viernes, 27 de febrero de 2009

El paísViernes, 27 de Febrero de 2009
NUEVO JUEZ PARA EL CASO LOPEZ
Una causa en suspenso
Por Adriana Meyer
Aunque ahora tiene juez, la causa por la desaparición de Jorge Julio López quedó paralizada. Esto es porque el juez federal Humberto Blanco aceptó la inhibición de su colega, Arnaldo Corazza, que se apartó aduciendo “violencia moral”, tras haber sido denunciado por la familia del testigo por no haberlo protegido durante el juicio contra Miguel Etchecolatz. Al hacerlo, apartó del caso a la secretaría especial que lleva los expedientes por delitos de lesa humanidad. El cambio de manos se produce cuando, luego de los allanamientos producidos en Mar del Plata y Pehuajó, los investigadores estaban analizando la posibilidad de pedir algunas detenciones.
Cualquier avance en el caso López tendrá que esperar a que los nuevos encargados estudien los 29 cuerpos, 50 legajos y 70 anexos del ámbito federal, más los 4 cuerpos y unos 40 anexos del orden provincial. Ayer, tanto la fiscalía como la querella de Justicia Ya! interpusieron sendos recursos para que la causa vuelva a la secretaría especial, a cargo de Juan Martín Nogueira. “Es en la secretaría especial donde se investiga lo sucedido en los centros clandestinos de Arana, Brigada, Comisaría 5ª, que lo tienen a Etchecolatz como imputado y a López como víctima”, indicó el escrito presentado por la abogada Guadalupe Godoy. “Se comprobó que el conocimiento y manejo de la información, producto de la experiencia que otorga el estudio previo de causas íntimamente conexas, es determinante”, agregó. En una apelación al “sentido común” para saber qué pasó con Julio López, Godoy concluyó que el traspaso “provocaría un retraso intolerable e inaceptable en una causa donde se investiga la desaparición forzada de persona, cuya gravedad institucional fue reconocida por la Corte Suprema y por la Cámara, y en la cual las actuales circunstancias la están acercando peligrosamente a una situación de denegación de justicia”.
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Una necesaria aclaracion: El titulo es nuestro.

From: MARIO FEDERICO BOSCH


ELEVAN A JUICIO CAUSA MASACRE DE MARGARITA BELEN
En la tarde del 24 de febrero de 2009, finalmente se elevo a Juicio Oral la causa “Larrateguy, Jorge A. y Otros s/Homicidio Agravado por Alevosía y por el Número de Participes y Desaparición Forzada de Personas”, Expte. Nº 306/01 del Juzgado Federal de Resistencia en que se investiga la MASACRE DE MARGARITA BELEN ocurrida el 13 de diciembre de 1976.
Gustavo Athos Renes, Horacio Losito, Aldo Héctor Martínez Segón, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, Ernesto Jorge Simoni, Luís Alberto Patetta, TODOS MILITARES como Coautores del delito de Homicidio Agravado por Alevosía y por el Número de Partícipes (art. 80º, inc. 2º y 6º del Código Penal) Once (11) Hechos en Concurso Real entre sí y con el delito de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada por el Tiempo –Desaparición Forzada de Personas- (arts. 141º y 142º inc. 5º del CP) Cuatro (4) Hechos, en Concurso Real entre sí (art. 55º CP).
CORRESPONDE ACLARAR QUE TAMBIEN SE ENCONTRABA IMPUTADO EL GENERAL JORGE ALCIDES LARRATEGUY QUE FALLECIO SIN SU JUSTA CONDENA, Y ESTA IMPUTADO NORBERTO TOZZO, QUIEN SE PROFUGO LUEGO DEL HABEAS CORPUS QUE LE DIERON LOS CAMARISTAS DE RESISTENCIA EN EL 2003, FUE ATRAPADO EN RIO DE JANEIRO Y ESTA EN PROCESO DE EXTRADICION.
ELLOS SON PARTE DE LOS EJECUTORES DIRECTOS DE LA MASACRE.
También se eleva a juicio a Alfredo Luís Chas Oficial Principal de la Policía del Chaco, quien iba como segundo al mando en el patrullero policial que estaba como cabeza del convoy que trasladaba a los detenidos y quien participó en el corte de ruta, en los momentos previos al fusilamiento de los detenidos, Y OBVIAMENTE CONOCE EL DESTINO FINAL DE LOS DESAPARECIDOS !!!! como Partícipe secundario (art. 46º CP), en el delito de Homicidio Agravado por Alevosía y por el Número de Partícipes (art. 80º, inc. 2º y 6º del Código Penal) Once (11) Hechos en Concurso Real entre sí y con el delito de Privación Ilegítima de la Libertad Agravada por el Tiempo –Desaparición Forzada de Personas- (arts. 141º y 142º inc. 5º del CP) Cuatro (4) Hechos, en Concurso Real entre sí (art. 55º CP).
En su misma situación se encontraba Carlos Marcelo CARBALLO, Comisario General retirado, dueño de una empresa de seguridad, asesinado en un robo a fines del año pasado (EL S.P.F. es el lugar mas seguro para los Genocidas), quien se llevo a la tumba el destino final de los compañeros…
TANTO CHAS COMO CARBALLO FUERON LIBERADO POR LA CAMARA NACIONAL DE CASACION, QUE VALORO ENTRE OTROS ARGUMENTOS QUE LA CALIFICACION LEGAL NO ERA LA MISMA…
AL SOLICITAR LA ELEVACION A JUICIO, LAS QUERELLAS REQUERIMOS A CHAS (lo mismo iba para Carballo) COMO COAUTOR DE LAS DESAPARICIONES POR CODIMINIO DEL HECHO POR CODOMINIO DE LA INFORMACION EN RELACION AL DESTINO FINAL DE LOS DESAPARECIDOS. (Sirvió mucho aporte teórico de Mirta Mántaras – gracias Mirta)
Es dable destacar que, el ocultamiento del destino final ESTA EN LA FAZ COMISIVA DE LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, como delito permanente y no es una “mera colaboración in esencial”, como la calificara el Juez…SI NO ENTENDEMOS ESTO NO LEIMOS LA CONVENCION.
EL JUEZ AL ELEVAR A JUICIO, EN EL AUTO MANTIENE LA CALIFICACION DE PARTICIPACION SECUNDARIA PARA CHAS, SIN RESOLVER LA PETICION DE LA QUERELLA… No es grave, porque se amplia la calificación en el Juicio, esta claro que no nos vincula, lo que si –y por eso comparto la info- es que el Juez de Instrucción NO PUEDE DISPONER DE LA CALIFICACION QUE LE DE LA QUERELLA, EQUIPARADA AL MINISTERIO PUBLICO en lo atinente al 346, máxime con la interpretación de Corte luego de Santillán y Barrios Altos –en delitos cometidos por o desde el poder-.
NO VAMOS A PLANTEAR NADA AHORA, PUES EN REALIDAD, CORRESPONDERIA LA NULIDAD POR ARBITRARIEDAD AL OMITIR RESOLVER PLANTEO ATINENTE A LA SOLUCION DEL CASO (doctrina de la Corte) pero haríamos el juego a los genocidas, ni una aclaratoria –al NO RESOLVERSE ALGO EXPRESAMENTE PLANTEADO- porque dilataría, y ni antes, pero máxime después del 18 de diciembre seria irresponsable, pero, a modo de catarsis o del Constitucionalizado por Eduardo Galeano “Derecho al pataleo” digo: que no es que no la vimos, ampliaremos en el juicio oral…
FINALMENTE, también es oportuno aclarar, que la elevación a Juicio es PARCIAL, pues se continua la investigación en relación al destino final de los desaparecidos, otras víctimas aun no identificadas, y otros responsables ya que se ha denunciado a muchísimos mas como partícipes que no están siendo juzgados, entre ellos el ex Juez Federal Luis Ángel Córdoba y los Ex Fiscales FLORES LEYES –preso por tormentos en CAUSA CABALLERO- y Roberto Domingo Mazzoni. JUICIO Y CASTIGO PARA TODOS! -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

La Justicia Federal Córdoba dictó el procesamiento como autores intelectuales y materiales a Jorge Videla, Jorge Gorleri, Luciano Benjamin Menéndez, Hector Lorenzo Chilo, Jorge Gonzalez Navarro y Alberto Carlos Lucena ( este ultimo cumple arresto domiciliario en Mar del Plata por la causa de desaparición de tres militantes de la Juventud Obrera Católica en Catamarca.
Osvaldo "El Tordo" De Benedetti, fue detenido en Tucuman en 1974 junto a Humberto Tumini, Ricardo Ripodas, Alberto Genoud, Orlando Meloni y Silvano Castro.
En 1978 presos políticos de varias cárceles fueron llevados como "rehenes" a Córdoba, entre ellos De Benedetti, mientras los demás fueron llevados a diferentes cárceles.
De Benedetti es retirado de la Peninteciaría de Córdoba el 3 de julio y aparece abatido en Tucuman el 21, en "intento de fuga".

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//la ciudad de Córdoba a veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil nueve.
Y VISTOS:
Estos autos caratulados “ACTUACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA MUERTE DE OSVALDO DE BENEDETTI” Expte 18.690, venidos a despacho a fin de resolver la situación procesal de Jorge Rafael Videla, argentino, D.N.I. 4.765.426, nacido en la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires el 2 de agosto de 1925, hijo de Rafael Eugenio y de Maria Olga Redondo, casado, domiciliado en Av. Cabildo 639, 5° piso Dpto A de Capital Federal, de profesión ex oficial del Ejército Argentino; de Jorge Eduardo Gorleri, argentino, D.N.I. 7.492.830, nacido en la ciudad de Formosa el 5 de julio de 1930, hijo de Horacio y de Esther Frattini, casado, domiciliado en calle Cabildo 466, 4° piso Dpto B de Capital Federal, de profesión militar retirado con el Grado de General de Brigada; de Luciano Benjamín Menéndez, argentino, L.E. 4.777.189, nacido en la ciudad de San Martín, Provincia de Buenos Aires el 19 de junio de 1927, hijo de José María y de Carolina Sánchez Mendoza, casado, domiciliado en calle Ilolay 3269 de B° Bajo Palermo, de profesión oficial retirado del Ejército con el grado de General de División; de Héctor Hugo Lorenzo Chilo, argentino, L.E. 6.628.889, nacido en la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba el día 10 de agosto de 1931, hijo de Sabino y de Ángela Larraya, casado, domiciliado en calle Boyero 274 de B° Chateau Carreras, de profesión oficial retirado del Ejército con el grado de Coronel; de Jorge González Navarro, argentino, D.N.I. 4.779.147, nacido en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 3 de febrero de 1930, casado, domiciliado en calle Sucre 246, 3° “A”, de profesión oficial retirado del Ejército con el grado de Teniente Coronel, y de Alberto Carlos Lucena, argentino, nacido en la ciudad de Santiago del Estero el 4 agosto de 1918, hijo de Alberto de Jesús y de Delicia Bertella Garzón, de estado civil casado, domiciliado en Diagonal Alberdi 2536, 5° piso, Departamento B de la ciudad de Mar del Plata, de profesión militar retirado del Ejército con el grado de General de Brigada, de los que
RESULTA:
I- Que conforme se desprende del requerimiento de instrucción de fs. 31/5, el día 3 de julio de 1978 Osvaldo Sigfrido De Benedetti –quien se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Córdoba por el delito de asociación ilícita a disposición del Juzgado Federal de Tucumán y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto 1761/74– habría sido retirado de dicha unidad carcelaria por orden del Área 311 a fin de ser interrogado, propósito expresado en la nota suscripta por el Comandante de la IV° Brigada de Infantería Aerotransportada General Arturo Gumersindo Centeno, dirigida al Director del Servicio Penitenciario Provincial, continuando a partir de ese momento detenido en dependencias militares del Área referida. En fecha y hora aún no determinada con exactitud, posiblemente el día 21 de Julio de 1978 –a estar al contenido del comunicado del Segundo Comandante de la Quinta Brigada de Infantería Coronel Antonio Llamas– y en un lugar aún no indentificado pero que podría ubicarse entre la ciudad de Córdoba y la Provincia de Tucumán, Osvaldo Sigfrido De Benedetti habría sido muerto por personal militar perteneciente al III° Cuerpo de Ejército en un simulado intento de fuga. El hecho señalado habría tenido lugar en el marco del plan diseñado e implementado con el alegado propósito de la llamada “lucha contra la subversión”, por las autoridades del Ejército Argentino, en particular en este caso por su Comandante en Jefe Teniente General Jorge Rafael Videla y por quienes – siguiendo la cadena de mando - dirigían y supervisaban el funcionamiento del Área 311 - especialmente organizada para esa “lucha” -, concretamente por el Comandante del III° Cuerpo de Ejército y a su vez Comandante de la Zona de Defensa 3 General de División Luciano Benjamín Menéndez; por el Comandante de la IV° Brigada de Infantería Aerotransportada, General de Brigada Arturo Gumersindo Centeno –actualmente fallecido–; por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la IV° Brigada de Infantería Aerotransportada, Coronel Alberto Carlos Lucena con funciones de dirección y supervisión del Estado Mayor; el que se hallaba compuesto a la fecha de los hechos por el Teniente Coronel Jorge González Navarro –Jefe de la División Personal (G1)- con función asignada en todo lo concerniente a la custodia y trato de los prisioneros de guerra, el Teniente Coronel Héctor Hugo Lorenzo Chilo –Jefe de la División Inteligencia (G2)- con responsabilidad en el ámbito operacional, el enemigo y la dirección de todas las acciones especiales de inteligencia y contrainteligencia y el Teniente Coronel Jorge Eduardo Gorleri –Jefe de Operaciones (G3)- con responsabilidad primaria en todos los aspectos relacionados con la organización, la instrucción y las operaciones; Estado Mayor que en su conjunto cubría las responsabilidades del Comandante de la Brigada y se hallaba compenetrado con éste, asesorándolo, preparando el detalle de sus planes, transformando sus resoluciones en órdenes, haciendo que las mismas se transmitan a los demás integrantes de la fuerza y sean ejecutadas.
II- Que Jorge Rafael Videla, con la asistencia letrada del Ministerio Público de la Defensa, prestó declaración indagatoria a fs. 117 en relación al delito de homicidio calificado (art. 80 incs. 2 y 6 del C.P.), oportunidad en la que manifestó que desconoce la jurisdicción de este Tribunal para juzgar los hechos acontecidos mientras se desempeñó como Comandante del Ejército en lo que llama la guerra interna contra el terrorismo subversivo. Señala también que la Cámara Federal de la capital, a través de 700 casos “paradigmáticos” juzgó su caso, condenándolo por algunos de esos hechos y por los restantes – que no fueron objeto de condena – resolvió absolverlo por lo que estima que los hechos objeto de la presente causa constituyen cosa juzgada. Sin perjuicio de ello agregó que asume en plenitud sus responsabilidades castrenses respecto a lo actuado por el Ejército en esa época, descargando de toda responsabilidad a quienes se limitaron a cumplir sus órdenes, reconociendo la autoría de todas las directivas que impartió como Comandante en Jefe.
Jorge Eduardo Gorleri – también con la asistencia letrada del defensor público - fue indagado a fs. 123 y vta en relación al delito de homicidio calificado (art. 80 incs. 2 y 6 del C.P.), oportunidad en la que manifestó que sus funciones en la Brigada eran ajenas a la lucha contra la subversión y su voluntad de abstenerse de continuar declarando.
El encartado Luciano Benjamín Menéndez, con la asistencia letrada de la Sra. Defensora Oficial, prestó declaración indagatoria a fs. 176/7 en relación al delito de homicidio calificado (art. 80 incs. 2 y 6 del C.P.), oportunidad en la que ejercitó su defensa material negando los hechos que se le imputan y haciendo uso de su derecho de abstenerse de declarar en relación a éstos, explicitando nuevamente su opinión sobre lo que estima la inconstitucionalidad del presente proceso, señalando que al tiempo de los hechos el país se encontraba en una guerra revolucionaria, que es una guerra de agresión total, ante la cual cabía defenderse con todos los elementos.
Por su parte Héctor Hugo Lorenzo Chilo, con la asistencia letrada de la Dra. Crespi, prestó declaración indagatoria a fs. 179 y vta, en orden al delito de homicidio calificado (art. 80 incs. 2 y 6 del C.P.), oportunidad en la el imputado hizo uso de su derecho de abstenerse de declarar.
A su turno Jorge González Navarro, con al asistencia del Ministerio Público de la Defensa, fue indagado a fs. 183 y vta en orden al delito de homicidio calificado (art. 80 incs. 2 y 6 del C.P.), oportunidad en la el imputado hizo uso de su derecho de abstenerse de declarar.
Finalmente, Alberto Carlos Lucena, con la defensa del Dr. Lucio Miguel Montero prestó declaración indagatoria a fs. 363/7 oportunidad en la que manifestó en su descargo desconocer absolutamente los hechos motivo del presente. Señala que sus actividades como Segundo Comandante de Brigada se desentendían totalmente de la lucha contra la subversión. Que en ese momento había un problema más importante y de mayor peso, que era la guerra con Chile. Que la IV Brigada de Infantería debía conformar en la primera fase de las operaciones la cabeza aérea en territorio enemigo y el planeamiento, entrenamiento, preparación y ejecución eran su responsabilidad. Que aproximadamente para la fecha que se da como desaparición de la víctima se vivía uno de los momentos de mayor tensión, por lo que todas sus inquietudes apuntaban a obtener el más exacto conocimiento de lo que pudiera ser en el futuro zona de operaciones. Que entendía que para ello necesitaba un reconocimiento de visu, para lo que solicitó la autorización correspondiente. Señala que se le dio la mayor libertad en ese sentido y que emprendió, junto al coimputado Gorleri, un viaje simulando ser turistas, primero a Mendoza y luego a Bariloche, cruzando la frontera con Chile por el paso Puyehue, relatando a continuación pormenores del viaje. Indica que todo esto fue en el mes de julio.
III- Que el material probatorio hasta el momento colectado en autos se compone de los siguientes elementos de juicio: TESTIMONIAL: de Roberto Eduardo Díaz (fs. 2/5), de María del Carmen Pérez (fs. 17/20), de Humberto Miguel Tumini (fs. 69/71), de Ramón Pablo Videla (fs. 92/3), testimonio ante la CONDEP de Ricardo Antonio del Valle Mora (fs. 97/100), testimonio ante la CONADEP de Raúl Antonio Aybar (fs. 101), de Rodolfo Francisco Sofanor Novillo Rabellini (fs. 127/8), de Raúl Antonio Aybar (fs. 129/31 y 132/9), de Ricardo Rípodas (fs. 148/9), de Emma Elide Angelina De Benedetti (fs. 150 y vta), de Alberto Levi (fs. 166/7), de Jorge Mario Domingo Marca (fs. 170/1), de Roberto Gabriel Varas (fs. 173 y vta), de Manuel Americo Nieva (fs. 190/1), Eduardo A. De Breuil (fs. 284/7 y 288/91), Rubén Lago (fs. 292/99), Norma Susana San Nicolás (fs. 300/6), Soledad Edelveis García (fs. 307/15), Daniel Roberto Juez (fs. 312/15), Enrique Mario Asbert (fs. 316/24), Alicia Beatriz Wieland (fs. 325/33), Félix Jesús Carranza (fs. 338/40), Julián Ricardo contreras (fs. 341/44), Ramón Ariza (fs. 345/8) y José Alberto Torres (fs. 349/57); de Heraldo Ernesto Biolatto (fs. 470/2 y 473/5), Teresa Celia Meschiatti (fs. 477/511); DOCUMENTAL: fotocopia de tres fojas del legajo penitenciario correspondiente a Hugo Ramón Flores (fs. 6/8); fotocopia del legajo penitenciario de Osvaldo Sigfrido De Benedetti (fs. 9/16); copia del Capítulo II del Informe de País, Argentina 1980 de la Organización de Estados Americanos (fs. 21/30). Fotocopia del legajo penitenciario de Humberto M. Tumini (fs. 43/9), fotocopia del legajo penitenciario de Ricardo Ripodas (fs. 50/7), fotocopia del legajo penitenciario de Raúl Antonio Aybar (fs. 58/68), legajo militar de Héctor Hugo Lorenzo Chilo (reservado en Secretaría), copia de fojas del “libro de encubrimiento” de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV (fs. 111/2), copia de orden de traslado de Osvaldo De Benedetti (fs. 113), copia expediente 7065 (fs. 141/7), copia de cartas aportadas por Emma De Benedetti (fs. 151/65, y copias certificadas por autoridad francesa reservadas en Secretaría), documentación del Servicio Penitenciario de Córdoba (fs. 215/7), certificado de defunción de Osvaldo Sigfrido De Benedetti (fs. 258), capítulo 5 del libro “Infierno en el Monte Tucumano” (fs. 261/8), copia de la resolución dictada en el expte 330/74 del 30/04/79 “RÍPODAS, Ricardo y otros ...” (fs. 80/91), copia de la resolución que declara extinta la acción penal en contra de Osvaldo De Benedetti en expte 330/74 (fs. 283), documento titulado “Acciones de Guerra – Hechos de Repercusión Nacional”. (fs. 334/5) , planillas tituladas “hechos con víctimas años 73/74” (fs. 336/7), legajo tramitado ante la Secretaría de Derechos Humanos por los familiares de De Benedetti a los fines de la ley 24.043 (fs. 368/447); copia certificada del capítulo V del Reglamento “Instrucción de Lucha contra Elementos Subversivos” (fs. 449/51); Copia certificada del Procedimiento Operativo Normal n° 212/75 (fs. 452/59); copia de las calificaciones de Jorge Eduardo Gorleri año 1977/1978 (fs. 460/2), copia Apéndice PON 212/75 (fs. 463/68), calificaciones de Luciano Benjamín Menéndez (fs. 512/16), carpeta “Anexos” aportada por la defensa de Jorge Gorleri (fs. 521/33), memorando de la comunidad informativa (fs. 535/6 y 537/8); informe de calificación de Arturo Gumersindo Centeno (fs. 539/40), informe de secretaría (fs. 541). INFORMATIVA: de la Dirección de Asuntos Humanitarios del Ejército (fs. 104) , del Hospital Ángel Cruz Padilla (fs. 188),
Y CONSIDERANDO:
I- Análisis de la prueba referida a la existencia del hecho
Que a los fines de un prolijo análisis de la prueba reunida, entiendo que corresponde abordar en primer término aquellas cuestiones que refieren a la existencia del hecho que se describe en los vistos. En este orden de ideas debe valorarse en primer término que la muerte de Osvaldo Sigfrido De Benedetti se halla acreditada a través del acta de defunción que en copia certificada luce a fs. 258 y que da cuenta que el nombrado murió el 21 de Julio de 1978. Como se observa, el fallecimiento fue inscripto mucho tiempo después de ocurrida la muerte, esto es el 23 de agosto de 1996, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución dictada el día 15 de ese mismo mes y año por el Dr. Ricardo Molina, titular del Juzgado Civil y Comercial común de la 6° Nominación de la Provincia de Tucumán en los autos “Montanaro Pablo Osvaldo s/Inscripción de Partida de Defunción -Expte. 2530/95- (fs. 414/5).
A las constancias del certificado, debe agregarse lo comunicado por el Gobierno Argentino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 27 de marzo de 1980, indicando que Osvaldo De Bendetti “fue abatido” el 21 de julio de 1978, a las 08.20 hs. en una picada que une las localidades de Campichango con Frías Silva y Potrero Negro, al sur de la ciudad de Tucumán, al intentar fugar, cuando era conducido para que individualizara un presunto depósito clandestino de material de guerra (fs. 26 vta/27); la resolución del Juzgado Federal de Tucumán recaída en el expediente 330/74 con fecha 12 de septiembre de 1978, en la que se declara extinguida la acción penal seguida contra Osvaldo Sigfrido De Benedetti por su fallecimiento (fs. 283); las consideraciones formuladas por el mismo Juez Manlio T. Martínez (h) en la resolución dictada con fecha 30/04/1979 en el expediente Nº 330/74, al señalar que a fs. 422 de esas actuaciones consta comunicación del Segundo Comandante de la Quinta Brigada de Infantería Coronel Antonio Llamas, poniendo en conocimiento del Tribunal que el imputado Osvaldo Sigfrido De Benedetti fue abatido en un intento de fuga el día 21 de julio de 1978 (ver fs.84 vta); el decreto 1720/78 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 4 de agosto de 1978 que excluye a Osvaldo Sigfrido De Benedetti como detenido a disposición de ese Poder, en razón de su fallecimiento (fs 400).
De estas constancias documentales, sin mayor esfuerzo, podemos tener por cierto que Osvaldo De Benedetti fue muerto por disparos de armas de guerra el día 21 de julio de 1978 por personal militar dependiente de la Zona de Defensa 3.
Hasta el momento, éstas son las únicas precisiones que podemos colectar en relación a lo acontecido el día 21 de julio de 1978. Ningún otro registro – testimonial o documental – ha podido ser relevado a fin de dar mayores detalles, por lo que no ha podido determinarse el exacto lugar en el que se produjo la muerte de la víctima, ni las concretas circunstancias en que la misma acaeció.
Resulta sugestivo, en tal sentido, que ninguna publicidad ha tenido el nombre de quiénes integraban la “patrulla” a que hace referencia el informe del Gobierno Argentino, como tampoco el de la dependencia del Ejército que supuestamente habría participado del hecho, no se menciona incluso bajo las órdenes de qué oficial era trasladado quien en definitiva, resultó abatido. No hay especificación alguna respecto a cómo habría este intentado escaparse y cuán necesario habría resultado dispararle.
Sin embargo, constancias de eventos sucedidos días antes del que pusiera fin a la vida de De Benedetti nos permiten aportar algunos datos a este hecho, o - al menos - cuestionar aspectos de la versión oficial que presentara el Tercer Cuerpo al respecto.
En efecto, desde que De Benedetti fuera detenido en el año 1974, hasta los primeros meses de 1978, fue itinerando por diferentes cárceles de todo el país. En cada uno de aquellos destinos fue movilizado junto a quienes habían sido aprehendidos con él, y con quienes resultara encausado en un mismo proceso por ante el Juzgado Federal de Tucuman: Humberto Tumini, Ricardo Rípodas, Alberto Genoud, Orlando Meloni y Silvano Marcelo Castro (ver fs. 12, 47, 55, 80/7 y testimonios de fs. 69/71 y 148/9).
Esta situación se mantuvo para los seis detenidos incluso cuando, encontrándose alojados en el Penal de Rawson fueron trasladados a Córdoba – junto a otros presos provenientes de diferentes cárceles del país – y alojados el día 3 de febrero de 1978 en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de esta Ciudad.
Según los testimonios brindados por Tumini (fs. 69/71) y Rípodas (fs. 148/9) en esta oportunidad fueron trasladados a la Penitenciaría de Córdoba –UP 1– en carácter de “rehenes”, esto es, a fin de garantizar con su vida que el próximo viaje del General Jorge RafaelVidela (o de importantes autoridades nacionales) a la Fiesta Nacional del Trigo en la localidad de Leones en esta Provincia de Córdoba, transcurriría sin contratiempos provocados por ataques o sabotajes de índole “subversiva”. En otras palabras, habían sido trasladados a esta Provincia con la amenaza de que los matarían si sucedía un atentado contra alguno de los Comandantes o de las autoridades durante su visita.
La estadía en la Unidad Penitenciaria n° 1 de la ciudad de Córdoba de los seis detenidos, se vio interrumpida por diez días –entre el día 10 y el 20 de abril de 1978– (ver constancia de los legajos agregados a fs. 12, 47 y 55) en la que conforme se desprende de los testimonios relevados, fueron trasladados en primer lugar al centro clandestino de detención “La Rivera” y posteriormente a su similar “La Perla”. Este traslado habría obedecido –según los testimonios ya citados– a fin de ocultar a los “detenidos rehenes”, de los miembros de La Cruz Roja Internacional que visitarían el Penal (fs. 69/71, 127/8 y 148/9). Los dichos de los testigos encuentran respaldo en la documentación del Servicio Penitenciario de Córdoba (ver fs. 215/7), que indica que desde el Poder Ejecutivo Nacional se autorizó la visita de miembros de la Cruz Roja a la UP1 los días 12, 13 y 14 de abril, a fin de entrevistar – especialmente – a los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Así, queda plenamente acreditada la veracidad de la versión expresada en los testimonios ya que, coincidentemente, durante estos días del mes de abril, De Benedetti y los demás rehenes que habían ingresados a la UP 1 el 3 de febrero, fueron externados del penal y alojados en centros clandestinos, impidiendo su contacto con los veedores de la organización humanitaria internacional.
En La Rivera, cuentan tanto Rípodas como Tumini, que De Benedetti fue separado del grupo y entrevistado por personal militar, regresando sumamente preocupado de la entrevista. Narran sus compañeros que De Benedetti contó que un militar – probablemente con el grado de coronel – se sorprendió de que, siendo un destacado dirigente del ERP, estuviera preso y no muerto, y le preguntó qué iba a hacer cuando recuperara la libertad, a lo que De Benedetti le habría respondido que iba a rehacer su vida, no retornaría a la militancia y llevaría una vida normal. A esto, el Coronel le habría contestado que no creía que ello fuera a ser así, que, de recuperar la libertad, “iba a seguir hinchando las bolas”. Indica Tumini que De Benedetti había interpretado las palabras del oficial en el sentido de que no iban a permitir que recuperara la libertad y que lo iban a matar (fs. 69/71). También Ripodas (ver fs. 148/9) recuerda el episodio. Si bien no refiere haber hablado del tema con Osvaldo De Benedetti, posee la idea de que éste, luego de conversar con un militar, tuvo el convencimiento de que “no le iban a perdonar la vida, que no iba a salir vivo, que lo iban a matar”, acotando que esto le pasó puntualmente a De Benedetti y sólo a él. También Novillo a fs. 127/8 recuerda que luego que éste estuviera en La Rivera se comentó en la cárcel que un militar lo había reconocido y que había logrado ubicarlo como uno de los que había participado en algún hecho de Tucumán o Catamarca. Señala textualmente que lo había vinculado “a un operativo de envergadura, ya sea de un operativo en Catamarca o uno ligado a la Compañía de Monte de Tucumán y por esa razón De Benedetti manifestaba su preocupación respecto a que seguramente lo iban a matar”. También Alberto Levi (ver fs. 166/7) – quien compartiera la celda con De Benedetti - recuerda que las primeras preocupaciones de éste comenzaron después de haber estado diez días ausente de la Penitenciaría junto al grupo de rehenes, cuando fueron sustraídos u ocultados de la visita que hizo el Comité Internacional de la Cruz Roja. Señala el origen de su angustia en que había sido reconocido por alguien que lo identificó como un miembro importante en la estructura de la organización PRT- ERP.
Una vez concluida la inspección de la Cruz Roja Internacional, los seis detenidos, incluido De Benedetti, junto a los demás presos traídos de otras cárceles del país, fueron reintegrados a la UP 1 el 20 de abril, permaneciendo en la cárcel cordobesa hasta que el Área 311 consideró disipados los riesgos de ataques o atentados “subversivos” en la Provincia, devolviéndolos entonces a establecimientos penitenciarios del país el día 2 de mayo de 1978, fecha a partir de la cual tales presos cesaron en la situación de rehenes en la que habían permanecido en Córdoba (ver fs. 12, 47, 55 y 209).
Tumini, Ripodas, Genoud, Meloni, Castro y De Benedetti no fueron retornados a Rawson, quedando alojados en el penal de Sierra Chica. Sin embargo para De Benedetti se programó un nuevo traslado a Córdoba el día 30 de mayo del mismo año, en esta oportunidad sin sus otros cinco compañeros de causa, de quienes lo separaban por primera vez.
En efecto, según surge de los legajos penitenciarios (fs. 12, 47, 55) y de las coincidentes declaraciones testimoniales de Roberto Eduardo Díaz, Tumini, Ripodas, Marca, Levi, Varas, Novillo (fs. 2/5, 69/71, 148/9, 170/1, 166/7, 173/4, 127/8, respectivamente), a fines de mayo de 1978 De Benedetti fue traído a Córdoba junto a un nuevo grupo de presos procedentes de diferentes cárceles del país, también en carácter de rehenes, esta vez, para garantizar con su vida que el campeonato mundial de fútbol, transcurriría sin atentados de ninguna naturaleza.
A entender de la suscripta, aquella entrevista que De Benedetti mantuviera en abril del `78 con el militar en La Rivera, resultó decisiva para determinar este segundo traslado. Resulta lógico inferir que en el momento de aquella entrevista, el personal de inteligencia que operaba en La Rivera –dependencia presuntamente utilizada por el Destacamento de Inteligencia 141, para el cautiverio de personas subrepticiamente detenidas y la obtención de la información que a las mismas se les pudiera extraer– reparó en el alto grado que De Benedetti habría ocupado dentro del ERP, circunstancia que hasta entonces podría haber pasado desapercibida, ya que De Benedetti había sido detenido en Tucumán tres años y medio atrás, habiéndosele imputado solamente al tiempo de su aprehensión el delito de asociación ilícita, sin encontrarse vinculado directamente a una acción violenta concreta de índole criminal.
El hecho que De Benedetti, transcurrido un muy breve lapso de tiempo, fuera traído a Córdoba en una nueva tanda de rehenes, pero esta vez, sin los otros cinco detenidos con que venía compartiendo derrotero desde hacía más de tres años, indica que las percepciones de la víctima, a partir del diálogo mantenido en La Ribera con el oficial que lo interrogaba, no habían sido erradas. Evidentemente, el Área 311 estaba demostrando un interés particular en su persona, que hasta entonces –como se dijo– no se había manifestado de ninguna otra manera.
Este cambio en la situación de De Benedetti, probablemente obedeció a la detención durante esos días de un ex militante del ERP que había estado vinculado a la víctima. En efecto, el legajo penitenciario de Raúl Antonio Aybar registra el día 24 de abril de 1978 como fecha de detención, pero a estar a sus propios dichos, resulta más que probable que éste hubiera sido detenido días antes, ya que señala que se entregó espontáneamente en la Policía de Tucumán y que fue alojado, en un primer momento, en dependencias de la Quinta Brigada, y que recién varios días más tarde fue ingresado a la cárcel de Tucumán, circunstancia que nos lleva a inferir que probablemente la fecha registrada en el legajo sea posterior a la de su presentación voluntaria ante las autoridades policiales y militares de la Ciudad de Tucumán. Cabe reparar, igualmente que Aybar se apersonó por voluntad propia, agobiado por su vida en la clandestinidad. Lógico es colegir que –al presentarse– debió mínimamente dar explicaciones de su propia militancia, sindicando a qué organización pertenecía, cuál era su función en la misma, y quién era su directo responsable dentro de la organización: De Benedetti. Coincidentemente, en esos días, De Benedetti –que hasta la fecha no se había diferenciado de sus otros compañeros– comenzó a adquirir una jerarquía diferente, como lo demuestra la advertencia que le hiciera el militar que lo entrevistó en La Ribera.
Esta circunstancia, permite fundadamente concluir en que, desde la detención de Aybar el status de De Benedetti cambió, posicionándose ante la autoridad castrense como un referente de la organización ERP, y lo que resulta sin dudas determinante, el haber establecido el Ejército la responsabilidad que De Benedetti habría tenido sobre Aybar, implicó relacionarlo inmediatamente con una acción directa contra un objetivo militar acaecida en jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, como lo fue el intento de copamiento del Regimiento de Infantería 17 de Catamarca.
En efecto, de la lectura del testimonio de Aybar (fs. 129/39) surge que a partir de su encarcelamiento comenzó a tomar forma una tarea de inteligencia dirigida desde la autoridad militar, que procuró ahondar en lo sucedido en el intento de copamiento del Regimiento 17 llevado a cabo en agosto de 1974 por integrantes del ERP, procurando dilucidar no sólo la intervención que en el mismo le habría cabido al propio Aybar, sino pretendiendo especialmente individualizar a los demás implicados. Así pues, siendo De Benedetti el responsable de Aybar dentro de la estructura del ERP y habiéndose encontrado éste en aquel Regimiento catamarqueño -cumpliendo el servicio miliar obligatorio- al tiempo en que se produjo el frustrado operativo guerrillero, lógico es inferir que la labor de inteligencia terminó vinculando a De Benedetti a este hecho violento.
Ahora bien, según se desprende de su legajo penitenciario, habiendo arribado el 30 de mayo de 1978 en su segundo traslado a Córdoba, De Benedetti permaneció en la UP 1 poco más de un mes – hasta el 3 de julio – fecha en que fue sacado de la Penitenciaría, nuevamente por orden del Área 311 (fs. 113). En relación a este último período de detención, obran testimonios que dan cuenta de lo sucedido en esos días, y refieren especialmente al estado anímico imperante en el causante.
Los testimonios abundan al señalar que De Benedetti transitó esos últimos días sumido en la angustia y la convicción de que pronto iba ser asesinado. A fin de explicar el origen de este convencimiento debe repararse en que cuatro días después de la segunda llegada del nombrado a Córdoba, esto es el 3 de junio, también fue alojado en la UP 1 Raúl Antonio Aybar, quien permaneció en el penal sólo hasta el día 5 del mismo mes y año. Es decir que Aybar y De Benedetti estuvieron alojados en la misma unidad penitenciaria durante esos dos días.
Esto no resulta un dato menor, en especial si se repara en el vínculo que tiempo atrás había unido a estos dos detenidos. Señala Aybar en su extenso testimonio que –como ya se expusiera- De Benedetti era su responsable dentro del ERP. Aybar cumplía por entonces el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Infantería n° 17 de Catamarca, el que sufrió un intento de copamiento en agosto de 1974 a manos de miembros de esa organización. Se desprende del propio testimonio de Aybar los contactos que éste había mantenido con De Benedetti en forma previa a aquella frustrada operación del ERP (ver fs. 129/39).
Ahora bien, las sospechas de la participación de Aybar habrían surgido en el Regimiento casi inmediatamente de acontecido el frustrado copamiento (conf. lo relata el testigo a fs. 129/31), pero recién en la época de los sucesos que analizamos –casi cuatro años después- se habría logrado individualizar a quien – con rango de responsabilidad dentro del ERP – habría tomado parte en la dirección del ataque, es decir a De Benedetti. En esta individualización habría tenido un singular protagonismo el propio Aybar – conforme el mismo lo relata – al indicar que los interrogatorios que sufriera bajo tormentos en La Perla –“lugar de reunión de detenidos al que fue trasladado luego de su fugaz estadía en la Penitenciaría- apuntaban justamente a lo sucedido en Catamarca.
Adquieren especial relevancia sus dichos cuando indica “(…) llega un momento en que comienzan a preguntar sobre el intento de copamiento al cuartel de Catamarca, yo sigo insistiendo en que no sé nada, y en una de las oportunidades, me muestran unos papeles escritos con mi letra, papeles estos que yo había entregado a un compañero de militancia de nombre De Benedetti. Cuando yo veo estos papeles tomo conciencia de que mis interrogadores conocían más sobre mi militancia. (…)”. Aybar continúa su testimonio manifestando que – encontrándose en la Perla – fue conducido a una oficina en la que se le quitó la venda y con la indicación de no abrir los ojos – fue identificado por una persona que ante la pregunta de los captores: “¿es él?”, respondió, “es él, un poco más viejo, pero es él”, persona que el nombrado presume que podría haber sido Osvaldo De Benedetti.
Sin embargo, de acuerdo a las constancias documentales obrantes en autos, De Benedetti y Aybar no pudieron coincidir en La Perla hasta después del 3 de julio de 1978. Adviértase que De Benedetti había sido sacado transitoriamente del penal – junto a otros compañeros - hacia La Rivera y luego La Perla entre el 10 y el 20 de abril, y – según se desprende del legajo penitenciario de Aybar, éste fue detenido recién el 24 de abril de 1978 – o posiblemente algunos días antes en los que habría permanecido en dependencias de la V Brigada de Tucumán, como ya lo señaláramos - por lo que nada nos permite suponer por el momento que –al menos hasta el 3 de julio de 1978 en que De Benedetti fue externado definitivamente de la UP1– convivieron en dicho centro clandestino.
Sí permanecieron juntos, en cambio, en otro lugar de detención: en la propia UP 1, entre el 3 y el 5 de junio de ese año, como lo reseñáramos anteriormente. De tal suerte, todo permite inferir – con el grado de probabilidad que requiere esta etapa – que el encuentro entre De Benedetti y Aybar se dio en esta unidad penitenciaria. Evidente es que, Osvaldo De Benedetti alcanzó a ver a Aybar detenido en ese establecimiento o que de algún otro modo tomó conocimiento de su permanencia en esa cárcel, circunstancia a partir de la cual entendió confirmados sus temores, respecto al funesto destino que le había sido anunciado en La Ribera y que ahora, advertido de la aprehensión de aquel ex soldado del Regimiento 17 de Catamarca, comenzaba a delinearse claramente ante sus ojos, pues resultaba obvio que la hasta entonces ignorada participación que De Benedetti habría tenido en el ataque a esa Unidad Militar, al menos, estaba siendo objeto de investigación.
Los detalles del momento en que De Benedetti puede ver a Aybar en la Penitenciaría no han quedado registrados. Aybar no recuerda un encuentro en esa cárcel –directamente no recuerda haber pasado por ese establecimiento penitenciario en aquellos primeros días de junio de 1978, pese a que el legajo penitenciario registra claramente su estadía en ese Penal–, refiriendo, en cambio, otro episodio en La Perla, que entiende habría involucrado a De Benedetti y en la que él mismo dice haber sido “reconocido” por el nombrado. Este episodio, de haber así ocurrido, sólo pudo producirse -como se expuso anteriormente- después de la fecha en que De Benedetti fue retirado también de la Penitenciaría para ser trasladado a dependencias del Área 311 y no retornar jamás a aquel establecimiento, es decir, con posterioridad al 3 de julio de 1978. El trauma de lo vivido, la radicalidad de la experiencia de la tortura y el largo tiempo transcurrido desde los hechos, pudieron mellar el recuerdo y confundir al testigo. Sin embargo, la suscripta no puede dejar de advertir que todo indica que en aquella primera semana de junio, en la que Aybar fue alojado con carácter de “aislado” por el lapso de dos días en la UP 1, tuvo lugar un episodio de peso, que determinó la suerte que en definitiva corriera De Benedetti, de la que incluso este mismo no tuvo duda alguna a partir de ese momento.
Esta hipótesis encuentra arraigo en sólidas bases a partir de lo sucedido en los días posteriores al 5 de junio. Al respecto viene al caso transcribir algunos pasajes de los testimonios de quienes compartieran la detención de De Benedetti. Dice Alberto Levi a fs. 166/7 respecto al último tramo de su detención “Es en esa época en que De Benedetti se muestra muy abatido, ya que se había complicado su situación a raíz de la aparición de un testigo de su importante actividad clandestina en Tucumán”, sigue refiriendo que “temía por su suerte o su futuro, pues al principio a él solamente se le imputaba asociación ilícita, por lo que entendía que su situación no revestía mayores complicaciones, pero cuado es individualizado como una persona de mayor relevancia dentro de la organización, no sé cuán explícitamente se lo hicieron saber, pero sí me dijo que le habían dado a entender que lo identificaron como un cuadro de conducción y que su situación era en extremo complicada, al punto de llegar a temer por su vida (…)”. Por su parte, Jorge Mario Marca –un abogado que habían intervenido como defensor de catorce militantes del ERP que habían sido detenidos por el intento de copamiento al Regimiento de Catamarca en agosto de 1974– recuerda que conoció a De Benedetti cuando ambos fueron trasladados a la Penitenciaría como “rehenes” por el mundial de fútbol, y que éste –sabiendo quien era Marca - se le acercó a conversar. A fs. 170/1 recuerda que le comentó que “lo habían traído para matarlo, se querían cobrar el hecho de que él había planificado o había tenido algo que ver en la pretendida toma del Regimiento de Infantería 17 de Catamarca (…)” Sigue su relato reseñando que: “Después que me cuenta eso, pasan unos días, viene un empleado de la cárcel (…) que le dice que se prepare, que lo vienen a buscar. Entonces De Benedetti me dice que se iba a cortar entero para que no lo lleven, a lo que yo le dije: te van a llevar lo mismo, te vas a hacer un sufrimiento inútil, por lo que no se corta. Y lo llevaron. (…) De Benedetti sabía que iba a la muerte. Se despidió y el personal penitenciario lo llevó. Esa despedida fue muy triste. No es fácil despedir a un compañero que va a la muerte. Lo abracé fuerte, él estaba muy afectado. Hay momentos en que las palabras sobran”.
Cabe puntualizar que este segundo grupo de rehenes –del que formaban parte el Dr. Marca y De Benedetti- no fue alojado junto a los demás presos “especiales” en el pabellón 9, sino que se los mantuvo separados en un pabellón distinto: el número 7 (ver fs. 166/7, 170/1 y 190/1), circunstancia que abona la hipótesis de que Aybar fuera llevado a una celda de este mismo pabellón -cumplimentando las expresas indicaciones impartidas por el Área 311de mantenerlo “aislado” del resto de los detenidos especiales hasta nueva orden (fs. 62)- y de que haya sido en ese contexto que se produjera el encuentro o mero cruce de ambos, suficiente para reconocerse y advertir De Benedetti la investigación que en torno a su persona debía estarse llevando a cabo.
Así pues, en forma conteste a lo narrado por los testigos Levi y Marca, se expresa Rodolfo Francisco Sofanor Novillo Rabellini, quien por entonces se hallaba preso en el pabellón 9 (ver fs. 127/8), señalando que un día De Benedetti se asoma a la reja del pabellón n° 7 y que el testigo, junto a otros detenidos, estaban asomados a la reja del Nº 9; relata que en esa oportunidad De Benedetti les dijo que lo iban a matar, que él estaba tratando de hacer algo para que lo llevaran a la enfermería y así evitar que lo sacaran de la Penitenciaría. Roberto Gabriel Varas, por su parte, recuerda que De Benedetti se fue de la Penitenciaría con la seguridad de que lo iban a matar, razón por la cual procuraron denunciar a la Cruz Roja el traslado del que el nombrado había sido objeto (fs. 173/4), coincidiendo Manuel Américo Nieva (fs. 190/1) – también detenidos en similares circunstancias – respecto a que De Benedetti manifestó durante el último período en la Penitenciaría sus temores de que lo fueran a trasladar a él solo, de que lo sacaran para matarlo, temores que se basaban en el hecho de haber sido involucrado en una acción armada que hasta ese entonces no se le atribuía.
Resultan particularmente relevantes los relatos realizados por los padres de Osvaldo De Benedetti, quienes preocupados por la situación de detención de su hijo, fueron peregrinando por los distintos destinos a los que fue enviado. Por esos años, Emma De Benedetti (ver testimonio a fs. 150 y vta) – hermana de Osvaldo – se había exiliado en Francia, y recibió de sus padres extensas cartas en las que se reflejan las gestiones que realizaron durante la detención de su hijo. Estas epístolas, escritas en parte en clave por temor a las autoridades, aportan valiosos datos, por lo que transcribiremos algunos pasajes.
Con fecha 28 de febrero de 1978 –durante el primer traslado de Osvaldo De Benedetti a Córdoba como rehén– escribe el padre del detenido: “Tengo que decirles que el mayor de los Tembere (Emma indica en su declaración que “Tembere” era un nombre con el que su padre llamaba a su familia) ha viajado a Córdoba y la viejita Tembere se apersonó en el hotel –en la cárcel–, pero los administradores pusieron algunas trabas aunque dieron grandes muestras de amabilidad y de tranquilidad para la viejita al respecto. Naturalmente la Tranquilidad no da para mucho, pero por el momento esperamos recibir noticias y tratamos en toda medida de asegurarnos que tenga buena vacación en esa zona serrana”.
En otra carta, fechada el 5 de junio de 1978, la madre de Osvaldo relata que ha visitado a su hijo. Seguramente esto ocurrió en el Penal de Sierra Chica, en el período entre sus dos viajes a Córdoba, en relación a lo cual señala: “Después de la alegría de ver al mayor y luego de otra visita con los chicos, nos enteramos que se fue a veranear a las sierras de Córdoba de nuevo. Papi va a ir a llevarle unos regalos que había para él”.
De aquella entrevista que mantuvieron De Benedetti y su madre, señala Emma que luego su progenitora le contó que en esa oportunidad Osvaldo le había pedido que, si él aparecía muerto y pretendían explicarle que se había querido fugar, que no les creyera, que él no se iba a fugar y que si lo mataban, lo iban a tener que matar de frente (fs. 150). Este registro reviste singular importancia, ya que – recordemos – que al tiempo de reunirse con su madre, De Benedetti ya había mantenido la entrevista en La Rivera con el militar que tanto lo había preocupado, y de la que había salido con el convencimiento de que lo iban a matar. De igual manera, también debe valorarse este relato, como un indicio más que contradice la versión del Ejército que justifica los disparos con que acabaron su vida, aduciendo un supuesto intento de fuga.
El padre de la víctima escribe con fecha 17 de julio otra misiva, en la que demuestra su confusión ante un nuevo traslado de su hijo: “en estos últimos días surgen preocupaciones por el mayorcito, pues parece que de la sierra la empresa lo traslada nuevamente al sur de la Provincia de Bs. As., aunque es mejor en este último lugar pues tiene más amplitud para poderlo visitar personalmente, lo que no podemos hacer en el que se encuentra actualmente”. A esta fecha, según el registro penitenciario de Osvaldo De Benedetti, éste ya había sido externado del penal por orden del Área 311, dos semanas atrás (fs. 12). Adviértase, en tal sentido, que una vez egresado De Benedetti de la Penitenciaría el 3 de julio de 1978, el Tercer Cuerpo de Ejército dejó de brindar información a la familia respecto al destino que se había dado al nombrado, manteniéndolo subrepticiamente cautivo, sin registro alguno de su traslado, hasta que finalmente se da a conocer la noticia de su fallecimiento en Tucumán, situación esta que no hace más que confirmar la irregularidad del proceder del que habría sido objeto el detenido, permitiendo pues fundadamente dudar de la veracidad de las circunstancias invocadas por el Ejército para justificar su muerte.
La breve misiva del 27 de julio contiene escasos párrafos que expresan el dolor desgarrador de los padres que se han anoticiado del deceso del hijo. La carta, escueta y sin detalles, deja traslucir la angustia del momento. Sólo días más tarde, en una carta escrita el 9 de agosto, relatan los pormenores de lo ocurrido. Comienza el padre diciendo: “El día 25 de julio hice otro viaje a Córdoba y al no obtener una noticia que me tranquilizara me quedé hasta el día siguiente (26)y me dirigí a la madriguera general donde en forma atenta y fría me dijeron casi directamente en qué forma nuestra alegría había desaparecido –o sea que es en esta Ciudad en donde el padre de la víctima es informada sobre la muerte de su hijo–. De allí volví para la noche aguardar a Nanito –madre de Osvaldo– que visitaba al Bebelito. Mesuradamente le hice saber el suceso y lógicamente juntitos, los dos solitos, recibimos el chapuzón. Al día siguiente (27) viajamos a Tucumán, allí estaba nuestro sueño interrumpido, llegamos el 28 y recién el 29 pudimos dejarlo dormidito en la tierra del azúcar y la melaza”. Más adelante señala “Desde el momento que nuestra joya había salido del hospital del sur –se refiere al Penal de Rawson, a principios de febrero–, se fue haciendo certeza paulatinamente lo que iba a ocurrir, más aún, cuando había dejado los compañeros en otro sanatorio –alude a Sierra Chica y a los otros cinco presos de su misma causa– y al nuestro lo volvían a trasladar. Tengo la absoluta seguridad que agotamos las posibilidades, aunque el Nanito, natural en ella, no comparte totalmente el pensamiento. Dos meses atrás aproximadamente –fines de mayo, cuando se produjo el segundo traslado de De Benedetti a Córdoba– comenzó el ritmo desesperado y a medida que pasaban los días los sueños y visiones, estando bien pero bien despierto, me confirmaban muy a mi pesar lo que estaba por ocurrir”.
Por su parte la madre de Osvaldo De Benedetti registra: “cuando salió de las sierras del sur sin equipaje, aunque iba a las sierras de Córdoba, ya empezó nuestro via crucis, pero allí le llevamos ropa y artículos de limpieza, y luego no se si fue el martes 18 o la semana anterior, devolvieron lo que llevó papi, y haciendo gestiones contestaron que era solo un traslado interno, que ya volvía, dejamos encargado pero al no tener noticias volvió a ir papi directamente al portero uniformado del 3er edificio y este le dijo que lamentaba informarle que había sido llevado a la región azucarera para unos análisis y ahí ocurrió. Nos trasladamos allá, conteniendo la risa, me dijeron que había sido el 21 de julio a las 8, cuando lo llevaban a ver un depósito de mercadería, y él intentó salir sólo de allí. (...) Su última foto lo presenta de perfil, sobre su cuello lado derecho hay una pequeña mancha, está inclinado la cabeza a la izquierda, el cuerpo de frente, está serio y tenso, en su pecho noble y bueno ha quedado como una inmensa ventana, por ella se puede ver cómo fue todo y con qué entereza lo afrontó. La manchita del cuello ha sido después ...”. Estas palabras resultan relevantes por varios motivos, en primer lugar porque revelan que ambos padres compartían con su hijo – durante ese último mes - la angustia y el convencimiento de la proximidad de la muerte, seguramente a causa de aquella visita en el penal de Sierra Chica, y del sorpresivo nuevo traslado a Córdoba. También resulta importante la descripción que la madre realiza luego de observar el cadáver de su hijo, indicando que éste tenía una “ventana” en el pecho, dando cuenta de la magnitud del calibre utilizado para producirle la muerte, y de un disparo producido de frente, más compatible con un fusilamiento que con un disparo que procura evitar la fuga. A ello también aporta el “tiro de gracia” sobre el lado derecho del cuello.
Hasta aquí llegan los registros de lo sucedido. Desconocemos cuál fue el derrotero exacto que tomó su situación desde que partiera de la UP 1 el 3 de julio hasta el día de su muerte. De Benedetti fue conducido a dependencias del Área 311; así lo asegura la nota en virtud de la cual el Comandante de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada y –a la vez– Jefe del Área 311 ordena su egreso de la Penitenciaría (fs. 12 y 113). Seguramente, trasladado a esas dependencias, De Benedetti fue sometido a interrogatorios –también lo reseña la nota– en relación al intento de copamiento del Regimiento 17 producido en 1974 –hecho en relación al cual no había sido antes investigado–. Posiblemente alguna de las dependencias del Área 311 por las que pasó la víctima, fueron las del “lugar de reunión de detenidos” en el que por entonces mantenían cautivo a Raúl Antonio Aybar: campo La Perla, lugar en el que –tal como lo relata el testigo- el personal militar actuante en esas dependencias probablemente llevó a De Benedetti ante la presencia de Aybar, en aras de corroborar el vínculo que había existido entre ambos (fs. 132/9). Finalmente, se le habría dado muerte, hecho en relación al cual -conforme la versión proporcionada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás elementos probatorios ponderados precedentemente- dable es presumir que personal del Ejército dependiente del Área 311 lo trasladó a Tucumán, provincia en la cual una patrulla dependiente de la Zona de Defensa III lo habría trasladado hasta una picada que une las localidades de Campichango –o Caspichango- con Frías Silva y Potrero Negro y allí personal militar habría puesto fin a su vida, disparándole en el pecho con armas de guerra.
No existen, sin embargo, elementos de juicio que permitan afirmar con probabilidad las circunstancias precisas en que se produjo el deceso de De Benedetti. Así, el informe “Hechos con Víctimas – Años 1974/1979 – Pcia. de Tucumán” menciona que habría sucedido el 21 de julio de 1978 en la localidad de “Cangrejal” y con motivo de un “enfrentamiento” (fs. 336/7); no pudiendo soslayarse –por otra parte– que el padre del occiso, después de habérsele retaceado abiertamente información en los días previos, recién fue anoticiado del traslado a Tucumán y de la muerte de su hijo, el día 26 de ese mes y año –cinco días después del fallecimiento–, no pudiendo descartarse pues, hasta el momento, que el contexto de tiempo y lugar en el que habría sido asesinado el referido De Benedetti haya sido completamente distinto a los diversos que se dieron a conocer.
De todos modos, luego de lo expresado en los párrafos que anteceden, entiende la suscripta que no cabe más que tildar de mendaces las explicaciones de “intento de fuga” brindadas por el Ejército a los padres de la víctima y por el Gobierno Argentino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1980.
Al respecto, debe señalarse que resulta por demás improbable que Osvaldo De Benedetti intentara fugarse, ello – en primer lugar - en atención a todos los recaudos que se tomaban para evitar incidentes de este tipo: los detenidos eran trasladados vendados y esposados, fuertemente custodiados. Esos recaudos obedecían a varios años de experiencia en lo que ya consistía una rutina invariable. Mal podría haber intentado escapar, desacatarse, o revelarse de cualquier otro modo contra los efectivos militares, quien se hallaba con los ojos vendados y esposado – probablemente de pies y manos -. En esas condiciones, el argumento oficial que señala que intentó huir, resulta trivial y totalmente inverosímil. Respecto de la existencia de esta modalidad en el traslado dan cuenta numerosos detenidos alojados en la Penitenciaría de la ciudad de Córdoba. Así, recuerda Eduardo De Breuil (fs. 284/7 y 288/91) – que fue trasladado con vendas, esposas y ataduras. En igual sentido se expresan, , Daniel Roberto Juez (fs.312/15), Jorge R. Lagos (fs. 292/99), Norma Susana San Nicolás (fs. 300/6) –recuerda cómo a Barberis y a Abdón las vendaron y ataron atrás sus manos, en la puerta del pabellón, habiendo observado también cómo ataban y vendaban a Rossetti de Arqueola al retirarla de la celda- , Soledad García (fs. 307/11), Alicia Wieland (fs. 325/33), Enrique Asbert (fs. 316/24), coincidiendo en que no había posibilidad de evadirse o fugarse durante un traslado.
Incluso el personal penitenciario que prestaba servicios en la UP1 recuerda que al retirar del establecimiento a los detenidos “especiales”, invariablemente se les colocaba esposas –o se les ataba las manos a la espalda con cables o sogas- y se les vendaba los ojos: Julián Ricardo Contreras (fs. 341/4), Ramón Ariza (fs. 345/8), Felix Jesús Carranza –quien afirma que con las medidas de seguridad adoptadas, era imposible una fuga (fs. 338/40). El propio director de la Penitenciaría, Prefecto José Alberto Torres, recordó que desde mayo del 76’ los militares amordazaban, ataban las manos con cables y tabicaban a los presos que serían trasladados, antes de sacarlos de la cárcel, acotando que también los que ingresaban al Penal, venían atados, tabicados y amordazados (fs.349/57).
En segundo lugar, debe mencionarse que resulta un indicio de peso que desvirtúa la versión de “fuga” la falta de mención por parte del Gobierno Argentino de una investigación del hecho en el momento en el que sucedió. El Ejército – a cargo de la supuesta medida de reconocimiento que aduce haber llevado a cabo - tenía la obligación de investigar lo sucedido. Tratándose de una operación tendiente a localizar un depósito de armas, una vez producido un incidente en virtud del cual muere el testigo y se frustra la operación, necesariamente deben aclararse las circunstancias y deslindarse las responsabilidades de índole disciplinario del supuesto descuido, abuso, o impericia en que el personal actuante pudiera haber incurrido, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de tal accionar. La inexistencia de tales actuaciones refleja a las claras la mendacidad del argumento desplegado.
Con todo lo expresado, resulta claro que su muerte habría obedecido a una ejecución, cuyo proyecto habría tenido origen en abril de 1978, durante la estadía de la víctima en el “lugar de reunión de detenidos” La Rivera y cuyo plan habría comenzado a concretarse a fines de mayo de ese año, al traer a De Benedetti a Córdoba con motivo del desarrollo del campeonato mundial de futbol, en calidad de rehén. Resulta más que ilustrativo el que, concluido ese evento internacional y los demás acontecimientos de relevancia que le sucedieron en los días siguientes, cuando la presencia de los mismos en Córdoba dejó de revestir trascendencia, la casi totalidad de los rehenes traídos a esta Ciudad desde distintas cárceles del país, fueron retornados al Sistema Penitenciario Federal el 25 de julio de 1978 (fs. 541). El único rehén retirado de la Penitenciaría con un destino incierto, con el pretendido propósito de “ser interrogado” (fs. 113), que en definitiva no regreso a la cárcel de origen, fue la víctima del homicidio aquí investigado. Casi al mismo tiempo que el resto del grupo –el 21 de julio–, en lugar de ser devuelto a Sierra Chica, se cumplimentó aquello que ya se le había anunciado, aunque otorgándole al hecho un escenario apropiado, de alto valor simbólico, vinculado a la militancia de De Benedetti.
II- Cuestiones Previas
Previo a ingresar al análisis de las responsabilidades de cada uno de los imputados y de la existencia de vinculaciones con estos hechos, corresponde realizar algunas consideraciones en torno a las manifestaciones vertidas por Jorge Rafael Videla como parte de su defensa material en el marco de su declaración indagatoria.
En dicha oportunidad –entre otras manifestaciones– el imputado Videla expresó la falta de jurisdicción y competencia de este Tribunal para juzgarlo por estos hechos, entendiendo que tal jurisdicción le corresponde al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Asimismo indicó que en la causa 13/84 la Cámara Federal de la Capital lo juzgó en su oportunidad por setecientos casos que denominó “paradigmáticos”, condenándolo por algunos de ellos y absolviéndolo por los restantes y por todos los otros que no fueron objeto de expresa condena, por lo que entiende que cabe en este caso el principio de “cosa juzgada”.
a) En relación al primero de sus planteos, esto es su alusión a que el presente proceso implica una violación al principio de “juez natural”, la suscripta debe señalar que esta cuestión ha sido abordada reiteradamente por la jurisprudencia.
Al respecto, resulta útil citar los conceptos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vertidos en los autos caratulados “RECURSO de hecho deducido por el Defensor Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones y Juzgados Federales de Primera Instancia de la Ciudad de Córdoba en la causa -Menéndez Luciano B. y otros, p.ss.aa. de Delitos Cometidos en la Represión de la Subversión-” (Causa 31-M-87), que, a su vez, remiten a un precedente del mismo tenor, concretamente, los autos “Incidente de excepción de competencia planteado por Abel Teodoro Catuzzi en autos -Acumulación causas art. 10 Ley 23.049 S/Área Paraná” (Causa 11.439). Allí, la jurisprudencia del más elevado Tribunal de la República dejó claramente establecido que “las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia, aún en los casos de silencio de ellas, se aplican de inmediato a causas pendientes. La facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía. No existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento, pues las leyes sobre procedimiento y jurisdicción son de orden público, especialmente cuando estatuyen acerca de la manera de descubrir y perseguir los delitos [...]. El objeto del art. 18 de la Constitución ha sido proscribir las leyes “ex post ipso”, y los juicios por comisiones nombradas especialmente para el caso, sacando al acusado de la jurisdicción permanente de los jueces naturales, para someterlos a tribunales o jueces accidentales o de circunstancias. Las garantías constitucionales que proscriben las leyes “ex post ipso” y los juicios por comisiones nombradas especialmente para el caso no sufren menoscabo alguno cuando a consecuencia de reformas introducidas por la ley en la administración de la justicia criminal, ocurre alguna alteración en las jurisdicciones establecidas, atribuyendo a nuevos Tribunales Permanentes cierto género de causas en que antes conocían otros que se suprimen cuyas atribuciones restringen; la interpretación contraria, serviría muchas veces de obstáculo a toda mejora, obligando a conservar magistraturas o jurisdicciones dignas de supresión o reformas. La declaración de que ningún habitante de la Nación puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa presupone que esos jueces siguen conservando la jurisdicción en cuya virtud estaban llamados a conocer de una determinada causa. Si los jueces han dejado de serlo, o su jurisdicción ha sido restringida por obra de la ley, no puede afirmarse que sigan teniendo poder para juzgar las causas de que se trate, por donde resulta evidente que cuando otros tribunales permanentes asumen el poder jurisdiccional que a ellos correspondía, no les quitan o sacan algo que siguiera estando dentro de sus atribuciones. Lo inadmisible —lo que la Constitución repudia—, es el intento de privar a un juez de su jurisdicción en un caso concreto y determinado para conferírsela a otro juez que no la tiene, en forma tal que por esta vía indirecta se llegue a constituir una verdadera comisión especial disimulada bajo la calidad de juez permanente investido por ese magistrado de ocasión. La facultad de ejecutar reformas debe ser siempre facultad de la legislatura, y se crearía una interminable confusión de los procedimientos si cada caso debiera ser solamente sustanciado de acuerdo con las reglas procesales vigentes cuando los hechos ocurrieron y sólo por los tribunales entonces existentes [...]”.
Asimismo, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, ya en autos caratulados “PEREZ ESQUIVEL, Adolfo, MARTINEZ María Elba S/Presentación” (Expte. N° 1-P-98), con fecha 10.06.98, señaló también que “ [...] las leyes de procedimiento penal revisten la característica de ser de orden público, de conformidad a la naturaleza de los derechos que consagra y protege. En este sentido, Raúl W. Abalos afirma que el derecho procesal penal tiene naturaleza pública no sólo por los intereses públicos que protege y por el fin a que está dirigido, sino también porque está dispuesto en forma obligatoria en relación a los órganos encargados de administrar justicia en pos de dichos fines, más aún cuando el derecho penal sustantivo, que posee un indudable carácter público, está destinado a ser realizado en la faz práctica por intermedio de las normas de rito que resulten vigentes al momento de su investigación (Derecho Procesal Penal, Tomo I, Cuestiones Fundamentales, Ediciones Jurídicas Cuyo, pp. 14 y 62, año 1993) [...]. Las leyes de forma que regulan la actividad del Estado en el campo que nos ocupa, obedecen al principio general que las leyes rigen para el futuro —salvo en materia penal cuando en relación a los intereses tutelados resultasen más beneficiosas para el imputado— (art. 3 del CC. y 2 del CP.). En coincidencia con este concepto, Clariá Olmedo, al tratar la cuestión de la eficacia temporal en materia de sucesión de leyes procesales-penales, ha afirmado que “la regla de la irretroactividad significa que la nueva ley regirá para todo proceso a iniciarse y para la continuación de todo proceso ya iniciado. Las posibles excepciones deben ser expresas [...] la nueva ley no puede empeorar la situación ya adquirida; en cambio, sí se aplicará si favorece al contemplado en la norma por otorgarle una situación más beneficiosa que la adquirida por la aplicación de la ley anterior” (Derecho Procesal Penal, Tomo I, Ed. Marcos Lerner, pág. 103/105, año 1984) [...]” (Resolución protocolizada al L° 182 F° 173); y finalmente agrega en una resolución aclaratoria que “[...] el Tribunal consideró necesario aclarar en este aspecto, que cuando se resolvió declarar la incompetencia de esta Alzada se lo hizo dejando sentado que las causas debían bajar al Juzgado Federal de Instrucción que se encontrara de turno a la fecha de dicho pronunciamiento, para ello, el funcionario judicial que le correspondiera actuar, lo debe hacer de conformidad a los considerandos [...] 5, 6 y 7, de los que surge la aplicación “in totum” del Código Procesal Penal de la Nación creado por la ley 23.984 [...]” (Resolución de fecha 24.06.98, protocolizada al L° 184 F° 50). Por último, en autos caratulados “CAFFARATTI Mariana Valentina S/Querella” (Expte. 16.257), la misma Cámara Federal de Apelaciones ha indicado —sobre la cuestión del Juez Federal de Instrucción que debe asumir la investigación de estos delitos considerados de lesa humanidad— que la elección del juez competente debe hacerse conforme a lo que resulte más conveniente, atendiendo a la eficacia de la investigación y a la salvaguarda del derecho de defensa. Resaltó que sólo ante este Juzgado se podría meritar la totalidad de las pruebas colectadas en relación a este tipo de hechos, siendo que muchas de ellas serían comunes, y resultando indudable que la concentración de la prueba privilegia el esclarecimiento de los hechos, a los fines de obtener el esclarecimiento de la verdad de los hechos estudiados, según es el fin de todo proceso penal (Resolución de fecha 17.06.05, protocolizada al L° 244, F° 4).
b) En lo que concierne a los planteos de “cosa juzgada” el imputado alude a las expresiones que bajo el título “los límites de esta sentencia”, formuló el Tribunal al sentenciar en la llamada “causa de los Comandantes” n° 13/84. En este apartado los jueces manifestaron textualmente: “Está claro que el pronunciamiento de este Tribunal ha de versar sobre los 700 casos que escogiera la fiscalía para formular la acusación; ésta y las correspondientes defensas señalan los límites de conocimiento en el juzgamiento, constituyendo los que la doctrina procesal denomina el “thema decidendum” de la sentencia (...). Tal acotamiento de los objetos del proceso efectuado por el Fiscal ha de tener como consecuencia, en modo congruente con las argumentaciones que se vienen de dar, que no pueda renovarse la persecución penal en contra de los nueve enjuiciados por los hechos susceptibles de serles atribuidos en su calidad de comandantes en jefe de sus respectivas fuerzas e involucrados en el decreto 158/83”.
Ahora bien, es necesario encuadrar aquellas expresiones de la Cámara en la Sentencia 13/85 en su necesario contexto. Los jueces sostienen allí que no podrá renovarse la persecución penal en relación a los hechos por los que los comandantes fueron oportunamente indagados, pero respecto de los cuales el Fiscal no formuló acusación en la sustanciación del juicio.
Otorgar un significado diferente como pretende el imputado al señalar
haber sido enjuiciado por setecientos “casos paradigmáticos” y absuelto genéricamente por todos los demás hechos, implicaría la aplicación por parte del citado Tribunal del principio de oportunidad – el que no se halla de ninguna manera reconocido por nuestra legislación ritual – en lugar del principio de legalidad, que sí nos rige y obliga al Ministerio Público Fiscal a perseguir penalmente todos aquellos hechos que llegaran a su conocimiento y pudieran encuadrar en alguna de las conductas reprimidas por la ley penal.
Este criterio ha sido el elegido por nuestro Máximo Tribunal al resolver idéntico planteo formulado también por la defensa de Jorge Rafael Videla en el fallo 326:2805. En dicha causa, en la que se perseguía al nombrado por hechos de sustracción de menores el Alto Tribunal señaló: “En efecto, la causa 13 – en cuanto al caso resulta relevante – sobre la apropiación de otros menores allí individualizados (por lo menos esto puede afirmarse respecto de dos de ellos, en atención a la subsistente falta de determinación de la identidad de las restantes víctimas de los hechos perseguidos en la presente causa.). No se juzgó en ella el comportamiento genérico del inculpado, pues “nunca constituye su vida entera el objeto procesal... por el contrario, cada proceso se refiere sólo a un determinado acontecimiento de su vida: a un hecho determinado”. (conf. Beling. Ernest, “Derecho Procesal Penal” trad. del alemán or Miguel Fenech, 1943, Ed. Labor, Barcelona, p. 84). Es así como en la causa 13 no se investigó si el imputado había cometido delitos en un determinado período de su vida, ni siquiera si había cometido “genéricamente” el delito de sustracción de menores, sino si determinados hechos podrían serle imputados como delitos por él cometidos – en lo que aquí interesa: la sustracción de varios menores individualizados de manera concreta. Y ello es así, porque una imputación respetuosa de las garantías del procesado no puede consistir en una abstracción, sino que debe tratarse de una afirmación clara, precisa y circunstanciada de un “hecho concreto y singular” de la vida de una persona, atribuido como existente. (...) El imputado no podría defenderse si el juicio penal no reposara en una acusación formal que describa el hecho delictuoso que se le atribuye. Nadie puede defenderse debidamente de algo que ignora” (conf. Vélez Mariconde, “Derecho Procesal Penal, T.II, 1969. Ed. Lerner, p. 126).
El dogma procesal “No hay juicio sin acusación” es un corolario del principio que impone la inviolabilidad de la defensa; para que alguien pueda defenderse – juicio contradictorio – es imprescindible que exista “algo” de qué defenderse ; una “hipótesis fáctica” contra una persona determinada con significado en el mundo jurídico. En la causa 13 esos hechos fueron descriptos en ocasión de tomarse declaración indagatoria a los imputados, consignándose – como tuvo oportunidad de comprobarse en las decisiones infra citadas- “la fecha de ocurrencia del hecho, el lugar donde se consumó, el resultado principal y, a veces, otro secundarios, el sitio donde fue conducida la víctima y aquellos a los que fue trasladada, así como la fecha de liberación en caso de haber tenido lugar” (dictamen del procurador general en fallos 307:1615), tratándose, por lo tanto, de “hechos precisos, exactos y definidos” (fallos 307:2348 in re “Videla”, voto de la mayoría y voto concurrente del Dr. Fayt)”.
Así las cosas, sólo podríamos encontrarnos ante el escollo de la “cosa juzgada” si el hecho que se investiga en estos actuados se encontrara incluido entre aquellos por los que el imputado fue indagado en tal oportunidad.
Al respecto debe señalarse, en primer lugar, que la presente investigación se inició recién durante el año 2008, esto es mucho tiempo después de finalizado el juicio al que refiere el imputado. De igual manera, la víctima del hecho que aquí se investiga – Osvaldo Sigfrido Debenedetti - no figura entre las que le fueran endilgadas a Videla en la causa 13/84 (ver fs.270) y - en consecuencia – tampoco fue expresamente acusado, condenado o absuelto por este hecho.
c) Corresponde, pues, rechazar el planteo de falta de jurisdicción y competencia y el de cosa juzgada, formulados por Jorge Rafael Videla al tiempo de ejercer su defensa material.
III- Situación procesal de cada uno de los Imputados
Como ya lo señaláramos en párrafos precedentes, de la investigación practicada en esta sede no ha sido posible individualizar a las personas que habrían intervenido materialmente en la ejecución del hecho que analizamos. No se han hallado testigos, o constancias documentales que den cuenta con precisión de los pormenores acontecidos al momento mismo en que Osvaldo De Benedetti recibiera el o los disparos que pusieron fin a su vida. Es por ello que – en virtud de la tipología propia del ilícito que investigamos – entiendo que corresponde elevar la mirada del escenario material de los hechos y analizar puntualmente las responsabilidades que les cabrían a quienes – en razón del rango y de la función que se les asignara dentro de la estructura jerárquica del Ejército – habrían intervenido en la elaboración y transmisión de las órdenes que materializaran los ejecutores del causante.
A modo de formular una primera y sencilla ubicación, debo indicar que en el año 1978 Jorge Rafael Videla era el Comandante en Jefe del Ejército; que Luciano Benjamín Menéndez era el Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército; que Arturo Gumersindo Centeno – fallecido - se desempeñaba como Comandante de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada; que Alberto Carlos Lucena ocupaba el cargo de Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Cuarta Brigada; y que en dicho año los entonces Tenientes Coroneles Jorge González Navarro; Héctor Hugo Lorenzo Chilo y Jorge Eduardo Gorleri, con funciones – respectivamente – de Jefes de Personal (G1), de Inteligencia (G2) y de Operaciones (G3) componían el Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada.
Esta estructura – que formaba el Área 311 - fue asignada desde el año 1975 como parte de la Zona de Defensa 3 para liderar la lucha contra la subversión. Al respecto vale recordar que el decreto presidencial n° 2770/1975 dictado el 6 de Octubre de 1975 creó el Consejo de Seguridad Interna, órgano compuesto por el Presidente de la Nación e integrado por todos los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional y los Comandantes de las Fuerzas Armadas. Este Consejo tenía la dirección de la lucha contra la subversión: asesorando, proponiendo, coordinando, conduciendo y planeando todo el accionar de las fuerzas afectadas a la misma. En este contexto, apenas días más tarde - el 28 de Octubre de 1975 - el Comandante General del Ejército – e imputado en estas actuaciones - General Jorge Rafael Videla, dictó la Directiva 404/75 a fin de poner en ejecución inmediata las medidas y acciones previstas por dicho Consejo en su primera normativa (Directiva 1/75).
La Directiva 404/75 de Videla planteó la “situación” determinando cuál era el “enemigo” y describiendo las “fuerzas amigas”, entre las que incluyó la Armada y la Fuerza Aérea – cada una en el ámbito de su jurisdicción. Asimismo previó que el Consejo de Defensa mantuviera una reserva estratégica compuesta por una Brigada de Infantería en diferentes zonas de prioridad: Tucumán (prioridad 1), Capital Federal/La Plata (prioridad 2), Córdoba (Prioridad 3) y Rosario/Santa Fe (Prioridad 4) (ver punto 2.b.3 de la Directiva 404/75).
Tal previsión se cumplimentó – en lo que a la ciudad de Córdoba se refiere - a través de la única Brigada del Ejército con asiento en esta Ciudad, esto es la IV° Brigada de Infantería Aerotransportada, la que se afectó específicamente a la lucha contra la Subversión. Así lo grafica la propia Directiva 404/75 que presenta un organigrama de la Zona de Defensa 3, designando en Córdoba, a la IVº Brigada (ver fs. 218), como parte de la misma.
En igual sentido debe interpretarse el documento titulado “Acciones de Guerra – Hechos de repercusión Nacional” –correspondiente al libro histórico de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada Año 1976– al reseñar la modalidad implementada en el “período 23 mar/31 dic 76”, que describe de la siguiente manera: “El Cte Br I Aerot IV como JEM/Área 311 ordena que el 232300 Mar 76 se encuentre en el COT/Cdo Br I Aerot IV un oficial de ´`ordenes, de las Un(s) y Elem(s) de la Subárea 3111 del Área 311. Es en este momento cuando se imparte la orden del Plan de movimiento que pone en ejecución la Fase 2 de la 00 Nro 2/76 (Relevo de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales). A partir de esa fecha la Brigada conduce, como 2da Jef y EM/Área 311 operaciones en su jurisdicción, fijándose como misión: “Incrementar la ejecución de operaciones ofensivas contra la subversión a fin de preservar el orden y la seguridad de personas, de los bienes y del Estado, con la finalidad de normalizar la situación interna del país y encauzarlos dentro de un marco de democracia, hacia sus grandes destinos”. (fs. 334/5). Con lo dicho, ninguna duda cabe respecto de que el Estado Mayor de la IV Brigada conformaba también el Estado Mayor del Área 311.
En consecuencia, tanto de los conceptos anteriores, como así también de la lectura de los legajos personales de los encartados, se desprende claramente la estructura jerárquica en la que éstos se hallaban insertos al año 1978. En esta estructura el entonces General Videla se hallaba en lo más alto, ocupando el cargo de Comandante en Jefe del Ejército. Saltando desde ese estrato a la Zona de Defensa 3 – en la que se ubica la Provincia de Córdoba junto a otras nueve provincias – nos encontramos con el General Luciano Benjamín Menéndez como Comandante de la citada Zona. A su vez, dentro de la Zona 3 puede individualizarse la Subzona 31 que incluye las Provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, y dentro de este estrato, el Área 311 correspondía específicamente a la Provincia de Córdoba. El accionar del Área 311 se coordinó a través de la IV° Brigada de Infantería Aerotransportada, siendo su Comandante en 1978 el General de Brigada Arturo Gumersindo Centeno; quien actuaba junto a su órgano asesor: el Estado Mayor de la IV° Brigada, compuesto por el segundo Comandante de la Brigada y Jefe de Estado Mayor el General de Brigada Alberto Carlos Lucena, el Teniente Coronel Jorge González Navarro (Jefe de Personal), Teniente Coronel Héctor Hugo Lorenzo Chilo (Jefe de Inteligencia) y Jorge Eduardo Gorleri (Jefe de operaciones).
Ahora bien, previo a avanzar en el análisis resulta indispensable indagar particularmente en la naturaleza y funciones del órgano castrense “Estado Mayor”, el que ha merecido un amplio desarrollo y reglamentación.
Resulta de gran utilidad a estos fines el estudio del Reglamento RC-3-1 titulado “Organización y Funcionamiento de los Estados Mayores ” que nos permite ubicar la función y responsabilidad del “Estado Mayor” dentro de la unidad denominada “Comando”. El reglamento que citamos define que “el comando es la autoridad militar para ejercer el mando sobre una organización militar, aún coercitivamente”. También señala que “para ejercer las funciones de comando, el comandante será asistido por un segundo comandante (eventualmente ejecutivo) y un estado mayor de acuerdo con lo que determinen los respectivos cuadros de organización y equipo”.
Al caracterizar al “Estado Mayor” la publicación sub examine señala: “El comandante y su estado mayor constituyen una sola entidad militar que tendrá un único propósito: el exitoso cumplimiento de la misión que ha recibido del comandante. El estado mayor deberá organizarse para que cumpla dicha finalidad proporcionándole al comandante la colaboración más efectiva. Entre el comandante y su estado mayor deberá existir la compenetración más profunda. Sus relaciones tendrán como base la confianza del comandante en su estado mayor y la disciplina y la franqueza intelectual del estado mayor hacia su comandante” (El destacado me pertenece).
En cuanto al funcionamiento del Estado Mayor, el Reglamento RC-3-1 indica que normalmente contará con cinco miembros principales, que se denominarán jefes y estarán a cargo de cada uno de los amplios campos de interés: Jefe de Personal (G1), Jefe de Inteligencia (G2), Jefe de Operaciones (G3), Jefe de Logística (G4) y Jefe de Asuntos Civiles (G5). Serán funciones de estos jefes la integración de los planes, actividades y operaciones de todos los elementos componentes de la fuerza, y la coordinación de sus actividades, para asegurar el empleo más eficiente de las fuerzas en su conjunto.
Puede apreciarse de la copia correspondiente al libro histórico del año 1978 de la IV Brigada (glosada a fs. 41) que para ese año las Jefaturas se redujeron a tres (Personal, Inteligencia y Logística). Sin embargo, existen elementos para sostener que estas áreas no fueron eliminadas sino asignadas a alguna de las tres jefaturas vigentes, tan es así que de la frondosa documentación aportada por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba se registran múltiples documentos suscriptos por González Navarro, o por el General Centeno, o por el Coronel Lucena y refrendados con el código de encubrimiento del primero “321” (ver fs. 247) y su media firma, quien interviene como Jefe de Div. 5, Asuntos Civiles (ver fs. 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212).
Proyectando estos conceptos a la situación política e institucional de la Provincia de Córdoba en el año 1978, fácilmente podemos señalar que la misión asignada con carácter de PRIORIDAD en el caso de la Provincia de Córdoba, ya desde el año 1975, al Comandante de la Zona 3 – General Menéndez – fue la lucha contra la subversión. Misión claramente descripta por el Comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, en la Directiva 404/75 y descripta en el punto 4: “MISIÓN DEL EJÉRCITO: operar ofensivamente a partir de la recepción de la presente Directiva, contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras FFAA, para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado”. Consecuentemente, cabía al Comandante del Area 311 – Centeno - y a los miembros del Estado Mayor, una total compenetración en el cumplimiento de dicha misión, integrando los planes, actividades y operaciones, y coordinando a los demás elementos de la fuerza para ello.
Al analizar la existencia del hecho motivo del presente hemos establecido - con grado de probabilidad - que existió en este caso concreto “planes, actividades y operaciones” que se instrumentaron a través de órdenes de índole netamente ilegal. Es decir que pese a existir una estructura lícita montada para la lucha contra la subversión, se eligió utilizar - en este caso (como en tantos otros) – esa misma estructura mediante metodologías reñidas con el orden, la ley y los derechos individuales para el cumplimiento de la misión asignada.
Al mencionar “metodologías” hacemos referencia específicamente a modalidades de neto corte ilegal que incluyeron por aquellos años conductas aberrantes como el secuestro, la tortura, y – como es el caso que nos ocupa en esta oportunidad - el homicidio. De acuerdo a las disposiciones del Ejército, y a la estructura que le es propia, puede colegirse que estas acciones fueron ordenadas en el marco de la implementación de un plan diseñado desde la cúspide de la institución militar.
En consecuencia, el tópico referente a las “órdenes” dentro de la institución castrense, merece un tratamiento particular. Estas tienen, sin dudas, un rol preponderante, ya que constituyen la vía a través de la cual los planes, actividades y operaciones se materializan. Estos planes encuentran en los estratos superiores de conducción de la fuerza – Comandante y Estado Mayor – su fuente de inspiración y creación, se verbalizan a través de una orden que desciende por la cadena de mando y trascienden al mundo de los hechos a través de su cumplimiento por quienes se encuentran ubicados en los últimos estratos del escalafón castrense. En el particular hecho que hoy abordamos, han quedado en la oscuridad los nombres de quienes ejecutaron la orden de matar a De Benedetti, sin embargo subsiste la posibilidad de indagar las responsabilidades de aquellos que – alejados del escenario de los hechos – la elaboraron, crearon las condiciones apropiadas para su materialización y le dieron impulso a través de la estructura correspondiente.
El problema de las “órdenes” lo aborda el Reglamento RC-9-1 titulado “operaciones Contra elementos subversivos”, aprobado el 17 de diciembre de 1976. En éste se trata particularmente el tema de las órdenes, indicando: “Para preparar órdenes con escaso tiempo, que serán la norma en el ambiente operacional subversivo, los estados mayores y planas mayores deben apreciar por adelantado. Lo importante en este sentido, será que toda orden sea impartida oportunamente. Las órdenes verbales serán también normales, sobre todo en los niveles de ejecución. La impartición de éstas debe ser muy precisa y clara, siguiendo el esquema de los cinco puntos, aunque no se mencionen expresamente y frecuentemente no se cubran todos. En ningún caso debe faltar la situación, mencionando lo importante referido al oponente y a la propia tropa; la misión debe incluir, sin dejar lugar a dudas qué se debe hacer, sobre todo e indefectiblemente, para qué, es decir, debe contener en todos los casos la finalidad, la intención o lo que busca con su cumplimiento, el superior que la imparte; por último, la orden verbal debe contener los aspectos necesarios de puesto de comando y comunicaciones. Como las acciones normalmente estarán a cargo de las menores fracciones, este tipo de órdenes no debe imponer a los que las reciben responsabilidades que excedan su nivel y jerarquía; por ello no pueden quedar librados al criterio del subordinado, aspectos de ejecución, que hacen a esa responsabilidad. Por ejemplo; si se detiene a todos o algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes, o se procura preservarlos, etc.”.
El Reglamento nos aporta valiosísimos conceptos ya que por un lado confirma que es el Estado Mayor el órgano de gestación de las órdenes. En segundo término también introduce la validez y existencia de las órdenes verbales, respecto de las cuales indica que serán “normales”. Esto último resulta por demás relevante, ya que – obviamente – las órdenes ilegales que analizamos no encontraron forma escrita, pero sí resulta evidente que existieron en su modalidad verbal, y que llegaron en tal formato a quienes debían ejecutarlas. Finalmente, no puede dejar de analizarse el ejemplo propuesto en el Reglamento que sugiere que tales órdenes verbales deberán incluir la indicación precisa del temperamento a seguir por quien la ejecuta ante un caso de “resistencia pasiva”, indicándole si debe “aniquilarlos” o “detenerlos”. El ejemplo nos libra de mayores comentarios y deja traslucir las verdaderas intenciones de los redactores del reglamento, quienes contemplan como opciones igualitarias la posibilidad de “aniquilar” – haciendo clara referencia a matar – o detener, aún cuando la resistencia sea “pasiva”, es decir sin que tal resistencia implique peligro para el personal militar.
En lo que nos convoca no puedo dejar de resaltar que, conforme lo detalláramos, las órdenes incluían todas y cada una de las acciones que debían ejecutarse. Es decir que – también en el caso de las órdenes verbales ilegales que nos ocupan – todo nos lleva a concluir – con el grado de probabilidad que caracteriza a esta etapa – que desde quienes las gestaron se impartieron con el detalle de cada una de las acciones ilegales a cumplir por el ejecutor.
En la planificación de estas órdenes los miembros del Estado Mayor – en su función de asesoramiento al Comandante – aportaban cada uno según la órbita de su conocimiento de acuerdo a su área de competencia.
Como Jefe del Estado Mayor, Alberto Carlos Lucena era el responsable de todas las tareas que ejecutaba el Estado Mayor, para lo que debía preparar e impartir las normas y procedimientos para su funcionamiento, dirigir e integrar el trabajo del cuerpo, mantener informado al comandante de la Brigada Centeno –a la vez Segundo Comandante del Área 311-, distribuir y ordenar el trabajo de preparación de planes, órdenes, informes y otras tareas del Estado Mayor, fiscalizar que las órdenes se impartan de acuerdo a las normas y planes fijados por Centeno y controlar su cumplimiento (Conf. Capítulo III Sección II del Reglamento R-C-1).
Correspondía a Jorge González Navarro, Jefe de Personal (G1) - y también de Asuntos Civiles -, asesorar al General Centeno en relación a “todos los aspectos relacionados con los individuos bajo control militar directo, tanto amigos, como enemigos, militares y civiles”. Esto es: eran asuntos de su competencia el estado de los efectivos de la fuerza, los registros e informes de personal, distribución de reemplazos, traslados, incorporaciones, etc. También el “estudio y aprovechamiento del material humano”, es decir la determinación de los aspectos positivos y negativos de los grupos humanos (propios y enemigos) a fin de orientar los esfuerzos y explotar en beneficio propio las debilidades del enemigo. Eran igualmente de su competencia múltiples cuestiones relativas a los “prisioneros de guerra”, su “reunión y procesamiento (clasificación; internación; separación; evacuación; régimen interno: disciplina, empleo, seguridad y custodia, reeducación, tratamiento, liberación y repatriación)” (Conf. Capítulo III Sección III del Reglamento R-C-1).
Por su parte, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, en su carácter de Jefe de Inteligencia (G2) era el principal miembro del Estado Mayor con responsabilidad primaria sobre el “enemigo”. Sus funciones incluían la “producción de inteligencia”, esto es la reunión de la información y su procesamiento para transformarla en inteligencia, la preparación de los planes y órdenes para la reunión de la información, la adquisición de blancos, la proposición a Centeno de los elementos esenciales de la información. También se encontraban dentro de la esfera de su competencia la “utilización de la información e inteligencia”: distribuir inteligencia e información a su Superior y a aquellos otros que la necesiten en la oportunidad más conveniente para su aprovechamiento, incluyendo la apreciación de las capacidades enemigas y sus vulnerabilidades, y la “contrainteligencia”, esto es la dirección de los esfuerzos destinados a destruir la eficacia de las actividades de inteligencia del enemigo (actuales y probables), la protección de la información contra el espionaje, del personal contra la subversión y de las instalaciones y materiales contra el sabotaje, para lo cual le correspondía el planeamiento en coordinación con otros miembros de Estado Mayor, de los métodos y procedimientos a utilizar para engañar al enemigo (Conf. Capítulo III Sección IV del Reglamento R-C-1).
Tanto al relevar las obligaciones de González Navarro (G1), como las de Chilo (G2) se repiten conceptos como “enemigo” o “prisioneros de guerra”, ambos merecen un análisis en el contexto imperante en el año 1978. Al respecto, documentación reunida en la causa señala claramente que el Ejército había encarado la ofensiva contra “la subversión” en los términos de una “guerra”, utilizando la expresión “enemigo” que emplea el reglamento RC-3-1, para referirse a las organizaciones o agrupaciones consideradas “subversivas”. En tal sentido es más que ilustrativo el memorando glosado a fs. 219/21, incautado de los archivos de la Policía Federal Argentina –Delegación Córdoba- por este Juzgado Federal Nº 3, en tanto transcribe las instrucciones recibidas por los integrantes de la Comunidad Informativa en la reunión del día 13/04/76 presidida por el Comandante del Tercer Cuerpo y en presencia del Comandante de la IV Brigada, pues es en dicha ocasión en la que los representantes de los diversos servicios de inteligencia que operaban en el Área –tanto de las fuerzas armadas, como de las fuerzas de seguridad- expresamente dejan establecido para el futuro, a quiénes debe considerarse “enemigos”: “integrantes de Montoneros, ERP-PRT, Poder Obrero, Juventud Guevarista y activistas estudiantiles, gremiales y de gobierno”. Consecuentemente son “prisioneros de guerra” aquellas personas detenidas – legal o ilegalmente – pertenecientes a estas organizaciones o agrupaciones proscriptas.
Estas distinciones adquieren especial relevancia al examinar los hechos que nos convocan, ya que se trata del homicidio de un importante miembro de una organización clandestina – ERP-PRT – entidad incluida en el memorando que en copia luce a fs. 219/21 y cuyo contenido reprodujéramos en parte en el párrafo anterior.
Si bien al momento de su muerte se encontraba detenido por el delito de asociación ilícita (ver fs.80/7 ), de las propias constancias de autos se desprende que con anterioridad había estado preso y luego amnistiado por los secuestros de Silvestre en Rosario y de Sallustro (ver declaración de Tumini de fs. 71 vta. e informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fs. 21/30), circunstancia que lo posicionaba como un referente de peso dentro de la organización clandestina. De la militancia de De Benedetti en el ERP dan cuenta los testimonios de otros detenidos, que no sólo aluden a su función dentro de la organización sino también del renombre que por ella había alcanzado. Así lo señala Novillo Ravellini (fs. 127/8) cuando lo califica como un “histórico del PRT”. En similares conceptos, Tumini (fs. 69 vta) ind

Lesa humanidad: la Corte denegó excarcelaciones
El Máximo Tribunal desestimó los recursos presentados por las defensas de Pascual Gerrieri, Jorge Radice, Juan Antonio Azic y Horacio Mayorga, contra las decisiones que confirmaron la prisión preventiva de los imputados. Fallos completos
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisibles y desestimó recursos articulados por las defensas de Guerrieri, Radice, Azic y Mayorga, acusados de cometer delitos de lesa humanidad.
Así, el Máximo Tribunal ratificó las decisiones que habían denegado la excarcelación y prorrogado la prisión preventiva de los imputados en diferentes causas.

GuerrieriLa Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró inadmisible el recurso extraordinario planteado por la defensa de Pascual Oscar Guerrieri (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) en la causa en la que se investiga su participación en los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, tormentos reiterados (en siete oportunidades) y homicidio (en dos oportunidades), todos ellos en concurso real.
De este modo, los ministros Loren¬zetti, Highton de Nolasco, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Argibay dejaron en pie la decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal que declaró improcedente el recurso interpuesto. Anteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, dispuso el procesamiento de Guerrieri y mantuvo el estado de libertad del inculpado previa satisfacción de una caución real de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) por su presunta participación en los delitos perpetrados durante 1977, en esa ciudad, cuando se desempeñaba como Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Comando del II Cuerpo del Ejército.
RadiceEl máximo tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Jorge Carlos Radice, ratificando la decisión dictada en primera instancia de no hacer lugar a la excarcelación, resolución que ya había sido confirmada por la Sala II de la Cámara Federal porteña.
Radice se encuentra procesado por los delitos de robo, extorsión (en tres hechos), falsificación de documento público y asociación ilícita, todos ellos en concurso real, por la apropiación de diversos bienes pertenecientes a personas que se encontraban privadas ilegalmente de su libertad en el ámbito de la ESMA.
La Sala II de la Cámara Federal denegó la excarcelación por el tenor de los delitos imputados y por encontrarse Radice involucrado en otros procesos. Por su parte, la Cámara de Casación ponderó los argumentos que habían desarrollado los jueces en las dos instancias anteriores, desestimando la arbitrariedad planteada por el recurrente.
AzicLa Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar la queja interpuesta por la defensa de Juan Antonio Azic, quien cuestionó la intervención en el expediente del juez Eduardo Farah –en ese momento como subrogante- quien había decidido la prórroga de la prisión preventiva de Azic en la causa ESMA, dispuesta con anterioridad por el titular del Juzgado Federal Nº 12.
MayorgaEl contraalmirante (RE) Horacio Mayorga se presentó con patrocinio letrado ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para solicitar que se ampliara la amnistía dispuesta por la ley 20.508 con motivo de las actuaciones del personal militar en los hechos ocurridos entre el 15 y 22 de agosto de 1972, conocidos como “Masacre de Trelew”. El Consejo Supremo consideró que era incompetente para resolver sobre la amnistía requerida.
La Corte desestimó la presentación de la defensa de Mayorga que cuestionaba la decisión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armada y declaró que ésta resultaba correcta, en atención a que, en relación a los delitos cuya amnistía se persigue, estaba interviniendo la justicia federal de Chubut.
Fallo "Guerrieri" 9.9 Kb.
Fallo "Radice" 11.13 Kb.
Fallo "Azic" 9.9 Kb.
Fallo "Mayorga" 9.01 Kb.
Informe de Prensa Nº 16 Buenos Aires, 26 de febrero de 2009
Fuente: Centro de Informacion Judicial
www.cij.gov.ar
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

¡Están nominados!
Piden que se investigue a una larga lista de policías, militares y civiles por su presunta complicidad con la dictadura
San Luis (Pelr) 26-02-09 Enrique Ponce expuso ayer en sus alegatos una lista conteniendo el nombre de mas de 40 personas para las que pidió que se abra una compulsa para delimitar si incurrieron en algún delito por sus actuaciones en la causa en donde se investiga la muerte de Graciela Fiochetti, la desaparición forzada de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma y las torturas recibidas por Víctor Fernández. Actualmente están imputados por esos crímentes Miguel Fernández Gez, Carlos Pla, Juan Carlos Pérez, David Becerra y Luis Orozco. Ponce argumentó que en los juicios que se vienen llevando a cabo en el país se ha sentado jurisprudencia para que los delitos conexos a los crímenes de lesa humanidad, también sean considerados imprescriptibles. El abogado querellante pidió compulsa "para todos los policías del D2 que participaron en los hechos de torturas".Ellos son: Luis María Calderón (Cuotita), Juan Amador Garro, Jorge Félix Natel, Omar Gerardo Correa, Omar Lucero, Rafaél Pérez (Perecito), Luis Severo Torres, Mario Ánel Ingolingo, Wenceslao Garro, Enrique Ortubia Salinas, Juan Carlos Alcaraz.También para quienes actuaron cuando se liberó y posteriormente se secuestró a Pedro Ledesma, de la comisaría seccional Segunda: Alberto Pascacio Pereyra, Edgardo Adurelio Velazquez, Martín Arnaldo Leyes y Pedro Ismael Rosales.Del procedimiento realizado en La Toma, pidió que se abriera causa a Pedro Gil Puebla, Mariano Mansilla, Jorge Andrés Mora, Antonio Becerra e Inés Castro.Por su participación en la confección y/o actuaciones en el sumario 22, por el hallazgo de los dos cadáveres en las Salinas del Bebedero, a Juan Gutierrez Saccone, Ernesto Moreno Recalde, Jorge Moyano, Oscar Sosa, Manuel Calderón, Domingo Rosas Rezano, Lilo Albisu, (por no ordenar el cierre de rutas) Carlos Pedro Guardia, Ram´n Celestino Gatica y María del Carmen Sosa. Algunos de ellos son por los testimonios brindados en el juicio.También solicitó que se investigue a los militares Juan Carlos Moreno (ex jefe del GADA), Horacio Dana (a cargo del procedimiento en La Toma e indicado por un testimonio como participe del fusilamiento de Fiochetti), Cárlos Alemán Urquiza (señalado por los testigos como torturador), Jorge Alberto Moreyra, Carlos Osarán (integrante de la Plana Mayor), Guillelrmo Daract, López, Gerásimo Quiroga y al general Luciano Benjamín Menéndez, por entonces Jefe del III Cuerpo de Ejército, del que dependía San Luis y el 2° Jefe de la 8° Compañía de Infantería de Montaña, con asiento en Mendoza, general Yapur.De igual manera pidió que se abran investigaciones para determinar la responsabilidad del actual camarista mendocino, que era Secretario Federal en la dictadura militar, Carlos Martín Pereyra González y al entonces Juez Federal, Eduardo Allende, por posible encubrimiento a partir de la documental que obra en la causa y los testimonios brindados por Juan Vergés, Anibal Oliveras y Mirtha Rosales.Informe: Gustavo Senngustavosenn@gmail.com


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"Les pedimos que den un paso mas en favor de las victimas"
La querella solicitó reclusión perpetua y cárcel común para los represores


Enrique Ponce se abraza con Guilllermina Ledesma. Fue aplaudido a la salida de la audiencia.

San Luis (Pelr) 26-02-09. La querella pidió ayer que se condene a reclusión perpetua, inhabilitación de por vida, cárcel común efectiva, a los militares y policías imputados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y solicitó además que se abra compulsa para determinar si otras 46 personas, entre ellos un ex juez federal y un camarista federal mendocino, cometieron delitos durante ese período en la causa que se ventila en el primer juicio oral y público que se lleva adelante en Cuyo por estos crímenes.
Enrique Ponce representa en el juicio a los familiares de Graciela Fiochetti, Santana Alcaraz y Pedro Valentín Ledesma, víctimas del terrorismo de Estado y de Víctor Fernández, sobreviviente de las detenciones de setiembre de 1976, quien denunció haber sufrido torturas luego de ser sacado de su hogar en el operativo que se llevó adelante en la localidad de La Toma el 21 de ese mes. También acciona en nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que se constituyó en querellante en la causa.
El abogado reclamó además que se abra compulsa para determinar si otras 46 personas cometieron delito con su accionar, enmarcado dentro "de un plan sistemático" que se llevó adelante en todo el país para cometer genocidio contra un sector de ciudadanos que "se oponían al régimen imperante" en ese momento.
Por esa razón incluyó dentro de los pedidos, que se incorpore en las próximas causas (algunas en trámite en la fiscalía de primera instancia) al general Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del III Cuerpo de Ejército, del que dependía el Comando de Artillería con asiento en San Luis.
Entre los que también pidió que se investigue está el ex secretario federal de San Luis y actual juez de Cámara de Mendoza, Carlos Martín Pereyra González, ya que un testigo de la causa indicó que había presenciado la tortura de Graciela Fiochetti, pero además porque tuvo actuaciones en aquellos días que podrían haber configurado el delito de encubrimiento. Varios testigos que estuvieron detenidos durante la dictadura, señalaron que habían denunciado ante el entonces juez Eduardo Allende y el secretario Pereyra González que habían sufrido torturas y no abrieron una causa por ese delito. Pero también está su firma estampada en algunos documentos oficiales que indicarían su mal desempeño o groseras omisiones para su cargo.
Asimismo a quienes formaron parte de las planas mayores del Comando de Artillería 141, y del Grupo de Artillería 141, como así también su jefe, los coroneles retirados Juan Carlos Moreno, Horacio Dana, Carlos Alemán Urquiza, Carlos Osarán y Guillermo Daract entre otros miltares de alto rango.
Ponce consideró en su alegato que los actuales imputados tuvieron "una función precisa dentro de la maquinaria" represiva y que los crímenes no se podrían haber cometido sin la concurrencia de todos.
Calificó a Miguel Ángel Fernández Gez, por entonces la máxima autoridad militar en San Luis, como "el autor mediato" de los crímenes que se investigan, ya que él tenía "el dominio de la información y de los hechos" que estaban bajo su órbita. Carlos Estaban Pla, por entonces capitán a cargo de la subjefatura de la Policía de San Luis le atribuyó haber encabezado los procedimientos en la llamada lucha antisubversiva y haber participado de manera activa en las sesiones de torturas de las víctimas.
Un relato de uno de los represores que ya ha fallecido lo señala a Pla como el hombre que disparó en la nuca de Graciela Fiochetti en las Salinas de Bebedero y también ultimó de la misma manera a Santana Alcaraz, presuntamente la segunda persona asesinada ese 23 de setiembre de 1976, que aún continúa desaparecida.
Trabajadores de la fábrica Dos Anclas vieron salir esa madrugada dos automóviles con 9 personas, por lo que Ponce no descartó que "toda la plana mayor hubiese participado del fusilamiento" y citó el caso de Bruno Laborda, el militar que revistó en el III Cuerpo de Ejército que al ver que no le daban su ascenso relató como actos de servicio lo realizado en Córdoba durante la dictadura, en donde contó de manera detallada como participaba toda la jerarquía militar, para lograr involucramiento y "un pacto de silencio".
Refiriéndose a Pla, dijo que "en términos de responsabilidades es indiferente si tiró o no del gatillo. Quedó absolutamente probado que él conducía los operativos"
Sosteniendo su argumento en los dichos del represor fallecido, que testimonió ante el juez González Macías en Mendoza, cuando se reabrió la causa en la democracia, Ponce dijo que incluso pudo haber participado un tercer auto, en los que iban los policías Víctor Becerra, Chavero, Velásquez y (Juan Carlos) Pérez. Jorge Hugo Velásquez, en su testimonio ante el juez mendocino, dijo que se sintió conmovido por haber visto la muerte de los dos jóvenes y Víctor Becerra lo increpó diciéndole ante esos hechos: "acaba de presenciar un fusilamiento".
Víctor David Becerra, fue jefe del D2 de Informaciones y sindicado por los testigos como un feroz torturador. Hoy no presenció la audiencia en forma directa, ya que se encontraba en una sala contigua recostado en un camilla, debido a una dolencia a causa de una diabetes crónica que padece, pero se lo consultó terminada la misma si había entendido lo que ocurría en la sala y respondió: "van a juzgar a todos mis compañeros", además de relatar otras instancias de lo ocurrido durante la jornada. "Está lúcido y entiende perfectamente", dijo una fuente judicial, echando por tierra el argumento de su abogado defensor de que por su dolencia tenía dificultades para comprender lo que sucedía en el juicio.
En relación al entonces cabo Luis Orozco, el sumariante que confeccionó el acta de libertad falsa que se le hizo firmar a Graciela Fiochetti, junto a Juan Carlos Pérez, el segundo en el D2, dijo que su participación en ese engaño fue fundamental, pero también la actividad que desarrolló después, ya que fue él junto a otros policías, los que llevaron el cadáver de la joven desde la morgue al cementerio y la enterraron como NN. "Estaba con la misma ropa, ya la había identificado su hermana, él sabía que se trataba de Graciela y la enterraron como NN. Orozco también fue la persona encargada de realizar la inscripción como NN en el Registro Civil, cuya acta de defunción aclara que fue realizada de esa manera "por expreso pedido del Jefe del Comando de Artillería" Miguel Ángel Fernández Gez para encubrir el procedimiento ilegal.
El querellante se refirió a los antecedentes de los juicios que se realizaron en el país contra otros represores y le pidió al Tribunal "que den un paso más a favor de las víctimas" para que "se profundice el camino" trazado por la justicia, para que quede "como un mensaje a futuro", porque "también en San Luis podamos decir Nunca Mas".
Informe: Gustavo Senn
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El sabado 28 a partir de las 10 horas y hasta las 17 horas, en la sede ATE, Colon 69, Paraná se llevara el tercer encuentro del año para debatir sobre la morosidad de los juicios a los represores a más de cinco años de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final y los mecanismos para su agilización.
Convocan ex presos políticos que nada tienen (y tenemos) que ver con la llamada Comision Nacional de Ex Presos Politicos, familiares, abogados, querellantes, organismos de derechos humanos, Comisión Campo de Mayo y Red de Noticias DH, entre otros.
Confirmaron su participación de Corrientes, Rosario, Santa Fe, Paraná, Buenos Aires, Capital Federal, Misiones y Formosa.
La primera reunión se realizó en Salto, Uruguay, la segunda en Rosario y ahora en Paraná para culminar en una nacional en fecha a fijar lo mismo que el lugar.

celulares: Tonio Fernández 011-1569618579
Carlos "Tintina" González 011-1557618785
María "La Campe" Padro: 0343-154-590766-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS



Martín Mozé recuperó su apellido 35 años después

La Cámara de Familia de 1ª Nominación de Córdoba le dio la razón al hijo del dirigente montonero, Miguel Ángel “el Chicato” Mozé, secuestrado y asesinado en 1976 durante la última dictadura militar.

2009-02-26 -
"Un Día del Padre le pregunté a mi mamá a quién le tenía que hacer un regalo y ella se largó a llorar y me contó la historia. Me había puesto su apellido para protegerme, porque a mi papá lo perseguía la Triple A2",
Así y muy emocionado, Martín Mozé recordaba en una nota publicada en Prensared (http://www.prensared.com.ar/indexmain.php?lnk=1&mnu=10&idnota=5247) la dramática situación que le tocó vivir desde bebé cuando su padre, el dirigente montonero Miguel Ángel “el Chicato” Mozé fue secuestrado y asesinado en Córdoba durante la sangrienta dictadura militar de 1976.
Martín esperó 35 años para recuperar su apellido paterno y este mediodía no pudo ocultar su alegría y satisfacción porque la Cámara de Familia de 1ª Nominación de Córdoba falló a su favor en el juicio de afiliación.
“Este día es muy importante para mí porque haber recuperado el apellido me permite cerrar parte de mi historia personal y poder reconocer que mi viejo me transmitió su coherencia y valores que hoy llevo con mucho orgullo”, afirmó Martín durante una conferencia de prensa conjunta con organismos de Derechos Humanos.
El padre de Martín, fue secuestrado en 1975 y fusilado un año después junto a otros 27 presos políticos de la UP1 (Penitenciaria de San Martín). El juicio por el cobarde asesinato de estos compañeros que estaban legalizados, con procesos judiciales, bajo la responsabilidad de jueces o a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) por la vigencia del estado de sitio, se realizará en el transcurso de este año en los Tribunales Federales de Córdoba.
www.prensared.com.ar

Notas relacionadas:
2009-02-09 :: “Necesito que en mi documento diga Mozé” -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Jueves, 26 de Febrero de 2009
Por la desaparición de tres ciudadanos ítalo-argentinos
Perpetua para Astiz en Italia

La Corte de Casación italiana confirmó la condena a prisión perpetua al ex capitán de la marina argentina Alfredo Astiz por la desaparición y muerte de tres ítalo-argentinos durante la dictadura militar.
El tribunal confirmó igualmente la condena a cadena perpetua a otros tres militares argentinos: los capitanes de navío Jorge Eduardo Acosta y Raúl Vildoza, así como el contralmirante Antonio Vañek.
El quinto militar juzgado y condenado por el mismo caso, el prefecto naval Héctor Antonio Febres, murió en diciembre del 2007.
Los militares, que operaban en el centro clandestino de detención y tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, estuvieron ausentes del proceso y, por lo tanto, fueron juzgados en rebeldía, como lo prevé la legislación italiana.
Los oficiales argentinos fueron condenados por el homicidio premeditado de Angela María Aieta --madre del líder de la Juventud Peronista Dante Gullo--, secuestrada el 5 de agosto de 1976, así como de Giovanni Pegoraro y su hija, Susana, ambos secuestrados el 18 de junio de 1977.
Todas las víctimas tenían nacionalidad italiana y pasaron por la ESMA.
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2 comentarios:

Anónimo dijo...

Muy buen post, estoy casi 100% de acuerdo contigo :)

Anónimo dijo...

Saludos, muy interesante el post, espero que sigas actualizandolo!