viernes, 26 de diciembre de 2008


LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO CRITICARON A LOS JUECES EN LA MARCHA NUMERO 1600
“También los vamos a juzgar y condenar”

Hebe de Bonafini pidió que sean removidos los magistrados “cómplices de la dictadura”. Fue en Plaza de Mayo.

“Se van a tener que ir. Y también los vamos a juzgar y condenar.” Las palabras de Hebe de Bonafini, que tres décadas atrás se aplicaban a los militares en el poder, tuvieron ayer como destinatarios a “todos los jueces cómplices y corruptos” del país. Una semana después de que la Cámara Nacional de Casación Penal ordenara el cese de la prisión preventiva de Alfredo Astiz, Jorge Acosta & Cía. y durante su marcha número 1600 alrededor de la Pirámide frente a la Casa Rosada, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo recordó que aún “hay más de 400 jueces de la dictadura” en funciones e invitó a la sociedad a denunciar a los magistrados corruptos o que obstaculizan las causas para que “sean echados de la Justicia”.
Los cuestionamientos a los jueces no son nuevos. Los motivos más comunes son su lentitud para ordenar detenciones, para indagar a los detenidos y pronunciarse sobre los indagados, también por permitir el alojamiento de represores en prisiones VIP, por usar de guardiacárceles y cadetes a oficiales de las Fuerzas Armadas, por su incapacidad para evitar fugas y suicidios, por restringir la publicidad de las audiencias históricas y, en los últimos tiempos, por excarcelar sin reparos a pesos pesado de la represión ilegal. Los magistrados de casación Luis García y Guillermo Yacobucci agregaron la semana pasada una nueva razón cuando ordenaron liberar a una veintena de represores de la ESMA, Rosario y Santa Fe por el tiempo transcurrido en prisión sin ser sometidos a juicio.
“Frente a tamaña ofensa y al total descaro de estos y otros tantos jueces cómplices que pretenden la libertad de los asesinos, las Madres de Plaza de Mayo vamos a realizar acciones en los lugares a donde ellos y sus familias asisten: restaurantes, peluquerías, casas de moda, concesionarias de automóviles”, advirtieron. “Las Madres no vamos a descansar hasta que renuncien y les podamos hacer juicio para llevarlos a la cárcel”, concluyeron.
La marcha de ayer comenzó a las 15.30, cuando el sol calcinaba, y se concretó con tres vueltas alrededor de la Pirámide. Bonafini recordó con nostalgia “los momentos vividos en esta plaza, las veces que nos llevaron presas”. “Nosotras socializamos la maternidad y ninguna más pidió por su propio hijo. Somos madres de los 30 mil. Todos dieron su vida por la revolución”, declamó. Luego fue al grano. Advirtió que “no vamos a dejar ningún juez corrupto y cómplice en la Justicia”. Los definió como “atorrantes atornillados a sus sillones” y aseguro que “vamos a conseguir que los echen porque tienen que estar presos”.
La histórica dirigente apuntó luego sus críticas hacia aquellos jueces “que tienen (detenidos) a los pibes pobres, sin ninguna condena pero condenados a vivir en la cárcel por años y años”. “De esos jueces, que tampoco cumplen su función, para estos compañeros que están presos por ser pobres y negros, también necesitamos que nos manden los nombres”, reclamó. La suelta de globos se realizó poco después de la cuatro. Cada globo llevaba una tarjeta con la inscripción: “25 de diciembre de 2008. 1600 jueves sin faltar nunca a la plaza. Si usted conoce a jueces cómplices y corruptos, denúncielos. Escribir a:
madres@madres.org”.
Hasta el momento, el santafesino Víctor Brusa es el único miembro del Poder Judicial de la dictadura con posibilidades de ser juzgado en el corto plazo. Brusa se benefició también con el fallo de Casación, resolución que fue apelada y ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia. El ex fiscal federal Carlos Flores Leyes es el segundo magistrado detenido, desde el 10 de diciembre, por su participación en delitos de lesa humanidad en Chaco. Pero la mayoría de jueces y fiscales que cerraron los ojos ante secuestros, torturas y asesinatos siguen libres e impunes.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anunció la semana pasada que denunciará ante el Consejo de la Magistratura a García y Yacobucci, los camaristas que ordenaron liberar a Astiz, Acosta & Cía. También este mes el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos pidieron el juicio político de Alfredo Juan Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra Fernández, miembros de la Cámara Federal de Mendoza que excarceló a todos los procesados por delitos de lesa humanidad de la provincia.
Una Justicia de clase

Por Pablo Salinas y Rodolfo Yanzón *
Los jueces responden a su clase y castigan a los postergados, a los excluidos. Otorgan excarcelaciones a acusados de crímenes contra la humanidad, como es el caso de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que liberó a todos los represores detenidos por los crímenes aberrantes cometidos en la última dictadura, basándose en el plenario 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal referido al represor Ramón Genaro Díaz Bessone. En este plenario los jueces habían dicho que la privación de libertad durante el proceso penal debe ser la excepción. Pero la excepción, al menos por ahora, sólo se aplica a favor de unos pocos.
Libres están hoy todos los represores en Mendoza y presos están los pobres acusados de cometer delitos leves; esa es la Justicia en la Argentina, que criminaliza a trabajadores y excluidos, que considera espantoso el tráfico de drogas y el robo, pero considera menos grave los crímenes cometidos por militares bien vestidos, amigos de jueces, y con sueldos y jubilaciones pagados por el Estado.
El mundo del revés que pinta el escritor Eduardo Galeano en su Patas para Arriba, o el Macondo de Gabriel García Márquez donde las personas asesinadas y puestas en un tren son olvidadas por los habitantes del pueblo que llegan a negar la masacre perpetrada por la empresa bananera.
Así estamos en esta Argentina donde los represores no sólo están libres, sino que se dan el gusto de amenazar a abogados y jueces, desaparecer testigos y protestar por las calles pidiendo “mano dura” contra pobres y marginados.
Así es en la Argentina donde los pactos de derechos humanos se aplican a policías de “gatillo fácil” y a represores de capucha y picana.
Hasta cuándo vamos a tolerar esta sociedad esquizofrénica, esta sociedad que grita “mano dura” haciendo el caldo gordo a los Macri, a los Scioli, a los Jaque que se solazan con discursos fáciles y leyes duras que nada resuelven y sólo agravan la inseguridad y la situación carcelaria.
Aún suenan las palabras de Rodolfo Walsh: “Sienta la satisfacción moral de un acto de libertad”. La satisfacción moral de gritar, de escribir y de decir que esta Justicia argentina es una Justicia de clases donde los ricos y poderosos, los policías e integrantes de fuerzas de seguridad, tienen privilegios y gozan de una plena impunidad, y los pobres y marginados son objeto de la “mano dura” de la violencia estatal de policías y jueces.
La calidad de un país no se mide por cómo trata a sus clases privilegiadas, sino a sus clases más débiles. Es imperioso que aquellas personas dignas empiecen a dar el debate sobre la Justicia argentina, a indignarse ante tanto privilegio e impunidad para los criminales contra la humanidad, a movilizarse para exigir un verdadero cambio de paradigma.
La cárcel debe ser la excepción en el proceso penal. Pero debe haber otra Justicia.
* Abogados querellantes en las causas contra los represores

El paísViernes, 26 de Diciembre de 2008
Otros dos procesos avanzan en Entre Ríos
Las causas que buscan justicia

Por Diego Martínez
La causa Area Paraná es la mayor de Entre Ríos en cantidad de casos, casi 70, pero no la única. La jueza federal subrogante Miryam Gallizi investiga también a los responsables de la supresión de identidad y la apropiación de los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela –cuya hija recuperó su identidad el martes pasado–, causa que tiene seis procesados con prisión preventiva.
Cinco de ellos son ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario: el coronel Pascual Guerrieri, con arresto domiciliario; Walter Pagano, Marino Héctor González y Jorge Alberto Fariña, en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, y Juan Daniel Amelong, en el penal de Marcos Paz. El anestesista Juan Antonio Zaccaría, que intentó suicidarse sin éxito veinte días después de ser procesado, está alojado en la cárcel de Paraná. En febrero, horas antes de declarar y con un tiro en la cabeza, sí cumplió su cometido el ex agente de Inteligencia Alberto Navone, que debía rendir cuentas en el mismo expediente.
También en Concepción del Uruguay, el juez federal Guillermo Quadrini instruye tres causas por delitos de lesa humanidad, cuya unificación analiza por sugerencia de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de la Procuración General de la Nación. Por secuestros y tormentos contra 17 estudiantes secundarios fueron procesados con prisión preventiva el coronel Juan Miguel Valentino, ex jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, preso en Campo de Mayo, y el suboficial de policía Julio César Rodríguez, alojado en Marcos Paz. Evitaron la indagatoria con certificados médicos los generales Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone, Juan Carlos Trimarco, Raúl Federico Schirmer y el comisario inspector José Darío Mazzaferri. Por secuestros, tormentos y desapariciones en Concordia y Gualeguaychú también investiga al general Naldo Miguel Dasso, al teniente coronel Jorge Enrique Echeverría, al ex gobernador interventor de Entre Ríos brigadier Rubén Daniel Di Bello y al ex comisario Marcelo Andrés Pérez. Ninguno fue citado aún a prestar declaración indagatoria.
El paísViernes, 26 de Diciembre de 2008
Revelaciones sobre un ex titular de la Conferencia Episcopal en la dictadura
El vicario que predicaba el terror

En la causa por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos, los testigos contaron que el fallecido Adolfo Tortolo justificaba las torturas y los crímenes cometidos con "armas bendecidas".
Por Diego Martínez

Tortolo fue arzobispo de Paraná y murió sin castigo en 1986.
En diciembre de 1975, como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y vicario general castrense, Adolfo Servando Tortolo, anunció un inminente "proceso de purificación". Después del golpe de Estado, advirtió que "los principios que rigen la conducta del general (Jorge) Videla son los de la moral cristiana". Cuando el país era un gran campo de concentración, defendió la tortura ante sus pares con argumentos de teólogos medievales. Murió impune en 1986. En las últimas semanas, su nombre resurgió con fuerza en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad: sobrevivientes de centros clandestinos de Entre Ríos relataron que el entonces arzobispo de Paraná recibió a personas secuestradas en su residencia, las visitó en cautiverio, vio cuerpos deshechos por la tortura y predicó el "por algo será" ante hombres que horas después desaparecieron para siempre.
El paso cansino de los procesos reabiertos hace un lustro, sumado al largo cuarto de siglo de impunidad plena que lo precedió, deriva en situaciones insólitas. Víctimas del terrorismo de Estado, organismos de derechos humanos y hasta periodistas de Entre Ríos vivieron con euforia, como si se tratara de un verdadero juicio, una de las primeras etapas de la causa con mayor cantidad de víctimas de la dictadura en Paraná: la de las declaraciones testimoniales, el relato de los padecimientos en cautiverio en manos de militares y policías aún libres y sin castigo.
"Son las primeras testimoniales desde la reapertura de la causa en 2004 y después de treinta años de haber sufrido desapariciones, cárcel y consejos de guerra lo estamos viviendo como si hubiera llegado el momento del juicio y castigo", admite Alicia Dasso, testigo y miembro de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader). "Estamos empeñados en demostrar que el terrorismo de Estado fue para todo un pueblo. Como querellantes y como organismos, tratamos de estar en la calle porque, para peor, el proceso se rige por código viejo, es totalmente cerrado", lamenta. La causa se conoce como Area Paraná, está a cargo de la jueza subrogante Myriam Stella Gallizi y estuvo paralizada durante casi cuatro años por planteos dilatorios de los imputados.
Las audiencias a puertas cerradas, que se revertirían en la etapa final tal como ocurrió en Capital Federal con los jefes del Batallón de Inteligencia 601, se tradujeron cada jueves del último mes en actividades artísticas organizadas por Hijos regional Paraná para celebrar las audiencias y repudiar su publicidad acotada. También el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde ofician de docentes varios testigos de la causa, resolvió acompañarlos públicamente.
La causa concentra secuestros, torturas y homicidios en la subzona 22, que incluyó centros de detención en el escuadrón de Comunicaciones de la Brigada de Caballería Blindada II, en cercanías de la Base Aérea y en la Unidad Penal 1 del Servicio Penitenciario provincial, todas en Paraná. Entre la docena de imputados se destacan el general Juan Carlos Trimarco, ex comandante de la Brigada, y el capitán auditor Jorge Humberto Appiani, el socio del estudio jurídico de Jorge Olivera que faxeó a Italia la partida de defunción falsa de Marie Anne Erize para lograr la liberación de su amigo, detenido por segunda vez el mes pasado.
De los testimonios difundidos por Afader, Hijos y la Asociación de ex Presos y Exiliados Políticos "La Solapa" queda claro que el rol de Tortolo es equiparable al de los principales acusados. Un testigo relató:
–Recuerdo una noche de tortura, que fue corta. Me llevaron a los calabozos y sentí muchas voces en el trayecto. Era algo normal (...) Vi cómo sacaban a un muchacho que estaba a la izquierda de mi calabozo. A los 15 o 20 minutos lo trajeron y le pregunté: "¿Qué pasa que hay tanto revuelo, para qué te sacaron?". "Vino Tortolo a verme. Y le pregunté: '¿Vos denunciaste lo que está pasando acá?' Me respondió que no, me dijo solamente: 'Si estás acá, por algo será'." Al día siguiente el muchacho desapareció.
Tres testigos contaron que el arzobispo los visitó en la cárcel y dio misa el 24 de diciembre de 1976. "Fue humorístico porque dijo 'a los comunes me los sentás de este lado, a los subversivos de este otro'", relató uno. "Le decían lo que pasaba y él se tapaba los ojos", confió otro. "Dijo que, si alguien deseaba hablar con él, podía hacerlo. Yo le conté lo que sucedía y le pregunté por qué mataban gente. Tortolo me dijo: 'Si ellos matan gente, las armas están bendecidas. Ustedes matan con armas sin bendecir'. Le aclaré que no había matado a nadie y me dio dos cachetadas porque no había dicho la verdad. Si alguien recibía una cachetada, era porque había dicho la verdad", agregó el tercero.
"A Coco Erbetta lo llevaron una noche, estando en Comunicaciones, a hablar con monseñor Tortolo a la residencia del arzobispo, en el Parque Urquiza. Estuvo varias horas con él. Coco le comentó la situación de todos los detenidos (...) Esa misma noche lo llevaron y nunca más volvió. Tipo 6 de la mañana vi pasar una camilla con un cuerpo ensangrentado, tapado con una sábana blanca. Había médicos y supuse que era el cuerpo de Erbetta", declaró un sobreviviente. Victorio José Erbetta fue secuestrado el 16 de agosto de 1976 y visto por última vez siete días después, en el Escuadrón de Comunicaciones. En cautiverio, le contó a un ex compañero de secundario que tenía esperanzas de salir vivo con la ayuda de la Iglesia, ya que había militado en la Acción Católica.
La muerte le evitó a Tortolo tener que seguir los pasos de Cristian von Wernich, pero no un final acorde a su obra. Según los seminaristas de Paraná que lo cuidaron durante el largo deterioro de su mente, entrevistados por Emilio Mignone para su libro Iglesia y Dictadura, hasta el final el ex presidente de la Conferencia Episcopal Argentina deliraba a los gritos que su madre estaba desaparecida.


Miércoles, 24 de Diciembre de 2008
LITERATURA › RAQUEL ROBLES, AUTORA DE LA NOVELA PERDER
"Sin mística estamos en el horno
"
Hija de desaparecidos, en su primera ficción situó a su protagonista en el lugar de una madre que pierde a su hijo. El personaje descubre en los libros el modo de huir del mundo, pero sobre todo de sí mismo.

Robles dirige el Instituto San Martín, que aloja a chicos con causas penales.

-- Por Silvina Friera
Camina descalza por la cocina y el living de su casa de Parque Patricios. Sus pasos producen un sonido tranquilizador y armonioso. Aunque Vito, de siete años, la llama con la insistencia del niño que tiene una demanda impostergable. Aunque Mafalda, la perra labrador que nació en abril, le ladra a una botella como si fuera un gato. Raquel Robles, acostumbrada a afrontar situaciones extremas desde que desaparecieron sus padres cuando tenía cinco años, fue la mejor "acompañante terapéutica" de la protagonista de Perder (Alfaguara), su primera novela publicada con la que obtuvo el premio Clarín. En la ficción supo desplazarse desde la perspectiva de su orfandad hacia un dolor lacerante: ponerse en el lugar de una madre que pierde a su hijo, una mujer que hace lo mínimo e indispensable para sobrevivir porque "no tenía el coraje para matarme ni la fuerza de voluntad para acciones tan drásticas". En los libros descubre el modo de huir del mundo, pero sobre todo de sí misma. Después de leer El barón rampante, de Italo Calvino, al menos siente que ha logrado separarse unos centímetros de su dolor. Al terminar El hotel New Hampshire, de John Irving, donde se muere un niño en un accidente junto con su madre, la protagonista, ahora internada en una clínica psiquiátrica, tendrá "la paz de una epifanía", la revelación de su razón de ser: "Expiar la culpa a través del sufrimiento de estar viva". Entre Carver, Amos Oz y Kafka y el cosquilleo permanente del hijo amputado, la muerte de uno de los pacientes –Stephan, un violinista rumano– la impulsará a emprender una larga travesía por Bucarest.
Militante de la agrupación H.I.J.O.S y directora del Instituto San Martín, que aloja a chicos de 13 a 15 años con causas penales, Robles (Santa Fe, 1971) no sabe si cuando era chica la lectura tuvo un sentido tan dramático como para la protagonista de Perder –su segunda novela, la del medio entre las inéditas Mariposas muertas y Bananas–, tampoco tiene en claro si entonces leía para huir del mundo. "Leer me sirvió para estabilizar algo de mi 'estar en el mundo'. Uno puede regular cuándo lee o deja de leer un libro, y eso es muy tranquilizador. Leer un libro es sumergirse en una historia que empieza y que termina, en cambio uno es un gerundio permanente", señala la escritora en la entrevista con Página/12.
–¿En qué momento de la escritura apareció Stephan, el violinista rumano?
–Escribí esta novela con la sensación de que era la acompañante terapéutica de la protagonista. Y estando en la clínica apareció un músico, y siempre fue rumano. Muy a posteriori descubrí que en algún punto tenía que ver con mi familia. Pero en ese momento era un músico rumano y ni siquiera apareció como una pista para salir, sino como para que la protagonista se hundiera un poco más. Después, releyéndola más como lectora que como escritora, me di cuenta de que había un deseo de irse lejos desde bastante antes. Muy lejos significó Rumania porque apareció este personaje.
–¿En qué punto este personaje rumano tiene conexión con su familia?
–Mi abuelo materno era de Moldavia, que en ese momento era Rusia, pero en realidad después fue Rumania. El apellido de mi abuelo y de mi mamá, Pasatir, es bastante latino, no suena muy rumano. En el 2001 estaba muy de moda tramitar pasaportes, pensé en tramitar el mío, pero terminé haciendo una pequeña investigación en el consulado. Fue una investigación muy subjetiva, a través del agregado cultural que aceptó contestar lo que le preguntara. Y me contó su vivencia en Rumania. Después le di la novela a su familia para que la leyera, para ver si se hallaba en ese lugar. Y tuve una devolución muy positiva. Inclusive su hija, que aún vive en la Argentina, estaba haciendo su tesis sobre la literatura argentina que hablaba de Rumania y usó Perder para su trabajo. Mi investigación tuvo poco rigor científico: era la visión de una extranjera en Rumania. Bueno, cuando era periodista tampoco era muy rigurosa, hacía un periodismo más de "cámara en mano", más subjetivo.
–¿La militancia en H.I.J.O.S postergó el momento de la escritura?
–Pienso la militancia en términos amplios, ahora estoy trabajando un montón y no puedo dejar de pensar el trabajo en términos de militancia, porque si no te tirás por el balcón. Si no hay mística estamos en el horno. Hace un mes que trabajo en un instituto nuevo en un momento donde podría estar dedicándome más a la contemplación (risas). Una vez que la novela nace, que pasa ese tiempo de trabajo de picapedrero, de picar y transpirar, la escritura posterior es más amable y se puede hacer mientras estás con otras cosas. Pero para empezar, tengo que generar la demanda de sentarme de escribir. Mi laburo es una cosa muy fuerte para mí, no sé si podría sostenerme estando tanto tiempo conmigo, escribiendo. No sé si lo aguantaría; implica un trabajo de introspección muy fuerte. Tengo un amigo analista que me dice: "Yo no soy ningún boludo, me dedico a la vida de los demás. La mía me da un trabajo bárbaro" (risas). Puedo hacer ese trabajo de introspección que implica la escritura, pero me considero bastante frágil. No sé si podría vivir así todo el tiempo. Quedaría con un estado de conciencia de mí demasiado intensa.
–La protagonista dice hacia el final de la novela que "un buen padre es aquel que miente a su hijo". ¿Suscribiría como madre esta afirmación?
–Contarle el pasado a otro, a las generaciones que vienen, implica un cierto renunciamiento a la verdad, asumir que toda cosa que se cuenta es una ficción. Tengo poca demanda por parte de mis hijos, pero si tuviera que contarles de mis padres, la verdad es que tengo muy poco para decirles, si tuviera que ceñirme a la verdad. Lo poco que conozco es medio pobre en términos de contar una historia. Son hechos que necesitan de una ficción para ser anudados. Me parece que hay que reconocer que cualquier cosa que contás la inventás, inclusive cualquier cosa que contás de tu propia vivencia. Si queremos pensarlo en términos de verdad y mentira, contamos una mentira sobre algunos hechos verdaderos. O podemos pensarlo de otra manera: cómo lo real encarnado en el cuerpo, lo orgánico y la ficción, te permite si querés inventarte como madre. Hay un hecho insoslayable y es que yo parí a mi hijo, pero que sea la mamá es un invento que voy interpretando con la convicción de un actor que compone un personaje. Y para actuar, tenés que mentir. No se puede ser madre sin inventar, sin ficcionalizar.
–Se ha señalado que siendo militante de H.I.J.O.S sorprende que la novela no tenga una mirada política. Sin embargo, la protagonista puede salir de su dolor cuando se conecta con los otros, un desplazamiento del "yo" a un "nosotros" que admite una lectura política.
–Escribí tantos discursos en mi vida, y por una motivación básicamente política, que no sé si me resultaría posible leer políticamente la novela. La verdad es que me gustaría que el mundo funcionara bien y dedicarme a la contemplación. Tengo una vocación de construcción colectiva y eso es lo que me interesa de la política. Lo que obstruye ese trabajo, intento combatirlo. En algún momento quise escribir una historia sobre la toma de la ESMA por Montoneros, antes de la dictadura, porque es realmente de película. Es una historia que no se conoce mucho ni tampoco se conoce la historia de las células montoneras dentro de la estructura militar ni que pasó que en tres años esos mismos militares montoneros se convirtieron en los monstruos. Es una historia de mucha complejidad que ahora se puede tolerar: montoneros que eran militares y militares que fueron montoneros. El mejor candidato para escribirla es mi hermano Mariano, pero tiene que asumirse como escritor y no como motoquero (risas).RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

El pasado que se niega a pasar
Primero fue la noticia que informaba sobre nuevas querellas relacionadas con los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura en Jujuy. Después, varios periodistas me escribieron solicitando información sobre Tulio Valenzuela. Por último, esta mañana, Estela Fidalgo (hermana de Alcira, primera esposa de Tulio) me mandó un mensaje en el que me informaba que había aparecido la hija apropiada de su ex cuñado. Todo esto me sacudió emocionalmente.
Paralelamente a estas acciones, yo estaba tratando de cerrar mi año laboral. Hablo en pasado, pero todavía no lo cerré. Tengo que rendir cuentas sobre una obra de teatro que escribió Federico Leguizamón y otra de danza que no llegó a realizarse. Tengo una cuestión personal con los profesionales de la economía y ellos esperan que yo me equivoque.
Por otro lado, quiero escribir historias que no me dejen atado a las narraciones de las situaciones límites ocurridas entre 1976 y 1983, pero siempre vuelvo a ellas.
Cuando leí que Laura Margarita López se había presentado como querellante por la desaparición forzada de su madre, Juana Francisca Torres Cabrera, sentí una emoción que mezclaba alegría y dolor. Algunos de ustedes saben que escribí
un libro sobre la dictadura de Jujuy, en esas páginas figura un capítulo denominado "Las maestras y la cadenita". Ésa fue una de las historias que escribí llorando. Les pido disculpas porque no puedo evitar citarme:
Hay algo más intenso que la tortura en el propio cuerpo: el dolor en el de un ser querido. Seguramente eso pensaron [Ernesto] Jaig y sus esbirros cuando amenazaron a Juana con apoderarse de su beba; ellos pretendían hacer "cantar" a la detenida. ¿Tenía ella alguna información importante para los represores? ¿Estaba comprometida con algún grupo revolucionario? Es posible que sí, aunque nada permite confirmarlo. Pero, hay algo que no admite dudas: ella sabía bien cuál sería su fin. Por eso, le entregó a Gladys [Artunduaga] una cadenita: "Para mi hija, para cuando sea grande".
Cuando escribí el libro no sabía cuál era el nombre de la hija de Juana. Conocí a pocos hijos de detenidos-desaparecidos, pero siempre sospeché que un feroz hachazo se había incrustado en sus subjetividades. Ahora, quiero llamar a Laura; felicitarla por el valor de haber asumido la búsqueda de la verdad, contarle la historia de la cadenita porque seguramente fue incautada por algún carcelero y decirle que no todo está perdido.
Paso a
la historia de Tulio. Él había estado casado con Alcira Fidalgo, nuestra poeta detenida-desaparecida. Después volvió a estar en pareja y de esa unión nacieron, presuntamente, mellizos. Se cree que el varón murió a los pocos días, en tanto que la hija, Sabrina, fue entregada en adopción (el final de Tulio y su segunda esposa fue trágico). Hace unos días, las Abuelas de Plaza de Mayo confirmaron que Sabrina había encontrado su verdadera identidad.
He tratado de reconstruir la vida de Alcira y sé lo importante que fue él para ella. Todos sabemos lo importante que son los seres queridos. Estamos unidos a ellos de múltiples maneras. Por eso, Juana intentó dejarle una cadenita a Laura, un simbolo de la unión entre ambas.
Es casi seguro que aquella cadenita ya no exista. Que sus eslabones estén desperdigados. Pero lo que nos demuestran Laura, Sabrina y los hijos que buscan cerrar las heridas de la peor dictadura que tuvimos que soportar es que no todo está perdido.
Ellos son los eslabones de una historia que no termina de pasar.
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS


DICIEMBRE 24 DE 2008 AÑO 3 Nº 124
Carlos Flores, Primer Tupamaro Muerto.
EN URUGUAY MUY POCOS RECUERDAN Y MENOS AUN LOS QUE SABEN, PORQUE CAYÓ COMBATIENDO EL 22 DE DICIEMBRE DE 1966 EL TUPAMARO CARLOS FLORES.
Los diarios de la época hablan de un intento de "Asalto tupamaro a un local de FUNSA, que termina con el primer guerrillero muerto y la caída, en días sucesivos, de toda la dirección del movimiento.El 22 de diciembre de 1966 se produjo el primer enfrentamiento armado entre el MLN y la Policía, cuando una camioneta cae durante un control policial.Los ocupantes se dan a la fuga, pero su vehículo se estrella contra un árbol; se produce un tiroteo y muere el tupamaro Carlos Flores. En base a la información obtenida en esta oportunidad, la Policía allanó la casa de Flores El siguiente 27 de diciembre, la Policía se dirigió a un criadero de aves en la zona de El Sauce (Departamento de Canelones) donde se produjo otro tiroteo y, en un episodio bastante confuso mueren el tupamaro Antonio Robaina y el Comisario Antonio Silveira Regalado. Luego de estos enfrentamientos, cerca de 30 tupamaros pasaron a la clandestinidad. Entretanto, en base a información y a numerosos operativos, la Policía recuperó armas robadas y descubrió que los sediciosos tenían los planos de la red cloacal, robados a la OSE".Esto es parte de la crónica en esos días. LO QUE ESTAMOS HACIENDO ES RECORDANDO UNO DE AQUELLOS QUE MURIERON POR UNA CAUSA, QUE MURIERON POR LA LUCHA POR UN URUGUAY MEJOR. Por eso recordamos hoy mas que nunca al fallecimiento de Carlos Flores Álvarez que fue el primer Tupamaro caído en combate por las fuerzas represivas.. Carlos Flores Álvarez, muerto el 22 de diciembre de 1966, tenía 23 años, era casado y padre de tres hijos. Toda su vida estuvo ligada al barrio de La Teja donde naciera en una familia muy modesta.Su padre era policía del grado más bajo del escalafón y Carlos tuvo que hacerse cargo de sus dos hermanos menores, debiendo abandonar sus estudios cuando estaba cursando sus primeros años de liceo para empezar a trabajar, primero en una despensa y luego como oficinista en una barraca. Carlitos Flores vivía enfrente de la Base Pinela del MLN , o muy cerca, en La Teja ; en lo que en sus inicios fue La Base del MLN y hoy se denomina Base Pinela (en homenaje a Eduardo Pinela, militante del MLN fallecido el 13 de agosto de 1963 en un accidente de trabajo). Se podría decir que Carlitos es uno de los fundadores de la Base del MLN en la década del '60, junto a Robaina, Pinela, Domínguez, el armeñito "Ara"; Roberto que trabajó en Funsa y después estuvo exiliado en Bs As , y sigue siendo vecino de esa cuadra; ahí se lo comenzó a ver, acercándose al Ñato Huidobro también de muchacho y a su ex Sra la compa Graciela Jorge, y también algunos otros como El Negro y El Porteño, a Torres , Lauro y sin olvidar a el "Loco" Rivera, uno de los primeros que empieza a formar el grupo. "El Loco" en ese tiempo tenía la peluquería "El Rulo lacio". La peluquería la tenía en Carlos María Ramírez y Heredia Era un puntal, asi como fundamentalmente El Flaco Belletti, dentro de lo que se llamaba la Organización. Flores , Al momento de su muerte se desempeñaba como colaborador del periódico Época y era miembro del MLN.Integrado a las inquietudes del barrio Carlos fue el nervio motor en la organización de las fiestas populares con que La Teja cerraba el año de los pobres, reparto de juguetes para los niños, trineos iluminados, enormes armatostes de papel pintado y un papá Noel proletario que arengaba a los vecinos desde lo alto de una chimenea de cartón.En ese barrio Flores inició su militancia política vinculándose al MAC (Movimiento de Acción Campesino), allí vivió de cerca la experiencia de la segunda marcha cañera a Montevideo, conoció a otros militantes y empezó a participar de las actividades del grupo.Desde el comienzo tuvo un marcado interés por superar su falta de información en materia política, ansiaba conocer, perfeccionarse y así rendir más en su militancia, pronto adquirió una clara concepción de la lucha revolucionaria, lo que llevó a que con plena conciencia hipotecara en la lucha cosas que le eran muy queridas.Actuó en varias operaciones demostrando responsabilidad y buen dominio de nervios, actitudes que seguramente hubieran hecho de él un cuadro de valía.El 22 de diciembre de 1966 en momentos en que se preparaba una acción la camioneta en que viajaba con otros compañeros fue descubierta por la policía, un patrullero se les cruzó en el camino cerrándoles el paso. Zafan al encierro intercambiando tiros pero el patrullero los persigue a corta distancia.Los dos bandos toman posiciones, recrudece el tiroteo y todos los demás compañeros logran burlar el cerco, pero Flores que intentaba cubrir la fuga de sus compañeros recibe dos balazos y muere instantáneamente convirtiéndose así en el primer tupamaro caído en combate con las fuerzas represivas.Empieza una época diciendo además que esta fecha 22 de diciembre es una fecha en la que en su tiempo el MLN decidió convertirla en la fecha para recordar todos sus muertos, esto sucede a partir del 72-73Los hechos que se desencadenaron el 22 de diciembre de 1966 a parte de lo que implicaron para el MLN desde el punto de vista político y organizativo tuvieron un particular significado en aquel sentido.Allí la organización perdió su primer militante en el combate, por esa razón la fecha adquirió un contenido especial y en adelante, cada 22 de diciembre los tupamaros rendirán homenaje a sus compañeros muertos. ( esto era lo que planteaba el MLN a partir del 72-73)"Los recordamos siempre porque son parte integrante del MLN y los recordamos especialmente ese día con el dolor que sienten los revolucionarios por sus hermanos caídos, con la misma sencillez con que ellos vivieron y lucharon a nuestro lado."Nuestros muertos"Los Orientales habían jurado en lo más profundo de su corazón un odio irreconciliable, un odio eterno a toda clase de tiranía y que afrontarían la muerte misma antes que degradarse del título de ciudadanos que habían sellado con su sangre.""Estas líneas que dirigiera el jefe de los Orientales al gobierno del Paraguay son su legado y nuestro patrimonio y si la tiranía es la misma y el despotismo es el mismo, si la tierra es de los mismos y son los mismos despojados los que lo reclaman también serán las mismas armas las que se vuelvan a empuñar y la bandera será la misma y la misma consigna de Artigas será la nuestra, nuestro propósito será morir con gloria o acabar con los tiranos.Por esa consigna y esa bandera el 22 de diciembre de 1966 se derramó sangre de esta nueva generación de Tupamaros "dice esta ficha que toma de documentos del MLN de aquella época."Aquel día cayó Carlos Flores, después fue Mario Robaina, luego Edelmar Riveiro, Jorge Salerno, Ricardo Zabalza, Alfredo Cultelli, Indalesio Olivera, Fernan Pucurul, Carlos López, Roberto Ron, Juan Carlos Larrosa.Son nuestros muertos, son con su muerte más razones para seguir combatiendo y cuando nos toque, si nos toca, tendremos su ejemplo para caer con la misma dignidad, con las mismas armas, con la misma bandera, con la misma consigna, porque en una Revolución, cuando es auténtica se triunfa o se muere."Esto es el inicio de este documento dedicado a los muertos y luego trae uno a uno a Eduardo Pinela, a Mario Flores, a Eduardo Robaina, y uno a uno a todos.De aquí está tomado precisamente esto que leíamos hace un momento sobre quien fue Carlos Flores y cómo fue que cayó, donde reivindica sus orígenes en La Teja, su origen humilde, su vínculo con los vecinos, su participación en los eventos que tenían que ver con los niños y con las fiestas del barrio pero siempre con un determinado marco porque hasta desde el trineo puesto en una chimenea de cartón se arengaba a los vecinos por lo que estaba pasando.SE DICE QUE SOMOS PRODUCTO DE UNA ÉPOCA, INFLUYE LA ÉPOCA Y EL MUNDO EN EL QUE SE ESTÁ. Nosotros tomamos ahora para ver cuales eran las ideas por las que se jugaba Carlos Flores en el entendido de que cuando hablamos de los muertos y los desaparecidos en la lucha no era porque sí, tenían razones, había mucho convencimiento para tanta entrega y vamos a tomar de un documento del MLN, precisamente el documento nº1, el primer documento que sacaba el MLN donde plantea las bases del pensamiento y de la organización política, habla de la continentalidad, la estrategia, los hechos reales básicos que condicionan la estrategia nacional, habla de las crisis económica, social y política, conclusiones generales, las fases de la lucha, la lucha urbana, la lucha rural.dice "Del porque del existir de una organización revolucionaria con posibilidades de llevar adelante a etapas superiores la lucha de clases. Como podemos tener una lucha en mejores condiciones con gran parte de la población a favor y los resortes del estado deteriorados..""Los objetivos de la lucha de los trabajadores son casi siempre circunstanciales y pueden ser satisfechos por las clases dominantes"."La organización de los trabajadores está adecuada a sus fines transitorios y predominantemente economistas.A veces es posible organizar o movilizar un sindicato a instancias de reivindicaciones económicas exclusivamente, el sindicato se fortalece a través de las luchas por las reivindicaciones económicas y sociales, el contenido predominantemente economista de la lucha de los trabajadores no hace otra cosa que reflejar el mundo circundante, la clase trabajadora por si sola es incapaz de ir más allá de esa lucha, para que lo haga es necesario sumarle, adjuntarle otros elementos que la enriquezcan, esto último es responsabilidad de las organizaciones revolucionarias." Y sigue…"Los métodos de lucha de los trabajadores son predominantemente pacíficos, la violencia cuando aparece es espontánea, irracional y no constituye un método.Las etapas de la lucha de la clase trabajadora que se avecinan están desde ya marcadas por la violencia de la clase dominante que será replicada por formas espontáneas de violencia por parte de los trabajadores, la tarea de los revolucionarios es apoyar esa violencia espontánea, constituirse en su apoyo y su guía y cuando no hubiera violencia espontánea en un conflicto de clase producirla.La violencia como método de apoyo a las clases trabajadoras constituye una herramienta táctica de las organizaciones revolucionarias.""Los sindicatos pueden, aún por reivindicaciones económicas y lo han hecho llevar la lucha hasta extremos en donde se desate sobre ellos la violencia directa de las clases dominantes, es responsabilidad de los revolucionarios preparar al pueblo y a las clases trabajadoras para poder desarrollar su lucha aún en esos extremos y crear las condiciones para oponer a la violencia reaccionaria la violencia revolucionaria.""Las tendencias reformistas a que nos referimos no actúan de acuerdo a estos principios, no realizan el trabajo en el seno del movimiento obrero con perspectivas insurreccionales revolucionarias sino por el contrario lo utilizan para campañas electorales como si no fuera más importante que 4, 5 o 10 bancas parlamentarias, lo mantienen sin movilización durante meses, fomentan el espontaneismo económico que fragmenta la lucha en combates aislados, impiden y traban la unidad real por la base del movimiento obrero, paralizan de hecho la aplicación de planes de lucha conjuntos por objetivos comunes, no preparan las condiciones necesarias al trabajar sin perspectivas revolucionarias, llevan a veces a la clase trabajadora a callejones sin salida, a derrotas sin lucha altamente desmoralizadoras."Relata después que "que estas tendencias responden a determinadas corrientes políticas que asientan su control sobre una sólida y eficaz burocracia."Dice: "Esa burocracia no será desalojada en base a declaraciones y manifiestos radicales en su contra.No será desalojada a fuerza de teoría sino anteponiendo a su inacción la acción revolucionaria de los sindicatos más aguerridos obligándola a definirse en apoyo a esa acción o quedar por el camino anteponiendo el trabajo metódico y sin lugar a dudas eficaz de sus agentes y sus aparatos, el trabajo más eficaz de los revolucionarios."Queríamos compartir fundamentalmente esto, ya que son temas de permanente necesidad y que plantean necesidades permanentes al movimiento popular, pero porque además dice muy abiertamente de un conjunto de ideas que estaban detrás.Y que al parecer hoy ya NO.Estas eran ideas de aquel momento, o se va la otra punta, pero nosotros seríamos muy malos con Carlos Flores y con su memoria si solo dijéramos que ponía en la chimenea de cartón un trineo, a veces se va tan a lo doméstico que se estafa la memoria de quien se está recordando.Entonces por eso queríamos compartir esto que además muestra la vinculación en los planteos, en las ideas, en cómo se definían las cosas mirando la lucha del pueblo en su conjunto.
Carlos Flores Alvarez, caído peleando el 22 de diciembre de 1966. ¡PRESENTE AHORA Y SIEMPRE!
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La Navidad le trajo otro juicio a Menéndez
El represor también fue condenado a perpetua en Tucumán, el 28 de agosto pasado .

El represor Luciano Benjamín Menéndez tendrá que sentarse otra vez en el banquillo de los acusados ante el mismo tribunal que ya lo condenó en julio pasado en Córdoba. La jueza federal Cristina Garzón de Lascano elevó a juicio una nueva causa por violaciones a los derechos humanos. Esta vez será juzgado por el secuestro, tortura y muerte del subcomisario y militante del PRT-ERP Ricardo Fermín Albareda, ocurrido en septiembre de 1979. El ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército ya fue condenado dos veces a prisión perpetua.
Durante 2008 fue condenado dos veces a prisión perpetua y a días del próximo año se acerca un nuevo juicio oral y público que lo llevará otra vez al banquillo de los acusados en la provincia de Córdoba. A horas de la Nochebuena, el represor Luciano Benjamín Menéndez recibió el "regalo" de Navidad al enterarse que la jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, elevó a juicio una nueva causa por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura que involucra al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, entre varios imputados.
Se trata de la causa que investiga el secuestro, tortura y muerte del subcomisario de policía y militante del PRT-ERP Ricardo Fermín Albareda, ocurrido en septiembre de 1979. Albareda fue torturado con particular salvajismo, al parecer porque por su condición de policía fue calificado por los represores como un traidor infiltrado.
Según informó la agencia Télam, el juzgamiento recayó –por sorteo- en el Tribunal Oral Federal 1, el mismo que juzgó y condenó en julio pasado a Menéndez y a otros siete represores por la causa Brandalisis.
En esta nueva causa, además de Menéndez, están imputados el ex jefe de la Policía provincial Rodolfo Anibal Campos, y los ex policías César Cejas, Hugo Cayetano Britos y Luis Calixto Flores, y el juicio oral se concretaría en los primeros meses de 2009.
La presidencia del Tribunal Oral 1 en 2009 recaerá en el juez José Vicente Muscará, y actuarán como vocales Carlos Otero Alvarez y quien se desempeñara como presidente en el anterior juicio de julio pasado, Jaime Díaz Gavier.
Menéndez fue condenado por segunda vez a prisión perpetua el 28 de agosto en Tucumán, durante el histórico juicio en el que fue juzgado junto al represor Antonio Domingo Bussi por los delitos de lesa humanidad cometidos contra el ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse durante marzo y abril de 1976. Mientras Menéndez permanece alojado en una celda del penal de Bouwer, Bussi goza todavía del beneficio del arresto domiciliario en un country de Yerba Buena.
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
El país / Edición Impresa
hebe de bonafini llamó a denunciar a "todos los jueces" que beneficien a represores
Escraches hasta en la peluquería

"No los vamos a dejar vivir tranquilos", advirtió. Las Madres de Plaza de Mayo celebraron su marcha número 1.600.

Marcha. Las Madres cargaron contra los jueces que permanecen en sus puestos desde la dictadura militar.

Una semana después de que la Cámara Nacional de Casación Penal dispusiera la liberación de los ex capitanes de navío Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta –entre otros diecinueve represores de la última dictadura–, las Madres de Plaza de Mayo denunciaron públicamente "a todos los jueces cómplices que no han abandonado el poder que ejercieron durante la última dictadura" y anunciaron que escracharán a esos magistrados en sus casas, en bares e incluso en peluquerías.La presidenta de la agrupación, Hebe de Bonafini, pidió "que la gente denuncie a todos los jueces corruptos, porque no se la van a llevar de arriba: no los vamos a dejar vivir tranquilos, vamos a ir a la casa de sus familias y hasta las peluquerías donde vayan sus mujeres". La ocasión sirvió además para celebrar con una suelta de globos la marcha número 1.600 de la entidad. En la marcha, las Madres agradecieron ayer por la tarde con emoción "a todos los que se acercaron hoy y dejaron la mesa familiar en el día de Navidad para estar junto a nosotras en esta lucha".En la marcha se vio un cartel en reclamo de la reforma agraria, una referencia directa a la guerra gaucha que enfrentó a los productores agrícolas contra el gobierno de los Kirchner. "Los del campo, los de Gualeguaychú, están con los milicos", dijo la dirigente.Luego de dar la histórica ronda alrededor de la Pirámide de Mayo, Bonafini advirtió que "no vamos a permitir que sigan en función los jueces corruptos, que cobran por una función que no cumplen y están llenos de privilegios, acompañados por políticos zorros que se callan y les son cómplices". La dirigente agregó que, "además de acelerar las causas, tiene que haber gente digna que trabaje y no muchos de los jueces indignos y atorrantes que están en sus funciones". Según la jefa de la agrupación, existen actualmente cuatrocientos jueces "que no han abandonado el Poder Judicial después de haber estado en funciones durante la dictadura y se han atornillado a sus cargos". El miércoles, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, anunció que impulsará un paquete de medidas para acelerar las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ultima dictadura y evitar la excarcelación de otros represores. El plan implicaría la digitalización de las causas y su monitoreo periódico para evitar problemas y demoras procesales y contemplaría además la creación de más tribunales orales. Ayer, Bonafini le pidió al máximo tribunal que "cumpla con las funciones que le corresponden, porque tiene que estar para eso: para acelerar, pedir y reclamar a todos los tribunales que impartan justicia".A las cuatro y media de la tarde, cientos de globos rojos –que aludían a que "la Navidad se viste de rojo"– fueron liberados al cielo entre aplausos. En cada uno de ellos había un mensaje por los "1.600 jueves sin faltar nunca a la Plaza" y un pedido: que la ciudadanía denuncie por e-mail a los jueces cómplices y corruptos que conozca.En la plaza, acompañando a las Madres a pesar del calor, estuvieron unas 400 personas entre las que se veían a varios turistas extranjeros sacando fotos a l a reunión. Allí hubo representantes de Madres de Plaza Línea Fundadora y de la Agrupación HIJOS.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

El paísMiércoles, 24 de Diciembre de 2008
Represores liberados
El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero dispuso la libertad de Cayetano José Fiorini, ex segundo jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141, y de los ex oficiales de Inteligencia Jorge Alberto D'Amico y Leopoldo Sánchez. "La libertad deberá hacerse efectiva por el juez federal si en su caso correspondiere, conforme las circunstancias procesales en los distintos casos que se instruyen por delitos conexos", afirmaron los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Luis Lugones. Esto implica que, si los acusados están procesados en otras causas, seguirán en prisión. El Tribunal Oral de Santiago del Estero declaró la nulidad parcial de los procesamientos de trece represores porque "en las declaraciones indagatorias no hubo una clara descripción de los hechos imputados, pues se advierte una falta de comunicación íntegra, clara, precisa y circunstanciada del hecho concreto que se atribuye a los imputados". La lista de acusados está encabezada por Antonio Musa Azar, quien estuvo al frente del Departamento de Informaciones de la Policía creado en 1974 por el gobernador Carlos Juárez.
Contra las excarcelaciones
Un grupo de querellantes de la causa ESMA apeló la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal que concedió la excarcelación a una veintena de represores. Los abogados Roberto Boico y Eduardo Barcesat hicieron la presentación en representación de los familiares de Conrado Gómez, una de las víctimas de la ESMA, a quien además le fueron expropiadas ilegalmente sus tierras en la localidad mendocina de Chacras de Coria. Los abogados reclamaron que se deje sin efecto la excarcelación que benefició, entre otros, a Alfredo Astiz y a Jorge "El Tigre" Acosta, medida que fue suspendida por el propio tribunal ante la apelación del fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé. Los representantes de la familia Gómez invocaron la Convención contra el Genocidio que, según su interpretación, impediría la libertad de los acusados durante el proceso.
Señalaron también que existe el peligro de que los represores se fuguen si recuperaran la libertad, y recordaron que los procesados están entorpeciendo la investigación, ya que no aportaron datos sobre el paradero final de los desaparecidos por cuya situación están sometidos a la acción de la Justicia. Además, hicieron hincapié en la "gravedad" de los delitos que se les imputa, y entendieron que la excarcelación no puede operar de manera automática cuando se hubiere excedido el plazo previsto para la prisión preventiva.
El paísMiércoles, 24 de Diciembre de 2008
El máximo tribunal prepara medidas para agilizar las causas sobre represores de la última dictadura
La Corte quiere poner el pie en el acelerador
En el acuerdo del lunes, se discutió sobre la demora en los expedientes vinculados con el terrorismo de Estado. Preparan una acordada sobre el tema. Las medidas que se evalúan: desde redistribuir las causas hasta crear nuevos tribunales.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, encabezó el acuerdo del lunes en el que se discutió la problemática que desató el fallo de Casación.
Mientras la mayoría de los reproches por las demoras en las causas contra represores de la última dictadura apuntan contra el Poder Judicial, la Corte Suprema resolvió tomar cartas en el asunto y prepara una acordada para dar su empujón a los juicios por crímenes de lesa humanidad que se firmaría entre el lunes y martes que viene. La decisión de la Cámara de Casación Penal de conceder la libertad a los exponentes del terrorismo de Estado Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta, junto con una veintena de militares y civiles, reavivó el debate entre Sus Señorías, que en su plenario de anteayer comenzaron a evaluar medidas posibles. Todavía no pulieron un plan, pero para empezar le darían forma y entidad a una oficina propia de seguimiento de los juicios orales sobre violaciones a los derechos humanos. A su vez, no descartan medidas específicas: desde exhortar a los jueces a elevar a juicio las investigaciones que tengan las pruebas centrales producidas hasta redistribuir los expedientes que desbordan a un único tribunal como ESMA y Primer Cuerpo de Ejército, o incluso crear nuevos tribunales y salas de audiencias con condiciones de seguridad.
En su fallo de la semana pasada, la Sala II de la Cámara de Casación fundamentó la excarcelación de los ex jerarcas de la patota de la ESMA y otros represores, en su mayoría presos desde 2003, en que habían pasado demasiado tiempo detenidos sin condena. Las normas permiten hasta dos años, más uno de prórroga. La apelación del fiscal Raúl Pleé impidió que la liberación se concretara, al menos por el momento. Se basó en la "gravedad institucional" que reviste a los juicios por violaciones a los derechos humanos y señaló el peligro de fuga de los acusados y la posibilidad de que obstaculicen la pesquisa. La Corte, tarde o temprano, va a tener la última palabra sobre la pertinencia de estas excarcelaciones. Por lo pronto, la acordada que comenzaron a discutir va por otro carril y apuntaría a las raíces de las dilaciones que impiden que las causas sobre crímenes dictatoriales lleguen en un tiempo razonable a la instancia oral.
En los últimos años la Corte contribuyó con sus fallos a eliminar obstáculos en el juzgamiento a los represores, al declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y, luego, de los indultos concedidos por Carlos Menem a los genocidas. Pero hasta ahora no intervino con directivas o instrucciones de "superintendencia" –como las llaman los jueces– hacia otros tribunales o instancias judiciales. El máximo tribunal, en teoría, viene monitoreando la situación de las causas por crímenes de lesa humanidad desde una secretaría a cargo de José Luis Mandalunis, a quien los supremos le encomendaron que elabore un diagnóstico y una serie de propuestas para analizar de aquí a la semana que viene, cuando piensan emitir un pronunciamiento. Mandalunis, de hecho, podría quedar a cargo de la oficina de seguimiento de juicios que está en ciernes, según pudo saber Página/12. En la reunión que tuvieron el lunes último los jueces supremos intercambiaron pareceres y algunas sugerencias. El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, se mostró –fiel a su estilo conciliador– partidario de armar estrategias comunes con el Congreso y el Poder Ejecutivo, según pudo saber este diario. Contra el reclamo de leyes para acelerar los juicios que formuló su colega Carlos Fayt en declaraciones a los medios, dijo que los legisladores han trabajado en el tema y que en lo que haya por hacer, en todo caso, deberán avanzar en reformas pensadas en conjunto. Habló de impulsar la creación de tribunales orales. Mencionó también –en sintonía con Raúl Zaffaroni– los problemas derivados de la multiplicidad y falta de coordinación entre las querellas. Señaló, en otro orden, los trastornos derivados de que la mayoría de los casos no estén digitalizados.
Carmen Argibay, compenetrada con diversos problemas edilicios de la Justicia, insistió en que faltan salas de audiencias para los procesos orales que, además, cuenten con condiciones de seguridad tanto para los acusados como para los testigos.
Una discusión no resuelta apunta a si a esta altura de las circunstancias aún cabe rediseñar algún criterio para agrupar las causas contra represores: por centro clandestino, por circuitos criminales o por cuerpo de ejército. Mandalunis, cuentan en la Corte, históricamente no ha sido partidario de concentrar causas bajo la hipótesis de que podrían demorarse todavía más.
Para Zaffaroni hay que analizar cuáles son los escollos que se producen en cada instancia judicial y actuar en consecuencia. En el plenario con sus colegas señaló demoras en la instrucción de las causas que, a su entender, son producto de investigaciones interminables donde la prueba y los testimonios parecen no agotarse jamás. Por eso propuso, tal como planteó en un reportaje publicado el domingo último por Página/12, exhortar a los magistrados para que vayan elevando las causas por tramos a medida que concluyan las pesquisas y aunque queden hechos bajo investigación. En diálogo con este diario, también señaló la responsabilidad de los fiscales en esa iniciativa, aunque en ese punto el procurador general, Esteban Righi, ya viene dando pautas a los fiscales desde hace al menos dos años (la última vez ordenó que manden a juicio las causas con procesamientos firmes aunque queden recursos pendientes de resolución).
Zaffaroni y otros supremos señalaron en su charla a puertas cerradas el abarrotamiento de casos en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5): concentra las megacausas de Primer Cuerpo y ESMA. Un tramo clave de la primera, que pondrá a los jerarcas en el banquillo, arranca el año próximo y tomará más de medio año de audiencias. Esto, a su vez, implicaría postergar al menos hasta 2010 el juzgamiento de los crímenes del centro clandestino de la Armada. En estas circunstancias, la Corte no descarta intervenir para reasignar a otro tribunal alguna de estas causas inexplicablemente concentradas en uno solo. En el debate supremo se citaron, como ejemplos de organización de juicios, los que vienen transcurriendo en Tucumán y en Córdoba desde los cambios en la Cámara Federal. Todo lo que se haga, coinciden entre los jueces, debe preservar el principio de "juez natural". En rigor, la Corte tiene atribuciones para reorganizar la distribución de las causas y hasta armar un cronograma de juicios. Habrá que ver hasta dónde los supremos quieren llegar en la práctica.
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SociedadMiércoles, 24 de Diciembre de 2008
Una ley que va contra la Corte
La reforma sancionada ayer en la provincia no sólo tendrá efectos intramuros, sino también afuera de ellos. Un documento firmado por una serie de organismos de organismos de derechos humanos (el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) advirtieron que la nueva ley contraría el fallo de la Corte Suprema de la Nación, que en abril de 2005 ordenó a los tres poderes de la provincia resolver el problema del hacinamiento en las cárceles. Aquella sentencia, conocida como "fallo Verbitsky", indicaba que debían implementarse modificaciones a las normas para evitar la creciente superpoblación en las cárceles de presos sin condena. Y para adecuar las normativas a los dictados de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución nacional. El caso incluso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En aquel momento, la Legislatura bonaerense sancionó cambios en ese sentido, que implicaba una marcha atrás con las leyes de la era Ruckauf. Ahora, la misma Legislatura votó una ley en sentido opuesto. La Corte Suprema y la Comisión Interamericana tendrán algo para decir al respecto.
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COMUNICADO DE PRENSA
Ref.: Las Abuelas encontramos la nieta Nº 96
Las Abuelas de Plaza de Mayo queremos comunicar que hemos encontrado a otra nieta que durante más de 30 años vivió privada de su identidad. La joven es hija de Raquel Carolina Ángela Negro y Edgar Tulio Valenzuela, ambos secuestrados en 1978.
Los padres
Tulio nació el 21 de mayo de 1945 en la ciudad de San Juan. Cuando terminó el secundario se mudó a Buenos Aires para estudiar abogacía en la UBA. Durante 1972 trabajó en Altos Hornos Zapla (Jujuy). Militó en la Juventud del Partido Bloquista en San Juan, en la agrupación universitaria Acción Revolucionaria Peronista (ARP) y en Montoneros. Sus compañeros le decían "Tucho" o "Marcos". En 1971 se casó con su primera esposa, Alcira Fidalgo, de quien se separó en 1973. Por esos años se mudó a Rosario a raíz de su militancia política.
Raquel nació el 26 de abril de 1949 en la ciudad de Santa Fe. Luego de recibir el título docente en la Escuela Normal José de San Martín, continuó sus estudios en la Escuela de Servicio Social de Santa Fe. Ejerció como trabajadora social en un plan de viviendas de una cooperativa y en la Escuela Falucho de Santa Fe. Militó en la Juventud Peronista (JP), en el Movimiento Villero Peronista (MVP), en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y en Montoneros.. Sus compañeros le decían "María", "Flaca" o "Gringa". En 1970 se casó con Marcelino Álvarez y el 28 de mayo de 1976 nació Sebastián, su primer hijo. Marcelino fue secuestrado el 4 de noviembre de ese año en Rosario y sigue desaparecido.
Raquel y Tulio se conocieron en Rosario, formaron pareja y por un tiempo vivieron en Brasil. Regresaron en enero de 1978 a Mar del Plata, donde fueron secuestrados el 2 de enero. Tulio y Sebastián en la "Tienda Los Gallegos", Raquel –embarazada de siete meses– en la esquina de Luro y Catamarca, a dos cuadras de la tienda.
El operativo estuvo a cargo de un grupo de tareas del II Cuerpo del Ejército. Tulio, Raquel y Sebastián fueron llevados al CCD "Quinta de Funes". Allí, bajo el mando del general Fortunato Galtieri, se organizó un operativo en el que Tulio resultaría una pieza clave, ya que fue obligado a salir clandestinamente del país junto a represores que se hacían pasar por personal diplomático con el fin de concretar un operativo de secuestro de dirigentes políticos en el exterior. Raquel y Tulio simularon aceptar el plan y negociaron la restitución de Sebastián a su familia materna, hecho que lograron comprobar a través de un llamado telefónico a la casa de los abuelos.
Tulio salió del país con los represores y una vez que pisó suelo mexicano, se fugó y denunció los crímenes de la dictadura en Argentina. Se produjo un escándalo diplomático, los militares fueron detenidos y el plan se vio desbaratado. Tucho permaneció en México y el 25 de mayo de 1978 estableció el último contacto con su familia. Si bien se sabe que ingresó al país en el marco de la contraofensiva, no hay exactitud acerca de las circunstancias de su secuestro.
De Raquel se sabe que el 26 de marzo de 1978 dio a luz mellizos/as en el Hospital Militar de Paraná.
La búsqueda
La causa –que tramita en el Juzgado Federal N° 1 de la capital entrerriana– se inició el 18 de mayo de 2005, debido a una denuncia presentada por Guillermo Antonio Germano, en su carácter de coordinador del Registro Único de la Verdad , dependiente de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con motivo de haber tomado conocimiento de la existencia de mujeres embarazadas que habrían dado a luz en el Hospital Militar de Paraná en la última dictadura.
Durante los primeros años de instrucción, las medidas principales fueron llevadas por el Fiscal a cargo, Mario Silva. Se tomaron testimoniales de la mayoría de los empleados civiles que prestaban servicio en el Hospital Militar en 1977-78. Además, declararon médicos y enfermeras del Instituto Médico de Pediatría de Paraná, debido a que hay prueba que indica que los bebés nacidos fueron trasladados a ese lugar.
Los querellantes, además de Abuelas, son la Secretaría de DDHH de la Nación y Sebastián Álvarez, hijo de Raquel Negro. Hasta el momento, fueron citadas a indagatoria siete personas, y de los testimonios se puede concluir que en los primeros meses de 1978, una mujer cuya descripción coincide con la de Raquel Negro dio a luz a mellizos en el Hospital Militar de Paraná. Tuvo una nena y un nene. El niño tuvo problemas respiratorios y cardíacos. Como el Hospital no tenía sala de neonatología, si había problemas los nacidos eran trasladados al Instituto Médico de Pediatría. Aparentemente no se consiguió lugar en esa clínica hasta el día siguiente, por lo que los niños permanecieron en la sala de Terapia Intensiva del Hospital Militar.
Según contó una enfermera, el niño estaba muy grave. Esta hipótesis coincide con el relato del personal del Instituto que dice que sólo recibieron un bebé. En los libros de la clínica figura la entrada de una beba llamada "Soledad López" y un bebé "NN López" provenientes del Hospital Militar. Es de destacar que el ingreso de bebés muertos se consignaba con NN, lo cual coincide con todo lo relatado por las enfermeras.
Abuelas de Plaza de Mayo se constituyó como querellante el 14 de febrero de 2008 y nuestro equipo de la filial de Rosario realizó una exhaustiva investigación que llegó a las mismas conclusiones que la jueza Myriam Stella Galizzi, es decir que la niña de Raquel y Tucho había sido dejada en la puerta de un convento y dada posteriormente en adopción.
Subsidiariamente, la joven, que ya dudaba de su identidad, se acercó a nuestra oficina de Rosario para saber sobre su origen. Al mismo tiempo, recibió la citación de la jueza actuante, quien ordenó la pericia genética y pidió el apoyo de la CONADI. El resultado de los estudios efectuados en el Banco Nacional de Datos Genéticos indicó su inclusión en el grupo familiar Valenzuela-Negro.
Con la verdad acerca de su historia, esta joven mujer podrá conocer a su hermano, tíos y otros familiares que junto con Abuelas la buscaron incansablemente y con inmenso amor. Una vez más, el viento reparador de la verdad alcanzó a otra nieta recuperada.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
Abuelas de Plaza de MayoVirrey Cevallos 592 PB Dpto.. 1(C1077AAL)Ciudad Autónoma de Buenos AiresTel/Fax: (011) 4384-0983 E-mail: abuelas@abuelas.org.arwww.abuelas.org.ar

Piden acelerar las causas por crímenes de lesa humanidad
Organismos de Derechos Humanos y sociales presentaron esta mañana en el juzgado federal nº 3 de la doctora Cristina Garzón de Lascano y en la Cámara Federal, una nota exigiendo la unificación de las megacausas y su elevación a juicio y repudia las excarcelaciones de Astiz y Acosta.

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2008-12-23 -


Por Katy García - Prensared
Los organismos de Derechos Humanos y otras organizaciones, acompañados por el director de DD.HH de la Municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto, presentaron esta mañana un escrito en el Juzgado Federal nº 3 de la doctora Cristina Garcón de Lascano y en la Cámara Federal exigiendo "la unificación de las megacausas y su pronta elevación a juicio". Asimismo, se repudia "enérgicamente" las excarcelaciones concedidas por la Cámara Nacional de Casación Penal las excarcelaciones de los genocidas Astiz y del "Tigre" Acosta
En ese sentido, el abogado de los organismos de Derechos Humanos, Claudio Orosz, manifestó que desde el juzgado le comunicaron que fueron rechazados "unos 400 pedidos de excarcelación a represores de Córdoba con causas abiertas".
El texto, consensuado por numerosas organizaciones de DDHH, sociales y sindicales, repudia "enérgicamente las excarcelaciones y liberaciones de criminales de lesa humanidad, que llevaron adelante el plan genocida en Córdoba"
También exige a la justicia "la elevación inmediata a juicio de los diversos procesos, en forma unificada" para que en 2009 se lleven a cabo los juicios orales y públicos que "establezcan los hechos y responsabilidades y que eviten pedidos anticipados de libertad de quienes han masacrado al pueblo argentino durante la ejecución del terrorismo de Estado".
El documento evalúa además que "a más de cinco años de la anulación de las leyes de impunidad ha transcurrido el tiempo necesario para instruir acabadamente las causas contra los perpetradores de los delitos más aberrantes de nuestra historia. Ya no puede haber más dilaciones, cada genocida suelto es una afrenta y una amenaza para todos los argentinos", finaliza.
Martín Fresneda, abogado de HIJOS, explicó que "en este momento el juzgado tiene unos 60 detenidos imputados por delitos de lesa humanidad, entre personal civil de inteligencia, militares y policiales".
Evaluó que los retrasos también se relacionan con la complejidad de las causas ya que "comparativamente con otras provincias, está avanzado", pero remarcó que el problema radica "en la falta de acumulación.
En ese sentido, Fresneda explicó que la demora también se produce por la "abrumadora cantidad de chicanas que se presentan desde la defensa y llegan hasta la Cámara Nacional de Casación que ya tiene un criterio y es dejarlos en libertad", comentó.
Manifestó que "en buena hora" los códigos permiten un derecho de defensa "muy profundo" y eso implica necesariamente demoras, pero que en este caso se trata de "mega causas y mega procesos donde hay mucha prueba de los ilícitos" y sin justificar el retraso, evaluó que son complejas.
"Ahora, la Corte Suprema es la que decidirá "si los delitos de lesa humanidad son excarcelables" y los organismos de Derechos Humanos "decimos que los imputados deben ir a juicio cuanto antes", remarcó.
Firman el documento:Abuelas de Plaza de Mayo Filial CórdobaFamiliares de Desaparecidos y detenidos por Razones Políticas de CórdobaH.I.J.O.SAsociación de Ex. Presos Políticos de CórdobaComisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires PopularesSecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de CórdobaDirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de CórdobaComisión Directiva Gremio de Judiciales (A.G.E.P.J.)Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de CórdobaFederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU)Secretaría de DD HH del SUOEM (Municipales)Círculo Sindical de la Prensa y Comunicación de Córdoba (Cispren)Central de los Trabajadores de la Argentina(CTA)Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
Violadores de derechos humanos siguen impunes, dice Almada
Los verdaderos culpables de las violaciones de derechos humanos en Paraguay siguen impunes y varios de ellos mueren como inocentes, sin haber pisado la cárcel, sostuvo el activista paraguayo Martín Almada en un escrito divulgado este martes con motivo de haberse recordado ayer el 16 aniversario del descubrimiento de los Archivos del Terror.
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Martín Almada.
"Los violadores a los Derechos Humanos siguen muriendo inocentes como Stroessner, Rodríguez, Edgar L. Insfrán, generales Patricio Colman, Leongino Escobar, Otello Carpinelli Yegros, Johansen, Alejandro Fretes Dávalos, y otros", dijo Almada"Los que nos negaron el derecho a la vida, a la libertad están gozando de ellas como si nada hubiera ocurrido", añadió el defensor paraguayo de derechos humanos al reprochar la actitud de jueces y fiscales que no se animaron a procesar ni castigar a los verdugos de miles de paraguayos."Ante el reciclaje de la clase política responsable de la violación a los derechoshumanos, la corrupción, saqueo y muerte y el remate de nuestra soberanía, hoy vengo a proponerles la campaña que se vayan todos los violadores", agrega.

Mesa por la Memoria repudió el último dictamen del Juez
José María “Cholo” Budassi –en representación del espacio que conforman diversas organizaciones- manifestó el rechazo a la medida de Villafuerte Ruzo, que suspendió la tramitación de la causa contra Saint Aman “por debilitación judicativa”. Rocío Vega diarioelnorte@diarioelnorte.com.arLa Mesa de la Memoria por la Justicia pronunció públicamente su desacuerdo contra el último dictamen del Juez Federal, sobre la “Masacre de calle Juan B. Justo”. Villafuerte Ruzo suspendió la tramitación de la causa contra Fernando Manuel Saint Aman. Jose María “Cholo” Budassi –integrante del espacio que conforman diversas organizaciones- analizó: “Se trata de otro intento para que este señor –que fue el señor de la vida y la muerte de muchos compañeros nuestros- sea excusado de todas las causas que tiene”.La medida judicial repudiada por la Mesa se sustenta en un informe pericial que sostiene que quien fuera Teniente Coronel (RE) “presenta una severa afectación de su capacidad biopsicológica para estar en juicio, sea afrontando uno o más procesos penales en su contra”. Al mismo tiempo, caracteriza que tiene “síndrome psicoorgánico cerebral con marcado compromiso cognitivo y debilitación judicativa”.“El Juez le suspende el proceso al principal responsable de la represión de aquellos años, aduciendo los resultados de un informe pericial. Esto es otro nombre de la impunidad, es otro intento para que este señor –que fue el señor de la vida y la muerte de muchos compañeros nuestros- sea excusado de todas las causas que tiene. El Ministerio Público Fiscal y la parte querellante con el equipo de HIJOS presentaron sus apelaciones, que nosotros apoyamos”, marcó.Fiscalía e HIJOSBudassi consideró: “La determinación implica que Saint Aman tendría una incapacidad para ser juzgado. La Fiscalía sostiene que si fuera así, cómo es que puede administrar bienes, o ser querellante contra el principal testigo de la causa de Ponce de León. El le inició una denuncia por falso testimonio a Víctor Martínez. Entonces ¿cómo es?, ¿para acusar es sujeto de derecho y para ser acusado de crímenes de lesa humanidad no está en condiciones?”.El referente de Derechos Humanos de SUTEBA sumó elementos técnicos en los que se basa el equipo de HIJOS. “Al final de la etapa instructoria no correspondería este tipo de peritajes. Eso tiene que ocurrir en el momento del juicio oral, reclamo al que recientemente atendió el Juez. Haciendo una lectura benevolente, entendemos que lo que se quiere es estirar el proceso de este hombre. Nos parece inconducente que puedan llegar a hacer lugar a semejante argumento. Esto indigna a cualquier persona de bien, por eso queremos que se sepa. Pensamos que la Cámara será coherente, confiamos en eso. Queremos justicia”, indicó. CausasEl 19 de noviembre de 1976, fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar que usurpó el poder el 24 de marzo de ese año tomaron por asalto la vivienda de calle Juan B. Justo 676 de San Nicolás. La casa asaltada era habitada por la matrimonio constituido por el Escribano Omar Darío Amestoy y María del Carmen Fettolini junto a sus hijos Fernando de tres años y María Eugenia, de cinco. También convivían en la finca Ana María del Carmen Granada y su hijo Manuel Gonçalves Granada, de seis meses (quien resultó el único sobreviviente).La investigación ante la Justicia Federal local se realizó a partir de la denuncia radicada por Manuel Gonçalves Granada en 2004. En la causa 28.130 del registro del Juzgado Federal 2 de San Nicolás, se logró la imputación, procesamiento y confirmación de los responsables de los delitos de quíntuple homicidio calificado por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario, quienes fueran: el Jefe de del Area Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 Coronel (RE) Manuel Fernando Saint Aman, su Jefe de Operaciones el Coronel (RE) Antonio Federico Bossie y el Jefe de la Delegación San Nicolás de Policía Federal Comisario General (RE) Jorge “Chiche” Muñoz.Paralelamente, se sustancia una investigación en la que la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, las Secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, Manuel Gonçalves Granada y el Ministerio Fiscal, propugnan el esclarecimiento de los hechos por los que se pudo consumar la presunta apropiación y supresión de estado civil y de identidad del único sobreviviente de aquella masacre.

el cuestionado tof 5 tiene que poner fecha
Otra causa de la dictadura a juicio



El Tribunal Oral Federal 5 tiene un juicio más en su larga cola de espera. El juez federal Daniel Rafecas elevó a esa instancia la causa relacionada con los secuestros y desapariciones de trabajadores del Hospital Posadas, en la que está imputado el dictador Reynaldo Bignone y otros cuatro represores. El tribunal en el que recayó el nuevo expediente tiene a disposición a los marinos de la ESMA cuya libertad ordenó la Sala II de la Cámara de Casación.El 26 de marzo de 1976 el entonces general de división Reynaldo Bignone comandó personalmente un operativo militar que, con helicópteros, tanques, soldados armados y camiones del Ejército, copó el Hospital Posadas, de Haedo. Dos días después y en sólo 24 horas al menos 36 personas, en su mayoría médicos y enfermeras, fueron secuestrados y torturados. Tres de ellos –Jacobo Chester, Jorge Roitman y Julio César Quiroga– permanecen desaparecidos.En la elevación a juicio, Rafecas dio por probado estos hechos y acreditó, además, la existencia de un centro clandestino de detención y torturas en el mismo predio del hospital, más precisamente en lo que había sido la residencia del director del hospital, conocida como "El Chalet", reconocido por varias de las víctimas.Aunque el vistoso operativo militar se basaba en rumores que señalaban al Posadas como un "centro de atención de supuestos subversivos", los mismos representantes de la dictadura, empezando por el propio Bignone, terminaron reconociendo que aquella versión era completamente falsa. El expediente que desde ahora esperará fecha en el TOF 5 –y que según los cálculos no empezaría antes de 2011– alcanza a Bignone, al coronel médico del Ejército Agatino Di Benedetto y a los represores Luis Muiña y Argentino Ríos. También incluye al brigadier general de la Fuerza Aérea Hipólito Rafael Mariani, condenado hace dos meses a 25 años de prisión por los delitos cometidos en el centro clandestino Mansión Seré. La del Posadas es la octava elevación de un tramo de la megacausa Primer Cuerpo del Ejército. Rafecas ya cerró las instrucciones de las investigaciones sobre los delitos cometidos en los centros El Vesubio, Automotores Orletti y el circuito represivo Club Atlético-Banco-Olimpo.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
La causa de Palomitas sigue sin llegar a juicio
Denuncian demoras que conducen al proceso a una "impunidad biológica".
Organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas de la "Masacre de Palomitas", el aberrante crimen cometido por la dictadura el 6 de julio de 1976, manifestaron su preocupación por las dilaciones que se suceden en la causa penal y podrían beneficiar a los militares que están procesados y con prisión preventiva, pero siguen sin ser llevados a juicio. El fallo que ordenó liberar a Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros represores de la ESMA dejó sembradas dudas e intranquilidad.
En un escrito que presentó ayer en el Juzgado Federal N? 2 de Salta, la abogada Tania Kiríaco hizo reserva de solicitar un juicio político para el juez "ad hoc" de la causa Palomitas, José Olivera Pastor, y el fiscal jujeño Domingo Batule por considerarlos responsables de "demoras innecesarias" que conducen a una "impunidad biológica" en favor de Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo Espeche, los tres militares contra los que se formuló acusación hace más de seis meses, sin que se haya corrido traslado a sus defensas hasta hoy. Días atrás, a partir de un nuevo informe médico, el juez Olivera Pastor dispuso que Espeche permanezca bajo arresto domiciliario y no en prisión común como lo había resuelto poco antes la Cámara Federal. Ayer, Kiríaco y su par David Leiva apelaron la medida. Poco después, la letrada advirtió que el fiscal se llevó el expediente a Jujuy hace dos meses y reclamó que se lo intime a su inmediata devolución.

Fuente: Diario El Tribuno

ContratapaSábado, 20 de Diciembre de 2008
Azahares y fuegos
Por Osvaldo Bayer

Las últimas dos semanas se cubrieron de azahares y fuegos. Esos pequeños hechos de la vida que lo llevan a uno de la mano y que todavía le enseñan, le van marcando el camino hasta el final. El perfume del azahar, que lleva a la poesía y al ánimo, y el fuego, no el que quema, sino el que impulsa. Sí, todo comenzó en La Toma, ese supermercado rosarino tomado por sus empleados que es hoy, además de supermercado, un centro de cultura. Allí, donde antes sólo se vendían mercancías, hoy se debate, se enseña y se aprende, se abren los ojos al arte, a la literatura, a la política, al futuro. De allí a Mar del Plata. En la presentación del libro Biblioclastía, sobre la prohibición y quemas de libros durante la última dictadura militar. Un hecho aberrante y cobarde, pero por el cual jamás se indemnizó a las editoriales, a los autores ni a los libreros perjudicados. Ocurrió y ya está.De allí a El Calafate, donde todos los 8 de diciembre, frente a la estancia "La Anita", recordamos a las decenas de peones rurales fusilados por el ejército argentino en las huelgas de 1921. Ahí se levanta el cenotafio. Se lo cubre de flores y los oradores recuerdan el crimen nunca saldado. Luego, una obra teatral del conjunto formado por vecinos de El Calafate. En el bello paisaje se oyen los gritos de furia y dolor de los que cayeron. Algo que no se podrá olvidar jamás, pero de lo que no aprendimos nada los argentinos. Medio siglo después ya no se fusilaba, se desaparecía. Un día antes, en la sala cultural de El Calafate, el ballet local representaba las esperanzas de la peonada y cómo murieron bajo los fusiles oficiales. Todo hecho con una melancolía magistral. El arte, la mejor manera de escribir nuestra historia.De regreso a Buenos Aires, el recuerdo de aquella legendaria Nueva Presencia, el primer periódico que se atrevió a criticar a la dictadura de los generales y el homenaje a Herman Schiller, quien ofreció su rostro para enfrentar a la picana y la desaparición. Una placa ha quedado allí para siempre, en la calle Castelli, para definir lo que es el coraje civil. Sí, y después, en Luján, en su Universidad, el mejor recuerdo para el herrero poeta, Dardo Dorronzoro, víctima de la misma dictadura. Un concurso de poesía. Leí las mismas, un tejido increíble de sueños jóvenes, de figuras de la fantasía, de la bondad extrema frente al horror cobarde de las bestias uniformadas. Dardo se asomó allí y nos aconsejó quién sería el premiado: todos, nos dijo. Todos los que escribieron sus ilusiones. Pero en ese momento nos interrumpió la realidad. Un ajero mendocino había llegado desde tierras cuyanas para describirnos su realidad. Curtidas manos, curtido rostro. Trabajo esclavo en las tierras del sol y de la vida, de mujeres y niños, como en la Edad Media. Leo los versos de una poetisa mendocina: las ristras de ajo se han convertido en las cadenas de la esclavitud. Se simulan cooperativas. La Justicia ordenó la reincorporación de despedidos, pero nadie se da por aludido. Los dueños de la tierra son los únicos magnates. Lo deciden todo. Los demás, los del sistema, obedecen. Los poetas de Luján escuchan en silencio. Hay tristeza. Por algo lo desaparecieron a Dardo, a los Dardos.Al día siguiente estamos en Córdoba. Con la diputada Cecilia Merchán. Para tirar abajo un símbolo. Cambiar la figura del genocida Julio Argentino Roca por la figura de la increíble luchadora gaucha Juana Azurduy en los billetes de cien pesos, los de más valor. De uno que mató por más tierras para los poderosos a una mujer que luchó por la libertad americana. Un problema profundo que hace a la ética de los argentinos. No hay que mirar sólo para adelante. Hay que mirar para atrás para investigar por qué en estas llanuras de las espigas de oro hay hambre y hubo catorce dictaduras militares y represiones que alcanzaron al máximo de crueldad y perversión.En la misma Córdoba presentamos un libro de tal valor ético que no encontramos adjetivo para calificarlo porque a ello se adjunta lo emocional: Los arquitectos que no fueron, la vida y fotos de estudiantes y egresados de Arquitectura de la Universidad de Córdoba asesinados y desaparecidos durante el terrorismo militar de Videla y consortes. Nos miran. Pienso, cuántas viviendas hubieran construido ellos y ellas. De haber vivido esa generación, por su lucha, ya no habría villas miseria en nuestras ciudades. Todas las universidades argentinas tendrían que publicar libros similares con los retratos y las biografías de sus estudiantes desaparecidos. Y sus retratos colgar en las aulas. Un recuerdo que no debe borrarse jamás de la memoria.Allí, en la misma Córdoba, ofrecemos la cantata "La Patagonia de Fuego", de Sergio Castro, basada en La Patagonia Rebelde. El público acompaña las bellas canciones. Se pone de pie para recordar a esos pobres gauchos fusilados por los máusers oficiales. Aprendimos, pienso. De los libros quemados en 1976 al tema vivo en las salas del país. El perfume del azahar y el fuego de la memoria.Y justo, al día siguiente, doy una clase en el Instituto Espacio para la Memoria a los guías del museo de la ESMA, acerca de los crímenes del Estado en la Argentina. Los crímenes militares y el colaboracionismo civil.Un país que no aprendió de sus tragedias. Un país sin autocríticas. Autocrítica, el fundamento de la democracia. Aquí, ese término, es desconocido. Hay que mirar para adelante.Luego, en el festival del cine documental científico, presentamos escenas de nuestro nuevo film Awka Liwen, acerca de los pueblos originarios y discutimos sobre los conceptos de racismo en nuestra sociedad. Que los hay, los hay. De ahí a La Plata, en "Voces de la cultura", que promueve la intendencia de esa ciudad. Y como todo encuentro cultural, es siempre necesario, positivo y sirve para encontrar las huellas hacia una sociedad más democrática, que no es otra cosa que una sociedad más justa e igualitaria. Y todo culminaría con el acto en la ESMA, en el Día de los Derechos Humanos.Me sentí como en una nube de ilusiones. Estar allí, en un acto donde recordamos a nuestros desaparecidos en el lugar mismo del horror del sistema. Recibir un premio Azucena Villaflor allí donde tuvieron prisionera a esa mujer de increíble lucha, junto a sus dos compañeras iniciadoras del movimiento de Madres –Julia Ballestrino de Careaga y Mary Ponce de Bianco, no olvidarlas–, en un calabozo que era una cucha de perro, tiradas en el suelo para después asesinarlas, sí, recibir un premio en ese edificio de la Mayor Perversidad Humana, me pareció el producto de una imaginación sin límites. Pero sí, fue así. Quiere decir que el ser humano no se rinde nunca, que la Etica triunfa finalmente, aunque a veces tarda mucho en vencer sobre el crimen y la codicia. Dije, al agradecer el premio, que yo no lo merecía, que los únicos que habían ganado ese premio a los Derechos Humanos, eran los treinta mil desaparecidos. Y nombré a tres, cuya amistad me sigue desbordando todos los días: Rodolfo Walsh, el Paco Urondo y Haroldo Conti. Por eso, comprendía que hay que seguir con la búsqueda que iniciaron ellos. Hasta que logremos, por lo menos, que en nuestro país no haya más niños con hambre. Siempre hay azahares y fuego, pero aquel que no quema, que impulsa.
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LA COMISIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS DESAPARECIDOS Y VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO DE LAS FLORES, informa que ha sido sancionada por ambas Cámaras el Proyecto de Ley para la recuperación de la ex Brigada de Investigaciones, centro clandestino que funcionó en la dictadura del 1976-1983 en la ciudad de Las flores
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata
Declaración
No renunciaron a la impunidad.
Expresamos nuestro enérgico repudio a la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal que permite salir en libertad a algunos de los más feroces genocidas de la historia argentina.
La decisión vuelve a colocar a la República Argentinaen situación de incumplir sus deberes con relación a la vigencia de losderechos humanos. Es imposible pensar en una investigación eficaz con losimputados en libertad de entorpecer el proceso conspirando contra su buenamarcha. Estos son los mismos que pergeñaron hace treinta años la clandestinidadde la masacre esperando que jamás se hiciera justicia.
No es casual que este fallo se dicte ahora. Se enmarca en un procesoque hemos denunciado anteriormente, que se inició con la desaparición de JorgeJulio López y que trata de deslegitimar los juicios por terrorismo de estado yde reinstalar la teoría de los dos demonios: la apertura de las causas Viola,Larrabure y Rucci, la liberación sistemática de represores en distintos puntosdel país, la exclusión de querellantes o denegación de sus facultadesprocesales, la insostenible demora de los procesos.
Los jueces Guillermo Yacobucci y Luis García dictaron una sentenciaque pone en peligro el proceso de juzgamiento, no sólo de estos represores sinode muchos otros en todo el país.
Reafirmamos nuestra convicción de que las garantías procesales son unreaseguro para la protección de todos los habitantes de nuestro país contra losatropellos del poder.
Rechazamos enérgicamente que se pervierta su sentido para garantizarla impunidad de los más atroces crímenes que aún constituyen una herida abiertapara nuestra sociedad.
Los magistrados firmantes deberán responder por esta sentencia. ElConsejo de la Magistratura tendrá que evaluar el riesgo que ella conllevapara la afirmación del estado de derecho democrático y la Corte Suprema de Justicia, ensu carácter de cabeza de uno de los poderes del estado, poner fin a esteescándalo.
La Plata, 18 de diciembre de 2008.
MESA DIRECTIVA
Adhesiones a: asamblea@lpsat.com.
Hallazgo en Córdoba
Después de 33 años de búsqueda, ahora podrá recuperar su verdadera identidad. El hijo de una mujer desaparecida en Córdoba, a fines del '75, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, fue hallado por organismos de derechos humanos de esa provincia, que ya establecieron contacto con la familia que lo crió tras haberlo adoptado legalmente. La Justicia cordobesa confirmó la información y precisó que "por pedido expreso de los involucrados se mantendrá en reserva la identidad del joven localizado". Los miembros de los organismos que participaron de la búsqueda informaron que en Córdoba sólo permanecen con vida "dos de los treinta abuelos que buscaban a sus nietos". El joven que entonces era un bebé de escasos meses fue secuestrado junto a su madre –aún desaparecida– durante la intervención provincial que encabezó el brigadier Raúl Lacabanne y que siguió a la sublevación policial de Antonio Navarro, que había derrocado al gobierno de Ricardo Obregón Cano y Atilio López. A partir de ahí se desató en Córdoba una represión ilegal que antecedió a la dictadura y en la que intervenía el parapolicial Comando Libertadores de América, la versión cordobesa de la Triple A.RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

El paísMartes, 23 de Diciembre de 2008
La justificación de uno de los jueces de Casación que votó por la liberación de Astiz
El camarista que duerme "tranquilo"
El camarista Guillermo Yacobucci repitió que los siete años que llevan de prisión preventiva los represores superan el criterio de "razonabilidad" que establece la ley para las detenciones sin condena. Ante la apelación de Pleé, el caso llegará a la Corte.

Alfredo Astiz y Jorge "el Tigre" Acosta, dos de los represores de la ESMA expectantes por su libertad.
El camarista Guillermo Yacobucci, uno de los magistrados que concedió la excarcelación de Alfredo Astiz, Jorge "el Tigre" Acosta y otros represores procesados por delitos de lesa humanidad defendió su voto y responsabilizó, al Poder Judicial por las demoras en las causas penales. Yacobucci repitió, además, el argumento que desarrolló en el fallo. Para el camarista, los siete años que llevaban en prisión preventiva los represores excedían el criterio de "razonabilidad" que establece la ley para la detención sin condena.
El fallo de Casación volvió a colocar en el centro de la escena la dilación en los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura. En medio de la polémica entre el Gobierno, el Congreso y la Justicia sobre la responsabilidad de las demoras, el juez consideró que "hay un retardo de Justicia que es culpa del Poder Judicial". Sin embargo, Yacobucci aclaró que "en lo personal" ni él ni su colega, Luis García, con quien votó las excarcelaciones de los procesados, tiene "responsabilidad" en ese atraso, que se debe a la "crisis del sistema". El tercer integrante de la sala II de la Cámara, Gustavo Mitchell, quien votó en disidencia, había fundamentando su escrito en el carácter aberrante de los delitos que se le atribuyen a los acusados y en la posibilidad de que intenten "eludir la acción de la Justicia, en concreto, el cumplimiento de la pena que podría corresponderles".
Debido al fallo de Casación, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anunció que solicitará al Consejo de la Magistratura que se le inicie juicio político a ambos magistrados, aunque hasta el momento no ingresó en ese cuerpo ninguna denuncia puntual. Al ser consultado sobre la posibilidad de que se dé curso al pedido de Duhalde, el camarista se limitó a contestar: "Cuando llego a la noche a mi casa duermo tranquilo".
De todas maneras, la excarcelación de los represores quedó en suspenso hasta tanto el tribunal resuelva si acepta el recurso de apelación presentado por el fiscal Raúl Pleé y remite el caso a la Corte Suprema para que se expida sobre la cuestión de fondo. Para el fiscal, la resolución de la Sala II "pone en serio riesgo la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos", lo que implicaría "innecesariamente" la posibilidad de que la Argentina sea sancionada internacionalmente. En el texto de la apelación, Pleé se refirió a la "gravedad institucional" del asunto y, entre otros argumentos, afirmó que la liberación de los represores podría frustrar el proceso penal, ya sea por la fuga o por el entorpecimiento deliberado de la causa por parte de los acusados.
Yacobucci aclaró ayer que los crímenes cometidos por Astiz, Acosta y los otros represores le provocan una "repugnancia visceral" y calificó como "una tragedia para la sociedad argentina" los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Sin embargo, diferenció esa impresión personal de la aplicación de la ley, que prevé un plazo de dos años de prisión para un imputado sin condena y estipula luego un año de prórroga. De todas maneras, pueden reconocerse plazos extraordinarios en caso que jueces y fiscales lo consideren necesario.
"La Justicia no marcha a un ritmo deseable", insistió Yacobucci, quien no adelantó la definición que tomará el tribunal sobre la apelación. El magistrado se limitó a decir que las excarcelaciones quedan suspendidas "hasta que nosotros habilitemos el recurso extraordinario y la Corte se expida sobre el fondo".

El paísMartes, 23 de Diciembre de 2008
Miradas sobre la liberación de los represores
Las dos justicias en la vidriera
Por Equipo de Querellantes y Abogados *
Si quieren dar mil pasos para atrás, no los dejaremos caminar.
El fallo del Tribunal de Casación, que concede la excarcelación a Astiz, Acosta y tantos otros genocidas, nos produce total indignación. Pequeño obsequio de fin de año le hace a todo el pueblo argentino una Justicia que empezó a moverse tan tarde y que ahora mueve las piezas desde la crueldad de una decisión insostenible.
Repudiamos de manera absoluta esta decisión, que saca a estos genocidas del único lugar en el que deben estar: la cárcel. Repudiamos las decisiones judiciales que siguen amparando la impunidad. Hablamos desde el reclamo de justicia para nuestros 30 mil Compañeros Detenidos–Desaparecidos. Hablamos desde la bandera que venimos levantando, desde la lucha, desde el compromiso y la pelea que seguiremos dando para que todos y cada uno de los genocidas estén tras las rejas.
Desde hace muchos años exigimos justicia real y efectiva, y en este camino alcanzamos algunos logros. No claudicaremos ante arbitrariedades como ésta, y seguiremos hasta que todos los represores sean juzgados y condenados por todos los crímenes que cometieron.
Como colectivo hemos denunciado a los jueces de la Cámara de Casación, en el mes de marzo del año 2007, ante el Consejo de la Magistratura, por la permanente obstaculización que ejercen en los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Hoy se verifica con toda claridad lo fundamentado de nuestra denuncia.
Esta decisión del Tribunal de Casación pone en riesgo la continuidad de los juicios, y también la integridad y seguridad de los cientos de sobrevivientes, familiares, abogados, que actúan en estas causas. Pone en riesgo a todo el pueblo argentino. Porque está demostrado que la impunidad sólo genera impunidad. La desaparición de Julio López, de la cual hoy se cumplen 27 meses, es una demostración clara de lo que son capaces de hacer los represores para garantizarse la impunidad. Esa impunidad que encuentra en la decisión adoptada por Casación un renovado impulso para neutralizar los pasos que con la lucha hemos venido dando.
Las consecuencias de estas decisiones serán responsabilidad absoluta de quienes detentan la "justicia" en nuestro país.
El Poder Judicial en su conjunto tiene la obligación humana de revertir la oscuridad en la que nos han sumergido hoy. Como responsables de velar por la Justicia, es hora de que oigan lo que el pueblo está diciendo y exigiendo, desde hace más de 30 años.
Con esta decisión se han vejado, una vez más, los derechos humanos. El Poder Judicial es responsable absoluto, no sólo del retroceso, sino de este duro golpe a la Justicia, la Verdad y la Memoria. Un Poder Judicial servil a los intereses de un sector, servil ayer, servil hoy. En repudio absoluto hacia ese poder que enaltece las banderas de la muerte. En repudio y en alerta permanente.
Un Poder Judicial compuesto por hombres que han faltado, una vez más, al pueblo argentino. Es hora de rever a quién se le ponen las investiduras. Aquel que defiende y premia a asesinos no merece estar donde está, impartiendo justicia, cada vez más manchada de sangre. Una Justicia que mete presos a los pibes de los barrios marginales y deja libres a quienes mataron a 30 mil compañeros. ¿Justicia? Sólo para algunos.
* En la Causa ESMA, Primer Cuerpo y Campo de Mayo
Jueces que violan la ley
Por Luciano Hazan y Alan Iud *
La reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de dejar en libertad a represores que actuaron en la ESMA durante la dictadura militar es la evidencia más notoria de que el Estado argentino, a través del deficiente funcionamiento del sistema de Justicia penal, está violando su obligación de juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad en un plazo razonable.
Cinco años después de la reapertura de las causas con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, jueces y fiscales no han logrado llevar a juicio a los responsables de los delitos más aberrantes que se pueden recordar, aun cuando prácticamente todas las pruebas ya se encontraban al alcance de la Justicia desde hace más de dos décadas. Esta situación, más allá de la resistencia que desde la órbita judicial ejercieron un grupo de personajes vinculados política e ideológicamente con la dictadura, responde a una anacrónica organización judicial, que casi todos los países de América ya han dejado de lado.
Si bien es incuestionable que la libertad de las personas durante el proceso debe ser la regla y la prisión preventiva la excepción, parece una burla que el mismo tribunal que impidió que estas causas avanzaran diligentemente hacia un juicio oral y público hoy disponga la libertad de los represores.
La Cámara de Casación, así como distintas cámaras federales, han incumplido abiertamente la ley 26.374, que establece que las apelaciones y demás recursos deben tramitar oralmente y ser resueltos en un plazo máximo de 30 días. Por la vía de acordadas y resoluciones internas, los magistrados de estos tribunales decidieron desobedecer una ley dictada hace apenas siete meses por el Congreso de la Nación para enfrentar estas demoras, con el argumento de que resultaba imposible de implementar.
La realidad de la Cámara del Crimen desmiente categóricamente esa afirmación. Sin grandes recursos económicos, pero con la decisión de cumplir el mandato legal, esa Cámara –donde no tramitan causas relacionadas con los crímenes de la dictadura, pero con un volumen de trabajo abrumadoramente superior al de la Justicia federal, pues allí se juzgan los delitos comunes que ocurren en la Capital– es la única que realiza sistemáticamente las audiencias y adopta sus decisiones dentro del plazo legal.
El plazo razonable de la prisión preventiva va necesariamente atado al de los procesos y ninguna otra medida fue dispuesta por estos tribunales para garantizar su celeridad. Corresponde al Consejo de la Magistratura de la Nación analizar si el accionar dilatorio de estos magistrados, en flagrante violación de la ley, configura una causal de mal desempeño que amerite evaluar su remoción.
* Equipo Jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo.
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"Hay complicidades judiciales y políticas con el terrorismo de Estado"
La Asociación de Derechos Humanos "Lucrecia Barquet" destacó que si bien "el alevoso intento de los tres miembros" de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal de dejar en libertad a Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta, junto a otros 18 represores, "finalmente quedó en suspenso" sí quedó en evidencia que "a 25 años de la restauración democrática el Poder Judicial alberga aún a personajes con concepciones ideológicas propias de los años de plomo y de genocidio".
Juan Carlos Romero



"En la mayoría de las provincias las complicidades judiciales y políticas con los responsables del terrorismo de estado son harto elocuentes. Salta no es la excepción", aseguró la organización.
En un comunicado la Asociación de Derechos Humanos consideró que "peor todavía" que la permanencia en el Poder Judicial de personas con ideologías propias del estado represor "es que desde el poder republicano no se hayan extirpado los remanentes de la vil impunidad, con lo que el mismísimo estado de derecho se asegura vivir en un permanente estado de acechanzas", advirtió. Consideró que en este contexto la morosidad en la activación de los juicios por la verdad "pareciera una derivación cuasi-natural de ese lacerante estado de cosas y que llena de espinas la memoria de los 30 mil desaparecidos".

La organización también puso de relieve su preocupación porque "mientras emblemáticos asesinos como Bussi, Menéndez, Videla fueron condenados, otros cientos y cientos de aberrantes torturadores genocidas son tratados como criaturas recién nacidas". En este contexto se refirió a las complicidades judiciales y políticas con los responsables del terrorismo de estado. En el mismo sentido, la organización repudió "la posición de los senadores nacionales Juan Carlos Romero y Sonia Escudero de convalidar semejante aberración".
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

Entre los 44 casos denunciados que comprenden la megacausa por los delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas ocurridos antes del 24 de marzo de 1976, figura el de Rubén Aníbal Jantzon, un empleado de la oficina de Estadísticas y Censos que fue detenido en lugar de trabajo en enero de 1975 y llevado por la fuerza al Departamento de Informaciones Policiales (DIP) de Santiago del Estero.
Según el expediente judicial, allí Jantzon fue torturado por Ramiro López, Tomás Garbi y Antonio Musa Azar. El joven era dirigente socialista del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en ese rol firmaba solicitadas en los diarios reclamando por reivindicaciones de los estudiantes y de los trabajadores forestales. "De los interrogatorios que le realizaban, se desprende que lo consideraban un opositor al gobierno de Carlos Juárez y suponían que estaba relacionado a organizaciones ilegales", se lee en el fallo.
Según su testimonio, durante los interrogatorios a los que fue sometido incluían golpes, inmersiones en aguas conocidas como "bañadera", ahogos con bolsas plásticas, golpes en la planta de los pies y en las orejas llamadas "el teléfono", descargas eléctricas en el cuerpo (picanas) y golpes de todo tipo.
Después fue trasladado a la Escuela de Policía, donde continuaron los tormentos y maltratos durante 15 días. Luego, su detención fue "blanqueada" y fue trasladado al penal de varones donde permaneció hasta noviembre de 1976. Allí protagonizó la protesta del 17 de julio de 1975 en contra del traslado de presos a la DIP, donde eran brutalmente torturados.
En este caso, después de evaluar los testimonios y las pruebas existentes, se declaró la falta de mérito por el delito de privación ilegítima de la libertad para Garbi, López Veloso y Musa Azar, y se confirmó el procesamiento por el delito de torturas solo para los dos primeros.
Otro de los casos que figura en el expediente es el de las privaciones ilegales de la libertad y torturas cometidas contra Gustavo Urtubey y Margarita del Valle Urtubey. El 6 de febrero de 1976, Gustavo Urtubey, piloto de la gobernación de Santiago del Estero, fue detenido luego de regresar de Tucumán, donde había sido enviado para colaborar en la lucha antisubversiva en la localidad de Simoca, bajo las órdenes del represor Antonio Domingo Bussi, al frente en ese entonces del Comando del Ejército. Y en la noche que regresó a su domicilio, cuatro personas armadas y vestidas de civil, lo secuestraron e introdujeron en el baúl del auto con rumbo nuevamente a Tucumán. Según su testimonio, fue alojado en cautiverio en la Escuelita de Famaillá, que funcionó en ese entonces como un centro clandestino de detención. Después de 20 días, lo liberaron en las proximidades del dique El Cadillal, atado a un alambre perimetral de una torre de Gas del Estado. En tanto, el 7 de febrero de ese año, personal de la DIP detiene a su hija Margarita, de 16 años. Allí fue víctima de golpes y torturas.
También figura el caso de Ramón Aguilar, un joven que prestaba el servicio militar y que estuvo más de 30 días incomunicado en la DIP, sin que existan pruebas de una privación legítima de su libertad. Este caso, se declaró la falta de mérito para los imputados, con excepción de Musa Azar, a quien se le atribuye la responsabilidad como autor mediato por el dominio del hecho en la privación ilegítima de la libertad. En el caso de Cayetano Fiorini, uno de los militares involucrados, se concluyó que a la fecha del hecho no se encontraba en la provincia vecina, sino que estaba en Tucumán asignado al Operativo Independencia.
En el escrito, los jueces recalcaron la diferencia crucial que existe entre los delitos comunes y los delitos de lesa humanidad. "Si bien en ambos casos, implican la lesión de derechos fundamentales de los seres humanos, mientras que los primeros lesionan sólo los derechos básicos de la víctima, los segundos, en cambio, implican una lesión a toda la humanidad en su conjunto", puntualizaron.
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN SANTIAGO
Disponen la libertad de un ex militar y dos ex policías del gobierno de Juárez


Los jueces federales tucumanos Casas y Jiménez Montilla (derecha) firmaron el fallo en Santiago del Estero.

En un extenso fallo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero dispuso la libertad de Cayetano José Fiorini (ex 2º Jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero), y de los ex oficiales de Inteligencia, Jorge Alberto D'Amico y Leopoldo Sánchez, aunque se aclaró que el juez actuante deberá evaluar si corresponde hacer efectiva la libertad. También resolvió las situaciones procesales de una docena de policías y militares que están involucrados en los delitos de privaciones ilegítimas de la libertad y torturas ocurridos antes del 24 de marzo de 1976, durante el gobierno constitucional de Carlos Juárez. En el análisis de 44 casos, Antonio Musa Azar, la mano derecha de la inteligencia juarista, fue favorecido con la falta de mérito y la nulidad parcial de procesamiento en algunas de las causas.
Mientras sigue el revuelo a nivel nacional por el suspendido fallo que dispuso la libertad de los represores Jorge "Tigre" Acosta y Alfredo Astiz, en un extenso fallo firmado la semana pasada, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero dispuso la libertad de un ex militar y dos ex policías que estaban involucrados en delitos de lesa humanidad cometidos antes del 24 de marzo de 1976, durante la gestión del caudillo justicialista Carlos Juárez. El nonagenario también figura en el expediente pero no se avanzó en su situación procesal debido a su estado de salud.
Se trata de Cayetano José Fiorini, quien se desempeñó como 2º Jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero, y de los oficiales de Inteligencia Jorge Alberto D'Amico y Leopoldo Sánchez. "(la libertad) Deberá hacerse efectiva por el juez federal si en su caso correspondiere, conforme las circunstancias procesales en los distintos casos que se instruyen por delitos conexos", aclararon los jueces de Cámara subrogantes Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, y el conjuez Luis Lugones. Los dos primeros son integrantes a su vez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán y actuaron en calidad de camaristas en la Justicia federal santiagueña en el marco del viejo régimen federal.
La medida fue tomada en respuesta a los recursos de apelación presentados por las defensas y el Ministerio Público Fiscal en contra de la resolución de procesamiento que dictó el juez de la causa el 11 de junio de este año en el marco de la megacausa en la que están agrupadas las víctimas de delitos de detenciones ilegales, allanamientos, secuestros y torturas anteriores al último golpe militar. El Tribunal analizó 44 casos en los que se declaró la falta de mérito para algunos de los imputados y se confirmó el procesamiento para otros, según la víctima y el tipo de delito bajo estudio. La falta de mérito significa que no se encontraron elementos suficientes para confirmar el procesamiento.
La lista de los imputados es liderada por el siniestro personaje y mano derecha de la inteligencia juarista, Antonio Musa Azar, quien estuvo al frente Departamento de Informaciones de la Policía (DIP) que fue creada en 1974 por Juárez y funcionaba como una SIDE provincial. Por allí pasaron muchos de los desaparecidos y los más de 30 detenidos por razones políticas. En varios casos, Musa Azar fue beneficiado por la falta de mérito y la nulidad parcial de procesamiento en otras.
En la causa también están imputados Miguel Garbi (Comisario segundo Jefe del DIP), Juan Felipe Bustamante (oficial subayudante de la DIP); Dido Usauro Andrada (oficial Instructor sumariante); Roberto Díaz (agente del DIP); José Brao ( oficial auxiliar del DIP); Francisco Laitán (oficial subayudante del DIP) y; Ramiro del Valle López Veloso (oficial auxiliar de la DIP). En el fallo se analizó la situación de cada uno de ellos en cada uno de los 44 casos denunciados.
En la resolución, que consta de 264 páginas y fue firmada el 17 de diciembre pasado, los jueces advirtieron que se encontró una omisión idéntica a la detectada en otra megacausa (vinculada a las desapariciones forzadas de personas anteriores al 24 de marzo de 1976). "...surge evidente que en las audiencias de declaración indagatoria no hubo una clara descripción de los hechos imputados, pues se advierte una falta de comunicación íntegra, clara, precisa y circunstanciada del hecho concreto que se atribuye a los imputados..." , expresa la resolución respectiva firmada el 24 de abril de este año. En ese sentido, se concluyó que no se cumplió con un requisito necesario para ejercer una adecuada defensa en juicio , que es el conocimiento acabado de la imputación.
Por este motivo, se resolvió la nulidad parcial del procesamiento de José Brao, Juan Bustamante, Carlos Capella, D'Amico, Díaz Fiorini, Garbi, Francisco Laitán, López Veloso, Rolando Salvatierra y Leopoldo Sánchez, en cuanto al delito de asociación ilícita. Los jueces aclararon que la medida se hizo extensiva a Musa Azar, Hugo Badessich y Eduardo Baudano, quienes si bien no apelaron la medida del juez, también se advierten en sus casos similares omisiones y defectos en el proceso. También se dispuso igual medida por los delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas contra Musa Azar, entre otros imputados, para algunos casos.
En tanto, en el fallo, no se hicieron lugar a los planteos presentados por las defensas referidos a la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; a la prescripción de la acción penal, y a la irretroactividad de la ley penal.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

Córdoba 23 de diciembre de 2008
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA FEDERAL DE CORDOBA
A LA SRA. JUEZA DEL JUZGADO FEDERAL Nº TRES DE CORDOBA:
Los organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, organizaciones de la sociedad civil que abajo firman, así como la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, se dirigen a Uds. por la presente a los fines de hacerles conocer el reclamo unánime y consensuado relativo a los siguientes puntos:
- Repudiar enérgicamente las excarcelaciones y liberaciones de criminales de lesa humanidad, que llevaron adelante el plan genocida en Córdoba.-
- Exigir a todos los estamentos judiciales de esta Provincia, para que se proceda a la elevación inmediata de los diversos procesos, en forma unificada, a los fines de que a más tardar en el año 2009 se lleven a cabo los juicios orales y públicos que establezcan los hechos y responsabilidades, que eviten pedidos anticipados de libertad de quienes han masacrado al pueblo argentino durante la ejecución del terrorismo de Estado. A más de cinco años de la anulación de las leyes de impunidad, ha pasado el tiempo más que suficiente para instruir acabadamente las causas contra los perpetradores de los delitos más aberrantes de nuestra historia. Ya no puede haber más dilaciones, cada genocida suelto es una afrenta y una amenaza para todos los argentinos.
Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba
Familiares de Desaparecidos y detenidos por Razones Políticas de Córdoba
H.I.J.O.S
Asociación de Ex. Presos Políticos de Córdoba
Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba
Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba
Comisión Directiva Gremio de Judiciales (A.G.E.P.J.)
Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba
Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU)
Secretaría de DD HH del SUOEM (Municipales).
(Siguen las firmas)
Nota: se pueden enviar firmas de nuevas entidades o agregarlas mañana martes 23 a las 10 y 30 horas en Tribunales Federales.

El paísLunes, 22 de Diciembre de 2008
Opinión
Cuestiones pendientes
Por Carlos Slepoy *
¿Hasta cuándo hemos de soportar la náusea? ¿Qué es lo que viene sucediendo para que en el país, que se ufanaba de haber terminado con la impunidad, a los genocidas procesados se les declaren libertades provisionales o se les instale en confortables viviendas o "prisiones" militares y a los condenados a reclusión perpetua se les haga cumplir tamaña condena en lujosos countries? ¿Cómo es posible que en el país del que se dice que está en deuda con los derechos económicos y sociales, pero en la mayor excelencia respecto de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidos por la dictadura genocida, los juicios se dilaten hasta lo indecible y las causas que se instruyen respecto de un mismo circuito represivo se parcelen en decenas de casos individuales, como si a la unidad represiva no debiera corresponderle la unidad jurisdiccional en la instrucción y juzgamiento de los crímenes? ¿Cuál es el dislate que provoca que un mismo represor esté encartado en múltiples causas en lugar de una sola que atraiga por conexidad todos sus delitos? ¿Hasta cuándo se seguirá utilizando por los tribunales de nuestro país la calificación genérica de crímenes contra la humanidad en lugar de la específica de genocidio cuando ese crimen, y no otro, se cometió contra el pueblo argentino, como ya lo ha declarado el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata en las sentencias en que impuso reclusión perpetua en cárcel común y efectiva a Etchecolatz y Von Wernich? ¿Cuándo serán imputados y juzgados los responsables civiles y económicos del genocidio? ¿En qué momento terminarán las reacciones espasmódicas ante hechos que por su gravedad inusitada conmueven a la opinión pública? ¿Por qué no se han designado jueces con plena y exclusiva dedicación para investigar y sentenciar el crimen de crímenes y no se nombran jueces dispuestos a hacerlo en lugar de los que son cómplices o indiferentes ante el exterminio? ¿Cuándo se abrirán los archivos oficiales y los de los centros de exterminio para que las pruebas dejen de recaer exclusivamente en el tesón y el esfuerzo de las víctimas? ¿Qué es lo que impide que el Poder Ejecutivo proponga al Congreso una ley para poner remedio a este caos como lo hizo en ocasión de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, cuando la impunidad se derrumbaba como producto de la presión interna e internacional o que en su defecto sean diputados comprometidos en la lucha contra la impunidad quienes la propongan o que, mientras se tramita, la Corte Suprema adopte medidas urgentes y específicas para adaptar la estructura del Poder Judicial al tratamiento de estos procesos?
En estos días estamos asistiendo a un espectáculo que sólo sería lamentable si no fuera trágico: el Gobierno responsabiliza a los jueces y la Corte Suprema al Parlamento de culpas que son compartidas. Ni uno ni otra ni el otro han hecho nada eficaz para evitar el desastre que muchos desde hace mucho tiempo vienen anunciando (yo mismo he escrito distintos artículos en Página/12 denunciando estas aberraciones y aportando posibles soluciones). El paso del tiempo conspira contra la realización de la justicia, pero aún se está a tiempo si es que se quiere realmente acortarlo y evitar que termine en monumental fraude lo que prometía ser un acontecimiento histórico.
En el plano internacional se crearon tribunales especiales y con posterioridad a la comisión de los hechos para castigar crímenes excepcionales como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. Sería deseable que la Argentina fuera el primer país en hacer lo mismo, abriendo un camino que produciría la admiración y el apoyo universal y a buen seguro se convertiría en una referencia para otros países. Pero ni siquiera ello es necesario si es que no se quiere asumir este ejemplo que consiente nuestra Constitución y viene avalada por el derecho internacional. Basta organizar la administración de justicia en correspondencia con la masividad de los crímenes cometidos. Y de ello son responsables los tres poderes del Estado.
El crimen y la impunidad se le suponen a una dictadura genocida. Juzgar al genocidio como tal es lo que se le presume a una democracia restauradora del imperio de la ley y la vigencia y promoción de los derechos humanos.
La impunidad es un crimen. Mayor aún que los crímenes que ampara cuando es adoptada o consentida por instituciones democráticas, precisamente porque lo hacen en nombre de la democracia. Carecen de sentido si no restauran la justicia. Prevarican. No basta con que las leyes infames hayan sido anuladas. Es preciso terminar con todas las formas de impunidad. Desde las groseras hasta las sutiles. Desde las legales hasta las de hecho.
El formidable movimiento de derechos humanos y organizaciones sociales que doblegó la impunidad se ha hecho acreedor a mucho más que esto.
* Abogado, especialista en derechos humanos.
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JUSTICIA YA!


LIBERTADES IMPÚDICAS. CAMINOS DE LA IMPUNIDAD
Ayer se anunció la "suspensión" del fallo de la Cámara de Casación Penal ordenando la libertad de 17 represores de la ESMA. Esta medida no necesitaba, en realidad, ningún anuncio ya que así lo establece el código penal cuando el fiscal apela este tipo de resolución: la Cámara no tiene otro camino que suspender la ejecución hasta tanto resuelva la apelación.
Sin embargo es importante resaltar que si hubo anuncio formal de una cuestión de rutina fue porque los jueces recibieron el impacto de la fantástica reacción de repudio de la mayoría del pueblo. Tan importante como eso es señalar que esta suspensión no resuelve el problema de fondo. Solo lo posterga.
Y esto nos lleva al nudo de la cuestión: ¿Por qué es posible que esto ocurra? ¿Acaso es la primera vez? La respuesta es NO. Hay otros represores excarcelados por los mismos motivos. De hecho, hay dos genocidas -Hipólito Mariani y César Comes- condenados a 25 años de prisión que gozan de este beneficio. Condenados y en total libertad hasta que la misma Cámara de Casación confirme la condena, lo que ocurrirá… ¿cuándo?
¿Por qué, entonces, esta vez provocó semejante reacción en el pueblo y en el Gobierno? Es fácil ver que la impudicia de asesinos como Astiz o Acosta libres, genere sensaciones muy fuertes de perplejidad e indignación. Lo que no aceptamos es que los más encumbrados funcionarios del Gobierno, incluyendo a la misma Presidenta de la Nación, se muestren tan sorprendidos y enojados, se brinden conferencias de prensa y se redacten a toda velocidad recursos extraordinarios y pedidos de juicio político. Todos los que recorremos a diario los laberintos judiciales sabemos que ésta era la conclusión previsible de una política que se viene desarrollando sin pausa desde que se reabrieron las causas.Con la connivencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal se desmembraron las causas, se demoraron por años las acusaciones fiscales, cuando se hicieron fueron incompletas e inconexas, los jueces procesaron a pocos, tarde y mal, y elevaron a juicio oral expedientes minúsculos contra un número irrisorio de represores y por un puñado de víctimas. Como resultado sólo han sido condenados unos pocos genocidas, algunos esperan la confirmación del fallo en sus hermosas mansiones dentro de bucólicos countrys y otros, en libertad.
La cadena de responsabilidades por haber llegado a esta situación es larga. Cinco años después de reabierta la causa ESMA, el fiscal Taiano todavía no ha tenido tiempo de enterarse que le falta acusar a estos represores por 170 compañeros más que estuvieron secuestrados en la ESMA, para lo que tiene pruebas más que suficientes desde hace mucho tiempo. Pero por aquellas víctimas por las que el fiscal sí acusó, más de 600, el Juez Torres solo procesó a los genocidas por un número mínimo de delitos y se negó sistemáticamente a los pedidos de Justicia YA! de que amplíe esos procesamientos. Ayer le volvimos a exigir que los cite inmediatamente a ampliación de indagatoria y los procese por esos nuevos hechos, evitando así que queden en libertad aún después de vencida la "suspensión" de la Cámara. Pero además, el juez Torres, ha desmembrado la causa en más de 10 expedientes que fueron elevados a juicio oral por separado. Todos ellos llegaron a manos del ya famoso Tribunal Oral Federal Nº 5. El que negó a las Madres ingresar a la sala con sus pañuelos, el que prohibió la publicidad de los debates, el que –al igual que Torres- se negó a nuestro pedido de que se cambie el lugar de detención del genocida Febres que terminó asesinado con cianuro, ese TOF 5 que está proscribiendo sistemáticamente a la querella de Justicia YA!, el mismo que estira los tiempos de los juicios al máximo imaginable. Y como último escalón de la impunidad judicial, la Cámara de Casación que una vez más, falla a favor de los genocidas.
Finalmente, el Gobierno. Porque más allá de los discursos y de los enojos, no ha tomado una sola medida para impedir que se llegue a esta situación. Por el contrario, deja hacer a sus representantes al punto tal que en el Consejo de la Magistratura los mismos diputados oficialistas que hoy claman por juicio político, rechazaron el mismo pedido que promovió Justicia YA! contra los jueces responsables de esto que hoy se critica.
CONVOCAMOS

a concentrarnos el MARTES 23 a las 11 horas en Comodoro Py para exigir que los genocidas sigan presos y participar de la actividad en la que se reclamará que los 10 estudiantes de la UBA procesados por luchar sean desprocesados inmediatamente.

CARCEL COMUN Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA PARA TODOS LOS COMPAÑEROS
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2008

Justicia Ya!

Abogados Laboralistas de Izquierda; Asociación Anahí;Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada ; Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Prov. de Bs. As.; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega ; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica , la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina; Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista; Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Familiares de Desaparecidos, La Plata ; Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); HIJOS La Plata ; HIJOS Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo, La Plata ; Unión por los Derechos Humanos, La Plata ; Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.
Integrantes de JUSTICIA YA!
Contactos: AEDD: 15 4430 3569LADH: 15 5250 5043--

H.G.O.+Eternauta verano en Mar del Plata
:


“El héroe verdadero de El Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, sin intención previa, mi sentir íntimo: el único héroe valido es el héroe “en grupo”, nunca el héroe individual, el héroe solo”. H.G.O.


La muestra sobre Héctor German Oesterheld, que estuvo en la nevada de Julio del 2007 en la biblioteca Nacional, después fue recorriendo distintas ciudades del país como: Azul Pcia. De Bs.As. (Teatro Español), Resistencia Chaco (museo de medios), Rio Cuarto Córdoba (museo de Bellas Artes), Capital de Córdoba (complejo Buen Pastor), Chajari Entre Rios. (6ta Feria del Libro).
Dentro de la exposición hay material hemerografico,fotografico y distintas obras de arte realizadas por los siguientes artistas: Gabriel Altamirano, coco Bedoya,Miguel Ángel Foncueva,Maria Giuffra,Carlos Gorriarena,Carlos Giusti, Grupo Abriendo Caminos.(grupo periodístico de Claypole Pcia de Bs.As.),Francisco Solano López, Sandra Marzochini,Carlos Nine, Nora Patrich,Alfredo Prior, Hermenegildo Sabat,Marcia Schwartz, Rafael Sorroche, Sebastián Robert.

Estará desde el 16 de junio hasta el 15 de febrero del año 2009
En el “Auditórium” Centro Provincial de Las Artes.
Bv. Marítimo 2280 Mar del Plata.
Con: “Entrada libre y Gratuita”
Informes mail: mfoncueva@yahoo.com.ar
Agradecemos su difusion
“la historieta si se la hace bien, puede ser mas que simple entretenimiento, puede ser la herramienta educativa del futuro” H.G.O.

JUSTICIA BRASILEÑA ESTUDIA PETICIÓN DE EXTRADICIÓN
PRESENTADA POR ARGENTINAConceden prisión domiciliaria a Cordero en Brasil
El Supremo Tribunal Federal de Brasil concedió la
prisión domiciliaria al mayor retirado Manuel Cordero,
acusado de participar en el "Plan Cóndor", como se
conoce a la coordinación de los actos de represión de
las dictaduras sudamericanas en la década del 70.
Cordero podrá permanecer en su casa luego de ser
sometido a una delicada cirugía cardiovascular. Este
beneficio le fue concedido por decisión unánime de los
magistrados del Tribunal. Según el magistrado Marco
Aurelio Mello, por la edad avanzada del militar
retirado (70 años), es "razonable" que se recupere de
la intervención quirúrgica en su casa.
El máximo órgano judicial brasileño determinó, sin
embargo, que Cordero entregue su pasaporte a la
Policía Federal brasileña y se comprometa a permanecer
en Brasil hasta el final del procedimiento sobre la
extradición. Cordero, acusado de violaciones de
derechos humanos en Uruguay y en Argentina, está preso
en Brasil desde febrero de 2007, cuando las
autoridades uruguayas comunicaron a las brasileñas que
se hallaba escondido en Santana do Livramento, ciudad
brasileña separada de la uruguaya de Rivera por apenas
una calle.
El coronel (R) está radicado en Brasil desde 2004 y
casado con una brasileña desde hace 32 años y sobre él
recae la desaparición de 10 personas y el secuestro de
un bebé, que más tarde se conociera como Aníbal
Armando Parodi, durante el Plan Cóndor, así como de 32
casos de torturas contra detenidos en 1976 en un
centro clandestino en Argentina.
En tanto, el juez uruguayo Luis Charles pretende
juzgarlo por su responsabilidad en las desapariciones
de Adalberto Soba, Gerardo Gatti y Alberto Mechoso,
ocurridas en Buenos Aires. Tanto la nación vecina como
Uruguay solicitaron la extradición de Cordero, pero la
máxima corte brasileña rechazó la petición uruguaya
porque los crímenes eran los mismos y ocurrieron en
territorio argentino.
La mayoría de los magistrados que integran el órgano
judicial brasileño se oponen a la extradición por
considerar que los crímenes de los que se acusa a
Cordero ya prescribieron. Sábado 20 de Diciembre de 2008
Frente al silencio de los genocidas y la impunidad que garantiza la Justicia, ESCRACHE!!!<

JUSTICIA?
VERGÜENZA!
18 de diciembre del 2008.


En la mañana de hoy decidimos convocarnos, una vez más, en las puertas del Tribunal Oral Federal, frente al juicio que se está llevando a cabo contra, sólo 8, de los tantos genocidas que están sueltos en la región. Como más que un juicio parece una representación tragicómica, en la que se garantiza la impunidad a quienes secuestraron y torturaron a nuestras/os compañeras/os, es que hicimos carne nuestro lema.
Llegamos a las siete de la mañana y nos encontramos con unos 30 soldados de Gendarmería pertrechados con bastones, gases, escudos y cascos. A la vuelta estaba esperando un camión de la Maldita Policía Neuquina con efectivos adentro. No tardó en aparecer la Prefectura Naval.
A pesar de la lluvia y el frío que nos sorprendió, nos quedamos en la calle golpeando nuestras palmas y calentándonos con nuestras canciones, denunciando la complicidad del Tribunal, el fiscal (LA PANDO NEUQUINO) y la impunidad que gozan los genocidas.
Pasadas las 7:30am, entraron en contramano tres camionetas: dos del Servicio Penitenciario Federal (los hombres simpáticos que en las audiencias nos miran amenazantemente, mientras ponen sus manos en las 9mm que llevan) y una del G.E.I. (Grupo Especial de Intervención del SPF).
Cuando se dispusieron a bajar de las camionetas (atención, que no viajan en celdas, sino en sillones de cuero) a los 8 genocidas, contamos màs de 70 soldados de distintas fuerzas: Gendarmería, Prefectura, SPF y siete encapuchados del G.E.I. que estaban con escopetas itakas.
Mientras entregábamos volantes en los que se decía por qué no hay nada que festejar con este juicio, los y las H.I.J.O.S. Alto Valle decidimos escrachar a los represores de ayer y de hoy sumando bombitas de pintura a nuestros cantos. Porque no conciliamos, porque no olvidamos y porque sí exigimos Justicia por los 30.000 es que denunciamos que este juicio es una farsa, que los genocidas siguen manteniendo su pacto de silencio, mientras que los militantes somos investigados por la SIDE de gobiernos "democráticos".
Exigimos una vez más que los Tribunales cumplan con su responsabilidad histórica y condenen POR GENOCIDIO, A PRISIÓN PERPETUA y EFECTIVA en CÁRCEL COMÚN a los militares y civiles que perpretaron el genocidio.
A la vez nos solidarizamos con la abogada Ivana del Bianco, quien por informar a los ciudadanos que la SIDE había investigado, hasta 1997 por lo menos, a los ex-secuestrados y detenidos en la Escuelita y a los organismos de DDHH, fue acusada de violar un secreto de Estado y el Fiscal en vez de pedir cárcel común y perpetua para los genocidas, la investiga. Este gobierno nacional de los Kirchner, que se pinta de defensor de los DDHH, muestra una vez más su verdadera cara al pretender que sea secreto el accionar de los genocidas que siguen operando desde las sombras.
A la tarde el tribunal nos sentenció a todos nosotros, CONSUMÓ LA IMPUNIDAD. CADENA PERPETUA? NO! EN EL MARCO DE UN GENOCIDIO? NO! POR GENOCIDIO? MENOS! PENAS QUE VAN DESDE LOS 25 AÑOS A 7 AÑOS! JUSTICIA? VERGUENZA!

PORQUE CUANDO NO HAY JUSTICA
HAY ESCRACHE
¡APARICIÓN CON VIDA DEL COMPAÑERO JORGE JULIO LÓPEZ!

¡DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO!

¡CÁRCEL COMÚN Y PERPETUA PARA TODOS LOS GENOCIDAS!


H.I.J.O.S. Alto Valle
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

hijosaltovalle@infovia.com.ar

www.hijosaltovalle.com


-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

Eduardo Smaha
Inspector C.C.
Legajo Nº 599-A
Fecha de Nac: 26-12-48
D.N.I. 6.900.976
Registra varios domicilios.
Se retiró de la Policía de Mendoza el 1 de enero de 1996 como Comisario Mayor.
Oficial Inspector de la Policía de Mendoza.

Durante la dictadura militar en Mendoza (Zona 3, subzona 33.1), Smaha que era un joven oficial de la Policía Provincial, se desempeñaba en Inteligencia. Tenía la tarea de enlace entre el D2 y el Comando Militar de la Sub zona. Integraba el COT (Comando de Operaciones Táctico) y trabajaba con el Departamento 162 de Inteligencia.
En el año 1986 la Cámara Federal de Mendoza, que había asumido la instrucción de las causas por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la dictadura, citó a Smaha a prestar declaración indagatoria imputado prima facie de los delitos investigados en las siguientes causas por Desaparición Forzada u Homicidios:
49.196-V-735 "Vargas Álvarez, Jorge sobre desaparición"
47.585-F-9730/2 José Antonio Rossi Fiscal sobre averiguación de delito
49.129-R-2028 "Alicia Cora Raboy"
47.585-.F-9730/4 "Olga Inés Roncelli"
49.173-T-581 "Rosario Aníbal Torres"
49.179-M-2568 "Moyano Salvador"
49.184-R-2030 "Osvaldo Sabino Rosales"
Y en las siguientes causas por Privación Ilegítima de la Libertad y Tormentos:
49.177-S-1855 "Víctor Manuel Sabatini".
49.198-Z-267 "Nicolás Zárate" y sus acumuladas 49.151-A-1585 "Aquaviva Raúl Eduardo". 49.150-H-276 "Hervida, Alberto Daniel". 49.130-R-2029 "Rodríguez Peralta, Miguel Angel", 49.146-N-461 "Neirotti, Nerio". 49.126-P-2.269 "París, Eugenio Ernesto"
En la misma época el lugar que Smaha ocupaba en la represión fue reconocido por su propio jefe, por el propio jefe del D2, Comisario Pedro Sánchez Camargo en su declaración indagatoria, hoy agregada como prueba en la mayoría de las causas reimpulsadas.
Según las declaraciones judiciales de los suboficiales que componían el personal permanente del D2: Mario Torres, Norma Torres, Rubén González, Timoteo Rosales, José Rocato, Miguel Salinas, Hugo Puebla, Regino Ríos, Rubén Blanco, Mario Gómez, María Bologovich, el Cabo Juan Carlos Quiñones, el cabo Moroy Suárez y el cabo Ricardo Vázquez; (en la causa por el asesinato de Miguel Ángel Gil) Eduardo Smaha participaba en los interrogatorios de las personas secuestradas en el D2.
El testigo Arturo Elías Rodríguez lo denunció como la persona que dirigía a la patota que ingresó a su domicilio por error, para realizar un operativo de secuestro.
Por fotografías fue reconocido por numerosos testigos.
El Juzgado Federal Nº1 de Mendoza que entiende en las causas, reinstruyó las mismas a partir de la nulificación de las Leyes de Impunidad y es por eso, que Smaha no fue detenido y/o citado a prestar declaración indagatoria de inmediato, de acuerdo al estado en que habían sido clausuradas aquella causas.
En las nuevas, se encuentra imputado en las siguientes:
086-F Miguel ángel Gil (Tormentos seguidos de muerte);
027-F Francisco Urondo (Homicidio) y Alicia Cora Raboy (su desaparición);
024-F Aníbal Torres y Domingo Britos (desaparecidos).
Sánchez Camargo agrega que Smaha y Fernández participaron de la comisión que viajó a San Luis, que habría traído a los ex policías Torres y Britos, vistos en el D-2, hoy desaparecidos.
El desempeño de Smaha en el D2 fue entre 1974 y 1981.
En 1975 aprobó el curso de Inteligencia para Personal Superior de las policías Provinciales, que se realizó en la Escuela Nacional de Inteligencia.
En 1975 realizó el 5º curso de Inteligencia para personal Superior de Policías Provinciales, organizado por la Escuela Nacional de Inteligencia, dependiente de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE).
En 1976 fue felicitado por el Jefe de Policía por haber detectado, desbaratado y aprehendido a una célula de delincuentes subversivos. Esta actividad dio origen a la causa Fs. c/Rabanal, Daniel y otros en Av. Infracc. Ley 20.840: 35.1613-B-76; fue un numeroso grupo de detenidos en el D2, militantes de Montoneros entre los cuales hay varios desaparecidos y murió por torturas Miguel Ángel Gil.
Las recomendaciones en su legajo personal dicen "se ha capacitado para esa delicada actividad a la cual no se puede integrar gente sin experiencia en la especialidad"; y se destaca "su perfecta adaptación a la tarea investigativa en la que muestra perspicacia y sagacidad, a más de desempeñarse a la perfección en la faz sumarial donde demuestra su conocimiento y experiencia".



Ante las medidas tomadas por la Cámara Nacional de Casación Penal, disponiendo la liberación de mas de veinte represores actualmente detenidos por delitos de lessa humanidad en nuestro país entre los que están imputados en la denominada causa Brussa, que se sustancia en la ciudad de Santa Fe, los organismos de Derechos Humanos, sindicatos, agrupaciones, testigos y querellantes, expresan su disconformidad con la medida adoptada ya que la demora en llevar a cabo el juicio oral que todos estamos esperando es responsabilidad del mismo tribunal que saca el fallo.

Esta es la culminación de una maniobra de los viejos jueces del Proceso para favorecer la impunidad del genocidio, y no casualmente se dicta cuando todos celebramos los 25 años de democracia en el país.

Las demoras en cumplir en tiempo y forma los procedimientos judiciales logran que no se inicien los juicios orales, algunos represores hayan muerto sin ser condenados, no permiten avanzar en la investigación mas alla de los que estan presos ahora y ponen en riesgo los testigos.

El retorno de estos represores a nuestras calles es una amenaza a la seguridad pública. Es una burla a la democracia, la debilita y ataca a toda la sociedad.

Los que se callen serán cómplices del regreso a la impunidad. Requerimos a todas las organizaciones políticas, gremiales, sociales, académicas y religiosas su pronunciamiento y movilización para repudiar este atropello y revertir el acto de injusticia.

No renunciamos ni renunciaremos a la defensa de la JUSTICIA, VERDAD y MEMORIA. Seguiremos pidiendo JUICIO Y CASTIGO a los culpables
Aparición con vida de JORGE JULIO LOPEZ.

Madres de Plaza de Mayo
H.I.J.O.S. Regional Santa Fe
José Scullman, Patricia Traba, Anatilde Bugna, Stella Vallejos, Daniel García – Querellantes
Ana María Cámara, Orlando Barquín, Froilán Aguirre, Silvia Abdolatiff - Testigos
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas-Reg Santa Fe
MEDH (Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos)
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Asoc Ex-Presos Políricos de Santa Fe
Asoc civil El Periscopio
AMSAFE
ATE
Asociación Bancaria Secc Santa Fe
Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Santa Fe
Grupo Los Canosos
Movimiento Evita
Frente Transversal Nacional y Popular
Carta Abierta – Santa Fe
Movimiento Político Liberación Sindical
Movimiento Territorial de Liberación
Juventud de CTA Santa Fe
Movimiento Secundario 16 de Setiembre
Movimiento universitario Evita
Diputado provincial Gerardo Rico
Graciela B, Paccot por el Partido Comunista
Juanita Kohler, Ema Debenedetti





Santa Fe, 19 de Diciembre de 2008


El paísSábado, 20 de Diciembre de 2008
ABOGADAS QUERELLANTES EN EL JUICIO A REPRESORES DE LA ESCUELITA, DENUNCIADAS POR "VIOLACION DE SECRETO"
"Un ataque a todos los que luchamos"
Ivana Dal Bianco y Romina Sckmunck están acusadas de "violar secretos de Estado". "Lo que nosotros hicimos fue denunciar que los servicios de inteligencia del Estado siguieron investigando en gobiernos institucionales", explicaron.

El primer día del juicio, la Gendarmería le impidió el ingreso al padre del desaparecido Oscar Ragni.
Desde Neuquén
Las abogadas neuquinas Ivana Dal Bianco y Romina Sckmunck están siendo investigadas por la Justicia de su provincia por haber revelado a la prensa información que tenía el rótulo de "secreto de Estado" y que se conoció como prueba en el juicio que, por delitos de lesa humanidad, condenó esta semana a ocho represores militares que actuaron en el campo de concentración La Escuelita de Neuquén. La documentación que hicieron conocer las querellantes, en representación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), tiene información de los archivos que envió el propio Estado nacional sobre los seguimientos que hizo Inteligencia del Ejército y otros organismos estatales a estudiantes, políticos y militantes sociales de la región de Neuquén y Río Negro vinculados con el proceso que terminó esta semana. La causa contra Dal Bianco y Sckmunck está siendo investigada "de oficio" por el fiscal de primera instancia José María Darquier.
"Nosotras tomamos esto no solamente como un ataque en particular sino a todos los que luchamos contra la impunidad, ya que en realidad lo que nosotros hicimos fue denunciar que los servicios de Inteligencia del Estado siguieron investigando en gobiernos institucionales a las víctimas del genocidio. Además, decimos claramente que lejos de aportar datos y pruebas que permitan seguir investigando la responsabilidad de cientos de represores durante la dictadura militar que comenzó en marzo del '76, quedó evidenciado que se continuó investigando a las víctimas hasta 1997, a casi 15 años de la vuelta de los gobiernos constitucionales al país", dijo a Página/12 Ivana Dal Bianco. "En el juicio nos opusimos a que esa información fuera considerada de carácter reservada y secreta. Nos opusimos a ello y se lo dijimos al tribunal, porque en realidad lo que se está ocultando es una actividad ilegal del Estado", agregó la abogada.
–¿Qué es lo que dice ese informe tan reservado y secreto que ustedes pidieron al Ministerio del Interior?
–El informe en concreto devela datos de persecución a diferentes compañeros y compañeras que fueron víctimas y cuyos casos fueron investigados en el juicio por La Escuelita. Esas informaciones comprenden el período del '83 al '97, las carreras políticas de cada uno de ellos y reuniones en las que han participado. Y estos datos son tanto con medios de inteligencia propios como por operaciones de prensa, que es lo que se hacía en la dictadura militar. Es decir que actuaron igual que en la época más negra de la historia argentina.
–¿Es verdad que en ese informe hay datos de Oscar Ragni, dirigente histórico por los Derechos Humanos de Neuquén y padre de Oscar Alfredo, quien fue el único de los 17 casos que se juzgaron en el juicio que aún está desaparecido?
–Es así. Allí se puede ver todo el historial de este militante actual de la Corriente por los Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro y también un seguimiento de las Madres de Plaza de Mayo en cada una de las manifestaciones. Incluso están las consignas de las Marchas por la Resistencia que se llevaron a cabo en Neuquén. Si bien todo eso ha sido y es de público conocimiento, ellos lo han obtenido por medios que trabajan para la Secretaría de Inteligencia del Estado.
–¿Cómo toman el estar siendo investigadas por la Justicia a la cual pertenecen?
–Esto surge a partir del pedido de una de las defensas (de José O' Reilly), el cual se hizo eco el fiscal Manuel Reyes Balboa, quien informó que ya el fiscal adjunto Darquier estaba investigando esta situación. Lo preocupante es que el tribunal (Orlando Coscia, Eugenio Krom y Oscar Albrieu), lejos de rechazar como lo hizo con decenas de pedidos que hemos hecho en el juicio por testigos que fueron partícipes de secuestros en tiempos de la dictadura, incluso cuando los propios abogados defensores, en sus alegatos, hicieron apología de la dictadura militar y del accionar del Ejército y otras fuerzas, nos mandan investigar a nosotras a través de un acta donde supuestamente nos notifican que esa información era sumamente reservada.
–¿Tienen algún temor por la investigación?
–El intento fue y es que tanto yo como Romina (Szcmunck) no sigamos denunciando la política de impunidad del gobierno e incluso el carácter de estos juicios, ya que nosotras consideramos que son totalmente desmembrados, donde se juzga solamente a algunos genocidas por algunos casos y no todos. Esto conforma causas que van en tramos, dilatando la cárcel común y la condena a todos los genocidas. Si tomamos un caso emblemático, el del represor (Raúl) Guglielminetti, él va a ser juzgado por tres casos nada más. Entonces, cuando uno ve estas cosas y las denuncia es evidente que alguna respuesta viene. Pero no van a lograr amedrentarnos.
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El país www.criticadigital.com.ar

OPINIÓN
El lugar inadecuado
Con Martín Gras, el subsecretario de Derechos Humanos, nos separan el menemismo, sus políticas, su corrupción y, sobre todo, sus indultos. Susana Viau.


Con sumo interés seguí la conferencia de prensa en la que el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anunció la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte para apelar la libertad de 20 asesinos de la Armada. El secretario de Derechos Humanos aseguró, además, que pedirá al Consejo de la Magistratura el juicio político para los miembros de casación que dispusieron las excarcelaciones, un humor que comparte con el consejero Carlos Kunkel, el mismo que teje y desteje componendas electorales con Aldo Rico. Duhalde habló de su indignación y de la indignación que la medida había provocado en la Presidenta. En verdad, conozco a Eduardo Duhalde desde hace 40 años y sé que estas cuestiones lo preocupan incluso desde antes. No me ocurre lo mismo con Cristina Fernández –ni con su marido, Néstor Kirchner–, de cuya resistencia a los crímenes de la dictadura no tengo noticia alguna. Claro que eso no indica nada: el mundo es ancho y ellos estaban muy lejos, en el Sur, abocados a la imperiosa necesidad de ganarse la vida, aunque fuera al amparo de la l.050.Pero no fueron Eduardo Luis Duhalde ni sus menciones al sublevado ánimo presidencial los que me sorprendieron, sino que quien lo flanqueara fuera el subsecretario del área, Martín Gras. También conozco a Martín Gras, de Madrid, del exilio y de la relación con su familia, a la que siempre recuerdo con emoción. Gras es un sobreviviente de la ESMA y fuimos amigos, pese a (o quizás por) la sinceridad descarnada con que abordamos lo ocurrido en esos tiempos tremendos. Fue al regresar que dejamos de ser amigos. Nos separaron el menemismo, sus políticas, su corrupción y, por sobre todo, sus indultos. Martín fue funcionario del gobierno "neoliberal" que los dictó. "Yo soy peronista y el peronismo tiene jefes. Menem es el jefe hoy y yo soy un soldado", dijo más o menos en la entrevista periodística que le hizo Viviana Gorbato. Una declaración desagradable y franca. Punto y final. Ni siquiera lo discutimos, sencillamente, no hablamos nunca más. Y ésa es la razón de estas líneas que no hubiera querido escribir, que hubiera preferido que escribiera otro: Martín no es franco ahora. No ignora que las decisiones que tomó entonces respecto del perdón de los genocidas tienen un precio; lo inhabilitan para tirar hoy la primera piedra sobre los jueces que firmaron las excarcelaciones. Martín sabe que no estaba ayer en el lugar adecuado. Y Eduardo Duhalde lo sabe también.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

El paísSábado, 20 de Diciembre de 2008
FAYT RESPONSABILIZO AL CONGRESO, LA OPOSICION AL OFICIALISMO Y LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS A LA JUSTICIA
Los tiempos lentos para juzgar genocidas
El fallo que decretó la libertad de los represores levantó una dura polémica, en la que intervinieron desde la Presidenta hasta el magistrado de la Corte Carlos Fayt, así como legisladores y organismos de derechos humanos.

El magistrado de la Corte Suprema Carlos Fayt cargó contra el Congreso y aseguró que los represores seguirán detenidos.
La decisión de la Cámara de Casación de liberar a veinte represores y las duras críticas a la Justicia por parte de la presidenta Cristina Kirchner provocaron una fuerte polémica, en la que intervino el magistrado de la Corte Carlos Fayt, quien responsabilizó al Congreso por no haber legislado formas procesales más rápidas. Asimismo, legisladores, oficialistas y opositores, juristas, funcionarios y organismos de derechos humanos cruzaron responsabilidades y culpas, pero todos pusieron de manifiesto los problemas concretos para juzgar a los represores de la dictadura aún después de treinta años. En el marco de esta polémica, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, anunció que pedirá el juicio político de los jueces de la Cámara de Casación y que planteará un jury a integrantes del Tribunal Oral 5 por mal desempeño en sus funciones (ver aparte).
En declaraciones radiales, Fayt aseveró que "no es culpa de la Justicia" la excarcelación de los represores, "es culpa del Congreso, que no ha dictado las normas procesales que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados, ese es el problema, vayan y ocúpense de eso". Molesto por las declaraciones de la Presidenta, Fayt advirtió también que "el país no puede intranquilizarse, porque lo único seguro es que esta gente está detenida y sigue detenida".
Desde el Congreso, el titular de la bancada oficialista de Diputados, Agustín Rossi, rechazó los reclamos de Fayt y recordó que "este año se dio sanción a cinco proyectos que fueron enviados por el Poder Ejecutivo cuyo objetivo es agilizar la totalidad de los juicios penales y, fundamentalmente, las causas en trámite por violaciones a los derechos humanos y terrorismo de Estado".
Rossi señaló que el Poder Ejecutivo envió estas iniciativas al comprobarse que de las 922 personas implicadas por los denominados juicios de la verdad, sólo 14 fueron condenadas (9 después de la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad), 281 se encuentran procesadas con prisión preventiva, 77 procesadas sin prisión preventiva. Agregó que 44 están prófugos, 51 han obtenido el dictado de falta de mérito, 9 han sido sobreseídos, 140 han fallecido y 5 se encuentran incapacitados.
El legislador hizo una reseña de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo sobre este tema, que incluyen desde puntos concretos para acelerar las causas y disminuir los tiempos de instrucción, evitando demoras por falta de recursos o lentitud en el reemplazo de jueces, así como el ofrecimiento de recompensas.
Desde el radicalismo, el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, que condenó a las juntas militares en 1985, defendió la decisión del tribunal de Casación "por estar ajustada a derecho y en sintonía con las convenciones internacionales". Gil Lavedra acusó al Gobierno de "no tomar en serio" los juicios al no tener una política para concretarlos. También recordó que el oficialismo rechazó los proyectos que había presentado para acelerar los juicios. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, coincidió con Gil Lavedra y acusó al kirchnerismo de "oponerse siempre a cambiar los pasos procesales para agilizar las causas penales".
Un documento firmado por el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, que este diario citó ayer, advirtió que "ni los jueces de instrucción ni los fiscales, salvando contadas excepciones, han mostrado pericia y agilidad en las investigaciones de los casos, por lo que éstas se han prolongado en forma irrazonable". Los organismos de derechos humanos aseguran que el fallo de Casación "es posible porque las distintas instancias de la Justicia han demorado en forma injustificada los procesos, dilatando la posibilidad de alcanzar la instancia de los juicios orales y públicos".
En ese sentido fustigaron que el fallo se conociera "el mismo día en el que la Iglesia de la Santa Cruz fue declarada monumento histórico y la ex Plaza de Armas de la ex ESMA cambia su nombre por el de Declaración Universal de los Derechos Humanos".
El abogado argentino Carlos Slepoy, que tramita causas de derechos humanos ante los tribunales españoles, coincidió en las críticas al Congreso, pero también incluyó a la Corte, comparando lo realizado por su igual chilena. "Debería haber una reforma ah hoc para este tipo de situación por parte del Congreso –planteó–, pero no obsta para que la Corte Suprema pueda dictar directivas para aligerar los procedimientos."
Por su parte, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, coincidió en que la libertad de los represores es "una vergüenza para los argentinos", pero Rizzo señaló que en torno de las excarcelaciones hay "responsabilidades compartidas tanto de la Justicia como de los legisladores y también de los abogados que utilizamos todas las tácticas para ir demorando los pleitos".
La diputada kirchnerista Patricia Vaca Narvaja reivindicó lo legislado en el Congreso, pero también apuntó a un ámbito muy cuestionado: "Es evidente –afirmó– que en el sistema judicial perviven estructuras que se resisten a la demanda, avalada por una explícita mayoría social, de escrutar nuestro pasado con verdad y justicia".
El saldo de este cruce de posiciones muestra a una situación con responsabilidades compartidas, aunque hay responsabilidades mayores que otras y sólo basta comparar los tiempos que demoraron los juicios a represores argentinos en el exterior, ajustados a la ley y a los convenios internacionales, que fueron rápidos y expeditivos.
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El paísSábado, 20 de Diciembre de 2008
EL FISCAL ANTE CASACION PRESENTO UN RECURSO QUE EVITO QUE FUERAN LIBERADOS LOS REPRESORES
El Tigre y el Cuervo se quedan en la jaula
El argumento central del escrito es que los acusados, una vez libres, podrían frustrar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad. La última palabra sobre las excarcelaciones la tendrá la Corte Suprema.
Por Victoria Ginzberg

Los fallos de la Cámara de Casación abarcaron a doce represores de la ESMA, además de a acusados por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe.
"La resolución pone en serio riesgo a la Nación Argentina de ser sancionada internacionalmente por arriesgar innecesariamente la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos", aseguró el fiscal Raúl Pleé al oponerse ayer a la liberación de los represores que había resuelto la Cámara de Casación. El argumento central de su escrito es que los acusados, una vez libres, podrían frustrar las investigaciones. Esta presentación evitó por el momento que Alfredo "El Cuervo" Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, entre otros procesados por delitos de lesa humanidad, vuelvan a caminar por las calles. Todo indica que, tal como informó Página/12 ayer, la última palabra la tendrá la Corte Suprema.
La decisión de los jueces de la sala II de la Cámara de Casación Guillermo Yacobucci y Luis García (el tercer integrante, Gustavo Mitchell, votó en disidencia) de excarcelar a los miembros de la patota de la ESMA, incluidos Astiz y Acosta, fue paralizada por la presentación de Pleé. El fiscal Ricardo Weschler, que tiene a su cargo las causas de Rosario y Santa Fe, hará lo mismo la semana que viene. Antes de aceptar formalmente la apelación, el tribunal debe dar la posibilidad de opinar a las defensas. Sin embargo, en Comodor Py se descartaba que el caso iría a parar a los despachos de los ministros de la Corte, para que éstos definan si los procesados por asesinatos, desapariciones y torturas durante el terrorismo de Estado deben recuperar la libertad hasta que se lleve a cabo el juicio oral.
Yacobucci y García alegaron que no correspondía extender la prisión preventiva de unos veinte acusados porque habían pasado, en la mayoría de los casos, más de cinco años desde que fueron arrestados y aún no se realizó el juicio oral.
En su escrito, Pleé –un fiscal que no se caracterizó hasta el momento por motorizar este tipo de investigaciones– habló de la "gravedad institucional" del asunto y señaló que la liberación de los represores supondría la posibilidad de frustrar el proceso penal, ya sea por fuga o por el entorpecimiento deliberado de la causa por parte de los acusados. El peligro de que se obstruya la pesquisa es una de las causas que justifica mantener a un imputado preso hasta el juicio.
El fiscal desplegó su argumentación en seis puntos principales:
1La reticencia a comparecer a juicio. La ley de autoamnistía y los alzamientos militares:
"Es un dato esclarecedor que por diferentes medios, algunos violentos y otros con pretensión de legalidad aparente, las agencias estatales involucradas han intentado impedir la acción de la justicia para el esclarecimiento y sanción de los crímenes de la dictadura", señaló Pleé. Entre los intentos de los represores por evitar su presencia en tribunales figuran la ley de autoamnistía, sancionada en los últimos días de la dictadura y anulada en los primeros después de la recuperación de la democracia. La Cámara Federal dijo en 2007, al confirmar procesamientos en el expediente vinculado por los crímenes cometidos en la ESMA que "se evidencia que las marchas y contramarchas que tuvo (la causa) son una consecuencia concreta y directa de distintas conductas que llevaron a cabo los imputados en su carácter de las Fuerzas Armadas para entorpecer la posibilidad de ser enjuiciados".
2Las solicitudes de extradición y las investigaciones en virtud del principio de justicia universal:
Pleé adujo que resulta indicativo del peligro de fuga el hecho de que muchos de los imputados se hayan evadido anteriormente a la acción de la justicia ante requerimientos judiciales de estados extranjeros en los que se encuentran en investigación los crímenes de lesa humanidad cometidos por los integrantes de la última dictadura militar.
3Los delitos imputados aún continúan en ejecución:
"Teniendo en cuenta las especiales características de la desaparición forzada, se advierte que no resulta prudente otorgar la libertad a quienes tienen en su poder la posibilidad de mantener la ejecución del delito. La falta de información sobre el destino de las víctimas resulta un elemento constitutivo de esta figura y la libertad de los imputados, con conocimiento presunto sobre tales circunstancias y potencialidad tácita de evitar el descubrimiento de la verdad, contribuiría a mantener ese estado de cosas", aseguró el fiscal. Detalló, además, que la información y las pruebas que contribuirían a esclarecer con precisión los sucesos (los cuerpos de las víctimas, documentos oficiales) continúan siendo ocultadas y que no puede desvincularse la ausencia de pruebas con el accionar que en su momento desplegaron los imputados, sus cómplices y los demás autores en los delitos del terrorismo de Estado: "Se trata de crímenes cometidos desde el Estado, por una asociación criminal compuesta por un vasto, complejo y poderoso entramado de sistemas delictivos integrado por numerosas personas que, aún hasta hoy, han conseguido permanecer impunes por esos delitos. La construcción de aquella impunidad tiene efectos procesales en las causas en trámite".
4Al perpetrarse los crímenes se buscó sistemáticamente el ocultamiento de rastros del delito con la finalidad de lograr la impunidad futura:
En este punto, Pleé recordó que el plan de exterminio de la última dictadura incluía la clandestinidad en sus acciones. Mencionó como ejemplos los alias que usaban los ejecutores, los documentos falsos que se elaboraban en el sótano de la ESMA y la ausencia de documentación oficial. "Esta práctica –agregó– tiene correlato en la cantidad de hechos de amenazas (a víctimas en general, testigos, familiares, integrantes de organismos de derechos humanos, periodistas, jueces y fiscales involucrados en la temática) registrados en los últimos tiempo." Además, señaló que existen más de cincuenta represores prófugos. "Existen sobradas muestras –concluyó– de la especial capacidad demostrada por los imputados para ocultar y destruir pruebas e intimidar. Lo mismo se observa sobre los medios a su alcance para lograr la impunidad con su fuga."
5El interés internacional en el descubrimiento de la verdad y la sanción de crímenes contra la humanidad:
Pleé recordó que pesa sobre el estado argentino un "especial deber de cuidado" sobre la posibilidad de que se entorpezca la investigación pues cuando los tribunales locales reasumieron el juzgamiento de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado se impidió la acción de otras jurisdicciones interesadas en llevar a los tribunales a los represores argentinos.
6La ponderación de la pena prevista, las reglas del concurso y la previsión de la pena a aplicar ante la hipótesis de la condena:
El fiscal argumentó que la entidad de la posible condena, que se prevé importante, se convertiría en una tentación mayor para la fuga y el entorpecimiento de la investigación.
En su escrito, Pleé citó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluyó como variables para tener en cuenta en el momento de dictar una prisión preventiva la fundada presunción de culpabilidad del reo, la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena, los valores morales demostrados por la persona, el peligro de reincidencia, la posibilidad de colusión de la investigación y la amenaza de disturbios del orden público que la liberación del acusado podría ocasionar. También mencionó que la demora en la investigación se produjo en parte por las maniobras dilatorias de las defensas y recordó que por recusaciones planteadas por los querellantes la causa ESMA estuvo paralizada cuatro años en la Cámara de Casación (el mismo tribunal que con otra composición ordenó el jueves la liberación de los veinte represores). La intención de esa Cámara de impedir el avance de las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad había provocado un conflicto con el Poder Ejecutivo durante la presidencia de Néstor Kirchner. Quien fuera presidente de la Casación, Alfredo Bisordi, renunció a causa de esa situación y se recicló como defensor de represores, lo que terminó de confirmar las sospechas sobre su parcialidad.
El escrito de Pleé será analizado por Casación y terminaría en la Corte durante la feria de enero. Más allá de las razones esgrimidas por Pleé para oponerse a la excarcelación de los represores, el fallo firmado por
Yacobucci y García generó una polémica sobre la lentitud de la justicia, que fue en definitiva lo que posibilitó que los acusados estuvieran a punto de salir en libertad. "La excarcelación es producto de la demora de distintos funcionarios judiciales que permitieron que se llegara a este punto. Lo central es que se hagan los juicios orales y públicos", señaló a Página/12 Andrea Pochak, directora adjunta del CELS.
El paísSábado, 20 de Diciembre de 2008
"Una vergüenza para Argentina"
El embajador de Francia, Frédéric Baleine Du Laurensel, expresó el "beneplácito" de su país por "la reacción de las autoridades argentinas" ante la resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal que ordenó la excarcelación de represores de la última dictadura militar y dijo que comparte la afirmación de que la medida es "una vergüenza para la Argentina y para la humanidad". "Recibimos con beneplácito la reacción de las autoridades argentinas luego de la decisión de la Corte de Casación Penal de liberar a varias personas, a pesar de estar acusadas de crímenes y violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura", dijo. "Las palabras pronunciadas ayer por la presidenta Cristina Fernández –según las cuales 'esta decisión es una vergüenza para la Argentina y para la humanidad'– expresan bien lo que nosotros sentimos", consideró Baleine Du Laurensel en una carta que le entregó al canciller Jorge Taiana. "Nadie puede olvidar que (Alfredo) Astiz (uno de los beneficiados) fue condenado por la Justicia francesa en marzo de 1990 por su implicancia directa en el secuestro y la tortura de dos monjas francesas y fue condenado por el tribunal penal de París a reclusión perpetua", expresó el diplomático.
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Gacetilla de Prensa
¿Qué más tenemos que esperar? ¿Tenemos que estar atentos siempre a reveses, a traiciones, a bofetadas cargadas de impunidad? Ante una alegría, que más que alegría es el deber de la Justicia, el de la elevación a la instancia de juicio oral de la causa conocida como la Masacre de Juan B. Justo, causa que investiga sobre los Delitos de Lesa Humanidad cometidos en la jurisdicción de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, el Juez Federal esta localidad, el señor Carlos Villafuerte Ruzo ha decidido pegarle por la espalda al proceso de justicia haciendo lugar a un pedido de los abogados del Teniente Coronel Fernando Saint Amant. Pedido que logró su objetivo: el de suspender la tramitación de la causa con respecto a este genocida, ya que da lugar a su "severa afectación de su capacidad biopsicológica para estar en juicio, sea afrontando uno o más procesos penales en su contra".
Este personaje de 72 años, uno de los principales imputados de esta causa, es el máximo responsable de la represión en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, ejerciendo el cargo de jefe del Área Militar 132 durante la última Dictadura Cívico Militar, se esconde bajo la sombra de la impunidad, utilizando estrategias dilatorias y cobardes para seguir ocultando la verdad.
Él conoce cómo, de qué manera y quiénes fueron los responsables de llevarse la vida de 3 mayores: Ma. Del Carmen Fettolini de Amestoy, Omar Darío Amestoy, Ana Ma. Del Carmen Granada, y 2 menores: Ma. Eugenia Amestoy y Fernando Amestoy y responsable de la entrega de otro de los menores dado en adopción: Manuel Gonçálves de esta masacre, y se escuda en lo que tantos de estos genocidas utilizan para continuar con su pacto de silencio: en un certificado que aduce "síndrome psic-orgánico cerebral con marcado compromiso cognitivo y debilitación judicativa". Como Trimarco, son personas cobardes, que no tienen agallas para afrontar con dignidad este proceso judicial.
Recordamos que este mismo proceso de dilación que utilizó Juan Carlos Ricardo Trimarco ya lleva poco más de 1 año sin llegar a la instancia indagatoria del responsable máximo del Genocidio en la Provincia de Entre Ríos. ¿Tenemos que pensar que va a pasar lo mismo?. O de una vez por todas la Justicia va a tomar el único camino que como sociedad nos merecemos… el camino de la verdad.
Señor Villafuerte Ruzo a usted le decimos:
¿Ésta es la respuesta de la Justicia?
Le preguntamos si ¿impunidad es igual que "debilitación judicativa"!?
Apoyamos la Apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal y el Equipo Jurídico de H.I.J.O.S. Rosario que representan a los familiares afectados.
H.I.J.O.S.
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Paraná

www.hijosparana.blogspot.com

CJVJM Comisión por los Juicios Verdad Justicia y Memoria - Mar del Plata
Informa:


VENDRÁ A VACACIONAR A MAR DEL PLATA
Piden declarar persona no
grata al represor Smaha

Fue durante una reunión en el Concejo Deliberante de la Comisión por la Memoria. Además, cuestionaron la decisión del juez federal Alejandro Castellanos de dar marcha atrás con el pedido de captura del ex CNU Eduardo Salvador Ullúa. El lunes por la mañana habrá una sesión especial en el recinto de sesiones

El rechazo a la liberación de Alfredo Astiz, Jorge 'el Tigre' Acosta, y otros represores de la ESMA fue el motivo convocante de una reunión especial de la Comisión por la Memoria de la Municipalidad. En el recinto de sesiones del Concejo Deliberante se encontraron concejales de todas las bancadas y representantes de organismos de Derechos Humanos. El repudio por la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal, que fue revertida horas después, fue unánime. Pero además, se sumaron otras dos cuestiones que serán tratadas en una sesión especial el lunes por la mañana: pedir celeridad a la Justicia para enjuiciar a los represores procesados y llamar la atención al juez Alejandro Castellanos, quien dio marcha atrás con el pedido de captura del ex CNU Eduardo Salvador Ullúa; además de la posibilidad de declarar persona no grata al represor mendocino Eduardo Smaha Borzuk, quien está imputado por delitos de lesa humanidad y que sin embargo podrá vacacionar en las playas marplatenses esta temporada.
Leda Muñoz integra Abuelas de Plaza de Mayo y mencionó que "siempre pica un poco cuando se habla de memoria". Porque, dijo, aún buscan a sus nietos y porque ella continúa "esperando y esperando que se inicien los juicios" a los responsables de la última dictadura cívico militar.
Se refirió a la posibilidad de que Astiz, Acosta y otros represores queden libres y dijo que "no es cualquier cosa, no es anecdótico, es gravísimo".
En este sentido, acusó: "Acá se está apostando a que nos muramos los testigos y los represores. Entonces queda históricamente como un Estado que llevó a los represores al banquillo de los acusados y que muchos fueron condenados. Pero la mayoría van a morir en la cama y nosotros vamos a morir sin poder reparar mínimamente lo que hemos sufrido quienes estuvimos en campos de concentración", relató la mujer ante el silencio de todo el recinto.
Leda pidió que toda la sociedad –políticos incluidos- esté en estado de alerta y activa. "No mirando desde la vereda cómo pasan cuatro gatos locos en una marcha", apuntó. Recordó que en esa misma sala, "hace muchísimos años", se pidió que Astiz sea declarado persona no grata en Mar del Plata. "Se logró –dijo- pero el hombre siguió veraneando en Mar del Plata en Playa Grande".
Por eso, pidió que el represor Smaha que vendrá el 5 de enero a vacacionar a Mar del Plata, en la calle Benito Juárez al 2700, se declarado persona no grata. "Tiene dos asesinatos –uno en la mesa de tortura-. Mi hijo fue torturado por él en Mendoza", rememoró.
Sin embargo, consideró que la declaración del Concejo es sólo el comienzo. Y pidió que "todos colaboremos para que este hombre no pueda vivir en Mar del Plata. Como decimos nosotros en las marchas, a dónde vayan los iremos a buscar".
"PERPETUAR IMPUNIDAD"
La abogada Gloria León, representante legal de la Comisión por los Juicios Justicia, Verdad y Memoria, rechazó la intención de la Cámara de liberar a represores de la ESMA, pero entendió que "no son hechos aislados". "Acá en Mar del Plata, en esta línea que evidentemente está tomando la Justicia, el juez Castellanos la semana pasada, volviendo sobre sus propios pasos y sus propias decisiones, dictaminó que no hay méritos suficientes para pedir la detención de Eduardo Salvador Ullúa, involucrado en el terrorismo de Estado", acusó la letrada.
La decisión del magistrado fue apelada por la fiscalía y cuestionada por la Comisión. "Más allá de la cuestión estrictamente procesal, no se puede desconocer lo que está pasando, de ir perpetuando la impunidad en la ciudad de Mar del Plata", entendió León.
Para la abogada, "amerita también un pronunciamiento o un llamado de atención a la Justicia". Y argumentó: "Los jueces, evidentemente, se ven presionados. Bueno, nosotros también presionemos, en el único sentido que un Estado de derecho pueda permitirse y es que haya juicios con el debido proceso y que haya castigo para los responsables del terrorismo de Estado", sostuvo León.
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

Comunicado de prensa

Cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas YA


Hoy, el día en el que la Iglesia de la Santa Cruz fue declarada monumento histórico y la ex Plaza de Armas de la ex ESMA cambia su nombre por el de "Declaración Universal de los Derechos Humanos", la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso la libertad de más de una decena de acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar. Esta resolución deja al descubierto la indolencia de los funcionarios judiciales en el camino por obtener verdad y justicia.
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La liberación de los acusados es posible porque las distintas instancias de la justicia han demorado en forma injustificada los procesos, dilatando la posibilidad de alcanzar la instancia de los juicios orales y públicos. Desde la reapertura de las causas en 2001, ni los jueces de instrucción ni los fiscales, salvando contadas excepciones, han mostrado pericia y agilidad en las investigaciones de los casos por lo que éstas se han prolongado en forma irrazonable. Por su parte, la Cámara de Casación obstruyó durante años la continuidad de las causas, incluyendo algunas resoluciones que aún hoy siguen pendientes y que impiden el inicio de los juicios en algunas jurisdicciones del país. A siete años de la reapertura de las causas, persiste la incapacidad de los funcionarios judiciales responsables de diseñar un plan estratégico que garantice a las víctimas y a la sociedad en su conjunto la realización del proceso de verdad y justicia en el marco del respeto de las garantías. A tres décadas del golpe, el Estado tiene la obligación de ser diligente en la investigación, búsqueda de prófugos y protección de testigos y no puede descansar solamente en la actividad y persistencia de las querellas y del movimiento de derechos humanos. Por eso, una vez más instamos a que el Estado garantice la protección de los testigos y personas vinculadas a estos procesos e implemente una estrategia de persecución y juzgamiento de estos crímenes gravísimos. La ineficacia del sistema de justicia pone al Estado argentino en una situación de responsabilidad internacional por violar convenciones de derechos humanos, por no garantizar ni a los familiares y la sociedad la sanción de los responsables de los delitos de lesa humanidad ni a los imputados un juicio en un plazo razonable. La libertad de los acusados durante el proceso penal no conlleva impunidad. A treinta años del Terrorismo de Estado, impunidad es que, por desidia, indolencia o complicidad, la justicia argentina aún no los haya condenado. Abuelas de Plaza de MayoCELSFamiliares de Desaparecidos y Detenidos por Razones PolíticasFundación Memoria Histórica y Social ArgentinaH.I.J.O.S. Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora AdhierenMadres de Plaza de Mayo de La PlataHoracio Méndez Carreras

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Libération de plus d'une dizaine d'accusés pour crimes contre l'humanité en Argentine (Astiz, Acosta et cie) Aujourd'hui, alors que l'église de la Sainte Croix (à Buenos Aires) a été déclarée monument historique et que l'ancienne Place d'Armes de l'ex ESMA s'appelle désormais "Declaración Universal de los Derechos Humanos", la Salle II de la Cour de Cassation Pénale a décidé la mise en liberté de plus d'une dizaine d'accusés pour crimes contre l'humanité commis au sein de l'ESMA pendant la dernière dictature militaire argentine. Cette résolution met en lumière l'indolence des fonctionnaires du système judiciaire, sur le chemin pour obtenir vérité et justice. La libération des accusés est possible parce que les diverses instances de la justice ont dilaté les procès de manière injustifiable, éloignant la possibilité d'arriver à la réalisation de procès oraux et publics. Depuis la réouverture des procès en 2001, ni les juges d'instruction ni les procureurs (à quelques exceptions près), n'ont fait preuve d'agilité et d'adresse lors des investigations, ainsi prolongées de manière irraisonnée. La Cour de Cassation pénale, pour sa part, a fait obstruction pendant des années afin de bloquer les procès ; d'ailleurs certaines de ses résolutions sont encore en vigueur, empêchant le début des procès dans plusieurs juridictions du pays. Sept ans après la rouverture des procès, on constate toujours l'incapacité des fonctionnaires de justice à concevoir un plan stratégique qui assure, auprès des victimes et de toute la société, la réalisation du procès de vérité et justice dans le cadre du respect des garanties. Plus de trente ans après, l'Etat a l'obligation d'être diligent dans les enquetes, dans la recherche des accusés qui ont pris la fuite et dans la protection des témoins. Des obligations qui ne peuvent aucunement reposer sur la seule activité et persistence des parties civiles et des organisations de Droits de l'Homme, comme c'est le cas. C'est pourquoi, une fois de plus, nous demandons que l'Etat argentin garantisse la protection des témoins et des personnes liées à ces procès, et qu'il mette en oeuvre une stratégie de persécution et de jugement de ces crimes gravissimes. L'inefficacité du système judiciaire met l'Etat argentin dans une situation de responsabilité internationale : il viole des conventions de droits humains, ne garantit pas –ni aux proches, ni à la société- la sanction des responsables de crimes contre l'humanité, et ne garantit pas non plus des délais raisonnables vis-à-vis des accusés. La liberté des accusés pendant le procès pénal ne signifie pas impunité : à trente ans du Terrorisme d'Etat, l'impunité reside sur le fait que, par inaction, indolence ou complicité, la justice argentine ne les aient pas encore condamnés. Abuelas de Plaza de Mayo – Grand-mère de la Place de MaiCELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones PolíticasFundación Memoria Histórica y Social ArgentinaH.I.J.O.S. Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora Adhésions : Madres de Plaza de Mayo de La Plata - Horacio Méndez Carreras

El paísViernes, 19 de Diciembre de 2008
EN NEUQUEN FUERON CONDENADOS OCHO REPRESORES
De La Escuelita a prisión

La Justicia Federal impuso penas que van de siete años a cárcel perpetua a los militares que actuaron en el centro clandestino conocido como La Escuelita.
Por Elio Brat

Fue el primer juicio por delitos de lesa humanidad en el sur del país.
Desde Neuquén
Ocho de los principales represores que tuvieron a su cargo el campo de concentración La Escuelita, en Neuquén, entre 1976 y 1979, fueron condenados a penas efectivas que van de 7 a 25 años de prisión. Fueron hallados culpables de los delitos de secuestro, robo, coacción, asociación ilícita y aplicación de tormentos, tanto psíquicos como físicos, agravados porque las víctimas eran "perseguidos políticos".
El juicio oral y público que se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal de Neuquén comenzó el 20 de agosto pasado y culminó ayer a la tarde, cuando, tras la negativa de los ocho acusados a hablar en su defensa, el presidente del tribunal, Orlando Coscia, sorprendió a todos al leer en el mismo día el veredicto.
Fue el primer proceso por delitos de lesa humanidad desarrollado en el sur del país y el segundo que condena a tantos represores. Para el año entrante, se espera en esta provincia la elevación a juicio de una megacausa que involucra a 25 represores, también de La Escuelita, entre ellos el conocido agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, hoy detenido en la cárcel de General Roca.
El detalle de las condenas definidas ayer es el siguiente: prisión perpetua (25 años de cárcel) para Oscar Lorenzo Reinhold y Enrique Braulio Olea, ambos generales de brigada, con los puestos de mayor autoridad en el Comando de Brigada de Montaña, del que dependía el Batallón 181 neuquino, donde funcionó La Escuelita. La misma pena le cupo al teniente coronel Mario Gómez Arenas, responsable de Inteligencia en la zona, con directa injerencia en el centro de detención y tortura.
Para Luis Alberto Farías Barrera, quien era el nexo visible con los familiares de las víctimas secuestradas en La Escuelita, la condena alcanza los 22 años de prisión. Mientras que, para los oficiales de inteligencia Sergio Adolfo San Martín y Jorge Eduardo Molina Ezcurra, la pena alcanzó los 21 años de encierro. Finalmente, Hilarión de la Pas Sosa, el médico imputado de haber asistido a sesiones de tortura en el campo de concentración que funcionó en las afueras de la capital de Neuquén, tendrá que cumplir una pena de 20 años de prisión.
El único acusado que fue beneficiado con una condena mucho menor fue el suboficial Francisco Julio Oviedo: el tribunal lo condenó a pasar siete años en prisión.
"Es una parte del triunfo de mucha gente que luchó por más de 32 años para que esto se haga realidad –dijo a Página/12 Noemí Labrune, militante histórica de la APDH neuquina y una de las principales impulsoras del juicio–. Pero no es un triunfo total, porque tanto a nosotros como al Poder Judicial nos falta una tarea fundamental, que es el enjuiciamiento de todos los represores de Neuquén y el Alto Valle, no sólo de estos ocho. Pero comenzamos otra época con estas condenas."
Desde el lado de las partes querellantes, la abogada Ivana Dal Bianco consideró "un paso adelante que se haya condenado a los ocho imputados". Sin embargo –aclaró–, "nos parece que la pelea que dimos era por el delito de genocidio que todos ellos cometieron. Eso no se ha nombrado en la condena y significa un retroceso para nosotros."
También hubo rechazos a la pena de siete años para Oviedo: "Es verdaderamente irrisoria, aunque al mismo tiempo nos parece importante que se mantengan las condiciones de detención a todos estos represores, es decir que cumplan sus condenas en cárcel común, como se merecen", agregó la otra abogada del Ceprodh, Romina Szmunck, quien resaltó que "todo esto se logró por la fuerza de la movilización de las Madres de Neuquén, que no bajaron los brazos, y de otros organismos de derechos humanos que dieron la pelea para que se reconozca la verdad histórica de lo que pasó en Argentina".
Inés Ragni, madre del único desaparecido de los 17 casos que se juzgaron en Neuquén, no dudó en decir ante este diario: "Estoy muy conforme porque demostramos que sin violencia se puede llegar a hacer justicia. Porque la verdad de lo que pasó en La Escuelita fue dicha por los familiares de las víctimas y por nuestros sobrevivientes", concluyó la madre de Oscar Alfredo Ragni, que luchó codo a codo junto al obispo Jaime Francisco De Nevares, con quien realizaron hace exactamente 32 años en Neuquén la primera marcha por los desaparecidos del país. Ayer, junto a su compañera Lolín Rigoni, ambas fueron el centro de los abrazos cuando se escuchó la condena.
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1 comentario:

Miguel Angel Foncueva dijo...

La fecha de la inuguracion de la muestra de H.G.O.+Eternauta es el 16 de ENERO hasta el 15 de FEBRERO del 2009 en el Auditorium
Centro Provincial de las Artes
Mar del Plata