jueves, 12 de febrero de 2009

CAPITAL FEDERAL Ronda de reconocimientos por vejámenes a ex soldado correntino en Chubut
Cuatro ex combatientes correntinos protagonizarán desde este jueves en el Edificio Centinela de Gendarmería, a instancias del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, una ronda de reconocimiento en la que intentarán identificar al oficial que estaqueó al soldado Juan Carlos Gómez de la III Brigada de Curuzú Cuatiá en abril de 1982. La jueza a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Selemme, y la secretaría de Manuel Pizarro, se han trasladado ya a Buenos Aires, donde mañana emprenderán la diligencia judicial.
La causa investiga la aplicación de torturas a ese soldado correntino días previos a la partida de las primeras tropas argentinas hacia las Islas Malvinas para combatir contra las fuerzas del Reino Unido en 1982.
Según denunció, Gómez fue estaqueado por varias horas en el mes de abril de ese año, en el predio del Liceo Militar "General Roca" de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, antes de partir en un embarque hacia Malvinas.
Durante el proceso previo de recolección de testimonios, los cuatro testigos, entre ellos Gómez, sindicaron a un sargento primero de apellido Álvarez, como el autor del hecho. Sin embargo, citado este en 2008, negó que tal hecho haya ocurrido.
Concluidas las rondas de reconocimiento, la jueza Parcio de Céleme dilucidará si el suboficial sargento primero requerido en calidad de sospechoso es el autor de las torturas denunciadas o no.
Luego, restará investigar otra suposición: si fue o no ordenado Álvarez por el entonces Capitán Daniel Alejandro Delfor Polano, hoy Teniente Coronel.
La investigación es una de las dos que se llevan adelante por la aplicación de tormentos a ex combatientes correntinos de Malvinas. La otra cursa en el Juzgado Federal de Río Grande a cargo de la jueza Lilian Herraez, en Tierra del Fuego.
Ambas se iniciaron hace dos años cuando el entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes Pablo Andrés Vassel investigara los hechos denunciados por la Combatientes de Malvinas que viven en dicha Provincia.
La misma originalmente contaba con 23 testimonios, pero hasta hoy se conocer el testimonio de más de 100 ex combatientes.
Fuente: Momarandu.com
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EL PAISEL EX SUBJEFE DEL PRIMER CUERPO SE NEGO A DECLARAR, PERO PUDO POSAR PARA LAS FOTOS
Olivera Róvere dijo whisky

El acusado ratificó sus declaraciones indagatorias de 1987 y 2004 y no quiso responder preguntas. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, aseguró que los tribunales tienen facultades para organizar los procesos, pero pidió que colaboren con la prensa.


El general retirado Jorge Olivera Róvere fue jefe de la represión ilegal en la Capital Federal. Está siendo juzgado por cuatro homicidios y 120 secuestros.


Por Diego Martínez
El general retirado Jorge Olivera Róvere, imputado por cuatro homicidios y 120 secuestros como jefe de la subzona militar Capital Federal en 1976, se negó ayer a declarar ante la Justicia. Luego del escándalo del martes y de cinco juicios por delitos de lesa humanidad en los que prohibió el ingreso de reporteros gráficos, el Tribunal Oral Federal 5 finalmente autorizó a trabajar a un fotógrafo de la agencia Télam. Le impuso sólo dos condiciones: tomar fotos desde atrás de un blíndex y no usar flash. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ratificó ayer la importancia de garantizar la publicidad de los juicios y requirió a los magistrados "un fuerte trabajo de colaboración con la prensa".
La segunda jornada del juicio al ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército comenzó con planteos de sus abogados, Norberto Giletta padre e hijo. El ex juez de la dictadura, defensor de Olivera Róvere desde hace veinte años, pidió la nulidad de la acordada de la Cámara Federal porteña que en 2003 reabrió la megacausa Primer Cuerpo. Su hijo pidió que se rechazaran testimonios tomados en Conadep o vía exhortos y sólo se consideraran los de quienes declararan ante el tribunal. Luego, el imputado ratificó sus declaraciones indagatorias de 1987 y 2004, aclaró que no tenía nada nuevo para decir y se negó a responder preguntas de las partes.
Cuando el juez Daniel Obligado invitó al militar a pasar al estrado, el fotógrafo Gustavo Amarelle lo retrató sin más obstáculos que el blíndex que separa a la Justicia de la sociedad. Un día antes el TOF5 había autorizado a Leonardo Zavattaro a trabajar tres minutos sin el represor en la sala, y el secretario Martín Schwab se abalanzó sobre su lente cuando, ya detrás del vidrio, disparó contra el reo. El repudio que generó la medida derivó en un criterio menos estricto, aunque aún lejano al de otros tribunales orales que instruyen causas por crímenes de lesa humanidad.
El régimen que se aplicará a los canales interesados en televisar audiencias sigue siendo una incógnita. Hasta el martes, Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías concedían a Canal 7 la posibilidad de filmar durante tres minutos la sala en silencio y sin el acusado, para luego conectarse al circuito cerrado con tomas exclusivas de Sus Señorías y sus secretarios. Ayer, los canales transmitieron el escándalo del martes, pero no reclamaron su derecho a filmar a Olivera Róvere, pese a que la declaración formaba parte de la audiencia inicial que la acordada de la Corte encomendó transmitir. Recién el 29 de abril, cuando se lea la acusación contra los ex jefes de áreas militares, se sabrá si Gordo & Cía. mantienen la prohibición para la televisión o la modifican con vistas al próximo juicio, el primero a celebridades rentables para la TV como Alfredo Astiz, Jorge Acosta & Cía.
Tras el repudio de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, el Foro de Periodistas, el CELS y Justicia Ya! al maltrato sufrido por el periodista de Télam, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, explicó ayer que "los jueces tienen facultades para resolver cómo se hace en la práctica" la difusión de cada juicio, aunque reiteró que los debates deben ser "públicos" y "es muy importante que la gente conozca lo que sucede". "Eso requiere un fuerte trabajo de colaboración con la prensa. La relación con los medios no debe ser conflictiva sino de cooperación", sugirió. "El rostro del imputado no es un problema, pero no hay que estigmatizar a una persona sometida a proceso. Hay que recordar que toda persona es inocente hasta que se la declare culpable", enseñó. "En el ámbito de cada juicio tiene competencia cada tribunal. El juez tiene que equilibrar la difusión con el respeto a las reglas del debido proceso para que el juicio no sea una telenovela", concluyó.

Recuadro
"Absolutamente tranquilo"
Un día después de presenciar la audiencia inicial sentado entre sobrevivientes y familiares de desaparecidos, el coronel Bernardo José Menéndez, de 76 años, traje impecable y rostro sereno, se ubicó ayer en la bandeja reservada para la prensa y los allegados a los acusados.
–¿Cómo se siente? –le preguntó Página/12 al ex jefe del área militar V, imputado por 41 secuestros entre 1977 y 1978.
–Absolutamente tranquilo, porque sé que soy inocente –fue la respuesta.
Luego se presentó ante el único amigo de Jorge Olivera Róvere que presenció la audiencia, quien tras una larga charla le preguntó: "¿Cuándo comienza su tratamiento?", en referencia a su juicio. "Fines de abril", le explicó Menéndez. "Lo hacen fácil. Si uno era jefe de tal área, todos los delitos cometidos allí son responsabilidad de uno. No fue así", aseguró.Fuente: Pagina 12-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS



EL PAISUN MILITAR RETIRADO APORTO DETALLES SOBRE LA REPRESION EN SAN LUIS
Educados para matar y torturar

El fusilamiento de una mujer que acababa de dar a luz, la desaparición del bebé y la quema de cadáveres formaron parte del testimonio escrito dado por el militar Bruno Laborda. El tribunal de San Luis lo consideró clave para demostrar el plan represivo.--

Los acusados frente al tribunal de San Luis, que juzga parte de los delitos en jurisdicción del III Cuerpo.
El testimonio de un represor, que detalla cómo ultimaban a sus víctimas durante la dictadura militar, fue introducido hoy por el Tribunal Oral Federal de San Luis que juzga a cinco represores por crímenes de lesa humanidad. Los jueces consideraron clave ese relato para determinar cómo funcionaba el aparato represor. Bruno Laborda, que integraba el III Cuerpo de Ejército en Córdoba en esa época, presentó un documento con declaraciones que demuestran con crudeza los operativos que utilizaban y cómo capturaban, asesinaban y enterraban a sus víctimas.
El relato de Laborda reveló, por ejemplo, cómo asesinaron a una persona "arrodillada y con los ojos vendados" o cómo "mataron, quemaron y luego enterraron el cuerpo de una mujer que había dado a luz hacía dos días". El militar relató las órdenes que le tocó cumplir en la denominada 'guerra contra la subversión' y el papel que desempeñó cada uno en esos días, hablando de un plan sistemático para el aniquilamiento físico de los "juzgados y condenados no sé por quién". En el documento precisó que "todos los oficiales y suboficiales egresados en esa época fuimos instruidos y educados de acuerdo con las difíciles circunstancias que vivía nuestro país, azotado por el flagelo del terrorismo subversivo. Fui nutrido de vastos conocimientos y entrenado adecuadamente para poder enfrentar con éxito todas las acciones, que a tal efecto se hacían para la eliminación total de dicha amenaza", señala el documento del militar.
En uno de los párrafos más duros del escrito, Laborda describe que "más de 30 balazos de FAL sirvieron para destrozar el cuerpo de un hombre que, arrodillado y con los ojos vendados, escuchó con resignación las últimas palabras de nuestro jefe, pidiéndole que encomendara su alma a Dios". Sobre una mujer que estaba secuestrada dijo que "nuevamente y a órdenes del jefe de la unidad, el entonces teniente coronel Solari y todos los oficiales designados, procedimos a fusilar a esta terrorista, que arrodillada y con los ojos vendados recibió el impacto de más de 20 balazos de distintos calibres (...) Su sangre, a pesar de la distancia, nos salpicó a todos. Luego siguió el rito de la quema del cadáver, el olor insoportable de la carne quemada y la sepultura disimulada propia de un animal infectado". El militar destacó que nunca supo "del destino del niño o niña, que un día antes de la muerte de su madre, naciera en el Hospital Militar Córdoba".
La querella pidió que se incorpore este testimonio al juicio, ya que se lo considera clave para mostrar cómo funcionaba el aparato represor en aquellos años y la sistematicidad de los asesinatos y desapariciones, y que se trataba de un programa que estaba vigente en todo el país y que los crímenes obedecían a una planificación.
El tribunal entiende en el juicio oral por el secuestro y asesinato de Graciela Fiochetti, las desapariciones de Pedro Valentín Ledesma y de Sandro Santana Alcaraz y las torturas de Víctor Fernández. Por estos casos están imputados el ex subjefe de la policía puntana Carlos Plá, el ex coronel Miguel Fernández Gez, el ex jefe de la Guarnición Militar San Luis Becerra, el ex subcomisario Juan Carlos Pérez y el ex cabo Luis Orozco. En el 2004 a Laborda le negaron el ascenso, presuntamente por un arresto que sufrió durante su carrera militar. El militar hizo una presentación argumentando que en sus 30 años de servicio, "he acatado las resoluciones de la superioridad sin otro espíritu que no sea el bien del servicio".

Fuente: Pagina 12
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS




Pereyra González no se presentó ayer al careo con Samper
San Luis (Pelr) 11-02-09
El camarista federal de Mendoza Carlos Martín Pereyra González hizo llegar al Tribunal Oral Federal de San Luis un certificado médico donde le aconsejaban no presentarse a ampliar su testimonial ni a efectuar un careo con el abogado José Samper, aunque el mismo juez lo había pedido.
Ayer el TOF no hizo lugar a una nueva fecha para el careo ni la ampliación de testimonio solicitada por Pereyra, que de por sí era improcedente, pero se le había dado lugar en razón del tenor de las acusaciones que habían sido vertidas por Samper, relacionadas al actual juez, que en 1976 era Secretario del Juzgado Federal de San Luis y estaban relacionadas con la causa que se ventila en estos días, por la desaparición y muerte de Graciela Fiochetti.
Samper, en una testimonial brindada ante el Tribunal, había manifestado que en el año 1976, el propio Secretario le había contado muy preocupado que había visto como torturaban a la chica que después apareció asesinada con un tiro en la nuca en las Salinas del Bebedero.
En la jornada que pasó el abogado de la querella pidió que se formara una compulsa por este tema, para determinar si el actual juez de Cámara incurrió en incumplimento de deberes de funcionario público o en algún otro delito.
Testimonios por lectura
Este martes también se incorporó por lectura el testimonio de Bruno Laborda, el militar que formaba parte de la estructura del 3° Cuerpo de Ejército en Córdoba durante la dictadura y que al serle denegado un ascenso, recurrió a su foja de servicios para que fuese tomada en cuenta.
Allí relata como, junto a otros uniformados ultimaban a las víctimas del terrorismo de Estado de la manera más cruel.
En el año 2004 a Bruno Laborda le negaron el ascenso, presuntamente por un arresto que sufrió durante su carrera militar, cuando era mayor. El militar, el 10 de mayo de 2004 hizo una presentación ante el Jefe del Estado Mayor, argumentando que en sus 30 años de servicio, "he acatado las resoluciones de la superioridad sin otro espíritu que no sea el bien del servicio".Con una profunda ironía, relata las órdenes que le tocó cumplir en la denominada "Guerra contra la subversión" y el papel que cumplió cada uno en esos días. Sus declaraciones hablan de un plan sistemático para el aniquilamiento físico de los "juzgados y condenados no sé por quien". En el juicio que se realiza en San Luis, se ha solicitado que se incorpore ese testimonio, para probar de que se trataba de un programa que estaba vigente en todo el país y que los crímenes obedecían a una planifiación.Laborda, en la presentación solicita a la Junta de Calificación de Oficiales, para que aplique "en la revalorización de los nuevos elementos de juicio a exponer por dicente, los mismos criterios adpotados con respecto a la valorización hecha sobre la sanción disciplinaria de 15 días de arresto impuesta al suscripto en el grado de Mayor". En la foja 7 señala: "Como es de conocimiento de la JCO, el suscripto egresó del CMN en diciembre de 1976, siendo destinado a prestar servicios en el entonces B Com Cdo 141 (Batallón de Comunicaciones Comando 141), en la ciudad de Córdoba. Todos los oficiales suboficiales egresados en esa época fuimos instruidos y educados de acuerdo a las difíciles circunstancias que vivía nuestro país, azotado por el flagelo del terrorismo subversivo. Fui nutrido de bastos conocimientos y entrenado adecuadamente para poder enfrenatar con éxito todas las acciones, que a tal efecto se hacían para la eliminación total de dicha amenaza". "Esa formación como soldado la fui adquiriendo mediante principios y valores propios de la época, tales como la reiterada idea expuesta y pregonada por un entoces imitado y recordado oficial insturctor de la Batería A del CMN, que decía: "al subversivo hay que matarlo, pero no solo a él, sino también a sus hijos, para que no puedan vengarse, y así otras tantas, que en forma reiterada se nos inclucaba con la finalidad de que en nuestro futuro desempeño en las unidades fuese eficiente y motivado". "Fue como a partir de enero de 1977, siendo un recién egresado subteniente, comencé a participar activamente en la lucha contra las denominadas "Bandas de delincuentes terroristas", "La subversión apátrida", o el "Terrorismo Marxista". Ese mismo año fue cuando me toco intervenir activamente en la eliminación física de un guerrillero acusado y condenado -nunca supe por quien- por la participación directa en el hecho ocurrido un año atrás, donde como consecuencia de una emboscada a un vehículo militar de nuestro batallón, se produjo el cobarte y artero asesinato del cabo 1° Bulacios, joven suboficial que revistaba en la Unidad"."Con la presencia del Jefe de batallón, el entonces teniente coronel Dopazo, la Plana Mayor, Jefes de Compañía y Oficiales, dimos muerte al supuesto asesino y terrorista, en el campo de la Guarnición Militar Córdoba, en proximidad a a la "Mezquita", lugar que con el tiempo se convertiría en el cementerio anónimo de la subversión. Más de tereinta balazos de FAL sirvieron para destrozar el cuerpo de un hombre que arrodillado y con los ojos vendados, escuchó con resignación las últimas palabras de nuestro jefe, pidiéndole que encomendara su alma a Dios. Posteriormente, los oficiales más modernos arrojamos sus despojos a un pozo, que previamente hiciéramos a pico y pala, procediendo después a la quema del mismo. Luego lo enterramos y disimulamos el lugar, de modo tal que este no pudiera ser encontrado jamás". "Durante el transcurso del año 1978, fui comisionado junto a otro oficial recién engresado par trasladar en una ambulancia militar, a una mujer desde el Hospital Militar de Córdoba hasta el campo de la Guarnición Militar. La mencionada anteriormente, de la cual nunca supe su identidad, había tenido familia un día antes en el mencionado nosocomio y que por su activa participación en una de esas Bandas Terroristas (Montoneros), fue condenada a muerte debido a su probado accionar en actos de sabotaje en el desarrollo del Campeonato Mundial de Fútbol 78. Su traslado al campo de fusilamiento de la Guarnición fue lo más traumático que me tocó sentir en mi vida. La desesperación, el llanto contínuo, el hedor propio de la adrenalina que emana de aquellos que presienten su final, sus gritos desesperados implorando que si realmente éramos cristianos, le juráramos que no la íbamos a matar, fue lo más patético, angustiante y triste que sentí en mi vida y que jamás pude olvidar"."Nuevamente y a ordenes del Jefe de la Unidad, el entonces Teniente Coronel SOLARI y todos los oficiales designados, procedimos a fusilar a esta terrorista, que arrodillada y con los ojos vendados recibió el impacto de más de veinte balazos de distintos calibres. Su sangre, a peser de la distancia, nos salpicó a todos. Luego siguió el rito de la quema del cadáver, el olor insoportable de la carne quemada y la sepultura disimulada propia de un animal infectado"."Nunca supe del destino del niño o niña, que un día antes de la muerte de su madre, naciera en el Hospital Militar Córdoba".Bruno Laborda relata también la muerte de otros detenidos que fueron fusilados y hechos aparecer como muertos en enfrentamientos. En el juicio que se le sigue a Carlos Pla, Miguel Angel Fernández Gez, Juan Carlos Pérez, Luis Orozco y Víctor Becerra, a pedido de la querella, se incorporó este testimonio, ya que se lo considera clave para mostrar como funcionaba el aparato represor en aquellos años y la sistematicidad de los asesinatos y desapariciones.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

H.I.J.O.S.
11 de febrero de 2009

La cara de un genocida

Una cosa es que la Justicia sea ciega y otra es que los jueces no dejen ver.

Eso es lo que hace el Tribunal Oral y Federal Nº 5, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado: prohibe a la sociedad ser parte de los Juicios a los genocidas.
Ayer comenzó a ser juzgado un asesino: el ex general del Ejército Jorge Olivera Róvere, imputado por más de 100 delitos de lesa humanidad.

Nuevamente, y detrás de un vidrio, vemos sentado en el banquillo a quien dio la orden de asesinar a muchos de nuestros padres y sus compañeros. Pero 60 personas podemos verlo porque es la capacidad de la Sala y el TOF 5 impide el ingreso de cámaras, contradiciendo una Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (49/08).

Alerta los vecinos, al lado de su casa vive un asesino:
Estos son Juicios históricos y por eso deben ser tratados con una plena libertad de expresión. Todos somos parte de los Juicios y no todos cabríamos en la Sala, por eso deben ser televisados. Pero este Tribunal responde sistemáticamente con censura, perjudicando así el ejercicio de la memoria de todos. Negar su difusión es desoír la lucha de más de 30 años que lleva este pueblo por el juicio y castigo a los genocidas.

Parece que al TOF 5 tampoco le importa la construcción de la condena social, porque no deja ver las caras de los asesinos. Queremos que todo el mundo conozca la cara de Jorge Olivera Róvere, porque es parte de nuestra historia. Queremos que su cara sea conocida en su barrio, para que los vecinos de Recoleta sepan que quien vive en CALLAO 1460, 3 PISO es un ASESINO, que fue un general del Ejército Argentino que decidió sobre la vida y la muerte de miles de personas en los cientos de Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio que tuvo a cargo por la zona del Primer Cuerpo del Ejército: Capital Federal, La Pampa y Provincia de Buenos Aires. Ese genocida vive en su casa y está siendo juzgado por más de 100 delitos de lesa humanidad. Queremos que la cara de Olivera Róvere sea conocida por todos porque lo Juzga un Tribunal, pero lo condenamos todos.
Queremos que todos vean la cara del represor Olivera Róvere para que cuando lo encuentren por la calle sepan quién es. Porque cuando hablamos de desaparecidos hablamos también de personas que los hicieron desaparecer y uno de ellos fue Olivera Róvere. Queremos ver, queremos que se vea, nosotros mostramos, ellos ocultan. Nosotros mostramos quiénes son los torturadores, dónde viven, qué hicieron; ellos se esconden y ocultan qué hicieron con los desaparecidos, dónde están sus cuerpos, dónde están nuestros hermanos apropiados, dónde está Jorge Julio Lopez.

El 10 de febrero comenzó a ser juzgado por un Tribunal, pero ya está condenado por todos desde hace muchos años. En el primer día audiencias la lectura de sus imputaciones duró 6 horas. Algunos de sus crímenes son nuestra historia: es quien decidió sobre la vida y la muerte de nuestros familiares, es quien los hizo desaparecer, es quien dio la orden para asesinarlos. Por eso exigimos que sea condenado a cárcel común, perpetua y efectiva.

Crónica de una censura anunciada

En el primer día del Juicio, el martes 10 de febrero, el Tribunal reforzó más que nunca su decisión de tapar estos Juicios, perjudicando el ejercicio de la memoria de todos: prohibió el ingreso de cámaras y tras la presión de los organismos de derechos humanos, como H.I.J.O.S., Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticos y la AEED, tuvo que ceder unos pasos en la decisión y habilitó a un fotógrafo de Télam a entrar a la Sala, en un acuerdo realizado un día antes. Pero en el comienzo del Juicio el Tribunal cambió el acuerdo y sólo le permitió permanecer 3 minutos, hasta que ingresara el imputado: un genocida que vive en su casa. Así fue que Leonardo Zavattaro ingresó con su cámara, su herramienta de trabajo. Cuando el Tribunal ordenó que ingresara el imputado, Zavattaro comenzó a ser desalojado por el personal de la policía uniformada y de civil que se encontraba en la Sala habilitada para presenciar el Juicio, donde estábamos familiares de víctimas, sobrevivientes y público interesado en ver el Juicio. A los gritos defendimos que le permitieran sacar fotos, que no lo tocaran, que la Corte le permite sacar fotos del Juicio, que estaba trabajando… pero fue inútil: lo sacaron 5 policías a los empujones. Esa es la forma en que el TOF 5 "interpreta" la Acordada de la Corte con respecto a permitir el acceso de reporteros gráficos.

Pero hay más: a los periodistas de medios gráficos el TOF 5 los ubicó en el piso de arriba y al fondo, sin que pudieran ver al imputado. Sólo alcanzaban a ver al Tribunal y los secretarios. Esa es la interpretación del TOF 5 para la Acordada de la Corte donde indica que el Tribunal permitirá a los periodistas ubicarse en un lugar apropiado para la tarea a realizar.
Antes de esto, previo a ingresar a la Sala, el TOF 5 informó que sólo podría entrar a filmar Canal 7, durante 3 minutos, sin imputado, y que luego daría la imagen de la filmación interna de la sala, realizada por la Policía. Canal 7 se negó, defendiendo su fuente de trabajo y retiró a sus periodistas, permaneciendo en la calle. Además, el personal de Policía de la entrada desalojó del edificio de los Tribunales de Comodoro Py 2002 al fotógrafo de Página 12 y al camarógrafo de AMARC y Agencia Púlsar, sosteniendo que la Cámara Nacional de Casación Penal impide el ingreso de cámaras al edificio. Los abogados presentes les indicaron que posterior a eso existe una Acordada de la Corte, pero el personal policial desoyó el aviso y los obligó a salir del edificio. Así interpreta el Tribunal la libertad de expresión.

Y para coronar la censura del Tribunal, los canales de televisión que debían recibir la única imagen permitida, la interna filmada por la Policía, nunca la recibieron. Hicieron los reclamos pertinentes y no obtuvieron ninguna respuesta satisfactoria. Así, el Tribunal incumplió la Acordada de la Corte, que señala que debe permitir la difusión audiovisual de estos Juicios.

Exigimos que los Juicios a los genocidas sean realmente Orales y Públicos porque todos somos víctimas de los delitos juzgados: un genocidio. Exigimos que el Tribunal Oral y Federal Nº 5 permita a los medios trabajar adecuadamente, sin censura, y en pleno ejercicio de sus derechos y los de toda la sociedad: informar y estar informado.


LOS JUZGA UN TRIBUNAL, LOS CONDENAMOS TODOS

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA OLIVERA RÓVERE Y TODOS LOS GENOCIDAS, CÓMPLICES E IDEÓLOGOS
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ

No olvidamos
No perdonamos
No nos reconciliamos

H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Capital
http://www.hijos-capital.org.ar/
prensa@hijos-capital.org,ar
15-3-571-0767


No al fuero especial
Entre las actividades de la última jornada del viaje, la Presidenta descartó categóricamente "la creación de un fuero especial" para tratar los juicios en materia de derechos humanos. "Sería lo que buscarían aquellos que persiguen invalidar los juicios", dijo y enfatizó que "lo peor que podría pasar es crear instrumentos legislativos que precisamente permitieran a quienes están acusados y están siendo juzgados" pedir la nulidad "alegando que se los saca del juez natural y de principios básicos del derecho penal occidental". Cristina Fernández admitió que "hay un escenario de fuerte retraso y demora en los juicios en materia de derechos humanos" en el país, pero aclaró que esa situación "viene de unos cuantos años, porque estamos a 25 años de democracia" y resaltó la necesidad de que "sean juzgados y castigados todos aquellos que han violado derechos humanos".Fuente: Pagina 12, miercoles 11 de febrero 2006. Sección: El país", página 4.RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata
Personería jurídica N° 13.799-58.484 - Entidad de bien público 825
Calle 48 N° 632, piso 6°, oficinas 79-80
(1900) La Plata - Buenos Aires
República Argentina
Tel./fax:
+54 221 482-0595
En el trigésimo aniversario de su fundación sigue luchando por un mundo libre del temor y de la miseria
Murió Rodolfo González Conti, ex Director de Seguridad de la policía de Camps y Etchecolatz
.El represor había sido detenido en noviembre de 2004, imputado de la privación ilegal de la libertad y tormentos de más de cien personas en la Comisaría Quinta de La Plata, pero obtuvo su detención domiciliaria. Falleció en el día de hoy.(La Plata, 09febrero2009) .- Rodolfo Alejandro González Conti estaba procesado en varias causas como partícipe de los delitos sufridos por cientos de víctimas. En su condición de Director General de Seguridad de la policía provincial tenía a su cargo todas las comisarías, subcomisarías y unidades regionales, en muchas de las cuales funcionaron centros clandestinos de detención.Por tal razón, esperaba ser juzgado no sólo en la causa que se instruye por los delitos cometidos en la Comisaría Quinta, sino también por los que tuvieron lugar en Puesto Vasco, el Destacamento de Arana y la Brigada de Investigaciones de La Plata.La A.P.D.H. LA PLATA había urgido la elevación a juicio de esta causa en la expectativa de que pudiera celebrarse el debate oral durante 2008. Sin embargo, las demoras producidas determinaron que el juicio que se espera para este año tendrá varios procesados menos: ya fallecieron el ex subjefe de la fuerza, Reinaldo Tabernero, el jefe de un grupo de tareas, Juan Fiorillo y ahora González Conti.En opinión del organismo es necesario terminar con todo tipo de demoras, urgir a los tribunales la elevación de las causas y evitar los efectos de la impunidad biológica que van a permitir a tantos represores morir impunes y que están privando a la sociedad de su derecho a conocer la Verdad y obtener Justicia.

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