jueves, 9 de octubre de 2008



DERECHOS HUMANOS
Rechazaron la prisión domiciliaria para Von Wernich
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó un planteo del ex capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich, para cumplir en un domicilio particular la detención por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar, confirmaron hoy fuentes judiciales.

La resolución la dictó la Sala I de la Cámara, la misma que tramita el recurso presentado por Von Wernich contra la condena a reclusión perpetua que le impuso el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata por su responsabilidad en siete homicidios, 42 privaciones ilegítimas de libertad y 32 casos de torturas.
Fuentes judiciales confirmaron hoy la decisión de la Sala I de la Cámara y recordaron que Von Wernich está detenido "sin sentencia firme", en la cárcel de Marcos Paz, en el conurbano bonaerense.
La concesión del beneficio había sido rechazado por el TOF 1, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Néstor Lorenzo, cuando hace un año dio a conocer el veredicto.
La defensa del ex capellán, que ya había presentado un recurso contra la condena a reclusión perpetua, llegó a la Cámara Nacional de Casación con un planteo de "queja", invocando argumentos relacionados con cuestiones humanitarias y la edad (70 años) del sacerdote.
La ley 24.660 establece la posibilidad de la prisión domiciliaria para los mayores de 70 o quienes padecen enfermedad en estado terminal, pero la Sala I de la Cámara se remitió a fallos anteriores en los que se sostuvo que el beneficio no se aplica de manera automática.
En esos antecedentes, los camaristas Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, Liliana Catucci y Raúl Madueño analizaron que la posibilidad del arresto domiciliario responde a cuestiones humanitarias, pero dijeron que "resulta necesaria la consideración de la naturaleza y gravedad de los delitos imputados".
Von Wernich fue el primer sacerdote de la Iglesia Católica en ser juzgado oral y públicamente por delitos de lesa humanidad y el tercer procesado en ser condenado (con sentencia no firme), lego del ex comisario Miguel Etchecolatz y el represor Julio "el turco" Simón, tras la nulidad de las "leyes del perdón".

CONTRATAPA
Von Wernich y la “oportunidad” de la Iglesia
Por Washington Uranga
Hoy, 9 de octubre, se cumple un año desde que el Tribunal de La Plata decidió de manera unánime condenar al sacerdote católico Christian von Wernich por delitos de lesa humanidad. Fue luego de un juicio prolongado, ajustado a derecho y con todas las garantías para el acusado, más allá de las afirmaciones que, en sentido contrario, hacen sus incondicionales. Frente al repudio de gran parte de la sociedad, la institución eclesiástica católica a través de la Conferencia Episcopal dio a conocer un más que tibio comunicado insistiendo en su línea argumental en la materia: dijeron que el cura actuó “bajo su responsabilidad personal”. Traducido: no hay responsabilidad institucional. El superior inmediato de Von Wernich es el obispo de Nueve de Julio, Martín de Elizalde. El pidió “perdón” en nombre de la Iglesia por los delitos de Von Wernich, pero pateó la pelota para adelante respecto de las sanciones al cura violador de los derechos humanos. “Oportunamente se habrá de resolver, conforme a las disposiciones del Derecho Canónico (la ley eclesiástica), acerca de la situación de Christian von Wernich”, afirmó entonces el obispo.
Hace ya un año de tales afirmaciones y no se conoce que el proceso eclesiástico contra Christian von Wernich haya avanzado. No se conoce sanción canónica (ajustada al derecho eclesiástico) contra el cura. Eso hace pensar o que todo ha quedado congelado y la “oportunidad” de la sanción no llegará nunca o bien que cualquier medida en este sentido ha quedado en secreto. Esto último es improbable porque, de acuerdo con las informaciones que trascienden desde el lugar donde se encuentra recluido el cura condenado por delitos de lesa humanidad, el sacerdote sigue ejerciendo sus funciones religiosas y ni siquiera se le han retirado las licencias (autorizaciones) eclesiásticas para actuar como ministro de la Iglesia Católica.
Está claro que para las autoridades eclesiásticas de Von Wernich las pruebas de la Justicia civil no son suficientes, por más categóricas que éstas hayan resultado para los jueces. Quizás hasta pueda decirse que, aunque nunca lo haya manifestado públicamente de esa manera, para su obispo el cura es inocente, lo cual lo convertiría en presunta “víctima” de alguna “conspiración contra la Iglesia”. Si no fuera así es difícil explicar por qué la Iglesia “experta en humanidad”, como lo sostiene la doctrina social católica, sigue sosteniendo a alguien que con sus prácticas ha demostrado exactamente lo contrario. “Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón (el de la Iglesia)”, se dice en el documento conciliar Gaudium et Spes (Nº 1).
Un año después de su condena, el cura torturador está preso y en su lugar de reclusión sigue gozando de todas las atribuciones y consideraciones de su condición sacerdotal. Para el obispo de Nueve de Julio y para la jerarquía de la Iglesia Católica todavía no ha llegado la oportunidad para aplicarle las sanciones eclesiásticas que podrían corresponderle a Von Wernich por los cargos de violación de los derechos humanos que se le probaron en la Justicia civil.
Los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina pueden decir, en términos estrictos, que sólo al superior de Von Wernich, en este caso el obispo de Nueve de Julio, le corresponde adoptar las eventuales sanciones. Pero más allá de las cuestiones formales existe también una responsabilidad ética y moral que les cabe a todas las autoridades eclesiásticas, que deben responder ante toda la sociedad y ante su propia feligresía. La pregunta entonces es: ¿hasta cuándo la institución eclesiástica seguirá actuando de una manera que sólo puede entenderse como complicidad con uno de los suyos que es claramente un violador de los derechos humanos? El problema ya no es ni siquiera Von Wernich, sino una vez más la Iglesia misma y la credibilidad de sus autoridades frente a la sociedad.


EL PAISREFLEXIONES A FAVOR DE LA PUBLICIDAD DE LOS JUICIOS PENALES
“Un principio constitucional”

Los juristas Alberto Bovino y Gabriel Anitua abordaron el tema en un seminario organizado por Abuelas de Plaza de Mayo. Coincidieron en que se debe precisar por ley en qué casos puede acotarse la publicidad de un juicio.


Por Diego Martínez
“La Justicia tiene un tremendo temor a la publicidad y en particular a la televisión. Si los jueces le temen, significa que algo bueno tiene la TV”, planteó Alberto Bovino. “El control del principio de publicidad en los juicios penales no puede quedar a cargo del propio juez porque, como funcionario, igual que un gobierno o un Parlamento, también él debe ser controlado. La publicidad es un principio constitucional y un juez es un funcionario. Si no le gusta, lo que puede hacer es renunciar”, explicó Gabriel Ignacio Anitua.
Las reflexiones de Bovino y Anitua, prestigiosos docentes de la Facultad de Derecho de la UBA, formaron parte ayer de la segunda jornada del seminario organizado por Abuelas de Plaza de Mayo y el departamento de Derecho Penal de esa casa de estudios y tienen un destinatario inequívoco: el Tribunal Oral Federal 5 que, a diferencia de sus pares del resto del país, prohíbe a los reporteros gráficos cubrir y a la sociedad acceder por su intermedio a las audiencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
La prohibición del tribunal que preside Guillermo Andrés Gordo fue objetada por el fiscal federal Félix Crous, por los querellantes, por organizaciones de prensa como Argra o Fatpren, por el Concejo Deliberante y el intendente de Morón, Martín Sabbatella, por prestigiosos jueces como Leopoldo Schiffrin, Carlos Rozansky y Jaime Díaz Gavier, y ahora también por académicos. Al debate, sin embargo, le sigue faltando una pata: el tribunal porteño que concentra la mayor parte de los juicios a represores apenas invocó el riesgo de atentar contra “la espontaneidad de los testigos” y no se pronunció sobre la posibilidad de transmitir alegatos y sentencias, como las que permitieron seguir la arenga de Menéndez, el llanto de Bussi o el desequilibrio de Cecilia Pando. Crous ya apeló la negativa, por “arbitrariedad manifiesta”, ante la Cámara de Casación.
“Es ridículo pensar que la publicidad se satisface con el ingreso a la sala de las partes y unas pocas personas”, consideró Anitua, que dedicó al tema su tesis doctoral. Entre las funciones que debe satisfacer la publicidad subrayó la de garantizar al imputado un juicio justo, “el derecho al grito de la víctima y de la sociedad” y “la posibilidad de controlar a los funcionarios judiciales” como ocurre en Estados Unidos, donde un canal de cable transmite juicios en vivo.
Anitua vinculó la decisión de Gordo “con la crisis actual de la Justicia” y subrayó que en los juicios vinculados con el terrorismo de Estado “la publicidad tiene la función esencial de fijar la memoria histórica”. Citó como antecedentes el juicio de Nuremberg, el Tribunal Penal Internacional que juzgó crímenes en la ex Yugoslavia y el Juicio a las Juntas. “Así como los aliados tuvieron especial interés en que los alemanes conocieran los hechos aberrantes de los campos de concentración, el TPI se planteó como prioridad la filmación y difusión del juicio en toda la ex Yugoslavia, para que la verdad tuviera efecto”, destacó. “La publicidad del Juicio a las Juntas, pese a que se transmitió sin sonido por el contexto de 1985, fue un gran acierto. Su efecto fundamental fue que sólo unos pocos locos siguieron reivindicando la dictadura militar”, agregó, y consideró que “no es casual” que a diferencia de Augusto Pinochet o Francisco Franco los jerarcas autóctonos fueron marginados por la sociedad.
Quienes reforman los códigos argentinos “no tienen televisión en la casa”, ironizó Bovino. “La Justicia es el más oscuro de los poderes, tiene diversos mecanismos para opacar sus actos”, dijo. Bovino refutó uno a uno los argumentos que suelen esbozarse para restringir la publicidad de un juicio. Sobre la afectación a la espontaneidad de los testigos invocada por Gordo explicó que “un testigo nunca puede ser espontáneo”, por varias razones: desde la advertencia sobre el castigo que recibirá si miente, pasando por la presencia indiferenciable de imputados y abogados, hasta “el estrado en las alturas, la cruz amenazante y toda una simbología de poder que oscurece” la posibilidad de declarar con espontaneidad. Bovino también destacó que “la TV tiene sentido en las salas si la organización de la actividad judicial es comprensible” y para ello es imprescindible que el lenguaje del micromundo judicial sea accesible a toda la sociedad.
Ambos profesores disintieron con la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia use sus facultades de superintendencia para pronunciarse sobre el tema y coincidieron en que debe ser el Congreso el que esclarezca por ley en qué casos puede acotarse la publicidad de un juicio. Organismos de derechos humanos y diputados ya trabajan en un proyecto para modificar el Código Procesal Penal con el fin de terminar con la discrecionalidad que permite a los magistrados actuar de espaldas a la sociedad.


EL JUICIO POR LA MANSION SERE Y MAR DEL PLATA
Por penas de entre 25 y 50 años

Los querellantes del juicio sobre el centro clandestino Mansión Seré y crímenes cometidos en Mar del Plata pidieron condenas de hasta 50 años de prisión por el delito de “genocidio” para los tres militares acusados.
Para el brigadier Hipólito Mariani los querellantes reclamaron 50 años por ser “autor penalmente responsable de la desaparición en el marco de un genocidio” de, entre otros, Jorge Brit, de cuya presencia en Mansión Seré hablaron los sobrevivientes. Para su sucesor del mando, el brigadier César Comes, que aún sigue en libertad, la querella pidió 25 años de prisión. La pena máxima de 50 años también se pidió para el coronel Pedro Barda, jefe de “La Cueva”, el centro clandestino que funcionó abajo de la base aérea de Camet en las cercanías de Mar del Plata. A Barda se lo acusa por el crimen del abogado Jorge Candeloro y por el asesinato de Analía Magliaro.
Durante el juicio, los sobrevivientes de Mansión Seré recordaron que el jefe de la “patota” de ese centro clandestino se hacía llamar “Hugo” o “Huguito”, que interrogaba a los prisioneros en las torturas y que se jactaba de ser oficial de contrainteligencia de la Fuerza Aérea y de haberse infiltrado en Montoneros. Los abogados Luis Bonomi, Pedro Dinani, Cesar Cibo y Liliana Mazeo hicieron los reclamos en representación de las víctimas unificadas en el colectivo de organizaciones derechos humanos Justicia Ya!
Los tres acusados estuvieron presentes en la sala de audiencias. Pero como se quedaron sentados de espaldas al público nadie pudo ver sus expresiones. Todos son octogenarios, sólo Barda está en una prisión. Mariani está con prisión domiciliaria y Comes en libertad. Hoy se escuchará el alegato del fiscal Félix Crous, que interviene en la causa. A comienzos de noviembre se conocerá la sentencia.



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