miércoles, 24 de septiembre de 2008


El juez federal neuquino Guillermo Labate procesó con prisión preventiva a 27 represores que integraron grupos de tareas en Neuquén y Río Negro durante la última dictadura. La resolución alcanza al ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, quien permanece detenido en Buenos Aires a disposición de otros jueces que investigan delitos de lesa humanidad. Ocho de los procesados son juzgados actualmente por el Tribunal Oral Federal de Neuquén por 16 casos de secuestros y torturas en el centro clandestino La Escuelita, que funcionó en el Batallón de Ingenieros 181, y por la desaparición forzada de Oscar Ragni. Entre ellos, se destacan el general Enrique Braulio Olea, los coroneles Oscar Reinhold y Mario Gómez Arenas y el mayor Luis Alberto Farías Barrera. "Es una megacausa", aseguró Labate, seleccionado para integrar al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, al describir la investigación a su cargo. El auto de procesamiento tiene 800 páginas, por lo que fue entregado a las partes en formato electrónico. La investigación de esta etapa comprende el secuestro y la aplicación de torturas de más de 40 víctimas de los represores de Neuquén y el Alto Valle, incluidos militares, gendarmes, agentes de inteligencia, efectivos de la Policía Federal y de las policías de Río Negro y Neuquén. Guglielminetti está acusado de liderar grupos de tareas en Neuquén a partir de marzo de 1976.


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Cargaron con 30 años de impunidad y hoyresguardo del calor hogareño bajo prisión domiciliaria a la espera de su juicio oral. En Mar del Plata funcionaron al menos trece centros clandestinos de detención por donde pasaron alrededor de 500 personas que hoy están desaparecidas. Del circuito represivo de la ciudad sólo hay 25 detenidos y un prófugo. A pesar de que un solo represor está detenido en la ciudad, la Justicia afirma que hay control sobre los hombres que superaron los 70 años y sufren los achaques de la edad. Además, dijo el magistrado que atiende la causa central, no son personas que piensen en escapar. En tanto, en Marcos Paz está alojado sólo Roberto Pertusio, quien abandonó su vivienda donde cumplía arresto después de que se hizo pública su concurrencia a las reuniones de asesoría de la Armada. El denominador común es el alto mando que tuvieron en los distintos centros de exterminio. La segunda y tercera línea, los torturadores y los integrantes de los grupos de tarea encargados de secuestros y golpizas, permanecen en libertad. Caminando por las calles de la ciudad y hasta siendo reconocidos por su tarea en la sociedad una vez que debieron reciclarse.
La causa de mayor dimensión es la 4.447, denominada Base Naval. Fue iniciada por la abogada y querellante, Gloria León, en el 2004 y ampliada en el 2006, con un listado que supera el centenar de nombres. Las pruebas se siguen sumando, pero a la fecha, se detuvieron 16. El promedio sugiere que la muerte sorprenderá impunes a muchos de ellos.
Entre noviembre del 2006 y julio de 2007 fueron detenidos los primeros ocho represores en el marco de la causa Base Naval. Menos uno, el resto está con prisión domiciliaria. Uno en Mar del Plata –Rafael Guiñazú-, dos en el Gran Buenos Aires –Mario Forbice, Juan José Lombardo-, tres en Capital Federal –Juan Carlos Malugani, Alfredo Arrillaga y Alberto Pedro Barda-, Pertusio está alojado en Marcos Paz, y Justo Alberto Ortiz disfruta de su vivienda en Merlo, San Luis y dedica sus días a alquilar cabañas. A fines de agosto fueron detenidos otros ocho represores, quienes se encuentran alojados en la alcaidía 44 de Batán –a excepción de Aldo Máspero que ya está con prisión domiciliaria- a la espera de la resolución que tome el Juez Rodolfo Padras con su situación. El criterio del magistrado es "mayores de 70 años o enfermos, a su casa". ¿Qué sucede con Narciso Ángel Racedo, quien tiene 65? A pesar de que se mantenía activo en su profesión de comerciante en Punta Alta, cuando fue arrestado, su salud y su moral se desmoronaron.
EN EL NOMBRE DEL PADRE
La última semana Pradas llamó a cada uno de los detenidos a ampliar su declaración por otras causas que atiende su Juzgado, a excepción de Barda, quien afronta en el TOF 5 de Capital Federal su primer juicio oral por la causa del Primer Cuerpo del Ejército, donde se le imputa el doble homicidio agravado por alevosía de Analía Magliaro y Jorge Candeloro. En su paso por Mar del Plata ninguno aceptó hablar.


Rafael Guiñazú fue llevado hasta el Juzgado por un patrullero PoliciaFederal y estuvo escoltado por tres uniformados. Detrás del móvil llegó con su auto particular el secretario de Gobierno de la comuna e hijo del represor, Juan Guiñazú, quien viajaba con el abogado de su padre, de apellido Velazco. Al llegar al juzgado, Rafael Guiñazú se bajó muy enérgico del patrullero e ingresó por la puerta principal, a diferencia del resto de los detenidos, quienes fueron introducidos por la puerta trasera. Al salir del edificio judicial, se introdujo rápidamente en el móvil, mientras su hijo se acercó a ver quién estaba fotografiando a su papá.


¿Quién es Rafael Alberto Guiñazú? El capitán de fragata fue subjefe de la Base Naval en 1977 y jefe Agrupación Buzos Tácticos, grupo de tareas del centro clandestino de detención en 1975, 1976 y 1978. Está acusado de 430 delitos de lesa humanidad. En democracia, fue director de la Escuela Nacional de Pesca, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en octubre del 2006 fue condecorado por sus 50 años en la Armada Argentina, sirviendo a las fuerzas. Hoy goza del arresto domiciliario en su vivienda de Garay al 200, Playa Grande.
HOGAR, LEJANO HOGAR
Justo Alberto Ignacio Ortiz fue subjefe de la Base Naval en 1976, está acusado de más de 350 delitos de lesa humanidad y su nombre –junto al teléfono de la Base- figura en el papel que el grupo de tareas dejó en una casa donde fueron a buscar a una joven que aún permanece desaparecida. Como el resto de los represores de la Marina detenidos por la causa Base Naval cumple arresto domiciliario en su casa. Pero tiene una particularidad: la dirección donde el Juzgado se encarga de realizar los controles -calle Los Pájaros- es la de un complejo de cabañas entre los cerros de Merlo, San Luis. Su emprendimiento turístico figura en la página oficial del municipio, dentro de la oferta hotelera.












CJVJM Comisión por los Juicios Verdad Justicia y Memoria - Mar del Plata
Informa: detenciones causa Marina 4447

SE LES IMPUTAN NUMEROSOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Se suman detenidos, se acorta la impunidad

Ocho represores vinculados a la causa “Base Naval” fueron apresados durante el último fin de semana por orden del juez federal Rodolfo Pradas. Cuatro se negaron a declarar y el resto lo decidirá hoy. Hasta que finalice el proceso serán alojados en la unidad penal 44 de Batán.

Ya nos son los mismos que hace 30 años. La mayoría pasa los 70 y dos de ellos superan los 80. Peinan canas, sus rostros parecen desinflados y muestran los achaques de la edad al bajar de la combi que los trasladó hasta el juzgado federal 3. Son ocho militares, entre coroneles, almirantes, prefectos, subprefectos y miembros del servicio de inteligencia de la Armada. Todos fueron detenidos imputados por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa 4447 “Malugani Carlos homicidio”, conocida con la megacausa de la Base Naval Mar del Plata.

Alrededor de las 15.30 cuatro camionetas del grupo de operaciones de Gendarmería de Campo de Mayo giraron por la calle Mendoza hacia Bolívar. En medio de un importante operativo de seguridad, siete de los ocho detenidos llegaron al juzgado federal ubicado en Bolívar y Viamonte.

Aldo Carlos Máspero, Juan Eduardo Mosqueda, Pedro Luis Bustamante, Ariel Macedonio Silva, Julio César Falcké, Raúl Alberto Marino y José Omar Lodigiani fueron detenidos durante el último fin de semana cuando el juez Rodolfo Pradas envió un exhorto a sus pares en Capital Federal, San Isidro y Bahía Blanca librando la detención y allanamiento de los domicilios. Horas más tarde llegó proveniente de Bahía Blanca el octavo imputado, el suboficial de Inteligencia de Marina Narciso Ángel Racedo (ver recuadro). Según informó el juez Pradas existe un noveno imputado que aún no pudo ser hallado. Los gendarmes habrían allanado su estudio jurídico pero no pudieron dar con él. Si bien el nombre de esta persona no trascendió, podría tratarse de un oficial de la Marina que además se desempeña como abogado y habría realizado algunos trámites para sustraer bienes a los detenidos desaparecidos que alojaban en la Base Naval.

El juez Pradas informó que los detenidos cumplieron funciones en distintos estamentos militares como el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA 601), la Base Naval Mar del Plata y la Escuela de Suboficiales de Marina (ESIM), ubicada en el predio del Faro. Los ocho están imputados en el marco de la causa 4447 conocida como Base Naval en la cual se investigan el secuestro, la detención ilegal y la tortura a 118 personas alojadas en esa dependencia d la Armada.

Sobre los detenidos pesan cargos por asociación ilícita, homicidio, privación ilegítima de la libertad y torturas. Las pruebas en su contra fueron obtenidas a lo largo de las audiencias del Juicio por la Verdad celebrado en esta ciudad. Allí sobrevivientes y testigos identificaron a los imputados, brindaron datos y en algunos casos sus nombres.

Ayer a la tarde, una vez que el juez les comunicara los motivos su detención, cuatro de los imputados -previa charla con sus abogados- coincidieron en no prestar declaración indagatoria. Hoy, Pradas entrevistará a los cuatro restantes para saber si declararán.

En la causa “Malugani Carlos – Homicidio” –conocida como causa Base Naval- se investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en la Base Naval, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina (ESIM) y en la Prefectura Naval de la misma localidad. Tanto la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación -representada por la abogada Gloria León- son querellantes en la causa. Ayer, conocida la noticia de las detenciones la titular de la Secretaría bonaerense Sara Derotier de Cobacho señaló que “estas detenciones resultan de gran importancia en una de las ciudades de la provincia que más sufrió la represión del Estado terrorista, en la que muchos represores siguen conviviendo impunes, y en la que las tres fuerzas armadas se coordinaron para organizar la represión”.

Si bien el juez Pradas prefirió no adelantar la situación futura de cada uno de los militares, informó que los detenidos serán alojados en la unidad penal Nº 44 Batán mientras dure el proceso. El magistrado cuenta con diez días a partir de hoy para decidir la situación judicial de cada uno.

Por su parte Máspero, Mosqueda, Bustamante, Silva, Falcké, Marino, Lodigiani y Racedo, sospechando que su estadía en la ciudad puede ser prolongada, llegaron al juzgado con su respectivo equipaje.

Los detenidos

1- NARCISO ÁNGEL RACEDO: Suboficial de inteligencia de Marina y actuó bajo el apodo de “Comisario Pepe”, en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval. En sus ratos libres se desempeñaba como árbitro de fútbol en la liga local. Se le imputan alrededor de 40 delitos

RAÚL ALBERTO MARINO: Capitán de Navío y se desempeñó como jefe de la Base Naval entre el 31 de enero del ’78 y el 11 de febrero de 1980.

JUAN EDUARDO MOSQUEDA: Fue Prefecto Principal y se desempeñó como jefe de Prefectura Naval Mar del Plata entre el 5 de febrero del ’75 y enero del ’77.

ARIEL MACEDONIO SILVA: Subprefecto y Jefe de la Sección de información de Inteligencia y de la dirección de POL. SEG. JUD (Dirección Nacional de Migraciones) de Prefectura Naval de Mar del Plata. Se le imputan 97 delitos.

PEDRO LUIS BUSTAMANTE: Subprefecto. Se desempeñó como Jefe de la Oficina de Policía de Seguridad de Navegación, dentro de Prefectura Naval que funcionó como centro de detención. Se le imputan 80 delitos.

JOSÉ OMAR LODIGIANI: Retirado con el cargo de almirante, se desempeñó como capitán de Fragata y como jefe de la Agrupación de Buzos Tácticos, durante el año 1977. Esta Agrupación se encontraba dentro del Centro Clandestino de Detención Base Naval y tenía por función alojar y custodiar las personas que pasaban por el Campo de Concentración. Se le imputan 120 delitos.

ALDO CARLOS MÁSPERO: Coronel retirado. Se desempeñó como Jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (comando de Subzona Militar 15), entre octubre 1977 y octubre de 1979.

JULIO CÉSAR FALQUE: Teniente de Navío. Se desempeñó como miembro de inteligencia de la Marina en la Base Naval. Fue jefe de contrainteligencia. Se le imputan al menos 15 delitos.

Una larga lista

La causa “Base Naval” tiene otros imputados además de los detenidos durante el último fin de semana. Todos ellos cumplen arresto domiciliario; sólo uno se encuentra en la ciudad. Uno de ellos, el coronel Pedro Alberto Barda (Jefe de la Sub Zona Militar 15) está siendo juzgado por doble homicidio agravado con alevosía de Analía Magliario y Jorge Candeloro y por los tormentos a los que fue sometida Marta García de Candeloro.

El resto son: el coronel Alfredo Arrillaga (Oficial de Inteligencia Ejército); el capitán de Fragata Justo Alberto Ortiz (subjefe de la Base Naval); el capitán de Navío Juan José Lombardo (jefe de la Base Naval) y el capitán de Fragata Rafael Alberto Guiñazú (subjefe de la Base Naval); el capitán de Fragata Roberto Luis Pertusio (subjefe Base Naval); el capitán de Navío Mario José Forbice (director de Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina).

Denuncian a Jakúlica por incitación a la violencia e intimidación pública
Una mujer denunció penalmente ayer al gerente de relaciones institucionales del Ingenio y Refinería San Martín de El Tabacal, Guillermo Jakúlica.

El avión fumigaba sobre los trabajadores que protestaban.
Lo acusó de incitación a la violencia e intimidación pública por los sucesos ocurridos el jueves 4 de este mes, cuando un grupo de personas, entre quienes se contaba el directivo, intentó ingresar a la planta industrial donde se mantenían los obreros en huelga. Ese día un avión fumigó a los trabajadores en protesta y a quienes los apoyaban.
La denuncia fue presentada ayer por Natalia Pintos, en la Fiscalía Penal Nº 1 de San Ramón de la Nueva Orán. En la presentación se reseña que el 4 de septiembre el Ingenio "había juntado" a "obreros de los contratistas (Antonio Calleri y otros), a pequeños productores de caña de la zona de Bolivia, capataces y trabajadores de la Frutícola, y algunos ingenieros y directivos" con el pretexto de que iban a marchar a la capilla de El Tabacal. Pero la marcha se desvío unos 400 o 500 metros y fue al portón de la planta industrial, donde estaban los empleados de paro.
Pintos dijo que temieron que se produjeran hechos de violencia, por lo que junto a Silvina Salinas, Anabela Salinas, Juliana Pintos, Cintia Medina, Elsa Tejerina, Irene Saracho, Gustavo Tapia y Silvia Concha, extendieron una bandera en el portón de la planta industrial y se apostaron, para evitar la entrada de los manifestantes pro Ingenio.
"La marcha (...) estaba dirigida por el ingeniero Guillermo Jakúlica, quien estaba rodeado de otros directivos como el ingeniero Tauro, Juan María Gutiérrez, Sergio Sajia, Antonio Calleri y otros más; esta marcha no se detuvo al vernos ante el portón cerrado sino que siguió caminando hasta nosotros y empezaron a empujar y a pegarnos; es el caso de Silvina Salinas, quien fue golpeada por el ingeniero Jakúlica y está hecha la denuncia. (...) Jakúlica hacía señas a los (conductores de los) tractores para que avancen hacia los portones, mientras les decía a las personas que estaban al frente: `Métanle, los vamos a sacar a la mierda`, `yo voy a cumplir la orden del juez de sacarlos a todos estos`, `tienen que cumplir la orden que les dio el juez`".

Como hubo un forcejeo entre los directivos y las mujeres, algunos vecinos de Hipólito Yrigoyen que habían ido con la marcha "cambiaron de posición y se
pusieron a defendernos para soportar los golpes y empujones que estábamos sufriendo nosotras", contó Pintos, quien añadió que "Jakulica impartía órdenes respecto a Gutiérrez y a Tauro".

La misma denunciante resultó con lesiones. En ese momento un obrero que estaba adentro, Julio César Valdez, avanzó con un tractor acoplado y del lado de la marcha le respondieron con piedras.
Otros obreros se sumaron y siguió el cruce de piedras; en el medio, las mujeres rodearon a Silvia Concha, embarazada de cuatro meses. Esta mujer y Cintia Medina denunciaron el hecho en la comisaría de El Tabacal.

En eso estaban cuando comenzó "a pasar una avioneta a pocos metros del suelo, cuatro o cinco metros, mientras tiraba algo", un líquido gris, que muchos creyeron que era veneno. El avión pasaba sobre todo sobre los huelguistas de la fábrica y sobre el portón. Pintos dijo creer que la patente y permiso de este avión, amarillo, es LV WZM, y estaría a nombre de Lucho Curá, de la empresa Ayres SA.
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EL MUNDO › EL OFICIALISMO ENVIO UN PROYECTO DE LEY AL CONGRESO

Chile debate su ley de genocidio


E l gobierno chileno quiere tipificar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra. Por eso envió al Congreso un proyecto de ley para incluir estas figuras en el Código Penal. "Estamos presentando este proyecto de ley por la importancia que tiene, en el derecho interno, tipificar y sancionar estos gravísimos delitos, pero también como un primer paso para poder llegar y culminar con la plena adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional, ratificando el Tratado de Roma", explicó a fines de agosto el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.

A 60 años de la Declaración de los Derechos Humanos, la administración de la presidenta Michelle Bachelet espera que Chile pueda adherir de forma plena a todos los convenios y tratados que aún no se han ratificado. "Todos los países de la Unión Europea ya han ratificado la Corte Penal Internacional, al igual que la mayoría de los países de América latina, como también lo han hecho, en el norte de nuestro continente, Canadá y México. De tal manera que nosotros, con nuestra no ratificación, estamos siendo una excepción en esta materia tan importante para el resguardo de los derechos de las personas", dijo el ministro.

Sin embargo, de aprobarse el proyecto de ley, Chile se colocaría un paso adelante de sus vecinos. En Argentina, por ejemplo, tanto la figura de genocidio como los crímenes de lesa humanidad están identificados en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Al no estar tipificados en el Código Penal, no son delitos imprescriptibles y su aplicación queda sujeta a la decisión de cada juez.

El avance en materia de derechos humanos se aceleró tras la detención del ex dictador Augusto Pinochet. En este marco, Viera Gallo sostuvo que si el Parlamento aprueba el proyecto de ley, "parte importante de la agenda de derechos humanos estaría cumplida".


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ARCHIVOS

La verdad y el acceso a los archivos de la represión

Desde la antigüedad los archivos han servido para esgrimir y defender los derechos de los hombres y también como testimonio para formar la historia de la humanidad, lo cual hace sentir al individuo parte de todo. Así es el sentir humano y cuando esto no se cumple ocurre un "vacío" a causa de la falta de saber, el cual provoca incertidumbre, angustia, soledad y sobre todo un profundo dolor. En suma, todo esto produce heridas que solo se pueden reparar a través del conocimiento, de la obtención de los datos y de la información, en definitiva, de la verdad.

Desde antes de la dictadura cívico-militar ya se creaban y formaban los "archivos del terror". En ellos quedaba registrada toda la información: documentos, fotografías, datos, prensa, seguimientos, estudiantes, trabajadores, civiles, militares, torturas, detenciones, colaboradores, etc. En fin, archivos e información de la sociedad entera.

Diversas organizaciones de derechos humanos hicieron peticiones al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa solicitando la desclasificación de los archivos de Inteligencia policial y militar. También se solicitó el acceso a los archivos del Hospital Militar, los archivos del SID (Servicio de Inteligencia de Defensa) y de la OCOA (Órgano Coordinador de Operaciones Antisubersivas) Excepto en el Ministerio de Relaciones Exteriores y alguna información puntual que se le ha pedido al Ministerio del Interior, no se han mostrado documentos y archivos que ayuden a la justicia a esclarecer la verdad. Actualmente Cancillería brinda los archivos donde se encuentra documentación producida en época de dictadura, relevó las fuentes documentales referentes a violaciones de los derechos humanos en el período 1972-1986. Incluye casos presentados ante organizaciones internacionales como OEA, ONU o UNESCO, fichas y nóminas de personas requeridas, detenidas, liberadas, el seguimiento de personas y organizaciones en el país y en el exterior, denuncias, trámites de pasaportes, correspondencia, etc.

Por otro lado, se ha podido confirmar una serie de irregularidades en los archivos nacionales, una de ellas es la desaparición de parte de los repositorios, en algunos casos por cumplimiento a resoluciones de los mandos de la dictadura en los últimos meses del régimen. Un ejemplo es la resolución del 31 de octubre de 1984 del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que se disponía "la destrucción de documentos de desuso y carentes de interés que hayan sido microfilmados".

Otro caso de desaparición de documentos fue confirmado en el Poder Legislativo. Según el testimonio de Luis María Paravís, funcionario parlamentario, las grabaciones sobre el Escuadrón de la Muerte en el año 1972 que contenían los testimonios de las personas que presentaron declaración ante la Comisión Investigadora Parlamentaria, fueron requisadas en diciembre de 1973 por efectivos militares.

El grupo de investigación sobre la historia reciente en Uruguay, formado por arqueólogos, historiadores y técnicos universitarios, explicaron que no pudieron acceder a documentación localizada en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, ni a otros archivos como el de la ESMACO (Oficina Laboral del Estado Mayor Conjunto), o de la COMASPO (Comisión de Asuntos Políticos). El difícil acceso a las fuentes documentales producidas tanto por el Estado como por los distintos actores sociales o políticos ha impedido muchas veces profundizar en las diferentes complejidades del período. Los archivos y documentos se han mostrado en forma dispersa y a partir de criterios diferentes. Además no se cuenta aún con un marco legal apropiado que estipule cuales deben ser los tiempos y mecanismos para acceder a los documentos.

Mientras tanto, el año pasado fueron encontrados en un armario de una dependencia del ejército, archivos que consisten en 1200 rollos de imágenes, donde hay 2500 imágenes por cada uno de ellos. Los documentos tienen diversa información de los servicios de Inteligencia sobre los ciudadanos confinados en predios militares y centros de reclusión de la época. El Ministerio dice que se están desclasificando y serán entregados al Presidente de la República a la brevedad, para quizá luego, llevarlos al Archivo General de la Nación ya que este se encarga de la preservación, custodia y difusión de la documentación a nivel nacional. En el AGN se encuentran expedientes de la Justicia Militar que pertenecen al Ministerio de Defensa y están allí por falta de lugar. Están ordenados en paquetes de volumen variable y se registra la falta de expedientes en su mayoría de casos de procesamientos de civiles entre 1972 y 1978.

En la dirección de Información e Inteligencia se encuentran los documentos producidos entre 1973 y 1985. Se tratan de documentos sobre partidos y organizaciones políticas, sociales, sindicales y eclesiásticas, comunicados de prensa, informes sobre procedimientos, seguimientos, requisitorias, capturas, listados de presos, lugares de reclusión, libertades vigiladas, copias de agencias de inteligencia militar e investigaciones sobre los grupos de izquierda y además los prontuarios de personas.

Es hora de asegurar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los documentos de archivos en general y a los del terrorismo de Estado en particular. Hay que avanzar mucho más en la identificación, organización y puesta a disposición del Poder Judicial y de la sociedad, todo lo concerniente a la dictadura y sus consecuencias.

El pasado mantiene muchas cuentas abiertas con la justicia, sin el esclarecimiento de la verdad de todo lo ocurrido no puede haber paz entre nuestro pueblo. La sociedad la necesita y a partir de ella, esa memoria activa y colectiva, que nos dará las herramientas para recuperar aquellos valores que hablan de la dignidad humana.

Las organizaciones de derechos humanos conjuntamente con otros actores sociales, tienen la obligación ética, histórica y política de apropiarse de la memoria y combatir el olvido. Lamentablemente, el país se encuentra muy lejos de haber consolidado un rumbo como el que se recomienda y practica en la experiencia internacional sobre los archivos represivos. En este tema nos hemos quedado atrás, urge emprender con firmeza y decisión un conjunto de acciones en la materia. Cuanto más pase el tiempo, más difícil será la tarea.

MARYS YIC











El país|Sábado, 13 de Septiembre de 2008

Santucho y Urteaga

Familiares de Mario Roberto Santucho y de Benito Urteaga volvieron a reclamar con una conferencia de prensa en Diputados que el Ejército dé información sobre dónde están los restos de ambos dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) desaparecidos en 1976. Los familiares fueron acompañados por la diputada Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, autora de un proyecto de declaración solicitando "en nombre del derecho a la verdad" apoyo para la búsqueda de los restos de Santucho; también la legisladora porteña Diana Maffía participó de la rueda de prensa. Sobre los restos de Santucho hay tres testimonios que indican que estaría en Campo de Mayo. Uno de ellos señala que su cuerpo fue embalsamado y expuesto por Domingo Bussi como "trofeo de guerra" en el llamado "Museo de la Subversión" que la dictadura inauguró en 1979.

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El país|Sábado, 13 de Septiembre de 2008
ACTO DE EX PRESOS POLITICOS EN LA ENTRADA DE LA CARCEL DE DEVOTO

Un homenaje "a los que resistieron"

Ex presos políticos durante la dictadura, sus padres, sus hijos y sus nietos inauguraron una baldosa frente al penal en memoria de tres compañeros muertos. El Servicio Penitenciario no quiso que el acto se hiciera adentro.

Por Laura Vales
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El homenaje se encuadra en una serie de visitas que ex presos vienen realizando en otras cárceles.

Iban a visitar la cárcel, ya habían arreglado incluso cómo: en grupos de 30 ex presos políticos por vez, durante dos viernes, hasta cubrir los 600 que se habían anotado para volver a Devoto. Pero después de dos meses de preparativos, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal dieron marcha atrás. El argumento: que los presos comunes podrían sentirse estresados por la visita de los ex presos políticos. "¿Y no será que ya están estresados por otros motivos?", se pregunta con ironía Gustavo Westerkamp en la puerta del penal, mientras prueba el sonido para el encuentro que de todos modos convocaron frente a la cárcel. Aunque sin la visita al interior del penal, ayer los ex presos políticos realizaron un acto en Devoto, en homenaje "a los que resistieron y murieron tras las rejas" durante la dictadura.

Un poco eso –la actividad central fue descubrir en la vereda una baldosa en memoria de tres de sus compañeros muertos en el lugar–, el encuentro tuvo también como objetivo hacer un agradecimiento a los familiares que los acompañaron mientras estuvieron dentro.

"Y otra razón fue continuar con la serie de visitas que venimos haciendo a otras cárceles, como las de Rawson y La Plata", agrega Nelfa Suárez, el pelo largo, lacio y oscuro como en los '70, también ex detenida.

El acto juntó en el asfalto de la calle Bermúdez a cuatro generaciones: los padres de los ex presos, los ex presos, sus hijos y sus nietos. Algunas frases escuchadas en los grupos que se armaron a los costados del escenario:

"Casi todas las presas que estuvimos acá éramos militantes. Tratábamos de estar muy activas. Estudiábamos, hacíamos cosas para estar organizadas. Teníamos una consigna: 'la neurona que nos quedó, hay que usarla a mil'."

"Ellos montaron un sistema de calesita porque no querían que hubiera lazos. Nos hacían rotar, pero también fue una ventaja porque nos fuimos conociendo más."

"Todavía es difícil contar qué nos pasó. La gente te escucha dos minutos y no quiere oír más. Hay una especie de rechazo, una sociedad que no asume."

"Las requisas eran violentas. Nosotras no nos desnudábamos, nos quedábamos en bombacha y corpiño, y ésa era una forma de resistir. Tampoco permitíamos que nos tocaran, aunque nos metían en la celda de castigo. Pero no nos tocaban: éramos presas políticas."

"La memoria va mucho más allá del recuerdo. Lo vivimos con el conflicto del campo que lo mostró, ahí podías repetir la información o hacer un análisis crítico, pero para eso es necesario ir a la memoria. Lo del campo provocó mucha fragmentación y mucha confusión en la sociedad; ¿desde dónde trabajás eso? Desde la memoria, pero una memoria crítica, no una memoria del recuerdo."

"Salí en el '83. Me sentía una extraterrestre. Mi familia, mis amigos estaban en otra cosa. No me entendían ni yo tampoco a ellos, porque había vivido en otro mundo, una especie de comunidad en la cárcel."

Patricia Traba y Silvia Abdolatif explican que Devoto "fue donde la dictadura llevó a la mayoría de las presas mujeres".

Los militares la usaron además como una vidriera, porque ante la presión internacional por los desaparecidos durante la dictadura necesitaban tener algo para mostrar. Trasladaron así a muchas detenidas de cárceles de provincia. "Que te trajeran era una garantía de que ibas a vivir. Pero no del todo, porque también acá tuvimos una desaparecida."

La baldosa de homenaje se instaló en la vereda de la entrada principal. En ella figuran los nombres de Teresita Di Martino, a quien la dictadura fingió liberar para que un grupo de tareas la secuestrara, y el de Alicia Pais, una presa que murió en el interior de Devoto: era asmática y no le dieron atención médica.

El tercer nombre es el del abogado Mario Abel Amaya, un conocido defensor de presos políticos, militante radical, a quien trasladaron desde Rawson en muy mal estado físico por la tortura, y que murió a poco de haber ingresado.

Varias bandas de música y una murga actuaron antes de que ex presos, familiares y amigos subieran al escenario para decir unas palabras. El abogado Hipólito Solari Yrigoyen, a quien secuestraron junto a Amaya, fue el primero en hacerlo. Un amigo de Teresita Di Martino recordó su militancia en el PRT. Otros, como Liliana Rossi, ex detenida, y Camilo, hijo de Alicia Pais, cantaron. Para después del acto se había organizado una peña en la Mutual "El Sentimiento". Es que como sucedió con otras visitas, el evento había reunido a gente de varios puntos del país después de 25 años.

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A LAS 18 HS EL DIA JUEVES 18 EN MITRE Y SAN MARTIN
FAVOR DIFUNDIR.
SABEMOS QUE EL SILENCIO Y EL OLVIDO
SON COMPLICES. " GRITEMOS TODOS JUNTOS APARICION CON
VIDA Y CASTIGO A LOS CULPABLES"











En la puerta del penal de Devoto –Bermúdez 2651– se realizará hoy a las 17 una jornada por la memoria en homenaje a los presos políticos de la última dictadura militar. "En homenaje a las compañeras y compañeros que resistieron, padecieron y murieron tras las rejas, frente al triste monumento a la muerte, el dolor y el maltrato, dejaremos nuevas huellas de la resistencia de nuestro pueblo y su memoria", señalaron los organizadores, que realizaron ayer una conferencia de prensa en el salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados junto al presidente de la comisión de Derechos Humanos, Remo Carlotto.

Fuente: Pagina 12
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El país|Viernes, 12 de Septiembre de 2008
LA FAMILIA DE LOPEZ QUIERE INVESTIGAR A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

Para culpabilizar a la víctima

El abogado Alfredo Gascón pidió que se cite a quienes formaban parte del "entorno social" del testigo desaparecido. "Estamos tratando de averiguar qué actividades lo pudieran haber llevado a una situación de riesgo", señaló el letrado.

Por Adriana Meyer
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Jorge Julio López desapareció después de declarar contra el represor Miguel Etchecolatz.

La familia de Jorge Julio López quiere saber qué actividades hacía, con quiénes se reunía, de qué hablaba cuando salía de su casa de Los Hornos. Por eso le pidió al juez federal Arnaldo Corazza que cite a declaración testimonial a quienes formaban parte del entorno social del testigo, que sigue de-saparecido desde hace casi dos años. "Queremos saber si por ese lado podemos obtener algún dato, todo lo demás hasta ahora fracasó", explicó el abogado Alfredo Gascón. PáginaI12 le preguntó si esta búsqueda apunta a la relación que López tenía con organismos y militantes de derechos humanos. "Lo que sea, los hijos no saben qué hacía ni con quiénes se encontraba", respondió. Aunque el letrado aclaró que "no estamos señalando a nadie, sólo se busca información", los compañeros de López expresaron preocupación por este intento de "investigar a la víctima".

Julio López desapareció por primera vez el 27 de octubre de 1976, y permaneció tres años en los campos de exterminio del circuito Camps. Había militado en la Unidad Básica Juan Pablo Maestre, que respondía a Montoneros, adonde acudía en sus tardes libres. Pero la política no era tema en la mesa familiar. Tras sobrevivir a la tortura y presenciar crímenes de la patota de Miguel Etchecolatz, fue liberado. Según su esposa, Irene Savegnago, nunca habló de lo sucedido. Varios años después se contactó con otros sobrevivientes y comenzó a participar en la reconstrucción del horror. La segunda desaparición, días antes del veredicto contra Etchecolatz, fue un golpe demasiado duro y el inmenso dolor familiar pudo más que la necesidad de saber. Hasta ahora.

"Sólo hay hipótesis, no hay ningún indicio serio que hoy nos permita saber el paradero de López ni si lo han matado, ni dónde desapareció ni a qué hora. Se está volviendo a revisar toda la causa a ver si quedó algún cabo suelto de las primeras semanas, y estamos tratando de averiguar qué actividades hacía López que desconociera la familia y que lo pudieran haber llevado a una situación de riesgo como para haber desaparecido", explicó Gascón. "La conclusión familiar es que López salió entre las 12 y las 7, a esa hora no iba al juicio, no esta vestido para ir al juicio, queremos ver con qué personas se juntaba, los hijos no lo saben, no cierran esos horarios, era una persona mayor, muy metódica", agregó. Para ello solicitó al juez Corazza que cite como testigos a todas las personas que estuvieron con él en la causa Etchecolatz, a los abogados que lo representaron y a "algunas personas vinculadas a los organismos".

PáginaI12 le preguntó si no es extraño suponer que el origen de su desaparición pudiera estar entre quienes fueron sus compañeros de cautiverio. "No sabemos qué sabía López, queremos saber más de lo que declaró, algo que se haya guardado, no estamos diciendo que ahí puede estar quien lo secuestró, pero nadie se puede enojar porque preguntemos, no lo vamos a señalar", contestó. Consultado sobre cómo es posible que la familia haya accedido a que se investigue a la víctima, Gascón dijo que "los criterios penales más modernos dicen que hay que evaluar todo".

Cuando el abogado se pronunció a favor de la continuidad de la policía bonaerense en el caso, pidió también que se investigara quiénes podrían haber evitado que López desapareciera. El camarista Alberto Durán hizo lugar al pedido pero luego la causa volvió a manos de Corazza. ¿A qué apuntaría esta iniciativa? "A aquellos que según el código de procedimiento penal deben velar por la seguridad de los testigos, a saber si se pidieron u ordenaron medidas de protección, a todo el mundo porque un albañil fue a declarar con toda su buena voluntad y está desaparecido", afirmó Gascón.

La familia de López y los miembros de los organismos de derechos humanos con los que se había vinculado en los últimos años mantuvieron hasta ahora una respetuosa distancia mutua. Las dudas que unos y otros pudieran tener nunca fueron conversadas. "No nos llamaron en estos dos años", dice el abogado de la familia. "Los llamamos y no tuvimos respuesta", sostienen los compañeros de López. Esta ausencia de comunicación sería reemplazada por un interrogatorio judicial, cuya efectividad, según pudo saber este diario, fue puesta en duda por los investigadores del caso.

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Proceso contra Skidelsky

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura abrió el proceso de remoción del juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky. El magistrado está acusado de "mal desempeño" y deberá afrontar al jurado de enjuiciamiento si el plenario del cuerpo confirma esta medida. Votaron en su contra los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel, el senador Nicolás Fernández, Marcela Losardo, representante del Poder Ejecutivo, y Santiago Montaña, representante de los abogados. El senador Ernesto Sanz y el académico Mariano Candioti se pronunciaron por no acusarlo.

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ACTO POR MASACRE FLIA.LANUSCOU Y SECUESTRO DE MATILDE.-


Invito a todos los sectores de la poblacion al acto homenaje por el nuevo aniversario de la masacre de la flia. LANUSCOU y el secuestro de la pequeña MATILDE para el sabado 13 de septiembre del 2008 a las 16.30 hs en el lugar del hecho: Catamarca esq. Asuncion, partido de San Isidro, pcia. de BS.AS.-Tomar el omnibus 60 y bajarse en Fleming y Catamarca.-Recibo todo tipo de adhesiones que seran leidas en el mismo dlanuscou@yahoo.com.ar.-Los espero para mantener viva la memoria historica y que se haga justicia.-

LOS HECHOS Y SUS RESPONSABLES.-

A las 22 hs del 3-9-76 fuerzas represivas de la dictadura oligarquica-imperialista atacan la casa de calle Asuncion y Catamarca, partido de San Isidro,pcia. de BS.AS. La resistencia desde la misma no espero.
"Septiembre se hizo noche,la noche fue una tumba" dice nuestra cancion en "Matilde de seis lunas".
A las 2 de la madrugada del 4 de septiembre ceso la resistencia de Roberto Francisco y Amelia Barbara durante cuatro interminables horas.En ese instante,la casa destruida y el mes acongojado tomaron conciencia de que ya eran una tumba.
Resistieron como revolucionarios integros, idelistas por un mundo mejor,con gran entereza al ejercito mercenario brazo armado de la oligarquia cipaya vendepatria,recibiendo ordenes de la misma y el imperio con su plan "Condor" para acallar toda voz que se levante contra la imposicion del modelo neoliberal de concentracion de la riqueza.
Acallaron las voces de Roberto y Amelia, tambien las del futuro: sus hijos Robertito de 6 años y Barbarita de 4. Se robaron la mas pequeña, Matilde de 6 meses.
Atras de esto estuvieron muchos civiles,ideologos, los que "ordenaron ordenar" el genocidio, colaboradores, encubridores,como la directora del diario Clarin que se reunia con la junta militar (hay fotos y documentos) para negociar no hablar de los desaparecidos y quedarse con todo PAPEL PRENSA. Si, la misma, la sra. Ernestina de Noble, apropiadora de Felipe y Marcela (quizas sea mi sobrina MATILDE),PERO CON LA CERTEZA QUE SON HIJOS DE COMPAÑEROS DESAPARECIDOS.
Esta sra. "jefa" del cuarto poder, poder que en su inmensa mayoria apoyo la dictadura, que callo los crimenes de lesa humanidad, que en la actualidad difama por todos los medios a la resistencia gloriosa de la generacion mas altuista de la historia, poder que sigue levantando injustamente la nefasta teoria de los "DOS DEMONIOS", sin tener la dignidad de reconocer que esa generacion resistio legalmente a la dictadura ,derecho que se lo dio el art. 21 de la Constitucion Nacional: a resistir a la opresion, a todo poder de facto. Gracias a esa generacion y los 30.000 desaparecidos estos señores pueden hoy disfrutar de esta democracia. La actitud ilegal la tuvieron ellos, los que apoyaron la dictadura como los grupos economicos de la oligarquia (los que ordenaron el genocidio para imponer este modelo economico), jueces, iglesia,sindicalistas, clase politica y grandes sectores de la sociedad.-
Sin autocritica por la responsabilidad de todos y sin aclarar la verdad historica, las causa politicas y sociales que nos llevaron a los enfrentamientos, con memoria y justicia, estas heridas abiertas nunca van ha cerrar.
En este contexto cayeron luchando ROBERTO LANUSCOU (28 AÑOS) y AMELIA MIRANDA DE LANUSCOU (26 AÑOS) junto a sus pequeños hijos (ellos nunca supieron que se robaron a MATILDE). Resistieron cuatro horas estos compañeros de la Juventud Peronista y MONTONEROS
Pasaron a la historia como HEROES DE LA RESISTENCIA POR LA JUSTICIA SOCIAL.-



LOS PUEBLOS QUE PIERDEN LA MEMORIA VUELVEN A REPETIR
LA HISTORIA.-
LA UTOPIA ES EL REFUGIO DE
LA ESPERANZA.-
POR LA VERDAD HISTORICA Y
LA JUSTICIA.-
LA RESIGNACION NO HACE HISTORIA.-
GLORIA A LOS HEROES DE LA RESISTENCIA POR LA JUSTICIA SOCIAL.-
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.-


DAVID LANUSCOU.-
dlanuscou@yahoo.com.ar


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1976 - 3 de septiembre - 2008

Masacre de la familia Lanuscou

A 32 años del crimen paradigmático perpetrado por la dictadura en el Distrito, Vecinos por la Memoria de San Isidro adhiere y convoca al Homenaje que el sábado 13 de septiembre a las 16:30 horas, realizarán los familiares en Catamarca y Asunción, Martínez.

El 3 de septiembre de 1976 el Comando Zona IV Campo de Mayo conjuntamente con refuerzos del Batallón 601 de Boulogne y Policía de Provincia de Buenos Aires, atacó la casa de la familia Lanuscou, en la localidad de Martínez. Como resultado de cinco horas de intenso bombardeo fueron asesinados Roberto Lanuscou y Bárbara Miranda, y sus hijos Robertito y Barbarita de cuatro y seis años. La hija menor del matrimonio, Matildita, aún sigue siendo buscada.

Vecinos por la Memoria

de San Isidro


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