domingo, 12 de octubre de 2008

UN ANIVERSARIO HISTORICO EN UN MOMENTO SOMBRIO
Universales
Las Naciones Unidas y la Unión Europea conmemoraron en Bruselas los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con una conferencia titulada “Los defensores toman la palabra”. Verbitsky presidió uno de los paneles, sobre libertad de expresión, y envió esta crónica desde una ciudad más atenta a la crisis financiera también universal que a cualquier otra cosa: mientras duró la conferencia fueron absorbidos los dos mayores bancos belgas.
Por Horacio Verbitsky
Desde Bruselas
Mientras los funcionarios leen sus discursos ceremoniosos, ellos dibujan. La primera caricatura que se proyectó en la pantalla a espaldas de los oradores fue de Ali Dilem. El dibujante argelino, quien apenas pasa los 40 años, fue condenado a prisión en su país por molestar con su humor al presidente Buteflika y enfrenta otras veintiséis demandas de políticos, militares y fundamentalistas religiosos. Aquí no le ocurrirá nada malo por el texto que decía: “Discurso de apertura. Algunos ya se duermen”, mientras el Vicepresidente de la Comisión Europea Jacques Barrot seguía su enunciación de grandes principios. Al lado de Ali Dilem, en otra banca, dibujaba su colega francés Plantu, el principal humorista de Le Monde, quien se acerca a los 60 en espléndido estado, principal animador de Dibujantes por la Paz. Así comenzó el martes en la suntuosa sala de sesiones del Parlamento Europeo la conferencia “Los defensores toman la palabra”, organizada por la Unión Europea y las Naciones Unidas para conmemorar los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y los diez transcurridos desde la declaración de la Asamblea General sobre la protección a los defensores de los derechos humanos. La corrección política es abrumadora. Entre las bancas circula supervisando que todo funcione comme il faut una mujer de 150 kilos, con una remera a rayas rojas y blancas que hace más difícil no mirarla mientras ejerce su igualdad de oportunidades.
Evita Gosa
Cuando la Secretaria de Derechos Humanos de la cancillería francesa explicaba el compromiso de su gobierno con las mejores causas, Plantu colocó en el reproductor un dibujo en el que el presidente de Francia advertía a su delegada: “Hola Rama. Sobre todo, ni una palabra sobre Khadaffy”. Nacida en Senegal, hija de un intelectual socialista que fue asistente personal del presidente y poeta de la negritud Léopold Sédar Senghor, Rama Yade presentó a su país de adopción como la capital de la libertad y propuso la despenalización universal de la homosexualidad. A Evita Gosa se le encendieron los ojos. Fue un@ de l@s 70 gays y lesbianas de Latvia que marcharon en defensa de sus derechos custodiad@s por mil policías, que no hicieron nada para impedir que les arrojaran huevos y l@s escupieran. Rama Yade es un típico producto de la factoría Sarkozy. Bella como la más bella de las modelos, musulmana pero educada en una escuela católica y casada con un judío, a sus 31 años nadie dice que el puesto le quede más holgado que sus ceñidos pantalones, con los que pasa taconeando para retirarse en cuanto termina su discurso, como suelen hacer después de la foto tantos secretarios de derechos humanos, o de cualquier otra cosa, cuando son incapaces de mostrar algún interés por el tema que se supone es el centro de su actividad y alguna sensibilidad hacia quienes han llegado desde distintos lugares del mundo para participar en un encuentro del que esperan algún avance para las causas a las que dedican su vida. Entre ellos estaba también Stéphane Hessel, erguido y entusiasta a sus 91 años, paradigma de lo que aquí se quiere homenajear. Nació en Alemania pero su enfrentamiento con el régimen nazi lo llevó a adoptar la nacionalidad francesa y a integrar la resistencia en las filas de De Gaulle, luego de escapar en un traslado desde el campo de Buchenwald hacia el de Bergen-Belsen. En la posguerra fue uno de los redactores de la Declaración Universal y su lucha por los derechos no reconoce fronteras. Este gran oficial de la Legión de Honor condena las violaciones masivas de los derechos humanos en que incurre el gobierno de Israel pero también sostiene que el gobierno francés, en el que conserva el cargo de embajador e integrante del consejo consultivo de los derechos humanos, viola el artículo 25 de la Declaración Universal al no proveer soluciones a los sin techo que duermen en carpas junto al Sena. Cuando Rama termina de hablar y empieza a marcharse, Hessel se pone de pie. El viejo camarada de Eleanor Roosevelt espera un saludo, que nunca llega. Rama pasa de largo sin mirarlo, feliz de perderse el resto de la conferencia, y sigue rauda hacia la puerta, seguida por dos monos que jadean tras sus pasos ágiles. Pero la mujer tiene su carácter y a eso alude el dibujo de Plantu: este año el líder libio visitó Francia, donde goza del mismo respeto que Putin en Europa o que Chávez en Sudamérica, y por las mismas razones. Mientras el resto del gobierno le prodigaba todo tipo de reverencias, la senegalesa recordó cuánto dejaba que desear su record en materia de derechos humanos.
Las doce estrellas
Además de dibujar, Plantu explicó los propósitos de Dibujantes para la Paz, mientras los organizadores lo apuraban porque debía comenzar otra ceremonia, a cargo del presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pottering. Plantu habla muy rápido porque no quiere dejar de expresarse. Un dibujo es mejor que mil palabras y la imagen política es más peligrosa que nitroglicerina. Hace tres meses intentaron asesinar al dibujante que representó a Mahoma con una bomba en el turbante. Mientras vuelven a decirle que debe terminar, Plantu cuenta que descubrió en una imagen de la Virgen María que las 12 estrellas de la Unión Europea son una evocación cristiana de las cruzadas, por lo que concluye que la religión siempre está presente, cosa que no lo conforta. El apuro se debía a que la sesión comenzó con una hora de retraso porque los buses que debían recoger a los participantes en su hotel nunca aparecieron. El día anterior una huelga general en protesta por los bajos salarios y la inflación había paralizado a Bélgica y quienes debían llegar desde París en el tren bala, que cubre el trayecto en una hora y media, debieron recorrerlo en ómnibus, que tarda más de tres. El Observatorio Internacional sobre Prisiones informa que la política represiva, el uso generalizado de la prisión preventiva y el bloqueo a las excarcelaciones, han producido un incremento explosivo de la población carcelaria, de modo que las condiciones de detención en Bélgica, la promiscuidad, la falta de alimentos y de camas, son inhumanas. “Todos los recursos se dedican a la seguridad, mientras que la prevención, el acompañamiento psico-médico-social de los detenidos en vistas a su reinserción se olvidan”. Este es el primer mundo realmente existente.
Hay gente afuera
Ali Dilem coloca un dibujo que no alude a nada que esté sucediendo en la conferencia, sino al mundo que la rodea, apenas unos metros más allá del edificio Paul-Henri Spaak, en cuya entrada la protagonista de un monumento de aspecto soviético alza un símbolo del euro, €, con el entusiasmo que por lo general se dedica a una medialuna, una cruz o una hoz. En el dibujo un hombre pende ahorcado de una antena de televisión.
–¿Derechos humanos? –pregunta uno.
–No, bolsa –responde el otro.
A la medianoche una docena de periodistas monta guardia frente a las oficinas del primer ministro Yves Leterme, donde se analizan las medidas que puedan salvar de la bancarrota a las dos únicas megainstituciones financieras de Bélgica: Fortis y Dexia.
El moderador del panel sobre la prensa es el periodista y ensayista belga Jean-Paul Marthoz. Respetado latinoamericanista, escribe en el diario más importante, Le Soir. Esta semana su columna se tituló “Ideología tóxica y pensamiento laxo”. La ideología tóxica es la furia desreguladora del neoliberalismo, la reducción de impuestos, la celebración de los privilegios. El pensamiento laxo es el de los intelectuales y políticos que deberían haberse opuesto a la victoria del individualismo sobre la noción del interés público, el de la izquierda que se dejó seducir por esas teorías económicas, el de la tercera vía de Clinton, Jospin o Prodi. Cómplices o impotentes, los demócratas estadounidenses y los socialistas europeos no opusieron suficientes controles y contrapesos al neoliberalismo. ¿Puede ser casualidad que dos de los principales dirigentes del sistema económico global, Pascal Lamy en la Organización Mundial de Comercio, y Dominique Strauss-Kahn en el FMI, provengan del socialismo? Pero también la democracia cristiana abandonó la idea del bien común como piso de la acción política, barrida por tres décadas de egoísmo generalizado. El Partido Popular Europeo creció a expensas de sus valores fundacionales. Al integrar a berlusconianos y thatcheristas se convirtió en una coalición de las derechas, alejada del interés general. La crisis no es sólo económica. La democracia europea se acerca a una fría medianoche. “Desorientada, insegura, la población busca chivos emisarios. Para algunos la alternativa es el neopopulismo a lo Haider o a lo Sarah Palin. Mañana, si todo fracasa, podría ser aún peor. Para preservar el liberalismo político es necesario civilizar al liberalismo económico”, dice. Marthoz no lo explicita, pero su columna es también un garrotazo al presidente del partido socialista valón, Elio Di Rupo, quien al mismo tiempo es miembro del Consejo de Dirección de Dexia, pero no sólo a Di Rupo, sino a todo el gobierno, una coalición de aquellas tendencias que no supieron prevenir la crisis: democristianos, socialistas y liberales. Sólo los verdes pueden lanzar alguna piedra, desde su minoría significativa del 18 por ciento.
En Dexia tienen sus intereses los sindicatos, que están lamentando fuertes pérdidas. El banco surgió de la fusión de las cajas de ahorros del socialismo, del Movimiento Obrero Católico y del Estado, en sociedad con un banco francés. Cuando terminó aquella reunión de medianoche, la conducción de Dexia había cambiado, aunque tardará en saberse cuál será su status futuro, porque al momento de publicarse este relato ya hubo otros cambios. Su nuevo presidente es un ex primer ministro belga y su vice el ex jefe de gabinete de Sarkozy y ministro de presupuesto de Francia. Ambos son los hombres de BN Paribas, que parece ser el nuevo patrón. La operación es compleja, porque al mismo tiempo los aportes estatales de Bélgica, Holanda y Luxemburgo convierten a esos estados en grandes accionistas de Paribas. Algunas operaciones de Fortis pasan a manos de bancos holandeses, otras también entran en la órbita de Paribas, siempre con inversión de fondos públicos. Una tercera entidad financiera, Triodos, que usa como slogan “El banco durable”, presenta una declaración de principios que parece un manifiesto político: sólo financia la economía real, en proyectos concretos. No cotiza en bolsa ni es objeto de especulación. Por eso, dice, la crisis de crédito no lo afecta. El príncipe Philippe vuelve feliz de la Argentina por la venta de un ciclotrón a los laboratorios Bacon, de Buenos Aires, con los que se firmó una asociación de investigación y desarrollo. Un miembro de la comitiva revela su entusiasmo: “Buenos Aires es un mercado de ocho millones de habitantes. Es un lugar estratégico”, aunque precisa que “la Argentina representa frente a Brasil lo mismo que Canadá en relación con Estados Unidos”.
El tamaño importa
Luisa Morgantini es vicepresidente del Parlamento Europeo. Antes de que comience la seguidilla de denuncias sobre tropelías de todo tipo en Africa, Asia y América Latina, la italiana electa por Refundación Comunista e integrante del bloque de izquierda con los verdes, tiene la delicadeza de recordar que también en Europa y Estados Unidos hay problemas de derechos humanos. Menciona la entrega de prisioneros, el uso de aeropuertos europeos y de su espacio aéreo para trasladarlos desde y hacia Guantánamo y las sevicias en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Souyer Belhassen, presidenta de la Federación Internacional por los Derechos Humanos se pronuncia también contra la ley europea del retorno, que en nombre de la seguridad nacional y del realismo, propone una reconstrucción de los derechos humanos. Eric Sottas, secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura compara la respuesta de las dictaduras de Brasil, Chile y la Argentina con las que hoy se escuchan en otros lugares del mundo, que no menciona seguramente porque todos saben a quiénes se refiere:
–Hoy no se niegan los hechos. Se acusa a otros o se reconoce en forma oficial la práctica de la tortura.
Hélène Flautre, presidente del subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo, forma parte del bloque verde. Le preocupa el doble standard en derechos humanos, o su aplicación selectiva según el tamaño del país. Incluso pronuncia la palabra: China. El ex fiscal de Manhattan Ken Roth es el director ejecutivo de Human Rights Watch, la organización líder en el mundo. Exhorta a no confundir democracia con derechos humanos, porque muchos dictadores se hacen llamar demócratas, aunque no respeten derechos esenciales, que van mucho más allá del voto. Roth es escéptico sobre el nuevo comité de derechos humanos de las Naciones Unidas, donde violadores seriales como Kazakhstan tienen su banca gracias al petróleo y el gas. Allí la agenda la fijan Argelia, Egipto, Pakistán, Sudáfrica, dice. Es duro también con Estados Unidos, por la situación intolerable de Guantánamo.
El góber precioso
A sus 45 años, la mexicana Lydia Cacho Ribeiro es una demostración viviente del nexo entre el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Por su militancia en organizaciones de mujeres, recibió un pedido de auxilio de una jovencita que intentaba escapar de una red de pedofilia en la que había caído en su pubertad. La niña había acordado con el ministerio público hacer una filmación oculta a su explotador, un rico empresario que confesó en ese video su compulsión por violar niñitas y el placer que sentía al verlas sangrar. Por horrendo que fuera, lo que menos importaba era el caso individual. Se trataba de una red de prostitución y pornografía infantil, con tráfico de niños entre México, Estados Unidos y el Caribe, que sólo podía funcionar con la aquiescencia del sistema político. La investigación probó que el pederasta, Jean Succar Kuri, contaba con la protección de otro empresario aún más poderoso, Nacif Kamel, ambos libaneses, y consiguió así que fuera extraditado desde Estados Unidos, a donde había huido. A su vez Kamel tenía relaciones estrechas con el gobernador de Puebla, Mario Marín y con el presidente del bloque de diputados del PRI, Emilio Gamboa. Lydia desafió a todos ellos y armando en un rompecabezas investigaciones de otros colegas y del ministerio público puso en evidencia los nexos entre esa mafia y el poder político. Mediante la corrupción de funcionarios judiciales, Nacif Kamel consiguió que la periodista fuera secuestrada bajo la apariencia de una detención legal y sometida a torturas. Sólo la rápida movilización de otros periodistas y organizaciones de derechos humanos le evitó una violación en la cárcel, preparada por sus denunciados. El juicio por difamación que Kamel tuvo el atrevimiento de iniciar, le dio al caso una trascendencia pública que sólo podía beneficiar a la periodista. En una cinta grabada, Kamel se dirige a Marín llamándolo “góber precioso” y le anuncia el envío de dos botellas de cognac en agradecimiento por el “pinche coscorrón” que Marín confiesa haberle hecho dar “a esta vieja cabrona”. Lo de vieja es sólo lunfardo mexicano por mina: Lydia Cacho sólo tiene 45 años, y sus ojos, cejas y pestañas renegridos sugieren cualquier otra cosa que la senectud. Un juez de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que todas sus afirmaciones eran ciertas, pero que se quedaban cortas y recomendó el juicio político del gobernador y sanciones a jueces, fiscales y procuradores que habían participado en el complot. Sin embargo las presiones políticas y económicas fueron tan fuertes que 6 de los 10 miembros de la Corte Suprema votaron en contra del juicio político. Una de cada ocho personas son víctimas de un delito en México y cuatro de cada diez son mujeres y niños. El tráfico de estupefacientes prohibidos es el segundo generador de empleo y capital después del turismo. Pero la trata y explotación de niñas, que puede convertir a México en la próxima Tailandia, será un negocio aún más lucrativo, en un país en el que los más ricos son más ricos que los más ricos de Europa y los más pobres tanto como los más pobres del Africa.
Los disidentes ignorados
Mohamed Ali al-Atassi es periodista de An-Nahar, en El Líbano, el único medio que denuncia la situación de los derechos humanos en Siria. Su director fue asesinado luego de realizar una exposición en Estrasburgo. Siria es el reino del silencio; vive bajo estado de emergencia, no hay periódicos libres y los disidentes son encarcelados. A principios de siglo, la muerte de El Assad provocó una breve primavera, que fue acallada en forma brutal mediante arrestos, condenas y prohibiciones para dejar el país y seguir denunciando desde El Líbano o Europa. En el Líbano hay medios libres pero se vive en guerra civil y es posible matar a un periodista para que se calle. Nadie quiere morir asesinado pero tampoco asfixiado por la autocensura. La impunidad de los asesinos hace que todos se sientan amenazados. Sin periódicos y periodistas libres no hay opinión pública. Los derechos humanos son universales y no pueden suprimirse por respeto a una presunta especificidad. La presencia de los islamistas radicales es utilizada como pretexto para no respetar los derechos humanos, con el argumento de que si se tira mucho de la cuerda vendrán los barbudos. Por eso es fundamental integrarlos en el proceso democrático. Mientras los disidentes de Europa del Este son comprendidos y acogidos, los del mundo árabe son ignorados y desconocidos. Las sanciones económicas son peligrosas porque, como ocurrió en Irak, las paga el pueblo. Más útil es la firmeza en temas de derechos humanos, condicionando a su respeto las asociaciones económicas, de modo que el pueblo pueda decidir sobre la democracia, con participación, por su propia fuerza y no mediante la invasión extranjera que agrava los problemas en vez de solucionarlos.
Los 222
Andrei Lipski es el director de Novaya Gazeta, acaso el más libre de los medios de comunicación de todas las Rusias, allí donde trabajaba Anna Politkovskaia, de cuyo asesinato acaban de cumplirse dos años. Con ella llegaron a 222 los periodistas abatidos desde que la ex Unión Soviética vive en un régimen que se proclama democrático. La libertad de expresión es nuestra arma, porque el régimen autoritario teme la transparencia, dice Lipski. Los imputados en el juicio por el crimen de Politkovskaia no son los autores materiales y el que fue identificado como el asesino no está bajo proceso. El Centro de Periodismo Extremo (por lo menos así lo tradujo el intérprete al español, uno de los 22 que se encargan de facilitar la comprensión en esta lujosa Babel) registra 60 juicios por año contra periodistas, muchos por difamación pero también por otros artículos del Código Penal escogidos en forma caprichosa. Cinco están detenidos por haber escrito lo que se consideraron insultos contra miembros del gobierno. No hay censura, sino formas sofisticadas de control. La televisión pública se lleva casi todos los avisos. Muchos medios han derivado hacia el amarillismo y sólo dicen lo que el gobierno quiere. La población tiene una actitud pasiva, se desinteresa por la política y ya bastante tiene con sobrevivir, como si la libertad económica fuera suficiente. “Cuando llegue la bonanza del petróleo y el gas, se verá cuán coartadas están nuestras libertades. Muchos jóvenes talentosos no arrugan y trabajan por un salario más bajo que el del mercado amarillo. Y mientras los jóvenes dejan de ver la televisión pública y prefieren las películas para adultos, aunque la tirada de Novaya Gazeta es baja, va en aumento y eso crea alguna esperanza”, concluye Lipski, como quien silba en la noche para darse ánimo.

EL COMISARIO (R) LUIS ALBERTO RE, DENUNCIADO EN LA CONADEP, ES EMPLEADO DE LA LEGISLATURA PERO NO VA A TRABAJAR
El represor ñoqui

Participó de la recuperación del cuartel de La Tablada y después de ese hecho, Julio Crespo Campos, de la UCeDé, lo llevó al Concejo Deliberante. Figura como empleado de la Unidad de Asesoramiento Legislativo, pero allí no se lo ve. ATE pide su expulsión al gremio.

Por Gustavo Veiga
Al comisario retirado Luis Alberto Re le cantaron piedra libre en la Unidad de Asesoramiento Legislativo (UAL), a donde no asiste desde hace un tiempo que hoy resulta incalculable. “Está en comisión”, le dijo a PáginaI12 un empleado de esa dependencia de la Legislatura porteña, aunque el represor, que cobró notoriedad cuando perdió las dos piernas en el ataque al cuartel de La Tablada, es un ñoqui que percibe todos los meses su sueldo. El caso de Re es paradigmático. Tiene número de legajo (15.120), según un listado del personal de planta y también, con el apodo de Pelusa, figura denunciado en la Conadep, en otro legajo (1276/90296). Esa doble condición no escapa a los delegados de ATE que lo perdieron de vista “hace tres o cuatro años” y que exigieron en dos oportunidades su expulsión del gremio al que está afiliado.
Según se señala en la Conadep, Re “... a partir de abril de 1977 estuvo destinado en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención denominado Pozo de Banfield”. Este oficial de la Policía Bonaerense que tuvo su pico de exposición en el verano de 1989, durante la recuperación del Regimiento 3 de La Tablada tomado por un comando del Movimiento Todos por la Patria (MTP), lo acercó al entonces Concejo Deliberante el ex concejal por la UCeDe Julio Crespo Campos. Una nómina de los trabajadores estables correspondiente a marzo de este año indica que ingresó el 1º de enero de 1990 a la Dirección General de Impresiones, donde revistaba en la categoría 3. El dato de la dependencia no está actualizado y su jerarquía podría ser más alta, sospecha la junta de delegados.
“Es repudiable que tenga un cargo. Las máximas autoridades de la Legislatura deberían investigar su caso y proceder a esclarecerlo. No se trata solamente de su condición de ñoqui, si no que fue un represor de la dictadura”, dijo Juan Cabandié, diputado de la ciudad por el Frente para la Victoria que nació en la ESMA, y cuyos padres, Damián y Alicia, desaparecieron el 23 de noviembre de 1977.
Re se moviliza en una silla de ruedas desde que le tuvieron que amputar las piernas y cuando ingresó a la Legislatura trabajaba en el subsuelo, donde se encuentra el área de Impresiones. “Se lo veía poco, porque ese sector no está muy visible, parece una cucha”, describió un empleado del ex Concejo Deliberante ubicado en Perú 150, que solía cruzárselo. Ahí recibía materiales para imprimir, en una especie de antesala. Ahora, en cambio, el comisario está registrado en la UAL, ubicada enfrente, sobre un edificio anexo que tiene en la planta baja un local de Pago Fácil. El responsable de esa dependencia legislativa se llama Rubén Ge, un radical de apellido tan monosilábico como el del represor.
“Comenzamos a seguir este caso con la gente de ATE en el último verano”, explica Cabandié, quien maneja la información de que Re tendría ingresos en la UAL que superan los cinco mil pesos. Esta cifra se aproxima a la que estima la Junta de delegados del sindicato. Aquella dependencia se ocupa de atender consultas generales de los diputados sobre normas o proyectos y en el parte diario de asistencia de Re figura “en comisión”, como informó el viernes pasado un empleado.
El legislador Gonzalo Ruanova, de Diálogo por Buenos Aires, presentó en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura un proyecto para que los represores no puedan votar ni ser candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora y pese a iniciativas como ésa, a Re todavía no lo alcanzó ninguna incompatibilidad por su intervención durante la última dictadura.
El comisario, al igual que su hermano mayor Juan Carlos, pasó desde marzo y abril del ’77 por la Secretaría y la Dirección General de Seguridad del Area Metropolitana, respectivamente, localizadas en la intersección de Siciliano y Vernet, partido de Lomas de Zamora, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield.
La denuncia de un detenido- desaparecido en la Conadep lo señala por el mote de “Pelusa, edad aproximada 38 años, rasgos semimongólicos, fanfarrón (exhibe abiertamente armas de fuego, en una oportunidad mostró dos cadáveres que llevaba en el baúl del auto a los empleados de un taller mecánico –desconoce el nombre–)...”. De su hermano Juan Carlos se menciona en el legajo que responde al sobrenombre de “Pupi, edad aproximada 46 años, es reservado, de mayor capacidad mental que el hermano. Además es de mayor jerarquía que su hermano Pelusa. Vive en una quinta en Isidro Casanova que se dice fue propiedad de un grupo de guerrilleros”. Por último, al mayor de los Re se lo describe como “jefe del turno noche de un centro de detención clandestino ubicado en Banfield”.
A Luis Alberto Re, según los mismos archivos, también lo vieron en El Banco, otro centro de detención ubicado en Autopista Ri-cchieri y el Camino de Cintura, que en la práctica funcionaba como un apéndice del Regimiento de Infantería Motorizada Nº 3 de La Tablada, donde doce años después acudiría para sofocar su copamiento. El comisario que perdió sus piernas ahí fue elevado a la categoría de héroe entre sus pares por defender el cuartel en enero de 1989.
Por los servicios prestados consiguió empleo en el ex Concejo Deliberante durante la intendencia de Carlos Grosso, a donde lo llevó el político liberal Crespo Campos, cuyo último desempeño en la ciudad como coordinador de Emergencias durante la gestión de Aníbal Ibarra le costó el cargo por su cuestionado papel durante la tragedia de Cromañón. El mismo confesó que no había existido coordinación entre las fuerzas de seguridad mientras se asistía a las víctimas y un grupo de diputados pidió su cabeza. De su paso anterior por la Legislatura quedan dos perlas negras: en agosto de 2001 destruyó la base de mármol de un tintero que perteneció a Eva Perón, y se la lanzó al vicepresidente del cuerpo, el macrista Jorge Enríquez durante una discusión. Pero sobre todo, también queda el comisario Re en la Unidad de Asesoramiento Legislativo.

La estafa
Por Gustavo Veiga
Después de la toma del regimiento de La Tablada el 23 de enero de 1989, el comisario Re, convaleciente de graves heridas, comenzó a aparecer en una silla de ruedas en cuanto programa de televisión lo invitaran. Su primavera mediática duró hasta el juicio a los guerrilleros capturados en aquel episodio y desde ese momento no se supo mucho más de él. En noviembre de 2001, las páginas del diario platense Hoy volvieron a entregar noticias de su paradero. La Justicia lo acusaba de estafar a la Dirección de Servicios Sociales de la Policía Bonaerense en el cobro de un cheque por 41.449 pesos emitido para cubrir el costo de una prótesis para sus piernas, marca Inteligente Plus Endolite. A Re lo investigaron los fiscales Carlos Ariel Argüero y Esteban Lombardo hasta que acreditaron que había percibido aquel dinero que estaba destinado a la prestadora Laboratorios Ortopédicos del Sur. El comisario, cuando se presentó por primera vez para solicitar un pago por reintegro, argumentó que le habían robado otra prótesis que usaba, una silla de ruedas y su automóvil Renault 12. Pero cuando ya estaba avanzada la causa, la nueva prótesis todavía continuaba en la obra social.
ATE quiere expulsarlo
Por Gustavo Veiga
Pablo Gennaro es el secretario general de la Junta de delegados de ATE en la Legislatura porteña. Su sindicato, el segundo en cantidad de afiliados (detrás de Sutecba), representa ahí a unos 300 afiliados, entre quienes está el comisario Luis Alberto Re.
–¿Qué hizo el cuerpo de delegados cuando supo que un represor se había afiliado al sindicato?
–Lo primero que hicimos como junta interna, desde que estamos en la conducción, fue pedirles al gremio, a los consejos directivos de capital y nacional, que lo expulsaran como afiliado de ATE. Lo hicimos en dos oportunidades y, previamente, solicitamos su suspensión preventiva hasta que se reúna el congreso nacional, que debería votar la expulsión.
–¿Las denuncias que presentaron de cuándo son?
–La reiteración es de este año y la primera de hace tres, por lo menos.
–¿En qué basaron el pedido de expulsión de Re?
–Primero en el estatuto de ATE y también el de CTA, porque cada compañero que se afilia a ATE está afiliado a la CTA. Re fue denunciado por represor en la época del Proceso y el estatuto es bien claro: ni corruptos ni procesistas. En base a eso, pedimos su expulsión.
–¿En qué instancia se encuentra ese trámite?
–No tenemos todavía la devolución del Consejo Directivo, pero para nosotros, la junta de ATE Legislatura está como si lo consideráramos expulsado. Al momento de que presentamos la nota y tenemos el recibido de ATE Capital, para nosotros ya no forma parte del padrón de afiliados de ATE.
–¿Saben quién lo acercó al gremio?
–El aparece afiliado desde 2000, aproximadamente. No tenemos constancia de quién lo afilió, aunque pudo haber ido él a la sede del sindicato o presentado la ficha acá, que es un trámite administrativo y quien la recibe la lleva al sindicato. Nosotros, como delegación gremial, no podemos impedirle a ningún trabajador que se afilie, aunque sí después considerar, como lo hicimos con Re, la expulsión en base al prontuario o el currículum del comisario. Es inaceptable que este tipo esté afiliado a nuestra junta interna.
–¿Ustedes tampoco aceptan que siga perteneciendo a la Legislatura?
–Sería el segundo paso. Nosotros le pedimos al consejo directivo de ATE la expulsión de Re y, a partir de eso, tendríamos la herramienta para solicitar su salida de la Legislatura. Estamos dispuestos a hacer una acción gremial para que no integre más el personal de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

› EN OTRO 12 DE OCTUBRE, ORGANIZACIONES INDIGENAS DENUNCIAN EL AVANCE DE LOS DESALOJOS
La deuda que sigue pendiente
El Congreso sancionó en 2006 una norma que prohíbe los desalojos indígenas y fija tres años para un censo catastral. Pero la expulsión de pueblos originarios siguió adelante y, a sólo un año de expirar el plazo, aún no se inició el relevamiento de tierras.

Por Darío Aranda
En un rápido debate, el 1º de noviembre de 2006 la Cámara de Diputados sancionó la Ley 26.160, que prohibió los desalojos de comunidades indígenas durante cuatro años y ordenó relevar, en tres años, las tierras que ocupan los pobladores ancestrales de todo el país. El Gobierno la presentó como una “reparación” para los pueblos originarios. Las organizaciones indígenas la evaluaron como una herramienta más para sus reivindicaciones, producto de sus luchas y resistencias, y no de la dádiva política. A dos años de vigencia de la ley, los desalojos no se detienen, en ninguna provincia comenzó el mapeo catastral y no existen explicaciones del destino de los fondos. Los pueblos originarios señalan una causa principal: total falta de voluntad política, tanto del gobierno nacional como de las provincias. Según consta en la legislación, sólo resta un año para finalizar el censo territorial que aún no comenzó.
Desalojos diarios
Durante la noche, con metrallas, blindados y violencia. El 28 de julio último, en El Talar, departamento de Ledesma, Jujuy, en territorio ancestral de la comunidad guaraní Jase Endi Guasu, hombres, mujeres y niños fueron reprimidos, sus casas destruidas con topadoras y luego incendiadas. El gobierno jujeño, por medio del Instituto de Colonización, había cedido esas 2000 hectáreas –con la comunidad dentro– para desmonte y posterior siembra de soja. La Justicia, de la mano del juez Argentino Juárez, ordenó el desalojo. La policía ejecutó la represión. La Ley de Emergencia de Propiedad Comunitaria (26.160) fue violada, aunque su artículo número dos es claro: “Suspéndase la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo”.
“La situación en El Talar fue grotesca. Se pisoteó la 26.160, pero es el botón de muestra de lo que sigue sucediendo en la gran mayoría de las provincias”, afirmó el abogado Enrique Oyharzábal, histórico defensor de las luchas indígenas del Noroeste del país.
El avance sobre territorio indígena se repite en innumerables casos en Salta, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Los estados provincial y el nacional, junto con una variedad de sectores empresariales (multinacionales mineras y petroleras, hasta pasteras e ingenios azucareros, y los infaltables productores sojeros) impulsan desalojos de comunidades originarias.
“Hay un claro avance del sector privado por los recursos naturales. Es un modelo extractivo que cada día va por más, que avanza con complicidad política y judicial. Lo que nunca avanzan son nuestros derechos, sean gobiernos peronistas o radicales no hay respuestas, no aparecemos en sus agendas”, resumió Mauro Millán, de la Organización Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre de Chubut.
Relevamientos frenado
“Durante los tres primeros años, contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”, legisla el artículo tres de la 26.160. A sólo un año de finalizar el plazo para el censo de tierras, aún no comenzó en ninguna provincia.
La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) nuclea a familias campesinas e indígenas de Mendoza, zona por excelencia del pueblo huarpe en el norte provincial y mapuche en el sur. “No se detuvieron los desalojos, menos se comenzó con el relevamiento y reconocimiento de territorio. Es un deber del Gobierno y es claro que no lo está cumpliendo”, explicaron desde la UST, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
Para la realización del censo debía conformarse equipos técnicos en cada provincia. Pero ése fue otro botín de disputas políticas del gobierno nacional y los provinciales, donde se avanzaba o retrocedía según el signo político y el nivel de independencia del equipo. Ejemplos sobran: en Río Negro no se dio participación al Consejo Asesor Indígena, la organización mapuche más grande la provincia.
Similar realidad ocurre en el resto del Norte argentino. “No hay ni un relevamiento. Está todo congelado. Da impotencia ver cómo pasa el tiempo y no hay voluntad política para avanzar”, afirmó Julio García, abogado especializado en derecho indígena, que desde hace una década acompaña a comunidades de Formosa, Chaco y Misiones. El Equipo Misionero de la Pastoral Aborigen (Emipa) coincide: “En Misiones no pasa nada. El gobierno provincial demora todos los intentos de avance y el INAI permite que las empresas, los particulares y el Estado provincial, por acción y por omisión, violenten el territorio ancestral”.
En la Patagonia son otras las organizaciones pero los mismos reclamos. “No conozco ni una comunidad que haya sido relevada”, sintetizó Gustavo Macayo, abogado referente en las luchas indígenas del noroeste de Chubut. En la misma región, Mauro Millán –de la Organización 11 de Octubre– es más escéptico: “No sucedió ni sucederá nada. Es un reflejo de la política indígena del gobierno nacional y provincial, no cumplen ni una de las leyes que refieren nuestros derechos”.
Fondos perdidos
El artículo cuarto de la ley asigna 30 millones de pesos para los tres primeros años. “Dudo de que el dinero exista”, arriesga Sonia Ivanoff, coordinadora del Equipo Técnico Operativo de Chubut, órgano oficial de implementación metodológico de la 26.160, y asegura que no ha bajado dinero a ninguna comunidad de esa provincia. El abogado chaqueño Julio García, que asesoró al Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) para la implementación de la ley, cree que el dinero existe, pero considera exigua la suma para la tarea a desarrollar y sospecha que tuvo un destino equivocado: “No ha llegado a ninguna comunidad. Toda la caja está en el INAI, ellos manejan a antojo, compran y cooptan, y no rinden cuentas a nadie”.
“La falta de aplicación de esta ley en beneficio de las comunidades, la inexplicable demora en la aplicación del programa de relevamiento y el ocultamiento de la información sobre fondos públicos que deberían destinarse a las comunidades dibujan el más lamentable de los escenarios: el presupuesto de 30 millones es, al menos en Río Negro, un botín de fondos públicos destinado a alimentar un grupo de burócratas que ejercen como mapuche profesionales”, advierte el comunicado del Consejo Asesor Indígena.

UNA HERRAMIENTA QUE TAMBIEN TIENE CUESTIONAMIENTOS
Los aciertos y las dudas sobre la ley

Por D. A.
La Línea Sur de Río Negro es el camino que une los extremos de la provincia, Viedma y Bariloche, el mar y la montaña. Es una llanura extensa, de clima hostil, desértico y con innumerables comunidades mapuches asentadas desde antes de que esa tierra sea llamada Argentina. El Lof Mapuche Pedraza-Melivillo, descendiente de los primeros habitantes, enfrentó una orden de desalojo del gobierno provincial, en diciembre de 2006. Junto al Consejo Asesor Indígena (CAI) resistieron la medida y lograron interponer la Ley 26.160 para permanecer en el lugar. A un mes de ser sancionada, la legislación cumplía su cometido. El CAI la reconoce como una herramienta, pero también advierte sobre una serie de baches que tienen un doble filo para los pueblos indígenas.
“La ley sirvió, pero no por virtud de los políticos ni de los jueces, sino porque estamos organizados, nos movilizamos y luchamos políticamente para evitar los desalojo”, explicó Chacho Liempe, del CAI, y considera la norma como “una cortina de humo para dejar pasar tiempo, frenar la lucha de los pueblos indígenas, dividir y cooptar comunidades”.
La 26.160 es breve: veintiséis líneas que conforman siete artículos. Al legislar sólo en casos de comunidades que “tradicionalmente ocupan”, deja fuera a las familias que desean volver a sus tierras ancestrales; contempla sólo a quienes cuentan con personería jurídica (no hay cifras oficiales, pero las organizaciones estiman que son amplia mayoría las que no tienen reconocimiento legal. Caso testigo el de Misiones: con más de cien comunidades, sólo 26 tienen figura legal). Ambos situaciones van a contramano de legislación internacional.
Otro fuerte cuestionamiento es la incertidumbre sobre qué sucederá luego de realizar el relevamiento. Ni la ley ni el Gobierno contemplan un programa de regularización territorial ni mucho menos expropiaciones a favor de las comunidades. “La 26.160 propone un mapeo de tierras, pero no va más allá. Se queda a mitad de camino. No propone nada. Pareciera dejar todo librado a que cada comunidad haga juicio, pero ése sería un camino largo, costoso y que no asegura buenos resultados para los pueblos indígenas”, explicó el abogado Enrique Oyharzábal.
Una solución de fondo, reclamada por las organizaciones más críticas, es analizar el proceso histórico de usurpación de tierras a los pueblos indígenas, tomar como prueba la infinidad de material revisionista existente y poner en tela de juicio los títulos de propiedad sospechados. Los principales opositores de una acción de fondo son los estados provinciales (aún poseedores de tierras fiscales), grandes estancieros y empresas internacionales.

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