jueves, 26 de febrero de 2009




EL GENERAL RETIRADO COLOMBO, PROCESADO POR LA REPRESION ILEGAL EN FORMOSA, AYER EVITO HABLAR
Otro represor que se descompensa
La primera audiencia del juicio a distancia de Juan Carlos Colombo terminó suspendiéndose tras dos cuartos intermedios y la orden de reposo al represor. Hoy se le realizará un examen médico integral para evitar otra dilación.

Por Diego Martínez
Una silla vacía en una diminuta pantalla de televisión de espaldas al público. Esa fue la imagen que durante horas tuvo ayer ante sus ojos el centenar de personas que concurrió al Colegio de Escribanos de Formosa con la intención de presenciar la audiencia inaugural del primer juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia. El imputado, general de brigada retirado Juan Carlos Colombo, ex gobernador de facto entre 1976 y 1980, tuvo un pico de hipertensión que obligó al Tribunal Oral Federal a disponer dos cuartos intermedios y, en la segunda oportunidad, el traslado del represor al Hospital Militar, donde finalmente le ordenaron reposo de 24 horas. Hoy a las once de la mañana el Cuerpo Médico Forense (CMF) deberá entregar una evaluación clínica detallada sobre el estado de salud del militar de 84 años. “Esperemos que se despejen todas las dudas. No deja de resultar llamativo que le retiraran una medicación para la hipertensión, sobre todo estando a la vista la iniciación del juicio”, confió a Página/12 una alta fuente del tribunal.
Colombo, que goza de arresto domiciliario, llegó al edificio del Consejo de la Magistratura porteño poco después de las nueve, acompañado por una mujer que sería su hija, en una camioneta del Servicio Penitenciario Federal. Ingresó a paso lento y subió en ascensor hasta el tercer piso, donde funciona el Jurado de Enjuiciamiento, que facilitó una sala con la tecnología necesaria para juzgarlo a distancia. Lo recibió Adriana Gómez González, quien ofició de secretaria ad hoc del TOF formoseño. Pese a reiteradas manifestaciones de buena voluntad de la secretaria letrada del presidente del Consejo, Luis María Bunge Campos, y del visto bueno del propio tribunal, Página/12 debió conformarse con ver desfilar penitenciarios, policías de civil, personal de limpieza y mozos con café sin poder ingresar a la sala donde estaba el represor.
Cuando aún no había transcurrido media hora de lectura de la acusación, a cargo del secretario de derechos humanos del tribunal José Cunha Ferré, Colombo manifestó las primeras molestias. Eduardo Ariel Belforte, presidente del TOF, decidió entonces un cuarto intermedio. Veinte minutos después llegó una médica del CMF, rubia, cincuentona. Luego de revisarlo informó al tribunal, frente a la cámara, que el anciano general sufría “un cuadro hipertensivo” y que le había suministrado “un ansiolítico”, pero que podía seguir escuchando la lectura del auto de elevación.
Veinte minutos después del reinicio, Colombo pidió una nueva suspensión. Los formoseños lo vieron pararse, caminar seguro hasta su bastón, y minutos después hablar por teléfono con su abogado, de apellido Casco, presente en la sala formoseña. La médica informó entonces “un pico de hipertensión”, apuntó que Colombo le manifestó que “por indicación médica” había dejado de tomar determinada medicación y sugirió trasladarlo a un hospital. Belforte ordenó un nuevo cuarto intermedio hasta las seis de la tarde, pero el militar nunca volvió. Alrededor de la cinco le dieron el alta en el Hospital Militar, pero con la indicación de guardar reposo durante 24 horas.
Cuando se reanudó la audiencia, Belforte explicó a las partes que había ordenado “una evaluación integral” que se realizará hoy a primera hora. La APDH de Formosa informó que pondrá un perito de parte para corroborar el examen al represor. Tanto ese organismo como el fiscal Luis Benítez solicitaron que se evaluara la posibilidad de trasladar al imputado a la provincia norteña, donde existen centros de atención de alta complejidad superiores al hospital militar porteño. El último diagnóstico que recibió el tribunal, en septiembre pasado, es el que dictaminó que Colombo podía defenderse pero no estaba en condiciones de viajar.
El abogado querellante Pedro Velásquez Ibarra se permitió dudar sobre los problemas de salud del ex gobernador de facto, imputado por once secuestros y tormentos agravados y dos desapariciones forzadas. “Varias personas preferirán otro final para el general antes de que se conozca la verdad. Paradójicamente los que queremos que viva mucho tiempo somos las víctimas. Sus amigos y colaboradores de Formosa están rogando que terminen sus días”, enfatizó.


1954 26 DE FEBRERO 2009 Homenaje a Daniel Gorosito Tte del Ejercito Revolucionario del Pueblo y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores,torturado,asesinado y desaparecido en el ex servicio de informaciones de la policia de la Provincia de Santa Fe. El día 26 de febrero a 55 años de su nacimiento a las 20hs,colocación de una placa recordatoria en el Centro Popular de la Memoria Dorrego 624. "...sepan que sólo muero si ustedes van aflojando que aquel que murió peleando vive en cada compañero"Invitamos a todos en general a participar y acompañar a sus familiares y compañeros. Convoca Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Rosario
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Activan unidad que monitorea causas de derechos humanos
La Corte Suprema de Justicia dispuso, mediante acordada, la organización de la dependencia especial que sigue de cerca los casos de lesa humanidad.
La repartición tiene facultades de requerir informes a los jueces sobre la evolución de esos procesos
Acordada 4/09 423.5 Kb.
A través de una acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la organización de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, creada en diciembre último para monitorear las causas que involucran violaciones a los derechos humanos.
Así, mediante la acordada 4/09, el Máximo Tribunal resolvió que aquella unidad actuará bajo la dependencia de la Secretaría General y de Gestión, y se integrará con un secretario letrado (designado por esta última disposición), un prosecretario administrativo y un auxiliar.
Entre las funciones asignadas a la dependencia especial están la de requerir informes a los magistrados sobre la evolución de los procesos; exhortar a los jueces a acelerar las causas y al Consejo de la Magistratura a tomar medidas para dotar de recursos humanos y materiales a los tribunales que intervienen en estos casos y convocar a los otros poderes del Estado y a la Procuración General de la Nación a coordinar medidas para agilizar el trámite de los procesos.
La decisión de la Corte de crear esa unidad se enmarca en una política de estado compartida desde el regreso de la democracia por los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, enfocada en la persecución de los delitos de lesa humanidad.-- Fuente: Centro de Informacion Judicial http://www.cij.gov.ar/


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Miercoles 25 de Febrero de 2009 Año III · EDICION N° 1626
El Tribunal Oral Federal deberá fijar fecha
Masacre de Margarita Belén: Elevan la causa a juicio oral
Así, lo dispuso ayer el juez Carlos Skidelsky. Ahora, quedará radicada en el Tribunal Oral Federal, a la espera de la designación de jueces y la fijación de una fecha.

El juzgamiento a parte de los responsables de la Masacre de Margarita Belén está cada vez más cerca. Ayer, el juez federal Carlos Skidelsky elevó a juicio oral y público la causa "Larrateguy, Jorge Alcides y otros s/ homicidio agravado y desaparición forzada de personas", Expediente Nº 306, más conocida como la Masacre de Margarita Belén. Si bien el juicio a los genocidas ya no comenzará en febrero, como se preveía originalmente, lo seguro es que los represores que sembraron el horror en la provincia estarán sentados en el banquillo de los acusados durante 2009.Ahora, la causa quedará radicada en el Tribunal Oral Federal. En esta instancia, se deberán designar los jueces que intervendrán en el juicio y se deberá fijar plazo para el comienzo del debate oral. El Tribunal Oral Federal está integrado por los jueces Mirta Yunes, Ana Order y Norberto Giménez, pero este medio pudo averiguar que Order no podrá intervenir en el juicio, ya que actuó como jueza en la Cámara Federal de Apelaciones, en una instancia anterior del proceso.El auto de elevación presentado por Skidelsky, es coincidente con lo requerido por el fiscal, Gustavo Corregido. De esta manera, durante la etapa de debate oral se resolverá el pedido de los querellantes, quienes entienden que Alfredo Chas, el policía imputado, no es partícipe secundario en los delitos que se atribuyen a los genocidas, sino coautor.Asimismo, también quedará por resolverse en el juicio oral, el pedido la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de juzgar a los represores por genocidio. Los acusados.Los genocidas, detenidos y acusados por la Masacre de Margarita Belén son: Horacio Losito, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad que cometió en Corrientes en el Regimiento de Infantería 9, detenido en la Prisión del Norte (más conocida como U 7) y que sería defendido por Gonzalo Molina; Jorge Carnero Sabol, detenido en la Prisión de Campo de Mayo.La lista de militares continúa con Athos Gustavo Renes, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segón, Germán Emilio Riquelme, Ernesto Simoni y Luis Patetta, todos detenidos en Campo de Mayo.A esa lista se debe sumar el también militar Alejandro Tozzo, quien recientemente fue encontrado en Río de Janeiro (Brasil), donde vivía escondido de la Justicia argentina hasta que la INTERPOL lo atrapó y ahora espera por su extradición. En tanto, el único policía acusado, como partícipe secundario de los delitos que se le atribuyen a los otros represores, es Alfredo Chas. Las víctimas.Las víctimas de la Masacre fueron: Luis Ángel Barco, Mario Cueva, Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Néstor Carlos Salas, Patricio Blas Tierno, Carlos Alberto Duarte, Julio Andrés Pereira, Alberto Díaz, Roberto Horacio Yedro, Reinaldo Amalio Zapata, Carlos Alberto Zamudio y Fernando Piérola.A este traslado a la muerte se sumaron otras personas que estaban detenidas en situación de clandestinidad, como es el caso de Ema Beatriz Cabral, Alcides Bosch (el último en ser encontrado y cuyos restos fueron rescatados del cementerio de Resistencia e identificados por forenses), Carlos Tereszecuk, Delicia González, Raúl Caire y otras personas cuya identidad se busca aun establecer. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS



Lesa humanidad: comenzó audiencia en Córdoba
Fue ante la Cámara Federal de Apelaciones, por los recursos de apelación presentados por 18 imputados contra sus procesamientos en la causa “Vergez”. Se investigan secuestros y homicidios realizados en enero de 1976 en aquella provincia
Este martes, se realizó una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba por los recursos de apelación contra los procesamientos dictados en la causa “Vergez”, donde hay 25 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en aquella provincia en enero de 1976.
En el caso donde investiga la privación ilegítima de la liberta agravada, imposición de tormentos y homicidio de 22 ciudadanos, hechos ocurridos meses antes de la instauración del gobierno de facto, 18 de los imputados apelaron sus procesamientos, que fueron dictados el 13 de mayo último.
En la audiencia de apelación estuvieron presentes los miembros del tribunal Ignacio María Vélez Funes (presidente), Abel Guillermo Sánchez Torres y Alejandro Sánchez Freytes; el fiscal general ante la Cámara, Alberto Lozada; la defensora pública oficial María Mercedes Crespi y los abogados defensores Justiniano Martínez, Jorge Agüero y Pedro Leguiza.
La audiencia
Comenzada la audiencia, el abogado defensor del imputado José Herrera, Jorge Agüero, planteó un incidente de nulidad de la audiencia cuestionando la imparcialidad de los jueces del tribunal. Luego de un cuarto intermedio, los magistrados rechazaron la presentación por “extemporánea, improcedente e inadmisible”.
Una vez resuelto el incidente, expuso sus agravios el abogado del imputado Carlos Yanicelli, Justiniano Martínez, que solicitó se revoque la resolución apelada y se dicte la falta de mérito para su defendido, aduciendo deficiencia probatoria.
A su turno, Pedro Leguiza, abogado defensor de los imputados Calixto Flores y Cayetano Rocha, también pidió que se revoque la resolución apelada, solicitando que se declare la falta de mérito para sus asistidos.
Luego del cuarto intermedio, Jorge Agüero fundamentó la apelación al procesamiento de José Herrera, solicitando que se revoque la resolución y se dicte el sobreseimiento para su defendido
La audiencia se retomará el próximo jueves, a las 10, oportunidad en la que se escucharán los fundamentos de las apelaciones a los procesamientos, planteados por la defensora pública Crespi, abogada de los imputados Luciano Benjamín Menéndez, Yamil Jabour, Marcelo Luna, Alberto Lucero, Fernando Pérez, Carlos Hugo Villarruel, Arnoldo Lopez, Emilio Morard, Héctor Raúl Romero, Luis Alberto Manzanelli, Luis Gustavo Diedrichs, Hermes Oscar Rodríguez, Héctor Pedro Vergez y Ricardo A. Lardone.
Detalles de la causa
El pasado 13 de mayo, la juez federal de 1° Instancia N° 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, dictó el procesamiento de los 25 imputados por la privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y el supuesto homicidio de 22 ciudadanos ocurridos en Córdoba, en enero de 1976.
Los imputados son: Vergez, Héctor Pedro (militar); Rodríguez, Hermes Oscar (militar); Villarreal, Rogelio (fallecido); Herrera, José Hugo (militar); Jabour, Yamil (policía); Britos, Hugo Cayetano; Luna, Marcelo (policía); Antón, Herminio Jesús; Flores,Calixto (policía); Molina, Juan Eduardo; Pérez, Fernando Andrés (policía); Romero, Héctor Raúl (personal civil de Inteligencia); Lardone, Ricardo Alberto (personal civil de Inteligencia); Menéndez, Luciano Benjamín (militar); Diedrichs, Luis Gustavo (militar); Manzanelli, Luis Alberto (militar); Barreiro, Ernesto; Yanicelli, Carlos (policía); Serrano, Miguel Angel (policía, fallecido); Gómez, Miguel Angel; Villarruel, Carlos Hugo (policía); Lucero, Alberto Luis (policía); Rocha, Ricardo Cayetano (policía); López, Arnaldo José (personal civil de Inteligencia) y Morard, Emilio (personal civil de Inteligencia).
En tanto, las víctimas son: Zucaría Hitt, Roberto José; Ravasi, Osvaldo Raúl; Cohn, Manuel Enrique; Motta, Rubén Hugo; Waquim Hilal, Norma; Waquim, Gloria Isabel; Testa, Ana María; Alonso, Severino; Suárez, Osvaldo Ramón; Ferrari de Suárez, Silvia; Annone, Humberto; Suárez Forne de Martínez, Silvia Graciela; Oberlin, Héctor Guillermo; Baudracco, Angel Santiago; López Mora, Luis; López Moyano, José Eudoro; Martínez de Martini, Marta Irene; Roth Sanmartino, Carlos Guillermo; Míguez, Lidio Antonio; Lazo, Juan José; Sosa, María del Carmen y Caffaratti, Juan Alberto.
Fuente: Centro de Informacion Judicial
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ENTREVISTA DE LOS ORGANISMOS CON LA CUPULA DE LA CORTE
Exigen acelerar las causas por derechos humanos
Organismos de derechos humanos se reunieron ayer con el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti y con su vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, para reclamar por la aceleración de los juicios por la represión ilegal durante la dictadura.En la inauguración del año judicial, la Corte hizo explícita referencia a la necesidad de elaborar una política de Estado que permita acelerar los juicios. Ayer, representantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, de Familiares de desaparecidos, de la APDH y la Liga Argentina por los derechos del Hombre, del Servicio de Paz y Justicia y del Movimiento Ecuménico presentaron a la Corte un documento con una serie de puntos básicos acordados entre esos organismos. La idea es que los poderes del Estado se unan para elaborar una estrategia estatal para el juzgamiento de esos delitos. "La Corte expresó su acuerdo con esa preocupación -dijo a Clarín Ana Chávez, del Servicio de Paz y Justicia- Entre los puntos que señalamos está, por ejemplo, el que se suspenda de los sorteos a los Tribunales Orales que ya tienen causas por delitos de lesa humanidad". Lorenzetti dijo que le parecía "excelente la idea de involucrar a todos los poderes del estado en esa política" de aceleración de los juicios, dijo Mabel Gutiérrez, de Familiares.El panorama se presenta bastante complicado para impulsar las más de mil causas abiertas contra los represores. Fuentes de la Corte dijeron ayer que faltan jueces, reiteraron que hace casi un año solicitaron al ministerio de Justicia la creación de dos nuevos Tribunales Orales, un pedido que no tuvo respuesta hasta hoy; señalaron que en algunos puntos del país ni siquiera funcionan tribunales orales y, en otros, los jueces se excusan.De todos modos, el Tribunal, a través de sus voceros, manifestó su acuerdo en crear un grupo de trabajo del que participen los tres poderes del Estado, el Consejo de la Magistratura y la Procuración General, entre otros organismos.
Fuente: Clarin, miercoles 25 de febrero
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EL PAIS
Los juicios a los represores
Representantes de distintos organismos de derechos humanos –Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, MEDH y Serpaj– se reunieron ayer con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para expresarle su preocupación por el desarrollo de los juicios contra los responsables de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado y solicitaron que se elabore una estrategia estatal para agilizar los procesos que involucren al Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura, el Poder Legislativo y el Judicial. La semana pasada, integrantes de esas organizaciones le llevaron la misma inquietud a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, la Corte informó que José Luis Mandalunis fue designado al frente de una Unidad de Superintendencia para seguir los juicios contra los represores. El mismo funcionario ya se ocupaba de este tema en una Unidad de Asistencia y Seguimiento de los expedientes sobre el terrorismo de Estado.
Fuente: Pagina 12, miercoles 25 de febrero
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Ni los van a encontrar nunca"
Los represores desafiantes ante los alegatos del quere
En un intermedio, cuando se retiró Becerra, Vidal habla con su defendido, Carlos Pla
Para el querellante, cada uno de los inculpado desarrolló una tarea específica y necesaria en la acción delictiva llevada a cabo
Cuqui Álvarez se abraza con un familiar en la vereda del Tribunal Oral Federal
San Luis (Pelr) 25-02-09 "Ni los van a encontrar nunca", dijo desafiante por lo bajo una voz -presumiblemente de Carlos Pla- cuando el abogado querellante hacía un raconto de los padecimientos de las familias que no han recuperado el cuerpo de los jóvenes desaparecidos durante la dictadura militar, en el marco de los alegatos que comenzaron ayer en el juicio por crimenes de lesa humanidad que se ventilan en el Tribunal Oral Federal de San Luis. Ponce anticipó el pedido de cambio de carátula, que solicitará sea genocidio. Adelantó también que reclamará que se abra compulsa para que se investigue a otros militares y civiles que debieron necesariamente participar de la estructura del terrorismo de Estado y algunos de ellos en los fusilamientos de las Salinas. La actividad continúa hoy a partir de las 9 de la mañana.
Quien más demostró su enojo por el prolijo desglose de los hechos que hacía Enrique Ponce, culpando a todos quienes están sentados en el banquillo de los acusados, fue Carlos Pla, el hombre que con mano de hierro estuvo a cargo de la subjefetura de policía de San Luis en 1976 y personalmente estaba a cargo de los operativos antisubversivos. Ayer, Víctor David "El Japonés" Becerra permaneció la mayor parte de la audiencia recostado en una camilla por la dolencia que lo afecta.
Pla, en su indagatoria, negó haber participado de gran parte de los hechos que se le imputan, pero los testimonios de los detenidos lo señalaron en cada uno de esos lugares.
En la jornada de ayer, en una extensa exposición, Ponce, el letrado que representa a los familiares de las vìctimas y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH SAN LUIS) historió lo ocurrido con cada una de las víctimas, desde el momento en que fueron detenidas y sus peripecias que terminaron en distintos destinos.
Graciela Fiochetti fue asesinada en las Salinas del Bebedero junto a Santana Alcaráz, según dijo con convicción el abogado, ya que la descripción del cuerpo del joven fusilado y posteriormente quemado su cuerpo, coincidiría con la del muchacho que fue sacado de las aulas de la Universidad Nacional de San Luis por dos hombres vestidos de traje. El cadáver fue enterrado como NN y Alcaraz continúa desaparecido.
Nada se sabe del destino de Pedro Valentín Ledesma, que fue visto en fotografías por varios testigos, mostradas por los mismos represores. Estaba muerto, con visibles signos de tortura.
Los hechos
A las 9,30 de ayer retornó la actividad en el juicio que se le sigue a tres policias y dos militares acusados por el secuestro y desaparición de dos personas y el asesinato de una joven en las Salinas del Bebedero, ocurrida en setiembre de 1976. También la tortura recibida por Víctor Fernández, "que fue detenido dos veces, pero existen tres actas de liberación", dijo su representante. Fernández, sobreviviente de aquellas jornadas, actúa también como querellante.
El Tribunal Oral Federal de San Luis está integrado por los jueces Raúl Rodríguez (presidente), Roberto Nacif , Roberto Burad y Héctor Cortez, este último en calidad de suplente, pero que tuvo activa actuación durante todo el desarrollo del plenario.
Durante la jornada, Enrique Ponce, el abogado de la querella desarrolló una parte de sus alegatos, exponiendo ante el Tribunal como fueron los hechos en los que resultaron daminificados Graciela Fiochetti -cuyo cuerpo fue entregado a los familiares en 1986-, Pedro Valentìn Ledesma y Santana Alcaraz, que permanecen desaparecidos.
Por estos sucesos ocurridos hace 32 años, luego de un enfrentamiento entre el Ejército y un civil (Carlos Cobos), que derivó en más detenciones de presuntos militantes montoneros, están acusados Miguel Ángel Fernández Gez, ex jefe del Comando de Artillerìa 141 con asiento en San Luis, Carlos Esteban Pla, el capitan militar que se desempeñaba como subjefe de la Policìa puntana y los ex policìas Juan Carlos Pérez, Víctor David "El Japonés" Becerra y Luis Orozco.
Ponce, en su extensa alocución, estimó que estaba debidamente probada la detención de Fiochetti en un procedimiento llevado a cabo en su pueblo de origen, La Toma, y su falsa liberación frimada bajo presión en la jefatura central de policía. También aseguró que està acreditado que la joven de 21 años "fue fusilada" con un tiro en la nuca por un grupo de al menos nueve personas, entre los que se encontraban algunos de los inculpados en el juicio, pero sostuvo que todavía faltaban más responsables de aquella ejecución "por la espalda y de rodillas" de la chica y otro hombre que presumiblemente serìa "Sandro" Santana Alcaraz, de acuerdo a los testimonios que fueron recogidos durante el proceso.
Por esa razón, adelantó que pedirà que se abra una compulsa para que sean investigados otros integrantes de la plana mayor del Comando de Artilerìa y jefes del Grupo de Artillerìa 141 que tenìa asiento en la capital puntana.
De igual forma advirtió que hubo "una estructura judicial" que acompañó el accionar de la dictadura y que hizo lo necesario "para encubrir esos hechos aberrantes" y citò como ejemplo, que a causa del enfrentamiento que murió Cobos y fueron detenidos otras dos personas que circulaban en un auto con él, cuando se los cita a comparecer por esos hechos a solo uno de ellos, ya que "sabían que a Ledesma lo habìan matado" los militares en su cautiverio. Ledesma fue dejado en libertad y entregado a su padre, Segundo Valentín, pero luego, a pocas cuadras de la comisaría segunda donde lo liberaron, fue secuestrado por un grupo de tareas simulando ser una venganza de Montoneros, pero su padre reconció a dos de los hoy inculpados como integrantes de la banda que le arrancó de sus brazos a su hijo, un estudiante universitario de 21 años que se desempeñaba como maestro rural.
Ponce también aseveró que "los últimos que vieron con vida a Santana Alcaraz fueron su profesor de Física y sus 7 compañeros" de estudios que estaban en la clase donde lo sacaron al muchacho, en la Universidad Nacional de San Luis.
Por la descripción que realizó uno de los represores de lo ocurrido, el ya fallecido Jorge Hugo Velazquez, Santana Alcaraz era la otra persona que estaba junto a Fiochetti cuando encontraron los dos cadáveres calcinados en las Salinas de Bebedero, producida el 23 de setiembre de 1976, luego de que operarios de la fábrica de Sal Dos Anclas vieran salir a dos Torinos con nueve ocupantes en su interior de las parvas de sal, que se encuentran contiguas a la laguna que produce el mineral.
Un momento de tensión se produjo en la sala cuando Ponce iba desarrollando su argumento y comparó las situación de Graciela Fiochetti, cuyo cadáver pudo ser identificado por sus familiares, aunque fue devuelto 10 años después por un juez de la democracia, con la situación de los deudos de Pedro Ledesma y Santana Alcaraz "que todavía esperan para encontrar los cuerpos", y una voz que salió del lado donde se encuentran los inculpados -presumiblemente Carlos Pla- dijo: "ni los encontrarán jamas...".
Hoy el querellante formalizará la acusación y pedirá las penas para los procesados, pero adelantó que solicitaría el cambio de carátula para que sean calificados estos hechos como "genocidio".
Cuando terminó la audiencia, hubo un cerrado aplauso para la argumentación del abogado defensor de los derechos humanos. Luego, afuera, en la vereda del edificio del Tribunal Oral de San Luis, hubo abrazos emotivos entre los familiares de las víctimas.
Informe: Gustavo Senngustavosenn@gmail.com Miercoles 25 de febrero-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

Se cumplió segundo paso. Tras el dictamen del Poder Ejecutivo, ahora la Suprema Corte de Justicia resolverá
Histórico: Parlamento se pronunció por la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad
El Parlamento se pronunció ayer por primera vez por la inconstitucionalidad de los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley de Caducidad en la consulta formulada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la investigación en el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.
Julio Guillot y Marcelo Márquez desde la Asamblea General


69 en 71. La bancada del Frente Amplio vota en bloque. Son las 16.10 horas y se levanta la sesión.

Escuchadas las opiniones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Suprema Corte de Justicia tiene ahora la palabra final sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal Mirtha Guianze referente a la investigación del asesinato de Nibia Sabalsagaray.
Procesalmente eso supone que el tribunal superior dé vista al fiscal de Corte y luego que cada uno de los cinco ministros se aboque al estudio del tema y produzca su sentencia. No hay plazos fijados, pero se especula con que eso se conocerá en tres o cuatro meses. Tras casi cinco horas de debate y dardos cruzados entre el Frente Amplio y la oposición, alrededor de la hora 16 se dio a conocer la respuesta del presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, ante el planteo de la SCJ: "Evacuando el traslado por auto conferido Nº 78 del 6 de febrero de 2009 vienen a allanarse a la Pretensión de declaración de inconstitucionalidad por vía de excepción planteada por el Ministerio Público y Fiscal a los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986. Por lo expuesto, a la Suprema Corte de Justicia solicita 1) Se les tenga por presentado, constituido el domicilio y evacuado el traslado. 2) Se tenga presente el allanamiento del Poder Legislativo a la excepción interpuesta". La moción fue respaldada por la unanimidad de los legisladores del Frente Amplio que integran la Asamblea General (69) contra dos votos en contra, el correspondiente al colorado Daniel García Pintos, así como el de Iván Posada del Partido Independiente. El Frente Amplio rechazó acusaciones sobre el Pacto del Club Naval y aprobó declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para darle nuevo impulso a la causa de Nibia Sabalsagaray (ver página 2), caso que ha registrado pocos avances a nivel judicial. El Partido Nacional presentó fisuras a la hora de encarar el polémico asunto (ver página 4). Mientras Alianza Nacional se mantuvo en su tesitura de no ingresar a sala, Unidad Nacional, nucleando a los parlamentarios del Herrerismo, Correntada Wilsonista y Soplan Vientos Nuevos, prefirió hacerlo, manifestar escuetamente sus puntos de vista y luego sí, retirarse. En el Partido Colorado el panorama fue similar. La tesitura que impulsó fue la de considerar que el Parlamento no tenía mérito para expedirse sobre esta petición de la SCJ pero sólo hubo ocho parlamentarios a la hora de defender con votos la postura y como consecuencia del resultado también marcharon fuera del recinto. Sólo quedó García Pintos. La primera propuesta que se votó por su orden de llegada fue la del parlamentario Posada del PI, evaluando que la Asamblea General "carece de legitimación pasiva para opinar sobre la inconstitucionalidad" de los artículos de la norma. Sólo obtuvo su voto en un total de 71. Posteriormente se dio lectura al planteo de la bancada de gobierno: "La Asamblea General, habiendo tomado conocimiento de lo actuado por su Presidencia en lo referente a la evacuación del traslado referido por auto 78 de la SCJ del 6 de febrero de 2009 en autos Sabalsagaray Curuchet, Blanca Estela, denuncia, excepción de inconstitucionalidad de los artículos 1º, 2º y 4º de la Ley 15.848 ficha 97-397/2004 declara: Que aprueba la conducta asumida en este tema por el Presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, y hace suya la respuesta elaborada a la requisitoria planteada de acuerdo al escrito que se adjunta".
Firmaron la moción los legisladores Enrique Pintado, Diego Cánepa, Danilo Astori, José Luis Blasina, Carlos Gamou, Víctor Vaillant, Darío Pérez, Reinaldo Gargano, Eduardo Lorier, Doreen Ibarra, Carlos Baráibar, Rafael Michelini, Juan Roballo, Eduardo Ríos, Ivonne Pasada, Edgardo Ortuño, Lucía Topolansky, Margarita Percovich y Silvana Charlone. Logró la adhesión de 69 legisladores ­todos del Frente Amplio- en 71. Finalmente la iniciativa de García Pintos, por ser similar a la del legislador Posada, no fue puesta a consideración, y siendo la hora 16.10 se levantó la sesión.
Con la presencia de periodistas de todos los medios y con las barras colmadas de ciudadanos (entre quienes cabe destacar al doctor López Goldaracena y las jóvenes Macarena Gelman y Victoria Julien), la Asamblea General del Poder Legislativo sesionó ayer en forma extraordinaria. Pero antes de que se iniciara el debate, el diputado herrerista Gustavo Borsari pidió un cuarto intermedio de 20 minutos que fue votado por unanimidad.
Eran las once menos diez de la mañana y el Partido Nacional no había llegado aún a una postura conjunta sobre la actitud a asumir, por lo que la bancada blanca quemaba sus últimos cartuchos en pos de un acuerdo. A las once y veinte se anunció que la agrupación parlamentaria de Alianza Nacional ofrecería una conferencia de prensa para expresar su posición. El senador Sergio Abreu fue el encargado de leer una declaración de ese sector en la cual fijó su postura contraria a que el Parlamento se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
Además de las consabidas consideraciones jurídicas sobre el punto, la declaración (ver página 4) la emprende con un lenguaje muy duro contra el Frente Amplio (al que acusa de impulsar una nueva "pirueta" política) y el gobierno, al que acusa de tener "designios totalitarios", de "desconocer la soberanía popular y manosear las instituciones con un fin exclusivamente electoral", al tiempo que anuncia su decisión de no ingresar a sala.
Cuando terminó la conferencia de prensa de Alianza Nacional, Nin ya había levantado el cuarto intermedio y el senador Rafael Michelini exponía con su vehemencia habitual el apoyo de la bancada oficialista al presidente del Legislativo y a su decisión de convocar al cuerpo para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en respuesta a la solicitud de la Suprema Corte de Justicia. Dio a conocer una nota de la directora interina de la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo dirigida al secretario de la Cámara de Senadores, en la que desmiente una información del diario "El País" sobre que dicha Dirección actuó bajo presión, firmada por la doctora Ana Yavarone, como directora interina. El doctor Sanguinetti argumentó a favor de la Ley de Caducidad, ensalzó sus efectos benéficos y aseveró que en nada violentaba la Constitución (ver página 6). Gallinal, por su parte, en nombre de la UNA leyó una declaración crítica hacia el gobierno y se retiró de sala.

Fuente: La Republica-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS


Hoy, a las 930 en el tercer pìso del Consejo de la magistratura de la Nacion, el general de brigada retirado Juan Carlos Colombo , ex gobernador de facto entre 1976 y 1980 comenzara a ser juzgado por videoconferencia como jefe de una asociacion ilicita responsable de al menos once secuestros y tormentos agravados mas dos desapariciones forzadas.Si bien el epicentro del tercer juicio por crimenes de lesa humanidad de 2009 estara en el Colegio de Escribanos de Formosa, el TOF que preside Eduardo Belforte y las victimas del represor , de 84 años, deberan conformarse con verlo en una pantalla , luego que el Cuerpo Medico Forense dictaminara que esta en condiciones de defenderse , pero no de emprender un viaje hacia la ciudad norteña.
Fuente: Pagina 12-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS


Proyectan un Museo de la Memoria en Santa Rosa
La idea surgió de la Red por el Derecho a la Identidad, familiares de víctimas de la dictadura, artistas e intelectuales. Ya tendría la aprobación de Abuelas de Plaza de Mayo y otras instituciones locales.
LA MEMORIA ES UNA CONSTRUCCION COLECTIVA
La Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo filial La Pampa, familiares de Víctimas de la Dictadura, artistas e intelectuales, y militantes de DDHH, proyectan la construcción de un Espacio o "Casa" de la Memoria en Santa Rosa.La iniciativa ya cuenta con la aprobación de las Abuelas, de representantes de Espacios de la Memoria de Bs As, y de instituciones de nuestra ciudad.Los militantes de DDHH se proponen poner a disposición del público los archivos de los trabajos de investigación sobre la historia de los muertos y desaparecidos pampeanos, objetos y escritos de su pertenencia, junto con otros elementos que hacen a la misma historia de la lucha y al terrorismo de estado en la Pampa contado en fotos, testimonios, películas y todos los elementos que aporten familiares y amigos que hagan a la reconstrucción de esa noche trágica de nuestra historia. Opinión Marta Candia : "La Pampa no cuenta con espacios que reconstruyan la memoria sobre la represión y el terrorismo de Estado . Pasos muy importantes han sido dados por nuestros escritores e investigadores, con "Informe 14" entre las obras más importantes, por las familias afectadas y por la militancia de derechos humanos pero hay un espacio vacío que es necesario llenar.Por eso queremos que en nuestra ciudad y en otras de nuestro interior, existan estos lugares, para recrear la memoria y profundizar los lazos de nuestra Identidad. Ninguna generación debe olvidar que en Argentina hubo un genocidio, que fueron miles los muertos por bandas armadas desde las mismas instituciones del Estado , que los responsables a 30 años están siendo juzgados, pero mantienen un pacto de silencio sobre el destino de los desaparecidos y sus hijos, bebés hoy jóvenes que viven entre nosotros sin saber su identidad.El propósito de estos Espacios es ilustrar a las nuevas generaciones e interesar a los pampeanos, para acercarnos juntos a mirar, a investigar, a decir y aportar a esta necesaria síntesis que todavía nos debemos como sociedad.El Espacio se concibe interactivo, con eventos, conferencias, presentaciones de libros y como un salón de uso para jóvenes y adultos y quienes desde el respeto y la solidaridad deseen realizar eventos o reuniones.Opinión del Arq. Miguel García: "También hay una deuda respecto al otro genocidio, el de los pueblos originarios. Por eso, de cumplirse con los objetivos podremos luego adentrarnos en ese otro tema que, curiosamente, tampoco cuenta con el acceso a un espacio que relate la verdadera historia" La militancia de derechos humanos existe en La Pampa, dispersa. Por ello, este Espacio de la Memoria podrá ser la sede de todos los grupos que trabajen por los Derechos Humanos en la provincia. Este es también uno de los propósitos que lleva a los organizadores a realizar los trámites necesarios para la concreción del proyecto, comenzando por el lugar propiamente dicho. La Casa de la Memoria, se concibe además como receptora de las expresiones artísticas, literarias, musicales o teatrales que se han hecho y se realizan sobre el tema..Por eso sería un lugar de encuentro.NO OLVIDAR ES UN COMPROMISO ETICO CON LA CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD CON LIBERTAD Y JUSTICIA
--Fuente: Diario La Arena
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS



Viernes, 20 de Febrero de 2009
Poderosa David
PERFILES > Pipi Oberlin es una abogada santafesina, hija de padre desaparecido, militante de la agrupación H.I.J.O.S., que ha sabido litigar contra gigantes como la misma corporación policial en un caso de violación dentro de una comisaría y el inmenso aparato político y legal que todavía protege al ex comisario Abelardo Patti.
Pero ella no piensa en la relación de fuerzas, sólo sigue adelante impulsada por la convicción y el sabor dulce de algunas victorias compartidas, como el que se siente cada vez que un o una joven apropiada recupera su identidad.Por Sonia Tessa
Desde Rosario
Ana Claudia Oberlin, “Pipi”, sabe perfectamente lo que son las luchas desiguales. Desde muy pequeña, cuando le tocó lidiar con el silencio sobre la desaparición de su padre y la hostilidad de una sociedad –en su caso la santafesina– que todavía tenía instalado el “algo habrá hecho”. Nació el 7 de agosto de 1976 en el hospital Durand de Buenos Aires –donde ahora se realizan los exámenes genéticos para devolver su identidad a los hijos e hijas de desaparecidos– y debieron anotarla con un apellido falso. Sus padres, militantes montoneros, eran buscados, y como habían sido presos políticos durante la dictadura anterior, eran blancos fáciles, así que estaban en la clandestinidad. Además, en enero habían desaparecido sus dos tíos. Finalmente, el 6 de septiembre de 1977, su papá cayó en Buenos Aires, y su mamá volvió a la ciudad de Santa Fe, el lugar del que venían, para resguardar a los tres hijos. Allí creció Pipi y a los 18 años se acercó a H.I.J.O.S., que estaba en plena fundación. Nunca abandonó esa pertenencia, que asegura forma parte de su identidad. Desde que era chiquita, sus familiares y amigos presentían que sería abogada, porque siempre se anotaba en cualquier pleito y defendía encarnizadamente sus posiciones. Más grande, cuando ni siquiera tenía 30, se enfrentó a un gigante: lleva adelante la causa contra Luis Abelardo Patti en San Nicolás, por la que fue detenido en noviembre de 2007 y por la que se impidió al represor asumir como diputado. Por lo mismo, participó activamente en el proceso que derivó en la negativa del Congreso de la Nación a aceptar su diploma no una, sino dos veces.
También fue una pieza fundamental para encontrar a la hija de Raquel Negro, la penúltima nieta recuperada, a fines de diciembre. Durante meses viajó de madrugada, entre Rosario y Paraná, para investigar el destino de aquella niña nacida en Paraná, que hoy sabe su auténtico nombre y apellido y conoce también que sus padres, Tulio “Tucho” Valenzuela y Raquel, estuvieron secuestrados en la Quinta de Funes. Oberlin presentó el escrito para pedir que se investiguen las declaraciones de un represor, Eduardo “Tucu” Costanzo, quien aseguró que a la militante montonera secuestrada la habían llevado al hospital Militar de Paraná a tener sus mellizos y, luego, la beba había sido dejada en un “convento de Rosario”. Aunque no todas las afirmaciones hechas por este “arrepentido” al periodista José Maggi, de Rosario/12, fueron verdaderas, Oberlin decidió probar. “Eso habla de cómo hay que trabajar estas causas, que no hay que dejar ninguna punta sin investigar, porque todo puede ser. Además, las causas que tienen apropiaciones son desesperantes. Se produce tanta ansiedad de encontrarlos y hay tantas ganas, que eso muchas veces implica que investigues todo, hasta la cosita más chiquitita, porque los tenemos que encontrar, y los estamos buscando de una manera desesperada, porque pasan los años, las abuelas se mueren, los chicos cada vez son más grandes, tienen las vidas cada vez más formadas, es cada vez más difícil”, dice con el apremio en su mirada. Y lo subraya: “Cada día que pasa pienso faltan... tantos chicos”.
Ese compromiso está presente desde siempre en su vida profesional. Antes, en 2003, cuando todavía no estaba concentrada totalmente en las causas de derechos humanos y asistía a víctimas de violencia policial, representó a una adolescente de 16 años que fue violada por tres policías en una comisaría rosarina, el 26 de julio de 2002. Cuando habla de Erica, aquella adolescente que terminó suicidándose, se le quiebra la voz. Es que Pipi –como le dicen todos– no concuerda con aquel axioma de la “distancia” con el cliente. De hecho, no considera así a la mayoría de sus representados. “Para mí son compañeros y compañeras, no puedo verlos de otra manera”, dice.
Con sus llamativos ojos y el pelo bien negro, Pipi también sabe lo que es el micromachismo cotidiano en los juzgados. Cuántas veces, para neutralizar alguno de sus pedidos, le han dicho: “Pero doctora, no se ponga así, una mujer tan linda y tan joven, no se enoje”. A ella la subleva más. Afirma que coincide con los postulados de los feminismos. “Entiendo por ser mujer y por estar muchas veces en espacios donde hay tensión vinculada al poder lo que implica vivir en una sociedad machista”, dice. Pero mucho más allá de esa degradación cotidiana, enfoca la cuestión de la violencia de género en su trabajo profesional. “Los jueces se niegan a imputar a las patotas por agresión sexual, cuando está comprobado que fue una práctica sistemática, que incluso violaban delante de otros, para quebrar la subjetividad de los secuestrados. Nosotros insistimos con que se incluya la agresión sexual, pero no logramos que los imputen. Ese es un tema que me preocupa particularmente”, indica.
Violacion y despues
Trabajó intensamente sobre los delitos contra la integridad sexual, como les dice el Código Penal, cuando se convirtió en la abogada de Erica, la niña de 16 años que fue violada en una comisaría rosarina por tres policías. “Fue toda una construcción muy innovadora la que tuvimos que hacer (junto a su socia, Florencia Barrera), para que se condenara sin el estándar probatorio que se exige, que es bastante forzado, y eso es porque estos delitos, para los jueces, tienen otro tratamiento, son como de otra categoría, es lo mismo que pasa con los delitos de lesa humanidad, que sí imputan por torturas pero no por violaciones”, relata sobre aquella experiencia, que terminó en la condena de los tres autores. Para ella, también fue determinante por lo que ocurrió con la víctima, cuya subjetividad fue arrasada en aquel ataque. Al punto de que se suicidó meses después de la condena. “Nos cambió la visión de la Justicia”, reconoce ahora. “Cuando logramos la condena, y estábamos tan contentas, en nuestra idea un poco inocente, creímos que ya estaba, que para ella iba a ser reparador, si bien no iba a poder compensar el daño tan espantoso que le habían hecho, de alguna manera sí la situaría en otro lado. Y cuando le dimos la noticia ella se puso tan contenta... Pero después todo terminó como terminó”, suelta a borbotones, con la voz un tanto estrangulada y sin decir la palabra suicidio.
Contra Patti
Antes, durante y después, Oberlin siguió siendo abogada de H.I.J.O.S. Rosario. Cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la obediencia debida y el punto final comenzó a dedicarse exclusivamente a las causas de derechos humanos. A fines de 2004 conoció a Manuel Gonzálvez, hijo del desaparecido Gastón Gonzálvez, que había recuperado su identidad. Entonces, como la jurisdicción del secuestro (Zárate o Escobar, no se sabe bien) era San Nicolás, Oberlin empezó a representar a Manuel y a su hermano Gastón (bajista de los Pericos), junto a Nadia Schujman. Llevan la causa por la desaparición de Gastón, en la que está imputado Patti. “En los primeros tiempos de la causa, cuando nadie quería declarar y era todo muy complicado, íbamos a hablar con gente a Escobar y nos contaban cosas, pero estaban muy asustados. Su detención, el 22 de noviembre de 2007, fue un quiebre. A partir de ahí, un montón de gente se animó a declarar, y eso tiene que ver con que él era un icono de la impunidad”, recuerda ahora. Es que antes de la detención de Patti, los posibles testigos les decían: “Yo sigo viviendo acá y él tiene poder”.
Por eso, la indigna que se considere que el rechazo del ingreso de Patti al Congreso haya sido manipulado por el gobierno nacional. “Con muchísimas dificultades logramos dos veces que el Congreso se pronuncie en contra de Patti, que fue algo histórico y además quiero resaltar que se pusieron de acuerdo prácticamente todos los sectores, con la exclusión de una parte vergonzante de la UCR y los sectores vinculados al pattismo. Porque se quebró el bloque radical, eso fue algo fuerte”, relata. Y cuenta: “Nosotros estábamos adentro de todo eso, buscando el acuerdo para el rechazo, que no fue porque Kirchner quisiera, sino por un compromiso muy grande de un montón de sectores. Y personalmente se comprometieron muchos diputados y diputadas que no eran oficialistas y que la pelearon”. En esa lista menciona especialmente al legislador de Proyecto Sur, Claudio Lozano.
El tema de Patti la desvela. Dice que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que habilitó su asunción, fue “un retroceso institucional. Lo que planteamos es que Patti pudo ser candidato a diputado y tener una vida política porque las instituciones democráticas del Estado no funcionaron. Por la cantidad de pruebas que había en contra de Patti, y las características de su accionar, tendría que haber estado siempre preso y no podría haber sido candidato a nada. Ni a presidente del club del barrio”. Y por eso considera que se trata de un caso “tan emblemático, que concentra cuestiones que tienen que ver con lo más descarnado de la dictadura y de la posterior construcción de la impunidad. Es un personaje que además tuvo mucho poder en democracia, y lo ejerció desde su lado antidemocrático. No se disfrazó de otra cosa, como hicieron muchos”.
El arsenal de Patti, hoy, es el poderoso equipo de profesionales que lo defiende. “Es difícil porque él suma abogados, algunos con mucha experiencia, y tiene ayuda económica de gente poderosa que quiere que parar la causa. Nosotros recibimos mucha colaboración del Cels, por ejemplo, pero a veces nos falta plata hasta para las fotocopias”, cuenta, pero no a modo de queja, sino para ilustrar que se trata de una pelea asimétrica.
La desaparición de Gastón Gonzálvez no es la única causa que Oberlin lleva en San Nicolás, vinculada con la familia Gonzálvez. Otra es por la masacre en la que mataron a la compañera de Gastón, Ana María del Carmen Granada. “Fue una masacre espantosa”, recuerda. Allí había tres adultos con tres niños, y entró una patota de 50 policías y militares, que mató a todos los que estaban a la vista. Manuel se salvó porque Ana María lo envolvió en un colchón y lo metió en un ropero, donde lo encontraron los vecinos, intrigados porque entre los cadáveres faltaba “el bebé”. Allí nace la tercera causa: la apropiación del niño sobreviviente, por la que acusan al juez de Menores de San Nicolás, que violó las normas de adopción, al no buscar a la familia biológica.
Además de su trabajo en H.I.J.O.S. y Abuelas, Oberlin lleva las tres causas en San Nicolás como representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Reconoce los avances que significó este gobierno en materia de los juicios contra los represores, pero se niega a atribuirlos sólo a la voluntad política de una administración. “Es al revés, considero que fue producto de la lucha de un montón de organismos, de organizaciones y de los argentinos y las argentinas, que en un buen porcentaje no querían más la impunidad”. No acepta de ninguna manera que se considere “una gracia otorgada”.
Heroes y heroinas
Sobre los procesos que se están llevando adelante –espera que este año llegue a juicio oral la causa Feced, que investiga el grueso del Terrorismo de Estado en Rosario– es crítica pero también los valora. “No son los juicios que queremos, son los que tenemos. Se está enjuiciando a un sector muy pequeño, ínfimo, de los involucrados con la dictadura. Creo que habría que avanzar no sólo hacia los ejecutores sino también a quienes la impulsaron, se beneficiaron. Y de los represores, apenas se está juzgando a un sector muy pequeño, muy limitado. Creo que se deben profundizar, y se necesita ampliar las responsabilidades. Pero no niego la importancia histórica y trascendental que tienen estos juicios tal como están”, subraya. En ese sentido, pide evaluar esos procesos desde una “mirada estratégica”.
Y sobre el valor histórico de los juicios confiesa su admiración por quienes hoy se plantan en los Tribunales para testimoniar el horror. “Para mí, los testigos son héroes y heroínas muchas veces anónimos”, expresa. Claro que la desaparición de Julio López apuntó a quebrar justamente eso, la presencia de testigos que no estuvieran estrechamente vinculados con los organismos de derechos humanos. “Pero son excepcionales los casos de los testigos que decidieron no declarar, y eso habla del coraje y la valentía de quienes fueron víctimas de estos hechos. En la mayoría de los casos declaran, tienen una paciencia infinita porque son citados en seis o siete causas en distintas jurisdicciones, pero van, declaran. Y te dicen cosas muy fuertes, como que deben hacerlo porque todos sus compañeros están desaparecidos”, rescata como una de sus definiciones de la palabra dignidad.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

Mendoza, ArgentinaMartes 24 de Febrero de 2009 Esta edición: 23650 lectores
Mendoza Por la libertad otorgada a represores
Investigan a jueces federales
El senador nacional Ernesto Sanz (UCR) confirmó que avanza la investigación a los camaristas de la Justicia Federal en Mendoza.
Es en el marco de la causa iniciada con la denuncia de las organizaciones de derechos humanos de la provincia por la decisión de los magistrados de ordenar la libertad de varios represores imputados por delitos de lesa humanidad.El legislador informó que tras el sorteo realizado, la responsabilidad de llevar adelante la investigación recayó en la consejera Marcela Losardo, representante del Ejecutivo nacional en el Consejo de la Magistratura.Sanz agregó que el trámite que se sigue es el normal para este tipo de casos, y señaló que Losardo ya corrió traslado de la causa a los jueces, que ahora tienen un plazo de 10 días para responder la acusación formulada el año pasado.Las denuncias alcanzan a los miembros de la Cámara de Apelaciones Julio Petra, Alfredo López Cuitiño y Carlos Pereyra González, que entre los meses de mayo y noviembre del 2007 dejaron en libertad a las personas imputadas de cometer crímenes durante la última dictadura militar.Para tomar tal determinación se basaron en que no existía la posibilidad de fuga o de entorpecer el normal desenvolvimiento de la Justicia.
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS


Tenía 89 años y había trabajado en el Hospital Militar

Murió el médico Jorge Mario Cantaberta, que estaba imputado por robo de bebés

Este lunes murió el ginecólogo Jorge Mario Cantaberta, que estaba imputado en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura militar. El médico de 89 años tenía dictada una falta de mérito en la investigación. Durante el terrorismo de Estado se había desempeñado en el nosocomio castrense y actualmente era socio del Sanatorio Urquiza de Nogoyá, donde atiende todas las semanas Hugo Mario Moyano, también acusado por violaciones a los derechos humanos.
Fuente: http://www.analisisdigital.com.ar/-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

A todos los interesados en el Juicio Oral y Público al genocida Juan Carlos Colombo:
Las audiencias se incian el próximo miércoles 25 de Febrero a las 9.30 hs en la sede del Colegio de Escribanos sita en Avda. 25 de Mayo y Padre Patiño, en su primer piso.
Entregamos esta mañana la lista de personas e instituciones que requieren acreditación, sin perjuicio de seguir ampliando la misma en días subsiguientes. Lamentablemente el cupo es para 100 personas.
La difusión y publicidad se ajustará a lo pautado por la acordada de la Corte.
Pueden solicitar la acreditación al titular del TOF, DR, EDUARDO ARIEL BELFORTE, o bien mandarnos sus datos por mail a la mayor brevedad para que los adjuntemos en un nuevo listado.
El día miércoles se inicia con la lectura de los cargos por el Secretario de DDHH del TOF, Dr. Cunha Ferre, y luego se inician las testimoniales de PEDRO VELAZQUEZ IBARRA e ISMAEL ROJAS, el jueves seguirían las testimoniales de Roberto Antenor Gauna, Adriano Acosta , Humberto F. Parmetler y Estela del Carmen Díaz.
El orden anterior se cumpliría siempre y cuando se resuelvan las nulidades y recusaciones presentadas por la defensa y por las querellas, de lo contrario, pasa a cuarto intermedio.
De resolverse en forma casi inmediata las nulidades planteadas por la Defensa y las recusaciones de las querellas, luego de las Jornadas de los días 25 y 26, el juicio se reiniciaría el próximo martes 10 de Marzo.
Rogamos difundan esta información.Un abrazo libertario. Alejandra Carrizo. APDH Filial Formosa.
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDA

Investigación. La historia del ex jefe del MLN, asesinado y enterrado en una unidad militar; croquis señaló su tumba
Pérez Silveira, el "gordo Marcos", gritaba "me muero, "me muero"
Según lo informado el domingo 22 por LA REPUBLICA,
los movimientos recientes constatados por el antropólogo José López Mazz en los fondos de la Brigada de Artillería Antiaérea Nº 1, de Empalme Olmos, y los datos descifrados en el borde del croquis anónimo sobre presuntos enterramientos, podrían echar por tierra la supuesta "Operación Zanahoria".


Víctor Carrato

Testimonios. Senadora Topolansky y diputado Semproni confirman trágica muerte por torturas del ex jefe del MLN-T.


































Los acusados. El coronel Manuel Cordero-prófugo-, el teniente coronel Gavazzo y el coronel Cordero, presos en Domingo Arenas.
Artillería Antiaérea Nº1. Aquí habrían sido sepultados los restos de Eduardo Pérez Silveira.
En efecto, si las excavaciones en dicho cuartel constataran la aparición de los restos del jefe tupamaro Eduardo Pérez Silveira, alias "el Gordo Marcos", fallecido en la noche del 10 de mayo de 1974 en el primer Piso del Hospital Militar, desmentirían los datos aportados por el informe del comandante en jefe del Ejército al Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, sobre el destino final de los 33 ciudadanos detenidos desaparecidos.
El citado informe reconoce que Eduardo Pérez Silveira (el gordo Marcos) "fue detenido el 5 de mayo de 1974. Inicialmente fue trasladado a la Base Aérea de Boiso Lanza y posteriormente conducido al Grupo de Artillería Nº 1". Agrega que "falleció en la noche del 10 de mayo de 1974 en el Hospital Central de las FFAA (Hospital Militar), afectado por severos problemas respiratorios que se originaron al habérsele arrojado una granada fumígena dentro de su celda por razones que se desconocen", y que "no se pudo establecer fehacientemente dónde fueron enterrados sus restos, aunque resulta, del análisis de la información manejada, la presunción de que los mismos hayan sido enterrados en los tubulares del Cementerio del Norte". La Comisión para la Paz estableció sobre este caso que los restos de Pérez Silveira "habrían sido primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados sobre fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata", lo que se conoce como la famosa "Operación Zanahoria
Topolansky y Semproni testimonian
Según el testimonio de la senadora Lucía Topolansky, que estuvo encerrada en "las mazmorras" de "La Paloma", cuando fue trasladada de su lugar original de detención para ser nuevamente torturada en el cuartel de Artillería Nº 1, "La Paloma", "un hecho sobresaliente durante este período fue la muerte de un compañero sobre el cual nos estaban interrogando. Se trataba de Eduardo Pérez, detenido en mayo del 74. Nosotros, que no sabíamos qué estaba pasando, notamos que el clima del cuartel se estaba enrareciendo. En determinado momento mandan pintar uno de los calabozos: era donde había estado hasta ese momento este compañero, y lo pintaban para borrar todos los rastros...". Topolansky denunció que "el mayor Gavazzo hace una recorrida por los calabozos, acompañado de otro mayor que era Rama (a) "Oscar 1", "El Tordillo", "El Gallego", "Puñales", hoy internado en el Hospital Militar; capitán Manuel Cordero (a) "303", "Manolo", cuya extradición de Brasil es aguardada; capitanes Mouriño y Botti y teniente Jorge Silveira (a) "Chimichurri", "Pajarito", "Isidorito".
Alba Antúnez, otra tupamara que también fue rehén de los militares y sacada de su prisión, fue asimismo interrogada sobre el "gordo Marcos".
Otro testimonio ante Juzgado Penal de 10º Turno, el del diputado Víctor Semproni, también detenido en Artillería Nº 1 en la época, aporta que "estuve en la celda con una o dos personas más. Esa celda daba al patio o espacio donde había un número importante que no puedo precisar de detenidos, donde había cinco celdas más. En forma permanente sentía los gritos de dolor, de una persona a quien reconocí por su voz, como Eduardo Pérez. Esta persona se quejaba y decía "me muero, "me muero". Esto lo debo haber sentido uno o dos días y tiene que haber sido los primeros días del mes de mayo del año 1974".
El actual diputado Semproni confirmó a LA REPUBLICA que se encontraba detenido en uno de los seis calabozos que estaban ubicados arriba de la sala de torturas del Regimiento de Artillería Nº 1, donde hoy se encuentra instalado un museo. En cierto momento, Semproni escuchó que Pérez Silveira dejó de quejarse. Fue entonces cuando "el gordo Marcos fue trasladado al Hospital Militar". En el piso de arriba de la sala de torturas del cuartel de "La Paloma" estaban siendo torturados el "griego" Statakis, Carlos Etchemendy, el "mosquito" Saravia, el "Coco" Quiñones, Mario Walter Soto, el ciudadano francés Frank Cochon, Stella Reyes y Marisa Alvarenga junto al actual senador Víctor Semproni. Otros dos detenidos en lo que se llamaban "las mazmorras", unas celdas más alejadas de la sala de torturas, Mario de León y el "Mono" Herrera escucharon a un soldado comentar sobre el "gordo Marcos": "este hijo de puta no quiso hablar", por eso justificó que le hubieran tirado una granada de gas en la celda. Semproni declaró además que "también me confirmaron lo de la muerte, compañeros como Giocondo Ravagnolo, Mario Walter Soto (fallecido) e incluso estos compañeros habían conservado prendas de Pérez que nos las repartimos como recuerdo, y yo elegí y reconocí un saco sport, que él usaba muy frecuentemente, que me lo traje y todavía lo conservo en mi poder". Semproni confirmó a LA REPUBLICA que dicho saco sport hoy está en poder del hijo de Pérez Silveira, Martín Castellini.
"Meá, meá, ¿no podés mear hijo de puta?, ¿para qué te dejaste agarrar?", se le oía decir al propio "gordo Marcos" cuando estaba en el baño de los calabozos, mientras un soldado comentaba: "miren cómo dejaron a este hombre".
Balean a una niña
Según un informe reservado del Comando General del Ejército, Nº 5/974, "el 5 de mayo de 1974, en horas de la mañana, es allanado un local ubicado en Rambla República de México Nº 5515. Dicho local pertenecía a la Comisión Política [dirección del MLN] y había sido adquirido por la organización en 40 millones de pesos". El arrendamiento lo había hecho el tupamaro Luis Alemañy, después renunciante al MLN y hoy vinculado al Partido Nacional, pero en aquel entonces severamente buscado por las Fuerzas Conjuntas que conocían su vuelta al Uruguay. El allanamiento resultó negativo, "sabiéndose que sirvió de alojamiento a los sediciosos AV alias "T" y GAR, alias "J", y sus respectivas compañeras e hijos. Se deja ratonera. A la hora 14.30 se detiene en un contacto en la vía pública a Eduardo Pérez Silveira, alias "Marcos", responsable militar de la Zonal 3. A la hora 17.30 llegan al local de Rbla. de México 5515 dos NN en un vehículo Peugeot. Los mismos no llegan a entrar y se retiran del lugar. Dada la voz de alto, se hace fuego sobre ellos, resultando herido uno de los NN. Posteriormente internada en el Hospital Roosevelt es internada una niña presentando herida leve de bala (viajaba en el vehículo con los NN que huyeron). Posteriormente es localizado el vehículo en Bolivia y Lombardía con muchas manchas de sangre y documentación y presentando varios impactos de bala (...)".

Procesamiento de Bordaberry
En los autos de procesamiento del dictador Bordaberry, realizado por la jueza doctora Graciela Gatti titular del Juzgado Penal de 7º. Turno, el 20 de diciembre de 2006, según Resolución Nº 2146, se dice que "Eduardo Pérez Silvera, conforme al Informe de la Comisión para la Paz, falleció el 10 de mayo de 1974. Conforme resulta del acta número 18 a fs. 581 a 581v, Acta 27 a fs. 815 y actuaciones de fs. 629 a 627 y 817 a 821 cumplidas ante la Comisión Investigadora Parlamentaria de las que resulta que el mismo, conocido como "Marcos", estuvo detenido en "Artillería 1" y que falleció al practicársele "submarino". Al ser interrogada la testigo Stella Reyes expresó que estando detenida en Artillería 1, desde "el 21 de abril de 1974 hasta junio del mismo año, primero estuve en los calabozos de arriba donde torturaban todo el día y soy testigo de la muerte de Eduardo Pérez, alias el Gordo Marcos, que muere por torturas y nos torturaban con su agonía" (fs. 1537). Por su parte, Waldemar Tarocco declaró ante esta Sede que coincidió con Eduardo Pérez en el celdario del Hospital Militar señalando que éste estaba "en situación grave, semiinconsciente, tarde en la noche recobra la lucidez, habla con el guardia y con el enfermero" (fs. 1748)... "Fallece esa misma noche... PREG. Qué comentaba él. RESP. Que era un trabajador de Salteño, que lo torturaron, le habían tirado una granada de gas en la celda" (fs.1749)".
Fuente: Diario La Republica
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