martes, 30 de diciembre de 2008

LA CORTE SUPREMA EXHORTO A LOS JUECES A QUE ACELEREN LAS CAUSAS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
“Es un sistema muy lento y formalista”

En su última acordada del año, la Corte pidió trámite urgente para las causas que investigan crímenes de la dictadura y anunció la creación de una superintendencia que seguirá la evolución de esos expedientes.
Por Ir
ina Hauser
La Corte Suprema exhortó a los jueces de todas las instancias a “acelerar” y poner “urgencia” en el trámite de las causas pendientes sobre crímenes cometidos durante la última dictadura y anunció la creación de una “Unidad de Superintendencia” propia para monitorear cómo evolucionan esos expedientes. Para eso firmó una acordada en la que atribuye parte de la culpa por las demoras a la vigencia de un modelo procesal “lento, formalista y plagado de oportunidades dilatorias” y a la omisión de ciertas medidas por parte del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Consejo de la Magistratura. Pide la creación de nuevos tribunales orales, abreviar los tiempos de los concursos para cubrir vacantes en los ya existentes, salas de audiencias con medidas de seguridad y una reforma legal que modifique el proceso penal en sí mismo.
Este pronunciamiento, tal como anticipó Página/12, es la forma en que el alto tribunal decidió dar respuesta ante el malestar que desató el fallo de la Cámara de Casación Penal que el jueves último ordenó la liberación –frenada por la apelación del fiscal de una veintena de represores, entre ellos los emblemáticos Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta–. También contesta, en cierta medida, a la frase de la presidenta Cristina Kirchner, quien dijo que aquel era un “día de vergüenza para el sistema judicial”, mientras los organismos de derechos humanos pusieron énfasis en que la excarcelación era posible por todo lo que demoran en forma injustificada los procesos y juicios.
La acordada de ayer va acompañada de un informe interno de la Corte sobre el estado de las causas contra represores en el que destacan que la investigación realizada en Argentina es “la mayor en el mundo entero sobre delitos de lesa humanidad” y que se ha realizado “exclusivamente a través del Poder Judicial” (ver aparte). En el texto principal señalan que, luego de la anulación de las leyes de impunidad, lo que subsisten son “inconvenientes prácticos” que exigen “un alto nivel de coordinación” entre los tres poderes del Estado.
A la vez, dicen Sus Señorías, toda iniciativa debe combinar “el legítimo derecho a un respuestas por parte de las víctimas y deudos y la necesidad de preservar el derecho a de los procesados a que las causas se resuelvan en un plazo razonable”. Uno de los argumentos de Casación para excarcelar a Astiz y compañía fue que habían permanecido demasiado tiempo con prisión preventiva, sin condena. En su acordada, la Corte no hace ninguna referencia a ese fallo, sobre el que tendrá que opinar en forma específica.
El documento de ayer evita cargar la responsabilidad en el Poder Judicial pero lanza una “exhortación” a los jueces y tribunales orales a cargo de las causas sobre crímenes dictatoriales para que “evalúen con urgencia las decisiones a tomar” en pos de “la celeridad del trámite”. Además, les dice que lo hagan en consulta con el Ministerio Público, lo que constituye una señal de respaldo a la política de apurar los juicios que vienen aplicando los fiscales bajo instrucciones del procurador Esteban Righi, pero que no siempre encuentra eco en los magistrados.
Para supervisar que esto se cumpla, la Corte crea la “Unidad de Superintendencia” para delitos de lesa humanidad, que quedaría a cargo del secretario José Luis Mandalunis. Estará facultada para pedir informes a los jueces sobre “el avance de los procesos” y hacer relevamientos, pero no para sancionar. En rigor, la Procuración General tiene una unidad especial que viene realizando el mapa y evaluación de los juicios hace tiempo. La Corte adeudaba un mensaje a los jueces.
La acordada insta al Consejo de la Magistratura para que implemente la digitalización de expedientes y la informatización en general. Se supone, dicen en la Corte, que está todo listo pero ni se ha llamado a licitación. Le reclama que provea salas de audiencias para juicios orales y recursos faltantes. Pide incluso acortar los tiempos de los concursos (que suelen durar dos años o más) para cubrir la infinidad de vacantes en la Justicia (cerca de 170), a lo que también deberá aportar el Ejecutivo, que hace la selección final.
Como “factor de demora permanente”, el alto tribunal señala “el proceso penal” actual que “mantiene una instrucción judicial lenta, extremadamente formalista y plagada de oportunidades dilatorias, que afecta el juzgamiento de todos los delitos y no sólo los concernientes a crímenes contra la humanidad”. Por eso recomienda una reforma procesal, que debería votar el Congreso y podría impulsar el Ejecutivo, que modifique el sistema existente. El ex ministro de Justicia, Alberto Iribarne, envió un proyecto en ese sentido sobre el final de la presidencia de Néstor Kirchner, pero nunca fue discutido.
Entre una lista de factores de retardo detectados, la Corte alerta sobre “una congestión de los seis tribunales orales federales de Capital Federal, lo que impide reasignar” –argumentan– alguna de las dos megacausas concentradas en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5), una referida a los hechos cometidos en el Primer Cuerpo de Ejército y la otra a los de la ESMA. Mientras las audiencias de la primera comenzarán en febrero, y durarán medio año o más, recién después podría comenzar el juicio sobre los secuestros, torturas, desapariciones y apropiación de bienes en el centro clandestino de la Marina.
Entre los ministros supremos hay bronca por la falta de respuesta a una nota enviada el 15 de julio último al ministro de Justicia Aníbal Fernández, que sacan a relucir en la acordada. Allí señalaban a Fernández “preocupación” por la “situación que atraviesan los seis tribunales orales” porteños y le pedían que impulsara la creación de “dos nuevos tribunales orales” con el fin de “poder superar el estado de muchos procesos que no pueden ser llevados a juicio en el tiempo razonable”. Con anterioridad, señalaron, habían planteado las dificultades –como falta de espacio físico para aplicar la reciente ley que volvió orales todos los recursos judiciales–. Preferirían acotar esa oralidad a delitos graves.
La lista de obstáculos sigue: problemas para conformar los tribunales orales (por las múltiples vacantes y la excusación de jueces); la postergación del inicio de juicios por recursos pendientes; las denuncias dispersas; la falta de unidad de las querellas y la oposición a que se realicen juicios parciales (por hechos que se van probando y no por todos), y la subsistencia de un criterio basado en “la pretensión de que se investigue la totalidad de los hechos y la responsabilidad de todos los involucrados”.
Desde la Procuración calificaron la iniciativa suprema como “un buen gesto” y “una herramienta legal”, aunque señalan que “no están claras las facultades de la unidad de superintendencia”. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, Andrea Pochak sostuvo que “sin conocer el texto en detalle nos parece un aporte importante”.



EL MONITOREO SOBRE LAS CAUSAS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Las razones de las “demoras permanentes”
La Corte Suprema de Justicia admitió que las investigaciones sobre las causas por delitos de lesa humanidad en el país sufren “demoras permanentes”. En un Informe de la Comisión de Monitoreo de las causas de la dictadura –base de la última acordada–, señala entre las razones una “congestión” de las causas en los seis tribunales federales de Capital Federal y “defectos” en la elevación de las causas. Pero también carga las tintas sobre las querellas y las víctimas, porque pretenden esclarecer “la suerte corrida por miles de personas desaparecidas” y que se investigue “la totalidad de los hechos” y a la “totalidad de los responsables”.
A pesar del largo listado de fallas que enumeró el equipo de diagnosticadores y de las críticas de las últimas semanas a la Cámara de Casación Penal por la decisión de liberar a los represores, las conclusiones del Informe de la Comisión de Monitoreo de las causas de la última dictadura militar arranca ponderando el rol de la Justicia argentina.
“Para una correcta evaluación de todos estos procesos –dice– es necesario considerar que se trata de la mayor investigación llevada a cabo en el mundo entero sobre delitos de lesa humanidad.” E indica: “En nuestro país se abrió una investigación exclusivamente a través del Poder Judicial, sin una legislación previa que organice o delimite la investigación o establezca pautas, sin la creación de tribunales con competencia específica, sin un procedimiento adecuado para estas megacausas y con una enorme amplitud en la investigación. No es habitual, ya que en muchos países se restringió la investigación a algunos casos o se hizo a través de organismos especiales que luego sometieron a la Justicia solamente el dictado de la sentencia o bien se crearon tribunales específicos, todo lo cual permite una rápida y mejor resolución.”
Aunque para los especialistas el Informe no está proponiendo crear tribunales especiales u organismos especiales ni es una crítica al resto de los poderes, sino sólo una descripción del inédito caso argentino, las conclusiones parecen ir más allá. Detrás de la enumeración de los problemas de forma, la Comisión también planteó problemas de fondo.
A la “insuficiencia de jueces, cargos vacantes, falta de edificios adecuados, falta de tecnología, de informatización, de salas de audiencias y de recursos adecuados” agregaron otros aspectos que demoran las causas. Mencionan “problemas en la constitución definitiva de los tribunales orales, como por ejemplo en Formosa y Rosario”, e inconvenientes de un juez sustituto para la realización del juicio del Primer Cuerpo de Ejército en febrero de 2009.


RECONSTRUIRAN LA MAñANA EN QUE DESAPARECIO LOPEZ
Los últimos pasos
A veintisiete meses de la última vez que se vio a Jorge Julio López en Los Hornos, la Justicia recorrerrá las calles con los cuatro testigos que declararon haberlo visto esa mañana.


Por Adriana Meyer
Los últimos pasos de Jorge Julio López por su barrio antes de ser desaparecido serán reconstruidos por orden judicial. Cuatro testigos, cuyos dichos no han sido refutados, afirmaron que se encontraron con su vecino entre las 9 y las 10 y media de la mañana de aquel lunes 18 de septiembre de 2006, en distintos puntos de Los Hornos y hoy los investigadores volverán a recorrer el camino que habría hecho el testigo del caso Etchecolatz antes de ser visto por última vez. La medida fue ordenada por el juez que investiga la desaparición de López, Arnaldo Corazza, a pedido del nuevo secretario de la causa, Juan Martín Nogueira, y se producirá en el marco de numerosas medidas procesales tomadas en los últimos días.
A López, el albañil de 77 años que sobrevivió a su cautiverio durante la dictadura y testimonió contra el represor Etchecolatz, lo acompañaba siempre su sobrino, Hugo Savegnago, en las actividades relacionadas con las denuncias que decidió hacer a partir de 1999. Aquel 18 tenía que presentarse para escuchar los alegatos en el juicio contra el ex colaborador de Ramón Camps, y por eso iba a encontrarse a las 9 y cuarto con Nilda Eloy, víctima, testigo y querellante como él en ese juicio. Se habían comprometido a respaldar con su presencia la palabra de sus abogadas, y López tenía especial interés en verle la cara a Etchecolatz. Pero esa mañana cuando Hugo llegó a la casa de Los Hornos su tío ya no estaba.
Cuatro testigos que declararon en la causa dijeron que vieron a López caminando por el barrio, en dirección contraria a los tribunales donde lo esperaban, y vestido con ropa diferente a la que usaba para ir a las audiencias. Una mujer relató que habló con él de cuestiones intrascendentes, y aseguró que lo conocía de toda la vida. Esta parte del expediente fue debidamente verificada por los investigadores, e incluso la querella de Justicia Ya! no duda de esos testimonios. Sin embargo, hay un momento de ese trayecto en que el rastro de López se pierde. “No pudimos seguir la ruta de López ese día, desde su casa hasta un local de Edelap, porque en un momento dado desaparece, nadie vio nada y si vio no habla por temor”, había dicho el juez Corazza a Página/12. El magistrado había aclarado que “hay que tener en cuenta que López vivía en un barrio de policías, con los que tenía un trato de vecinos”. De hecho, una de las vecinas de López es una mujer policía que formó parte del círculo íntimo del ex jefe de Inteligencia de la Bonaerense.
Es en ese sentido que apuntan las medidas propuestas por el secretario Nogueira, que se están haciendo con objetivos procesales concretos y que corresponden a dos de las hipótesis más fuertes que maneja el nuevo encargado del caso, familiarizado con causas por violaciones a los derechos humanos, sus víctimas y sus victimarios.
El procedimiento comenzará a las 9 en el domicilio de la familia López, participarán sus hijos Ruben y Gustavo y la querella de Justicia Ya!, y será concretado por los funcionarios de la causa con el apoyo de la comisión López de la Policía Federal, dado que la Bonaerense ya fue apartada del caso. “Es un reconocimiento judicial del lugar, para ver in situ los lugares por los que se movía López habitualmente, y constatar lo que dicen los testimonios de la gente que lo vio, y para nosotros tiene un gran valor, a pesar de los más de dos años transcurridos, porque tomamos la causa hace apenas unos meses”, explicó a Página/12 uno de los colaboradores de Nogueira. Más allá de esas razones, esta medida nunca había sido concretada en la investigación.

LO DISPUSO EL JUEZ BUJAN Y CORRESPONDE A DELITOS QUE COMPETEN A LA CIUDAD
Ni un chico detenido en comisarías
La sentencia tuvo lugar tras el hábeas corpus presentado por la Asesoría Tutelar porteña. Bujan dio un plazo de sesenta días para que se eligiera un lugar apto que no podrá quedar bajo la custodia de fuerzas de seguridad. Entretanto, sugirió cinco comisarías.







Por Horacio Cecchi
Un juez penal de la ciudad ordenó vez que los chicos menores de 18 años no podrán ser detenidos en comisarías para averiguación de antecedentes y dio sesenta días para que el gobierno porteño disponga de lugares de alojamiento adecuados y que no estén bajo la custodia de fuerzas de seguridad. Es la primera vez que la Justicia porteña, haciendo uso del traspaso de jurisdicciones, pone en ejecución la avanzada ley del Régimen Procesal Penal Juvenil de la ciudad, que ya llevaba un año y un mes de promulgada con ninguna aplicación real. El juez Javier Bujan emitió el fallo tras un hábeas corpus preventivo presentado por Laura Musa y Carlos Bigalli, de la Asesoría Tutelar de Menores de la ciudad, el 1º de diciembre pasado. Bujan dio la posibilidad de que dentro de los límites impuestos de sesenta días los fiscales pudieran ordenar detenciones por averiguación de antecedentes sólo en cinco comisarías. “Hay una vergüenza menos en nuestro sistema democrático”, dijo Laura Musa a Página/12.
La sentencia de Bujan es extensa y desmenuza con detalle todo el procedimiento judicial resolutivo sobre el hábeas corpus, que ocupó 1600 folios pero que se resolvió muy rápidamente. En 28 días, Bujan recibió pruebas, citó a las partes (Fiscalía, Defensoría, Asesoría Tutelar y Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, además del Consejo de la Magistratura y al Ministerio de Justicia porteños), recorrió 180 kilómetros en un día visitando cada una de las comisarías porteñas para verificar in situ. Y avanzó con audiencias transformadas casi en una mesa de diálogo que pasó por momentos de tensión.
Lo que la titular de la Asesoría, Laura Musa, y el asesor de primera instancia, Carlos Bigalli, reclamaban en el hábeas corpus era el cese de una acción que “era una práctica naturalizada lesiva de los derechos de los jóvenes”, sostuvo Musa. La práctica se registra cuando la policía detiene a un chico in fraganti cometiendo un delito de jurisdicción penal de la ciudad. “En ese caso, la policía preguntaba al fiscal y el fiscal era el que ordenaba la detención por averiguación de antecedentes –explicó Musa–. La fiscalía se sintió señalada y defendió a ultranza la detención por tiempos cortos, en promedio seis horas.”
Durante las audiencias, y esto se vio reflejado en la sentencia, la Asesoría, representada por Musa y Bigalli, y la Defensoría, representada por Betina Castorino y Javier de la Fuente, defendieron la anulación de lo que consideran “una práctica naturalizada”, mientras que la Fiscalía, representada por Claudia Barcia y Luis Duacastella Arbizu, sostuvo que la ley admitía la detención en comisaría. En la sentencia, Bujan dejó en claro que en la práctica naturalizada no se podía evitar la aprehensión por parte de la policía, pero que la privación de la libertad, en su origen, dependía del fiscal, porque es el fiscal quien responde a la pregunta policial y dispone dar la libertad o continuar con la averiguación en la comisaría. Los fiscales no negaron sus actuaciones sino que las consideraron como legales. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que se puede alojar menores en comisarías para este tipo de trámites”, señalaron en las audiencias.
El caso Bulacio, que no casualmente sentó al Estado argentino en el banquillo de los acusados ante la citada Corte Interamericana, desmiente la cita de la Fiscalía. Ocurre, como se sabe aunque no se recuerde, que Bulacio fue detenido por policías federales a la salida de un recital y alojado en una comisaría para supuesta averiguación de identidad, fue apaleado y murió a consecuencia de los golpes. Y son precisamente esas seis horas de alto riesgo histórico lo que se quiere evitar.
“Estamos ante un cambio cualitativo en el respeto de los derechos y garantías de los niños y adolescentes”, sostuvo la defensora adjunta a cargo de la Defensoría General, Betina Castorino. El fallo también trajo alguna curiosidad: por ejemplo, un mismo policía podría detener a un mismo chico por romper una vidriera (compete a la Justicia de la ciudad) y el fiscal de la ciudad ordenará que no sea alojado en comisaría. El mismo policía podría detener a ese mismo chico por un robo (competencia penal nacional) y el fiscal nacional ordenará la detención en comisaría.
Otra curiosidad: Bujan sugirió cinco o seis comisarías provisorias. Una de ellas, la 52, podrá ser como edificio, pero sin sus jefes, procesados por el juez Oyarbide por trata de menores.

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en su última acordada del año, revisó las causas de las demoras judiciales que benefician a represores
La Corte culpó al Gobierno y a la Magistratura
Pidió más tribunales, reformar el Código Procesal y completar juzgados vacantes. Ante la ausencia de respuesta, creó una unidad especial para las causas de lesa humanidad.

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El que avisa no es traidor. Parte de la Corte Suprema junto al ministro de Justicia Aníbal Fernández a quien enviaron alertas urgentes sobre la saturación de los tribunales y sus posibles consecuencias.
La Corte Suprema de Justicia apuntó ayer al Gobierno, al Congreso y al Consejo de la Magistratura por la falta de condiciones necesarias para que en la Argentina se complete el proceso de sanción de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. El Máximo Tribunal intervino en la polémica por las demoras en las causas de derechos humanos creando un organismo para monitorear los procesos. Esta decisión llegó once días después de que la presidenta Cristina Kirchner reprochara al Poder Judicial la responsabilidad sobre este conflicto generado por un fallo de Casación que autorizó la libertad –que finalmente no obtuvieron– de represores como Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta. A pesar de que en el comienzo del escrito los jueces consignan la voluntad explícita de los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal para agilizar las causas, luego destacaron que "esa determinación no está exenta de considerables inconvenientes prácticos", y pasaron a detallar los temas pendientes de resolución que la Corte le hizo notar durante todo el año al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y al Consejo de la Magistratura. En rigor, los cuestionamientos podrían aplicarse a todo el sistema judicial, no sólo a los procesos por delitos de lesa humanidad. En la acordada, los magistrados resuelven crear una unidad de Superintendencia para los delitos de lesa humanidad, que hará un seguimiento detallado de cada causa, y piden a los jueces que trabajen en conjunto con los fiscales. A la hora de otorgar responsabilidades, la Corte escribió que un factor de demora permanente está en el código procesal penal, al que consideran obsoleto. La reforma del código era una tarea que Cristina Kirchner impulsó y luego frenó cuando todavía era senadora de la Nación. "El proceso penal mantiene una instrucción judicial lenta, extremadamente formalista y plagada de oportunidades dilatorias que afecta el juzgamiento de todos los delitos", dice el texto.El 19 de diciembre pasado, la Cámara de Casación firmó un fallo que aseguraba el escándalo. La Sala II, con la firma de Guillermo Yacobucci y Luis García, ordenó la liberación de represores acusados de delitos de lesa humanidad en la causa ESMA. El tribunal consideró que el tiempo que los marinos llevaban presos sin condena superó el plazo establecido por la ley, y decidieron no prorrogar su detención. Ese mismo día, la Presidenta tenía agendado un acto en la Escuela de Mécanica de la Armada. Indignada, dijo que ése era "un día de vergüenza para la Argentina y la humanidad y también para nuestro sistema judicial". La respuesta de la Corte llegó primero en boca de su más antiguo representante, Carlos Fayt: "No es culpa nuestra, es culpa del Congreso que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados". La semana pasada, el ex presidente Eduardo Duhalde también apuntó en la misma dirección durante una entrevista con este diario: "Estamos frente a la administración más incompetente que yo haya visto. Ni siquiera lo hacen bien con el tema de los crímenes de lesa humanidad, un tema que el Gobierno impulsó. Hace años alerté respecto de que no se iba a terminar con los juicios si no se modificaban las normas procesales. Y no se cambiaron porque fue gente de otro partido la que presentó un proyecto de ley". Ayer, el Máximo Tribunal fijó su postura. Entre las críticas, también señaló que el 15 de julio pasado le envió una carta al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, para pedirle la creación de dos tribunales orales federales en Capital por la congestión de causas que abruman a los seis que ya están en funcionamiento. Uno de ellos es el TOF Nº 5, que sólo se dedica a los juicios de la megacausa ESMA y la del Primer Cuerpo del Ejército, dos expedientes de una magnitud tal que tendrán años por delante hasta dictar sentencia. La carta llegó al despacho del ministro pero ayer, en el cuarto piso de Talcahuano, se encargaron de informar que nunca recibieron respuesta.En todos los señalamientos de la Corte subsiste la idea de que los problemas no están sólo en las causas por delitos de lesa humanidad sino en todo el sistema. Así, cuando apuntan al Consejo de la Magistratura dicen que las demoras se deben a las vacantes sin cubrir en los juzgados, al retraso en el plan de digitalización de los expedientes y a la falta de infraestructura: "Para el caso en que se concreten los juicios orales, no hay salas de audiencias que ofrezcan condiciones de seguridad", escribieron los cortesanos en la última acordada del año.Sólo doce condenas en 2008 Para llegar a la acordada de ayer, la Corte Suprema se basó en un informe judicial que relevó las causas de derechos humanos que están elevadas juicio o que tuvieron sentencia en el último año. El resultado fueron 12 condenas y 21 expedientes esperando fecha de juicio en los tribunales orales. En ese documento consignan que en la Argentina se está llevando adelante "la mayor investigación del mundo entero sobre delitos de lesa humanidad" y en el apartado "evaluacion" está descrito el diagnóstico judicial en el que se basó el Máximo Tribunal para firmar la acordada de ayer con el objetivo de impulsar las causas. Allí deslinda la responsabilidad de los jueces: "Se abrió una investigación a través del poder judicial exclusivamente (...) sin la creación de tribunales con competencia específica, sin un procedimiento adecuado para estas megacausas". En ese camino, el informe detalla uno a uno los problemas procesales de algunas causas específicas y recuerda que la continuidad de los "juicios por la verdad" –que comenzaron antes de la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida–, deberían terminar para poder avanzar con las causas de fondo. Al final, el documento apunta directamente a problemas de infraestructura, todos ellos, responsabilidad del Consejo de la Magistratura.Las advertencias de la Unidad Fiscal La mayoría de los problemas sobre los que alerta la acordada de la Corte Suprema fueron señalados en agosto de 2007 por un informe que la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos presentó ante el máximo tribunal.En base a este panorama de situación, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, instruyó en marzo pasado a todos los fiscales del país a promover la elevación a juicio oral de los expedientes en los que el auto de procesamiento hubiera quedado firme, aunque existieran recursos pendientes en la Cámara Nacional de Casación Penal o la Corte. El texto también recomendaba reunir la mayor cantidad de procesados, hechos y víctimas para "favorecer la comprensión integral del fenómeno y del análisis de la prueba; preservar a los testigos de la obligación de prestar reiteradas declaraciones sobre los mismos acontecimientos y evitar los entorpecimientos del ejercicio de defensa que generan los fraccionamientos excesivos".En el informe de la Unidad Fiscal que encabeza Jorge Auat se destinaba un párrafo aparte para advertir algo tan grave como evidente: que cada elevación derivada de las enormes y complejas causas radicadas en la jurisdicción Capital Federal –megacausas ESMA y Primer Cuerpo de Ejército, principalmente– recaerían en el Tribunal Oral Federal 5. Un año y medio después, el TOF que preside el juez Guillermo Gordo tiene a la espera ocho causas que se llevarían a juicio recién entre 2010 y 2011. "De no modificarse el criterio de distribución de causas entre los tribunales orales federales, los juicios quedarán estancados a la espera de que se fije fecha, momento que, en las actuales circunstancias, es incierto. (...) Es por ello que el tema merece una especial atención y la previsión de posibles medidas para evitar demoras más allá de lo razonable", alertaba la Unidad Fiscal a los jueces de la Corte.RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
Repudio ante las excarcelaciones de represores en Santiago del Estero
LA ASOCIACION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA, FLIARES DE DESAPARECIDOS, EXPRESOS POLITICOS DE SGO. DEL ESTERO, LLAMA A UNA CONCENTRACION EN EL JUZGADO FEDERAL, PARA EL DIA 30/12/08 A LAS 9 HS. PARA REPUDIAR LA EXCARCELACION DE SANCHEZ, LAITAN Y DIAZ (MIEMBROS DEL APARTO REPRESIVO RESPONSABLE DE TORTURAS, ROBOS, SECUESTROS, DESAPARICIONES Y ASESINATOS DE CIUDADANOS SANTIAGUEÑOS) y LA ACTITUD DEL TRIBUNAL QUE COBARDEMENTE NO SALIO A LEER EL FALLO A LOS PRESENTES EN LA SALA COMO ES SU DEBER.
TAMBIEN LES ESCRIBIMOS PARA CONTARLES QUE ALGUNOS MIEMBROS DE ESTA ASOCIACIÓN HAN SIDO APRETADOS Y AMENAZADOS POR FAMILIARES DE LOS REPERESORES A LA SALIDA DEL JUZGADO. (ESTO YA HA SIDO DENUNCIADO)
PEDIMOS SU ACOMPAÑAMIENTO PORQUE ENTENDEMOS QUE EL PEDIDO DE JUSTICIA QUE NOS CONVOCA ES UNA NECESIDAD DE TODOS, ESTA ES UNA CUESTIÓN IMPRESCINDIBLE PARA PODER MIRAR HACIA ADELANTE SIN CORRER EL RIESGO DE REPETIR LOS HORRORES DEL PASADO.

LOS ESPERAMOS

REENVIEN ESTE MENSAJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MUCHS GRACIAS
ASOCIACION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA, EX-DETENIDOS POLITICOS Y FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
SANTIAGO DEL ESTERO
A 34 AÑOS DEL CRIMEN
A 34 AÑOS DEL CRIMEN - UN MURAL RECUERDA A LOS CINCO FUSILADOS DE SOCA

Montevideo, 22/12/08 (La República).- La obra se instaló en la Ruta 70 cerca de Ruta 9, donde, el 20 de diciembre de 1974, fueron encontrados los cuerpos de los cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Argentina, trasladados en el "vuelo cero" y torturados salvajemente, antes de ser fusilados como supuesta represalia por el asesinato en París del coronel Ramón Trabal.

Amaral García tomó el micrófono y se paró delante del mural en el que, desde ayer, se recuerda el asesinato de sus padres y de los otros tres uruguayos fusilados por la dictadura, el 20 de diciembre de 1974. Hizo un largo silencio en el que recorrió las miradas de las más de doscientas personas que habían viajado hasta ese lugar de la Ruta 70 cerca de la Ruta 9. "¿Por qué?" preguntó... "Siento como si hubieran matado a cinco pájaros", llegó a decir antes de expresar, emocionado, "me abandonan las palabras" y estrecharse en un abrazo con los familiares de las otras víctimas.

Los padres de Amaral, Floreal García y Mirtha Hernández, junto a Graciela Estefanell y el matrimonio de Héctor Brum y María de los Ángeles Corbo, embarazada de cinco meses, fueron acribillados a balazos en ese paraje casi intransitado, hace 34 años, como una supuesta represalia de la dictadura, que aún presidía Juan María Bordaberry, ante el asesinato en París del coronel Ramón Trabal, cuya muerte, adjudicada entonces a un inexistente "Comando Raúl Sendic", se sospecha hoy como otro crimen del régimen. Los cuerpos de los cinco fusilados fueron luego arrojados detrás del cementerio de la localidad de Soca. Un comunicado de la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP) los presentó como un ajuste de cuentas y destacó que tenías ropas de procedencia argentina. El macabro parte de la dictadura no olvidaba subrayar los antecedentes "subversivos" de los muertos, aunque admitía que ninguno se encontraba "requerido" en el momento.

EL SILENCIO
El libro "El color que el infierno me escondiera" del escritor Carlos Martínez Montero, da cuenta de una sesión del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), el organismo que los militares habían impuesto el 9 de febrero de 1973, en la que se votó asesinar a cinco tupamaros en aquella falsa represalia. Otras investigaciones periodísticas han corroborado la existencia de aquella reunión en la que se resolvieron los fusilamientos. Hay testimonios, incluso, de que no fueron diez los muertos porque sólo habían traído a cinco desde Argentina. Los matrimonios García Hernández y Brum Corbo, como Estefanell, habían sido secuestrados aquel 8 de noviembre en Buenos Aires. Amaral García, tenía sólo cuatro años y quedó en manos de dos represores argentinos. Recién lograría recuperar su identidad en 1985, cuando fue hallado por las Abuelas de Plaza de Mayo en la provincia de Formosa. El periodista Germán Araújo y familiares de uruguayos desaparecidos lo trajeron a Uruguay. Desde entonces, Amaral pregunta "¿Por qué?".

La denuncia judicial que sobre los fusilamientos se realizaron luego de la dictadura, llevaron a una intensa indagatoria del juzgado de Pando, pero cuando se disponía a citar a Bordaberry, el caso fue archivado durante el gobierno de Julio María Sanguinetti. En la causa había testimonios de la tortura que presentaban los cuerpos y la declaración de un oficial de la Armada, hermano de Mariela Corbo, de que el comandante en jefe naval, Víctor González Ibargoyen le había pedido disculpas por no poder evitar la decisión del COSENA bajo influencia del Ejército.

LA VERDAD
El manto de la impunidad cubrió el caso durante 30 años, hasta noviembre de 2005, cuando un sobreviviente, Julio Abreu, rompió el silencio que le habían impuesto bajo amenazas y narró a La República lo que realmente había ocurrido con los fusilados de Soca desde su secuestro en Buenos Aires, su detención en centros clandestinos argentinos, su traslado en avión ("vuelo cero") y su reclusión en Montevideo en el centro de torturas de la casona de Punta Gorda, hasta que se los llevaron y ejecutaron. Abreu no era militante político y había sido secuestrado por estar en un cumpleaños donde capturaron a Floreal García. Sufrió la pesadilla del silencio impuesto por la dictadura y los gobiernos que le siguieron, hasta que sintió que podía hablar. Debió esperar dos años más para dar su testimonio ante la jueza penal Graciela Gatti, quien incorporó el caso a la causa contra el dictador Bordaberry, a quien inicialmente procesó por once casos de homicidio, entre los que aún no se incluyen a los fusilados de Soca. La jueza Gatti ya ha reabierto también el caso Trabal, cuyos antecedentes reclamó a Francia; mientras que la fiscal Ana María Telechea, actuante en la causa, no descarta seguir incorporando todos los casos de muertes y desapariciones ocurridas durante el mandato de Bordaberry, aún cuando algunas de ellas han sido archivadas o amparadas en la Ley de Caducidad.Roger Rodríguez
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Corte Suprema de Justicia de la
Nación
Informe sobre el estado de las causas concernientes a los hechos ocurridos
durante el último gobierno militar (Diciembre/08).

En el presente informe se detallan los juicios que se llevaron adelante y en los
que se ha dictado sentencia; los casos que están radicados en los tribunales
orales y, por último, las dificultades que se enfrentan en la etapa de instrucción
para lograr una rápida elevación a juicio.
I. Juicios realizados durante el presente año.
En el 2008 se celebraron juicios orales en distintas jurisdicciones del país.
Son los siguientes:
1) "Masacre Fátima", perteneciente a la causa del Primer Cuerpo de Ejército,
ante el TOF N° 5 de esta ciudad (proveniente del Ju zgado Federal n° 3); Se
condenó a Juan Carlos Lapuyole y a Carlos Enrique Gallone y se absolvió a
Miguel Angel Timarchi.
2) "De Marchi, Juan y otros", en el que se encontraba imputado Cristino
Nicolaides, entre otros, y cuyo juicio se realizó ante el Tribunal Oral Federal
de Corrientes. Se condenó a Juan Carlos de Marchi; Julio Barreiro; Horacio
Losito; Raúl Reynoso y se absolvió a Carlos Piriz.
3) "Brandalisis, Humberto y otros", seguida contra Luciano B. Menéndez y
otros, ante el Tribunal Oral Federal n° 1 de Córdo ba (proveniente del
Juzgado Federal n° 3 de Córdoba). Se condenó a Luci ano B. Menéndez;
Hermes Oscar Rodríguez; Jorge E. Acosta; Luis A. Manzanelli; Carlos
Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste V. Padován y Ricardo Lardone
por el secuestro, desaparición, torturas y asesinato de cuatro personas:
Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Lajas y
Raúl Osvaldo Cardozo, que militaban en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores.
4) "Reinhold, Oscar y otros s/privación ilegal de la libertad", radicada ante el
Tribunal Oral Federal de Neuquén (proveniente del Juzgado Federal n° 2 de
Neuquén); actualmente se está celebrando el juicio oral y público en el que
se juzga la actuación del ex jefe del batallón militar donde funcionó el centro
clandestino "La Escuelita", Enrique Braulio Olea; el ex jefe de Inteligencia de
esa unidad, Mario Alberto Gómez Arenas; su par del Comando de la Sexta
Brigada, Oscar Reinhold y el ex mayor Luis Alberto Farías Barrera.
Corte Suprema de Justicia de la
Nación
También están imputados el ex médico militar Hilarion de
Pas Sosa, los ex oficiales de Inteligencia Jorge Molina Escurra y
Adolfo San Martín y el ex suboficial de inteligencia, Francisco
Oviedo.
5) "Fiscal s/av.delito", radicada ante el Tribunal Oral Federal de San Luis y
proveniente del Juzgado Federal de esa ciudad; actualmente se está
realizando el juicio, en el que se juzga la actuación de dos ex militares
(Carlos Esteban Plá y Miguel Fernández Gez) y tres ex policías (David
Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco).
6) "Vargas Aignasse s/secuestro y desaparición", radicada ante el TOF de
Tucumán y proveniente del juzgado n° 1 de esa ciuda d; se dictó sentencia
condenatoria a Luciano B. Menéndez y Antonio Bussi por la desaparición de
Guillermo Claudio Vargas Aignasse, quien, a la fecha de su secuestro tenía
35 años de edad y era Licenciado en Física, egresado de la Universidad
Nacional de Tucumán y ejercía el cargo de Senador Provincial de esta
provincia en representación del Partido Justicialista. Pertenecía a una
agrupación dentro de su partido denominada FANET, Federación de
Agrupaciones Nacionales de Estudiantes de Tucumán.
7) "Comes, César Miguel y Mariani, Hipólito Rafael" (Mansión Seré) y "Barda,
Pedro Alberto"
s(homicidio y priv.ilegal libertad (área de Mar del Plata), ante
el TOF 5 de Capital Federal. Se condenó a los tres acusados. Los oficiales
de la Fuerza Aérea, Comes y Mariani fueron juzgados por los sucesos
ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en el predio
ubicado en la localidad bonaerense de Castelar, Partido de Morón, conocido
como "Mansión Seré" y que estaba bajo el control en el que permanecieron
en cautiverio varias personas, algunas de las cuales lograron fugarse:
Guillermo M. Fernández; Daniel E. Rossomano; Claudio Tamburrini y Carlos
Alberto García.
Barda era un teniente coronel que estaba acusado por la privación ilegal de
la libertad, aplicación de tormentos y homicidio de Analía Magliaro y del
abogado Jorge Candeloro así como por el secuestro y torturas a Marta
García de Candeloro.
8) "Berthier, Enrique y otros p/retención y ocultación de menores", ante el TOF
5. Se condenó al ex capital del Ejército Enrique Berthier, y a los
apropiadores Osvaldo Rivas y a María Gómez Pinto por el hecho cometido
en perjuicio de María Eugenia Sampallo Barragán.
Corte Suprema de Justicia de la
Nación
A ellos habría que agregar los realizados en los dos años anteriores:
9) En el mes de agosto de 2006 Julio Héctor Simón fue condenado por el
Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 de la Capital Feder al a 25 años de prisión por la
detención ilegal y los tormentos infligidos a José Poblete y Gertrudis Hlaczik y por
la ocultación de una menor, hija del matrimonio.
10) En el mes de septiembre de 2006 el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 1 de La
Plata condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua
,
inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legales y costas por la detención
ilegal, tortura y homicidio en relación con seis desapariciones.
11) El 9 de octubre de 2007, el ex capellán de policía Christian Federico Von
Wernich fue condenado
por el Tribunal oral Federal (TOF) N º 1 de La Plata a
prisión perpetua por su participación en siete homicidios, 42 secuestros y 31 casos
de tortura. Von Wernich había sido capellán de policía de la Provincia de Buenos
Aires –encabezada por Ramón Camps– y tenía bajo su control numerosos centros
de tortura en la provincia. Una de las principales acusaciones contra el sacerdote
fue que abusaba de su condición como ministro de la iglesia, y del sacramento de
la confesión, para colaborar con los militares.
12) El juez Lijo condenó –en diciembre de 2007- a 25 años de prisión al ex jefe
del Ejército y del Tercer Cuerpo Cristino Nicolaides
por los secuestros y las
desapariciones de cinco miembros de Montoneros entre 1979 y 1980, cuando esa
agrupación guerrillera lanzó la operación "contraofensiva" ante la dictadura militar.
La sentencia también alcanzó a Pascual Guerrieri, Carlos Fontana, Waldo Roldán,
Luis Arias Duval, Santiago Hoya, Juan Carlos Gualco y Julio Simón (alias "el Turco
Julián").
II. En etapa de juicio oral:
1) Mar del Plata
a) 15.998 y 17.760 "Molina, Gregorio R." Se acusa a Molina, suboficial
de la Fuerza Aérea, de los delitos de homicidio, privación ilegal de la
libertad, tormentos y violaciones reiteradas.
b) 30746 "Labolita, Carlos O.", desde el 28 de abril de 2008.
Imputados: Mansilla, Pedro Pablo y Duret, Alejandro
Guillermo. Se los acusa de la desaparición de Carlos Alberto
Labolita, un joven de la ciudad de Las Flores, Provincia de
Corte Suprema de Justicia de la
Nación
Buenos Aires.
2) Capital Federal
a) 1.278 "Rei, Victor Enrique, radicada en el TOF 6. Se acusa a
Rei por un hecho de sustracción y ocultación de un menor.
b) 1351 "Nicolaides, Cristino" y otros, ante el TOF 6. Se acusa
a Nicolaides y otros militares por el plan sistemático de
sustracción de menores
c) 1261 "Olivera Rovere, Jorge Carlos", (Primer Cuerpo) ante
el TOF 5, tiene fijada fecha para juicio en febrero de 2009.
d) 1268 (Primer Cuerpo: Jefes de Area), ante el TOF 5
Imputados: Saa, Teófilo; Alespetti, Felipe Jorge; Lobaiza,
Román Humberto José y Menéndez, Bernardo José (se
podría incorporar al juicio "Olivera Rovere"
e) 1272 (Primer Cuerpo: La Pampa "Iriart, Fabio y otros"),
ante el TOF 5 (se están tomando declaraciones
testimoniales anticipadas en atención a la edad de las
personas y el tribunal realizó inspecciones en el lugar
de los hechos, en la provincia de La Pampa.
Imputados: Iriart, Fabio Carlos; Greppi, Néstor; Cobuta,
Oscar; Constantino, Roberto; Aguilera, Omar; Escalada,
Roberto; Reinhart, Carlos; Reta, Athos; Cenizo, Néstor
Bonifacio; Fioruci, Roberto; Marenchino, Hugo y Yorio,
Oscar.
f) 1271 (ESMA: caso Walsh), ante el TOF 5
Imputados: Acosta, Jorge E.; Astiz, Alfredo; García
Velasco, Pablo; Radice, Jorge Carlos; Rolón, Juan Carlos;
Pernías, Antonio; Coronel, Julio; Weber, Ernesto y
Generoso, Carlos. (el juicio podría comenzar a mediados
del 2009, luego de la finalización del del Primer Cuerpo.
g) 1270 (ESMA: "Donda, Adolfo"), ante el TOF 5 (se podría
acumular al anterior).
h) 1504 (Plan Cóndor:"Videla, Jorge y otros"), ante el TOF 1
Imputados: Alais, Ernesto; Bussi, Antonio; Delío, Eduardo;
Díaz Bessone, Ramón; Guañabens, Eugenio;
Harguindeguy, Albano; Landoni, Carlos; Menéndez,
Corte Suprema de Justicia de la
Nación
Bernardo; Menéndez, Luciano B.; Nicolaides, Cristino;
Olivera Rovere, Jorge; Riveros, Santiago O.; Saa, Juan
Pablo; Tragant, Carlos; Vañek, Antonio; Videla, Jorge R.;
Caggiano Tudesco, Carlos.
i) 1376 (ESMA: apropiación de bienes "Acosta, Jorge y otros",
ante el TOF 5 (se podría incluir en el juicio de la ESMA).
Imputados: Acosta, Jorge Eduardo; Radice, Jorge Carlos y
Pazo, Carlos José.
j) 1277 (ESMA: Testimonios "A": "Acosta, Jorge y otros"),
ante el TOF 5 ( ídem anterior).
Imputados: Acosta, Jorge Eduardo; Astiz, Alfredo; Azic,
Juan Antonio; Capdevilla, Carlos Octavio; Donda, Adolfo
Miguel; García Tallada, Manuel Jacinto; Montes, Oscar
Antonio; Pernías, Antonio y Scheller, Raúl Enrique.
k) (ESMA: Testimonios "B", Monjas), ante el TOF 5 (ídem
anterior)
Imputados: Astiz, Alfredo; Acosta, Jorge; Pernías,
Antonio; Scheller, Raúl; González, Alberto Eduardo;
Coronel, Julio César; Weber, Ernesto; Radice, Jorge;
Savio, Néstor Omar y Rolón, Juan Carlos.
l) 14216 (Primer Cuerpo) centros "Atlético", "Banco" y
"Olimpo" "Vesubio"
Imputados: Kalinec, Eduardo; Uballes, Eufemio;
Cardozo,Guillermo; Pereyra Apestegui, Eugenio; Miara,
Samuel; Rosa, Roberto; González, Raúl; Avena, Juan
Carlos; Falcón, Juan C.; Donocik, Luis; Rolón, Oscar
Augusto; Simón, Julio; Pascarelli, Hugo; Maidana, José;
Durán Saenz, Pedro; Chemes, Diego S.; Zeolitti, Roberto
C.; Gamen, Héctor H.; Erlan, Ramón A. y Martínez,
Ricardo.
3) Formosa
a) 200/06 "Colombo, Juan C." ("Carrillo, Fausto"), ante el TOF
de Formosa (audiencia fijada para febrero 2009).
Imputado: Colombo, Juan C.
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4) Rosario
a) 131/07 "Guerrieri, Pascual y otros (Quinta de Funes)", ante el TOF 1
Imputados: Fariña, Jorge Alberto; Costanzo, Eduardo Rodolfo;
Guerrieri, Pascual Oscar y Amelong, Juan Daniel
5) Santa Fe
a) 152/07 "Brusa, Victor H. y otros", ante el TOF de Santa Fe
Imputados: Brusa, Víctor Hermes; Colombini, Héctor Romeo; Ramos
Campagnuolo, Eduardo Alberto; Perizzotti, Juan Calixto; Aebi, María
Eva; Facino, Mario José y Marcelini, Domingo Manuel.
b) 41/07 "Barcos, Horacio A.", ante el TOF de Santa Fe
Imputado: Barcos, Horacio A.
6) San Martín
a) 4012 "Riveros, Santiago Omar y otros", ante el TOF 1.
Imputados: García, Osvaldo Jorge; Fragni, Cesar Amadeo; Harsich,
Raúl Horacio; Aneto, Alberto Angel; Riveros, Santiago y Bignone,
Reynaldo Benito.
7) Misiones
a) 1531/04 "Caggiano Tedesco, Carlos y otro", ante el TOF de
Posadas
Imputados: Caggiano Tedesco, Carlos y Nicolaides, Cristino.
8) Mendoza
a) 37-F "Menéndez, Luciano y otros", ante el TOF 1 de
Mendoza
Imputados: Menendez, Luciano B.; Lazo, Orlando;
Oyarzabal, Juan y Yapur, Tamer.
III. Evaluación.
Para una correcta evaluación de todos estos procesos es necesario considerar
que se trata de la mayor investigación llevada a cabo en el mundo entero sobre
delitos de lesa humanidad. En nuestro país se abrió una investigación
exclusivamente a través del poder judicial, sin una legislación previa que organice
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Nación
o delimite la investigación o establezca pautas, sin la creación de tribunales con
competencia especifica, sin un procedimiento adecuado para estas megacausas y
con una enorme amplitud en la investigación. No es lo habitual, ya que en muchos
países se restringió la investigación a algunos casos, o se hizo a través de
organismos especiales que luego sometieron a la justicia solamente el dictado de
la sentencia, o bien se crearon tribunales específicos, todo lo cual permite una
rápida y mejor resolución. A ello hay que agregar que el Poder Judicial ya estaba
saturado por el nivel de litigiosidad existente, hay una insuficiencia de jueces,
cargos vacantes, falta de edificios adecuados, falta de tecnología, de
informatización, de salas de audiencias, y de otros recursos adecuados.
Por esta razón es necesario atender a las dificultades de contexto e
infraestructura para lograr una mejora en la celeridad.
Entre las razones específicas que dilatan los procesos pueden señalarse:
a) problemas en la constitución definitiva de los tribunales orales (ej. "Colombo" en
Formosa; "Brusa" en Santa Fe y "Guerrieri" en Rosario; sólo en Formosa ya se
solucionó); b) inconvenientes en la designación de un juez sustituto para la
realización del juicio "Primer Cuerpo de Ejército" en febrero de 2009 ante la
imposibilidad manifestada por los demás jueces de los tribunales orales; c)
congestión en los seis tribunales orales federales de la Capital Federal que implica
la imposibilidad de que se reasigne alguna de las causas radicadas en el TOF 5;
d) relacionado con el punto anterior, el juicio sobre los hechos cometidos en la
ESMA se podría realizar luego del fijado para el mes de febrero de 2009 (Primer
Cuerpo) y no antes de mediados de año; e) defectos en la elevación de las causas
(ej. el TOF 1 de Mendoza debió devolver el expediente seguido, entre otros, a
Luciano B. Menéndez a instrucción; el TOF 1 de San Martín advirtió que en la
causa seguida a Riveros por hechos cometidos en Campo de Mayo existían
apelaciones pendientes de resolución definitiva; el TOF 5 recibió un tramo de la
causa de la ESMA (por hechos cometidos durante el año 1976) en los que se
había corrido vista a las defensas de la acusación fiscal pero se había omitido
hacerlo con la de las querellas); f) oposición de las querellas a que se realicen
juicios por hechos aislados (ej. "Donda" en causa ESMA) o cuestionamiento a la
unificación de las distintas querellas en solo tres grupos (ESMA); g) diversificación
de las denuncias para que se investiguen en los juzgados próximos a los lugares
donde ocurrieron los hechos (postura de la Secretaría de DDHH de la Provincia de
Buenos Aires); h) subsistencia del criterio que había regido en los juicios por la
verdad: la pretensión de obtener toda la información posible para el
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Nación
esclarecimiento de la suerte corrida por miles de personas que habían
desaparecido o sufrido distintos vejámenes durante el periodo de la represión
ilegal; en ese sentido existe la pretensión de que se investiguen la totalidad de los
hechos y la responsabilidad de todos los involucrados. A ello se suma que en
algunas jurisdicciones, como por ejemplo en Mar del Plata, continúa el juicio por la
verdad ante el TOF de esa ciudad; i) el atraso en la instrucción de los procesos,
aunque ya se haya superado esa etapa, igualmente repercute en el tribunal oral
por las excesivas prórrogas en las prisiones preventivas, como acaba de ocurrir
con algunos de los legajos que conforman la causa ESMA. J). Para el caso en que
se concreten los juicios orales no hay salas de audiencias que ofrezcan
condiciones de seguridad. Hay un reiterado reclamo para que el Consejo de la
Magistratura construya o alquile salas de audiencias en capital y en algunos
lugares del interior. K). La reforma referida a la tramitación oral de los recursos al
ser indiferenciada ocasiona numerosos problemas y, en algunos casos, mayores
demoras. Por esta razón se ha solicitado que se reforme para aplicarla a los
delitos de mayor gravedad. L). Existe falta de recursos que debe suministrar el
consejo de la magistratura, como el equipamiento informatico, grabadores,
mejoras edilicias. Es fundamental el desarrollo del plan de justicia digital (a pesar
de haberse anunciado a principios de años, todavía no están listos los pliegos
para la licitación que debe elaborar el consejo de la magistratura).
Corte Suprema de Justicia de la
NaciónRED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

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mil causas en espera
El colapso es un caso federal
La falta de unificación de causas por delitos cometidos en el mismo centro clandestino es la razón principal que demora las investigaciones y los juicios
.
Martina Noailles

El cuello de botella de la Justicia en los procesos sobre violaciones a los derechos humanos no sólo se refleja en las pocas causas que fueron elevadas a juicio oral. Como contracara de los 21 expedientes que están en manos de tribunales orales, otros mil casos recién se encuentran en etapa de instrucción. Los motivos del lento andar son disímiles a lo largo y a lo ancho del país, pero uno de los puntos principales es la fragmentación de las investigaciones. Según los datos actualizados que maneja la Unidad Fiscal a cargo del seguimiento de las causas desde la Procuración General de la Nación, hoy existen 534 personas procesadas por delitos de lesa humanidad. De ellas, 378 se encuentran detenidas, algunas en cárceles comunes, muchas otras en sus casas. Los prófugos son 54. Y los condenados sólo 36.Pero más allá de este número total de procesados –que en 2008 tuvo un aumento considerable con respecto al año anterior–, al poner la lupa sobre los detalles de cada jurisdicción los problemas se hacen aún más evidentes. Los obstáculos son muchos y se verifican en distintos momentos procesales: desde que se abre la causa hasta que se indaga a los imputados; desde que se los procesa hasta que el fiscal requiere la elevación a juicio y desde que finalmente el juez cierra la instrucción y deja en manos de un tribunal oral la fecha en la que sentará en el banquillo a los acusados. En el medio, las cámaras de apelaciones y la Cámara Nacional de Casación Penal se toman su tiempo para resolver los innumerables recursos presentados por las partes.Uno de los problemas que se verifica en la mayoría de las provincias es la atomización de las causas. Este año, por ejemplo, en Tucumán se realizó el primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos de la provincia, con sólo dos imputados, los jerarcas Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, y una víctima, Guillermo Vargas Aignasse. En esa tierra, donde funcionaron los primeros centros clandestinos del país antes del golpe de 1976, se tramitan unos 600 expedientes, casi todos instruidos por un único juez federal, Daniel Bejas, y un solo fiscal, Emilio Ferrer. En el último año, los pedidos del ministerio público lograron que algunas de estas causas que se refieren a una única víctima se acumularan jurídicamente según el lugar en el que estuvieron detenidos.En Córdoba, el intento por unificar las causas aún no tuvo éxito y hoy se tramitan 19 causas por los delitos cometidos en el mismo lugar: el centro clandestino La Perla. En muchos de estos expedientes ni siquiera se han tomado declaraciones indagatorias. En el norte el panorama no es más alentador. Aunque en Jujuy existen unas veinte causas abiertas y el requerimiento de indagatorias del fiscal Domingo Batule data de agosto de 2006, el juez subrogante Carlos Olivera Pastor sólo tomó declaración a tres represores. También hace ya varios meses que el fiscal solicitó la unificación de las causas, pero aún no obtuvo respuesta. "Está claro que el juez no hace lo necesario para que las causas avancen. No tiene por acreditados los testimonios realizados en el hábeas data local ni en las mismas causas con anterioridad a su reapertura, lo que lleva a una pérdida enorme de tiempo en testimonios que no haría falta repetir y la postergación interminable de la citación a indagatoria de los responsables", relató Pablo Pelazzo, abogado querellante.Mendoza es otra de las provincias que ve avanzar la Justicia a paso lento. La gota que rebasó la paciencia fue la decisión de la Cámara Federal provincial de liberar a todos los represores procesados. "Pedimos el juicio político contra los tres camaristas por mal desempeño ya que las libertades concedidas son escandalosas. Además se les negó ser querella a distintos familiares, por ejemplo al hijo de Paco Urondo", indicó Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y uno de los que realizó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. En Mendoza sólo una causa espera fecha de juicio oral. Con el millar de causas en espera, los juicios orales en 2009 no superarán la media docena. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

lunes, 29 de diciembre de 2008

RESPUESTA AL POLEMICO FALLO DE CASACION
La Corte Suprema pide que se aceleren los juicios por violaciones a los derechos humanos
La Corte Suprema de Justicia exhortó a los tribunales de todo el país a agilizar las causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura. Mediante una acordada de siete páginas, el máximo tribunal también "invitó" a los demás poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, así como al Ministerio Público, es decir a los fiscales, a conducirse en idéntico sentido.

En su último acuerdo del año, la Corte respondió así a la conflictiva situación planteada a raíz de un fallo de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación Penal, que abrió las puertas a la excarcelación de una veintena de represores que llevan siete años en prisión preventiva.
La Corte resolvió, además, crear una oficina especial, la "Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad", que se encargará de monitorear los procesos y tendrá facultades para requerir informes a los juzgados en los que se verifiquen demoras.
La Acordada, que estaba siendo firmada este mediodía por los jueces de la Corte, dispone también que el Consejo de la Magistratura adopte medidas para que el trámite de las causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos tenga un trámite más veloz.
El secretario de la Corte para causas por delitos de lesa humanidad, José Mandalounis, había elaborado un informe en el que analizaba algunas de las cuestiones por las cuales se demoran las causas.
Tras destacar que "el Poder Judicial ya estaba saturado por el nivel de litigiosidad existente", el informe explica que "hay una insuficiencia de jueces, cargos vacantes, falta de edificios adecuados, falta de tecnología, de informatización, de salas de audiencias, y de otros recursos adecuados".
El trabajo identifica como dificultades para el avance de los expedientes a "problemas en la constitución definitiva de los tribunales orales, inconvenientes en la designación de un juez sustituto para la realización del juicio Primer Cuerpo de Ejército en febrero de 2009, congestión en los seis tribunales orales federales de la Capital Federal, defectos en la elevación de las causas, oposición de las querellas a que se realicen juicios por hechos aislados y diversificación de las denuncias para que se investiguen en los juzgados próximos a los lugares donde ocurrieron los hechos", entre otros.
"Existe falta de recursos que debe suministrar el Consejo de la Magistratura, como el equipamiento informático, grabadores, mejoras edilicias. Es fundamental el desarrollo del plan de Justicia digital", añade el informe.






UN CAMARISTA FEDERAL DE BAHIA BLANCA FUE DENUNCIADO POR PERSECUCION GREMIAL Y DISCRIMINACION
Una línea de conducta
Néstor Montezanti, quien fue asesor del represor Adel Vilas, afronta un pedido de juicio político presentado por la Unión de Empleados Judiciales. En 2007, la entidad se quejó ante la Corte Suprema por “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias” en ese tribunal.



Por Diego Martínez
“La perturbación al orden jerárquico no es tolerable y debe ser sancionada.” Impugnar una designación es “una falta gravísima de respeto al Superior”. “Dejar pasar esa insolencia conduciría a la anarquía.” Tan bellas palabras no fueron escritas a principios del siglo XX por un celador del colegio militar sino en estos días por miembros de la Cámara Federal de Bahía Blanca. El tribunal que declaró inconstitucionales las leyes de impunidad en 1987 es hoy un reducto de empleados aterrorizados y delegados gremiales perseguidos, escenario que derivó en reclamos e impugnaciones. Mientras los trabajadores esperan una respuesta de la Corte Suprema de Justicia, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura contra Néstor Montezanti, cara visible de Sus Señorías, quien supo lucir en su estudio un certificado de la “Liga Anticomunista Argentina” firmado por el general Carlos Suárez Mason, comandante del Cuerpo V de Bahía Blanca en pleno apogeo de la Triple A.
Firman la denuncia de la UEJN su secretario general, Julio Piumato, y el de relaciones institucionales y de derechos humanos, Oscar Pringles. Acusan a Montezanti por mal desempeño, violación de los deberes de funcionario público, “una clara actitud antisindical” que en 2007 denunciaron ante la Corte, y “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias”. Enumeran abusos de autoridad, prolongación desmedida de la jornada de trabajo, trato despectivo y discriminatorio para con los empleados que desarrollan tareas gremiales (pidió que se excluya a “representantes problemáticamente gremiales” del jurado que analiza exámenes de ingresantes), desequilibrios emocionales que conspiran contra el buen funcionamiento de la justicia, dilaciones y entorpecimientos en causas por delitos de lesa humanidad. Los dirigentes no descartan extender la denuncia a los jueces que adhieren a las decisiones del magistrado.
Como publicó este diario, Montezanti fue reconocido en 1974 en medio del grupo de matones que ocupó la Universidad Tecnológica Nacional y pronto se convirtió en la Triple A de Bahía Blanca. En 1975 el miembro más célebre de esa organización criminal lo propuso como defensor cuando la Justicia lo citó por el asesinato de David Cilleruelo, militante de la Federación Juvenil Comunista acribillado en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur. En la causa no consta que Montezanti haya actuado en defensa de Jorge Argibay, que sin abogado y pese a haber disparado ante varios testigos no estuvo un solo día preso. El mismo año el abogado rechazó una oferta de las fuerzas vivas bahienses para asumir como juez federal, cargo que ocupó Guillermo Madueño, quien tres décadas después tiró la toga cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a juzgarlo por su complicidad con los crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.
Montezanti no ocultaba entonces su militancia. “Hoy día tendremos que librar nuestra batalla de Obligado, porque si en 1845 la soberanía estaba en peligro, hoy también lo está”, anunció a fines de 1973 en un acto en el Parque de Mayo. En 1987 asesoró al general Adel Vilas, cara visible del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, relación que lo obligó a apartarse de las causas de la dictadura. “Es preciso emplear el terror para triunfar en la guerra. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos”, escribió doce años atrás el “Führer”, como lo llaman sus alumnos.
Desde el cadalso
En 2007, como presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Montezanti obtuvo el respaldo de sus colegas Angel Argañaraz, Ricardo Planes y Augusto Fernández para ordenar el traslado compulsivo de Sandra Martínez Borda, vocal de la UEJN. Ante un amparo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a los jueces dar marcha atrás y respetar el procedimiento que fija la ley de asociaciones sindicales. Lejos de acatar la resolución, la calificaron de “escandalosa”, de “inveterada gravedad institucional” y pidieron la intervención de la Corte Suprema de Justicia para que “restaure el quicio (sic) institucional” y “se paralicen los efectos” de la medida. La Corte no hizo lugar. El mes pasado, la jueza Ana María Etchevers calificó la decisión del cuarteto de “arbitraria e ilegal”, les ordenó reintegrar a Martínez Borda a su trabajo e indemnizarla por daño moral. La noticia sólo circuló de boca en boca porque la Cámara también prohibió que se distribuyan sin autorización comunicados que no provengan de entes oficiales. El 3 de diciembre, en el Colegio de Abogados que funciona en el diario La Nueva Provincia, donde Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola encabezaron reivindicaciones de sus compañeros hasta que durante la última dictadura los acribillaron a balazos, el juez Planes disertó sobre “Libertad Sindical”.
La tensa relación de Sus Señorías con los trabajadores no es nueva. En 2005 la Cámara nombró a una abogada en reemplazo de una prosecretaria licenciada por enfermedad, postergando a personal más antiguo sobre el que no existían reparos, tal como apuntó en su disidencia el juez Luis Cotter. Once empleados y la UEJN impugnaron la acordada pero fueron rechazados, en el segundo caso con el argumento de que “no existen intereses colectivos a resguardar”. El voto de Montezanti y Argañaraz califica a una de las presentaciones como “indecente” y “desvergonzada”, y apunta que los escritos sugieren “un mismo autor intelectual”, cuya caza no tardó en desatarse, según los denunciantes.
Ese mismo año, sin respetar a empleados más antiguos, la Cámara nombró a una pasante en una vacante de escribiente. Diez trabajadores y la UEJN impugnaron la acordada. Una vez más fueron rechazados. “En treinta años de antigüedad en la Justicia jamás he visto que los empleados de un tribunal (...) puedan actuar como fiscales o censores” de una designación, “señalándole a este cuerpo que ha desconocido normas de máxima” y haciendo “expresa reserva de recurrir al más alto tribunal en avocamiento”, escribió Argañaraz y adhirió Montezanti. Se trata de “una falta gravísima de respeto al Superior” y “dejar pasar esa insolencia conduciría a la anarquía”, alertaron. “La perturbación al orden jerárquico no es tolerable y debe ser sancionada”, propusieron, “no exonerando de responsabilidad al ‘patrocinio sindical’ en cada escrito”. Desde su rincón solitario, Cotter destacó que “no puede concebirse que quienes cuestionan respetuosamente lo decidido por el Superior sean pasibles de sanción”.
Cuando la UEJN interpuso un recurso, una prosecretaria propuso a los impugnantes levantarles el apercibimiento a cambio de que no suscribieran el escrito y se disculparan ante los jefes. Cinco se resignaron a hacerlo. Al aceptar una disculpa Argañaraz le propuso a una empleada “una profunda reflexión”. Montezanti adhirió. “No siempre un pedido de disculpas basta para excusar una impertinencia”, escribió. La Corte dejó sin efecto las medidas dispuestas contra quienes se quejaron de las decisiones de sus superiores. Para evitar la reiteración de conflictos por motivos similares la Cámara solicitó que se la autorice a “apartarse del reglamento de Justicia de la Nación y poder nombrar a cualquier agente, aunque no se encuentre en la categoría inmediata inferior a la de la vacante”, destaca la denuncia.
El escrito de Piumato enumera irregularidades en la designación de empleados de la Secretaría de Derechos Humanos del juzgado federal, a quienes la Cámara asigna tareas en supuestas “causas análogas” a las que investigan los crímenes del Cuerpo V y la base naval de Puerto Belgrano. Montezanti también intervino en una causa en la que estaba excusado, relacionada con apropiaciones en el centro clandestino La Escuelita, quitándola de la órbita de la Secretaría ad hoc del juzgado. Pese a que está excusado para actuar en causas por delitos de lesa humanidad por sus consejos a Vilas, responsable de La Escuelita, en aquel caso, además de intervenir, opinó que “la Armada es una institución fundamental” más allá de que “algunos vesánicos la hayan empleado para sus tropelías”. Pese a que no era el tema de debate, Cotter le recordó que “hay cosa juzgada acerca de que la cúpula militar trazó y ejecutó planes criminales que cumplieron todas las fuerzas”, “ninguno de los planificadores o ejecutores ha sido declarado inimputable por vesania”, y “contra la desmemoria y el ocultamiento de la verdad” le aconsejó leer la sentencia del Juicio a las Juntas.
Quienes comparten pasillos con Montezanti & Cía. explican que la denuncia es una muestra ínfima del clima que padecen. Un secretario pidió licencia psiquiátrica luego de recibir tres sanciones en un mes. A quienes recurren sus calificaciones los derivan a la junta médica con la esperanza de que los declaren insanos. Tampoco falta el nepotismo. El hijo de Argañaraz, contador público, es secretario del juez federal Ramón Dardanelli Alsina. Su nuera es relatora del camarista Planes. El hijo de Augusto Fernández es secretario de Derechos Humanos del juez Alcindo Alvarez Canale. Todo queda en familia.
Los empleados esperan que la Corte responda a sus planteos. En marzo, la Cámara le denegó al juez Cotter, tras su licencia por enfermedad, la facultad de reasumir la presidencia. El magistrado planteó el tema a la Corte pero se jubiló sin respuesta. Días atrás, los empleados de la justicia homenajearon al ex presidente del primer tribunal del país que declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Montezanti & Cía. lo honraron con sus ausencias.

El país / Edición Impresa http://www.criticadigital.com.ar/

La corte suprema ordenó CONTINUAR la INVESTIGACIÓN
Reabren la causa Hagelin
El caso de la joven sueca desaparecida había sido cerrado por la Cámara Federal. Ahora se sumará a la megacausa ESMA. El principal acusado por el secuestro es Alfredo Astiz.

Martina Noailles

Después de dos años de espera en un cajón de la Corte Suprema, la investigación por la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin podrá avanzar. Los jueces del máximo tribunal ordenaron reabrir la causa en la cual el ex marino Alfredo Astiz es el principal acusado, y que había sido cerrada en 1986 por la Cámara Federal. Ahora, el juez federal de la megacausa ESMA, Sergio Torres, deberá indagar a Astiz, quien comandó el secuestro de Hagelin, y al resto de los represores vinculados con su desaparición, una medida que ya había reclamado el fiscal Eduardo Taiano en 2005.Tal vez lo llamativo de la historia de este expediente es que el caso Hagelin fue uno de los más documentados en el Juicio a las Juntas y uno por los que se condenó a prisión perpetua a Jorge Videla y Emilio Massera. Las declaraciones de testigos que vieron cuando balearon y secuestraron a la chica de 17 años y de sobrevivientes que compartieron cautiverio en la ESMA con la joven no alcanzaron para evitar los artilugios legales que trabaron la causa por 22 años.El 27 de enero de 1977, Dagmar había ido a visitar a su amiga Norma Burgos a su casa de El Palomar. Apenas cruzó el portal, dos hombres la encañonaron. Ante la sorpresa, comenzó a correr. "Parate flaca, que si no te tiro", le gritó un teniente de corbeta rubio de ojos de celestes, quien segundos después gatilló una sola bala que dio en la cabeza de Dagmar. El certero tirador era Astiz. Días después, en la propia ESMA, "el Ángel Rubio" admitió el error. La noche anterior se habían llevado a Burgos y esperaban que María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew e importante dirigente montonera, visitara la casa. Ser rubia y de físico similar a la buscada fue el delito que Dagmar pagó con su vida.A pesar de las presiones internacionales, la búsqueda de la joven no tuvo éxito. Tampoco lo tuvo la causa que en 1986 fue cerrada por la Cámara Federal por considerar que el delito de secuestro había prescripto. Años antes, en silencio, la justicia militar había juzgado y sobreseído a Astiz por "falta de pruebas". Las apelaciones de la querella, representada por Luis Zamora, y de la defensa llevaron el caso a la Corte Suprema que después de rechazar la reapertura en dos ocasiones –2001 y 2003– ahora votó a favor de que se active la investigación. -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS


SOCIEDADOPINION
Los Santos Inocentes


Por Martha Arriola *
y (Herodes) mandó matar a todos los niños
de Belén y de toda su comarca de la edad
de dos años para abajo
Mateo 2,16
El debate instalado en estos meses acerca del falso agravamiento de la cantidad de hechos delictivos cometidos por adolescentes y la propuesta de la baja de edad de imputabilidad actualizan el Día de los Santos Inocentes que hoy se conmemora. Hace algunos años que trabajamos desde la gestión pública la problemática de pibes en conflicto con la ley penal. Muchas veces escuchamos ante un hecho delictivo protagonizado por un adolescente pobre frases como "Qué piensan hacer con estos pibes? Elimínenlos..." Porque si en algo podemos parangonar el relato evangélico con la realidad de nuestros días es en que hay un rasgo fuertemente herodiano en la cultura neoliberal aún imperante: los pibes nos causan miedo, alguien tiene que terminar con ellos. Ocultamos tanto como es posible su existencia. Y, cuando por ahí se hacen visibles a partir de algún hecho violento, redoblamos la apuesta: pedimos mano dura, baja de edad de imputabilidad.
Como sistema enfrentamos una disyuntiva crucial: o avanzamos decididamente hacia más seguridad para todos/as, que es más trabajo, más distribución de la riqueza, más educación, más igualdad, más libertad, profundizando la etapa 2003–2008, o nos doblegamos ante los embates de los sectores que defienden exclusivamente sus propios intereses, sin entender que "nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza". Es imprescindible ponernos de acuerdo en los grandes ejes de política pública y no corrernos de ahí al compás de la "política de mercado". No se trata solamente de "medir lo que dicen las encuestas", sino de seguir construyendo un plan que discuta en los hechos el escepticismo liberal impuesto.
Si algo aprendimos en nuestra experiencia de gestión es que la política pública se encarna en cada barrio. Con trabajo conjunto y presencia permanente del Estado. Con método: diagnósticos participativos, elaboración de planes locales y evaluación permanente de procesos y resultados. El Programa de Respuesta Múltiple para la prevención Comunitaria de la Violencia (PRM) que impulsamos junto a cientos de organizaciones comunitarias proporcionó espacios de pertenencia juvenil, posibilitó que ellos comenzaran a construir proyectos vitales, que recuperaran ganas de vivir y de realizarse. Aprendimos que era preciso un nuevo "cuerpo a cuerpo" para ser efectivos en el "rescate" y lograr integración comunitaria. Es posible alcanzar una política pública de Niñez y Adolescencia que nos sensibilice y active, que ame mucho más a los pibes concretos que los diagnósticos y discursos de restitución de sus derechos. Por esto decimos no a la baja de imputabilidad, sí al sistema de responsabilidad penal juvenil. Sí al sistema de promoción integral de los derechos de los pibes, los tres ejes de la campaña "Ningún pibe nace chorro" que junto a cientos de organizaciones y áreas de gobierno presentamos el 19 de diciembre. Miles de chicos siguen muriendo en nuestros barrios más humildes, víctimas de la violencia. No hay justificación posible. Un nuevo Herodes, impersonal y fantasmal, parece haber ordenado la matanza. Los santos inocentes andan por las calles de cualquier villa del conurbano. Muchos dirán que ya no son "inocentes". Y en parte es cierto. Este nuevo Herodes ha sido mucho más cruel que el del relato evangélico. Primero mató su "inocencia", su infancia, luego ordenó el degüello. Jesús se salvó de la matanza de Herodes porque un ángel les previno. ¿Seremos nosotros capaces de salvar a nuestros chicos? Ya los ángeles nos han avisado hasta quedar afónicos.
* Ex jefa de gabinete de la Intervención de la Policía Bonaerense (1998). Subsecretaria de Participación Comunitaria (Ministerio de Seguridad) 2004–2007 Subsecretaria de Niñez y Adolescencia (2008).
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

El paísDomingo, 28 de Diciembre de 2008
La decisión de excarcelar a una veintena de represores
El día que Astiz casi sale a la calle
Hace diez días la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, con los votos de Guillermo Yacobucci y Luis García, ordenó el cese de la prisión preventiva de una veintena de represores acusados por delitos de lesa humanidad. Celebridades de la ESMA como Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, el ex juez santafesino Víctor Brusa y el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone fueron algunos de los beneficiados. Como la mayoría fue arrestada en 2003, el tribunal consideró que llevan presos sin condena más tiempo del razonable. Un día después, tras el rechazo generalizado de los organismos de derechos humanos y hasta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal Raúl Pleé apeló la resolución por considerar que "pone en serio riesgo a la Nación Argentina de ser sancionada internacionalmente por arriesgar innecesariamente la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos". El argumento central del escrito, que evitó la liberación de los represores, es que en caso de ser liberados podrían frustrar las investigaciones. Cuando Casación dé el visto bueno a la apelación deberá expedirse la Corte Suprema de Justicia, que cuenta desde hace un año y medio con una unidad especial creada para evitar este tipo de escándalos, a cargo de José Luis Mandalunis.
"La liberación es posible porque las distintas instancias de la Justicia han demorado en forma injustificada los procesos, dilatando la posibilidad de alcanzar la instancia de los juicios orales y públicos. La libertad de los acusados durante el proceso penal no conlleva impunidad. A treinta años del terrorismo de Estado, impunidad es que, por desidia, indolencia o complicidad, la Justicia argentina aún no los haya condenado", señalaron en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS, CELS y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, luego de conocer la resolución de Casación. La Presidenta dijo que era "un día de vergüenza para todos los argentinos".
El paísDomingo, 28 de Diciembre de 2008
La larga vida y los pocos cambios de la revista Cabildo
Nazionalismo del más añejo
Nostálgica de cuando tenía influencia y hasta algún poder, la ahora marginal revista se mantiene firme en eso de confundir coherencia con obsesiones. Un vistazo a la historia y la actualidad de Cabildo.
Por Sergio Kiernan

Antonio Caponnetto, ahora director y siempre seguidor de Curutchet, protestando contra Ferrari.
La revista Cabildo es una de las criaturas más excéntricas de la derecha nacionalista argentina. Pernóstica, malamente escrita, obsesiva en inventarse enemigos, es sin embargo representativa de una vena subterránea que no tiene miedo al ridículo y sigue ahí: es la revista más antigua de ese palo.
Cabildo aparece y desaparece tanto que los radicales tenían el chiste de que sabían que iban a ganar las elecciones porque la estaban relanzando. La primera edición vio los kioscos el 17 de mayo de 1973, justo a tiempo para escandalizarse con Cámpora y despuntar una vieja fantasía del nacionalismo católico, la del complot masónico-liberal-sionista para entregar el país al comunismo internacional.
Este tipo de cosas es un artículo de fe entre los nacionalistas católicos de derecha. En 1973, lo que pasaba era que Alejandro Agustín Lanusse había aceptado llamar a elecciones por ser un criptoliberal, un masón y un sirviente de la Trilateral, el nuevo nombre del Kahal de Hugo Wast. Sólo esto explicaba que traicionara la "revolución" de esos católicos ilustres que fueron Juan Carlos Onganía y Marcelo Levingston, invitado de Cabildo en sus reuniones políticas. Curiosamente, el maoísmo había llegado a la misma conclusión y acusaba a Lanusse de ser un agente del comunismo soviético, que definía como el "verdadero dueño" de Argentina gracias a testaferros que posaban de millonarios conservadores, como Adalberto Krieger Vasena.
Para Cabildo, entonces, el pase de mando de Lanusse a Cámpora fue la misma entrega de Argentina a la subversión judía, cosa explícitamente dicha en esos tiempos felices en que no había ley antidiscriminatoria. La revista, junto a casi todo el nacionalismo, respiró aliviada con la aparición de Lastiri y la llegada de Perón al poder, el mismo año, y con el nombramiento de gente de confianza como Alberto Ottalagano y Oscar Ivanissevich en las áreas culturales y educativas del Estado. Así empezó la "limpieza".
El golpe de 1976 fue simplemente la oportunidad de volver a sentirse en el poder para muchos del sector nacionalista, cosa que no ocurría realmente desde hacía años. Cabildo hasta se dio el gusto de jugar en las internas militares, apoyando a los "nacionalistas" frente a los "liberales". Este azules versus colorados tardío le valió un chas chas en la colita y la revista fue retirada de kioscos y clausurada por un mes, cosa que todavía recuerdan como una epopeya heroica.
No extraña que Cabildo coincidiera ideológicamente con lo más feroz de la represión y tuviera de columnista al general Adel Vilas, un militar "pensante" capaz de leer los libros de Salvador Borrego y de escribir sobre los peligros de la subversión cultural triunfante. Este argumento resultó de larga vida y fue usado por varios militares al ser juzgados por sus atrocidades. Es así: la subversión existe y es corrosiva; usted no se da cuenta porque ya fue cooptado; los terroristas no ganaron la batalla militar, pero al convencerlo a usted de que somos malos ganaron la batalla cultural. O como decía Cosme Béccar Varela con más elegancia, "usted ya es un comunista, sólo que no se da cuenta".
Hojear las Cabildo de los setenta permite descubrir también de dónde viene la obsesión del grupo por el Conicet. Resulta que la "cueva de terroristas" fue "limpiada" por Ottalagano, que se le entregó a gente más confiable. Varios nazis, nacionalistas y católicos falangistas con título universitario, se transformaron en investigadores rentados. Una de las tantas razones del odio desmesurado que le tiene la revista a Raúl Alfonsín fue que su gobierno terminó con esos contratos.
El staff de Cabildo muestra continuidades notables. El director fue Ricardo Curutchet hasta su muerte, acompañado de Juan Carlos Monedero como secretario de redacción y tesorero. Entre los colaboradores se puede ver, ya hace treinta años, a Antonio Caponnetto, actual director, y a plumas como el médico Hugo Esteva, profesor de cirugía en la UBA y colaborador en publicaciones afines como Patria Argentina. Ya en los setenta, Caponnetto había desarrollado el estilo farragoso y estentóreo que lo sigue destacando, y ya mostraba síntomas de la logorrea que lo impulsa a prologar cuanto libro le ponen delante. No es su culpa, en realidad, ya que sigue el estilo vueltero y lleno de exclamaciones de Curutchet.
Los veinticinco años de democracia que acabamos de cumplir no fueron gratos para Cabildo. Como el nacionalismo reaccionario, elitista y chupacirios es químicamente piantavotos –acerada definición del Perón de 1946–, sólo mojaban cuando gobernaban por la fuerza las minorías a las que influían. Así fue en 1943 y 1955, y así fue en 1966 y 1976. El sector llega a este nuevo milenio en un estado de marginalidad completa, sin la influencia cultural a la que se habían acostumbrado y pasados por derecha por otros sectores. Sólo les queda algún militar, juez o párroco, que trata de que no se noten sus convicciones.
Un síntoma de esta marginalidad es el nuevo slogan de Cabildo, "alguien tiene que decir la verdad", y su creciente concentración en actividades más religiosas que políticas. El único ambiente donde el nacionalismo católico juega de local es ese arrabal de la Iglesia que sueña con cruzadas de limpieza y piensa que con Franco estábamos mejor. Esto explica que los nuevos héroes de Cabildo sean obispos militarizados como Antonio Baseotto y sus actos de desafío al "régimen" consistan en misas en Luján o ataques a artistas como León Ferrari.
Y también explica el vueltero hispanismo de la prosa cabildesca, donde los colaboradores firman sus notas desde "San Luis de la Punta de los Venados" o desde el "Fuerte de San Felipe de Montevideo", escriben de tú o arman diálogos platónicos, como Aníbal D'Angelo Rodríguez, editor de cultura, sobrino de Ivannisevich y racista que se llevó racismo a marzo. Son todas muestras de senectud y marginalidad de una revista –de un sector– que supo bajar línea y ser escuchado.
El paísDomingo, 28 de Diciembre de 2008
Los artículos del camarista subrogante Guillermo Yacobucci en la revista Cabildo
Cosa de coherencia a lo largo de los a
ños
Fue uno de los dos que votaron la liberación de Astiz, el Tigre Acosta y otros veinte represores. Fue en 1977 y 1978, cuando él era un joven que hacía carrera en Tribunales y Cabildo era el house organ de la represión.
Por Mario Wainfeld
Sus devotos lectores, pocos pero fanáticos, tenían sobrados motivos para esperar la revista Cabildo de agosto de 1977. El mensuario reaparecía tras dos meses de ausencia. La edición de junio había sido secuestrada por orden de la dictadura que, además, sancionó a la publicación prohibiendo su salida en julio. La reacción tenía que ver con una interna de las propias Fuerzas Armadas dictatoriales. Cabildo expresaba a (y recibía data confidencial de) un ala de los represores, encarnada, entre otros, en los generales Acdel Edgardo Vilas y Rodolfo Mujica y el comisario Ramón Camps. Enfrentaba con el furor propio de las internas a compañeros de armas que juzgaba "liberales", les atribuía complicidades con la guerrilla, el judaísmo y otras bestias negras. José Alfredo Martínez de Hoz estaba en el banquillo de los acusados, Alejandro Agustín Lanusse ya había sido condenado. Algunos desbordes de esa doctrina colmaron la paciencia de la Junta Militar, que le aplicó una sanción piadosa, para los cánones de época.
En agosto Cabildo volvió con todo. Su tapa se floreaba con uno de sus tópicos favoritos: mostraba a Lanusse saludando a David Graiver, acariciándole la cara por más detalle. En el editorial el director Ricardo Curutchet no lagrimeaba por el cierre: "creemos (...) que el gobierno debe actuar sintiéndose asistido por facultades discrecionales, sin complejo alguno de comportarse institucionalmente como una Dictadura". Sí se quejaba porque Cabildo había quedado entre dos fuegos "el gobierno que la cerró y el poder judío". Contra éste embestía sin ambages, con la prosa macarrónica propia de la derecha nacionalista vernácula.
Acdel Vilas colaboraba con una nota larga, dedicada a una obsesión de los genocidas: la subversión cultural. Con dotes premonitorias notables, el genocida anticipaba argumentos que enunció Emilio Massera en el juicio a las Juntas, replicados ante decenas de estrados judiciales: guay de ganar la guerra y perder la batalla cultural.
Menos pimpante pero congruente con el contexto, la nota de apertura de la sección internacional se interesaba por la situación en España, durante la naciente restauración democrática. "Cocineros antes que frailes" se titulaba el artículo. Aludía, como hizo Antonio Machado, a dos Españas pero vistas del otro lado. Según el autor, de pluma generosa en casticismos y en palabras tonantes, los cocineros representaban el espíritu de la República y estaban volviendo. Los frailes eran, por oposición, "los grandes arquetipos de la raza". La praxis del rey (con minúsculas siempre), "el Borbón", era lapidada con minucia. Pero no sólo Juan Carlos estaba en entredicho, también sus súbditos. "El pueblo español no quiere hoy a los frailes, se ha quedado con los cocineros", plañía el columnista para luego enardecerse: "ha preferido los derechos humanos de los guerrilleros al derecho insobornable de la Patria, optó por la fastidiosa palabrería de los políticos, entregando la serena palabra de los jueces, cambió la humilde justicia de la verdad por la amnistía de los asesinos, los tribunales económicos por la usura, la soberanía nacional por la soberanía popular". La catilinaria antidemocrática apelaba en su crescendo al clasicismo hispano: "En fin, prefirió el fondo de las alforjas de Sancho a la punta de lanza del Quijote".
La nota, de una página, nada decía sobre las eventuales comparaciones con la Argentina, tal vez porque caían de su peso.
El autor de la nota firmaba G.J.Y. Son las iniciales de Guillermo Jorge Yacobucci, uno de los dos camaristas subrogantes de Casación que decidieron la libertad de una pléyade de represores, incluidos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, el Tigre.
Tertulias
Cabildo no tenía estructura legal en regla. Decía que la empresa era una SRL "en formación", un rebusque convencional en publicaciones pequeñas. Disponía también de un sello de goma, el Centro de Estudios Nuestra Señora de la Merced. Bajo ese paraguas solían celebrarse las reuniones de debate político y de preparación de la revista, en una vieja casa ubicada en el tercer piso de Talcahuano 893. La construcción era noble, grandes los ambientes, en los encuentros podían juntarse entre 50 y 100 personas.
Llevaban la voz cantante Curutchet, Juan Carlos Monedero (un militante del derechista Sindicato Universitario de Derecho, a cuyo adecuado apellido debían hacerse los cheques por las suscripciones), Antonio Caponetto (el actual director de Cabildo). Varios sacerdotes ultramontanos, entre ellos autoridades de colegios confesionales, eran de la partida. Según contaron a este diario testigos presenciales, cuya identidad se reserva, Yacobucci participó en varias de esas tertulias, en un rol iniciático y promisorio. Las tenidas se realizaban para discutir "de política" o del sumario de la revista. También había intercambios con cofrades de otras latitudes. Los falangistas españoles, atribulados tras la muerte de Francisco Franco, eran invitados de honor. El ex presidente Roberto Marcelo Levingston participó en uno de esos homenajes. Yacobucci también fue de la partida. Era joven, había nacido en 1956, la cúpula de Cabildo le proyectaba un porvenir brillante.
Los informantes saben que firmaba las notas con iniciales porque, estudiante aún, aspiraba a hacer carrera en el Poder Judicial. Y las internas dictatoriales que mencionamos en el primer párrafo motivaban que él mismo y sus mentores eligieran el módico enmascaramiento en prevención de potenciales represalias.
Obras completas
G.J.Y volvió a escribir en Cabildo un año después, en agosto de 1978. En términos periodísticos, ascendió. Su columna, titulada "Un canto para la Argentina Austral", comentaba el tema de tapa, que era la escalada bélica con Chile. La revista propiciaba la guerra, G. J. Y. le agregaba condimento a la postura editorial. Con la proverbial pulsión tanática del nazionalismo convocaba a morir por la Patria. El argumento era moral pero también rozaba una curiosa interpretación jurídica: "Nada más irrevocable que la posesión adquirida a costa de la sangre", estipulaba. Y oponía esos títulos rojos a la chatura de los documentos. "¿Qué papel con negros párrafos y largos articulados podrá oponerse al sacrificio de quienes se han inmolado en acto supremo de generosidad por la integridad territorial?" El sistema internacional cedía ante la densidad legal de los muertos en combate: "No existe Organización, Sociedad o Pacto en el mundo capaz de hacer retroceder a los muertos del campo conquistado con su vida". Como en todas las citas de esta nota las mayúsculas son responsabilidad estricta del autor de los originales.
Era una versión institucional pintoresca, algo traída para un hombre de leyes que iba terminando su carrera de abogado en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió en 1980.
Guillermo Yacobucci ascendió peldaño a peldaño en Tribunales, integra por derecho propio la "familia judicial", según sus recibos de haberes tiene 34 años de antigüedad. También hizo méritos académicos. Su currículo expone numerosas obras publicadas, solo y en colaboración, casi todas de derecho penal. Tiene reputación de hombre de derechas y de juez con versación jurídica superior a la media. Dirige el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral, estrechamente ligada al Opus Dei.
Llegó como subrogante a la Cámara Federal de Casación, eligió la mitad de la biblioteca que favorecía la libertad de Astiz y del Tigre. En un caso polémico, abierto a interpretaciones dispares, optó por la más favorable a los terroristas de Estado, beneficiándolos por la desidia de los magistrados. La decisión judicial no es un proceso puramente deductivo, contiene opciones valorativas y políticas.
El lunes pasado, el casador interino Yacobucci asumió que los juicios sobre el terrorismo de Estado se dilatan porque "la Justicia no marcha a un ritmo deseable". Y, en parcas declaraciones a los medios, defendió el fallo.
Eso sí, dejó sentado que los crímenes de lesa humanidad le causan "repugnancia visceral".
En otros tiempos, por lo visto, pensaba diferente.
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El paísDomingo, 28 de Diciembre de 2008
Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación de los juicios a los represores
"Es una responsabilidad inexcusable de la Justicia"
A raíz del fallo de la Cámara de Casación que casi deja en libertad a una veintena de represores, los encargados de monitorear todos los expedientes sobre el terrorismo de Estado analizan por qué se demora en llegar a las condenas.
Por Victoria Ginzberg
En el séptimo piso de un edificio de la Procuración General de la Nación, sobre Avenida de Mayo, doce personas se ocupan de hacer un relevamiento de las causas abiertas en todo el país contra los represores de la última dictadura. Es mediodía y entre arroz y empanaditas chinas, los miembros de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado (tal el largo nombre con que la bautizó Esteban Righi) comparten impresiones sobre la novedad de fin de año: el fallo de la Cámara de Casación que casi puso otra vez en las calles a Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, entre otros. Una vez despejada la mesa del almuerzo, los funcionarios que encabezan ese organismo, Jorge Auat y Pablo Parenti, analizan con Página/12 el escenario que dejó al descubierto la decisión de excarcelar a una veintena de acusados de crímenes de lesa humanidad: la demora que tienen estos expedientes para traducirse en condenas.
Auat fue fiscal en el Chaco y tuvo que remar para llevar adelante la causa por la masacre de Margarita Belén. Parenti fue uno de los secretarios que trabajaron con el juez Gabriel Cavallo en el fallo que en 2001 declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Desde hace casi dos años trabajan juntos en la Procuración coordinando los procesos sobre el terrorismo de Estado. En base a sus diagnósticos, el procurador Esteban Righi envió instrucciones a todos los fiscales con el objetivo de agilizar estas investigaciones. En agosto de 2007 hicieron un informe en el que advertían sobre problemas generales y específicos que generaban atrasos injustificables en las causas. Algunas de las dificultades que señalaban allí se mejoraron con el tiempo. Otras siguen en el mismo punto muerto, como la dilación que produce en la ciudad de Buenos Aires el hecho de que un mismo tribunal oral sea el encargado de las dos investigaciones más importantes: ESMA y Primer Cuerpo. Es posible que esta semana la Corte Suprema tome cartas en el asunto. Pero, para ello, la noticia sobre la posibilidad de que Astiz volviera a quedar en libertad tuvo que recorrer el mundo.
Parenti y Auat hablan en plural. Se nota que acordaron lo que querían transmitir de antemano. Por eso, lo que dicen uno y otro es indistinto. Defienden el trabajo del Ministerio Público pero advierten que los mayores problemas –y por lo tanto las soluciones– provienen de adentro del Poder Judicial. "Hay una falta de compromiso de operadores judiciales, de algunos jueces y fiscales. No se le puede echar la culpa al Código y menos después de diez años. Esa no puede ser la respuesta que le damos a la comunidad", señalan casi a coro.
–¿Qué hay que hacer para agilizar las causas contra los represores?
–La solución es buscar dónde estuvo el déficit. Hacer un buen diagnóstico.
–¿Y dónde estuvo concretamente el déficit?
–En cada caso hay situaciones particulares. En el Chaco, por ejemplo, la causa de Margarita Belén estuvo paralizada dos años porque un juez largó un hábeas corpus.
–ESMA estuvo cuatro años en Casación...
–Ahí está el tema, no miremos para otro lado. Hay una memoria institucional. No se puede negar que la misma Cámara que les está dando la libertad tiene responsabilidad por la demora. Pero además de encontrar el déficit hay que actuar en consecuencia. Lo primero que habría que marcar es que no hay una explicación única. No busquemos la monocausalidad. No es sólo que hay jueces y fiscales que se oponen al avance de las causas porque ideológicamente no las comparten. Hay de todo: problemas de organización de la Justicia, falta de claridad en las normas. Por ejemplo: seguimos con problemas por los subrogantes. Más allá de que salieron normas y acordadas de la Corte, hay problemas. Muchos jueces consultan a la Corte si los subrogantes pueden ser abogados o no y la Corte no lo resuelve claramente. En Rosario acaban de suspender un proceso porque hicieron una consulta a la Corte y no tienen claridad si actúan los jueces subrogantes o no. En Santa Fe hay tres jueces subrogantes actuando porque los titulares se excusaron y hubo que hacer un procedimiento de consulta. Ahí hay un problema de diseño institucional y falta una herramienta de la Corte que trabaje de una manera más ágil.
–¿Hay una deuda de la Corte Suprema por no haber tomado medidas para ordenar estos juicios?
–Tal vez falta un seguimiento más activo. A la Corte y a todos los que leyeron el informe que hicimos en 2007 les marcamos problemas y algunas propuestas de trabajo en común para tratar de solucionarlos. Evidentemente no fue todo lo fructífero que hubiéramos esperado. Tampoco sabemos lo que hizo la Corte hacia adentro. Puede haber un trabajo silencioso que no conocemos. Si la Corte o el Poder Ejecutivo quieren hacer algo, nosotros tenemos la información disponible. Estaría bueno que la Corte haga algo, pero que sea compatible con las pautas con las que estamos trabajando en el Ministerio Público.
–La propuesta de que en Capital Federal ESMA y Primer Cuerpo no las tenga el mismo tribunal oral es vieja.
–De hecho se planteó en una reunión con jueces de la Corte, que quedaron en analizar el problema. También entendemos que es un rol no tradicional para la Corte ocuparse de estas cosas. Pero estos son procesos no tradicionales y la Corte, en este último tiempo, está haciendo cosas no tradicionales, como decirles qué hacer y ponerles plazos a otros poderes. Ni la Corte ni ningún tribunal superior le puede decir a otro tribunal o juez que condene o absuelve a una persona, pero si hay que garantizar la buena administración de Justicia, eso es un servicio público.
–¿El Poder Ejecutivo podría haber hecho algo? ¿Antes? ¿Ahora?
–El centro del problema está en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahí hay una responsabilidad irrenunciable, inexcusable. No miremos para otro lado. Otros poderes pueden colaborar, pero no es la explicación central. El Poder Ejecutivo puede colaborar armando un buen plan de protección de testigos, una buena coordinación entre los planes nacionales y provinciales, cosa que todavía no se concretó del todo. Podría facilitar cuestiones probatorias, todo lo que es documentación del Estado que sirve como prueba para las causas. Si bien se aporta cuando se pide, lo podría hacer de una manera más proactiva. Pero de ningún modo el Poder Judicial puede estar ausente en los reproches.
–Volvamos a los motivos de las parálisis de las causas.
–Cuando hicimos el diagnóstico en 2007, nos encontramos con causas paradas por dos años o más, eso estaba en una planilla que también le entregamos a la Corte. Había grandes demoras entre actos procesales consecutivos: la indagatoria y el procesamiento, el procesamiento y la apelación, entre la confirmación del procesamiento y la elevación a juicio. Había casos en los que el fiscal había requerido que se elevara la causa a juicio oral y la causa seguía en instrucción, ejemplo: Scheller (ESMA). Cuando hicimos ese primer diagnóstico había jurisdicciones (Tucumán, Rosario) donde la Cámara tardaba dos años en resolver un recurso. Esto se corrigió bastante y creemos que el documento sirvió.
–El fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé, como voz del Ministerio Público, dijo que los represores no debían salir porque podían poner trabas y entorpecer las investigaciones. ¿Cuánto más se pueden extender las prisiones preventivas con ese argumento?
–No pensamos que la prisión preventiva se pueda extender indefinidamente. Nuestra prioridad es llegar a los juicios y a las condenas de los responsables rápido. No queremos que estén en prisión preventiva hasta que se mueran. Tampoco se puede establecer un límite para las prisiones preventivas. Hay que evaluar la causa, las articulaciones de la defensa o no, si hay concursos reales (otros hechos) o imputaciones distintas que justifican una prisión preventiva de por sí... No es lo mismo una persona a quien se le imputa un hecho y está ocho años en prisión preventiva que una persona a la que se imputan 500 hechos. En el caso de Astiz nos parece que se justifica la prisión preventiva y, además, vemos que hay caminos intermedios antes de dejarlo en libertad. Por ejemplo, Casación podría haber emplazado al tribunal del juicio a poner fecha de audiencia. Hay dos derechos en juego, el del imputado a estar en libertad durante el proceso y el de las víctimas a que se haga justicia. Y está la obligación del Estado a hacer justicia, especialmente en estos casos que ofenden a la comunidad internacional. Todo eso está en juego. No siempre la decisión es libertad o no.
–Pero si obligan a hacer el juicio contra Astiz se va a demorar otro que el tribunal ya tiene previsto sobre el Primer Cuerpo.
–Hay que buscar una solución. Es el mismo problema que planteamos en 2007. ¿Por qué este tribunal tiene las dos causas? Es urgente que la Corte o Casación, con sus facultades de superintendencia, den una solución a eso.
–Al final, en Capital, que fue donde primero avanzaron las causas, hay un retraso por la acumulación en el Tribunal Oral N° 5.
–En Capital hubo una instrucción correcta y en tiempo razonable que hizo el juez Daniel Rafecas en Primer Cuerpo, con elevaciones a juicio por centro clandestino de detención. Y está la causa ESMA, cuyo objeto procesal está bien conformado, porque es un solo centro clandestino, pero la causa se desarticuló en la práctica, se hizo por tramos, con imputaciones no homogéneas. Y después, se juntan en el mismo tribunal oral. Hace falta que alguien mire qué está pasando con la administración de Justicia y eso no implica avasallar la independencia.
–En el resto del país, ¿cuáles son los problemas?
–Hay distintas realidades. Hay lugares que arrancaron con pocos hechos, que eran los conejillos de India. Por ejemplo, en Córdoba: la causa histórica se empezó a desarmar porque querellas particulares empezaron a pedir que se investiguen sus hechos. Como resultado, tenemos muchas causas que tratan sobre La Perla y estamos tratando de juntarlas de nuevo. Un problema grave que hay en el interior es la dispersión de investigaciones. En Jujuy había 170 víctimas y 139 causas. La instrucción del procurador decía que había que agrupar por centro clandestino o por alguna pauta razonable, como mejor sirva a cada lugar. A veces no hay un centro clandestino, sino una zona de represión. En cada jurisdicción tememos una propuesta de trabajo. En Jujuy, por ejemplo, hay grupos de víctimas vinculadas. Se armó un plan de trabajo con seis grupos de casos y el fiscal pidió las acumulaciones.
–Entonces pasaron de 139 a seis causas.
–El fiscal lo pidió con un escrito en el que se vincula hecho con hecho, dice quiénes son los responsables, pide las indagatorias. Y el juez lleva meses sin resolverlo. ¿Quién mira eso? ¿La Cámara? ¿La Corte? Si quieren hacer una comisión legislativa que analice el seguimiento de los procesos... alguien tiene que mirar y sacar los procesos del micromundo local en el que se encuentran, alguien que pida una rendición de cuentas.
En Corrientes, la defensa intentó evitar el juicio hasta horas antes de la audiencia. Mendoza también es uno de los lugares que más dispersan.
–En Mendoza es donde hubo más excarcelaciones y a la vez hay leyes de mano dura para delitos comunes.
–En Mendoza tenemos muchos problemas para avanzar. Hay faltas de mérito bastante cuestionables. Y hubo muchas excarcelaciones. Habría que comparar los criterios que tiene la Cámara para estos casos y para otros.
–Volvemos al principio. ¿Qué cosas hay que hacer para poder llegar a juicios rápido?
–El Ministerio Público viene haciendo un trabajo en intentar modelar la estructura de los procesos y darle cierta coherencia para poder concretar los juicios. En esa línea estuvieron las instrucciones del procurador a los fiscales sobre la acumulación de las causas y para que se pidan las elevaciones a juicio aunque el juez no corra la vista. El tema es que si hacemos los juicios de a poquito, se pierde la dimensión de lo que pasó. La comprensión histórica de los hechos implica que los miremos todos juntos. A la vez, hay que aplicar las fórmulas a unos procesos que ya vienen andando. Cuando empezamos con este trabajo nos propusimos llegar a los primeros juicios en cada lugar, sabiendo que muchas veces no iban a ser ideales. Los primeros juicios tienen que asegurar que se abra el camino. La estrategia era insistir con las causas que estuvieran avanzadas y luego trabajar en una segunda etapa con procesos mejor conformados. Hubo un primer juicio valioso en Córdoba con el que logramos la condena de ocho personas, pero ahora hay que hacer un gran juicio sobre La Perla. Bienvenido el juicio por Guillermo Vargas Aignasse en Tucumán: abrió el camino y no es lo mismo Tucumán después de la condena a Antonio Domingo Bussi. Pero como juicio es lo que hay que evitar, fue por un solo hecho. Lo mismo pasó en Capital con la condena a Julio Simón por Poblete. Ahora se trata de modelar las instrucciones.
El paísDomingo, 28 de Diciembre de 2008
La polémica que abrió Carlos Fayt
"Una ley no es la solución"
Por Victoria Ginzberg

El juez de la Corte Suprema Carlos Fayt fue quien abrió la polémica, a la que se sumaron dirigentes de la oposición sin muchos conocimientos en la materia. El decano magistrado aseguró que los juicios contra los represores no avanzaron porque el Congreso no aprobó una ley que hubiese agilizado los procesos. Jorge Auat y Pablo Parenti no hacen nombres, pero ofrecen su parecer. Aseguran que modificar las normas, a esta altura, sólo traería nuevas demoras.
–Después del fallo de Casación se dijo que hacía falta una ley que agilice los juicios. ¿Es así?
–Coincidimos con lo que dijo Raúl Zaffaroni en Página/12: tenemos un sistema penal anacrónico. Que haya un juez de instrucción fuerte, un fiscal que no tiene capacidades reales para definir el curso del proceso ni a quién se indaga y a quién no y por qué hechos no es lo ideal. En cualquier sistema razonable lo tendría que definir un fiscal y, en cambio, lo define el juez, como también si se acumulan o no las causas. Nosotros podemos hacer planes de trabajo pero tienen que pasar por el juez y eso nos complica un poco para poder concretarlos rápidamente. Estaría buenísimo tener otro régimen procesal, pero no sólo para estos delitos sino para todos. Ahora, no tenemos otro régimen procesal. Con este régimen procesal, ¿podemos hacer los juicios? Creemos que sí. Plantear ahora que el problema es que no hay una ley procesal adecuada o que la solución debe venir del Congreso genera la idea de que así no se puede. Es una justificación. No es verdad que no se pueda.
–¿Pero una ley podría mejorar las cosas?
–Sacar una ley no es tan fácil y plantear hacerlo genera una sensación de impasse, de "hasta que salga la nueva ley vemos". Además, ¿quién garantiza que la ley que salga sea buena? Los parches legislativos habitualmente no salen bien. Si se plantea una reestructuración de las competencias de los jueces, ¿cuánto tardan los nuevos jueces y empleados en conocer las causas? Todo esto genera más retrasos que ventajas. Y se abren posibilidades de impugnación. Aun cuando con la nueva ley no se violara ninguna garantía, es un incentivo a que las defensas presenten recursos que van a tener que recorrer todas las instancias hasta la Corte, con lo cual también es una demora. Finalmente hay una cuestión que tiene que ver con la imagen histórica de los juicios: es muy bueno que hasta ahora vengamos haciendo estos procesos con muchas dificultades pero con las mismas dificultades y la misma Justicia que para todos los delitos: la corrupción, los homicidios. Si se crean comisiones especiales, tribunales especiales, como figura en algunos proyectos que están dando vueltas, sería problemático. Todo lo que sea una ley especial daña la imagen de los juicios. No se le puede echar la culpa al Código y menos después de diez años. Esa no puede ser la respuesta que le damos a la comunidad.
–Pero el juicio a las Juntas se hizo con un procedimiento especial
–Quizá no fue lo mejor que tuvo ese juicio. En realidad, el juez natural en los '80 era la Justicia penal común. Raúl Alfonsín altera la competencia al mandarlo a la Justicia militar. Igual, el juicio no lo debería haber hecho la Cámara sino los jueces de instrucción. Pero además Alfonsín hizo eso el día uno. Una cosa era cambiar el procedimiento en 2001, cuando el juez Gabriel Cavallo dictó la inconstitucionalidad, o en 2003, cuando el Congreso declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Pero pasaron ya seis años. Es tarde para plantear que el procedimiento no es el adecuado. No hay margen de tiempo. Tenemos testigos e imputados de avanzada edad.
–El Congreso sancionó este año una serie de proyectos destinados a agilizar las causas, ¿sirvieron?
–Nosotros propusimos una de esas reformas, que no fue sólo para estos casos sino para todos: que se pueda ir a juicio aunque haya recursos pendientes en Casación o en la Corte. Si hay procesamiento confirmado se va a juicio. Para nosotros ya se podía hacer de esa manera, pero no estaba lo suficientemente claro. En la instrucción del procurador a los fiscales, que fue anterior a las nuevas leyes, ya figuraba.
–Un proyecto de ley de la UCR, sobre el que se habló en estos días, habla, justamente, de acortar los plazos para la resolución de recursos, por ejemplo, cinco días para que la Cámara conteste, etc.
–El Código actual también establece plazos. Es importante marcarlo. El Código establece que cuando se indaga a una persona hay diez días para definir su situación, se lo procesa, se le dicta falta de mérito o se lo sobresee. Sin embargo, a veces están meses sin resolución. El Código dice también que hay cuatro meses de instrucción después de la indagatoria... La historia de plazos que no se cumplen es muy vieja para pensar que con una ley que acorte plazos se soluciona.
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