viernes, 10 de octubre de 2008



EN CAMPO DE MAYO
Videla compartirá la celda con otros tres represores

El juez Norberto Oyarbide dispuso que el ex dictador Jorge Rafael Videla, con arresto domiciliario por violaciones a los derechos humanos, cumpla prisión preventiva en una cárcel bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), confirmaron fuentes tribunalicias. Es el preso número 37 en Campo de Mayo y compartirá celda-dormitorio con otros 3 represores.


El represor fue notificado de la decisión judicial en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, y desde allí fue llevado a Campo de Mayo custodiado por el SPF. En su resolución, Oyarbide consideró que la Unidad Penitenciaria 34 del SPF "cuenta con el equipamiento, infraestructura y personal necesario" para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el imputado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
La decisión de trasladar a Videla a un establecimiento de la órbita del SPF fue tomada en dos sumarios: el que investiga la existencia de un plan sistemático para el robo de recién nacidos y el caso por el presunto secuestro de los empresarios Gutheim.
En la causa "Gutheim", en la que el ex dictador tenía concedido la prisión domiciliaria, el cese del beneficio fue reclamado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En tanto, en el caso sobre por la sustracción de menores, el pedido para que Videla fuera enviado a una cárcel común fue presentado hace un par de meses por siete Abuelas de Plaza de Mayo, que actúan como querellantes en el sumario.
María Isabel Chorobik de Mariani, Elsa Pavón, Mirta Baravalle, Clara María Elisa Petrakos, Paula Eva Logares, Genoveva Dawson de Teruggi y Rosaria Isabella Valenzi afirmaron que la detención domiciliaria de Videla violaba el principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
En esta causa, la decisión judicial que implica el cese del beneficio de la detención domiciliaria de Videla, incluyó el dictado de la prisión preventiva, medida que había sido revocada por la Cámara Federal. "No pueden existir diferencias ni privilegios a favor de Videla", sostuvieron en su pedido las querellantes, al comparar su situación con la de otros ex militares procesados por delitos de lesa humanidad que cumplen detención en cárceles del SPF.
Los defensores de Videla, en cambio, se habían opuesto al traslado a un establecimiento penitenciario, con el argumento del tiempo -10 años y tres meses- que el imputado llevaba detenido y que "nunca eludió la acción de la justicia".
Oyarbide expuso que "al perder virtualidad jurídica el decreto de indulto" dictado en su momento por el presidente Carlos Menem, "Videla volvió a ostentar carácter de condenado", por la sentencia dictada en la Causa 13/84, en la que se juzgó a las juntas militares que gobernaron al país entre 1976 y 1983.
El magistrado recordó que, en la causa por la sustracción de recién nacidos, a Videla se le atribuye responsabilidad en 27 casos de sustracción, retención y ocultación de menores en concurso con el de sustitución de identidad, por lo que, en caso de recaer condena la misma sería de cumplimiento efectivo.
"La gravedad de los hechos que se endilgan a Videla resultan un escollo insalvable para el otorgamiento de la libertad ambulatoria", agregó el juez.
"El carácter permanente de los delitos que se le imputan a Videla implican necesariamente la sucesiva renovación del dolo" por parte del imputado, consignó el magistrado. Oyarbide evaluó que "cualquier intervención negativa en la investigación afectaría seriamente el desarrollo de la pesquisa, al punto de tornar estéril la labor del Tribunal, enderezada a la búsqueda de la reconstrucción de los hechos criminosos".
En el caso del secuestro extorsivo de los empresarios, el juez dispuso el traslado de Videla a la cárcel del SPF por el "principio de igualdad de todos los ciudadanos".

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MANSION SERE
El fiscal pidió la pena máxima y 25 años de prisión para los acusados
El fiscal Félix Crous pidió hoy la máxima pena prevista en la legislación argentina, la prisión perpetua, para el coronel Alberto Barda, por el asesinato mediante torturas del abogado Jorge Candelero, ocurrido en 1977, en el marco del primer juicio que se le sigue a efectivos de la Fuerza Aérea.

Asimismo, reclamó para los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes una pena de 25 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad cometidos cuando comandaban la Mansión Seré, un centro de detención ilegal dependiente de la Fuerza Aérea, durante la última dictadura.
Los tres represores están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal 5, donde hoy transcurrió la segunda jornada de alegatos de la acusación y donde a comienzos de noviembre se dictará sentencia por crímenes ocurridos hace tres décadas.
Barda era jefe del área de seguridad en Mar del Plata y tenía responsabilidad sobre el centro de detención ilegal La Cueva, en Camet, donde fue torturado hasta la muerte Candelero, uno de los once abogados secuestrados en junio de 1977 en la llamada "Noche de las Corbatas".
Mariani y Cómes son los primeros altos oficiales de esa fuerza juzgados tras la anulación de las leyes del perdón, en el 2005 y están acusados por la desaparición de Jorge Brit y un total de quince casos de tormentos en la Mansión Seré.
La Fuerza Aérea tuvo bajo su responsabilidad durante la pasada dictadura el denominado "circuito represivo del Oeste" del Gran Buenos Aires, que integraban además el Policlínico Posadas y las comisarías de Haedo y Castelar, sobre los cuales ambos oficiales tenían mando.
El representante del Ministerio Público dio por probadas todas las imputaciones pero se diferenció de los abogados querellantes que ayer reclamaron 50 años de prisión para Mariani, 25 para Cómes y reclusión de 25 años para Barda.
A diferencia de sus ex camaradas, que escucharon el alegato sin moverse, Mariani tomó continuamente notas en una carpeta sentado detrás de su defensor, el abogado José Ignacio Garona.
Comes y Mariani llegaron al juicio en libertad, mientras que Barda los hizo con prisión preventiva pero en su domicilio, un beneficio del que gozan los criminales mayores a los 70 años.
En su largo y ordenado alegato, el fiscal incluyó un detallado resumen de torturas, violaciones y secuestros relatados durante casi dos meses por los testigos. La semana próxima será le turno de las defensas y a comienzo s de noviembre se dictará la sentencia.
El miércoles, la querella pidió la pena máxima de 50 años de prisión contra el brigadier Mariani, como "autor penalmente responsable de la desaparición en el marco de un genocidio" de Jorge Brit, quien fue visto por sobrevivientes de Mansión Seré, que funcionó en la localidad bonaerense de Castelar.
Para su sucesor en el mando de ese centro, el brigadier Cómes, la querella pidió una pena de 25 años de prisión, en tanto que para el coronel Barda, jefe de "La Cueva", se pidió reclusión perpetua por el crimen del abogado Jorge Candelero durante una sesión de torturas junto a su mujer.
Los abogados Luis Bonomi, Pedro Dinani, Liliana Mazeo formularon su reclamo en representación de las víctimas unificadas en el colectivo de organizaciones derechos humanos Justicia Ya!.
El pedido de la elevadísima pena para Mariani fue justificada por el hecho de tratarse de un delito de acción continua y no interrumpida, como es la desaparición forzada, que habilita la aplicación de la nuevo Código Penal con condena acumulativas.


RECLAMO PARA QUE TRES REPRESORES CUMPLAN SU CONDENA EN UNA CARCEL COMUN
“Siguen siendo torturadores”
El fiscal Félix Crous hizo su alegato en el juicio a los jefes de los centros clandestinos Mansión Seré, de Morón, y La Cueva, de Mar del Plata. Recalcó que los acusados mantienen oculto el destino final de las víctimas.

Por Diego Martínez
“Larga vida en una cárcel común”, deseó y pidió el fiscal federal Félix Crous ayer, durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal Nº 5, para los jefes de los centros clandestinos Mansión Seré y La Cueva de Mar del Plata. Luego de una prolija acusación, Crous solicitó prisión perpetua para el coronel Pedro Alberto Barda y 25 años de cárcel para los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani. Recordó que “siguen siendo torturadores” por ocultar el destino final de las víctimas a sus familias. Los abogados querellantes, que habían cuestionado al fiscal por no pedir que se revoquen las excarcelaciones de los brigadieres, ayer lo felicitaron.
Barda, de paso corto y señorial bastón de empuñadura dorada, llegó temprano. Los brigadieres, de impecable porte para sus ochenta abriles, ingresaron poco antes que los jueces y por la misma puerta. El único amigo que fue a acompañarlos se ligó un reto por golpear el blíndex para que lo vieran y no se sintieran tan solos. Los imputados no conocen aún la cárcel: Barda está preso en su casa y los pilotos, excarcelados.
Crous detalló los secuestros por los que se juzga a los jefes de Atila, como los guardias llamaban a Mansión Seré. Mariani tomó notas igual que su abogado José Garona, un histórico de la Fuerza Aérea que defendió al brigadier Orlando Agosti en 1985. Comes sacó la birome, pero desistió pronto. El relato del fiscal, un rompecabezas construido por un laborioso equipo de trabajo, no logró atrapar a todos los jueces. Guillermo Gordo y Ricardo Farías se dispersaron seguido e intercambiaron infinidad de papelitos con mensajes.
Mariani y Comes comandaron las bases de El Palomar y Morón, y fueron en 1977 y 1978 jefes de la Fuerza de Tareas 100, creada para cumplir “funciones antisubversivas” en zona oeste, incluida Castelar, donde funcionó Mansión Seré. “Haber estado allí es en sí una tortura”, destacó Crous. Se los juzga como autores mediatos de una docena de secuestros y tormentos, más la desaparición de Juan Carlos Brid. Garona intentó desviar la atención al área de inteligencia, pero son demasiadas las menciones a las bases.
“¡Palomar! ¡Morón! ¡Se escapó un paquete, manden gente!”, fue el pedido que los cautivos escucharon tras la fuga de 1978. “Atila a Palomar”, gritaban por radio. Desde allí también llegaba la comida. “¡No entré a la Fuerza Aérea para esto!”, rezongó un cordobés. Varios estudiaban en la Escuela Aérea de Córdoba y relataron que los obligaban a “hacer extras” allí. Usaban platos, frazadas y toallas con insignias de la Fuerza Aérea. Hasta una prostituta que se negó a participar de una orgía en la base de Palomar fue trasladada a Mansión Seré y violada por la patota. Cuando el amigo de los brigadieres escuchó que obligaban a rezar el Padrenuestro a latigazos, dio media vuelta y se fue con la cabeza gacha.
Barda fue el máximo responsable de la represión en Mar del Plata, donde comandó La Cueva, que funcionó en la Base Aérea. Se lo juzga por los homicidios de Jorge Candeloro, abogado laboralista y militante del PCR torturado hasta la muerte, y de Analía Magliaro, que tras su paso por El Vesubio y la comisaría 34ª porteña fue trasladada en avión hasta la pista del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601. Allí la recibió el capitán Fortunato Valentín Rezzet, aún libre e impune. Poco después fue asesinada en un tiroteo fraguado. “Tan lejos llegó la perversión y el sadismo que hasta tergiversó la conducta de las víctimas al momento de perder la vida”, recordó Crous en referencia a Barda, que no conforme con simular enfrentamientos para justificar crímenes sindicó a las víctimas como colaboradores. El fiscal pidió que se investigue a Rezzet y al brigadier Miguel Angel Osses, superior inmediato de los brigadieres.
“Mariani y Comes son hoy y aquí torturadores, porque callan el destino del cuerpo de Brid, y negar esa información es una tortura para sus familiares. Barda también es un torturador porque calla el destino de Candeloro a su compañera”, concluyó Crous.

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