viernes, 31 de octubre de 2008


COMUNICADO DE PRENSA

RED X EL DERECHO A LA IDENTIDAD – FILIAL La Pampa


La plazoleta Abuelas de Plaza de mayo con cartel de Venta
Guatraché: Los niños de ayer y del presente no se lo merecen

La Red x el Derecho a la Identidad- filial La Pampa- de apoyo a las Abuelas de Plaza de Mayo queremos expresar que los Derechos Humanos no están en venta.

A partir de la Ordenanza y Resolución Municipal para dar nombre a una plazoleta que es usada por los niños de un barrio de calles de tierra, se desata un conflicto cuyos contornos permiten inferir que no se trata de una simple disputa territorial.

A tal punto es así, que por 30 años se instalaron hamacas, toboganes, subibajas y arcos de fútbol. Muchas generaciones de niños tuvieron allí su espacio de juegos, sin ningún tipo de objeción-.
Llama poderosamente la atención que el conflicto surja en el momento en que se pretende dar un nombre y homenajear a las Abuelas de Plaza de Mayo, y que de manera agresiva se instale un cartel de venta en una plaza, lo cual demuestra que la presunta reclamante ni siquiera ha cerrado un negocio inmobiliario. Poco negocio podría hacerse en un espacio de escaso valor en un barrio humilde de los suburbios de un pueblo de 10.000 habitantes.

Por eso, aquí el daño es doble: a los niños del barrio y a esos niños que fueron arrancados del vientre de sus madres envueltos apenas en gasas, para secuestrarlos de por vida por motivos de reivindicación de las acciones del terrorismo de Estado que asoló nuestro país coincidentemente 30 años atrás.

De los 500 chicos secuestrados han sido encontrados 100. La búsqueda de las Abuelas se extiende a lo largo y ancho del país. Pese a la conspiración de silencio de sus autores, tenemos el deber como sociedad de cicatrizar por medio de la verdad y la justicia las heridas que aún persisten en nuestra Argentina. Una de ellas es encontrar a esos chicos desaparecidos ya mayores, que están vivos en algún lugar, que hasta puede ser el pueblo de Guatraché. Otra, es que las nuevas generaciones aprendan lo que NUNCA MAS debe repetirse en la Argentina.
En esto no hay diferencias entre peronistas ni radicales, como bien nos enseñó el ex presidente Alfonsín con la CONADEP y los Juicios al terrorismo de Estado.

Si existiera un motivo ideológico, la supuesta propietaria reclamante deberá dar cuenta de su accionar ante el resto de la sociedad : no se puede así como así infligir nuevas heridas a un cuerpo social que aún hoy está procesando esa etapa histórica.

Agradecemos la intención de la intedenta María Higonet de considerar la vía legal de defensa para salvar a los pampeanos de esta posible afrenta a los niños de Guatraché, que no deben aprender del odio social sino del diálogo y las soluciones solidarias.

Red por el Derecho a la Identidad filial La Pampa
Marta Candia- Rita País- María Elena Zandrino- Miguel García- Rita Bustillo- Mercedes Andreotti -

Adjuntamos el comunicado de prensa de la Red x el Derecho a la Identidad filial La Pampa.

Asimismo pueden dirigirse a la intendencia de Guatraché para expresar su solidaridad. hpablo@lpguatrache.com.ar


RED X EL DERECHO A LA IDENTIDAD -FILIAL LA PAMPA

-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS









El paísDomingo, 12 de Octubre de 2008
El comisario (R) Luis Alberto Re, denunciado en la Conadep, es empleado de la Legislatura pero no va a trabajar
El represor ñoqui
Participó de la recuperación del cuartel de La Tablada y después de ese hecho, Julio Crespo Campos, de la UCeDé, lo llevó al Concejo Deliberante. Figura como empleado de la Unidad de Asesoramiento Legislativo, pero allí no se lo ve. ATE pide su expulsión al gremio.
Por Gustavo Veiga
Al comisario retirado Luis Alberto Re le cantaron piedra libre en la Unidad de Asesoramiento Legislativo (UAL), a donde no asiste desde hace un tiempo que hoy resulta incalculable. "Está en comisión", le dijo a PáginaI12 un empleado de esa dependencia de la Legislatura porteña, aunque el represor, que cobró notoriedad cuando perdió las dos piernas en el ataque al cuartel de La Tablada, es un ñoqui que percibe todos los meses su sueldo. El caso de Re es paradigmático. Tiene número de legajo (15.120), según un listado del personal de planta y también, con el apodo de Pelusa, figura denunciado en la Conadep, en otro legajo (1276/90296). Esa doble condición no escapa a los delegados de ATE que lo perdieron de vista "hace tres o cuatro años" y que exigieron en dos oportunidades su expulsión del gremio al que está afiliado.
Según se señala en la Conadep, Re "... a partir de abril de 1977 estuvo destinado en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención denominado Pozo de Banfield". Este oficial de la Policía Bonaerense que tuvo su pico de exposición en el verano de 1989, durante la recuperación del Regimiento 3 de La Tablada tomado por un comando del Movimiento Todos por la Patria (MTP), lo acercó al entonces Concejo Deliberante el ex concejal por la UCeDe Julio Crespo Campos. Una nómina de los trabajadores estables correspondiente a marzo de este año indica que ingresó el 1º de enero de 1990 a la Dirección General de Impresiones, donde revistaba en la categoría 3. El dato de la dependencia no está actualizado y su jerarquía podría ser más alta, sospecha la junta de delegados.
"Es repudiable que tenga un cargo. Las máximas autoridades de la Legislatura deberían investigar su caso y proceder a esclarecerlo. No se trata solamente de su condición de ñoqui, si no que fue un represor de la dictadura", dijo Juan Cabandié, diputado de la ciudad por el Frente para la Victoria que nació en la ESMA, y cuyos padres, Damián y Alicia, desaparecieron el 23 de noviembre de 1977.
Re se moviliza en una silla de ruedas desde que le tuvieron que amputar las piernas y cuando ingresó a la Legislatura trabajaba en el subsuelo, donde se encuentra el área de Impresiones. "Se lo veía poco, porque ese sector no está muy visible, parece una cucha", describió un empleado del ex Concejo Deliberante ubicado en Perú 150, que solía cruzárselo. Ahí recibía materiales para imprimir, en una especie de antesala. Ahora, en cambio, el comisario está registrado en la UAL, ubicada enfrente, sobre un edificio anexo que tiene en la planta baja un local de Pago Fácil. El responsable de esa dependencia legislativa se llama Rubén Ge, un radical de apellido tan monosilábico como el del represor.
"Comenzamos a seguir este caso con la gente de ATE en el último verano", explica Cabandié, quien maneja la información de que Re tendría ingresos en la UAL que superan los cinco mil pesos. Esta cifra se aproxima a la que estima la Junta de delegados del sindicato. Aquella dependencia se ocupa de atender consultas generales de los diputados sobre normas o proyectos y en el parte diario de asistencia de Re figura "en comisión", como informó el viernes pasado un empleado.
El legislador Gonzalo Ruanova, de Diálogo por Buenos Aires, presentó en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura un proyecto para que los represores no puedan votar ni ser candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora y pese a iniciativas como ésa, a Re todavía no lo alcanzó ninguna incompatibilidad por su intervención durante la última dictadura.
El comisario, al igual que su hermano mayor Juan Carlos, pasó desde marzo y abril del '77 por la Secretaría y la Dirección General de Seguridad del Area Metropolitana, respectivamente, localizadas en la intersección de Siciliano y Vernet, partido de Lomas de Zamora, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield.
La denuncia de un detenido- desaparecido en la Conadep lo señala por el mote de "Pelusa, edad aproximada 38 años, rasgos semimongólicos, fanfarrón (exhibe abiertamente armas de fuego, en una oportunidad mostró dos cadáveres que llevaba en el baúl del auto a los empleados de un taller mecánico –desconoce el nombre–)...". De su hermano Juan Carlos se menciona en el legajo que responde al sobrenombre de "Pupi, edad aproximada 46 años, es reservado, de mayor capacidad mental que el hermano. Además es de mayor jerarquía que su hermano Pelusa. Vive en una quinta en Isidro Casanova que se dice fue propiedad de un grupo de guerrilleros". Por último, al mayor de los Re se lo describe como "jefe del turno noche de un centro de detención clandestino ubicado en Banfield".
A Luis Alberto Re, según los mismos archivos, también lo vieron en El Banco, otro centro de detención ubicado en Autopista Ri-cchieri y el Camino de Cintura, que en la práctica funcionaba como un apéndice del Regimiento de Infantería Motorizada Nº 3 de La Tablada, donde doce años después acudiría para sofocar su copamiento. El comisario que perdió sus piernas ahí fue elevado a la categoría de héroe entre sus pares por defender el cuartel en enero de 1989.
Por los servicios prestados consiguió empleo en el ex Concejo Deliberante durante la intendencia de Carlos Grosso, a donde lo llevó el político liberal Crespo Campos, cuyo último desempeño en la ciudad como coordinador de Emergencias durante la gestión de Aníbal Ibarra le costó el cargo por su cuestionado papel durante la tragedia de Cromañón. El mismo confesó que no había existido coordinación entre las fuerzas de seguridad mientras se asistía a las víctimas y un grupo de diputados pidió su cabeza. De su paso anterior por la Legislatura quedan dos perlas negras: en agosto de 2001 destruyó la base de mármol de un tintero que perteneció a Eva Perón, y se la lanzó al vicepresidente del cuerpo, el macrista Jorge Enríquez durante una discusión. Pero sobre todo, también queda el comisario Re en la Unidad de Asesoramiento Legislativo.

La estafa
Por Gustavo Veiga
Después de la toma del regimiento de La Tablada el 23 de enero de 1989, el comisario Re, convaleciente de graves heridas, comenzó a aparecer en una silla de ruedas en cuanto programa de televisión lo invitaran. Su primavera mediática duró hasta el juicio a los guerrilleros capturados en aquel episodio y desde ese momento no se supo mucho más de él. En noviembre de 2001, las páginas del diario platense Hoy volvieron a entregar noticias de su paradero. La Justicia lo acusaba de estafar a la Dirección de Servicios Sociales de la Policía Bonaerense en el cobro de un cheque por 41.449 pesos emitido para cubrir el costo de una prótesis para sus piernas, marca Inteligente Plus Endolite. A Re lo investigaron los fiscales Carlos Ariel Argüero y Esteban Lombardo hasta que acreditaron que había percibido aquel dinero que estaba destinado a la prestadora Laboratorios Ortopédicos del Sur. El comisario, cuando se presentó por primera vez para solicitar un pago por reintegro, argumentó que le habían robado otra prótesis que usaba, una silla de ruedas y su automóvil Renault 12. Pero cuando ya estaba avanzada la causa, la nueva prótesis todavía continuaba en la obra social.
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El paísDomingo, 12 de Octubre de 2008
ATE quiere expulsarlo
Por Gustavo Veiga
Pablo Gennaro es el secretario general de la Junta de delegados de ATE en la Legislatura porteña. Su sindicato, el segundo en cantidad de afiliados (detrás de Sutecba), representa ahí a unos 300 afiliados, entre quienes está el comisario Luis Alberto Re.
–¿Qué hizo el cuerpo de delegados cuando supo que un represor se había afiliado al sindicato?
–Lo primero que hicimos como junta interna, desde que estamos en la conducción, fue pedirles al gremio, a los consejos directivos de capital y nacional, que lo expulsaran como afiliado de ATE. Lo hicimos en dos oportunidades y, previamente, solicitamos su suspensión preventiva hasta que se reúna el congreso nacional, que debería votar la expulsión.
–¿Las denuncias que presentaron de cuándo son?
–La reiteración es de este año y la primera de hace tres, por lo menos.
–¿En qué basaron el pedido de expulsión de Re?
–Primero en el estatuto de ATE y también el de CTA, porque cada compañero que se afilia a ATE está afiliado a la CTA. Re fue denunciado por represor en la época del Proceso y el estatuto es bien claro: ni corruptos ni procesistas. En base a eso, pedimos su expulsión.
–¿En qué instancia se encuentra ese trámite?
–No tenemos todavía la devolución del Consejo Directivo, pero para nosotros, la junta de ATE Legislatura está como si lo consideráramos expulsado. Al momento de que presentamos la nota y tenemos el recibido de ATE Capital, para nosotros ya no forma parte del padrón de afiliados de ATE.
–¿Saben quién lo acercó al gremio?
–El aparece afiliado desde 2000, aproximadamente. No tenemos constancia de quién lo afilió, aunque pudo haber ido él a la sede del sindicato o presentado la ficha acá, que es un trámite administrativo y quien la recibe la lleva al sindicato. Nosotros, como delegación gremial, no podemos impedirle a ningún trabajador que se afilie, aunque sí después considerar, como lo hicimos con Re, la expulsión en base al prontuario o el currículum del comisario. Es inaceptable que este tipo esté afiliado a nuestra junta interna.
–¿Ustedes tampoco aceptan que siga perteneciendo a la Legislatura?
–Sería el segundo paso. Nosotros le pedimos al consejo directivo de ATE la expulsión de Re y, a partir de eso, tendríamos la herramienta para solicitar su salida de la Legislatura. Estamos dispuestos a hacer una acción gremial para que no integre más el personal de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.
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El paísLunes, 13 de Octubre de 2008
Opinión
Delitos de lesa humanidad y delitos políticos
Por Leopoldo Schiffrin *
Largos años he venido ocupándome del crucial tema de los delitos del Derecho de Gentes, que incluyen los delitos de lesa humanidad y una de cuyas características principales es que no pueden prescribir, o sea que la acción penal puede ser ejercida contra ellos en todo tiempo (por ejemplo, los crímenes de exterminio masivo del nazismo). Otra característica esencial de los delitos del Derecho de Gentes consiste en que son perseguibles por los tribunales de todo los países (jurisdicción universal).
Pero ¿cómo se puede enfocar esta categoría del Derecho de Gentes? Esta pregunta es especialmente importante, ahora, porque se comienza a observar en nuestro medio la desnaturalización de esta categoría fundante de consecuencias jurídicas de la entidad que hemos expresado (imprescriptibilidad, jurisdicción universal y varias más, sobre todo, que no rija en su ámbito la definición del delito por la ley previa, escrita y estricta).
La idea de que existen delitos previos a la ley estatal y que ofenden con gravedad extrema las posibilidades de existencia y desarrollo de la sociedad universal tiene su fuente más expresiva en Grocio, el padre del derecho internacional en el siglo XVII. Esa idea de Grocio se concretó a través de un proceso histórico, cuya primera aparición efectiva como derecho generalmente admitido por la comunidad universal moderna se encuentra en el Tratado de Versailles, sigue en el Estatuto del Tribunal de Nüremberg, en la fundamentación del proceso de Eichmann, en los Tribunales Especiales creados por las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Culmina con el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional y contiene un catálogo de distintos delitos que caben en su jurisdicción y que, a grosso modo, cabe dividir entre crímenes de guerra y crímenes como el genocidio, la desaparición forzada de personas, las torturas o las persecuciones y ejecuciones masivas cuando son perpetradas con el empleo del aparato estatal o de organizaciones que dominan un territorio en forma similar a la que lo haría un Estado.
La masividad de los crímenes y el empleo de medios estatales o cuasiestatales hacen de ellos una amenaza grave a las condiciones de subsistencia y desarrollo de la comunidad universal, visión que ha surgido, como aspiraba Alberdi en su obra El crimen de la guerra, como el producto de un cierto desarrollo de la conciencia humana universal, por más que aún nos hallemos en un grado incipiente de la misma.
En este punto conviene agregar que la masividad de los crímenes de lesa humanidad es una característica que da lugar a la aparición en la historia de una determinada categoría, como por ejemplo la desaparición forzada de personas o a la tortura generalizada. Empero, una vez que estos factores demoníacos comenzaron a operar y culminaron su obra, la reacción de la sociedad universal puede expresarse en la creación de sistemas de prevención y represión que deben ponerse en movimiento frente a casos individuales, justamente para evitar su repetición. Tal ocurre con la Convención contra la Tortura y su Protocolo Adicional y también respecto de la normativa sobre la desaparición forzada de personas. Un caso aislado de tortura o un caso aislado de desaparición forzada de persona aun bajo el mejor régimen de estado de derecho son delitos de lesa humanidad si se los comete desde y con el aparato estatal o cuasiestatal.
Por eso, no comparto la jurisprudencia de la Corte en el caso René Jesús Derecho, de fecha 11 de julio de 2007, en el que se decidió que un solo hecho de tortura cometido por un miembro de la Policía Federal a una persona detenida en una repartición de ese cuerpo no constituye un crimen de lesa humanidad.
Respecto de los delitos atroces y aberrantes cometidos desde el aparato estatal para la conservación de su existencia y finalidades, la tradición liberal, apartándose de la idea absolutista que hacía del crimen majestatis el mayor de todos, ha colocado bajo un régimen especial a los delitos “políticos” o sea inspirados en el fin de lesionar el orden político establecido, cuyo caso revestido de mayor justificación, ya en la tradición escolástica, es el de resistencia a la ocupación extranjera o al poder usurpado.
Es común, según los autores del siglo XIX, que las resoluciones políticas no siempre se logren con simples reuniones tumultuosas sino que también impliquen violencia contra la propiedad y la vida. Autores de esa época enumeran casos como el homicidio de centinelas, el robo de armas en almacenes militares. Además, en las insurrecciones se desatan frecuentemente luchas cruentas entre facciones del mismo campo (por ejemplo, la insurrección judía de los años ’66 o ’70 de esta era que refiere el Bello Judaico de Flavio Josefo, o la insurrección de Irlanda en el siglo XX). La acción misma de combatir implícita en la insurrección popular comporta la posible comisión de homicidios y daños corporales materiales (extraigo estos datos del riquísimo estudio que efectuó hace muchos años el extinto procurador general de la Nación Enrique Carlos Petracchi, padre del actual ministro de la Corte Suprema Enrique Santiago Petracchi, en el caso “Lezcano, Agustín Juan s/homicidio, amnistía, ley 20.508”, de mayo de 1974, que se halla en el pertinente registro de la Procuración General. Allí se efectúan muchas más apreciaciones referidas a los delitos cometidos por convicción y los límites en que es posible considerarlos como políticos; igualmente se repasa toda la jurisprudencia de la Corte referida a las amnistías en relación con el delito político).
Estos delitos de inspiración política fueron característicos de períodos de fuerte ilegitimidad política de los gobiernos militares e inclusive civiles desde 1955, jalonados por distintos tipos de resistencia activa, ya fuera por la insurrección de masas o por acciones de grupos civiles armados.
No se trata, con lo dicho, de justificar cualquier modo de proceder insurreccional, sino subrayar la diferencia entre el exterminio masivo y planificado de enemigos políticos perpetrado desde el Estado y los casos de resistencia e insurrección por fines políticos. El liberalismo político, que se funda en el carácter discutible del orden que se proclama legítimo, supo otorgar a los hechos de la segunda categoría un tratamiento penal diferenciado, que se manifiesta en múltiples matices.
Si quisiésemos erigir en delitos de lesa humanidad los homicidios y daños corporales y materiales provenientes de las circunstancias insurreccionales, que sirvieron de paralelo a los gobiernos en general usurpadores, que, a su vez, no titubearon en utilizar la masacre como medio de represión, finalizaríamos trastrocando todo el sistema del Derecho de Gentes, al extender sus características (imprescriptibilidad, jurisdicción universal, atenuación del principio nullum crimen nulla poena –principio de reserva–) a un campo que solo puede interesar a aquel derecho universal cuando la represión del Estado adquiera las características que justifican la intervención externa a fin de su cesación o represión.
* Juez de la Cámara Federal de La Plata.
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Esta es la resolucion del juez federal Marcelo Bailaque en la causa larrabure, la que fue manipulada por los medios que busca instalar la teoria de los dos demonios en el sentido que avalaba la calificación como delito de lesa humanidad. Como se pueda preciar en el texto es una falacia, dado que el juez expresamente afirma que no se puede pronunciar sobre el punto.
Solamente declara una nulidad pedida por la fiscalía ( y no por larrabure), ademas expresamente RECHAZA el pedido el pedido del abogado que se declare de nulidad de la instrucción general del Procurador General de la Nación sobre el alcance de los delitos de lesa humanidad y los crìmenes de guerra. La rechaza porque es una cuestión interna del Ministerio Público.
Entonces a todos los suscriptores de Red de Noticias de Derechos Humanos les solicitamos la mayor difusion de ese fallo, reenviando a sus respectivos listados. La mas amplia difusion

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