lunes, 29 de diciembre de 2008

RESPUESTA AL POLEMICO FALLO DE CASACION
La Corte Suprema pide que se aceleren los juicios por violaciones a los derechos humanos
La Corte Suprema de Justicia exhortó a los tribunales de todo el país a agilizar las causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura. Mediante una acordada de siete páginas, el máximo tribunal también "invitó" a los demás poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, así como al Ministerio Público, es decir a los fiscales, a conducirse en idéntico sentido.

En su último acuerdo del año, la Corte respondió así a la conflictiva situación planteada a raíz de un fallo de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación Penal, que abrió las puertas a la excarcelación de una veintena de represores que llevan siete años en prisión preventiva.
La Corte resolvió, además, crear una oficina especial, la "Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad", que se encargará de monitorear los procesos y tendrá facultades para requerir informes a los juzgados en los que se verifiquen demoras.
La Acordada, que estaba siendo firmada este mediodía por los jueces de la Corte, dispone también que el Consejo de la Magistratura adopte medidas para que el trámite de las causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos tenga un trámite más veloz.
El secretario de la Corte para causas por delitos de lesa humanidad, José Mandalounis, había elaborado un informe en el que analizaba algunas de las cuestiones por las cuales se demoran las causas.
Tras destacar que "el Poder Judicial ya estaba saturado por el nivel de litigiosidad existente", el informe explica que "hay una insuficiencia de jueces, cargos vacantes, falta de edificios adecuados, falta de tecnología, de informatización, de salas de audiencias, y de otros recursos adecuados".
El trabajo identifica como dificultades para el avance de los expedientes a "problemas en la constitución definitiva de los tribunales orales, inconvenientes en la designación de un juez sustituto para la realización del juicio Primer Cuerpo de Ejército en febrero de 2009, congestión en los seis tribunales orales federales de la Capital Federal, defectos en la elevación de las causas, oposición de las querellas a que se realicen juicios por hechos aislados y diversificación de las denuncias para que se investiguen en los juzgados próximos a los lugares donde ocurrieron los hechos", entre otros.
"Existe falta de recursos que debe suministrar el Consejo de la Magistratura, como el equipamiento informático, grabadores, mejoras edilicias. Es fundamental el desarrollo del plan de Justicia digital", añade el informe.






UN CAMARISTA FEDERAL DE BAHIA BLANCA FUE DENUNCIADO POR PERSECUCION GREMIAL Y DISCRIMINACION
Una línea de conducta
Néstor Montezanti, quien fue asesor del represor Adel Vilas, afronta un pedido de juicio político presentado por la Unión de Empleados Judiciales. En 2007, la entidad se quejó ante la Corte Suprema por “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias” en ese tribunal.



Por Diego Martínez
“La perturbación al orden jerárquico no es tolerable y debe ser sancionada.” Impugnar una designación es “una falta gravísima de respeto al Superior”. “Dejar pasar esa insolencia conduciría a la anarquía.” Tan bellas palabras no fueron escritas a principios del siglo XX por un celador del colegio militar sino en estos días por miembros de la Cámara Federal de Bahía Blanca. El tribunal que declaró inconstitucionales las leyes de impunidad en 1987 es hoy un reducto de empleados aterrorizados y delegados gremiales perseguidos, escenario que derivó en reclamos e impugnaciones. Mientras los trabajadores esperan una respuesta de la Corte Suprema de Justicia, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura contra Néstor Montezanti, cara visible de Sus Señorías, quien supo lucir en su estudio un certificado de la “Liga Anticomunista Argentina” firmado por el general Carlos Suárez Mason, comandante del Cuerpo V de Bahía Blanca en pleno apogeo de la Triple A.
Firman la denuncia de la UEJN su secretario general, Julio Piumato, y el de relaciones institucionales y de derechos humanos, Oscar Pringles. Acusan a Montezanti por mal desempeño, violación de los deberes de funcionario público, “una clara actitud antisindical” que en 2007 denunciaron ante la Corte, y “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias”. Enumeran abusos de autoridad, prolongación desmedida de la jornada de trabajo, trato despectivo y discriminatorio para con los empleados que desarrollan tareas gremiales (pidió que se excluya a “representantes problemáticamente gremiales” del jurado que analiza exámenes de ingresantes), desequilibrios emocionales que conspiran contra el buen funcionamiento de la justicia, dilaciones y entorpecimientos en causas por delitos de lesa humanidad. Los dirigentes no descartan extender la denuncia a los jueces que adhieren a las decisiones del magistrado.
Como publicó este diario, Montezanti fue reconocido en 1974 en medio del grupo de matones que ocupó la Universidad Tecnológica Nacional y pronto se convirtió en la Triple A de Bahía Blanca. En 1975 el miembro más célebre de esa organización criminal lo propuso como defensor cuando la Justicia lo citó por el asesinato de David Cilleruelo, militante de la Federación Juvenil Comunista acribillado en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur. En la causa no consta que Montezanti haya actuado en defensa de Jorge Argibay, que sin abogado y pese a haber disparado ante varios testigos no estuvo un solo día preso. El mismo año el abogado rechazó una oferta de las fuerzas vivas bahienses para asumir como juez federal, cargo que ocupó Guillermo Madueño, quien tres décadas después tiró la toga cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a juzgarlo por su complicidad con los crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.
Montezanti no ocultaba entonces su militancia. “Hoy día tendremos que librar nuestra batalla de Obligado, porque si en 1845 la soberanía estaba en peligro, hoy también lo está”, anunció a fines de 1973 en un acto en el Parque de Mayo. En 1987 asesoró al general Adel Vilas, cara visible del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, relación que lo obligó a apartarse de las causas de la dictadura. “Es preciso emplear el terror para triunfar en la guerra. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos”, escribió doce años atrás el “Führer”, como lo llaman sus alumnos.
Desde el cadalso
En 2007, como presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Montezanti obtuvo el respaldo de sus colegas Angel Argañaraz, Ricardo Planes y Augusto Fernández para ordenar el traslado compulsivo de Sandra Martínez Borda, vocal de la UEJN. Ante un amparo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a los jueces dar marcha atrás y respetar el procedimiento que fija la ley de asociaciones sindicales. Lejos de acatar la resolución, la calificaron de “escandalosa”, de “inveterada gravedad institucional” y pidieron la intervención de la Corte Suprema de Justicia para que “restaure el quicio (sic) institucional” y “se paralicen los efectos” de la medida. La Corte no hizo lugar. El mes pasado, la jueza Ana María Etchevers calificó la decisión del cuarteto de “arbitraria e ilegal”, les ordenó reintegrar a Martínez Borda a su trabajo e indemnizarla por daño moral. La noticia sólo circuló de boca en boca porque la Cámara también prohibió que se distribuyan sin autorización comunicados que no provengan de entes oficiales. El 3 de diciembre, en el Colegio de Abogados que funciona en el diario La Nueva Provincia, donde Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola encabezaron reivindicaciones de sus compañeros hasta que durante la última dictadura los acribillaron a balazos, el juez Planes disertó sobre “Libertad Sindical”.
La tensa relación de Sus Señorías con los trabajadores no es nueva. En 2005 la Cámara nombró a una abogada en reemplazo de una prosecretaria licenciada por enfermedad, postergando a personal más antiguo sobre el que no existían reparos, tal como apuntó en su disidencia el juez Luis Cotter. Once empleados y la UEJN impugnaron la acordada pero fueron rechazados, en el segundo caso con el argumento de que “no existen intereses colectivos a resguardar”. El voto de Montezanti y Argañaraz califica a una de las presentaciones como “indecente” y “desvergonzada”, y apunta que los escritos sugieren “un mismo autor intelectual”, cuya caza no tardó en desatarse, según los denunciantes.
Ese mismo año, sin respetar a empleados más antiguos, la Cámara nombró a una pasante en una vacante de escribiente. Diez trabajadores y la UEJN impugnaron la acordada. Una vez más fueron rechazados. “En treinta años de antigüedad en la Justicia jamás he visto que los empleados de un tribunal (...) puedan actuar como fiscales o censores” de una designación, “señalándole a este cuerpo que ha desconocido normas de máxima” y haciendo “expresa reserva de recurrir al más alto tribunal en avocamiento”, escribió Argañaraz y adhirió Montezanti. Se trata de “una falta gravísima de respeto al Superior” y “dejar pasar esa insolencia conduciría a la anarquía”, alertaron. “La perturbación al orden jerárquico no es tolerable y debe ser sancionada”, propusieron, “no exonerando de responsabilidad al ‘patrocinio sindical’ en cada escrito”. Desde su rincón solitario, Cotter destacó que “no puede concebirse que quienes cuestionan respetuosamente lo decidido por el Superior sean pasibles de sanción”.
Cuando la UEJN interpuso un recurso, una prosecretaria propuso a los impugnantes levantarles el apercibimiento a cambio de que no suscribieran el escrito y se disculparan ante los jefes. Cinco se resignaron a hacerlo. Al aceptar una disculpa Argañaraz le propuso a una empleada “una profunda reflexión”. Montezanti adhirió. “No siempre un pedido de disculpas basta para excusar una impertinencia”, escribió. La Corte dejó sin efecto las medidas dispuestas contra quienes se quejaron de las decisiones de sus superiores. Para evitar la reiteración de conflictos por motivos similares la Cámara solicitó que se la autorice a “apartarse del reglamento de Justicia de la Nación y poder nombrar a cualquier agente, aunque no se encuentre en la categoría inmediata inferior a la de la vacante”, destaca la denuncia.
El escrito de Piumato enumera irregularidades en la designación de empleados de la Secretaría de Derechos Humanos del juzgado federal, a quienes la Cámara asigna tareas en supuestas “causas análogas” a las que investigan los crímenes del Cuerpo V y la base naval de Puerto Belgrano. Montezanti también intervino en una causa en la que estaba excusado, relacionada con apropiaciones en el centro clandestino La Escuelita, quitándola de la órbita de la Secretaría ad hoc del juzgado. Pese a que está excusado para actuar en causas por delitos de lesa humanidad por sus consejos a Vilas, responsable de La Escuelita, en aquel caso, además de intervenir, opinó que “la Armada es una institución fundamental” más allá de que “algunos vesánicos la hayan empleado para sus tropelías”. Pese a que no era el tema de debate, Cotter le recordó que “hay cosa juzgada acerca de que la cúpula militar trazó y ejecutó planes criminales que cumplieron todas las fuerzas”, “ninguno de los planificadores o ejecutores ha sido declarado inimputable por vesania”, y “contra la desmemoria y el ocultamiento de la verdad” le aconsejó leer la sentencia del Juicio a las Juntas.
Quienes comparten pasillos con Montezanti & Cía. explican que la denuncia es una muestra ínfima del clima que padecen. Un secretario pidió licencia psiquiátrica luego de recibir tres sanciones en un mes. A quienes recurren sus calificaciones los derivan a la junta médica con la esperanza de que los declaren insanos. Tampoco falta el nepotismo. El hijo de Argañaraz, contador público, es secretario del juez federal Ramón Dardanelli Alsina. Su nuera es relatora del camarista Planes. El hijo de Augusto Fernández es secretario de Derechos Humanos del juez Alcindo Alvarez Canale. Todo queda en familia.
Los empleados esperan que la Corte responda a sus planteos. En marzo, la Cámara le denegó al juez Cotter, tras su licencia por enfermedad, la facultad de reasumir la presidencia. El magistrado planteó el tema a la Corte pero se jubiló sin respuesta. Días atrás, los empleados de la justicia homenajearon al ex presidente del primer tribunal del país que declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Montezanti & Cía. lo honraron con sus ausencias.

El país / Edición Impresa http://www.criticadigital.com.ar/

La corte suprema ordenó CONTINUAR la INVESTIGACIÓN
Reabren la causa Hagelin
El caso de la joven sueca desaparecida había sido cerrado por la Cámara Federal. Ahora se sumará a la megacausa ESMA. El principal acusado por el secuestro es Alfredo Astiz.

Martina Noailles

Después de dos años de espera en un cajón de la Corte Suprema, la investigación por la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin podrá avanzar. Los jueces del máximo tribunal ordenaron reabrir la causa en la cual el ex marino Alfredo Astiz es el principal acusado, y que había sido cerrada en 1986 por la Cámara Federal. Ahora, el juez federal de la megacausa ESMA, Sergio Torres, deberá indagar a Astiz, quien comandó el secuestro de Hagelin, y al resto de los represores vinculados con su desaparición, una medida que ya había reclamado el fiscal Eduardo Taiano en 2005.Tal vez lo llamativo de la historia de este expediente es que el caso Hagelin fue uno de los más documentados en el Juicio a las Juntas y uno por los que se condenó a prisión perpetua a Jorge Videla y Emilio Massera. Las declaraciones de testigos que vieron cuando balearon y secuestraron a la chica de 17 años y de sobrevivientes que compartieron cautiverio en la ESMA con la joven no alcanzaron para evitar los artilugios legales que trabaron la causa por 22 años.El 27 de enero de 1977, Dagmar había ido a visitar a su amiga Norma Burgos a su casa de El Palomar. Apenas cruzó el portal, dos hombres la encañonaron. Ante la sorpresa, comenzó a correr. "Parate flaca, que si no te tiro", le gritó un teniente de corbeta rubio de ojos de celestes, quien segundos después gatilló una sola bala que dio en la cabeza de Dagmar. El certero tirador era Astiz. Días después, en la propia ESMA, "el Ángel Rubio" admitió el error. La noche anterior se habían llevado a Burgos y esperaban que María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew e importante dirigente montonera, visitara la casa. Ser rubia y de físico similar a la buscada fue el delito que Dagmar pagó con su vida.A pesar de las presiones internacionales, la búsqueda de la joven no tuvo éxito. Tampoco lo tuvo la causa que en 1986 fue cerrada por la Cámara Federal por considerar que el delito de secuestro había prescripto. Años antes, en silencio, la justicia militar había juzgado y sobreseído a Astiz por "falta de pruebas". Las apelaciones de la querella, representada por Luis Zamora, y de la defensa llevaron el caso a la Corte Suprema que después de rechazar la reapertura en dos ocasiones –2001 y 2003– ahora votó a favor de que se active la investigación. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS


SOCIEDADOPINION
Los Santos Inocentes


Por Martha Arriola *
y (Herodes) mandó matar a todos los niños
de Belén y de toda su comarca de la edad
de dos años para abajo
Mateo 2,16
El debate instalado en estos meses acerca del falso agravamiento de la cantidad de hechos delictivos cometidos por adolescentes y la propuesta de la baja de edad de imputabilidad actualizan el Día de los Santos Inocentes que hoy se conmemora. Hace algunos años que trabajamos desde la gestión pública la problemática de pibes en conflicto con la ley penal. Muchas veces escuchamos ante un hecho delictivo protagonizado por un adolescente pobre frases como "Qué piensan hacer con estos pibes? Elimínenlos..." Porque si en algo podemos parangonar el relato evangélico con la realidad de nuestros días es en que hay un rasgo fuertemente herodiano en la cultura neoliberal aún imperante: los pibes nos causan miedo, alguien tiene que terminar con ellos. Ocultamos tanto como es posible su existencia. Y, cuando por ahí se hacen visibles a partir de algún hecho violento, redoblamos la apuesta: pedimos mano dura, baja de edad de imputabilidad.
Como sistema enfrentamos una disyuntiva crucial: o avanzamos decididamente hacia más seguridad para todos/as, que es más trabajo, más distribución de la riqueza, más educación, más igualdad, más libertad, profundizando la etapa 2003–2008, o nos doblegamos ante los embates de los sectores que defienden exclusivamente sus propios intereses, sin entender que "nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza". Es imprescindible ponernos de acuerdo en los grandes ejes de política pública y no corrernos de ahí al compás de la "política de mercado". No se trata solamente de "medir lo que dicen las encuestas", sino de seguir construyendo un plan que discuta en los hechos el escepticismo liberal impuesto.
Si algo aprendimos en nuestra experiencia de gestión es que la política pública se encarna en cada barrio. Con trabajo conjunto y presencia permanente del Estado. Con método: diagnósticos participativos, elaboración de planes locales y evaluación permanente de procesos y resultados. El Programa de Respuesta Múltiple para la prevención Comunitaria de la Violencia (PRM) que impulsamos junto a cientos de organizaciones comunitarias proporcionó espacios de pertenencia juvenil, posibilitó que ellos comenzaran a construir proyectos vitales, que recuperaran ganas de vivir y de realizarse. Aprendimos que era preciso un nuevo "cuerpo a cuerpo" para ser efectivos en el "rescate" y lograr integración comunitaria. Es posible alcanzar una política pública de Niñez y Adolescencia que nos sensibilice y active, que ame mucho más a los pibes concretos que los diagnósticos y discursos de restitución de sus derechos. Por esto decimos no a la baja de imputabilidad, sí al sistema de responsabilidad penal juvenil. Sí al sistema de promoción integral de los derechos de los pibes, los tres ejes de la campaña "Ningún pibe nace chorro" que junto a cientos de organizaciones y áreas de gobierno presentamos el 19 de diciembre. Miles de chicos siguen muriendo en nuestros barrios más humildes, víctimas de la violencia. No hay justificación posible. Un nuevo Herodes, impersonal y fantasmal, parece haber ordenado la matanza. Los santos inocentes andan por las calles de cualquier villa del conurbano. Muchos dirán que ya no son "inocentes". Y en parte es cierto. Este nuevo Herodes ha sido mucho más cruel que el del relato evangélico. Primero mató su "inocencia", su infancia, luego ordenó el degüello. Jesús se salvó de la matanza de Herodes porque un ángel les previno. ¿Seremos nosotros capaces de salvar a nuestros chicos? Ya los ángeles nos han avisado hasta quedar afónicos.
* Ex jefa de gabinete de la Intervención de la Policía Bonaerense (1998). Subsecretaria de Participación Comunitaria (Ministerio de Seguridad) 2004–2007 Subsecretaria de Niñez y Adolescencia (2008).
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

El paísDomingo, 28 de Diciembre de 2008
La decisión de excarcelar a una veintena de represores
El día que Astiz casi sale a la calle
Hace diez días la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, con los votos de Guillermo Yacobucci y Luis García, ordenó el cese de la prisión preventiva de una veintena de represores acusados por delitos de lesa humanidad. Celebridades de la ESMA como Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, el ex juez santafesino Víctor Brusa y el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone fueron algunos de los beneficiados. Como la mayoría fue arrestada en 2003, el tribunal consideró que llevan presos sin condena más tiempo del razonable. Un día después, tras el rechazo generalizado de los organismos de derechos humanos y hasta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal Raúl Pleé apeló la resolución por considerar que "pone en serio riesgo a la Nación Argentina de ser sancionada internacionalmente por arriesgar innecesariamente la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos". El argumento central del escrito, que evitó la liberación de los represores, es que en caso de ser liberados podrían frustrar las investigaciones. Cuando Casación dé el visto bueno a la apelación deberá expedirse la Corte Suprema de Justicia, que cuenta desde hace un año y medio con una unidad especial creada para evitar este tipo de escándalos, a cargo de José Luis Mandalunis.
"La liberación es posible porque las distintas instancias de la Justicia han demorado en forma injustificada los procesos, dilatando la posibilidad de alcanzar la instancia de los juicios orales y públicos. La libertad de los acusados durante el proceso penal no conlleva impunidad. A treinta años del terrorismo de Estado, impunidad es que, por desidia, indolencia o complicidad, la Justicia argentina aún no los haya condenado", señalaron en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS, CELS y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, luego de conocer la resolución de Casación. La Presidenta dijo que era "un día de vergüenza para todos los argentinos".
El paísDomingo, 28 de Diciembre de 2008
La larga vida y los pocos cambios de la revista Cabildo
Nazionalismo del más añejo
Nostálgica de cuando tenía influencia y hasta algún poder, la ahora marginal revista se mantiene firme en eso de confundir coherencia con obsesiones. Un vistazo a la historia y la actualidad de Cabildo.
Por Sergio Kiernan

Antonio Caponnetto, ahora director y siempre seguidor de Curutchet, protestando contra Ferrari.
La revista Cabildo es una de las criaturas más excéntricas de la derecha nacionalista argentina. Pernóstica, malamente escrita, obsesiva en inventarse enemigos, es sin embargo representativa de una vena subterránea que no tiene miedo al ridículo y sigue ahí: es la revista más antigua de ese palo.
Cabildo aparece y desaparece tanto que los radicales tenían el chiste de que sabían que iban a ganar las elecciones porque la estaban relanzando. La primera edición vio los kioscos el 17 de mayo de 1973, justo a tiempo para escandalizarse con Cámpora y despuntar una vieja fantasía del nacionalismo católico, la del complot masónico-liberal-sionista para entregar el país al comunismo internacional.
Este tipo de cosas es un artículo de fe entre los nacionalistas católicos de derecha. En 1973, lo que pasaba era que Alejandro Agustín Lanusse había aceptado llamar a elecciones por ser un criptoliberal, un masón y un sirviente de la Trilateral, el nuevo nombre del Kahal de Hugo Wast. Sólo esto explicaba que traicionara la "revolución" de esos católicos ilustres que fueron Juan Carlos Onganía y Marcelo Levingston, invitado de Cabildo en sus reuniones políticas. Curiosamente, el maoísmo había llegado a la misma conclusión y acusaba a Lanusse de ser un agente del comunismo soviético, que definía como el "verdadero dueño" de Argentina gracias a testaferros que posaban de millonarios conservadores, como Adalberto Krieger Vasena.
Para Cabildo, entonces, el pase de mando de Lanusse a Cámpora fue la misma entrega de Argentina a la subversión judía, cosa explícitamente dicha en esos tiempos felices en que no había ley antidiscriminatoria. La revista, junto a casi todo el nacionalismo, respiró aliviada con la aparición de Lastiri y la llegada de Perón al poder, el mismo año, y con el nombramiento de gente de confianza como Alberto Ottalagano y Oscar Ivanissevich en las áreas culturales y educativas del Estado. Así empezó la "limpieza".
El golpe de 1976 fue simplemente la oportunidad de volver a sentirse en el poder para muchos del sector nacionalista, cosa que no ocurría realmente desde hacía años. Cabildo hasta se dio el gusto de jugar en las internas militares, apoyando a los "nacionalistas" frente a los "liberales". Este azules versus colorados tardío le valió un chas chas en la colita y la revista fue retirada de kioscos y clausurada por un mes, cosa que todavía recuerdan como una epopeya heroica.
No extraña que Cabildo coincidiera ideológicamente con lo más feroz de la represión y tuviera de columnista al general Adel Vilas, un militar "pensante" capaz de leer los libros de Salvador Borrego y de escribir sobre los peligros de la subversión cultural triunfante. Este argumento resultó de larga vida y fue usado por varios militares al ser juzgados por sus atrocidades. Es así: la subversión existe y es corrosiva; usted no se da cuenta porque ya fue cooptado; los terroristas no ganaron la batalla militar, pero al convencerlo a usted de que somos malos ganaron la batalla cultural. O como decía Cosme Béccar Varela con más elegancia, "usted ya es un comunista, sólo que no se da cuenta".
Hojear las Cabildo de los setenta permite descubrir también de dónde viene la obsesión del grupo por el Conicet. Resulta que la "cueva de terroristas" fue "limpiada" por Ottalagano, que se le entregó a gente más confiable. Varios nazis, nacionalistas y católicos falangistas con título universitario, se transformaron en investigadores rentados. Una de las tantas razones del odio desmesurado que le tiene la revista a Raúl Alfonsín fue que su gobierno terminó con esos contratos.
El staff de Cabildo muestra continuidades notables. El director fue Ricardo Curutchet hasta su muerte, acompañado de Juan Carlos Monedero como secretario de redacción y tesorero. Entre los colaboradores se puede ver, ya hace treinta años, a Antonio Caponnetto, actual director, y a plumas como el médico Hugo Esteva, profesor de cirugía en la UBA y colaborador en publicaciones afines como Patria Argentina. Ya en los setenta, Caponnetto había desarrollado el estilo farragoso y estentóreo que lo sigue destacando, y ya mostraba síntomas de la logorrea que lo impulsa a prologar cuanto libro le ponen delante. No es su culpa, en realidad, ya que sigue el estilo vueltero y lleno de exclamaciones de Curutchet.
Los veinticinco años de democracia que acabamos de cumplir no fueron gratos para Cabildo. Como el nacionalismo reaccionario, elitista y chupacirios es químicamente piantavotos –acerada definición del Perón de 1946–, sólo mojaban cuando gobernaban por la fuerza las minorías a las que influían. Así fue en 1943 y 1955, y así fue en 1966 y 1976. El sector llega a este nuevo milenio en un estado de marginalidad completa, sin la influencia cultural a la que se habían acostumbrado y pasados por derecha por otros sectores. Sólo les queda algún militar, juez o párroco, que trata de que no se noten sus convicciones.
Un síntoma de esta marginalidad es el nuevo slogan de Cabildo, "alguien tiene que decir la verdad", y su creciente concentración en actividades más religiosas que políticas. El único ambiente donde el nacionalismo católico juega de local es ese arrabal de la Iglesia que sueña con cruzadas de limpieza y piensa que con Franco estábamos mejor. Esto explica que los nuevos héroes de Cabildo sean obispos militarizados como Antonio Baseotto y sus actos de desafío al "régimen" consistan en misas en Luján o ataques a artistas como León Ferrari.
Y también explica el vueltero hispanismo de la prosa cabildesca, donde los colaboradores firman sus notas desde "San Luis de la Punta de los Venados" o desde el "Fuerte de San Felipe de Montevideo", escriben de tú o arman diálogos platónicos, como Aníbal D'Angelo Rodríguez, editor de cultura, sobrino de Ivannisevich y racista que se llevó racismo a marzo. Son todas muestras de senectud y marginalidad de una revista –de un sector– que supo bajar línea y ser escuchado.
El paísDomingo, 28 de Diciembre de 2008
Los artículos del camarista subrogante Guillermo Yacobucci en la revista Cabildo
Cosa de coherencia a lo largo de los a
ños
Fue uno de los dos que votaron la liberación de Astiz, el Tigre Acosta y otros veinte represores. Fue en 1977 y 1978, cuando él era un joven que hacía carrera en Tribunales y Cabildo era el house organ de la represión.
Por Mario Wainfeld
Sus devotos lectores, pocos pero fanáticos, tenían sobrados motivos para esperar la revista Cabildo de agosto de 1977. El mensuario reaparecía tras dos meses de ausencia. La edición de junio había sido secuestrada por orden de la dictadura que, además, sancionó a la publicación prohibiendo su salida en julio. La reacción tenía que ver con una interna de las propias Fuerzas Armadas dictatoriales. Cabildo expresaba a (y recibía data confidencial de) un ala de los represores, encarnada, entre otros, en los generales Acdel Edgardo Vilas y Rodolfo Mujica y el comisario Ramón Camps. Enfrentaba con el furor propio de las internas a compañeros de armas que juzgaba "liberales", les atribuía complicidades con la guerrilla, el judaísmo y otras bestias negras. José Alfredo Martínez de Hoz estaba en el banquillo de los acusados, Alejandro Agustín Lanusse ya había sido condenado. Algunos desbordes de esa doctrina colmaron la paciencia de la Junta Militar, que le aplicó una sanción piadosa, para los cánones de época.
En agosto Cabildo volvió con todo. Su tapa se floreaba con uno de sus tópicos favoritos: mostraba a Lanusse saludando a David Graiver, acariciándole la cara por más detalle. En el editorial el director Ricardo Curutchet no lagrimeaba por el cierre: "creemos (...) que el gobierno debe actuar sintiéndose asistido por facultades discrecionales, sin complejo alguno de comportarse institucionalmente como una Dictadura". Sí se quejaba porque Cabildo había quedado entre dos fuegos "el gobierno que la cerró y el poder judío". Contra éste embestía sin ambages, con la prosa macarrónica propia de la derecha nacionalista vernácula.
Acdel Vilas colaboraba con una nota larga, dedicada a una obsesión de los genocidas: la subversión cultural. Con dotes premonitorias notables, el genocida anticipaba argumentos que enunció Emilio Massera en el juicio a las Juntas, replicados ante decenas de estrados judiciales: guay de ganar la guerra y perder la batalla cultural.
Menos pimpante pero congruente con el contexto, la nota de apertura de la sección internacional se interesaba por la situación en España, durante la naciente restauración democrática. "Cocineros antes que frailes" se titulaba el artículo. Aludía, como hizo Antonio Machado, a dos Españas pero vistas del otro lado. Según el autor, de pluma generosa en casticismos y en palabras tonantes, los cocineros representaban el espíritu de la República y estaban volviendo. Los frailes eran, por oposición, "los grandes arquetipos de la raza". La praxis del rey (con minúsculas siempre), "el Borbón", era lapidada con minucia. Pero no sólo Juan Carlos estaba en entredicho, también sus súbditos. "El pueblo español no quiere hoy a los frailes, se ha quedado con los cocineros", plañía el columnista para luego enardecerse: "ha preferido los derechos humanos de los guerrilleros al derecho insobornable de la Patria, optó por la fastidiosa palabrería de los políticos, entregando la serena palabra de los jueces, cambió la humilde justicia de la verdad por la amnistía de los asesinos, los tribunales económicos por la usura, la soberanía nacional por la soberanía popular". La catilinaria antidemocrática apelaba en su crescendo al clasicismo hispano: "En fin, prefirió el fondo de las alforjas de Sancho a la punta de lanza del Quijote".
La nota, de una página, nada decía sobre las eventuales comparaciones con la Argentina, tal vez porque caían de su peso.
El autor de la nota firmaba G.J.Y. Son las iniciales de Guillermo Jorge Yacobucci, uno de los dos camaristas subrogantes de Casación que decidieron la libertad de una pléyade de represores, incluidos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, el Tigre.
Tertulias
Cabildo no tenía estructura legal en regla. Decía que la empresa era una SRL "en formación", un rebusque convencional en publicaciones pequeñas. Disponía también de un sello de goma, el Centro de Estudios Nuestra Señora de la Merced. Bajo ese paraguas solían celebrarse las reuniones de debate político y de preparación de la revista, en una vieja casa ubicada en el tercer piso de Talcahuano 893. La construcción era noble, grandes los ambientes, en los encuentros podían juntarse entre 50 y 100 personas.
Llevaban la voz cantante Curutchet, Juan Carlos Monedero (un militante del derechista Sindicato Universitario de Derecho, a cuyo adecuado apellido debían hacerse los cheques por las suscripciones), Antonio Caponetto (el actual director de Cabildo). Varios sacerdotes ultramontanos, entre ellos autoridades de colegios confesionales, eran de la partida. Según contaron a este diario testigos presenciales, cuya identidad se reserva, Yacobucci participó en varias de esas tertulias, en un rol iniciático y promisorio. Las tenidas se realizaban para discutir "de política" o del sumario de la revista. También había intercambios con cofrades de otras latitudes. Los falangistas españoles, atribulados tras la muerte de Francisco Franco, eran invitados de honor. El ex presidente Roberto Marcelo Levingston participó en uno de esos homenajes. Yacobucci también fue de la partida. Era joven, había nacido en 1956, la cúpula de Cabildo le proyectaba un porvenir brillante.
Los informantes saben que firmaba las notas con iniciales porque, estudiante aún, aspiraba a hacer carrera en el Poder Judicial. Y las internas dictatoriales que mencionamos en el primer párrafo motivaban que él mismo y sus mentores eligieran el módico enmascaramiento en prevención de potenciales represalias.
Obras completas
G.J.Y volvió a escribir en Cabildo un año después, en agosto de 1978. En términos periodísticos, ascendió. Su columna, titulada "Un canto para la Argentina Austral", comentaba el tema de tapa, que era la escalada bélica con Chile. La revista propiciaba la guerra, G. J. Y. le agregaba condimento a la postura editorial. Con la proverbial pulsión tanática del nazionalismo convocaba a morir por la Patria. El argumento era moral pero también rozaba una curiosa interpretación jurídica: "Nada más irrevocable que la posesión adquirida a costa de la sangre", estipulaba. Y oponía esos títulos rojos a la chatura de los documentos. "¿Qué papel con negros párrafos y largos articulados podrá oponerse al sacrificio de quienes se han inmolado en acto supremo de generosidad por la integridad territorial?" El sistema internacional cedía ante la densidad legal de los muertos en combate: "No existe Organización, Sociedad o Pacto en el mundo capaz de hacer retroceder a los muertos del campo conquistado con su vida". Como en todas las citas de esta nota las mayúsculas son responsabilidad estricta del autor de los originales.
Era una versión institucional pintoresca, algo traída para un hombre de leyes que iba terminando su carrera de abogado en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió en 1980.
Guillermo Yacobucci ascendió peldaño a peldaño en Tribunales, integra por derecho propio la "familia judicial", según sus recibos de haberes tiene 34 años de antigüedad. También hizo méritos académicos. Su currículo expone numerosas obras publicadas, solo y en colaboración, casi todas de derecho penal. Tiene reputación de hombre de derechas y de juez con versación jurídica superior a la media. Dirige el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral, estrechamente ligada al Opus Dei.
Llegó como subrogante a la Cámara Federal de Casación, eligió la mitad de la biblioteca que favorecía la libertad de Astiz y del Tigre. En un caso polémico, abierto a interpretaciones dispares, optó por la más favorable a los terroristas de Estado, beneficiándolos por la desidia de los magistrados. La decisión judicial no es un proceso puramente deductivo, contiene opciones valorativas y políticas.
El lunes pasado, el casador interino Yacobucci asumió que los juicios sobre el terrorismo de Estado se dilatan porque "la Justicia no marcha a un ritmo deseable". Y, en parcas declaraciones a los medios, defendió el fallo.
Eso sí, dejó sentado que los crímenes de lesa humanidad le causan "repugnancia visceral".
En otros tiempos, por lo visto, pensaba diferente.
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El paísDomingo, 28 de Diciembre de 2008
Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación de los juicios a los represores
"Es una responsabilidad inexcusable de la Justicia"
A raíz del fallo de la Cámara de Casación que casi deja en libertad a una veintena de represores, los encargados de monitorear todos los expedientes sobre el terrorismo de Estado analizan por qué se demora en llegar a las condenas.
Por Victoria Ginzberg
En el séptimo piso de un edificio de la Procuración General de la Nación, sobre Avenida de Mayo, doce personas se ocupan de hacer un relevamiento de las causas abiertas en todo el país contra los represores de la última dictadura. Es mediodía y entre arroz y empanaditas chinas, los miembros de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado (tal el largo nombre con que la bautizó Esteban Righi) comparten impresiones sobre la novedad de fin de año: el fallo de la Cámara de Casación que casi puso otra vez en las calles a Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, entre otros. Una vez despejada la mesa del almuerzo, los funcionarios que encabezan ese organismo, Jorge Auat y Pablo Parenti, analizan con Página/12 el escenario que dejó al descubierto la decisión de excarcelar a una veintena de acusados de crímenes de lesa humanidad: la demora que tienen estos expedientes para traducirse en condenas.
Auat fue fiscal en el Chaco y tuvo que remar para llevar adelante la causa por la masacre de Margarita Belén. Parenti fue uno de los secretarios que trabajaron con el juez Gabriel Cavallo en el fallo que en 2001 declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Desde hace casi dos años trabajan juntos en la Procuración coordinando los procesos sobre el terrorismo de Estado. En base a sus diagnósticos, el procurador Esteban Righi envió instrucciones a todos los fiscales con el objetivo de agilizar estas investigaciones. En agosto de 2007 hicieron un informe en el que advertían sobre problemas generales y específicos que generaban atrasos injustificables en las causas. Algunas de las dificultades que señalaban allí se mejoraron con el tiempo. Otras siguen en el mismo punto muerto, como la dilación que produce en la ciudad de Buenos Aires el hecho de que un mismo tribunal oral sea el encargado de las dos investigaciones más importantes: ESMA y Primer Cuerpo. Es posible que esta semana la Corte Suprema tome cartas en el asunto. Pero, para ello, la noticia sobre la posibilidad de que Astiz volviera a quedar en libertad tuvo que recorrer el mundo.
Parenti y Auat hablan en plural. Se nota que acordaron lo que querían transmitir de antemano. Por eso, lo que dicen uno y otro es indistinto. Defienden el trabajo del Ministerio Público pero advierten que los mayores problemas –y por lo tanto las soluciones– provienen de adentro del Poder Judicial. "Hay una falta de compromiso de operadores judiciales, de algunos jueces y fiscales. No se le puede echar la culpa al Código y menos después de diez años. Esa no puede ser la respuesta que le damos a la comunidad", señalan casi a coro.
–¿Qué hay que hacer para agilizar las causas contra los represores?
–La solución es buscar dónde estuvo el déficit. Hacer un buen diagnóstico.
–¿Y dónde estuvo concretamente el déficit?
–En cada caso hay situaciones particulares. En el Chaco, por ejemplo, la causa de Margarita Belén estuvo paralizada dos años porque un juez largó un hábeas corpus.
–ESMA estuvo cuatro años en Casación...
–Ahí está el tema, no miremos para otro lado. Hay una memoria institucional. No se puede negar que la misma Cámara que les está dando la libertad tiene responsabilidad por la demora. Pero además de encontrar el déficit hay que actuar en consecuencia. Lo primero que habría que marcar es que no hay una explicación única. No busquemos la monocausalidad. No es sólo que hay jueces y fiscales que se oponen al avance de las causas porque ideológicamente no las comparten. Hay de todo: problemas de organización de la Justicia, falta de claridad en las normas. Por ejemplo: seguimos con problemas por los subrogantes. Más allá de que salieron normas y acordadas de la Corte, hay problemas. Muchos jueces consultan a la Corte si los subrogantes pueden ser abogados o no y la Corte no lo resuelve claramente. En Rosario acaban de suspender un proceso porque hicieron una consulta a la Corte y no tienen claridad si actúan los jueces subrogantes o no. En Santa Fe hay tres jueces subrogantes actuando porque los titulares se excusaron y hubo que hacer un procedimiento de consulta. Ahí hay un problema de diseño institucional y falta una herramienta de la Corte que trabaje de una manera más ágil.
–¿Hay una deuda de la Corte Suprema por no haber tomado medidas para ordenar estos juicios?
–Tal vez falta un seguimiento más activo. A la Corte y a todos los que leyeron el informe que hicimos en 2007 les marcamos problemas y algunas propuestas de trabajo en común para tratar de solucionarlos. Evidentemente no fue todo lo fructífero que hubiéramos esperado. Tampoco sabemos lo que hizo la Corte hacia adentro. Puede haber un trabajo silencioso que no conocemos. Si la Corte o el Poder Ejecutivo quieren hacer algo, nosotros tenemos la información disponible. Estaría bueno que la Corte haga algo, pero que sea compatible con las pautas con las que estamos trabajando en el Ministerio Público.
–La propuesta de que en Capital Federal ESMA y Primer Cuerpo no las tenga el mismo tribunal oral es vieja.
–De hecho se planteó en una reunión con jueces de la Corte, que quedaron en analizar el problema. También entendemos que es un rol no tradicional para la Corte ocuparse de estas cosas. Pero estos son procesos no tradicionales y la Corte, en este último tiempo, está haciendo cosas no tradicionales, como decirles qué hacer y ponerles plazos a otros poderes. Ni la Corte ni ningún tribunal superior le puede decir a otro tribunal o juez que condene o absuelve a una persona, pero si hay que garantizar la buena administración de Justicia, eso es un servicio público.
–¿El Poder Ejecutivo podría haber hecho algo? ¿Antes? ¿Ahora?
–El centro del problema está en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahí hay una responsabilidad irrenunciable, inexcusable. No miremos para otro lado. Otros poderes pueden colaborar, pero no es la explicación central. El Poder Ejecutivo puede colaborar armando un buen plan de protección de testigos, una buena coordinación entre los planes nacionales y provinciales, cosa que todavía no se concretó del todo. Podría facilitar cuestiones probatorias, todo lo que es documentación del Estado que sirve como prueba para las causas. Si bien se aporta cuando se pide, lo podría hacer de una manera más proactiva. Pero de ningún modo el Poder Judicial puede estar ausente en los reproches.
–Volvamos a los motivos de las parálisis de las causas.
–Cuando hicimos el diagnóstico en 2007, nos encontramos con causas paradas por dos años o más, eso estaba en una planilla que también le entregamos a la Corte. Había grandes demoras entre actos procesales consecutivos: la indagatoria y el procesamiento, el procesamiento y la apelación, entre la confirmación del procesamiento y la elevación a juicio. Había casos en los que el fiscal había requerido que se elevara la causa a juicio oral y la causa seguía en instrucción, ejemplo: Scheller (ESMA). Cuando hicimos ese primer diagnóstico había jurisdicciones (Tucumán, Rosario) donde la Cámara tardaba dos años en resolver un recurso. Esto se corrigió bastante y creemos que el documento sirvió.
–El fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé, como voz del Ministerio Público, dijo que los represores no debían salir porque podían poner trabas y entorpecer las investigaciones. ¿Cuánto más se pueden extender las prisiones preventivas con ese argumento?
–No pensamos que la prisión preventiva se pueda extender indefinidamente. Nuestra prioridad es llegar a los juicios y a las condenas de los responsables rápido. No queremos que estén en prisión preventiva hasta que se mueran. Tampoco se puede establecer un límite para las prisiones preventivas. Hay que evaluar la causa, las articulaciones de la defensa o no, si hay concursos reales (otros hechos) o imputaciones distintas que justifican una prisión preventiva de por sí... No es lo mismo una persona a quien se le imputa un hecho y está ocho años en prisión preventiva que una persona a la que se imputan 500 hechos. En el caso de Astiz nos parece que se justifica la prisión preventiva y, además, vemos que hay caminos intermedios antes de dejarlo en libertad. Por ejemplo, Casación podría haber emplazado al tribunal del juicio a poner fecha de audiencia. Hay dos derechos en juego, el del imputado a estar en libertad durante el proceso y el de las víctimas a que se haga justicia. Y está la obligación del Estado a hacer justicia, especialmente en estos casos que ofenden a la comunidad internacional. Todo eso está en juego. No siempre la decisión es libertad o no.
–Pero si obligan a hacer el juicio contra Astiz se va a demorar otro que el tribunal ya tiene previsto sobre el Primer Cuerpo.
–Hay que buscar una solución. Es el mismo problema que planteamos en 2007. ¿Por qué este tribunal tiene las dos causas? Es urgente que la Corte o Casación, con sus facultades de superintendencia, den una solución a eso.
–Al final, en Capital, que fue donde primero avanzaron las causas, hay un retraso por la acumulación en el Tribunal Oral N° 5.
–En Capital hubo una instrucción correcta y en tiempo razonable que hizo el juez Daniel Rafecas en Primer Cuerpo, con elevaciones a juicio por centro clandestino de detención. Y está la causa ESMA, cuyo objeto procesal está bien conformado, porque es un solo centro clandestino, pero la causa se desarticuló en la práctica, se hizo por tramos, con imputaciones no homogéneas. Y después, se juntan en el mismo tribunal oral. Hace falta que alguien mire qué está pasando con la administración de Justicia y eso no implica avasallar la independencia.
–En el resto del país, ¿cuáles son los problemas?
–Hay distintas realidades. Hay lugares que arrancaron con pocos hechos, que eran los conejillos de India. Por ejemplo, en Córdoba: la causa histórica se empezó a desarmar porque querellas particulares empezaron a pedir que se investiguen sus hechos. Como resultado, tenemos muchas causas que tratan sobre La Perla y estamos tratando de juntarlas de nuevo. Un problema grave que hay en el interior es la dispersión de investigaciones. En Jujuy había 170 víctimas y 139 causas. La instrucción del procurador decía que había que agrupar por centro clandestino o por alguna pauta razonable, como mejor sirva a cada lugar. A veces no hay un centro clandestino, sino una zona de represión. En cada jurisdicción tememos una propuesta de trabajo. En Jujuy, por ejemplo, hay grupos de víctimas vinculadas. Se armó un plan de trabajo con seis grupos de casos y el fiscal pidió las acumulaciones.
–Entonces pasaron de 139 a seis causas.
–El fiscal lo pidió con un escrito en el que se vincula hecho con hecho, dice quiénes son los responsables, pide las indagatorias. Y el juez lleva meses sin resolverlo. ¿Quién mira eso? ¿La Cámara? ¿La Corte? Si quieren hacer una comisión legislativa que analice el seguimiento de los procesos... alguien tiene que mirar y sacar los procesos del micromundo local en el que se encuentran, alguien que pida una rendición de cuentas.
En Corrientes, la defensa intentó evitar el juicio hasta horas antes de la audiencia. Mendoza también es uno de los lugares que más dispersan.
–En Mendoza es donde hubo más excarcelaciones y a la vez hay leyes de mano dura para delitos comunes.
–En Mendoza tenemos muchos problemas para avanzar. Hay faltas de mérito bastante cuestionables. Y hubo muchas excarcelaciones. Habría que comparar los criterios que tiene la Cámara para estos casos y para otros.
–Volvemos al principio. ¿Qué cosas hay que hacer para poder llegar a juicios rápido?
–El Ministerio Público viene haciendo un trabajo en intentar modelar la estructura de los procesos y darle cierta coherencia para poder concretar los juicios. En esa línea estuvieron las instrucciones del procurador a los fiscales sobre la acumulación de las causas y para que se pidan las elevaciones a juicio aunque el juez no corra la vista. El tema es que si hacemos los juicios de a poquito, se pierde la dimensión de lo que pasó. La comprensión histórica de los hechos implica que los miremos todos juntos. A la vez, hay que aplicar las fórmulas a unos procesos que ya vienen andando. Cuando empezamos con este trabajo nos propusimos llegar a los primeros juicios en cada lugar, sabiendo que muchas veces no iban a ser ideales. Los primeros juicios tienen que asegurar que se abra el camino. La estrategia era insistir con las causas que estuvieran avanzadas y luego trabajar en una segunda etapa con procesos mejor conformados. Hubo un primer juicio valioso en Córdoba con el que logramos la condena de ocho personas, pero ahora hay que hacer un gran juicio sobre La Perla. Bienvenido el juicio por Guillermo Vargas Aignasse en Tucumán: abrió el camino y no es lo mismo Tucumán después de la condena a Antonio Domingo Bussi. Pero como juicio es lo que hay que evitar, fue por un solo hecho. Lo mismo pasó en Capital con la condena a Julio Simón por Poblete. Ahora se trata de modelar las instrucciones.
El paísDomingo, 28 de Diciembre de 2008
La polémica que abrió Carlos Fayt
"Una ley no es la solución"
Por Victoria Ginzberg

El juez de la Corte Suprema Carlos Fayt fue quien abrió la polémica, a la que se sumaron dirigentes de la oposición sin muchos conocimientos en la materia. El decano magistrado aseguró que los juicios contra los represores no avanzaron porque el Congreso no aprobó una ley que hubiese agilizado los procesos. Jorge Auat y Pablo Parenti no hacen nombres, pero ofrecen su parecer. Aseguran que modificar las normas, a esta altura, sólo traería nuevas demoras.
–Después del fallo de Casación se dijo que hacía falta una ley que agilice los juicios. ¿Es así?
–Coincidimos con lo que dijo Raúl Zaffaroni en Página/12: tenemos un sistema penal anacrónico. Que haya un juez de instrucción fuerte, un fiscal que no tiene capacidades reales para definir el curso del proceso ni a quién se indaga y a quién no y por qué hechos no es lo ideal. En cualquier sistema razonable lo tendría que definir un fiscal y, en cambio, lo define el juez, como también si se acumulan o no las causas. Nosotros podemos hacer planes de trabajo pero tienen que pasar por el juez y eso nos complica un poco para poder concretarlos rápidamente. Estaría buenísimo tener otro régimen procesal, pero no sólo para estos delitos sino para todos. Ahora, no tenemos otro régimen procesal. Con este régimen procesal, ¿podemos hacer los juicios? Creemos que sí. Plantear ahora que el problema es que no hay una ley procesal adecuada o que la solución debe venir del Congreso genera la idea de que así no se puede. Es una justificación. No es verdad que no se pueda.
–¿Pero una ley podría mejorar las cosas?
–Sacar una ley no es tan fácil y plantear hacerlo genera una sensación de impasse, de "hasta que salga la nueva ley vemos". Además, ¿quién garantiza que la ley que salga sea buena? Los parches legislativos habitualmente no salen bien. Si se plantea una reestructuración de las competencias de los jueces, ¿cuánto tardan los nuevos jueces y empleados en conocer las causas? Todo esto genera más retrasos que ventajas. Y se abren posibilidades de impugnación. Aun cuando con la nueva ley no se violara ninguna garantía, es un incentivo a que las defensas presenten recursos que van a tener que recorrer todas las instancias hasta la Corte, con lo cual también es una demora. Finalmente hay una cuestión que tiene que ver con la imagen histórica de los juicios: es muy bueno que hasta ahora vengamos haciendo estos procesos con muchas dificultades pero con las mismas dificultades y la misma Justicia que para todos los delitos: la corrupción, los homicidios. Si se crean comisiones especiales, tribunales especiales, como figura en algunos proyectos que están dando vueltas, sería problemático. Todo lo que sea una ley especial daña la imagen de los juicios. No se le puede echar la culpa al Código y menos después de diez años. Esa no puede ser la respuesta que le damos a la comunidad.
–Pero el juicio a las Juntas se hizo con un procedimiento especial
–Quizá no fue lo mejor que tuvo ese juicio. En realidad, el juez natural en los '80 era la Justicia penal común. Raúl Alfonsín altera la competencia al mandarlo a la Justicia militar. Igual, el juicio no lo debería haber hecho la Cámara sino los jueces de instrucción. Pero además Alfonsín hizo eso el día uno. Una cosa era cambiar el procedimiento en 2001, cuando el juez Gabriel Cavallo dictó la inconstitucionalidad, o en 2003, cuando el Congreso declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Pero pasaron ya seis años. Es tarde para plantear que el procedimiento no es el adecuado. No hay margen de tiempo. Tenemos testigos e imputados de avanzada edad.
–El Congreso sancionó este año una serie de proyectos destinados a agilizar las causas, ¿sirvieron?
–Nosotros propusimos una de esas reformas, que no fue sólo para estos casos sino para todos: que se pueda ir a juicio aunque haya recursos pendientes en Casación o en la Corte. Si hay procesamiento confirmado se va a juicio. Para nosotros ya se podía hacer de esa manera, pero no estaba lo suficientemente claro. En la instrucción del procurador a los fiscales, que fue anterior a las nuevas leyes, ya figuraba.
–Un proyecto de ley de la UCR, sobre el que se habló en estos días, habla, justamente, de acortar los plazos para la resolución de recursos, por ejemplo, cinco días para que la Cámara conteste, etc.
–El Código actual también establece plazos. Es importante marcarlo. El Código establece que cuando se indaga a una persona hay diez días para definir su situación, se lo procesa, se le dicta falta de mérito o se lo sobresee. Sin embargo, a veces están meses sin resolución. El Código dice también que hay cuatro meses de instrucción después de la indagatoria... La historia de plazos que no se cumplen es muy vieja para pensar que con una ley que acorte plazos se soluciona.
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1 comentario:

Ex colimba BNMP dijo...

Investiguen al Almirante Jorge Godoy.
No es inocente.