad a quienes fueron procesados en estas causas a pesar de existir pruebas contundentes respecto de su participación criminal.
Los camaristas denunciados demostraron el desconocimiento palmario del derecho aplicable a las causas que tramitan por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que instaló en nuestro país el terrorismo de Estado durante los años 1976–1983. Como consecuencia de ese desconocimiento inexcusable y en virtud del incumplimiento de la normativa de jerarquía constitucional, los jueces aquí denunciados hacen lugar a la excarcelación de los procesados por delitos de lesa humanidad, lo que es motivo suficiente para considerar que incurrieron en el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y han cometido graves irregularidades en los procedimientos en los que han intervenido, correspondiendo tipificar su accionar en el art 25 incs. 1 y 2 de la ley 24.937.
En efecto, los Dres. Alfredo Juan López Cuitiño; Carlos M. Pereyra González; Julio Demetrio Petra Fernández fundan sus resoluciones en los argumentos vertidos por la Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo "Diaz Bessone" y en virtud de ello consideran que debe otorgarse la excarcelación de los procesados Oscar Orlando Dopazo, Osvaldo Benito Martel, Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk considerando que no existe peligro de fuga ni posibilidades que los acusados obstaculicen el accionar de la justicia si se les otorga la libertad mientras tramita el proceso en su contra.
Los magistrados aquí denunciados han demostrado el desconocimiento inexcusable de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en especial, de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, que en sus Artículo I, II y III dispone: "Los Estados partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. Artículo II: Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Artículo III: Los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Los Estados partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona." (el subrayado y la negrita nos pertenecen).
Los magistrados han obviado e incumplido esta Convención Internacional suscripta y ratificada por nuestro país.
Mediante las excarcelaciones resueltas, los Dres. Alfredo Juan López Cuitiño; Carlos M. Pereyra González; Julio Demetrio Petra Fernández están permitiendo y tolerando la comisión del delito de desaparición forzada de personas por parte de aquellos que fueron acusados oportunamente por el Juez de instrucción Dr. Walter Bento, toda vez que, se trata de un delito permanente que se sigue cometiendo mientras no se establezca el destino o paradero de las víctimas. Los acusados, ahora en libertad, están cometiendo el delito de desaparición forzada por lo que los camaristas han otorgado excarcelaciones a personas que están delinquiendo en forma permanente y continuada.
Pretenden los camaristas fundar su decisión en el principio de inocencia. Sin embargo, la decisión demuestra el desconocimiento del derecho aplicable a estos delitos de lesa humanidad, toda vez que el grado de certeza respecto de la responsabilidad penal de quienes cumplieron funciones en los centros clandestinos de detención es, a esta altura de la investigación, un elemento que no puede ser dejado de lado al momento de resolver el otorgamiento de la libertad de aquellos que participaron en la represión ilegal.
Es así que, los jueces denunciados no han tenido en cuenta que, conforme surge de la doctrina del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY), la dictadura militar argentina constituyó una Empresa Criminal Conjunta ("Joint Criminal Enterprise") y en el sentido de Nuremberg se trató de una organización criminal que tuvo como finalidad la comisión de actos que son crímenes contra la humanidad y que son imprescriptibles. Que la responsabilidad penal individual por pertenencia, o participación en la organización criminal o empresa criminal conjunta que tiene por finalidad la comisión de actos delictivos que son crímenes contra la humanidad, es predicable respecto de los agentes del Estado - ya se trate de militares, policías o miembros de otras fuerzas de seguridad, incluidos los servicios de inteligencia dependientes de los organismos del estado- y respecto de las autoridades civiles con competencia jurisdiccional en las áreas de comisión de los crímenes, y que por acción u omisión (no haber emprendido acción alguna para evitar su comisión o sancionar como corresponda a los responsables) hayan contribuido o participado de algún modo en la perpetración de tales actos. Los acusados de delitos de lesa humanidad, hoy liberados por los camaristas denunciados, son responsables penalmente por su pertenencia y participación en la Empresa Criminal Conjunta, toda vez que fueron parte de las fuerzas de seguridad y cumplieron funciones en el centro clandestino D2 durante la dictadura militar y con su conducta han contribuido o participado de algún modo en la perpetración de los delitos de lesa humanidad cometidos.
En este sentido, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998, establece en su artículo 25.3 sobre Responsabilidad Penal Individual: "3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien: a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable; b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa…"
Es decir que, los camaristas, han liberado a quienes son responsables de haber cometido crímenes contra la humanidad, incumpliendo las obligaciones del Estado Argentino de tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas.
Por otra parte, el argumento utilizado por los magistrados que denunciamos en cuanto que los acusados no obstaculizarán el accionar de la justicia si permanecen en libertad, no puede sostenerse en el marco de los crímenes contra la humanidad cometidos y demuestra la errónea valoración de los elementos objetivos, causando con ello un grave peligro para la seguridad pública.
Los delitos cometidos por los acusados excarcelados son en su esencia obstáculos para la justicia, que lleva más de 32 años sin que hasta la fecha haya recaído en la Provincia de Mendoza una sola sentencia condenatoria. Y en este orden de ideas, los camaristas debieron analizar que los acusados han promovido obstáculos a la investigación judicial desde el mismo momento en que utilizaron todo el poder del Estado para montar centros clandestinos de detención, produciendo el ocultamiento de pruebas y el retaceo de la verdad, desde que organizaron operativos de secuestro en la más absoluta clandestinidad y ocultaron los cuerpos de los 200 desaparecidos que son el resultado del accionar delictivo de las fuerzas de seguridad en nuestra Provincia. Además, los obstáculos a la investigación son continuados en el tiempo a través del permanente silencio y de la intimidación de testigos como un medio para alcanzar esta finalidad.
Conforme a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, los delitos de lesa humanidad por los que se encuentran procesados los encartados no admiten beneficios tales como los concedidos por los camaristas denunciados, en virtud del carácter aberrante de los mismos y de la circunstancia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige el efectivo castigo de los autores de esos hechos. Los jueces debieron usar la sana crítica al momento de analizar las excarcelaciones solicitadas, y en este sentido correspondía valorar la índole de crímenes contra la humanidad de los hechos imputados, y realizar un análisis profundo y pormenorizado, en cuanto estos delitos fueron producidos mediante la utilización de todo el poder del Estado.
La decisión de los magistrados denunciados no ha sido acorde a los Pactos internacionales suscriptos por nuestro país y aplicables al caso, y no han respetado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Han incumplido la normativa de jerarquía constitucional, en especial la Convención Americana de derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, art. 1.1, 8, 25 y ccdtes.), la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y no han respetado las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resultan de aplicación obligatoria para nuestros tribunales.
En este sentido la CSJN sentenció respecto de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: " ...de ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (cf. art. 75 de la Constitución Nacional y 62 y 64 de la Convención Americana y art. 2*, ley 23.054)". (CS "Giroldi H. s/recurso de casación", CS, abril 7 1995, "Jurisprudencia Argentina". T*. 1995, pág. 571).
Por ello, se impone recordar el caso Velásquez Rodríguez en el cual la CIDH dijo: "El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación…En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona...Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. (C.I.D.H. caso Velázquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4. Párr. 172, 174, 177. Conceptos reiterados luego en "Godínez Cruz". Sentencia del 20 de enero de 1989, serie C No 5, párr. 181-184, 188. Caso "Gangaray Panday". Sentencia del 21 de enero de 1994, serie C No16, párr. 62. Caso "Caballero Delgado y Santana". Sentencia del 8 de diciembre de 1995. Serie C No 22, párr. 56, entre otros. En Repertorio de Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.)
La "seriedad" a la que se alude en el párrafo transcripto, es requerida en todas las etapas del proceso y se aplica al resolver excarcelaciones. Sin embargo, los camaristas denunciados no han actuado con la seriedad con la que debieron hacerlo, ya que los postulados que surgen de la normativa internacional de Derechos Humanos son incompatibles con cualquier resolución judicial que transforme las medidas impuestas a los procesados por delitos de lesa humanidad, en una mera formalidad.
Es por ello que, las excarcelaciones otorgadas por los Dres. Alfredo Juan López Cuitiño; Carlos M. Pereyra González; Julio Demetrio Petra Fernández constituyen mal desempeño en sus funciones poniendo en peligro la seguridad de los testigos, querellantes y abogados que impulsamos las causas que tramitan en la Justicia Federal por violaciones a los derechos humanos, toda vez que no debieron dejar de lado el contexto en el que se solicitaron estas excarcelaciones, toda vez que se impone que los tribunales intervinientes se abstengan de cualquier medida que pueda poner en riesgo o aumente el ya existente respecto de los testigos que deben declarar en las causas, así como de los empleados, funcionarios y magistrados que llevan adelante los juicios. Sólo basta recordar la desaparición de Julio López.
Al decidir respecto del otorgamiento de las excarcelaciones de los acusados por crímenes contra la humanidad, los camaristas denunciados debieron tener en cuenta la vulnerabilidad de los testigos y la presión que para ellos significa la sola información del otorgamiento de un beneficio semejante, con el que se sentirán atemorizados para prestar su valioso testimonio.
En definitiva, las decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones sólo tienden a garantizar la impunidad de los represores que se encuentran imputados y procesados por violaciones a los derechos humanos, a diferencia de lo que sucede en los numerosos fallos de los tribunales de otras provincias de nuestro país que deniegan excarcelaciones, prisiones domiciliarias y condenan a cadenas perpetuas a cumplirse en cárceles comunes.
El mal desempeño de los camaristas denunciados surge de los autos Nº F-20331 caratulados "Compulsa extraída en As. Nº 181-F carat. "Mirotta y otros p/Apelaciones"; Autos Nº 428-F: 429-F; 427-F; 421-F; 360-F, 339-F, 418-F "INCIDENTES p/Excarcelación Orlando DOPAZO"; Autos Nº (Osvaldo Benito Martel); Autos Nº.433-F "INCIDENTE p-Excarcelaciòn Tamer YAPUR" y autos Nº 449 F caratulados ".p/Excarcelación", los que ofrecemos como prueba debiendo oficiarse al Juzgado Federal de Mendoza a fin de que las actuaciones sean remitidas ad-effectum videndi et probandi.
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el art 25 incs. 1 y 2 de la ley 24.937, y considerando que los Dres. Alfredo Juan López Cuitiño; Carlos M. Pereyra González; Julio Demetrio Petra Fernández han incurrido en mal desempeño en sus funciones, en el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y que han cometido graves irregularidades en los procedimientos en los que han intervenido, solicitamos se de trámite a la presente denuncia instando el procedimiento de ley a fin de que se lleve adelante la constitución del Jury de Enjuiciamiento.
III- Petitorio:
En razón de lo expuesto solicitamos:
1- Se proceda conforme lo establece el Art. 3 de la Resol. 1/99 del Consejo de la Magistratura.
2- Se inicie el procedimiento, se investiguen los hechos y se sancione a los Magistrados denunciados.
Proveer de Conformidad.
Es Justicia.
iii)
El Juez Bento autoriza a un represor a tomarse vacaciones en Mar del Plata.
Apenas 24 horas después de que un organismo defensor de los derechos humanos pidiera el juicio político para tres camaristas federales, un juez del mismo fuero autorizó a un procesado por crímenes de lesa humanidad a tomarse 15 días de vacaciones en Mar del Plata.
El imputado argumenta que necesita un descanso relajado porque atraviesa una difícil situación psicológica.
La resolución fue adoptada ayer por el juez federal Walter Bento y beneficia al suboficial retirado de la Policía de Mendoza Eduardo Smaha Borzuk, quien había sido recientemente excarcelado.
El policía se desempeñó en el Departamento 2 de Inteligencia (D2), por donde pasaron varias personas desaparecidas durante la última dictadura militar.
También se lo acusa -junto a otros policías de la muerte del escritor y periodista Franciso "Paco" Urondo.
Viviana Beigel, abogada del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (DDHH) sostuvo que la medida de Bento "es una barbaridad, como una burla, algo inmoral".
El Movimiento Ecuménico por los derechos Humanos había presentado el lunes, ante el Consejo de la Magistratura, el pedido de juicio político para tres miembros de la Cámara Federal de Apelaciones por supuesto mal desempeño: dispusieron la falta de mérito y dejaron sin efecto prisiones preventivas de varios inculpados en delitos de lesa humanidad.-
[Fuente: Clarin, Bs As, 17dic08]
iv)
Falta de mérito para Cardello, León y Cirella Paredes.
La Cámara Federal de Mendoza rechazó el procesamiento de dos ex policías federales y un chofer de esa fuerza de seguridad acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el 75 y en el 76. La Justicia dictó la falta de mérito y ordenó la liberación de Rodolfo Cardello (alias Willy), Marcelo León y el denunciante Carmelo Cirella Paredes.
Los argumentos de la resolución judicial apuntan a las contradicciones de Cirela, quien acusó a Cardello y a León de haber participado en el secuestro y asesinato de Amadeo Sánchez Andía en el ?75 y de Víctor Romano Rivamar en el ?76, aunque después cambió su declaración.
Si bien Cardello, León y Cirella fueron liberados, la Cámara Federal no los sobreseyó, lo que significa que podrían ser procesados en el futuro. Por eso, el fallo solicita también al juez Walter Bento que siga investigando ambas causas.
Cerca de las 17 de ayer, un móvil del Servicio Penitenciario trasladó a los acusados desde el penal Almafuerte hasta los tribunales federales, en Pedro Molina y España, en donde fueron notificados de la resolución. El primero en bajar fue Cirella, quien descendió con la cara tapada. Después bajó Cardello, a cara descubierta y riéndose. Por último León, quien optó por no mostrar su rostro.
La investigación del secuestro y asesinato de Romano Rivamar y de Sánchez Andía se abrió a partir del trabajo del periodista de Radio Nihuil, Rodrigo Sepúlveda, quien reflejó ambos casos en el documental Legajo Conadep 7746.
Ésta es la única causa en la cual el Estado provincial es querellante. Por eso, hoy a las 12 habrá una conferencia de prensa en la Dirección de Derechos Humanos.
[Fuente: Los Andes, Mendoza, Arg, 23may08]
Más Información:
Texto completo del la resolución del Tribunal Pleno en el caso "DIAZ BESSONE, Ramón Genaro s/ recurso de casación.
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/bessone.html
Información sobre la impunidad en Mendoza.
http://www.derechos.org/nizkor/arg/infomain.html#men
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS


LA PENA MÁXIMA ES DE 25 AÑOS DE CÁRCEL
Juzgarán a un militar por secuestro y apropiación
Es el primer caso que llega a la Justicia por resultados genéticos obtenidos de un cepillo de dientes del joven hijo de desaparecidos.








NO HAY OLVIDO. Las Abuelas de Plaza de Mayo son querellantes en el juicio contra el ex comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei por apropiación de un hijo de detenidos-desaparecidos que comenzará el próximo 23 de febrero (Foto de Archivo: Télam).
El juicio oral y público al ex comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei por apropiación de un hijo de detenidos-desaparecidos comenzará el próximo 23 de febrero, constituyéndose en el primer caso que llega a la Justicia con resultados genéticos obtenidos mediante un allanamiento judicial. El Tribunal Oral Federal 6, presidido por José Martínez Sobrino y con María del Carmen Roqueta y Julio Panelo como vocales, será el encargado de juzgar en los Tribunales de Comodoro Py al represor acusado de la sustracción de un hijo de detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar.Los cargos que se le imputan a Rei son los de retención y ocultación de un menor de 10 años, supresión de la identidad y falsificación de documento público, considerados delitos de lesa humanidad y cuya pena máxima puede alcanzar los 25 años. Rei está acusado de la apropiación del hijo de Liliana Clelia Fontana Deharbe y Pedro Fabián Sandoval, nacido durante el cautiverio de su madre, y a quien el represor anotó como propio bajo el nombre de Alejandro Adrián Rei en abril de 1978. Así lo determinó la justicia de instrucción en la causa que tiene como querellante a Abuelas de Plaza de Mayo, que logró que ante la negativa de Alejandro de someterse a la extracción de sangre, se realizara un allanamiento en su domicilio para analizar sus pertenencias y obtener información genética. En 2006 la justicia admitió por primera vez como válido para establecer la identidad el análisis de un cepillo de dientes , que confirmó que Alejandro era hijo del matrimonio Fontana-Sandoval. "Es un caso importante porque por un lado se muestra que con este procedimiento se puede restituir la identidad de quien fue apropiado y llegar a un juicio oral donde se establezca una condena", expuso Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Iud explicó a Télam que después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que en 2003 resolvió que la extracción compulsiva afectaba derechos de la víctima, "la posibilidad de conocer la identidad de hijos de desaparecidos quedaba desplazada". "Acá se está mostrando que se pueden realizar las dos cosas sin afectar los derechos de nadie, aunque no compartimos los criterios de la Corte en el caso de Evelyn Vázquez Ferrá porque consideramos que no hay afectación de derechos", afirmó. EL CEPILLO DE ALEJANDRO. Liliana Fontana tenía 20 años y estaba embarazada de dos meses y medio cuando fue secuestrada junto a Pedro Sandoval el 15 de julio de 1977, en su domicilio de Caseros, por fuerzas de seguridad vestidas de civil. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambos estuvieron detenidos en el centro clandestino de detención Club Atlético, ubicado en Paseo Colón y Garay, hasta que Liliana fue trasladada para dar a luz un varón. Según Iud, los testimonios aportados en la causa inducen a que el parto de Fontana se produjo entre fines de diciembre de 1977 y principios de enero de 1978, en una maternidad clandestina que aún no pudo establecerse. Lo que sí quedó demostrado es que Rei falsificó la partida de nacimiento de Alejandro, en la que figura que nació en abril de 1978 en el Hospital Militar Central. "En los libros del hospital no consta, como tampoco figura como personal médico el profesional que firmó el acta, un cardiólogo fallecido que también se comprobó que firmó otras partidas de nacimiento de chicos que fueron apropiados", señaló Iud. En cuanto a la esposa de Rei como partícipe necesaria del delito de apropiación, Iud explicó que el proceso judicial contra ella está suspendido por pericias médicas que determinaron la insania de la acusada. Aunque para la justicia de instrucción quedó demostrada la identidad de Alejandro, resta que el TOF6 ordene la nulidad de la partida de nacimiento por obtenerse mediante inscripción falsa y a su vez ordene una nueva con la verdadera identidad del joven. "Vamos a pedir al Tribunal estas medidas, como también que deje claro que el cepillo de dientes analizado pertenece realmente a Alejandro", señaló el abogado al referirse a la impugnación que Rei realizó sobre el allanamiento al aducir que el cepillo analizado era el suyo, cuando en ese tiempo estaba detenido. Por su lado, Alejandro "ya asumió su realidad", según dijo Iud a Télam reconociendo que el joven "tuvo momentos más conflictivos" y que "finalmente presentó un escrito en el que dijo no tener dudas que el resultado del allanamiento era correcto". No ocurre lo mismo con el represor que en todas sus indagatorias negó sistemáticamente que el joven fuera hijo de desaparecidos. "Rei sigue negándolo, incluso sus abogados presentaron fotos de la mujer supuestamente embarazada donde se evidencia que no lo está y también fotos del bebé como recién nacido y donde es obvio que por su tamaño no lo es", refutó. Durante el juicio se podrán tener más certezas sobre cómo fue la apropiación y poder conocer los nombres de los autores mediatos e inmediatos del secuestro y sustracción del niño, pero Iud está convencido que por su pasado "Rei conocía que era hijo de desaparecidos". "Actuó en Campo de Mayo, en centros clandestinos que funcionaban dentro de la guarnición militar y hasta confesó en una declaración testimonial haber participado en secuestros de personas, como el del presidente del Banco de Hurlingham, de familiares y directivos.", argumentó. Víctor Enrique Rei, de 68 años, fue Jefe de Inteligencia de la agrupación Formosa de Gendarmería Nacional después de participar en un curso de inteligencia y contra- inteligencia en la Escuela de las Américas, en Panamá, tras lo cual recibió una insignia como miembro honorario de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos. Participó del Operativo Independencia de Tucumán, al mando del represor Antonio Domingo Bussi; en 1978 fue segundo jefe del Escuadrón de Concepción del Uruguay y luego se desempeñó en la Dirección de Operación e Inteligencia de Gendarmería. Estuvo detenido en la Unidad de Agrupación Buenos Aires de Gendarmería, custodiado por sus pares, y en 2007 Abuelas de Plaza de Mayo logró que se lo trasladara a Marcos Paz, después de acusarlo de obstaculizar la causa judicial bajo el argumento de que el cepillo de dientes analizado era el suyo.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

1 comentario:

Anónimo dijo...

Cuando se va a juzgar a los ex jefes de los grupos terroristas del ERP y Montoneros que mandaron a secuestrar torturar y matar a militares empresarios sndicalistas eclesiasticos y obreros y realizaban copamientos de edificios publicos y ciudades.Estos eran asesinos igual que los militares deben estar presos pudriendose en la carcel por estos crimenes cometidos o la justicia es solo para los que son guerrilleros? la justicia es para todos y a de acuerdo al estatuto 7 de Roma estos hechos son crimenes de lesa humanidad.CARCEL A LOS GUERRILLEROS NI OLVIDO NI PERDON!!!!!