sábado, 11 de octubre de 2008




DESPUES DE DIEZ AñOS EN SU CASA LE REVOCARON EL ARRESTO DOMICILIARIO A VIDELA
Marche preso a Campo de Mayo
Fue llevado al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, que está custodiado por el Servicio Penitenciario Federal. “La gravedad de los hechos resulta un escollo insalvable para el otorgamiento de la libertad ambulatoria”, señaló el juez.
Por Diego Martínez
Hace casi un tercio de siglo lideró el golpe que dio comienzo al terrorismo de Estado. Hace 22 años fue sentenciado a prisión perpetua por la Cámara Federal porteña, condena que comenzó a cumplir servido por subordinados en una unidad militar. Hace 17 años recuperó su impunidad gracias al indulto de Carlos Saúl Menem. Hace una década el juez federal Roberto Marquevich ordenó encerrarlo en la cárcel de Caseros por robo de bebés nacidos en cautiverio, pero 37 días después la Cámara Federal de San Martín le concedió el arresto domiciliario. Estuvo en su casa durante diez años. Ayer, a los 83 años, el dictador Jorge Rafael Videla volvió a pisar una cárcel: la unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, ex Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, ubicada en el predio militar de Campo de Mayo pero con custodia de agentes penitenciarios.
Videla llegó a los tribunales de Comodoro Py acompañado por un uniformado del Servicio Penitenciario pero, a diferencia de los ladrones de gallinas, sin esposas. Vestía un traje gris jaspeado y llevaba una carpeta abajo del brazo. El juez federal Norberto Oyarbide lo hizo pasar a su despacho y le comunicó que había revocado su arresto domiciliario, que desde 1998 cumple en su departamento de avenida Cabildo 639. Videla salió de Tribunales hacia Campo de Mayo con “cierto enojo sereno”, describió un abogado que se lo topó en el tercer piso.
El 11 de agosto pasado, una delegación de familiares y víctimas del terrorismo de Estado encabezada por María Isabel “Chicha” Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, se presentó ante Oyarbide para recordarle que Videla era el único represor condenado con arresto domiciliario y pedirle que lo enviara a la cárcel. El abogado Alejo Ramos Padilla, que ya había logrado el traslado al penal de Marcos Paz de Miguel Etchecolatz y su patota, recordó en su escrito que la prisión hogareña “no es un derecho automático”, según estableció la propia Corte Suprema de Justicia, y que no pueden existir “diferencias ni privilegios” a favor de Videla. Luego de esa presentación, formulada en la causa por el plan sistemático de apropiación de menores, hizo lo propio la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa por el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim.
No sólo los abogados de Videla se opusieron, invocando que llevaba más de diez años detenido sin eludir la acción de la Justicia. El fiscal federal Federico Delgado argumentó que los efectos del indulto de 1990 seguían vigentes porque, si bien la Cámara Federal había confirmado su inconstitucionalidad, la defensa del dictador había presentado un recurso extraordinario que aún esperaba respuesta. Pero el trámite siguió su curso, los peritos médicos determinaron que Videla podía ser trasladado a un lugar de detención siempre que tuviera una atención médica acorde con su edad, y Oyarbide tomó ayer la decisión histórica.
“Al perder virtualidad jurídica el decreto de indulto” menemista “Videla volvió a ostentar carácter de condenado” por la sentencia del Juicio a las Juntas, sostuvo Oyarbide. Recordó que se le atribuye responsabilidad en 27 casos de sustracción, retención y ocultación de menores nacidos en cautiverio o robados a sus padres, en concurso con el delito de sustitución de identidad, por lo que su condena inevitable –si la muerte no lo salva– sería de cumplimiento efectivo. La elevación de la causa a juicio oral y público es inminente. Videla compartirá el banquillo de los acusados con los generales Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides y el marino Jorge “Tigre” Acosta, entre otros.
“La gravedad de los hechos que se endilgan a Videla resulta un escollo insalvable para el otorgamiento de la libertad ambulatoria –agregó el juez–. El carácter permanente de los delitos que se le imputan implica necesariamente la sucesiva renovación del dolo”, es decir su voluntad de continuar ocultando el destino de las criaturas robadas.
Oyarbide evaluó que “cualquier intervención negativa en la investigación afectaría seriamente el desarrollo de la pesquisa al punto de tornar estéril la labor del Tribunal, enderezada a la búsqueda de la reconstrucción de los hechos criminosos”, y consideró que la unidad penal de Campo de Mayo, que aloja a varios gerontes, “cuenta con el equipamiento, la infraestructura y el personal necesario” para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el dictador.
Todo indica que el primer juicio oral y público que deberá afrontar Videla será en la causa Plan Cóndor, radicada en el Tribunal Oral Federal 1, aún sin fecha de inicio. Antes, los magistrados deben aceptar o rechazar un pedido de unificación con la causa Automotores Orletti, la cueva que albergó secuestrados a disposición de varios dictadores sudamericanos. En abril, el juez federal Daniel Rafecas lo indagó además por 570 secuestros, 270 tormentos y 29 homicidios en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que no formaron parte del Juicio a las Juntas y por los que también deberá rendir cuentas.
“Haber recibido llamados de Abuelas, Madres y familiares para agradecerme es la mayor satisfacción profesional que puede recibir un abogado que pretende buscar justicia. En realidad soy yo quien les tiene que agradecer a ellos”, comentó emocionado Ramos Padilla. “Era vergonzoso que Videla estuviera en su casa, con innumerables privilegios, cuando hay gente de baja jerarquía cumpliendo prisión preventiva en cárceles comunes, que a diferencia de Videla no fueron condenados”, agregó.
“Es una buena noticia, signo de que al fin algunos jueces y fiscales están despertando. Videla es el genocida mayor, con mayúsculas. Siento que se hace un poco de justicia, nada más que un poco porque ¿dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está mi nieta, que ya tiene 32 años?”, se preguntó ayer Chicha Mariani, que dos meses atrás exigió la cárcel para Videla junto con Elsa Pavón, Mirta Baravalle, Clara Petrakos, Paula Logares, Genoveva Dawson de Teruggi y Rosaria Valenzi.
“Este Gobierno es el que más ha hecho por los derechos humanos, lo aplaudo y agradezco, pero falta lo principal: los desaparecidos. Porque así como uno no tiene a sus nietos tampoco tiene la tumba de los hijos para llevarles un flor”, explicó la fundadora de Abuelas, que hace tres décadas busca a su nieta Clara Anahí Mariani.
–¿Qué cree que debería hacer la Presidenta? –le preguntó PáginaI12.
–Creo que la doctora Kirchner, a quien respeto, debe pedirles a los militares que digan dónde están los chicos. Como jefa de las Fuerzas Armadas tiene el derecho y el deber de hacerlo. Los militares, empezando por Videla, tiene que decir quién los tiene. Ellos lo saben. Sé que la Presidenta trabaja mucho, pero espero que tenga tiempo para hacerlo antes de que yo decida partir.



PESE AL RECLAMO DE DEFENSA
22 siguen en los cuarteles

Por Diego Martínez
Hace más de un mes, el Ministerio de Defensa pidió a los jueces federales que los militares procesados por crímenes de lesa humanidad sean retirados de los cuarteles, donde cumplen prisión preventiva custodiados por subordinados obligados a respetar su jerarquía. De los 22 uniformados en esa situación, ninguno fue aún trasladado a una cárcel común y sólo un juez –subrogante– acusó recibo.
El pedido de Garré abarcaba dos aspectos: no alojar a los represores en cuarteles de las Fuerzas Armadas y no acatar pedidos de traslados y custodias de criminales de lesa humanidad que cumplen arresto domiciliario.
Más de la mitad de los 22 uniformados presos en cuarteles se alojan en el Cuerpo III de Córdoba por orden de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano. Ante reiterados pedidos de querellantes y fiscales, tanto la jueza como la Cámara Federal de Córdoba respondieron que para revocarles el arresto VIP antes deben probar que existe riesgo de fuga o que ponen en peligro la investigación. Esos son los requisitos que la ley exige para revocar una prisión domiciliaria, prevista para mayores de 70 años o personas con enfermedades terminales. Lo que no explican los magistrados es por qué militares que no reúnen las condiciones para gozar del arresto en sus hogares deben permanecer en cuarteles. Si ese criterio se combinara con el principio de igualdad ante la ley, Christian von Wernich debería estar preso en una capilla, Víctor Brusa en un juzgado y Rafael Di Zeo en la Bombonera. Sólo un oficial preso en un cuartel presentó un hábeas corpus para no ser trasladado a una cárcel, recurso que la Justicia aceptó y que el ministerio apeló.
El otro aspecto de la resolución incluía a los mandados cuestionados por el ministerio, que detalló PáginaI12. Estos incluían trasladar a generales al Hospital Militar, acompañar al dictador Reynaldo Bignone a la pileta del Círculo Militar y custodiarlo durante sus cuatro horas semanales de natación, o al coronel Pascual Guerrieri durante sus caminatas en el Regimiento de Patricios.
El juez federal Ariel Lijo calificó el pedido de Defensa como “una medida correctiva interesante”. Informó que suspendió los traslados y custodias del Ejército y se los encomendó al Servicio Penitenciario Federal. También solicitó a los penitenciarios que determinen en qué instalaciones carcelarias puede caminar Guerrieri si no prefiere comprarse una cinta y quedarse en casa. Lijo explicó que cada solicitud para nadar o caminar se funda en una prescripción médica corroborada por forenses de la Corte Suprema de Justicia.
El juez federal Daniel Rafecas consideró que “es una cuestión del Ejecutivo saber qué fuerza pone a disposición”. Aclaró que la asistencia de las Fuerzas Armadas a la Justicia en casos de militares imputados “es algo que estuvo pautado desde que comenzaron las detenciones”, es decir durante la gestión de José Pampuro como ministro. “Defensa dio instrucciones y se ofreció como representante del Poder Ejecutivo para llevar adelante esa medida, y no teníamos por qué ofrecer reparos”, explicó Rafecas, quien advirtió que ya no tiene represores a su disposición porque elevó las causas del Primer Cuerpo al Tribunal Oral Federal 5.
Desde ese tribunal, que por estos días instruye su quinto juicio por delitos de lesa humanidad, aseguraron que nunca recurrieron al Ejército para custodiar traslados y que ningún imputado les pidió salidas para caminar o nadar. La fuente aclaró que en diciembre pasado, cuando el prefecto Héctor Febres murió envenenado con cianuro en su dúplex VIP de Prefectura, los jueces revocaron otro arresto privilegiado que permitían. El comisario Carlos Enrique Gallone, luego condenado por la Masacre de Fátima, estaba a sus anchas en instalaciones de la Policía Montada y fue trasladado a la cárcel de Villa Devoto.
El juez Sergio Torres, que instruye la megacausa ESMA y encomendaba a la Armada la detención de marinos en desgracia, también aceptó el pedido de Defensa. “Si es la mejor manera de hacerlo, no hay problema, pero necesitamos que alguien lo haga. Si el Servicio Penitenciario cumple, no hay problema”, respondió. Torres aclaró que a fines de 2005, cuando la Cámara Federal porteña le dio la instrucción de que los militares procesados con prisión preventiva debían ser trasladados y custodiados por el Servicio Penitenciario, esa fuerza le respondió que no contaba con personal suficiente para encargarse de la tarea.
Desde el juzgado federal de San Martín, a cargo de Alberto Suares Araujo, surgía el mayor caudal de trabajo para la dirección de Asuntos Humanitarios del Ejército, que todas las mañanas retiraba de sus hogares a los generales procesados por crímenes en Campo de Mayo y los trasladaba al Hospital o al Círculo Militar. Dos semanas atrás, los abogados querellantes solicitaron al juez que ordene los traslados al Servicio Penitenciario, verifique que se realicen con esposas y evite que los agentes de la Policía Federal los reciban con besos y abrazos.
Al margen del sondeo de PáginaI12, el único juez que respondió al pedido del Ejecutivo fue Guillermo Molinari, subrogante de Santiago del Estero. Molinari explicó que la cárcel provincial no está en condiciones pero que giró oficios a las unidades penitenciarias más cercanas pidiendo cama y comida para los militares detenidos. Los otros magistrados con represores en cuarteles son Carlos Vicente Soto Dávila de Corrientes, Jorge Raúl Parache de Tucumán, Héctor Raúl Acosta de Mendoza, Daniel Herrera Piedrabuena de La Rioja, y Horacio Aguilar, de Jujuy.

UN TENIENTE CORONEL NO SE PRESENTO ANTE LA JUSTICIA
Schwab, el escurridizo
Buscado por la Justicia de Tucumán para ser indagado por la desaparición de un obrero en 1977, Héctor Schwab desapareció de sus domicilios. El padrino de Cecilia Pando, en problemas.




Por Nora Veiras
El teniente coronel retirado Héctor Schwab desapareció de los lugares que solía frecuentar: no se presentó ayer en Tucumán a la segunda citación en la causa en la que está imputado por la desaparición en 1977 de Carlos Rocha. “Estamos estudiando el expediente”, dijo a PáginaI12 el juez federal subrogante Daniel Bejas, tras recibir la notificación oficial de que el militar no había sido localizado por la comisión policial que lo buscó en uno de sus domicilios porteños. Schwab actuó bajo el mando de Antonio Domingo Bussi, tiene pedido de captura internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón y está en condiciones de sumar otro de la Justicia argentina. Reciclado como empresario de seguridad y, más recientemente, de gastronomía, se mantuvo fiel a los mandatos de la dictadura y devino en financista y referente de los grupos que claman por la libertad de los represores presos por delitos de lesa humanidad.
Quienes lo conocen arriesgan que puede haber apelado a sus contactos en Miami, Estados Unidos, para instalarse en ese territorio y recuerdan que tiene un pasaporte suizo. En la Justicia, descreen de esa alternativa porque el pedido de Garzón lo puede transformar en una presa fácil fuera de las fronteras del país. Desde que por esa orden de detención estuvo preso a mediados del 2003, Schwab tuvo que resignar sus veraneos en Punta del Este y realizó un oportuno cambio de manos de su empresa de seguridad Scanner S.A. a nombre de su esposa y de una de sus hijas. A la dirección de esa empresa en Florida 868, pisos 6 y 8, habría llegado a preguntar por el militar la comisión policial enviada desde Tucumán y gestionada a través del juzgado porteño de Julián Ercolini. Hay por lo menos otra media docena de domicilios en los que Schwab puede ser buscado en el país. Uno de ellos es el paquete piso de Arcos al 2200 que comparte con su esposa y cuatro de sus hijos María de las Nieves, María Victoria, María Constanza y Federico.
El caso Rocha
Durante la intervención de Bussi en Tucumán, Schwab fue director de Parques y Jardines de la capital provincial. Rocha, obrero del área de ingeniería, fue secuestrado en la mañana del 27 de abril de 1977 cuando trabajaba en una demolición que estaba bajo la supervisión de Schwab. Se lo llevaron delante de sus compañeros. La denuncia original fue presentada por la hermana de Rocha, Susana. La mujer declaró ante la Justicia que el día posterior a la detención, el esposo de su madre, Carlos Virgilio González, fue a buscarlo a la obra donde estaba asignado. Allí le preguntó a Schwab qué había pasado y le contestó que él no tenía nada que ver, que había actuado la policía de la provincia. Ese mismo día, González fue a la Brigada de Investigaciones, donde pudo ver a Rocha, custodiado por soldados del Ejército. Cuando insistió con su reclamo ante Schwab, la respuesta fue: “Si sigue molestando, lo hago detener a usted y a toda su familia”.
Otro hermano de Carlos Rocha, Ramón, prestaba servicios en el Ejército en aquel momento. Por eso se animó a ir a la casa de Schwab para ver qué pasaba. Un testigo presencial de ese encuentro, Juan Enrique Rodríguez, confirmó que el entonces teniente le contestó que él lo había mandado a detener. Rocha sigue desaparecido.
Schwab eludió a la Justicia gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la reactivación de las causas tras la nulidad de esas normas lo puso en alerta. En Tucumán, la investigación más avanzada es la de Rocha pero está mencionado en varios expedientes. El desafío ahora es ubicar a este hombre que en democracia se especializó, entre otras cosas, en encontrar a maridos y esposas infieles o “disuadir” a empleados que buscaban una indemnización acorde por el trabajo que habían realizado demandando a empresas. Schwab fue denunciado por intento de extorsión por ex empleados de Movicom a quienes habría intimidado para que dejaran sin efecto la denuncia contra la telefónica.
Como activo defensor de la dictadura el teniente coronel retirado impulsó a Cecilia Pando y a su hija María Pía para organizar la asociación que reclama la “libertad de los presos políticos”. Las mujeres, uniformadas con remeras blancas y el logo de una bandera argentina encerrada detrás de barrotes carcelarios, empezaron a movilizarse frente a los tribunales para gritar por justicia para los represores. El apoyo se extendió al esposo de Pando, el mayor Rafael Mercado, que recaló en Scanner apenas fue pasado a retiro en el Ejército. Pando, incluso encontró cobijo en uno de los domicilios de Schwab en el barrio de Belgrano.
Desde Scanner supo tejer sólidos vínculos con el ex titular de Aerolíneas Argentinas, el empresario español Antonio Mata, y también con un importante gestor inmobiliario de Miami. Para ambos hombres de negocios, Schwab actuó como asesor en temas de seguridad. Después diversificó sus emprendimientos y en los últimos años despuntó el vicio con dos restaurantes en Costanera Norte. Por ahora sigue gozando de libertad pero sus incursiones públicas se desdibujaron: quedaron como postales de sus buenos tiempos las reuniones con el ex obispo castrense Antonio Baseotto.


Se permite festejar

El 16 de julio, cuando el Tribunal Oral Federal 5 absolvió al comisario Miguel Angel Timarchi, imputado por la Masacre de Fátima, sus abogados Héctor Dante Amarelle y Alejandro Martín Broitman Carbone pegaron un salto, se abrazaron y, mirando a los familiares de las víctimas, gritaron “¡vamos carajo!”. El festejo provocó la reacción de los sobrevivientes de la Superintendencia de Seguridad Federal, donde prestaba servicios Timarchi, que fueron desalojados de la sala. El tribunal lo consideró un “festejo indecoroso”, “inaceptable”, una “grave falta de respeto” a los jueces y sobre todo a las víctimas, y solicitó al Colegio Público de Abogados porteño que les aplique “el correctivo pertinente”. Nada de eso: el tribunal de disciplina, integrado por María Raquel Boggiano, Indy Failembogen y Alejandro Cayetano Molina, consideró que no existió “falta ética” ni “falta de decoro en grado sumo” dignos de sanción, se limitó a aconsejarle a los abogados que no vuelvan a apartarse “de la senda institucional-académica” y rechazó la denuncia in limine, es decir rápido y sin pedir explicaciones.


EL CASO DE LOS PRESOS PARAGUAYOS
Rechazo para el asilo

Por Adriana Meyer
El Gobierno argentino rechazó el pedido de los seis presos paraguayos que desde hace casi dos meses están en huelga de hambre reclamando que los consideren perseguidos políticos y les otorguen el reconocimiento de refugiados o asilados. Ante esta noticia, lejos de levantar la medida los dirigentes campesinos y de Patria Libre iniciaron ayer una huelga seca, es decir que tampoco ingerirán líquidos. Ahora la Corte Suprema deberá decidir si concede la extradición que reclama Paraguay para juzgarlos como partícipes del asesinato de Cecilia Cubas, acusación que ellos rechazan y adjudican a la “persecución” de la que dicen ser víctimas.
A instancias de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, un equipo médico los revisó en la cárcel de Marcos Paz y concluyó que “tuvieron pérdida de peso importante (entre 12 y 15 kilos), y sus antecedentes de trabajo expuestos a agrotóxicos aumentan el riesgo de descompensación”.
El Gobierno ayer rechazó la apelación de los presos argumentando que no habían encontrado elementos para variar el criterio esgrimido en su momento por el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (Cepare), que consideró que no reunían las condiciones para pedir asilo.
La semana pasada la Asociación Americana de Juristas –que integran Martín Almada y Beinusz Szmukler, entre otros– argumentó que la acusación “está basada en dichos de un testigo que habría sido comprado y que tendría relaciones con la mafia. Se comprobó que Cecilia Cubas había muerto con anterioridad a la fecha que dio ese testigo y como se caía la acusación en una parodia de juicio cambiaron la fecha de la muerte, por eso decimos que allá no tienen garantías de un juicio imparcial”. Dijo la AAJ que “ante el riesgo de vida que implicaba ser encarcelados en su país, donde hay antecedentes de sicarios que matan presos por encargo, viajaron a Argentina, ingresaron legalmente y pidieron asilo político”. La LADH calificó la decisión del Gobierno como “una verdadera afrenta a la tradición argentina de solidaridad con las luchas populares”.

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