viernes, 13 de febrero de 2009


La Justicia recuperó a la hija de desaparecidos número 97
Se trata de "Bárbara Ricchutti", de 32 años, y es la "nieta" número 97 que pudo ser identificadas por las Abuelas de Plaza de Mayo. Es la hermana de Juliana García Recchia, secretaria privada de Estela de Carlotto



El Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, logró identificar a otra hija de desaparecidos luego de diversos estudios de sangre que se efectuaron en el último año. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae.com el hallazgo e identificaron a la "nieta" como "Bárbara Ricchutti", cuyo nombre real es Bárbara García Recchia, hija de Beatriz Recchia y Domingo García, según publicó el sitio oficial de las Abuelas de Plaza de Mayo. La investigación se inició en 2008, cuando la jueza federal Arroyo Salgado inició las investigaciones que dieron con el paradero de García Recchia. Bárbara estaba en poder de un ex oficial de Inteligencia del Ejército, que durante los primeros dos años de la recuperación de la democracia se desempeñó como agregado militar en Italia. "La compatibilización de estudios de sangre dio 99,99% de certeza en que Bárbara y Juliana son hermanas", dijo la fuente a este medio. Juliana García Recchia es justamente la secretaria privada de Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien buscó a su hermana de sangre toda su vida. "Abuelas" es la organización de Derechos Humanos que se encarga de la recuperación de los hijos de desaparecidos que hayan sido apropiados ilegalmente o que hayan nacido en cautiverio."La verdad que se vivieron momentos de mucha emoción dentro del Juzgado", señaló un allegado que presenció la escena.La anterior "nieta" fue recuperada por "Abuelas" en diciembre último cuando se comunicó que la hija de Raquel Carolina Ángela Negro y de Edgar Tulio Valenzuela -ambos desaparecidos en 1978- había sido identificada.La palabra de Cristina KirchnerLa Presidente destacó la "labor incansable" de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes "siguen trabajando en la recuperación de los chicos, lo que es un ejercicio de dignidad"."La labor incansable, inclaudicable de estas mujeres que siguen buscando en cada uno de los chicos a esos nietos, que son nietos de todos los argentinos", señaló la Primera Mandataria.





El genocida González Conti: castigo natural
(AW) El represor Rodolfo González Conti, quien lideraba la pandilla de asesinos de la provincia de Buenos Aires durante la represión militar de los años setenta junto a Ramón Camps, murió el pasado lunes, en su domicilio. Otro de los miles de militares homicidas que, sin juicio y castigo, disfrutan de una vida de lujos, y mueren sin una justa condena.
Por Camilo Cagni -periodista-
A la larga lista de represores que encuentran la muerte en la comodidad de sus hogares, se le suma un ex integrante de la policía bonaerense que comandó la represión en la provincia de Buenos Aires junto al también fallecido Ramón Camps (jefe de la fuerza entre 1976 y 1977) y el actual convicto Miguel Etchetcolatz. Se trata de Rodolfo González Conti, que en la mañana del lunes 9 de febrero falleció como consecuencia de una serie de complicaciones en su estado de salud mientras atravesaba una post-operación.González Conti llegó al techo de su carrera policial cuando en el año 1977, bajo el rango de Comisario General, fue nombrado como Director de Seguridad, cargo que ejerció hasta entrado el año '79. Es justamente en este período donde las fuerzas represivas comienzan a realizar el mayor genocidio jamás imaginado contra gran parte de la sociedad civil argentina, y donde su imagen comienza a mimetizarse con el horror mismo. Organismos de DD.HH lo responsabilizan en el secuestro y desaparición de más de 10.000 personas, dado que bajo su mando se encontraban una veintena de Centros Clandestinos de Detención como La Cacha, El Pozo de Quilmes, Arana, Sheraton, Pozo de Banfield, entre otros.Desde el año 2005, el ex jerarca policial se encontraba detenido en su casa de calle 43 Nº 623 de la ciudad de La Plata, donde asiduamente violaba su prisión domiciliaria para poder manejar su Renault Megane color beige metalizado. Estos datos fueron aportados a la justicia por varios de sus vecinos y las denuncias quedaron asentadas en el Juzgado Federal N° 3 a cargo del Dr. Arnaldo Corazza, quien ya lo había detenido en la causa donde se investigan los crímenes cometidos en la Comisaría 5ª de La Plata.En búsqueda de una condena social, la agrupación HIJOS le realizó varios escraches en la puerta de su domicilio. El último se hizo el 28 de Noviembre de 2006, y en aquella ocasión la policía reprimió al grueso de manifestantes que avanzaba para poder realizar el acto en el frente de su casa. Después de tirar gases y balas de goma, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense se informó a los medios de comunicación que: "no hubo represión sino disuasión". Lo cierto es que el operativo continúo varias cuadras más del domicilio de Conti, dejando un tendal de heridos. A partir de ese momento y durante varias semanas, la casa del represor estuvo férreamente vigilada por personal policial. En su largo paso por la policía provincial, el ya fallecido Comisario General se desempeñó como docente durante los años '90 en la escuela de formación policial "Juan Vucetich". En el libro Manual de Conducción Policial, editado en 1997 por Primo Editora y cuyos autores son el Comisario General Vicente Jorge Schoo y el Comisario Inspector Hugo Ignacio Silva, ambos retirados, el prólogo fue escrito por el mismo Gonzalez Conti. Pregonando principios autoritarios y antidemocráticos, este libro fue estudiado por los aspirantes a policías que ahora seguramente están en función.A sus 77 años de edad, Conti supo edificar un buen pasar económico al reciclarse en el negocio de la seguridad privada. Gracias a los buenos contactos que supo cosechar en sus épocas de gloria dentro de la bonaerense, fundó estando en democracia varias agencias de seguridad privada que en estos últimos años transfirió a sus testaferros.

AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS






Se reinicio el juicio por violaciones a los dh en Paraná
Esta semana se reiniciaron las audiencias testimoniales en el juicio por escrito a los derechos humanos en la última dictadura militar, en la que están imputados 13 militares y civiles que serán citados en una indagatoria posterior.
La abogada querellante Marina Barbagelata afirmó que se "esta avanzando" y que la expectativa es "que todos estos testimonios conduzcan a una pronta detención de todas las personas imputadas para que se les tome indagatorias.
El primer testigo en presentarse ante la jueza federal Myriam Galizzi fue Leandro Molina. En esta segunda etapa se ha dispuesto que declare una persona por semana –son nueve en total- por lo que el desfile de familiares y sobrevivientes de la dictadura se extenderá hasta el lunes 9 de abril, según indicaron fuentes judiciales a Análisis Digital.
En la Causa Area Paraná se investiga las graves violaciones cometidas en oeste entrerriano durante la última dictadura militar y las demás declaraciones "se irán tomando otras medidas", según dijo Barbagelata, al tiempo que agregó que "seguramente éstas serán las testimoniales más importantes, por ahora, son las últimas establecidas por el Juzgado Federal aunque podrían derivar en otras, porque según las declaraciones pueden surgir la necesidad de pedir otras testimoniales".
Además, Barbagelata expresó a la Agencia de Informaciones del MERCOSUR que "estas declaraciones son los relatos de las víctimas, y en función de ellos puede surgir – y seguramente así será- otras testimoniales que van acreditar estos hechos que las víctimas ponen de manifiesto".
Esta causa se inició con el advenimiento de la democracia, pero fue archivada tras la sanción de las leyes de impunidad, en 1987.
En aquel momento fueron imputados:
José Antonio Appelhans
Jorge Humberto Appiani
Luis Francisco Armocida
Ramón Oscar Balcaza
Rosa Susana Bidinost
Carlos María Cerrillos
Ramón Genaro Díaz Bessone
Hugo Mario Moyano ( médico civil)
Oscar Ramón Obaid
Julio Raúl Paredes
Alberto Rivas
Juan Carlos Trimarco
Carlos Horacio Zapata, además de otros represores fallecidos.
La causa se reinició en 2004, después que la juez Galizzi declarara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y la inconstitucionalidad de los decretos de indulto que beneficiaban a los represores. Sin embargo la causa no tiene procesados. La abogada Barbagelata confío en que "seguramente a partir de estas testimoniales se llamaran a indagatoria a las personas que están imputadas".

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EL PAISCOMENZARON LAS DECLARACIONES TESTIMONIALES EN EL JUICIO A JORGE OLIVERA ROVERE
"Los llevaban arrastrando
"

Patricia Erb, sobreviviente de Campo de Mayo, y otros cuatro testigos fueron las primeras personas en declarar. Se esperan cerca de 400. El abogado del represor buscó incomodar a quienes dieron su testimonio.


El represor Jorge Olivera Róvere está siendo juzgado por 120 secuestros y cuatro

Por Diego Martínez
Sin el imputado en la sala pero con su abogado Norberto Giletta empeñado en estigmatizar a quienes sobrevivieron a los centros clandestinos de la última dictadura, se inició ayer la ronda de testimonios del juicio al general Jorge Olivera Róvere, imputado por 120 secuestros y cuatro homicidios en 1976. Luego del escándalo del martes y de la revisión del criterio de publicidad acotada por parte del Tribunal Oral Federal 5, que por primera vez luego de cinco juicios por crímenes de lesa humanidad autorizó el miércoles el ingreso de un fotógrafo, las testimoniales comenzaron sin reporteros en la sala. La Corte Suprema de Justicia, en la acordada 29 del año pasado, reclamó garantizar sólo la publicidad de audiencias iniciales, alegatos y sentencias.
La primera de los casi 400 testigos que declararán durante los próximos seis meses fue Patricia Erb, sobreviviente de Campo de Mayo, citada por los casos de los desaparecidos Aníbal Carlos Testa y Elena Cristina Barberis, por los que está imputado el ex jefe de la subzona militar Capital Federal. Erb fue secuestrada en Floresta el 13 de septiembre de 1976 y trasladada a un galpón repleto de cautivos encadenados y encapuchados. Un par de veces, mientras la llevaron a un baño, pudo ver fugazmente "gente muy torturada, que no se podía parar y los llevaban arrastrando", dijo. Por comentarios de otros secuestrados supo que estaba en la mayor guarnición militar del Ejército: Campo de Mayo.
Erb describió con el mayor detalle posible los recuerdos de sus 23 días en cautiverio, dio apodos y en algunos casos nombres de personas secuestradas allí, entre ellos "La Gringa" y "El Cordobés", como llamaban a Barberis y Testa, y el del ex dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores Domingo Menna. Luego contó que la blanquearon en una comisaría de Bella Vista, donde gracias a las gestiones de su familia la visitó el cónsul norteamericano, que le tramitó su pasaporte.
–¿De dónde conocía al Cordobés y la Gringa? –preguntó Giletta, que defiende a Olivera Róvere desde hace más de veinte años.
–De la militancia –respondió Erb.
–¿Dónde militaba usted? –indagó el ex juez de la dictadura.
–En la Juventud Guevarista, era una activa militante pese a mi juventud.
–¿Y cómo conocía a Domingo Menna? –preguntó desafiante Giletta.
El fiscal Félix Crous objetó la pregunta porque "no tiene nada que ver con el objeto del juicio", dijo, pero los miembros del TOF5 no hicieron lugar al pedido y le ordenaron responder.
–Era un reconocido dirigente del PRT –explicó Erb.
–¿Por qué motivo supone que sobrevivió? –metió el dedo en la llaga Giletta, consciente de la estigmatización de delatores que los propios represores se esmeraron en imponer a los sobrevivientes.
Crous volvió a objetar la pregunta. "No es pertinente y me preocupa el camino que está tomando la defensa", advirtió. A los jueces Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías, no les pareció una pregunta reprochable.
–Supongo que me liberaron porque era ciudadana norteamericana y hubo muchas gestiones y presión para obtener mi libertad –dijo Erb.
Luego hubo otros cuatro testigos. Por la desaparición de Carlos Florentino Cerrudo declararon su hermana Delia, que presenció el secuestro, y Orlando Ormanechea, detenido en el mismo operativo por un grupo armado de civil. Rubén García, suboficial retirado de la Policía Federal, declaró como testigo de contexto de un procedimiento en el laboratorio Lepetit en noviembre de 1976. Contó que fue comisionado a constatar la existencia de un enfrentamiento armado pero al llegar se encontró con un oficial que se presentó como "mayor Valderrobles". Cuando informó el dato sus superiores le ordenaron retirarse. Francisco Astelarra contó que dos semanas antes del secuestro de su hermano Santiago, delegado del Cemic, una patrulla del Ejército preguntó por él en casa de sus padres, y que al día siguiente de su secuestro un llamado anónimo alertó a la familia que se lo había llevado "gente del Ejército".

EL PAIS
El Consejo pide un informe
La resistencia del Tribunal Oral Federal 5 a garantizar la publicidad de los juicios a represores llegó al Consejo de la Magistratura. La Comisión de Disciplina y Acusación le requirió ayer un informe al fiscal federal Félix Crous, quien tiene a su cargo la acusación oficial ante el TOF5 en los juicios por crímenes cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército. El año pasado Crous denunció al tribunal por "arbitrariedad manifiesta" por rechazar sin argumentos su pedido de que se transmitieran audiencias iniciales, alegatos y sentencia, instancias que luego ordenó difundir la Corte Suprema de Justicia. La Sala IV de Casación rechazó la apelación del fiscal a la negativa del TOF5, pero ante la falta de apelación de Ricardo Weschler, fiscal ante Casación, el caso nunca llegó a la Corte.

Fuente: Pagina 12-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS


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Massera. El ex jerarca de la Marina tiene 83 años. Fue internado por un "síncope".

Días antes de que una nueva pericia establezca si está demente o sólo simula, el dictador Emilio Massera fue internado por una supuesta afección cardíaca. El ex jefe de la Armada ingresó al Hospital Naval el martes pasado, luego de sufrir una pequeña pérdida de conocimiento, llamada síncope, en su casa de la Avenida del Libertador, y hasta ayer continuaba en una habitación de la Unidad Coronaria. En diciembre, un neurólogo enviado por la Justicia italiana concluyó que Massera se encuentra en condiciones de afrontar un juicio. Al conocer el informe, el juez federal Sergio Torres ordenó que se le realicen nuevos exámenes, algo que iba a ocurrir la semana próxima.Los procesos contra el jefe de uno de los mayores centros clandestinos del país se suspendieron en 2005, luego de que una junta médica dictaminó que Massera no podía prestar declaración ya que era incapaz de comprender sus actos. Desde entonces, se encuentra en su casa. Allí regresará a menos que la Justicia tome medidas luego de un pedido de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que alertó sobre el incumplimiento del fallo de la Cámara Federal porteña que hace dos años ordenó que el represor sea alojado en una unidad penal especial dentro de un neuropsiquiátrico.La última vez que los peritos del Cuerpo Médico Forense examinaron a Massera fue el 12 de agosto pasado. Ese día enviaron un informe a la jueza federal María Servini de Cubría en el que indicaron que "el pronóstico –trastorno psicoorgánico cerebral con importante deterioro cognitivo– es crónico e irreversible".Sólo cuatro meses después, en diciembre, el perito italiano Piero Rocchini puso en duda la seriedad de aquellos exámenes y concluyó algo totalmente distinto: que el represor "experimenta una moderada declinación psíquica" y que, "pese a posibles intentos manipulatorios, más o menos conscientes, actuados por medio de exageraciones de síntomas psíquicos ficticios", está en condiciones de ser juzgado.Mientras el informe es analizado por la Justicia romana para determinar si reabre el expediente que se le sigue en ese país, el juez Torres ordenó nuevas pericias. Para esos exámenes, que confirmarán o desecharán el dictamen de Rochini, el magistrado apartó al Cuerpo Médico Forense y convocó otros especialistas.Hasta la noticia del síncope, estaba previsto que los análisis se realicen la semana próxima y que estén a cargo del doctor Néstor Stingo, de la Asociación Médica Argentina, y de un médico y un psicólogo de la Universidad de Buenos Aires. El juez Torres, aceptó, además, el pedido de la querella de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos para que cuando se visite a Massera también estén presentes dos peritos de parte. Las supuestas afecciones cardíacas del miembro de la primera Junta Militar reaviva la polémica acerca de la veracidad de los controles médicos que la Justicia debe hacer a los octogenarios represores.Olivera Róvere: nuevamente sin fotosEl Tribunal Oral Federal 5 (TOF5), que había impedido a la prensa tomar fotos del enjuiciado ex represor Jorge Olivera Róvere y luego levantó parcialmente la prohibición, volvió ayer a cambiar las normas de trabajo de los periodistas acreditados en ese proceso: ahora obligaron a los cronistas a firmar la aceptación de las medidas que implican resignar la posibilidad de captar imágenes propias.Los jueces Daniel Obligado (presidente), Guillermo Gordo y Ernesto Frías anularon las acreditaciones permanentes que habían expedido el martes pasado a los periodistas y establecieron la obligatoriedad de acreditarse cada día de audiencia en la sede del tribunal.Ayer, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura pidió informes al fiscal del juicio oral, Félix Crous, sobre los criterios tomados por el tribunal con respecto a la publicidad de los juicios por delitos de lesa humanidad.Mientras tanto, en la tercera jornada del juicio, el tribunal les tomó declaración a los primeros cinco testigos del proceso, familiares de desaparecidos y ex detenidos que relataron ante los magistrados sus padecimientos, con vistas a reforzar la acusación contra Olivera Róvere."Me doy por enterado en cuanto a que el tribunal garantiza a los medios televisivos y de audio la emisión de las imágenes y el sonido del debate, de conformidad a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", reza el texto que debieron firmar los periodistas. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS



A 34 años, el crimen del periodista Luciano Jaime sigue impune
Hoy se cumplen 34 años del secuestro del periodista Héctor Luciano Jaime, cuyo cuerpo dinamitado apareció días después en el paraje El Encón, en la jurisdicción de La Silleta. Se considera que su asesinato está directamente vinculado a la cobertura que había realizado del crimen del militante
justicialista Eduardo Fronda, cometido el 8 de enero de ese mismo año.
Joaquín Guil.

En sus notas sobre este hecho, publicadas en el diario El Intrasigente, Jaime dio cuenta de las torturas que había recibido Fronda.
Además, había comentado públicamente que el día antes de que su cuerpo apareciera acribillado en el camino a Lesser, lo había visto detenido en la Jefatura de Policía.
Después de esta cobertura, el periodista, que también militaba en el peronismo, había recibido amenazas de muerte. Y hay testimonios que indican que días antes del secuestro que terminó en su muerte estuvo detenido en la Jefatura. El 12 de febrero Jaime cumplió con su labor en el diario como lo hacía habitualmente. El secuestro se habría cometido al salir del trabajo, entre las 20 y las 21, cerca de la esquina de Mitre (donde estaba el local de El Intransigente) y Belgrano.


Cinco días después un habitante del paraje El Encón descubrió restos de su cuerpo esparcidos cerca de un alambrado. Lo habían hecho explotar. Como ocurrió con otras muertes cometidas en la época, el crimen de Jaime no fue investigado en aquel momento, e incluso los medios de comunicación le dieron aún menos cobertura que al homicidio de Fronda.

Recién en 2005, cuando a instancias de un hermano, Luis Fronda, el ex juez federal Abel Cornejo inició una investigación del homicidio de Eduardo Fronda, se decidió también avanzar sobre el asesinato de Jaime, consecuencia directa de su labor como periodista. Por el crimen de Fronda están procesados el ex director de Inteligencia de la Policía de la provincia, Joaquín Guil, y el oficial retirado de la Policía Federal Juan Carlos Alzugaray, y, en lo que respecta a este hecho, la causa está ya en etapa de ser elevada a juicio.

En cambio, la investigación sobre Jaime está en sus comienzos y aún resta indagar a los imputados. En esta misma causa se investigan también otros crímenes cometidos en el marco de la represión estatal. Allí también se debe investigar el secuestro y homicidio la del ex policía Carlos César Martínez, hecho cometido el 18 de marzo de 1976.

Datos incorporados a la causa señalan que este policía, que había sido custodio del ex gobernador Miguel Ragone (también secuestrado y desaparecido), habría sido quien aportó a Jaime los datos sobre la muerte de Fronda y los evidentes signos de tortura que tenía su cuerpo. Su cuerpo también fue explotado, se supone que con dinamita, aunque en su caso el crimen se cometió en el paraje El Gallinato, escenario de otros asesinatos llevados a cabo con la misma metodología.
Fuente: Nuevo Diario de Salta

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Finalizó etapa probatoria y el 24 serán los alegatos
San Luis (Pelr) 12-02-09. La jornada de ayer fue la última de la etapa probatoria, en el juicio que se les lleva adelante a militares y policías por las torturas seguidas de muerte, en San Luis, contra Graciela Fiochetti, la desaparición física de Valentín Ledesma y Santana Alcaráz y las torturas recibidas por Guillermo Fernández, durante la dictadura militar que gobernó desde el 24 de marzo de 1976.Se podría decir que en la primera parte, se desarrolló un mero trámite administrativo, incorporando las últimas pruebas que quedaban, pero una vez finalizado esto, el tribunal se constituyó en el Complejo Sanitario San Luis, donde está internado el "Japonés" Becerra, para ponerlo en conocimiento de trámites y darle la última posibilidad de declarar en forma indagatoria, a lo que se negó, señalando "yo nunca voy a hablar de esto", según le dijo a este medio alguien que participó de la sesión, a la que la prensa tuvo el acceso prohibido.La sesión se desarrolló en el aula del Complejo, ubicada frente a la Dirección y estuvieron presentes los cuatro miembros del tribunal, su abogado defensor Hernán Vidal, además de los defensores Daniel Mercado e Ítalo Papalardo, entre los protagonistas del juicio, pero estuvieron presentes médicos del nosocomio, el forense Ricardo Torres y el director del Complejo Sanitario San Luis, Eduardo Canteros.Alrededor del mediodía, y sin haber conseguido la declaración del "Japonés" Becerra, el tribunal se retiró del lugar, dando oficialmente como terminada la ronda probatoria de este juicio.En la sala donde se desarrolla el debate oral, y previo a partir con rumbo al nosocomio local, el presidente del tribunal, Raúl Alberto Rodríguez, había informado que con esta comparecencia al lugar donde estaba internado Becerra, se daba por finalizada la etapa probatoria, y convocó a las partes para el martes 24 de febrero, a partir de la hora 08:30, para comenzar con la ronda de alegatos.Esta ronda la comenzará el particular damnificado, lo seguirá la fiscal de Cámara y posteriormente continuarán las defensas, "en el orden que ustedes decidan", según les informó.
Informe: Carlos Rubén Capella
carlosrcapella@yahoo.com.ar

"La salud de Becerra no se empeoró por el juicio"
San Luis (Pelr) 12-02-09. El director del Complejo Sanitario San Luis, dialogó con Periodistas en la red, luego de la audiencia que se realizó con el "Japonés" Becerra y aseguró que el estado de salud que reviste el imputado por crímenes de lesa humanidad, aseguró que "el paciente, al momento del examen, no se encuentra con descompensación. Con esto no podemos decir que el señor está sano, sino que sus patologías, sus enfermedades crónicas, en el momento de hoy día (por ayer), están estables, lo que le permite estar en su domicilio y es lo que está pidiendo el señor Becerra, estar en su domicilio", algo que contradice a Vidal, quien aseguró que eran los profesionales del hospital, quienes le quieren dar el alta sin estar en condiciones de recibirla.Uno de los médicos que estuvo en la audiencia, y quien pidió reserva de identidad, aseguró a Periodistas en la red, que "Becerra tiene una diabetes terminal, con una insuficiencia renal que le requiere diálisis de por vida, algo que es propio de su enfermedad y del pésimo estado arterial que tiene", por lo que "el supuesto estrés del juicio nada influyó en su estado actual" y como a modo de ejemplo, nos contó que "cuando yo iba a la escuela, teníamos un compañero que era tartamudo y el muy hdp, cuando teníamos un examen donde él no había estudiado, tartamudeaba mucho más, para zafar y lo lograba. Comparando con mi compañero, creo que acá pasa lo mismo, se hace más el enfermo para zafar del juicio", dijo rotundamente.Canteros, coincidió con este médico, en cuanto a que Becerra "tiene una patología crónica, que viene acentuándose paulatinamente, está así relatado en la bibliografía médica y está comprobado desde el punto de vista científico, que esto es así, con lo que estas situaciones por las que está pasando el señor Becerra (el juicio), pueden en algún momento descompensarlo, pero no por esta situación coyuntural, el señor Becerra ha sufrido esto".El médico con el cual mantuvimos el diálogo informal, aseguró que "es muy posible que dentro de poco, Becerra pierda las dos piernas, pero no va a ser producto del juicio, sino porque está en un estado de una patología terminal".Informe: Carlos Rubén Capella
carlosrcapella@yahoo.com.ar


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miércoles, 11 de febrero de 2009
DERECHOS HUMANOS EL PLAN SIGNIFICÓ EL INICIO DEL GENOCIDIO EN NUESTRA
PROVINCIA

La agrupación "Reivindicación Histórica y Social" convoca a través de afiches a marchar el 24 de marzo. Los carteles aparecieron en distintos puntos de la ciudad. En la sede de la Comuna de San Pedro de Colalao pegaron un afiche en el vidrio que da a la calle, desde adentro del edificio. El 14 de noviembre último, realizaron un congreso en Monteros, donde decidieron un plan de acciones para solicitar que se les pague una pensión por haber combatido "contra la guerrilla". En las últimas elecciones para gobernador, se habían acoplado a la lista oficialista del Frente para la Victoria, que llevaba como candidato a José Alperovich, que luego salió públicamente a decir que se trataba de "un error". POR CONTRAPUNTO.

La agrupación está formada por soldados pertenecientes a las clases 1953/54/55 que participaron del Operativo Independencia. Se presentan como ex combatientes de una guerra que no fue tal y plantean, en consecuencia, una asistencia económica por parte del Estado. Citan a una marcha el 24 de marzo, que partirá a las 10 desde Plaza Yrigoyen. También en Buenos Aires marcharán a Plaza de Mayo, solicitando que se les otorgue una pensión y que se agilice el proyecto de ley presentado ante el Congreso Nacional con tal fin.
La movilización fue decidida en un congreso provincial de los ex soldados, que se realizó el 14 de
noviembre último en el club Yatay de Monteros.La convocatoria se hizo a través de afiches pegados en distintos puntos de la ciudad. En este contexto, llama la atención el cartel pegado en el vidrio de la sede de la Comuna de San Pedro, cuyo delegado Julio Contino fue electo por el oficialista Frente para la Victoria. Esto lleva a pensar que hay permisividad de Contino para dejar que se coloque ese cartel en el edificio comunal.De esta forma, una vez más el gobierno provincial (o sus aliados) se ve relacionado con este sector. En agosto de 2007, para las elecciones a gobernador e intendente, la agrupación "Reivindicación Histórica y Social" iba acoplada (con candidatos a legislador y concejales) al Frente para la Victoria, que postulaba a José Alperovich y Domingo Amaya.

Luego de que el hecho fuera denunciado por HIJOS y la Organización El Andamio–AvalanchaNORTE, Alperovich dio de baja esa lista e indicó que se trató de "un error" y en ese momento afirmó que deninguna manera tiene "un doble discurso" en la defensa de los derechos humanos.
La agrupación tiene todavía su sede en la calle
Las Piedras 897, a pesar de que cuando saltó a la luz que estos ex Soldados apoyaban el Operativo Independencia, había trascendido que se les cerraría el local.


EL OPERATIVO INDEPENDENCIATucumán fue una de las provincias donde la represión militar dejó más secuelas. Esto puede tener varias explicaciones, principalmente el hecho de que tenga, en promedio, la mayor cantidad de desaparecidos del país. Además, fue el lugar donde se inició el sistemático de violación a los Derechos Humanos, con el Operativo Independencia, en el año 1975.El Operativo Independencia significó la instalación del primer centro clandestino de la Argentina: la Escuelita de Famaillá. Fue el comienzo del genocidio en Tucumán. Las acciones estuvieron a cargo, primero, de Acdel Vilas, y luego de Antonio D. Bussi. El plan tuvo comienzo en nuestra provincia en el mes de febrero de 1975, a partir de la emisión del decreto secreto 261/75 firmado por Estela Martínez de Perón en su carácter de Presidenta de la Nación. Con el objetivo de "neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN" (art. 1 dec. 261/75).Teniendo subordinadas a sus órdenes al resto de las Fuerzas de Seguridad tanto provinciales como nacionales: Policía Provincial y Federal, Servicio Penitenciario y Gendarmería Nacional, se ejecutó una secuencia de delitos absolutamente planeada que consistió en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, tortura y posterior asesinato de cientos de personas.
Dice el periodista Marcos Taire que "Vilas desplegó cuatro fuerzas de tareas en la zona de operaciones, con 1.500 hombres que en poco tiempo superaron los 5.000 (…). Durante el Operativo Independencia no hubo combates. La máxima creación de Vilas fue el campo de concentración. Llamado en lenguaje militar Lugar de Reunión de Detenidos (LRD), el primero y más importante funcionó en la Escuela Diego de Rojas, en las afueras de Famaillá. Por allí pasaron alrededor de 2.000 secuestrados por las fuerzas de tareas del Operativo. La mayoría no sobrevivió. Fueron sometidos a las más crueles torturas, asesinados y desaparecidos. militares, gendarmes y policías, asesinaron a más de dos mil personas".De esta manera, lo que la agrupación "Reivindicación Histórica y Social" reclama es una pensión para aquellos soldados que fueron partícipes de crímenes de lesa humanidad y de un plan que marcó el inicio de la etapa más oscura de la historia nacional.
Fuente:
http://www.prensacontrapunto.com.ar/-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

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