martes, 30 de diciembre de 2008

LA CORTE SUPREMA EXHORTO A LOS JUECES A QUE ACELEREN LAS CAUSAS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
“Es un sistema muy lento y formalista”

En su última acordada del año, la Corte pidió trámite urgente para las causas que investigan crímenes de la dictadura y anunció la creación de una superintendencia que seguirá la evolución de esos expedientes.
Por Ir
ina Hauser
La Corte Suprema exhortó a los jueces de todas las instancias a “acelerar” y poner “urgencia” en el trámite de las causas pendientes sobre crímenes cometidos durante la última dictadura y anunció la creación de una “Unidad de Superintendencia” propia para monitorear cómo evolucionan esos expedientes. Para eso firmó una acordada en la que atribuye parte de la culpa por las demoras a la vigencia de un modelo procesal “lento, formalista y plagado de oportunidades dilatorias” y a la omisión de ciertas medidas por parte del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Consejo de la Magistratura. Pide la creación de nuevos tribunales orales, abreviar los tiempos de los concursos para cubrir vacantes en los ya existentes, salas de audiencias con medidas de seguridad y una reforma legal que modifique el proceso penal en sí mismo.
Este pronunciamiento, tal como anticipó Página/12, es la forma en que el alto tribunal decidió dar respuesta ante el malestar que desató el fallo de la Cámara de Casación Penal que el jueves último ordenó la liberación –frenada por la apelación del fiscal de una veintena de represores, entre ellos los emblemáticos Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta–. También contesta, en cierta medida, a la frase de la presidenta Cristina Kirchner, quien dijo que aquel era un “día de vergüenza para el sistema judicial”, mientras los organismos de derechos humanos pusieron énfasis en que la excarcelación era posible por todo lo que demoran en forma injustificada los procesos y juicios.
La acordada de ayer va acompañada de un informe interno de la Corte sobre el estado de las causas contra represores en el que destacan que la investigación realizada en Argentina es “la mayor en el mundo entero sobre delitos de lesa humanidad” y que se ha realizado “exclusivamente a través del Poder Judicial” (ver aparte). En el texto principal señalan que, luego de la anulación de las leyes de impunidad, lo que subsisten son “inconvenientes prácticos” que exigen “un alto nivel de coordinación” entre los tres poderes del Estado.
A la vez, dicen Sus Señorías, toda iniciativa debe combinar “el legítimo derecho a un respuestas por parte de las víctimas y deudos y la necesidad de preservar el derecho a de los procesados a que las causas se resuelvan en un plazo razonable”. Uno de los argumentos de Casación para excarcelar a Astiz y compañía fue que habían permanecido demasiado tiempo con prisión preventiva, sin condena. En su acordada, la Corte no hace ninguna referencia a ese fallo, sobre el que tendrá que opinar en forma específica.
El documento de ayer evita cargar la responsabilidad en el Poder Judicial pero lanza una “exhortación” a los jueces y tribunales orales a cargo de las causas sobre crímenes dictatoriales para que “evalúen con urgencia las decisiones a tomar” en pos de “la celeridad del trámite”. Además, les dice que lo hagan en consulta con el Ministerio Público, lo que constituye una señal de respaldo a la política de apurar los juicios que vienen aplicando los fiscales bajo instrucciones del procurador Esteban Righi, pero que no siempre encuentra eco en los magistrados.
Para supervisar que esto se cumpla, la Corte crea la “Unidad de Superintendencia” para delitos de lesa humanidad, que quedaría a cargo del secretario José Luis Mandalunis. Estará facultada para pedir informes a los jueces sobre “el avance de los procesos” y hacer relevamientos, pero no para sancionar. En rigor, la Procuración General tiene una unidad especial que viene realizando el mapa y evaluación de los juicios hace tiempo. La Corte adeudaba un mensaje a los jueces.
La acordada insta al Consejo de la Magistratura para que implemente la digitalización de expedientes y la informatización en general. Se supone, dicen en la Corte, que está todo listo pero ni se ha llamado a licitación. Le reclama que provea salas de audiencias para juicios orales y recursos faltantes. Pide incluso acortar los tiempos de los concursos (que suelen durar dos años o más) para cubrir la infinidad de vacantes en la Justicia (cerca de 170), a lo que también deberá aportar el Ejecutivo, que hace la selección final.
Como “factor de demora permanente”, el alto tribunal señala “el proceso penal” actual que “mantiene una instrucción judicial lenta, extremadamente formalista y plagada de oportunidades dilatorias, que afecta el juzgamiento de todos los delitos y no sólo los concernientes a crímenes contra la humanidad”. Por eso recomienda una reforma procesal, que debería votar el Congreso y podría impulsar el Ejecutivo, que modifique el sistema existente. El ex ministro de Justicia, Alberto Iribarne, envió un proyecto en ese sentido sobre el final de la presidencia de Néstor Kirchner, pero nunca fue discutido.
Entre una lista de factores de retardo detectados, la Corte alerta sobre “una congestión de los seis tribunales orales federales de Capital Federal, lo que impide reasignar” –argumentan– alguna de las dos megacausas concentradas en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5), una referida a los hechos cometidos en el Primer Cuerpo de Ejército y la otra a los de la ESMA. Mientras las audiencias de la primera comenzarán en febrero, y durarán medio año o más, recién después podría comenzar el juicio sobre los secuestros, torturas, desapariciones y apropiación de bienes en el centro clandestino de la Marina.
Entre los ministros supremos hay bronca por la falta de respuesta a una nota enviada el 15 de julio último al ministro de Justicia Aníbal Fernández, que sacan a relucir en la acordada. Allí señalaban a Fernández “preocupación” por la “situación que atraviesan los seis tribunales orales” porteños y le pedían que impulsara la creación de “dos nuevos tribunales orales” con el fin de “poder superar el estado de muchos procesos que no pueden ser llevados a juicio en el tiempo razonable”. Con anterioridad, señalaron, habían planteado las dificultades –como falta de espacio físico para aplicar la reciente ley que volvió orales todos los recursos judiciales–. Preferirían acotar esa oralidad a delitos graves.
La lista de obstáculos sigue: problemas para conformar los tribunales orales (por las múltiples vacantes y la excusación de jueces); la postergación del inicio de juicios por recursos pendientes; las denuncias dispersas; la falta de unidad de las querellas y la oposición a que se realicen juicios parciales (por hechos que se van probando y no por todos), y la subsistencia de un criterio basado en “la pretensión de que se investigue la totalidad de los hechos y la responsabilidad de todos los involucrados”.
Desde la Procuración calificaron la iniciativa suprema como “un buen gesto” y “una herramienta legal”, aunque señalan que “no están claras las facultades de la unidad de superintendencia”. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, Andrea Pochak sostuvo que “sin conocer el texto en detalle nos parece un aporte importante”.



EL MONITOREO SOBRE LAS CAUSAS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Las razones de las “demoras permanentes”
La Corte Suprema de Justicia admitió que las investigaciones sobre las causas por delitos de lesa humanidad en el país sufren “demoras permanentes”. En un Informe de la Comisión de Monitoreo de las causas de la dictadura –base de la última acordada–, señala entre las razones una “congestión” de las causas en los seis tribunales federales de Capital Federal y “defectos” en la elevación de las causas. Pero también carga las tintas sobre las querellas y las víctimas, porque pretenden esclarecer “la suerte corrida por miles de personas desaparecidas” y que se investigue “la totalidad de los hechos” y a la “totalidad de los responsables”.
A pesar del largo listado de fallas que enumeró el equipo de diagnosticadores y de las críticas de las últimas semanas a la Cámara de Casación Penal por la decisión de liberar a los represores, las conclusiones del Informe de la Comisión de Monitoreo de las causas de la última dictadura militar arranca ponderando el rol de la Justicia argentina.
“Para una correcta evaluación de todos estos procesos –dice– es necesario considerar que se trata de la mayor investigación llevada a cabo en el mundo entero sobre delitos de lesa humanidad.” E indica: “En nuestro país se abrió una investigación exclusivamente a través del Poder Judicial, sin una legislación previa que organice o delimite la investigación o establezca pautas, sin la creación de tribunales con competencia específica, sin un procedimiento adecuado para estas megacausas y con una enorme amplitud en la investigación. No es habitual, ya que en muchos países se restringió la investigación a algunos casos o se hizo a través de organismos especiales que luego sometieron a la Justicia solamente el dictado de la sentencia o bien se crearon tribunales específicos, todo lo cual permite una rápida y mejor resolución.”
Aunque para los especialistas el Informe no está proponiendo crear tribunales especiales u organismos especiales ni es una crítica al resto de los poderes, sino sólo una descripción del inédito caso argentino, las conclusiones parecen ir más allá. Detrás de la enumeración de los problemas de forma, la Comisión también planteó problemas de fondo.
A la “insuficiencia de jueces, cargos vacantes, falta de edificios adecuados, falta de tecnología, de informatización, de salas de audiencias y de recursos adecuados” agregaron otros aspectos que demoran las causas. Mencionan “problemas en la constitución definitiva de los tribunales orales, como por ejemplo en Formosa y Rosario”, e inconvenientes de un juez sustituto para la realización del juicio del Primer Cuerpo de Ejército en febrero de 2009.


RECONSTRUIRAN LA MAñANA EN QUE DESAPARECIO LOPEZ
Los últimos pasos
A veintisiete meses de la última vez que se vio a Jorge Julio López en Los Hornos, la Justicia recorrerrá las calles con los cuatro testigos que declararon haberlo visto esa mañana.


Por Adriana Meyer
Los últimos pasos de Jorge Julio López por su barrio antes de ser desaparecido serán reconstruidos por orden judicial. Cuatro testigos, cuyos dichos no han sido refutados, afirmaron que se encontraron con su vecino entre las 9 y las 10 y media de la mañana de aquel lunes 18 de septiembre de 2006, en distintos puntos de Los Hornos y hoy los investigadores volverán a recorrer el camino que habría hecho el testigo del caso Etchecolatz antes de ser visto por última vez. La medida fue ordenada por el juez que investiga la desaparición de López, Arnaldo Corazza, a pedido del nuevo secretario de la causa, Juan Martín Nogueira, y se producirá en el marco de numerosas medidas procesales tomadas en los últimos días.
A López, el albañil de 77 años que sobrevivió a su cautiverio durante la dictadura y testimonió contra el represor Etchecolatz, lo acompañaba siempre su sobrino, Hugo Savegnago, en las actividades relacionadas con las denuncias que decidió hacer a partir de 1999. Aquel 18 tenía que presentarse para escuchar los alegatos en el juicio contra el ex colaborador de Ramón Camps, y por eso iba a encontrarse a las 9 y cuarto con Nilda Eloy, víctima, testigo y querellante como él en ese juicio. Se habían comprometido a respaldar con su presencia la palabra de sus abogadas, y López tenía especial interés en verle la cara a Etchecolatz. Pero esa mañana cuando Hugo llegó a la casa de Los Hornos su tío ya no estaba.
Cuatro testigos que declararon en la causa dijeron que vieron a López caminando por el barrio, en dirección contraria a los tribunales donde lo esperaban, y vestido con ropa diferente a la que usaba para ir a las audiencias. Una mujer relató que habló con él de cuestiones intrascendentes, y aseguró que lo conocía de toda la vida. Esta parte del expediente fue debidamente verificada por los investigadores, e incluso la querella de Justicia Ya! no duda de esos testimonios. Sin embargo, hay un momento de ese trayecto en que el rastro de López se pierde. “No pudimos seguir la ruta de López ese día, desde su casa hasta un local de Edelap, porque en un momento dado desaparece, nadie vio nada y si vio no habla por temor”, había dicho el juez Corazza a Página/12. El magistrado había aclarado que “hay que tener en cuenta que López vivía en un barrio de policías, con los que tenía un trato de vecinos”. De hecho, una de las vecinas de López es una mujer policía que formó parte del círculo íntimo del ex jefe de Inteligencia de la Bonaerense.
Es en ese sentido que apuntan las medidas propuestas por el secretario Nogueira, que se están haciendo con objetivos procesales concretos y que corresponden a dos de las hipótesis más fuertes que maneja el nuevo encargado del caso, familiarizado con causas por violaciones a los derechos humanos, sus víctimas y sus victimarios.
El procedimiento comenzará a las 9 en el domicilio de la familia López, participarán sus hijos Ruben y Gustavo y la querella de Justicia Ya!, y será concretado por los funcionarios de la causa con el apoyo de la comisión López de la Policía Federal, dado que la Bonaerense ya fue apartada del caso. “Es un reconocimiento judicial del lugar, para ver in situ los lugares por los que se movía López habitualmente, y constatar lo que dicen los testimonios de la gente que lo vio, y para nosotros tiene un gran valor, a pesar de los más de dos años transcurridos, porque tomamos la causa hace apenas unos meses”, explicó a Página/12 uno de los colaboradores de Nogueira. Más allá de esas razones, esta medida nunca había sido concretada en la investigación.

LO DISPUSO EL JUEZ BUJAN Y CORRESPONDE A DELITOS QUE COMPETEN A LA CIUDAD
Ni un chico detenido en comisarías
La sentencia tuvo lugar tras el hábeas corpus presentado por la Asesoría Tutelar porteña. Bujan dio un plazo de sesenta días para que se eligiera un lugar apto que no podrá quedar bajo la custodia de fuerzas de seguridad. Entretanto, sugirió cinco comisarías.







Por Horacio Cecchi
Un juez penal de la ciudad ordenó vez que los chicos menores de 18 años no podrán ser detenidos en comisarías para averiguación de antecedentes y dio sesenta días para que el gobierno porteño disponga de lugares de alojamiento adecuados y que no estén bajo la custodia de fuerzas de seguridad. Es la primera vez que la Justicia porteña, haciendo uso del traspaso de jurisdicciones, pone en ejecución la avanzada ley del Régimen Procesal Penal Juvenil de la ciudad, que ya llevaba un año y un mes de promulgada con ninguna aplicación real. El juez Javier Bujan emitió el fallo tras un hábeas corpus preventivo presentado por Laura Musa y Carlos Bigalli, de la Asesoría Tutelar de Menores de la ciudad, el 1º de diciembre pasado. Bujan dio la posibilidad de que dentro de los límites impuestos de sesenta días los fiscales pudieran ordenar detenciones por averiguación de antecedentes sólo en cinco comisarías. “Hay una vergüenza menos en nuestro sistema democrático”, dijo Laura Musa a Página/12.
La sentencia de Bujan es extensa y desmenuza con detalle todo el procedimiento judicial resolutivo sobre el hábeas corpus, que ocupó 1600 folios pero que se resolvió muy rápidamente. En 28 días, Bujan recibió pruebas, citó a las partes (Fiscalía, Defensoría, Asesoría Tutelar y Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, además del Consejo de la Magistratura y al Ministerio de Justicia porteños), recorrió 180 kilómetros en un día visitando cada una de las comisarías porteñas para verificar in situ. Y avanzó con audiencias transformadas casi en una mesa de diálogo que pasó por momentos de tensión.
Lo que la titular de la Asesoría, Laura Musa, y el asesor de primera instancia, Carlos Bigalli, reclamaban en el hábeas corpus era el cese de una acción que “era una práctica naturalizada lesiva de los derechos de los jóvenes”, sostuvo Musa. La práctica se registra cuando la policía detiene a un chico in fraganti cometiendo un delito de jurisdicción penal de la ciudad. “En ese caso, la policía preguntaba al fiscal y el fiscal era el que ordenaba la detención por averiguación de antecedentes –explicó Musa–. La fiscalía se sintió señalada y defendió a ultranza la detención por tiempos cortos, en promedio seis horas.”
Durante las audiencias, y esto se vio reflejado en la sentencia, la Asesoría, representada por Musa y Bigalli, y la Defensoría, representada por Betina Castorino y Javier de la Fuente, defendieron la anulación de lo que consideran “una práctica naturalizada”, mientras que la Fiscalía, representada por Claudia Barcia y Luis Duacastella Arbizu, sostuvo que la ley admitía la detención en comisaría. En la sentencia, Bujan dejó en claro que en la práctica naturalizada no se podía evitar la aprehensión por parte de la policía, pero que la privación de la libertad, en su origen, dependía del fiscal, porque es el fiscal quien responde a la pregunta policial y dispone dar la libertad o continuar con la averiguación en la comisaría. Los fiscales no negaron sus actuaciones sino que las consideraron como legales. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que se puede alojar menores en comisarías para este tipo de trámites”, señalaron en las audiencias.
El caso Bulacio, que no casualmente sentó al Estado argentino en el banquillo de los acusados ante la citada Corte Interamericana, desmiente la cita de la Fiscalía. Ocurre, como se sabe aunque no se recuerde, que Bulacio fue detenido por policías federales a la salida de un recital y alojado en una comisaría para supuesta averiguación de identidad, fue apaleado y murió a consecuencia de los golpes. Y son precisamente esas seis horas de alto riesgo histórico lo que se quiere evitar.
“Estamos ante un cambio cualitativo en el respeto de los derechos y garantías de los niños y adolescentes”, sostuvo la defensora adjunta a cargo de la Defensoría General, Betina Castorino. El fallo también trajo alguna curiosidad: por ejemplo, un mismo policía podría detener a un mismo chico por romper una vidriera (compete a la Justicia de la ciudad) y el fiscal de la ciudad ordenará que no sea alojado en comisaría. El mismo policía podría detener a ese mismo chico por un robo (competencia penal nacional) y el fiscal nacional ordenará la detención en comisaría.
Otra curiosidad: Bujan sugirió cinco o seis comisarías provisorias. Una de ellas, la 52, podrá ser como edificio, pero sin sus jefes, procesados por el juez Oyarbide por trata de menores.

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en su última acordada del año, revisó las causas de las demoras judiciales que benefician a represores
La Corte culpó al Gobierno y a la Magistratura
Pidió más tribunales, reformar el Código Procesal y completar juzgados vacantes. Ante la ausencia de respuesta, creó una unidad especial para las causas de lesa humanidad.

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El que avisa no es traidor. Parte de la Corte Suprema junto al ministro de Justicia Aníbal Fernández a quien enviaron alertas urgentes sobre la saturación de los tribunales y sus posibles consecuencias.
La Corte Suprema de Justicia apuntó ayer al Gobierno, al Congreso y al Consejo de la Magistratura por la falta de condiciones necesarias para que en la Argentina se complete el proceso de sanción de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. El Máximo Tribunal intervino en la polémica por las demoras en las causas de derechos humanos creando un organismo para monitorear los procesos. Esta decisión llegó once días después de que la presidenta Cristina Kirchner reprochara al Poder Judicial la responsabilidad sobre este conflicto generado por un fallo de Casación que autorizó la libertad –que finalmente no obtuvieron– de represores como Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta. A pesar de que en el comienzo del escrito los jueces consignan la voluntad explícita de los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal para agilizar las causas, luego destacaron que "esa determinación no está exenta de considerables inconvenientes prácticos", y pasaron a detallar los temas pendientes de resolución que la Corte le hizo notar durante todo el año al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y al Consejo de la Magistratura. En rigor, los cuestionamientos podrían aplicarse a todo el sistema judicial, no sólo a los procesos por delitos de lesa humanidad. En la acordada, los magistrados resuelven crear una unidad de Superintendencia para los delitos de lesa humanidad, que hará un seguimiento detallado de cada causa, y piden a los jueces que trabajen en conjunto con los fiscales. A la hora de otorgar responsabilidades, la Corte escribió que un factor de demora permanente está en el código procesal penal, al que consideran obsoleto. La reforma del código era una tarea que Cristina Kirchner impulsó y luego frenó cuando todavía era senadora de la Nación. "El proceso penal mantiene una instrucción judicial lenta, extremadamente formalista y plagada de oportunidades dilatorias que afecta el juzgamiento de todos los delitos", dice el texto.El 19 de diciembre pasado, la Cámara de Casación firmó un fallo que aseguraba el escándalo. La Sala II, con la firma de Guillermo Yacobucci y Luis García, ordenó la liberación de represores acusados de delitos de lesa humanidad en la causa ESMA. El tribunal consideró que el tiempo que los marinos llevaban presos sin condena superó el plazo establecido por la ley, y decidieron no prorrogar su detención. Ese mismo día, la Presidenta tenía agendado un acto en la Escuela de Mécanica de la Armada. Indignada, dijo que ése era "un día de vergüenza para la Argentina y la humanidad y también para nuestro sistema judicial". La respuesta de la Corte llegó primero en boca de su más antiguo representante, Carlos Fayt: "No es culpa nuestra, es culpa del Congreso que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados". La semana pasada, el ex presidente Eduardo Duhalde también apuntó en la misma dirección durante una entrevista con este diario: "Estamos frente a la administración más incompetente que yo haya visto. Ni siquiera lo hacen bien con el tema de los crímenes de lesa humanidad, un tema que el Gobierno impulsó. Hace años alerté respecto de que no se iba a terminar con los juicios si no se modificaban las normas procesales. Y no se cambiaron porque fue gente de otro partido la que presentó un proyecto de ley". Ayer, el Máximo Tribunal fijó su postura. Entre las críticas, también señaló que el 15 de julio pasado le envió una carta al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, para pedirle la creación de dos tribunales orales federales en Capital por la congestión de causas que abruman a los seis que ya están en funcionamiento. Uno de ellos es el TOF Nº 5, que sólo se dedica a los juicios de la megacausa ESMA y la del Primer Cuerpo del Ejército, dos expedientes de una magnitud tal que tendrán años por delante hasta dictar sentencia. La carta llegó al despacho del ministro pero ayer, en el cuarto piso de Talcahuano, se encargaron de informar que nunca recibieron respuesta.En todos los señalamientos de la Corte subsiste la idea de que los problemas no están sólo en las causas por delitos de lesa humanidad sino en todo el sistema. Así, cuando apuntan al Consejo de la Magistratura dicen que las demoras se deben a las vacantes sin cubrir en los juzgados, al retraso en el plan de digitalización de los expedientes y a la falta de infraestructura: "Para el caso en que se concreten los juicios orales, no hay salas de audiencias que ofrezcan condiciones de seguridad", escribieron los cortesanos en la última acordada del año.Sólo doce condenas en 2008 Para llegar a la acordada de ayer, la Corte Suprema se basó en un informe judicial que relevó las causas de derechos humanos que están elevadas juicio o que tuvieron sentencia en el último año. El resultado fueron 12 condenas y 21 expedientes esperando fecha de juicio en los tribunales orales. En ese documento consignan que en la Argentina se está llevando adelante "la mayor investigación del mundo entero sobre delitos de lesa humanidad" y en el apartado "evaluacion" está descrito el diagnóstico judicial en el que se basó el Máximo Tribunal para firmar la acordada de ayer con el objetivo de impulsar las causas. Allí deslinda la responsabilidad de los jueces: "Se abrió una investigación a través del poder judicial exclusivamente (...) sin la creación de tribunales con competencia específica, sin un procedimiento adecuado para estas megacausas". En ese camino, el informe detalla uno a uno los problemas procesales de algunas causas específicas y recuerda que la continuidad de los "juicios por la verdad" –que comenzaron antes de la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida–, deberían terminar para poder avanzar con las causas de fondo. Al final, el documento apunta directamente a problemas de infraestructura, todos ellos, responsabilidad del Consejo de la Magistratura.Las advertencias de la Unidad Fiscal La mayoría de los problemas sobre los que alerta la acordada de la Corte Suprema fueron señalados en agosto de 2007 por un informe que la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos presentó ante el máximo tribunal.En base a este panorama de situación, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, instruyó en marzo pasado a todos los fiscales del país a promover la elevación a juicio oral de los expedientes en los que el auto de procesamiento hubiera quedado firme, aunque existieran recursos pendientes en la Cámara Nacional de Casación Penal o la Corte. El texto también recomendaba reunir la mayor cantidad de procesados, hechos y víctimas para "favorecer la comprensión integral del fenómeno y del análisis de la prueba; preservar a los testigos de la obligación de prestar reiteradas declaraciones sobre los mismos acontecimientos y evitar los entorpecimientos del ejercicio de defensa que generan los fraccionamientos excesivos".En el informe de la Unidad Fiscal que encabeza Jorge Auat se destinaba un párrafo aparte para advertir algo tan grave como evidente: que cada elevación derivada de las enormes y complejas causas radicadas en la jurisdicción Capital Federal –megacausas ESMA y Primer Cuerpo de Ejército, principalmente– recaerían en el Tribunal Oral Federal 5. Un año y medio después, el TOF que preside el juez Guillermo Gordo tiene a la espera ocho causas que se llevarían a juicio recién entre 2010 y 2011. "De no modificarse el criterio de distribución de causas entre los tribunales orales federales, los juicios quedarán estancados a la espera de que se fije fecha, momento que, en las actuales circunstancias, es incierto. (...) Es por ello que el tema merece una especial atención y la previsión de posibles medidas para evitar demoras más allá de lo razonable", alertaba la Unidad Fiscal a los jueces de la Corte.RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
Repudio ante las excarcelaciones de represores en Santiago del Estero
LA ASOCIACION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA, FLIARES DE DESAPARECIDOS, EXPRESOS POLITICOS DE SGO. DEL ESTERO, LLAMA A UNA CONCENTRACION EN EL JUZGADO FEDERAL, PARA EL DIA 30/12/08 A LAS 9 HS. PARA REPUDIAR LA EXCARCELACION DE SANCHEZ, LAITAN Y DIAZ (MIEMBROS DEL APARTO REPRESIVO RESPONSABLE DE TORTURAS, ROBOS, SECUESTROS, DESAPARICIONES Y ASESINATOS DE CIUDADANOS SANTIAGUEÑOS) y LA ACTITUD DEL TRIBUNAL QUE COBARDEMENTE NO SALIO A LEER EL FALLO A LOS PRESENTES EN LA SALA COMO ES SU DEBER.
TAMBIEN LES ESCRIBIMOS PARA CONTARLES QUE ALGUNOS MIEMBROS DE ESTA ASOCIACIÓN HAN SIDO APRETADOS Y AMENAZADOS POR FAMILIARES DE LOS REPERESORES A LA SALIDA DEL JUZGADO. (ESTO YA HA SIDO DENUNCIADO)
PEDIMOS SU ACOMPAÑAMIENTO PORQUE ENTENDEMOS QUE EL PEDIDO DE JUSTICIA QUE NOS CONVOCA ES UNA NECESIDAD DE TODOS, ESTA ES UNA CUESTIÓN IMPRESCINDIBLE PARA PODER MIRAR HACIA ADELANTE SIN CORRER EL RIESGO DE REPETIR LOS HORRORES DEL PASADO.

LOS ESPERAMOS

REENVIEN ESTE MENSAJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MUCHS GRACIAS
ASOCIACION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA, EX-DETENIDOS POLITICOS Y FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
SANTIAGO DEL ESTERO
A 34 AÑOS DEL CRIMEN
A 34 AÑOS DEL CRIMEN - UN MURAL RECUERDA A LOS CINCO FUSILADOS DE SOCA

Montevideo, 22/12/08 (La República).- La obra se instaló en la Ruta 70 cerca de Ruta 9, donde, el 20 de diciembre de 1974, fueron encontrados los cuerpos de los cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Argentina, trasladados en el "vuelo cero" y torturados salvajemente, antes de ser fusilados como supuesta represalia por el asesinato en París del coronel Ramón Trabal.

Amaral García tomó el micrófono y se paró delante del mural en el que, desde ayer, se recuerda el asesinato de sus padres y de los otros tres uruguayos fusilados por la dictadura, el 20 de diciembre de 1974. Hizo un largo silencio en el que recorrió las miradas de las más de doscientas personas que habían viajado hasta ese lugar de la Ruta 70 cerca de la Ruta 9. "¿Por qué?" preguntó... "Siento como si hubieran matado a cinco pájaros", llegó a decir antes de expresar, emocionado, "me abandonan las palabras" y estrecharse en un abrazo con los familiares de las otras víctimas.

Los padres de Amaral, Floreal García y Mirtha Hernández, junto a Graciela Estefanell y el matrimonio de Héctor Brum y María de los Ángeles Corbo, embarazada de cinco meses, fueron acribillados a balazos en ese paraje casi intransitado, hace 34 años, como una supuesta represalia de la dictadura, que aún presidía Juan María Bordaberry, ante el asesinato en París del coronel Ramón Trabal, cuya muerte, adjudicada entonces a un inexistente "Comando Raúl Sendic", se sospecha hoy como otro crimen del régimen. Los cuerpos de los cinco fusilados fueron luego arrojados detrás del cementerio de la localidad de Soca. Un comunicado de la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP) los presentó como un ajuste de cuentas y destacó que tenías ropas de procedencia argentina. El macabro parte de la dictadura no olvidaba subrayar los antecedentes "subversivos" de los muertos, aunque admitía que ninguno se encontraba "requerido" en el momento.

EL SILENCIO
El libro "El color que el infierno me escondiera" del escritor Carlos Martínez Montero, da cuenta de una sesión del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), el organismo que los militares habían impuesto el 9 de febrero de 1973, en la que se votó asesinar a cinco tupamaros en aquella falsa represalia. Otras investigaciones periodísticas han corroborado la existencia de aquella reunión en la que se resolvieron los fusilamientos. Hay testimonios, incluso, de que no fueron diez los muertos porque sólo habían traído a cinco desde Argentina. Los matrimonios García Hernández y Brum Corbo, como Estefanell, habían sido secuestrados aquel 8 de noviembre en Buenos Aires. Amaral García, tenía sólo cuatro años y quedó en manos de dos represores argentinos. Recién lograría recuperar su identidad en 1985, cuando fue hallado por las Abuelas de Plaza de Mayo en la provincia de Formosa. El periodista Germán Araújo y familiares de uruguayos desaparecidos lo trajeron a Uruguay. Desde entonces, Amaral pregunta "¿Por qué?".

La denuncia judicial que sobre los fusilamientos se realizaron luego de la dictadura, llevaron a una intensa indagatoria del juzgado de Pando, pero cuando se disponía a citar a Bordaberry, el caso fue archivado durante el gobierno de Julio María Sanguinetti. En la causa había testimonios de la tortura que presentaban los cuerpos y la declaración de un oficial de la Armada, hermano de Mariela Corbo, de que el comandante en jefe naval, Víctor González Ibargoyen le había pedido disculpas por no poder evitar la decisión del COSENA bajo influencia del Ejército.

LA VERDAD
El manto de la impunidad cubrió el caso durante 30 años, hasta noviembre de 2005, cuando un sobreviviente, Julio Abreu, rompió el silencio que le habían impuesto bajo amenazas y narró a La República lo que realmente había ocurrido con los fusilados de Soca desde su secuestro en Buenos Aires, su detención en centros clandestinos argentinos, su traslado en avión ("vuelo cero") y su reclusión en Montevideo en el centro de torturas de la casona de Punta Gorda, hasta que se los llevaron y ejecutaron. Abreu no era militante político y había sido secuestrado por estar en un cumpleaños donde capturaron a Floreal García. Sufrió la pesadilla del silencio impuesto por la dictadura y los gobiernos que le siguieron, hasta que sintió que podía hablar. Debió esperar dos años más para dar su testimonio ante la jueza penal Graciela Gatti, quien incorporó el caso a la causa contra el dictador Bordaberry, a quien inicialmente procesó por once casos de homicidio, entre los que aún no se incluyen a los fusilados de Soca. La jueza Gatti ya ha reabierto también el caso Trabal, cuyos antecedentes reclamó a Francia; mientras que la fiscal Ana María Telechea, actuante en la causa, no descarta seguir incorporando todos los casos de muertes y desapariciones ocurridas durante el mandato de Bordaberry, aún cuando algunas de ellas han sido archivadas o amparadas en la Ley de Caducidad.Roger Rodríguez
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Corte Suprema de Justicia de la
Nación
Informe sobre el estado de las causas concernientes a los hechos ocurridos
durante el último gobierno militar (Diciembre/08).

En el presente informe se detallan los juicios que se llevaron adelante y en los
que se ha dictado sentencia; los casos que están radicados en los tribunales
orales y, por último, las dificultades que se enfrentan en la etapa de instrucción
para lograr una rápida elevación a juicio.
I. Juicios realizados durante el presente año.
En el 2008 se celebraron juicios orales en distintas jurisdicciones del país.
Son los siguientes:
1) "Masacre Fátima", perteneciente a la causa del Primer Cuerpo de Ejército,
ante el TOF N° 5 de esta ciudad (proveniente del Ju zgado Federal n° 3); Se
condenó a Juan Carlos Lapuyole y a Carlos Enrique Gallone y se absolvió a
Miguel Angel Timarchi.
2) "De Marchi, Juan y otros", en el que se encontraba imputado Cristino
Nicolaides, entre otros, y cuyo juicio se realizó ante el Tribunal Oral Federal
de Corrientes. Se condenó a Juan Carlos de Marchi; Julio Barreiro; Horacio
Losito; Raúl Reynoso y se absolvió a Carlos Piriz.
3) "Brandalisis, Humberto y otros", seguida contra Luciano B. Menéndez y
otros, ante el Tribunal Oral Federal n° 1 de Córdo ba (proveniente del
Juzgado Federal n° 3 de Córdoba). Se condenó a Luci ano B. Menéndez;
Hermes Oscar Rodríguez; Jorge E. Acosta; Luis A. Manzanelli; Carlos
Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste V. Padován y Ricardo Lardone
por el secuestro, desaparición, torturas y asesinato de cuatro personas:
Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Lajas y
Raúl Osvaldo Cardozo, que militaban en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores.
4) "Reinhold, Oscar y otros s/privación ilegal de la libertad", radicada ante el
Tribunal Oral Federal de Neuquén (proveniente del Juzgado Federal n° 2 de
Neuquén); actualmente se está celebrando el juicio oral y público en el que
se juzga la actuación del ex jefe del batallón militar donde funcionó el centro
clandestino "La Escuelita", Enrique Braulio Olea; el ex jefe de Inteligencia de
esa unidad, Mario Alberto Gómez Arenas; su par del Comando de la Sexta
Brigada, Oscar Reinhold y el ex mayor Luis Alberto Farías Barrera.
Corte Suprema de Justicia de la
Nación
También están imputados el ex médico militar Hilarion de
Pas Sosa, los ex oficiales de Inteligencia Jorge Molina Escurra y
Adolfo San Martín y el ex suboficial de inteligencia, Francisco
Oviedo.
5) "Fiscal s/av.delito", radicada ante el Tribunal Oral Federal de San Luis y
proveniente del Juzgado Federal de esa ciudad; actualmente se está
realizando el juicio, en el que se juzga la actuación de dos ex militares
(Carlos Esteban Plá y Miguel Fernández Gez) y tres ex policías (David
Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco).
6) "Vargas Aignasse s/secuestro y desaparición", radicada ante el TOF de
Tucumán y proveniente del juzgado n° 1 de esa ciuda d; se dictó sentencia
condenatoria a Luciano B. Menéndez y Antonio Bussi por la desaparición de
Guillermo Claudio Vargas Aignasse, quien, a la fecha de su secuestro tenía
35 años de edad y era Licenciado en Física, egresado de la Universidad
Nacional de Tucumán y ejercía el cargo de Senador Provincial de esta
provincia en representación del Partido Justicialista. Pertenecía a una
agrupación dentro de su partido denominada FANET, Federación de
Agrupaciones Nacionales de Estudiantes de Tucumán.
7) "Comes, César Miguel y Mariani, Hipólito Rafael" (Mansión Seré) y "Barda,
Pedro Alberto"
s(homicidio y priv.ilegal libertad (área de Mar del Plata), ante
el TOF 5 de Capital Federal. Se condenó a los tres acusados. Los oficiales
de la Fuerza Aérea, Comes y Mariani fueron juzgados por los sucesos
ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en el predio
ubicado en la localidad bonaerense de Castelar, Partido de Morón, conocido
como "Mansión Seré" y que estaba bajo el control en el que permanecieron
en cautiverio varias personas, algunas de las cuales lograron fugarse:
Guillermo M. Fernández; Daniel E. Rossomano; Claudio Tamburrini y Carlos
Alberto García.
Barda era un teniente coronel que estaba acusado por la privación ilegal de
la libertad, aplicación de tormentos y homicidio de Analía Magliaro y del
abogado Jorge Candeloro así como por el secuestro y torturas a Marta
García de Candeloro.
8) "Berthier, Enrique y otros p/retención y ocultación de menores", ante el TOF
5. Se condenó al ex capital del Ejército Enrique Berthier, y a los
apropiadores Osvaldo Rivas y a María Gómez Pinto por el hecho cometido
en perjuicio de María Eugenia Sampallo Barragán.
Corte Suprema de Justicia de la
Nación
A ellos habría que agregar los realizados en los dos años anteriores:
9) En el mes de agosto de 2006 Julio Héctor Simón fue condenado por el
Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 de la Capital Feder al a 25 años de prisión por la
detención ilegal y los tormentos infligidos a José Poblete y Gertrudis Hlaczik y por
la ocultación de una menor, hija del matrimonio.
10) En el mes de septiembre de 2006 el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 1 de La
Plata condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua
,
inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legales y costas por la detención
ilegal, tortura y homicidio en relación con seis desapariciones.
11) El 9 de octubre de 2007, el ex capellán de policía Christian Federico Von
Wernich fue condenado
por el Tribunal oral Federal (TOF) N º 1 de La Plata a
prisión perpetua por su participación en siete homicidios, 42 secuestros y 31 casos
de tortura. Von Wernich había sido capellán de policía de la Provincia de Buenos
Aires –encabezada por Ramón Camps– y tenía bajo su control numerosos centros
de tortura en la provincia. Una de las principales acusaciones contra el sacerdote
fue que abusaba de su condición como ministro de la iglesia, y del sacramento de
la confesión, para colaborar con los militares.
12) El juez Lijo condenó –en diciembre de 2007- a 25 años de prisión al ex jefe
del Ejército y del Tercer Cuerpo Cristino Nicolaides
por los secuestros y las
desapariciones de cinco miembros de Montoneros entre 1979 y 1980, cuando esa
agrupación guerrillera lanzó la operación "contraofensiva" ante la dictadura militar.
La sentencia también alcanzó a Pascual Guerrieri, Carlos Fontana, Waldo Roldán,
Luis Arias Duval, Santiago Hoya, Juan Carlos Gualco y Julio Simón (alias "el Turco
Julián").
II. En etapa de juicio oral:
1) Mar del Plata
a) 15.998 y 17.760 "Molina, Gregorio R." Se acusa a Molina, suboficial
de la Fuerza Aérea, de los delitos de homicidio, privación ilegal de la
libertad, tormentos y violaciones reiteradas.
b) 30746 "Labolita, Carlos O.", desde el 28 de abril de 2008.
Imputados: Mansilla, Pedro Pablo y Duret, Alejandro
Guillermo. Se los acusa de la desaparición de Carlos Alberto
Labolita, un joven de la ciudad de Las Flores, Provincia de
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Nación
Buenos Aires.
2) Capital Federal
a) 1.278 "Rei, Victor Enrique, radicada en el TOF 6. Se acusa a
Rei por un hecho de sustracción y ocultación de un menor.
b) 1351 "Nicolaides, Cristino" y otros, ante el TOF 6. Se acusa
a Nicolaides y otros militares por el plan sistemático de
sustracción de menores
c) 1261 "Olivera Rovere, Jorge Carlos", (Primer Cuerpo) ante
el TOF 5, tiene fijada fecha para juicio en febrero de 2009.
d) 1268 (Primer Cuerpo: Jefes de Area), ante el TOF 5
Imputados: Saa, Teófilo; Alespetti, Felipe Jorge; Lobaiza,
Román Humberto José y Menéndez, Bernardo José (se
podría incorporar al juicio "Olivera Rovere"
e) 1272 (Primer Cuerpo: La Pampa "Iriart, Fabio y otros"),
ante el TOF 5 (se están tomando declaraciones
testimoniales anticipadas en atención a la edad de las
personas y el tribunal realizó inspecciones en el lugar
de los hechos, en la provincia de La Pampa.
Imputados: Iriart, Fabio Carlos; Greppi, Néstor; Cobuta,
Oscar; Constantino, Roberto; Aguilera, Omar; Escalada,
Roberto; Reinhart, Carlos; Reta, Athos; Cenizo, Néstor
Bonifacio; Fioruci, Roberto; Marenchino, Hugo y Yorio,
Oscar.
f) 1271 (ESMA: caso Walsh), ante el TOF 5
Imputados: Acosta, Jorge E.; Astiz, Alfredo; García
Velasco, Pablo; Radice, Jorge Carlos; Rolón, Juan Carlos;
Pernías, Antonio; Coronel, Julio; Weber, Ernesto y
Generoso, Carlos. (el juicio podría comenzar a mediados
del 2009, luego de la finalización del del Primer Cuerpo.
g) 1270 (ESMA: "Donda, Adolfo"), ante el TOF 5 (se podría
acumular al anterior).
h) 1504 (Plan Cóndor:"Videla, Jorge y otros"), ante el TOF 1
Imputados: Alais, Ernesto; Bussi, Antonio; Delío, Eduardo;
Díaz Bessone, Ramón; Guañabens, Eugenio;
Harguindeguy, Albano; Landoni, Carlos; Menéndez,
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Nación
Bernardo; Menéndez, Luciano B.; Nicolaides, Cristino;
Olivera Rovere, Jorge; Riveros, Santiago O.; Saa, Juan
Pablo; Tragant, Carlos; Vañek, Antonio; Videla, Jorge R.;
Caggiano Tudesco, Carlos.
i) 1376 (ESMA: apropiación de bienes "Acosta, Jorge y otros",
ante el TOF 5 (se podría incluir en el juicio de la ESMA).
Imputados: Acosta, Jorge Eduardo; Radice, Jorge Carlos y
Pazo, Carlos José.
j) 1277 (ESMA: Testimonios "A": "Acosta, Jorge y otros"),
ante el TOF 5 ( ídem anterior).
Imputados: Acosta, Jorge Eduardo; Astiz, Alfredo; Azic,
Juan Antonio; Capdevilla, Carlos Octavio; Donda, Adolfo
Miguel; García Tallada, Manuel Jacinto; Montes, Oscar
Antonio; Pernías, Antonio y Scheller, Raúl Enrique.
k) (ESMA: Testimonios "B", Monjas), ante el TOF 5 (ídem
anterior)
Imputados: Astiz, Alfredo; Acosta, Jorge; Pernías,
Antonio; Scheller, Raúl; González, Alberto Eduardo;
Coronel, Julio César; Weber, Ernesto; Radice, Jorge;
Savio, Néstor Omar y Rolón, Juan Carlos.
l) 14216 (Primer Cuerpo) centros "Atlético", "Banco" y
"Olimpo" "Vesubio"
Imputados: Kalinec, Eduardo; Uballes, Eufemio;
Cardozo,Guillermo; Pereyra Apestegui, Eugenio; Miara,
Samuel; Rosa, Roberto; González, Raúl; Avena, Juan
Carlos; Falcón, Juan C.; Donocik, Luis; Rolón, Oscar
Augusto; Simón, Julio; Pascarelli, Hugo; Maidana, José;
Durán Saenz, Pedro; Chemes, Diego S.; Zeolitti, Roberto
C.; Gamen, Héctor H.; Erlan, Ramón A. y Martínez,
Ricardo.
3) Formosa
a) 200/06 "Colombo, Juan C." ("Carrillo, Fausto"), ante el TOF
de Formosa (audiencia fijada para febrero 2009).
Imputado: Colombo, Juan C.
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4) Rosario
a) 131/07 "Guerrieri, Pascual y otros (Quinta de Funes)", ante el TOF 1
Imputados: Fariña, Jorge Alberto; Costanzo, Eduardo Rodolfo;
Guerrieri, Pascual Oscar y Amelong, Juan Daniel
5) Santa Fe
a) 152/07 "Brusa, Victor H. y otros", ante el TOF de Santa Fe
Imputados: Brusa, Víctor Hermes; Colombini, Héctor Romeo; Ramos
Campagnuolo, Eduardo Alberto; Perizzotti, Juan Calixto; Aebi, María
Eva; Facino, Mario José y Marcelini, Domingo Manuel.
b) 41/07 "Barcos, Horacio A.", ante el TOF de Santa Fe
Imputado: Barcos, Horacio A.
6) San Martín
a) 4012 "Riveros, Santiago Omar y otros", ante el TOF 1.
Imputados: García, Osvaldo Jorge; Fragni, Cesar Amadeo; Harsich,
Raúl Horacio; Aneto, Alberto Angel; Riveros, Santiago y Bignone,
Reynaldo Benito.
7) Misiones
a) 1531/04 "Caggiano Tedesco, Carlos y otro", ante el TOF de
Posadas
Imputados: Caggiano Tedesco, Carlos y Nicolaides, Cristino.
8) Mendoza
a) 37-F "Menéndez, Luciano y otros", ante el TOF 1 de
Mendoza
Imputados: Menendez, Luciano B.; Lazo, Orlando;
Oyarzabal, Juan y Yapur, Tamer.
III. Evaluación.
Para una correcta evaluación de todos estos procesos es necesario considerar
que se trata de la mayor investigación llevada a cabo en el mundo entero sobre
delitos de lesa humanidad. En nuestro país se abrió una investigación
exclusivamente a través del poder judicial, sin una legislación previa que organice
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Nación
o delimite la investigación o establezca pautas, sin la creación de tribunales con
competencia especifica, sin un procedimiento adecuado para estas megacausas y
con una enorme amplitud en la investigación. No es lo habitual, ya que en muchos
países se restringió la investigación a algunos casos, o se hizo a través de
organismos especiales que luego sometieron a la justicia solamente el dictado de
la sentencia, o bien se crearon tribunales específicos, todo lo cual permite una
rápida y mejor resolución. A ello hay que agregar que el Poder Judicial ya estaba
saturado por el nivel de litigiosidad existente, hay una insuficiencia de jueces,
cargos vacantes, falta de edificios adecuados, falta de tecnología, de
informatización, de salas de audiencias, y de otros recursos adecuados.
Por esta razón es necesario atender a las dificultades de contexto e
infraestructura para lograr una mejora en la celeridad.
Entre las razones específicas que dilatan los procesos pueden señalarse:
a) problemas en la constitución definitiva de los tribunales orales (ej. "Colombo" en
Formosa; "Brusa" en Santa Fe y "Guerrieri" en Rosario; sólo en Formosa ya se
solucionó); b) inconvenientes en la designación de un juez sustituto para la
realización del juicio "Primer Cuerpo de Ejército" en febrero de 2009 ante la
imposibilidad manifestada por los demás jueces de los tribunales orales; c)
congestión en los seis tribunales orales federales de la Capital Federal que implica
la imposibilidad de que se reasigne alguna de las causas radicadas en el TOF 5;
d) relacionado con el punto anterior, el juicio sobre los hechos cometidos en la
ESMA se podría realizar luego del fijado para el mes de febrero de 2009 (Primer
Cuerpo) y no antes de mediados de año; e) defectos en la elevación de las causas
(ej. el TOF 1 de Mendoza debió devolver el expediente seguido, entre otros, a
Luciano B. Menéndez a instrucción; el TOF 1 de San Martín advirtió que en la
causa seguida a Riveros por hechos cometidos en Campo de Mayo existían
apelaciones pendientes de resolución definitiva; el TOF 5 recibió un tramo de la
causa de la ESMA (por hechos cometidos durante el año 1976) en los que se
había corrido vista a las defensas de la acusación fiscal pero se había omitido
hacerlo con la de las querellas); f) oposición de las querellas a que se realicen
juicios por hechos aislados (ej. "Donda" en causa ESMA) o cuestionamiento a la
unificación de las distintas querellas en solo tres grupos (ESMA); g) diversificación
de las denuncias para que se investiguen en los juzgados próximos a los lugares
donde ocurrieron los hechos (postura de la Secretaría de DDHH de la Provincia de
Buenos Aires); h) subsistencia del criterio que había regido en los juicios por la
verdad: la pretensión de obtener toda la información posible para el
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Nación
esclarecimiento de la suerte corrida por miles de personas que habían
desaparecido o sufrido distintos vejámenes durante el periodo de la represión
ilegal; en ese sentido existe la pretensión de que se investiguen la totalidad de los
hechos y la responsabilidad de todos los involucrados. A ello se suma que en
algunas jurisdicciones, como por ejemplo en Mar del Plata, continúa el juicio por la
verdad ante el TOF de esa ciudad; i) el atraso en la instrucción de los procesos,
aunque ya se haya superado esa etapa, igualmente repercute en el tribunal oral
por las excesivas prórrogas en las prisiones preventivas, como acaba de ocurrir
con algunos de los legajos que conforman la causa ESMA. J). Para el caso en que
se concreten los juicios orales no hay salas de audiencias que ofrezcan
condiciones de seguridad. Hay un reiterado reclamo para que el Consejo de la
Magistratura construya o alquile salas de audiencias en capital y en algunos
lugares del interior. K). La reforma referida a la tramitación oral de los recursos al
ser indiferenciada ocasiona numerosos problemas y, en algunos casos, mayores
demoras. Por esta razón se ha solicitado que se reforme para aplicarla a los
delitos de mayor gravedad. L). Existe falta de recursos que debe suministrar el
consejo de la magistratura, como el equipamiento informatico, grabadores,
mejoras edilicias. Es fundamental el desarrollo del plan de justicia digital (a pesar
de haberse anunciado a principios de años, todavía no están listos los pliegos
para la licitación que debe elaborar el consejo de la magistratura).
Corte Suprema de Justicia de la
NaciónRED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

Nota de tapa / Edición Impresa www.criticadigital.com.ar

mil causas en espera
El colapso es un caso federal
La falta de unificación de causas por delitos cometidos en el mismo centro clandestino es la razón principal que demora las investigaciones y los juicios
.
Martina Noailles

El cuello de botella de la Justicia en los procesos sobre violaciones a los derechos humanos no sólo se refleja en las pocas causas que fueron elevadas a juicio oral. Como contracara de los 21 expedientes que están en manos de tribunales orales, otros mil casos recién se encuentran en etapa de instrucción. Los motivos del lento andar son disímiles a lo largo y a lo ancho del país, pero uno de los puntos principales es la fragmentación de las investigaciones. Según los datos actualizados que maneja la Unidad Fiscal a cargo del seguimiento de las causas desde la Procuración General de la Nación, hoy existen 534 personas procesadas por delitos de lesa humanidad. De ellas, 378 se encuentran detenidas, algunas en cárceles comunes, muchas otras en sus casas. Los prófugos son 54. Y los condenados sólo 36.Pero más allá de este número total de procesados –que en 2008 tuvo un aumento considerable con respecto al año anterior–, al poner la lupa sobre los detalles de cada jurisdicción los problemas se hacen aún más evidentes. Los obstáculos son muchos y se verifican en distintos momentos procesales: desde que se abre la causa hasta que se indaga a los imputados; desde que se los procesa hasta que el fiscal requiere la elevación a juicio y desde que finalmente el juez cierra la instrucción y deja en manos de un tribunal oral la fecha en la que sentará en el banquillo a los acusados. En el medio, las cámaras de apelaciones y la Cámara Nacional de Casación Penal se toman su tiempo para resolver los innumerables recursos presentados por las partes.Uno de los problemas que se verifica en la mayoría de las provincias es la atomización de las causas. Este año, por ejemplo, en Tucumán se realizó el primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos de la provincia, con sólo dos imputados, los jerarcas Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, y una víctima, Guillermo Vargas Aignasse. En esa tierra, donde funcionaron los primeros centros clandestinos del país antes del golpe de 1976, se tramitan unos 600 expedientes, casi todos instruidos por un único juez federal, Daniel Bejas, y un solo fiscal, Emilio Ferrer. En el último año, los pedidos del ministerio público lograron que algunas de estas causas que se refieren a una única víctima se acumularan jurídicamente según el lugar en el que estuvieron detenidos.En Córdoba, el intento por unificar las causas aún no tuvo éxito y hoy se tramitan 19 causas por los delitos cometidos en el mismo lugar: el centro clandestino La Perla. En muchos de estos expedientes ni siquiera se han tomado declaraciones indagatorias. En el norte el panorama no es más alentador. Aunque en Jujuy existen unas veinte causas abiertas y el requerimiento de indagatorias del fiscal Domingo Batule data de agosto de 2006, el juez subrogante Carlos Olivera Pastor sólo tomó declaración a tres represores. También hace ya varios meses que el fiscal solicitó la unificación de las causas, pero aún no obtuvo respuesta. "Está claro que el juez no hace lo necesario para que las causas avancen. No tiene por acreditados los testimonios realizados en el hábeas data local ni en las mismas causas con anterioridad a su reapertura, lo que lleva a una pérdida enorme de tiempo en testimonios que no haría falta repetir y la postergación interminable de la citación a indagatoria de los responsables", relató Pablo Pelazzo, abogado querellante.Mendoza es otra de las provincias que ve avanzar la Justicia a paso lento. La gota que rebasó la paciencia fue la decisión de la Cámara Federal provincial de liberar a todos los represores procesados. "Pedimos el juicio político contra los tres camaristas por mal desempeño ya que las libertades concedidas son escandalosas. Además se les negó ser querella a distintos familiares, por ejemplo al hijo de Paco Urondo", indicó Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y uno de los que realizó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. En Mendoza sólo una causa espera fecha de juicio oral. Con el millar de causas en espera, los juicios orales en 2009 no superarán la media docena. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

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