viernes, 31 de octubre de 2008


COMUNICADO DE PRENSA

RED X EL DERECHO A LA IDENTIDAD – FILIAL La Pampa


La plazoleta Abuelas de Plaza de mayo con cartel de Venta
Guatraché: Los niños de ayer y del presente no se lo merecen

La Red x el Derecho a la Identidad- filial La Pampa- de apoyo a las Abuelas de Plaza de Mayo queremos expresar que los Derechos Humanos no están en venta.

A partir de la Ordenanza y Resolución Municipal para dar nombre a una plazoleta que es usada por los niños de un barrio de calles de tierra, se desata un conflicto cuyos contornos permiten inferir que no se trata de una simple disputa territorial.

A tal punto es así, que por 30 años se instalaron hamacas, toboganes, subibajas y arcos de fútbol. Muchas generaciones de niños tuvieron allí su espacio de juegos, sin ningún tipo de objeción-.
Llama poderosamente la atención que el conflicto surja en el momento en que se pretende dar un nombre y homenajear a las Abuelas de Plaza de Mayo, y que de manera agresiva se instale un cartel de venta en una plaza, lo cual demuestra que la presunta reclamante ni siquiera ha cerrado un negocio inmobiliario. Poco negocio podría hacerse en un espacio de escaso valor en un barrio humilde de los suburbios de un pueblo de 10.000 habitantes.

Por eso, aquí el daño es doble: a los niños del barrio y a esos niños que fueron arrancados del vientre de sus madres envueltos apenas en gasas, para secuestrarlos de por vida por motivos de reivindicación de las acciones del terrorismo de Estado que asoló nuestro país coincidentemente 30 años atrás.

De los 500 chicos secuestrados han sido encontrados 100. La búsqueda de las Abuelas se extiende a lo largo y ancho del país. Pese a la conspiración de silencio de sus autores, tenemos el deber como sociedad de cicatrizar por medio de la verdad y la justicia las heridas que aún persisten en nuestra Argentina. Una de ellas es encontrar a esos chicos desaparecidos ya mayores, que están vivos en algún lugar, que hasta puede ser el pueblo de Guatraché. Otra, es que las nuevas generaciones aprendan lo que NUNCA MAS debe repetirse en la Argentina.
En esto no hay diferencias entre peronistas ni radicales, como bien nos enseñó el ex presidente Alfonsín con la CONADEP y los Juicios al terrorismo de Estado.

Si existiera un motivo ideológico, la supuesta propietaria reclamante deberá dar cuenta de su accionar ante el resto de la sociedad : no se puede así como así infligir nuevas heridas a un cuerpo social que aún hoy está procesando esa etapa histórica.

Agradecemos la intención de la intedenta María Higonet de considerar la vía legal de defensa para salvar a los pampeanos de esta posible afrenta a los niños de Guatraché, que no deben aprender del odio social sino del diálogo y las soluciones solidarias.

Red por el Derecho a la Identidad filial La Pampa
Marta Candia- Rita País- María Elena Zandrino- Miguel García- Rita Bustillo- Mercedes Andreotti -

Adjuntamos el comunicado de prensa de la Red x el Derecho a la Identidad filial La Pampa.

Asimismo pueden dirigirse a la intendencia de Guatraché para expresar su solidaridad. hpablo@lpguatrache.com.ar


RED X EL DERECHO A LA IDENTIDAD -FILIAL LA PAMPA

-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS









El paísDomingo, 12 de Octubre de 2008
El comisario (R) Luis Alberto Re, denunciado en la Conadep, es empleado de la Legislatura pero no va a trabajar
El represor ñoqui
Participó de la recuperación del cuartel de La Tablada y después de ese hecho, Julio Crespo Campos, de la UCeDé, lo llevó al Concejo Deliberante. Figura como empleado de la Unidad de Asesoramiento Legislativo, pero allí no se lo ve. ATE pide su expulsión al gremio.
Por Gustavo Veiga
Al comisario retirado Luis Alberto Re le cantaron piedra libre en la Unidad de Asesoramiento Legislativo (UAL), a donde no asiste desde hace un tiempo que hoy resulta incalculable. "Está en comisión", le dijo a PáginaI12 un empleado de esa dependencia de la Legislatura porteña, aunque el represor, que cobró notoriedad cuando perdió las dos piernas en el ataque al cuartel de La Tablada, es un ñoqui que percibe todos los meses su sueldo. El caso de Re es paradigmático. Tiene número de legajo (15.120), según un listado del personal de planta y también, con el apodo de Pelusa, figura denunciado en la Conadep, en otro legajo (1276/90296). Esa doble condición no escapa a los delegados de ATE que lo perdieron de vista "hace tres o cuatro años" y que exigieron en dos oportunidades su expulsión del gremio al que está afiliado.
Según se señala en la Conadep, Re "... a partir de abril de 1977 estuvo destinado en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención denominado Pozo de Banfield". Este oficial de la Policía Bonaerense que tuvo su pico de exposición en el verano de 1989, durante la recuperación del Regimiento 3 de La Tablada tomado por un comando del Movimiento Todos por la Patria (MTP), lo acercó al entonces Concejo Deliberante el ex concejal por la UCeDe Julio Crespo Campos. Una nómina de los trabajadores estables correspondiente a marzo de este año indica que ingresó el 1º de enero de 1990 a la Dirección General de Impresiones, donde revistaba en la categoría 3. El dato de la dependencia no está actualizado y su jerarquía podría ser más alta, sospecha la junta de delegados.
"Es repudiable que tenga un cargo. Las máximas autoridades de la Legislatura deberían investigar su caso y proceder a esclarecerlo. No se trata solamente de su condición de ñoqui, si no que fue un represor de la dictadura", dijo Juan Cabandié, diputado de la ciudad por el Frente para la Victoria que nació en la ESMA, y cuyos padres, Damián y Alicia, desaparecieron el 23 de noviembre de 1977.
Re se moviliza en una silla de ruedas desde que le tuvieron que amputar las piernas y cuando ingresó a la Legislatura trabajaba en el subsuelo, donde se encuentra el área de Impresiones. "Se lo veía poco, porque ese sector no está muy visible, parece una cucha", describió un empleado del ex Concejo Deliberante ubicado en Perú 150, que solía cruzárselo. Ahí recibía materiales para imprimir, en una especie de antesala. Ahora, en cambio, el comisario está registrado en la UAL, ubicada enfrente, sobre un edificio anexo que tiene en la planta baja un local de Pago Fácil. El responsable de esa dependencia legislativa se llama Rubén Ge, un radical de apellido tan monosilábico como el del represor.
"Comenzamos a seguir este caso con la gente de ATE en el último verano", explica Cabandié, quien maneja la información de que Re tendría ingresos en la UAL que superan los cinco mil pesos. Esta cifra se aproxima a la que estima la Junta de delegados del sindicato. Aquella dependencia se ocupa de atender consultas generales de los diputados sobre normas o proyectos y en el parte diario de asistencia de Re figura "en comisión", como informó el viernes pasado un empleado.
El legislador Gonzalo Ruanova, de Diálogo por Buenos Aires, presentó en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura un proyecto para que los represores no puedan votar ni ser candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora y pese a iniciativas como ésa, a Re todavía no lo alcanzó ninguna incompatibilidad por su intervención durante la última dictadura.
El comisario, al igual que su hermano mayor Juan Carlos, pasó desde marzo y abril del '77 por la Secretaría y la Dirección General de Seguridad del Area Metropolitana, respectivamente, localizadas en la intersección de Siciliano y Vernet, partido de Lomas de Zamora, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield.
La denuncia de un detenido- desaparecido en la Conadep lo señala por el mote de "Pelusa, edad aproximada 38 años, rasgos semimongólicos, fanfarrón (exhibe abiertamente armas de fuego, en una oportunidad mostró dos cadáveres que llevaba en el baúl del auto a los empleados de un taller mecánico –desconoce el nombre–)...". De su hermano Juan Carlos se menciona en el legajo que responde al sobrenombre de "Pupi, edad aproximada 46 años, es reservado, de mayor capacidad mental que el hermano. Además es de mayor jerarquía que su hermano Pelusa. Vive en una quinta en Isidro Casanova que se dice fue propiedad de un grupo de guerrilleros". Por último, al mayor de los Re se lo describe como "jefe del turno noche de un centro de detención clandestino ubicado en Banfield".
A Luis Alberto Re, según los mismos archivos, también lo vieron en El Banco, otro centro de detención ubicado en Autopista Ri-cchieri y el Camino de Cintura, que en la práctica funcionaba como un apéndice del Regimiento de Infantería Motorizada Nº 3 de La Tablada, donde doce años después acudiría para sofocar su copamiento. El comisario que perdió sus piernas ahí fue elevado a la categoría de héroe entre sus pares por defender el cuartel en enero de 1989.
Por los servicios prestados consiguió empleo en el ex Concejo Deliberante durante la intendencia de Carlos Grosso, a donde lo llevó el político liberal Crespo Campos, cuyo último desempeño en la ciudad como coordinador de Emergencias durante la gestión de Aníbal Ibarra le costó el cargo por su cuestionado papel durante la tragedia de Cromañón. El mismo confesó que no había existido coordinación entre las fuerzas de seguridad mientras se asistía a las víctimas y un grupo de diputados pidió su cabeza. De su paso anterior por la Legislatura quedan dos perlas negras: en agosto de 2001 destruyó la base de mármol de un tintero que perteneció a Eva Perón, y se la lanzó al vicepresidente del cuerpo, el macrista Jorge Enríquez durante una discusión. Pero sobre todo, también queda el comisario Re en la Unidad de Asesoramiento Legislativo.

La estafa
Por Gustavo Veiga
Después de la toma del regimiento de La Tablada el 23 de enero de 1989, el comisario Re, convaleciente de graves heridas, comenzó a aparecer en una silla de ruedas en cuanto programa de televisión lo invitaran. Su primavera mediática duró hasta el juicio a los guerrilleros capturados en aquel episodio y desde ese momento no se supo mucho más de él. En noviembre de 2001, las páginas del diario platense Hoy volvieron a entregar noticias de su paradero. La Justicia lo acusaba de estafar a la Dirección de Servicios Sociales de la Policía Bonaerense en el cobro de un cheque por 41.449 pesos emitido para cubrir el costo de una prótesis para sus piernas, marca Inteligente Plus Endolite. A Re lo investigaron los fiscales Carlos Ariel Argüero y Esteban Lombardo hasta que acreditaron que había percibido aquel dinero que estaba destinado a la prestadora Laboratorios Ortopédicos del Sur. El comisario, cuando se presentó por primera vez para solicitar un pago por reintegro, argumentó que le habían robado otra prótesis que usaba, una silla de ruedas y su automóvil Renault 12. Pero cuando ya estaba avanzada la causa, la nueva prótesis todavía continuaba en la obra social.
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El paísDomingo, 12 de Octubre de 2008
ATE quiere expulsarlo
Por Gustavo Veiga
Pablo Gennaro es el secretario general de la Junta de delegados de ATE en la Legislatura porteña. Su sindicato, el segundo en cantidad de afiliados (detrás de Sutecba), representa ahí a unos 300 afiliados, entre quienes está el comisario Luis Alberto Re.
–¿Qué hizo el cuerpo de delegados cuando supo que un represor se había afiliado al sindicato?
–Lo primero que hicimos como junta interna, desde que estamos en la conducción, fue pedirles al gremio, a los consejos directivos de capital y nacional, que lo expulsaran como afiliado de ATE. Lo hicimos en dos oportunidades y, previamente, solicitamos su suspensión preventiva hasta que se reúna el congreso nacional, que debería votar la expulsión.
–¿Las denuncias que presentaron de cuándo son?
–La reiteración es de este año y la primera de hace tres, por lo menos.
–¿En qué basaron el pedido de expulsión de Re?
–Primero en el estatuto de ATE y también el de CTA, porque cada compañero que se afilia a ATE está afiliado a la CTA. Re fue denunciado por represor en la época del Proceso y el estatuto es bien claro: ni corruptos ni procesistas. En base a eso, pedimos su expulsión.
–¿En qué instancia se encuentra ese trámite?
–No tenemos todavía la devolución del Consejo Directivo, pero para nosotros, la junta de ATE Legislatura está como si lo consideráramos expulsado. Al momento de que presentamos la nota y tenemos el recibido de ATE Capital, para nosotros ya no forma parte del padrón de afiliados de ATE.
–¿Saben quién lo acercó al gremio?
–El aparece afiliado desde 2000, aproximadamente. No tenemos constancia de quién lo afilió, aunque pudo haber ido él a la sede del sindicato o presentado la ficha acá, que es un trámite administrativo y quien la recibe la lleva al sindicato. Nosotros, como delegación gremial, no podemos impedirle a ningún trabajador que se afilie, aunque sí después considerar, como lo hicimos con Re, la expulsión en base al prontuario o el currículum del comisario. Es inaceptable que este tipo esté afiliado a nuestra junta interna.
–¿Ustedes tampoco aceptan que siga perteneciendo a la Legislatura?
–Sería el segundo paso. Nosotros le pedimos al consejo directivo de ATE la expulsión de Re y, a partir de eso, tendríamos la herramienta para solicitar su salida de la Legislatura. Estamos dispuestos a hacer una acción gremial para que no integre más el personal de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.
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El paísLunes, 13 de Octubre de 2008
Opinión
Delitos de lesa humanidad y delitos políticos
Por Leopoldo Schiffrin *
Largos años he venido ocupándome del crucial tema de los delitos del Derecho de Gentes, que incluyen los delitos de lesa humanidad y una de cuyas características principales es que no pueden prescribir, o sea que la acción penal puede ser ejercida contra ellos en todo tiempo (por ejemplo, los crímenes de exterminio masivo del nazismo). Otra característica esencial de los delitos del Derecho de Gentes consiste en que son perseguibles por los tribunales de todo los países (jurisdicción universal).
Pero ¿cómo se puede enfocar esta categoría del Derecho de Gentes? Esta pregunta es especialmente importante, ahora, porque se comienza a observar en nuestro medio la desnaturalización de esta categoría fundante de consecuencias jurídicas de la entidad que hemos expresado (imprescriptibilidad, jurisdicción universal y varias más, sobre todo, que no rija en su ámbito la definición del delito por la ley previa, escrita y estricta).
La idea de que existen delitos previos a la ley estatal y que ofenden con gravedad extrema las posibilidades de existencia y desarrollo de la sociedad universal tiene su fuente más expresiva en Grocio, el padre del derecho internacional en el siglo XVII. Esa idea de Grocio se concretó a través de un proceso histórico, cuya primera aparición efectiva como derecho generalmente admitido por la comunidad universal moderna se encuentra en el Tratado de Versailles, sigue en el Estatuto del Tribunal de Nüremberg, en la fundamentación del proceso de Eichmann, en los Tribunales Especiales creados por las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Culmina con el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional y contiene un catálogo de distintos delitos que caben en su jurisdicción y que, a grosso modo, cabe dividir entre crímenes de guerra y crímenes como el genocidio, la desaparición forzada de personas, las torturas o las persecuciones y ejecuciones masivas cuando son perpetradas con el empleo del aparato estatal o de organizaciones que dominan un territorio en forma similar a la que lo haría un Estado.
La masividad de los crímenes y el empleo de medios estatales o cuasiestatales hacen de ellos una amenaza grave a las condiciones de subsistencia y desarrollo de la comunidad universal, visión que ha surgido, como aspiraba Alberdi en su obra El crimen de la guerra, como el producto de un cierto desarrollo de la conciencia humana universal, por más que aún nos hallemos en un grado incipiente de la misma.
En este punto conviene agregar que la masividad de los crímenes de lesa humanidad es una característica que da lugar a la aparición en la historia de una determinada categoría, como por ejemplo la desaparición forzada de personas o a la tortura generalizada. Empero, una vez que estos factores demoníacos comenzaron a operar y culminaron su obra, la reacción de la sociedad universal puede expresarse en la creación de sistemas de prevención y represión que deben ponerse en movimiento frente a casos individuales, justamente para evitar su repetición. Tal ocurre con la Convención contra la Tortura y su Protocolo Adicional y también respecto de la normativa sobre la desaparición forzada de personas. Un caso aislado de tortura o un caso aislado de desaparición forzada de persona aun bajo el mejor régimen de estado de derecho son delitos de lesa humanidad si se los comete desde y con el aparato estatal o cuasiestatal.
Por eso, no comparto la jurisprudencia de la Corte en el caso René Jesús Derecho, de fecha 11 de julio de 2007, en el que se decidió que un solo hecho de tortura cometido por un miembro de la Policía Federal a una persona detenida en una repartición de ese cuerpo no constituye un crimen de lesa humanidad.
Respecto de los delitos atroces y aberrantes cometidos desde el aparato estatal para la conservación de su existencia y finalidades, la tradición liberal, apartándose de la idea absolutista que hacía del crimen majestatis el mayor de todos, ha colocado bajo un régimen especial a los delitos “políticos” o sea inspirados en el fin de lesionar el orden político establecido, cuyo caso revestido de mayor justificación, ya en la tradición escolástica, es el de resistencia a la ocupación extranjera o al poder usurpado.
Es común, según los autores del siglo XIX, que las resoluciones políticas no siempre se logren con simples reuniones tumultuosas sino que también impliquen violencia contra la propiedad y la vida. Autores de esa época enumeran casos como el homicidio de centinelas, el robo de armas en almacenes militares. Además, en las insurrecciones se desatan frecuentemente luchas cruentas entre facciones del mismo campo (por ejemplo, la insurrección judía de los años ’66 o ’70 de esta era que refiere el Bello Judaico de Flavio Josefo, o la insurrección de Irlanda en el siglo XX). La acción misma de combatir implícita en la insurrección popular comporta la posible comisión de homicidios y daños corporales materiales (extraigo estos datos del riquísimo estudio que efectuó hace muchos años el extinto procurador general de la Nación Enrique Carlos Petracchi, padre del actual ministro de la Corte Suprema Enrique Santiago Petracchi, en el caso “Lezcano, Agustín Juan s/homicidio, amnistía, ley 20.508”, de mayo de 1974, que se halla en el pertinente registro de la Procuración General. Allí se efectúan muchas más apreciaciones referidas a los delitos cometidos por convicción y los límites en que es posible considerarlos como políticos; igualmente se repasa toda la jurisprudencia de la Corte referida a las amnistías en relación con el delito político).
Estos delitos de inspiración política fueron característicos de períodos de fuerte ilegitimidad política de los gobiernos militares e inclusive civiles desde 1955, jalonados por distintos tipos de resistencia activa, ya fuera por la insurrección de masas o por acciones de grupos civiles armados.
No se trata, con lo dicho, de justificar cualquier modo de proceder insurreccional, sino subrayar la diferencia entre el exterminio masivo y planificado de enemigos políticos perpetrado desde el Estado y los casos de resistencia e insurrección por fines políticos. El liberalismo político, que se funda en el carácter discutible del orden que se proclama legítimo, supo otorgar a los hechos de la segunda categoría un tratamiento penal diferenciado, que se manifiesta en múltiples matices.
Si quisiésemos erigir en delitos de lesa humanidad los homicidios y daños corporales y materiales provenientes de las circunstancias insurreccionales, que sirvieron de paralelo a los gobiernos en general usurpadores, que, a su vez, no titubearon en utilizar la masacre como medio de represión, finalizaríamos trastrocando todo el sistema del Derecho de Gentes, al extender sus características (imprescriptibilidad, jurisdicción universal, atenuación del principio nullum crimen nulla poena –principio de reserva–) a un campo que solo puede interesar a aquel derecho universal cuando la represión del Estado adquiera las características que justifican la intervención externa a fin de su cesación o represión.
* Juez de la Cámara Federal de La Plata.
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Esta es la resolucion del juez federal Marcelo Bailaque en la causa larrabure, la que fue manipulada por los medios que busca instalar la teoria de los dos demonios en el sentido que avalaba la calificación como delito de lesa humanidad. Como se pueda preciar en el texto es una falacia, dado que el juez expresamente afirma que no se puede pronunciar sobre el punto.
Solamente declara una nulidad pedida por la fiscalía ( y no por larrabure), ademas expresamente RECHAZA el pedido el pedido del abogado que se declare de nulidad de la instrucción general del Procurador General de la Nación sobre el alcance de los delitos de lesa humanidad y los crìmenes de guerra. La rechaza porque es una cuestión interna del Ministerio Público.
Entonces a todos los suscriptores de Red de Noticias de Derechos Humanos les solicitamos la mayor difusion de ese fallo, reenviando a sus respectivos listados. La mas amplia difusion

domingo, 12 de octubre de 2008

UN ANIVERSARIO HISTORICO EN UN MOMENTO SOMBRIO
Universales
Las Naciones Unidas y la Unión Europea conmemoraron en Bruselas los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con una conferencia titulada “Los defensores toman la palabra”. Verbitsky presidió uno de los paneles, sobre libertad de expresión, y envió esta crónica desde una ciudad más atenta a la crisis financiera también universal que a cualquier otra cosa: mientras duró la conferencia fueron absorbidos los dos mayores bancos belgas.
Por Horacio Verbitsky
Desde Bruselas
Mientras los funcionarios leen sus discursos ceremoniosos, ellos dibujan. La primera caricatura que se proyectó en la pantalla a espaldas de los oradores fue de Ali Dilem. El dibujante argelino, quien apenas pasa los 40 años, fue condenado a prisión en su país por molestar con su humor al presidente Buteflika y enfrenta otras veintiséis demandas de políticos, militares y fundamentalistas religiosos. Aquí no le ocurrirá nada malo por el texto que decía: “Discurso de apertura. Algunos ya se duermen”, mientras el Vicepresidente de la Comisión Europea Jacques Barrot seguía su enunciación de grandes principios. Al lado de Ali Dilem, en otra banca, dibujaba su colega francés Plantu, el principal humorista de Le Monde, quien se acerca a los 60 en espléndido estado, principal animador de Dibujantes por la Paz. Así comenzó el martes en la suntuosa sala de sesiones del Parlamento Europeo la conferencia “Los defensores toman la palabra”, organizada por la Unión Europea y las Naciones Unidas para conmemorar los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y los diez transcurridos desde la declaración de la Asamblea General sobre la protección a los defensores de los derechos humanos. La corrección política es abrumadora. Entre las bancas circula supervisando que todo funcione comme il faut una mujer de 150 kilos, con una remera a rayas rojas y blancas que hace más difícil no mirarla mientras ejerce su igualdad de oportunidades.
Evita Gosa
Cuando la Secretaria de Derechos Humanos de la cancillería francesa explicaba el compromiso de su gobierno con las mejores causas, Plantu colocó en el reproductor un dibujo en el que el presidente de Francia advertía a su delegada: “Hola Rama. Sobre todo, ni una palabra sobre Khadaffy”. Nacida en Senegal, hija de un intelectual socialista que fue asistente personal del presidente y poeta de la negritud Léopold Sédar Senghor, Rama Yade presentó a su país de adopción como la capital de la libertad y propuso la despenalización universal de la homosexualidad. A Evita Gosa se le encendieron los ojos. Fue un@ de l@s 70 gays y lesbianas de Latvia que marcharon en defensa de sus derechos custodiad@s por mil policías, que no hicieron nada para impedir que les arrojaran huevos y l@s escupieran. Rama Yade es un típico producto de la factoría Sarkozy. Bella como la más bella de las modelos, musulmana pero educada en una escuela católica y casada con un judío, a sus 31 años nadie dice que el puesto le quede más holgado que sus ceñidos pantalones, con los que pasa taconeando para retirarse en cuanto termina su discurso, como suelen hacer después de la foto tantos secretarios de derechos humanos, o de cualquier otra cosa, cuando son incapaces de mostrar algún interés por el tema que se supone es el centro de su actividad y alguna sensibilidad hacia quienes han llegado desde distintos lugares del mundo para participar en un encuentro del que esperan algún avance para las causas a las que dedican su vida. Entre ellos estaba también Stéphane Hessel, erguido y entusiasta a sus 91 años, paradigma de lo que aquí se quiere homenajear. Nació en Alemania pero su enfrentamiento con el régimen nazi lo llevó a adoptar la nacionalidad francesa y a integrar la resistencia en las filas de De Gaulle, luego de escapar en un traslado desde el campo de Buchenwald hacia el de Bergen-Belsen. En la posguerra fue uno de los redactores de la Declaración Universal y su lucha por los derechos no reconoce fronteras. Este gran oficial de la Legión de Honor condena las violaciones masivas de los derechos humanos en que incurre el gobierno de Israel pero también sostiene que el gobierno francés, en el que conserva el cargo de embajador e integrante del consejo consultivo de los derechos humanos, viola el artículo 25 de la Declaración Universal al no proveer soluciones a los sin techo que duermen en carpas junto al Sena. Cuando Rama termina de hablar y empieza a marcharse, Hessel se pone de pie. El viejo camarada de Eleanor Roosevelt espera un saludo, que nunca llega. Rama pasa de largo sin mirarlo, feliz de perderse el resto de la conferencia, y sigue rauda hacia la puerta, seguida por dos monos que jadean tras sus pasos ágiles. Pero la mujer tiene su carácter y a eso alude el dibujo de Plantu: este año el líder libio visitó Francia, donde goza del mismo respeto que Putin en Europa o que Chávez en Sudamérica, y por las mismas razones. Mientras el resto del gobierno le prodigaba todo tipo de reverencias, la senegalesa recordó cuánto dejaba que desear su record en materia de derechos humanos.
Las doce estrellas
Además de dibujar, Plantu explicó los propósitos de Dibujantes para la Paz, mientras los organizadores lo apuraban porque debía comenzar otra ceremonia, a cargo del presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pottering. Plantu habla muy rápido porque no quiere dejar de expresarse. Un dibujo es mejor que mil palabras y la imagen política es más peligrosa que nitroglicerina. Hace tres meses intentaron asesinar al dibujante que representó a Mahoma con una bomba en el turbante. Mientras vuelven a decirle que debe terminar, Plantu cuenta que descubrió en una imagen de la Virgen María que las 12 estrellas de la Unión Europea son una evocación cristiana de las cruzadas, por lo que concluye que la religión siempre está presente, cosa que no lo conforta. El apuro se debía a que la sesión comenzó con una hora de retraso porque los buses que debían recoger a los participantes en su hotel nunca aparecieron. El día anterior una huelga general en protesta por los bajos salarios y la inflación había paralizado a Bélgica y quienes debían llegar desde París en el tren bala, que cubre el trayecto en una hora y media, debieron recorrerlo en ómnibus, que tarda más de tres. El Observatorio Internacional sobre Prisiones informa que la política represiva, el uso generalizado de la prisión preventiva y el bloqueo a las excarcelaciones, han producido un incremento explosivo de la población carcelaria, de modo que las condiciones de detención en Bélgica, la promiscuidad, la falta de alimentos y de camas, son inhumanas. “Todos los recursos se dedican a la seguridad, mientras que la prevención, el acompañamiento psico-médico-social de los detenidos en vistas a su reinserción se olvidan”. Este es el primer mundo realmente existente.
Hay gente afuera
Ali Dilem coloca un dibujo que no alude a nada que esté sucediendo en la conferencia, sino al mundo que la rodea, apenas unos metros más allá del edificio Paul-Henri Spaak, en cuya entrada la protagonista de un monumento de aspecto soviético alza un símbolo del euro, €, con el entusiasmo que por lo general se dedica a una medialuna, una cruz o una hoz. En el dibujo un hombre pende ahorcado de una antena de televisión.
–¿Derechos humanos? –pregunta uno.
–No, bolsa –responde el otro.
A la medianoche una docena de periodistas monta guardia frente a las oficinas del primer ministro Yves Leterme, donde se analizan las medidas que puedan salvar de la bancarrota a las dos únicas megainstituciones financieras de Bélgica: Fortis y Dexia.
El moderador del panel sobre la prensa es el periodista y ensayista belga Jean-Paul Marthoz. Respetado latinoamericanista, escribe en el diario más importante, Le Soir. Esta semana su columna se tituló “Ideología tóxica y pensamiento laxo”. La ideología tóxica es la furia desreguladora del neoliberalismo, la reducción de impuestos, la celebración de los privilegios. El pensamiento laxo es el de los intelectuales y políticos que deberían haberse opuesto a la victoria del individualismo sobre la noción del interés público, el de la izquierda que se dejó seducir por esas teorías económicas, el de la tercera vía de Clinton, Jospin o Prodi. Cómplices o impotentes, los demócratas estadounidenses y los socialistas europeos no opusieron suficientes controles y contrapesos al neoliberalismo. ¿Puede ser casualidad que dos de los principales dirigentes del sistema económico global, Pascal Lamy en la Organización Mundial de Comercio, y Dominique Strauss-Kahn en el FMI, provengan del socialismo? Pero también la democracia cristiana abandonó la idea del bien común como piso de la acción política, barrida por tres décadas de egoísmo generalizado. El Partido Popular Europeo creció a expensas de sus valores fundacionales. Al integrar a berlusconianos y thatcheristas se convirtió en una coalición de las derechas, alejada del interés general. La crisis no es sólo económica. La democracia europea se acerca a una fría medianoche. “Desorientada, insegura, la población busca chivos emisarios. Para algunos la alternativa es el neopopulismo a lo Haider o a lo Sarah Palin. Mañana, si todo fracasa, podría ser aún peor. Para preservar el liberalismo político es necesario civilizar al liberalismo económico”, dice. Marthoz no lo explicita, pero su columna es también un garrotazo al presidente del partido socialista valón, Elio Di Rupo, quien al mismo tiempo es miembro del Consejo de Dirección de Dexia, pero no sólo a Di Rupo, sino a todo el gobierno, una coalición de aquellas tendencias que no supieron prevenir la crisis: democristianos, socialistas y liberales. Sólo los verdes pueden lanzar alguna piedra, desde su minoría significativa del 18 por ciento.
En Dexia tienen sus intereses los sindicatos, que están lamentando fuertes pérdidas. El banco surgió de la fusión de las cajas de ahorros del socialismo, del Movimiento Obrero Católico y del Estado, en sociedad con un banco francés. Cuando terminó aquella reunión de medianoche, la conducción de Dexia había cambiado, aunque tardará en saberse cuál será su status futuro, porque al momento de publicarse este relato ya hubo otros cambios. Su nuevo presidente es un ex primer ministro belga y su vice el ex jefe de gabinete de Sarkozy y ministro de presupuesto de Francia. Ambos son los hombres de BN Paribas, que parece ser el nuevo patrón. La operación es compleja, porque al mismo tiempo los aportes estatales de Bélgica, Holanda y Luxemburgo convierten a esos estados en grandes accionistas de Paribas. Algunas operaciones de Fortis pasan a manos de bancos holandeses, otras también entran en la órbita de Paribas, siempre con inversión de fondos públicos. Una tercera entidad financiera, Triodos, que usa como slogan “El banco durable”, presenta una declaración de principios que parece un manifiesto político: sólo financia la economía real, en proyectos concretos. No cotiza en bolsa ni es objeto de especulación. Por eso, dice, la crisis de crédito no lo afecta. El príncipe Philippe vuelve feliz de la Argentina por la venta de un ciclotrón a los laboratorios Bacon, de Buenos Aires, con los que se firmó una asociación de investigación y desarrollo. Un miembro de la comitiva revela su entusiasmo: “Buenos Aires es un mercado de ocho millones de habitantes. Es un lugar estratégico”, aunque precisa que “la Argentina representa frente a Brasil lo mismo que Canadá en relación con Estados Unidos”.
El tamaño importa
Luisa Morgantini es vicepresidente del Parlamento Europeo. Antes de que comience la seguidilla de denuncias sobre tropelías de todo tipo en Africa, Asia y América Latina, la italiana electa por Refundación Comunista e integrante del bloque de izquierda con los verdes, tiene la delicadeza de recordar que también en Europa y Estados Unidos hay problemas de derechos humanos. Menciona la entrega de prisioneros, el uso de aeropuertos europeos y de su espacio aéreo para trasladarlos desde y hacia Guantánamo y las sevicias en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Souyer Belhassen, presidenta de la Federación Internacional por los Derechos Humanos se pronuncia también contra la ley europea del retorno, que en nombre de la seguridad nacional y del realismo, propone una reconstrucción de los derechos humanos. Eric Sottas, secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura compara la respuesta de las dictaduras de Brasil, Chile y la Argentina con las que hoy se escuchan en otros lugares del mundo, que no menciona seguramente porque todos saben a quiénes se refiere:
–Hoy no se niegan los hechos. Se acusa a otros o se reconoce en forma oficial la práctica de la tortura.
Hélène Flautre, presidente del subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo, forma parte del bloque verde. Le preocupa el doble standard en derechos humanos, o su aplicación selectiva según el tamaño del país. Incluso pronuncia la palabra: China. El ex fiscal de Manhattan Ken Roth es el director ejecutivo de Human Rights Watch, la organización líder en el mundo. Exhorta a no confundir democracia con derechos humanos, porque muchos dictadores se hacen llamar demócratas, aunque no respeten derechos esenciales, que van mucho más allá del voto. Roth es escéptico sobre el nuevo comité de derechos humanos de las Naciones Unidas, donde violadores seriales como Kazakhstan tienen su banca gracias al petróleo y el gas. Allí la agenda la fijan Argelia, Egipto, Pakistán, Sudáfrica, dice. Es duro también con Estados Unidos, por la situación intolerable de Guantánamo.
El góber precioso
A sus 45 años, la mexicana Lydia Cacho Ribeiro es una demostración viviente del nexo entre el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Por su militancia en organizaciones de mujeres, recibió un pedido de auxilio de una jovencita que intentaba escapar de una red de pedofilia en la que había caído en su pubertad. La niña había acordado con el ministerio público hacer una filmación oculta a su explotador, un rico empresario que confesó en ese video su compulsión por violar niñitas y el placer que sentía al verlas sangrar. Por horrendo que fuera, lo que menos importaba era el caso individual. Se trataba de una red de prostitución y pornografía infantil, con tráfico de niños entre México, Estados Unidos y el Caribe, que sólo podía funcionar con la aquiescencia del sistema político. La investigación probó que el pederasta, Jean Succar Kuri, contaba con la protección de otro empresario aún más poderoso, Nacif Kamel, ambos libaneses, y consiguió así que fuera extraditado desde Estados Unidos, a donde había huido. A su vez Kamel tenía relaciones estrechas con el gobernador de Puebla, Mario Marín y con el presidente del bloque de diputados del PRI, Emilio Gamboa. Lydia desafió a todos ellos y armando en un rompecabezas investigaciones de otros colegas y del ministerio público puso en evidencia los nexos entre esa mafia y el poder político. Mediante la corrupción de funcionarios judiciales, Nacif Kamel consiguió que la periodista fuera secuestrada bajo la apariencia de una detención legal y sometida a torturas. Sólo la rápida movilización de otros periodistas y organizaciones de derechos humanos le evitó una violación en la cárcel, preparada por sus denunciados. El juicio por difamación que Kamel tuvo el atrevimiento de iniciar, le dio al caso una trascendencia pública que sólo podía beneficiar a la periodista. En una cinta grabada, Kamel se dirige a Marín llamándolo “góber precioso” y le anuncia el envío de dos botellas de cognac en agradecimiento por el “pinche coscorrón” que Marín confiesa haberle hecho dar “a esta vieja cabrona”. Lo de vieja es sólo lunfardo mexicano por mina: Lydia Cacho sólo tiene 45 años, y sus ojos, cejas y pestañas renegridos sugieren cualquier otra cosa que la senectud. Un juez de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que todas sus afirmaciones eran ciertas, pero que se quedaban cortas y recomendó el juicio político del gobernador y sanciones a jueces, fiscales y procuradores que habían participado en el complot. Sin embargo las presiones políticas y económicas fueron tan fuertes que 6 de los 10 miembros de la Corte Suprema votaron en contra del juicio político. Una de cada ocho personas son víctimas de un delito en México y cuatro de cada diez son mujeres y niños. El tráfico de estupefacientes prohibidos es el segundo generador de empleo y capital después del turismo. Pero la trata y explotación de niñas, que puede convertir a México en la próxima Tailandia, será un negocio aún más lucrativo, en un país en el que los más ricos son más ricos que los más ricos de Europa y los más pobres tanto como los más pobres del Africa.
Los disidentes ignorados
Mohamed Ali al-Atassi es periodista de An-Nahar, en El Líbano, el único medio que denuncia la situación de los derechos humanos en Siria. Su director fue asesinado luego de realizar una exposición en Estrasburgo. Siria es el reino del silencio; vive bajo estado de emergencia, no hay periódicos libres y los disidentes son encarcelados. A principios de siglo, la muerte de El Assad provocó una breve primavera, que fue acallada en forma brutal mediante arrestos, condenas y prohibiciones para dejar el país y seguir denunciando desde El Líbano o Europa. En el Líbano hay medios libres pero se vive en guerra civil y es posible matar a un periodista para que se calle. Nadie quiere morir asesinado pero tampoco asfixiado por la autocensura. La impunidad de los asesinos hace que todos se sientan amenazados. Sin periódicos y periodistas libres no hay opinión pública. Los derechos humanos son universales y no pueden suprimirse por respeto a una presunta especificidad. La presencia de los islamistas radicales es utilizada como pretexto para no respetar los derechos humanos, con el argumento de que si se tira mucho de la cuerda vendrán los barbudos. Por eso es fundamental integrarlos en el proceso democrático. Mientras los disidentes de Europa del Este son comprendidos y acogidos, los del mundo árabe son ignorados y desconocidos. Las sanciones económicas son peligrosas porque, como ocurrió en Irak, las paga el pueblo. Más útil es la firmeza en temas de derechos humanos, condicionando a su respeto las asociaciones económicas, de modo que el pueblo pueda decidir sobre la democracia, con participación, por su propia fuerza y no mediante la invasión extranjera que agrava los problemas en vez de solucionarlos.
Los 222
Andrei Lipski es el director de Novaya Gazeta, acaso el más libre de los medios de comunicación de todas las Rusias, allí donde trabajaba Anna Politkovskaia, de cuyo asesinato acaban de cumplirse dos años. Con ella llegaron a 222 los periodistas abatidos desde que la ex Unión Soviética vive en un régimen que se proclama democrático. La libertad de expresión es nuestra arma, porque el régimen autoritario teme la transparencia, dice Lipski. Los imputados en el juicio por el crimen de Politkovskaia no son los autores materiales y el que fue identificado como el asesino no está bajo proceso. El Centro de Periodismo Extremo (por lo menos así lo tradujo el intérprete al español, uno de los 22 que se encargan de facilitar la comprensión en esta lujosa Babel) registra 60 juicios por año contra periodistas, muchos por difamación pero también por otros artículos del Código Penal escogidos en forma caprichosa. Cinco están detenidos por haber escrito lo que se consideraron insultos contra miembros del gobierno. No hay censura, sino formas sofisticadas de control. La televisión pública se lleva casi todos los avisos. Muchos medios han derivado hacia el amarillismo y sólo dicen lo que el gobierno quiere. La población tiene una actitud pasiva, se desinteresa por la política y ya bastante tiene con sobrevivir, como si la libertad económica fuera suficiente. “Cuando llegue la bonanza del petróleo y el gas, se verá cuán coartadas están nuestras libertades. Muchos jóvenes talentosos no arrugan y trabajan por un salario más bajo que el del mercado amarillo. Y mientras los jóvenes dejan de ver la televisión pública y prefieren las películas para adultos, aunque la tirada de Novaya Gazeta es baja, va en aumento y eso crea alguna esperanza”, concluye Lipski, como quien silba en la noche para darse ánimo.

EL COMISARIO (R) LUIS ALBERTO RE, DENUNCIADO EN LA CONADEP, ES EMPLEADO DE LA LEGISLATURA PERO NO VA A TRABAJAR
El represor ñoqui

Participó de la recuperación del cuartel de La Tablada y después de ese hecho, Julio Crespo Campos, de la UCeDé, lo llevó al Concejo Deliberante. Figura como empleado de la Unidad de Asesoramiento Legislativo, pero allí no se lo ve. ATE pide su expulsión al gremio.

Por Gustavo Veiga
Al comisario retirado Luis Alberto Re le cantaron piedra libre en la Unidad de Asesoramiento Legislativo (UAL), a donde no asiste desde hace un tiempo que hoy resulta incalculable. “Está en comisión”, le dijo a PáginaI12 un empleado de esa dependencia de la Legislatura porteña, aunque el represor, que cobró notoriedad cuando perdió las dos piernas en el ataque al cuartel de La Tablada, es un ñoqui que percibe todos los meses su sueldo. El caso de Re es paradigmático. Tiene número de legajo (15.120), según un listado del personal de planta y también, con el apodo de Pelusa, figura denunciado en la Conadep, en otro legajo (1276/90296). Esa doble condición no escapa a los delegados de ATE que lo perdieron de vista “hace tres o cuatro años” y que exigieron en dos oportunidades su expulsión del gremio al que está afiliado.
Según se señala en la Conadep, Re “... a partir de abril de 1977 estuvo destinado en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención denominado Pozo de Banfield”. Este oficial de la Policía Bonaerense que tuvo su pico de exposición en el verano de 1989, durante la recuperación del Regimiento 3 de La Tablada tomado por un comando del Movimiento Todos por la Patria (MTP), lo acercó al entonces Concejo Deliberante el ex concejal por la UCeDe Julio Crespo Campos. Una nómina de los trabajadores estables correspondiente a marzo de este año indica que ingresó el 1º de enero de 1990 a la Dirección General de Impresiones, donde revistaba en la categoría 3. El dato de la dependencia no está actualizado y su jerarquía podría ser más alta, sospecha la junta de delegados.
“Es repudiable que tenga un cargo. Las máximas autoridades de la Legislatura deberían investigar su caso y proceder a esclarecerlo. No se trata solamente de su condición de ñoqui, si no que fue un represor de la dictadura”, dijo Juan Cabandié, diputado de la ciudad por el Frente para la Victoria que nació en la ESMA, y cuyos padres, Damián y Alicia, desaparecieron el 23 de noviembre de 1977.
Re se moviliza en una silla de ruedas desde que le tuvieron que amputar las piernas y cuando ingresó a la Legislatura trabajaba en el subsuelo, donde se encuentra el área de Impresiones. “Se lo veía poco, porque ese sector no está muy visible, parece una cucha”, describió un empleado del ex Concejo Deliberante ubicado en Perú 150, que solía cruzárselo. Ahí recibía materiales para imprimir, en una especie de antesala. Ahora, en cambio, el comisario está registrado en la UAL, ubicada enfrente, sobre un edificio anexo que tiene en la planta baja un local de Pago Fácil. El responsable de esa dependencia legislativa se llama Rubén Ge, un radical de apellido tan monosilábico como el del represor.
“Comenzamos a seguir este caso con la gente de ATE en el último verano”, explica Cabandié, quien maneja la información de que Re tendría ingresos en la UAL que superan los cinco mil pesos. Esta cifra se aproxima a la que estima la Junta de delegados del sindicato. Aquella dependencia se ocupa de atender consultas generales de los diputados sobre normas o proyectos y en el parte diario de asistencia de Re figura “en comisión”, como informó el viernes pasado un empleado.
El legislador Gonzalo Ruanova, de Diálogo por Buenos Aires, presentó en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura un proyecto para que los represores no puedan votar ni ser candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora y pese a iniciativas como ésa, a Re todavía no lo alcanzó ninguna incompatibilidad por su intervención durante la última dictadura.
El comisario, al igual que su hermano mayor Juan Carlos, pasó desde marzo y abril del ’77 por la Secretaría y la Dirección General de Seguridad del Area Metropolitana, respectivamente, localizadas en la intersección de Siciliano y Vernet, partido de Lomas de Zamora, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield.
La denuncia de un detenido- desaparecido en la Conadep lo señala por el mote de “Pelusa, edad aproximada 38 años, rasgos semimongólicos, fanfarrón (exhibe abiertamente armas de fuego, en una oportunidad mostró dos cadáveres que llevaba en el baúl del auto a los empleados de un taller mecánico –desconoce el nombre–)...”. De su hermano Juan Carlos se menciona en el legajo que responde al sobrenombre de “Pupi, edad aproximada 46 años, es reservado, de mayor capacidad mental que el hermano. Además es de mayor jerarquía que su hermano Pelusa. Vive en una quinta en Isidro Casanova que se dice fue propiedad de un grupo de guerrilleros”. Por último, al mayor de los Re se lo describe como “jefe del turno noche de un centro de detención clandestino ubicado en Banfield”.
A Luis Alberto Re, según los mismos archivos, también lo vieron en El Banco, otro centro de detención ubicado en Autopista Ri-cchieri y el Camino de Cintura, que en la práctica funcionaba como un apéndice del Regimiento de Infantería Motorizada Nº 3 de La Tablada, donde doce años después acudiría para sofocar su copamiento. El comisario que perdió sus piernas ahí fue elevado a la categoría de héroe entre sus pares por defender el cuartel en enero de 1989.
Por los servicios prestados consiguió empleo en el ex Concejo Deliberante durante la intendencia de Carlos Grosso, a donde lo llevó el político liberal Crespo Campos, cuyo último desempeño en la ciudad como coordinador de Emergencias durante la gestión de Aníbal Ibarra le costó el cargo por su cuestionado papel durante la tragedia de Cromañón. El mismo confesó que no había existido coordinación entre las fuerzas de seguridad mientras se asistía a las víctimas y un grupo de diputados pidió su cabeza. De su paso anterior por la Legislatura quedan dos perlas negras: en agosto de 2001 destruyó la base de mármol de un tintero que perteneció a Eva Perón, y se la lanzó al vicepresidente del cuerpo, el macrista Jorge Enríquez durante una discusión. Pero sobre todo, también queda el comisario Re en la Unidad de Asesoramiento Legislativo.

La estafa
Por Gustavo Veiga
Después de la toma del regimiento de La Tablada el 23 de enero de 1989, el comisario Re, convaleciente de graves heridas, comenzó a aparecer en una silla de ruedas en cuanto programa de televisión lo invitaran. Su primavera mediática duró hasta el juicio a los guerrilleros capturados en aquel episodio y desde ese momento no se supo mucho más de él. En noviembre de 2001, las páginas del diario platense Hoy volvieron a entregar noticias de su paradero. La Justicia lo acusaba de estafar a la Dirección de Servicios Sociales de la Policía Bonaerense en el cobro de un cheque por 41.449 pesos emitido para cubrir el costo de una prótesis para sus piernas, marca Inteligente Plus Endolite. A Re lo investigaron los fiscales Carlos Ariel Argüero y Esteban Lombardo hasta que acreditaron que había percibido aquel dinero que estaba destinado a la prestadora Laboratorios Ortopédicos del Sur. El comisario, cuando se presentó por primera vez para solicitar un pago por reintegro, argumentó que le habían robado otra prótesis que usaba, una silla de ruedas y su automóvil Renault 12. Pero cuando ya estaba avanzada la causa, la nueva prótesis todavía continuaba en la obra social.
ATE quiere expulsarlo
Por Gustavo Veiga
Pablo Gennaro es el secretario general de la Junta de delegados de ATE en la Legislatura porteña. Su sindicato, el segundo en cantidad de afiliados (detrás de Sutecba), representa ahí a unos 300 afiliados, entre quienes está el comisario Luis Alberto Re.
–¿Qué hizo el cuerpo de delegados cuando supo que un represor se había afiliado al sindicato?
–Lo primero que hicimos como junta interna, desde que estamos en la conducción, fue pedirles al gremio, a los consejos directivos de capital y nacional, que lo expulsaran como afiliado de ATE. Lo hicimos en dos oportunidades y, previamente, solicitamos su suspensión preventiva hasta que se reúna el congreso nacional, que debería votar la expulsión.
–¿Las denuncias que presentaron de cuándo son?
–La reiteración es de este año y la primera de hace tres, por lo menos.
–¿En qué basaron el pedido de expulsión de Re?
–Primero en el estatuto de ATE y también el de CTA, porque cada compañero que se afilia a ATE está afiliado a la CTA. Re fue denunciado por represor en la época del Proceso y el estatuto es bien claro: ni corruptos ni procesistas. En base a eso, pedimos su expulsión.
–¿En qué instancia se encuentra ese trámite?
–No tenemos todavía la devolución del Consejo Directivo, pero para nosotros, la junta de ATE Legislatura está como si lo consideráramos expulsado. Al momento de que presentamos la nota y tenemos el recibido de ATE Capital, para nosotros ya no forma parte del padrón de afiliados de ATE.
–¿Saben quién lo acercó al gremio?
–El aparece afiliado desde 2000, aproximadamente. No tenemos constancia de quién lo afilió, aunque pudo haber ido él a la sede del sindicato o presentado la ficha acá, que es un trámite administrativo y quien la recibe la lleva al sindicato. Nosotros, como delegación gremial, no podemos impedirle a ningún trabajador que se afilie, aunque sí después considerar, como lo hicimos con Re, la expulsión en base al prontuario o el currículum del comisario. Es inaceptable que este tipo esté afiliado a nuestra junta interna.
–¿Ustedes tampoco aceptan que siga perteneciendo a la Legislatura?
–Sería el segundo paso. Nosotros le pedimos al consejo directivo de ATE la expulsión de Re y, a partir de eso, tendríamos la herramienta para solicitar su salida de la Legislatura. Estamos dispuestos a hacer una acción gremial para que no integre más el personal de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

› EN OTRO 12 DE OCTUBRE, ORGANIZACIONES INDIGENAS DENUNCIAN EL AVANCE DE LOS DESALOJOS
La deuda que sigue pendiente
El Congreso sancionó en 2006 una norma que prohíbe los desalojos indígenas y fija tres años para un censo catastral. Pero la expulsión de pueblos originarios siguió adelante y, a sólo un año de expirar el plazo, aún no se inició el relevamiento de tierras.

Por Darío Aranda
En un rápido debate, el 1º de noviembre de 2006 la Cámara de Diputados sancionó la Ley 26.160, que prohibió los desalojos de comunidades indígenas durante cuatro años y ordenó relevar, en tres años, las tierras que ocupan los pobladores ancestrales de todo el país. El Gobierno la presentó como una “reparación” para los pueblos originarios. Las organizaciones indígenas la evaluaron como una herramienta más para sus reivindicaciones, producto de sus luchas y resistencias, y no de la dádiva política. A dos años de vigencia de la ley, los desalojos no se detienen, en ninguna provincia comenzó el mapeo catastral y no existen explicaciones del destino de los fondos. Los pueblos originarios señalan una causa principal: total falta de voluntad política, tanto del gobierno nacional como de las provincias. Según consta en la legislación, sólo resta un año para finalizar el censo territorial que aún no comenzó.
Desalojos diarios
Durante la noche, con metrallas, blindados y violencia. El 28 de julio último, en El Talar, departamento de Ledesma, Jujuy, en territorio ancestral de la comunidad guaraní Jase Endi Guasu, hombres, mujeres y niños fueron reprimidos, sus casas destruidas con topadoras y luego incendiadas. El gobierno jujeño, por medio del Instituto de Colonización, había cedido esas 2000 hectáreas –con la comunidad dentro– para desmonte y posterior siembra de soja. La Justicia, de la mano del juez Argentino Juárez, ordenó el desalojo. La policía ejecutó la represión. La Ley de Emergencia de Propiedad Comunitaria (26.160) fue violada, aunque su artículo número dos es claro: “Suspéndase la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo”.
“La situación en El Talar fue grotesca. Se pisoteó la 26.160, pero es el botón de muestra de lo que sigue sucediendo en la gran mayoría de las provincias”, afirmó el abogado Enrique Oyharzábal, histórico defensor de las luchas indígenas del Noroeste del país.
El avance sobre territorio indígena se repite en innumerables casos en Salta, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Los estados provincial y el nacional, junto con una variedad de sectores empresariales (multinacionales mineras y petroleras, hasta pasteras e ingenios azucareros, y los infaltables productores sojeros) impulsan desalojos de comunidades originarias.
“Hay un claro avance del sector privado por los recursos naturales. Es un modelo extractivo que cada día va por más, que avanza con complicidad política y judicial. Lo que nunca avanzan son nuestros derechos, sean gobiernos peronistas o radicales no hay respuestas, no aparecemos en sus agendas”, resumió Mauro Millán, de la Organización Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre de Chubut.
Relevamientos frenado
“Durante los tres primeros años, contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”, legisla el artículo tres de la 26.160. A sólo un año de finalizar el plazo para el censo de tierras, aún no comenzó en ninguna provincia.
La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) nuclea a familias campesinas e indígenas de Mendoza, zona por excelencia del pueblo huarpe en el norte provincial y mapuche en el sur. “No se detuvieron los desalojos, menos se comenzó con el relevamiento y reconocimiento de territorio. Es un deber del Gobierno y es claro que no lo está cumpliendo”, explicaron desde la UST, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
Para la realización del censo debía conformarse equipos técnicos en cada provincia. Pero ése fue otro botín de disputas políticas del gobierno nacional y los provinciales, donde se avanzaba o retrocedía según el signo político y el nivel de independencia del equipo. Ejemplos sobran: en Río Negro no se dio participación al Consejo Asesor Indígena, la organización mapuche más grande la provincia.
Similar realidad ocurre en el resto del Norte argentino. “No hay ni un relevamiento. Está todo congelado. Da impotencia ver cómo pasa el tiempo y no hay voluntad política para avanzar”, afirmó Julio García, abogado especializado en derecho indígena, que desde hace una década acompaña a comunidades de Formosa, Chaco y Misiones. El Equipo Misionero de la Pastoral Aborigen (Emipa) coincide: “En Misiones no pasa nada. El gobierno provincial demora todos los intentos de avance y el INAI permite que las empresas, los particulares y el Estado provincial, por acción y por omisión, violenten el territorio ancestral”.
En la Patagonia son otras las organizaciones pero los mismos reclamos. “No conozco ni una comunidad que haya sido relevada”, sintetizó Gustavo Macayo, abogado referente en las luchas indígenas del noroeste de Chubut. En la misma región, Mauro Millán –de la Organización 11 de Octubre– es más escéptico: “No sucedió ni sucederá nada. Es un reflejo de la política indígena del gobierno nacional y provincial, no cumplen ni una de las leyes que refieren nuestros derechos”.
Fondos perdidos
El artículo cuarto de la ley asigna 30 millones de pesos para los tres primeros años. “Dudo de que el dinero exista”, arriesga Sonia Ivanoff, coordinadora del Equipo Técnico Operativo de Chubut, órgano oficial de implementación metodológico de la 26.160, y asegura que no ha bajado dinero a ninguna comunidad de esa provincia. El abogado chaqueño Julio García, que asesoró al Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) para la implementación de la ley, cree que el dinero existe, pero considera exigua la suma para la tarea a desarrollar y sospecha que tuvo un destino equivocado: “No ha llegado a ninguna comunidad. Toda la caja está en el INAI, ellos manejan a antojo, compran y cooptan, y no rinden cuentas a nadie”.
“La falta de aplicación de esta ley en beneficio de las comunidades, la inexplicable demora en la aplicación del programa de relevamiento y el ocultamiento de la información sobre fondos públicos que deberían destinarse a las comunidades dibujan el más lamentable de los escenarios: el presupuesto de 30 millones es, al menos en Río Negro, un botín de fondos públicos destinado a alimentar un grupo de burócratas que ejercen como mapuche profesionales”, advierte el comunicado del Consejo Asesor Indígena.

UNA HERRAMIENTA QUE TAMBIEN TIENE CUESTIONAMIENTOS
Los aciertos y las dudas sobre la ley

Por D. A.
La Línea Sur de Río Negro es el camino que une los extremos de la provincia, Viedma y Bariloche, el mar y la montaña. Es una llanura extensa, de clima hostil, desértico y con innumerables comunidades mapuches asentadas desde antes de que esa tierra sea llamada Argentina. El Lof Mapuche Pedraza-Melivillo, descendiente de los primeros habitantes, enfrentó una orden de desalojo del gobierno provincial, en diciembre de 2006. Junto al Consejo Asesor Indígena (CAI) resistieron la medida y lograron interponer la Ley 26.160 para permanecer en el lugar. A un mes de ser sancionada, la legislación cumplía su cometido. El CAI la reconoce como una herramienta, pero también advierte sobre una serie de baches que tienen un doble filo para los pueblos indígenas.
“La ley sirvió, pero no por virtud de los políticos ni de los jueces, sino porque estamos organizados, nos movilizamos y luchamos políticamente para evitar los desalojo”, explicó Chacho Liempe, del CAI, y considera la norma como “una cortina de humo para dejar pasar tiempo, frenar la lucha de los pueblos indígenas, dividir y cooptar comunidades”.
La 26.160 es breve: veintiséis líneas que conforman siete artículos. Al legislar sólo en casos de comunidades que “tradicionalmente ocupan”, deja fuera a las familias que desean volver a sus tierras ancestrales; contempla sólo a quienes cuentan con personería jurídica (no hay cifras oficiales, pero las organizaciones estiman que son amplia mayoría las que no tienen reconocimiento legal. Caso testigo el de Misiones: con más de cien comunidades, sólo 26 tienen figura legal). Ambos situaciones van a contramano de legislación internacional.
Otro fuerte cuestionamiento es la incertidumbre sobre qué sucederá luego de realizar el relevamiento. Ni la ley ni el Gobierno contemplan un programa de regularización territorial ni mucho menos expropiaciones a favor de las comunidades. “La 26.160 propone un mapeo de tierras, pero no va más allá. Se queda a mitad de camino. No propone nada. Pareciera dejar todo librado a que cada comunidad haga juicio, pero ése sería un camino largo, costoso y que no asegura buenos resultados para los pueblos indígenas”, explicó el abogado Enrique Oyharzábal.
Una solución de fondo, reclamada por las organizaciones más críticas, es analizar el proceso histórico de usurpación de tierras a los pueblos indígenas, tomar como prueba la infinidad de material revisionista existente y poner en tela de juicio los títulos de propiedad sospechados. Los principales opositores de una acción de fondo son los estados provinciales (aún poseedores de tierras fiscales), grandes estancieros y empresas internacionales.

sábado, 11 de octubre de 2008




DESPUES DE DIEZ AñOS EN SU CASA LE REVOCARON EL ARRESTO DOMICILIARIO A VIDELA
Marche preso a Campo de Mayo
Fue llevado al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, que está custodiado por el Servicio Penitenciario Federal. “La gravedad de los hechos resulta un escollo insalvable para el otorgamiento de la libertad ambulatoria”, señaló el juez.
Por Diego Martínez
Hace casi un tercio de siglo lideró el golpe que dio comienzo al terrorismo de Estado. Hace 22 años fue sentenciado a prisión perpetua por la Cámara Federal porteña, condena que comenzó a cumplir servido por subordinados en una unidad militar. Hace 17 años recuperó su impunidad gracias al indulto de Carlos Saúl Menem. Hace una década el juez federal Roberto Marquevich ordenó encerrarlo en la cárcel de Caseros por robo de bebés nacidos en cautiverio, pero 37 días después la Cámara Federal de San Martín le concedió el arresto domiciliario. Estuvo en su casa durante diez años. Ayer, a los 83 años, el dictador Jorge Rafael Videla volvió a pisar una cárcel: la unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, ex Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, ubicada en el predio militar de Campo de Mayo pero con custodia de agentes penitenciarios.
Videla llegó a los tribunales de Comodoro Py acompañado por un uniformado del Servicio Penitenciario pero, a diferencia de los ladrones de gallinas, sin esposas. Vestía un traje gris jaspeado y llevaba una carpeta abajo del brazo. El juez federal Norberto Oyarbide lo hizo pasar a su despacho y le comunicó que había revocado su arresto domiciliario, que desde 1998 cumple en su departamento de avenida Cabildo 639. Videla salió de Tribunales hacia Campo de Mayo con “cierto enojo sereno”, describió un abogado que se lo topó en el tercer piso.
El 11 de agosto pasado, una delegación de familiares y víctimas del terrorismo de Estado encabezada por María Isabel “Chicha” Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, se presentó ante Oyarbide para recordarle que Videla era el único represor condenado con arresto domiciliario y pedirle que lo enviara a la cárcel. El abogado Alejo Ramos Padilla, que ya había logrado el traslado al penal de Marcos Paz de Miguel Etchecolatz y su patota, recordó en su escrito que la prisión hogareña “no es un derecho automático”, según estableció la propia Corte Suprema de Justicia, y que no pueden existir “diferencias ni privilegios” a favor de Videla. Luego de esa presentación, formulada en la causa por el plan sistemático de apropiación de menores, hizo lo propio la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa por el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim.
No sólo los abogados de Videla se opusieron, invocando que llevaba más de diez años detenido sin eludir la acción de la Justicia. El fiscal federal Federico Delgado argumentó que los efectos del indulto de 1990 seguían vigentes porque, si bien la Cámara Federal había confirmado su inconstitucionalidad, la defensa del dictador había presentado un recurso extraordinario que aún esperaba respuesta. Pero el trámite siguió su curso, los peritos médicos determinaron que Videla podía ser trasladado a un lugar de detención siempre que tuviera una atención médica acorde con su edad, y Oyarbide tomó ayer la decisión histórica.
“Al perder virtualidad jurídica el decreto de indulto” menemista “Videla volvió a ostentar carácter de condenado” por la sentencia del Juicio a las Juntas, sostuvo Oyarbide. Recordó que se le atribuye responsabilidad en 27 casos de sustracción, retención y ocultación de menores nacidos en cautiverio o robados a sus padres, en concurso con el delito de sustitución de identidad, por lo que su condena inevitable –si la muerte no lo salva– sería de cumplimiento efectivo. La elevación de la causa a juicio oral y público es inminente. Videla compartirá el banquillo de los acusados con los generales Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides y el marino Jorge “Tigre” Acosta, entre otros.
“La gravedad de los hechos que se endilgan a Videla resulta un escollo insalvable para el otorgamiento de la libertad ambulatoria –agregó el juez–. El carácter permanente de los delitos que se le imputan implica necesariamente la sucesiva renovación del dolo”, es decir su voluntad de continuar ocultando el destino de las criaturas robadas.
Oyarbide evaluó que “cualquier intervención negativa en la investigación afectaría seriamente el desarrollo de la pesquisa al punto de tornar estéril la labor del Tribunal, enderezada a la búsqueda de la reconstrucción de los hechos criminosos”, y consideró que la unidad penal de Campo de Mayo, que aloja a varios gerontes, “cuenta con el equipamiento, la infraestructura y el personal necesario” para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el dictador.
Todo indica que el primer juicio oral y público que deberá afrontar Videla será en la causa Plan Cóndor, radicada en el Tribunal Oral Federal 1, aún sin fecha de inicio. Antes, los magistrados deben aceptar o rechazar un pedido de unificación con la causa Automotores Orletti, la cueva que albergó secuestrados a disposición de varios dictadores sudamericanos. En abril, el juez federal Daniel Rafecas lo indagó además por 570 secuestros, 270 tormentos y 29 homicidios en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que no formaron parte del Juicio a las Juntas y por los que también deberá rendir cuentas.
“Haber recibido llamados de Abuelas, Madres y familiares para agradecerme es la mayor satisfacción profesional que puede recibir un abogado que pretende buscar justicia. En realidad soy yo quien les tiene que agradecer a ellos”, comentó emocionado Ramos Padilla. “Era vergonzoso que Videla estuviera en su casa, con innumerables privilegios, cuando hay gente de baja jerarquía cumpliendo prisión preventiva en cárceles comunes, que a diferencia de Videla no fueron condenados”, agregó.
“Es una buena noticia, signo de que al fin algunos jueces y fiscales están despertando. Videla es el genocida mayor, con mayúsculas. Siento que se hace un poco de justicia, nada más que un poco porque ¿dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está mi nieta, que ya tiene 32 años?”, se preguntó ayer Chicha Mariani, que dos meses atrás exigió la cárcel para Videla junto con Elsa Pavón, Mirta Baravalle, Clara Petrakos, Paula Logares, Genoveva Dawson de Teruggi y Rosaria Valenzi.
“Este Gobierno es el que más ha hecho por los derechos humanos, lo aplaudo y agradezco, pero falta lo principal: los desaparecidos. Porque así como uno no tiene a sus nietos tampoco tiene la tumba de los hijos para llevarles un flor”, explicó la fundadora de Abuelas, que hace tres décadas busca a su nieta Clara Anahí Mariani.
–¿Qué cree que debería hacer la Presidenta? –le preguntó PáginaI12.
–Creo que la doctora Kirchner, a quien respeto, debe pedirles a los militares que digan dónde están los chicos. Como jefa de las Fuerzas Armadas tiene el derecho y el deber de hacerlo. Los militares, empezando por Videla, tiene que decir quién los tiene. Ellos lo saben. Sé que la Presidenta trabaja mucho, pero espero que tenga tiempo para hacerlo antes de que yo decida partir.



PESE AL RECLAMO DE DEFENSA
22 siguen en los cuarteles

Por Diego Martínez
Hace más de un mes, el Ministerio de Defensa pidió a los jueces federales que los militares procesados por crímenes de lesa humanidad sean retirados de los cuarteles, donde cumplen prisión preventiva custodiados por subordinados obligados a respetar su jerarquía. De los 22 uniformados en esa situación, ninguno fue aún trasladado a una cárcel común y sólo un juez –subrogante– acusó recibo.
El pedido de Garré abarcaba dos aspectos: no alojar a los represores en cuarteles de las Fuerzas Armadas y no acatar pedidos de traslados y custodias de criminales de lesa humanidad que cumplen arresto domiciliario.
Más de la mitad de los 22 uniformados presos en cuarteles se alojan en el Cuerpo III de Córdoba por orden de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano. Ante reiterados pedidos de querellantes y fiscales, tanto la jueza como la Cámara Federal de Córdoba respondieron que para revocarles el arresto VIP antes deben probar que existe riesgo de fuga o que ponen en peligro la investigación. Esos son los requisitos que la ley exige para revocar una prisión domiciliaria, prevista para mayores de 70 años o personas con enfermedades terminales. Lo que no explican los magistrados es por qué militares que no reúnen las condiciones para gozar del arresto en sus hogares deben permanecer en cuarteles. Si ese criterio se combinara con el principio de igualdad ante la ley, Christian von Wernich debería estar preso en una capilla, Víctor Brusa en un juzgado y Rafael Di Zeo en la Bombonera. Sólo un oficial preso en un cuartel presentó un hábeas corpus para no ser trasladado a una cárcel, recurso que la Justicia aceptó y que el ministerio apeló.
El otro aspecto de la resolución incluía a los mandados cuestionados por el ministerio, que detalló PáginaI12. Estos incluían trasladar a generales al Hospital Militar, acompañar al dictador Reynaldo Bignone a la pileta del Círculo Militar y custodiarlo durante sus cuatro horas semanales de natación, o al coronel Pascual Guerrieri durante sus caminatas en el Regimiento de Patricios.
El juez federal Ariel Lijo calificó el pedido de Defensa como “una medida correctiva interesante”. Informó que suspendió los traslados y custodias del Ejército y se los encomendó al Servicio Penitenciario Federal. También solicitó a los penitenciarios que determinen en qué instalaciones carcelarias puede caminar Guerrieri si no prefiere comprarse una cinta y quedarse en casa. Lijo explicó que cada solicitud para nadar o caminar se funda en una prescripción médica corroborada por forenses de la Corte Suprema de Justicia.
El juez federal Daniel Rafecas consideró que “es una cuestión del Ejecutivo saber qué fuerza pone a disposición”. Aclaró que la asistencia de las Fuerzas Armadas a la Justicia en casos de militares imputados “es algo que estuvo pautado desde que comenzaron las detenciones”, es decir durante la gestión de José Pampuro como ministro. “Defensa dio instrucciones y se ofreció como representante del Poder Ejecutivo para llevar adelante esa medida, y no teníamos por qué ofrecer reparos”, explicó Rafecas, quien advirtió que ya no tiene represores a su disposición porque elevó las causas del Primer Cuerpo al Tribunal Oral Federal 5.
Desde ese tribunal, que por estos días instruye su quinto juicio por delitos de lesa humanidad, aseguraron que nunca recurrieron al Ejército para custodiar traslados y que ningún imputado les pidió salidas para caminar o nadar. La fuente aclaró que en diciembre pasado, cuando el prefecto Héctor Febres murió envenenado con cianuro en su dúplex VIP de Prefectura, los jueces revocaron otro arresto privilegiado que permitían. El comisario Carlos Enrique Gallone, luego condenado por la Masacre de Fátima, estaba a sus anchas en instalaciones de la Policía Montada y fue trasladado a la cárcel de Villa Devoto.
El juez Sergio Torres, que instruye la megacausa ESMA y encomendaba a la Armada la detención de marinos en desgracia, también aceptó el pedido de Defensa. “Si es la mejor manera de hacerlo, no hay problema, pero necesitamos que alguien lo haga. Si el Servicio Penitenciario cumple, no hay problema”, respondió. Torres aclaró que a fines de 2005, cuando la Cámara Federal porteña le dio la instrucción de que los militares procesados con prisión preventiva debían ser trasladados y custodiados por el Servicio Penitenciario, esa fuerza le respondió que no contaba con personal suficiente para encargarse de la tarea.
Desde el juzgado federal de San Martín, a cargo de Alberto Suares Araujo, surgía el mayor caudal de trabajo para la dirección de Asuntos Humanitarios del Ejército, que todas las mañanas retiraba de sus hogares a los generales procesados por crímenes en Campo de Mayo y los trasladaba al Hospital o al Círculo Militar. Dos semanas atrás, los abogados querellantes solicitaron al juez que ordene los traslados al Servicio Penitenciario, verifique que se realicen con esposas y evite que los agentes de la Policía Federal los reciban con besos y abrazos.
Al margen del sondeo de PáginaI12, el único juez que respondió al pedido del Ejecutivo fue Guillermo Molinari, subrogante de Santiago del Estero. Molinari explicó que la cárcel provincial no está en condiciones pero que giró oficios a las unidades penitenciarias más cercanas pidiendo cama y comida para los militares detenidos. Los otros magistrados con represores en cuarteles son Carlos Vicente Soto Dávila de Corrientes, Jorge Raúl Parache de Tucumán, Héctor Raúl Acosta de Mendoza, Daniel Herrera Piedrabuena de La Rioja, y Horacio Aguilar, de Jujuy.

UN TENIENTE CORONEL NO SE PRESENTO ANTE LA JUSTICIA
Schwab, el escurridizo
Buscado por la Justicia de Tucumán para ser indagado por la desaparición de un obrero en 1977, Héctor Schwab desapareció de sus domicilios. El padrino de Cecilia Pando, en problemas.




Por Nora Veiras
El teniente coronel retirado Héctor Schwab desapareció de los lugares que solía frecuentar: no se presentó ayer en Tucumán a la segunda citación en la causa en la que está imputado por la desaparición en 1977 de Carlos Rocha. “Estamos estudiando el expediente”, dijo a PáginaI12 el juez federal subrogante Daniel Bejas, tras recibir la notificación oficial de que el militar no había sido localizado por la comisión policial que lo buscó en uno de sus domicilios porteños. Schwab actuó bajo el mando de Antonio Domingo Bussi, tiene pedido de captura internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón y está en condiciones de sumar otro de la Justicia argentina. Reciclado como empresario de seguridad y, más recientemente, de gastronomía, se mantuvo fiel a los mandatos de la dictadura y devino en financista y referente de los grupos que claman por la libertad de los represores presos por delitos de lesa humanidad.
Quienes lo conocen arriesgan que puede haber apelado a sus contactos en Miami, Estados Unidos, para instalarse en ese territorio y recuerdan que tiene un pasaporte suizo. En la Justicia, descreen de esa alternativa porque el pedido de Garzón lo puede transformar en una presa fácil fuera de las fronteras del país. Desde que por esa orden de detención estuvo preso a mediados del 2003, Schwab tuvo que resignar sus veraneos en Punta del Este y realizó un oportuno cambio de manos de su empresa de seguridad Scanner S.A. a nombre de su esposa y de una de sus hijas. A la dirección de esa empresa en Florida 868, pisos 6 y 8, habría llegado a preguntar por el militar la comisión policial enviada desde Tucumán y gestionada a través del juzgado porteño de Julián Ercolini. Hay por lo menos otra media docena de domicilios en los que Schwab puede ser buscado en el país. Uno de ellos es el paquete piso de Arcos al 2200 que comparte con su esposa y cuatro de sus hijos María de las Nieves, María Victoria, María Constanza y Federico.
El caso Rocha
Durante la intervención de Bussi en Tucumán, Schwab fue director de Parques y Jardines de la capital provincial. Rocha, obrero del área de ingeniería, fue secuestrado en la mañana del 27 de abril de 1977 cuando trabajaba en una demolición que estaba bajo la supervisión de Schwab. Se lo llevaron delante de sus compañeros. La denuncia original fue presentada por la hermana de Rocha, Susana. La mujer declaró ante la Justicia que el día posterior a la detención, el esposo de su madre, Carlos Virgilio González, fue a buscarlo a la obra donde estaba asignado. Allí le preguntó a Schwab qué había pasado y le contestó que él no tenía nada que ver, que había actuado la policía de la provincia. Ese mismo día, González fue a la Brigada de Investigaciones, donde pudo ver a Rocha, custodiado por soldados del Ejército. Cuando insistió con su reclamo ante Schwab, la respuesta fue: “Si sigue molestando, lo hago detener a usted y a toda su familia”.
Otro hermano de Carlos Rocha, Ramón, prestaba servicios en el Ejército en aquel momento. Por eso se animó a ir a la casa de Schwab para ver qué pasaba. Un testigo presencial de ese encuentro, Juan Enrique Rodríguez, confirmó que el entonces teniente le contestó que él lo había mandado a detener. Rocha sigue desaparecido.
Schwab eludió a la Justicia gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la reactivación de las causas tras la nulidad de esas normas lo puso en alerta. En Tucumán, la investigación más avanzada es la de Rocha pero está mencionado en varios expedientes. El desafío ahora es ubicar a este hombre que en democracia se especializó, entre otras cosas, en encontrar a maridos y esposas infieles o “disuadir” a empleados que buscaban una indemnización acorde por el trabajo que habían realizado demandando a empresas. Schwab fue denunciado por intento de extorsión por ex empleados de Movicom a quienes habría intimidado para que dejaran sin efecto la denuncia contra la telefónica.
Como activo defensor de la dictadura el teniente coronel retirado impulsó a Cecilia Pando y a su hija María Pía para organizar la asociación que reclama la “libertad de los presos políticos”. Las mujeres, uniformadas con remeras blancas y el logo de una bandera argentina encerrada detrás de barrotes carcelarios, empezaron a movilizarse frente a los tribunales para gritar por justicia para los represores. El apoyo se extendió al esposo de Pando, el mayor Rafael Mercado, que recaló en Scanner apenas fue pasado a retiro en el Ejército. Pando, incluso encontró cobijo en uno de los domicilios de Schwab en el barrio de Belgrano.
Desde Scanner supo tejer sólidos vínculos con el ex titular de Aerolíneas Argentinas, el empresario español Antonio Mata, y también con un importante gestor inmobiliario de Miami. Para ambos hombres de negocios, Schwab actuó como asesor en temas de seguridad. Después diversificó sus emprendimientos y en los últimos años despuntó el vicio con dos restaurantes en Costanera Norte. Por ahora sigue gozando de libertad pero sus incursiones públicas se desdibujaron: quedaron como postales de sus buenos tiempos las reuniones con el ex obispo castrense Antonio Baseotto.


Se permite festejar

El 16 de julio, cuando el Tribunal Oral Federal 5 absolvió al comisario Miguel Angel Timarchi, imputado por la Masacre de Fátima, sus abogados Héctor Dante Amarelle y Alejandro Martín Broitman Carbone pegaron un salto, se abrazaron y, mirando a los familiares de las víctimas, gritaron “¡vamos carajo!”. El festejo provocó la reacción de los sobrevivientes de la Superintendencia de Seguridad Federal, donde prestaba servicios Timarchi, que fueron desalojados de la sala. El tribunal lo consideró un “festejo indecoroso”, “inaceptable”, una “grave falta de respeto” a los jueces y sobre todo a las víctimas, y solicitó al Colegio Público de Abogados porteño que les aplique “el correctivo pertinente”. Nada de eso: el tribunal de disciplina, integrado por María Raquel Boggiano, Indy Failembogen y Alejandro Cayetano Molina, consideró que no existió “falta ética” ni “falta de decoro en grado sumo” dignos de sanción, se limitó a aconsejarle a los abogados que no vuelvan a apartarse “de la senda institucional-académica” y rechazó la denuncia in limine, es decir rápido y sin pedir explicaciones.


EL CASO DE LOS PRESOS PARAGUAYOS
Rechazo para el asilo

Por Adriana Meyer
El Gobierno argentino rechazó el pedido de los seis presos paraguayos que desde hace casi dos meses están en huelga de hambre reclamando que los consideren perseguidos políticos y les otorguen el reconocimiento de refugiados o asilados. Ante esta noticia, lejos de levantar la medida los dirigentes campesinos y de Patria Libre iniciaron ayer una huelga seca, es decir que tampoco ingerirán líquidos. Ahora la Corte Suprema deberá decidir si concede la extradición que reclama Paraguay para juzgarlos como partícipes del asesinato de Cecilia Cubas, acusación que ellos rechazan y adjudican a la “persecución” de la que dicen ser víctimas.
A instancias de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, un equipo médico los revisó en la cárcel de Marcos Paz y concluyó que “tuvieron pérdida de peso importante (entre 12 y 15 kilos), y sus antecedentes de trabajo expuestos a agrotóxicos aumentan el riesgo de descompensación”.
El Gobierno ayer rechazó la apelación de los presos argumentando que no habían encontrado elementos para variar el criterio esgrimido en su momento por el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (Cepare), que consideró que no reunían las condiciones para pedir asilo.
La semana pasada la Asociación Americana de Juristas –que integran Martín Almada y Beinusz Szmukler, entre otros– argumentó que la acusación “está basada en dichos de un testigo que habría sido comprado y que tendría relaciones con la mafia. Se comprobó que Cecilia Cubas había muerto con anterioridad a la fecha que dio ese testigo y como se caía la acusación en una parodia de juicio cambiaron la fecha de la muerte, por eso decimos que allá no tienen garantías de un juicio imparcial”. Dijo la AAJ que “ante el riesgo de vida que implicaba ser encarcelados en su país, donde hay antecedentes de sicarios que matan presos por encargo, viajaron a Argentina, ingresaron legalmente y pidieron asilo político”. La LADH calificó la decisión del Gobierno como “una verdadera afrenta a la tradición argentina de solidaridad con las luchas populares”.

viernes, 10 de octubre de 2008



EN CAMPO DE MAYO
Videla compartirá la celda con otros tres represores

El juez Norberto Oyarbide dispuso que el ex dictador Jorge Rafael Videla, con arresto domiciliario por violaciones a los derechos humanos, cumpla prisión preventiva en una cárcel bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), confirmaron fuentes tribunalicias. Es el preso número 37 en Campo de Mayo y compartirá celda-dormitorio con otros 3 represores.


El represor fue notificado de la decisión judicial en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, y desde allí fue llevado a Campo de Mayo custodiado por el SPF. En su resolución, Oyarbide consideró que la Unidad Penitenciaria 34 del SPF "cuenta con el equipamiento, infraestructura y personal necesario" para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el imputado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
La decisión de trasladar a Videla a un establecimiento de la órbita del SPF fue tomada en dos sumarios: el que investiga la existencia de un plan sistemático para el robo de recién nacidos y el caso por el presunto secuestro de los empresarios Gutheim.
En la causa "Gutheim", en la que el ex dictador tenía concedido la prisión domiciliaria, el cese del beneficio fue reclamado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En tanto, en el caso sobre por la sustracción de menores, el pedido para que Videla fuera enviado a una cárcel común fue presentado hace un par de meses por siete Abuelas de Plaza de Mayo, que actúan como querellantes en el sumario.
María Isabel Chorobik de Mariani, Elsa Pavón, Mirta Baravalle, Clara María Elisa Petrakos, Paula Eva Logares, Genoveva Dawson de Teruggi y Rosaria Isabella Valenzi afirmaron que la detención domiciliaria de Videla violaba el principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
En esta causa, la decisión judicial que implica el cese del beneficio de la detención domiciliaria de Videla, incluyó el dictado de la prisión preventiva, medida que había sido revocada por la Cámara Federal. "No pueden existir diferencias ni privilegios a favor de Videla", sostuvieron en su pedido las querellantes, al comparar su situación con la de otros ex militares procesados por delitos de lesa humanidad que cumplen detención en cárceles del SPF.
Los defensores de Videla, en cambio, se habían opuesto al traslado a un establecimiento penitenciario, con el argumento del tiempo -10 años y tres meses- que el imputado llevaba detenido y que "nunca eludió la acción de la justicia".
Oyarbide expuso que "al perder virtualidad jurídica el decreto de indulto" dictado en su momento por el presidente Carlos Menem, "Videla volvió a ostentar carácter de condenado", por la sentencia dictada en la Causa 13/84, en la que se juzgó a las juntas militares que gobernaron al país entre 1976 y 1983.
El magistrado recordó que, en la causa por la sustracción de recién nacidos, a Videla se le atribuye responsabilidad en 27 casos de sustracción, retención y ocultación de menores en concurso con el de sustitución de identidad, por lo que, en caso de recaer condena la misma sería de cumplimiento efectivo.
"La gravedad de los hechos que se endilgan a Videla resultan un escollo insalvable para el otorgamiento de la libertad ambulatoria", agregó el juez.
"El carácter permanente de los delitos que se le imputan a Videla implican necesariamente la sucesiva renovación del dolo" por parte del imputado, consignó el magistrado. Oyarbide evaluó que "cualquier intervención negativa en la investigación afectaría seriamente el desarrollo de la pesquisa, al punto de tornar estéril la labor del Tribunal, enderezada a la búsqueda de la reconstrucción de los hechos criminosos".
En el caso del secuestro extorsivo de los empresarios, el juez dispuso el traslado de Videla a la cárcel del SPF por el "principio de igualdad de todos los ciudadanos".

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MANSION SERE
El fiscal pidió la pena máxima y 25 años de prisión para los acusados
El fiscal Félix Crous pidió hoy la máxima pena prevista en la legislación argentina, la prisión perpetua, para el coronel Alberto Barda, por el asesinato mediante torturas del abogado Jorge Candelero, ocurrido en 1977, en el marco del primer juicio que se le sigue a efectivos de la Fuerza Aérea.

Asimismo, reclamó para los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes una pena de 25 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad cometidos cuando comandaban la Mansión Seré, un centro de detención ilegal dependiente de la Fuerza Aérea, durante la última dictadura.
Los tres represores están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal 5, donde hoy transcurrió la segunda jornada de alegatos de la acusación y donde a comienzos de noviembre se dictará sentencia por crímenes ocurridos hace tres décadas.
Barda era jefe del área de seguridad en Mar del Plata y tenía responsabilidad sobre el centro de detención ilegal La Cueva, en Camet, donde fue torturado hasta la muerte Candelero, uno de los once abogados secuestrados en junio de 1977 en la llamada "Noche de las Corbatas".
Mariani y Cómes son los primeros altos oficiales de esa fuerza juzgados tras la anulación de las leyes del perdón, en el 2005 y están acusados por la desaparición de Jorge Brit y un total de quince casos de tormentos en la Mansión Seré.
La Fuerza Aérea tuvo bajo su responsabilidad durante la pasada dictadura el denominado "circuito represivo del Oeste" del Gran Buenos Aires, que integraban además el Policlínico Posadas y las comisarías de Haedo y Castelar, sobre los cuales ambos oficiales tenían mando.
El representante del Ministerio Público dio por probadas todas las imputaciones pero se diferenció de los abogados querellantes que ayer reclamaron 50 años de prisión para Mariani, 25 para Cómes y reclusión de 25 años para Barda.
A diferencia de sus ex camaradas, que escucharon el alegato sin moverse, Mariani tomó continuamente notas en una carpeta sentado detrás de su defensor, el abogado José Ignacio Garona.
Comes y Mariani llegaron al juicio en libertad, mientras que Barda los hizo con prisión preventiva pero en su domicilio, un beneficio del que gozan los criminales mayores a los 70 años.
En su largo y ordenado alegato, el fiscal incluyó un detallado resumen de torturas, violaciones y secuestros relatados durante casi dos meses por los testigos. La semana próxima será le turno de las defensas y a comienzo s de noviembre se dictará la sentencia.
El miércoles, la querella pidió la pena máxima de 50 años de prisión contra el brigadier Mariani, como "autor penalmente responsable de la desaparición en el marco de un genocidio" de Jorge Brit, quien fue visto por sobrevivientes de Mansión Seré, que funcionó en la localidad bonaerense de Castelar.
Para su sucesor en el mando de ese centro, el brigadier Cómes, la querella pidió una pena de 25 años de prisión, en tanto que para el coronel Barda, jefe de "La Cueva", se pidió reclusión perpetua por el crimen del abogado Jorge Candelero durante una sesión de torturas junto a su mujer.
Los abogados Luis Bonomi, Pedro Dinani, Liliana Mazeo formularon su reclamo en representación de las víctimas unificadas en el colectivo de organizaciones derechos humanos Justicia Ya!.
El pedido de la elevadísima pena para Mariani fue justificada por el hecho de tratarse de un delito de acción continua y no interrumpida, como es la desaparición forzada, que habilita la aplicación de la nuevo Código Penal con condena acumulativas.


RECLAMO PARA QUE TRES REPRESORES CUMPLAN SU CONDENA EN UNA CARCEL COMUN
“Siguen siendo torturadores”
El fiscal Félix Crous hizo su alegato en el juicio a los jefes de los centros clandestinos Mansión Seré, de Morón, y La Cueva, de Mar del Plata. Recalcó que los acusados mantienen oculto el destino final de las víctimas.

Por Diego Martínez
“Larga vida en una cárcel común”, deseó y pidió el fiscal federal Félix Crous ayer, durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal Nº 5, para los jefes de los centros clandestinos Mansión Seré y La Cueva de Mar del Plata. Luego de una prolija acusación, Crous solicitó prisión perpetua para el coronel Pedro Alberto Barda y 25 años de cárcel para los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani. Recordó que “siguen siendo torturadores” por ocultar el destino final de las víctimas a sus familias. Los abogados querellantes, que habían cuestionado al fiscal por no pedir que se revoquen las excarcelaciones de los brigadieres, ayer lo felicitaron.
Barda, de paso corto y señorial bastón de empuñadura dorada, llegó temprano. Los brigadieres, de impecable porte para sus ochenta abriles, ingresaron poco antes que los jueces y por la misma puerta. El único amigo que fue a acompañarlos se ligó un reto por golpear el blíndex para que lo vieran y no se sintieran tan solos. Los imputados no conocen aún la cárcel: Barda está preso en su casa y los pilotos, excarcelados.
Crous detalló los secuestros por los que se juzga a los jefes de Atila, como los guardias llamaban a Mansión Seré. Mariani tomó notas igual que su abogado José Garona, un histórico de la Fuerza Aérea que defendió al brigadier Orlando Agosti en 1985. Comes sacó la birome, pero desistió pronto. El relato del fiscal, un rompecabezas construido por un laborioso equipo de trabajo, no logró atrapar a todos los jueces. Guillermo Gordo y Ricardo Farías se dispersaron seguido e intercambiaron infinidad de papelitos con mensajes.
Mariani y Comes comandaron las bases de El Palomar y Morón, y fueron en 1977 y 1978 jefes de la Fuerza de Tareas 100, creada para cumplir “funciones antisubversivas” en zona oeste, incluida Castelar, donde funcionó Mansión Seré. “Haber estado allí es en sí una tortura”, destacó Crous. Se los juzga como autores mediatos de una docena de secuestros y tormentos, más la desaparición de Juan Carlos Brid. Garona intentó desviar la atención al área de inteligencia, pero son demasiadas las menciones a las bases.
“¡Palomar! ¡Morón! ¡Se escapó un paquete, manden gente!”, fue el pedido que los cautivos escucharon tras la fuga de 1978. “Atila a Palomar”, gritaban por radio. Desde allí también llegaba la comida. “¡No entré a la Fuerza Aérea para esto!”, rezongó un cordobés. Varios estudiaban en la Escuela Aérea de Córdoba y relataron que los obligaban a “hacer extras” allí. Usaban platos, frazadas y toallas con insignias de la Fuerza Aérea. Hasta una prostituta que se negó a participar de una orgía en la base de Palomar fue trasladada a Mansión Seré y violada por la patota. Cuando el amigo de los brigadieres escuchó que obligaban a rezar el Padrenuestro a latigazos, dio media vuelta y se fue con la cabeza gacha.
Barda fue el máximo responsable de la represión en Mar del Plata, donde comandó La Cueva, que funcionó en la Base Aérea. Se lo juzga por los homicidios de Jorge Candeloro, abogado laboralista y militante del PCR torturado hasta la muerte, y de Analía Magliaro, que tras su paso por El Vesubio y la comisaría 34ª porteña fue trasladada en avión hasta la pista del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601. Allí la recibió el capitán Fortunato Valentín Rezzet, aún libre e impune. Poco después fue asesinada en un tiroteo fraguado. “Tan lejos llegó la perversión y el sadismo que hasta tergiversó la conducta de las víctimas al momento de perder la vida”, recordó Crous en referencia a Barda, que no conforme con simular enfrentamientos para justificar crímenes sindicó a las víctimas como colaboradores. El fiscal pidió que se investigue a Rezzet y al brigadier Miguel Angel Osses, superior inmediato de los brigadieres.
“Mariani y Comes son hoy y aquí torturadores, porque callan el destino del cuerpo de Brid, y negar esa información es una tortura para sus familiares. Barda también es un torturador porque calla el destino de Candeloro a su compañera”, concluyó Crous.