miércoles, 24 de septiembre de 2008


El juez federal neuquino Guillermo Labate procesó con prisión preventiva a 27 represores que integraron grupos de tareas en Neuquén y Río Negro durante la última dictadura. La resolución alcanza al ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, quien permanece detenido en Buenos Aires a disposición de otros jueces que investigan delitos de lesa humanidad. Ocho de los procesados son juzgados actualmente por el Tribunal Oral Federal de Neuquén por 16 casos de secuestros y torturas en el centro clandestino La Escuelita, que funcionó en el Batallón de Ingenieros 181, y por la desaparición forzada de Oscar Ragni. Entre ellos, se destacan el general Enrique Braulio Olea, los coroneles Oscar Reinhold y Mario Gómez Arenas y el mayor Luis Alberto Farías Barrera. "Es una megacausa", aseguró Labate, seleccionado para integrar al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, al describir la investigación a su cargo. El auto de procesamiento tiene 800 páginas, por lo que fue entregado a las partes en formato electrónico. La investigación de esta etapa comprende el secuestro y la aplicación de torturas de más de 40 víctimas de los represores de Neuquén y el Alto Valle, incluidos militares, gendarmes, agentes de inteligencia, efectivos de la Policía Federal y de las policías de Río Negro y Neuquén. Guglielminetti está acusado de liderar grupos de tareas en Neuquén a partir de marzo de 1976.


--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS



















Cargaron con 30 años de impunidad y hoyresguardo del calor hogareño bajo prisión domiciliaria a la espera de su juicio oral. En Mar del Plata funcionaron al menos trece centros clandestinos de detención por donde pasaron alrededor de 500 personas que hoy están desaparecidas. Del circuito represivo de la ciudad sólo hay 25 detenidos y un prófugo. A pesar de que un solo represor está detenido en la ciudad, la Justicia afirma que hay control sobre los hombres que superaron los 70 años y sufren los achaques de la edad. Además, dijo el magistrado que atiende la causa central, no son personas que piensen en escapar. En tanto, en Marcos Paz está alojado sólo Roberto Pertusio, quien abandonó su vivienda donde cumplía arresto después de que se hizo pública su concurrencia a las reuniones de asesoría de la Armada. El denominador común es el alto mando que tuvieron en los distintos centros de exterminio. La segunda y tercera línea, los torturadores y los integrantes de los grupos de tarea encargados de secuestros y golpizas, permanecen en libertad. Caminando por las calles de la ciudad y hasta siendo reconocidos por su tarea en la sociedad una vez que debieron reciclarse.
La causa de mayor dimensión es la 4.447, denominada Base Naval. Fue iniciada por la abogada y querellante, Gloria León, en el 2004 y ampliada en el 2006, con un listado que supera el centenar de nombres. Las pruebas se siguen sumando, pero a la fecha, se detuvieron 16. El promedio sugiere que la muerte sorprenderá impunes a muchos de ellos.
Entre noviembre del 2006 y julio de 2007 fueron detenidos los primeros ocho represores en el marco de la causa Base Naval. Menos uno, el resto está con prisión domiciliaria. Uno en Mar del Plata –Rafael Guiñazú-, dos en el Gran Buenos Aires –Mario Forbice, Juan José Lombardo-, tres en Capital Federal –Juan Carlos Malugani, Alfredo Arrillaga y Alberto Pedro Barda-, Pertusio está alojado en Marcos Paz, y Justo Alberto Ortiz disfruta de su vivienda en Merlo, San Luis y dedica sus días a alquilar cabañas. A fines de agosto fueron detenidos otros ocho represores, quienes se encuentran alojados en la alcaidía 44 de Batán –a excepción de Aldo Máspero que ya está con prisión domiciliaria- a la espera de la resolución que tome el Juez Rodolfo Padras con su situación. El criterio del magistrado es "mayores de 70 años o enfermos, a su casa". ¿Qué sucede con Narciso Ángel Racedo, quien tiene 65? A pesar de que se mantenía activo en su profesión de comerciante en Punta Alta, cuando fue arrestado, su salud y su moral se desmoronaron.
EN EL NOMBRE DEL PADRE
La última semana Pradas llamó a cada uno de los detenidos a ampliar su declaración por otras causas que atiende su Juzgado, a excepción de Barda, quien afronta en el TOF 5 de Capital Federal su primer juicio oral por la causa del Primer Cuerpo del Ejército, donde se le imputa el doble homicidio agravado por alevosía de Analía Magliaro y Jorge Candeloro. En su paso por Mar del Plata ninguno aceptó hablar.


Rafael Guiñazú fue llevado hasta el Juzgado por un patrullero PoliciaFederal y estuvo escoltado por tres uniformados. Detrás del móvil llegó con su auto particular el secretario de Gobierno de la comuna e hijo del represor, Juan Guiñazú, quien viajaba con el abogado de su padre, de apellido Velazco. Al llegar al juzgado, Rafael Guiñazú se bajó muy enérgico del patrullero e ingresó por la puerta principal, a diferencia del resto de los detenidos, quienes fueron introducidos por la puerta trasera. Al salir del edificio judicial, se introdujo rápidamente en el móvil, mientras su hijo se acercó a ver quién estaba fotografiando a su papá.


¿Quién es Rafael Alberto Guiñazú? El capitán de fragata fue subjefe de la Base Naval en 1977 y jefe Agrupación Buzos Tácticos, grupo de tareas del centro clandestino de detención en 1975, 1976 y 1978. Está acusado de 430 delitos de lesa humanidad. En democracia, fue director de la Escuela Nacional de Pesca, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en octubre del 2006 fue condecorado por sus 50 años en la Armada Argentina, sirviendo a las fuerzas. Hoy goza del arresto domiciliario en su vivienda de Garay al 200, Playa Grande.
HOGAR, LEJANO HOGAR
Justo Alberto Ignacio Ortiz fue subjefe de la Base Naval en 1976, está acusado de más de 350 delitos de lesa humanidad y su nombre –junto al teléfono de la Base- figura en el papel que el grupo de tareas dejó en una casa donde fueron a buscar a una joven que aún permanece desaparecida. Como el resto de los represores de la Marina detenidos por la causa Base Naval cumple arresto domiciliario en su casa. Pero tiene una particularidad: la dirección donde el Juzgado se encarga de realizar los controles -calle Los Pájaros- es la de un complejo de cabañas entre los cerros de Merlo, San Luis. Su emprendimiento turístico figura en la página oficial del municipio, dentro de la oferta hotelera.












CJVJM Comisión por los Juicios Verdad Justicia y Memoria - Mar del Plata
Informa: detenciones causa Marina 4447

SE LES IMPUTAN NUMEROSOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Se suman detenidos, se acorta la impunidad

Ocho represores vinculados a la causa “Base Naval” fueron apresados durante el último fin de semana por orden del juez federal Rodolfo Pradas. Cuatro se negaron a declarar y el resto lo decidirá hoy. Hasta que finalice el proceso serán alojados en la unidad penal 44 de Batán.

Ya nos son los mismos que hace 30 años. La mayoría pasa los 70 y dos de ellos superan los 80. Peinan canas, sus rostros parecen desinflados y muestran los achaques de la edad al bajar de la combi que los trasladó hasta el juzgado federal 3. Son ocho militares, entre coroneles, almirantes, prefectos, subprefectos y miembros del servicio de inteligencia de la Armada. Todos fueron detenidos imputados por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa 4447 “Malugani Carlos homicidio”, conocida con la megacausa de la Base Naval Mar del Plata.

Alrededor de las 15.30 cuatro camionetas del grupo de operaciones de Gendarmería de Campo de Mayo giraron por la calle Mendoza hacia Bolívar. En medio de un importante operativo de seguridad, siete de los ocho detenidos llegaron al juzgado federal ubicado en Bolívar y Viamonte.

Aldo Carlos Máspero, Juan Eduardo Mosqueda, Pedro Luis Bustamante, Ariel Macedonio Silva, Julio César Falcké, Raúl Alberto Marino y José Omar Lodigiani fueron detenidos durante el último fin de semana cuando el juez Rodolfo Pradas envió un exhorto a sus pares en Capital Federal, San Isidro y Bahía Blanca librando la detención y allanamiento de los domicilios. Horas más tarde llegó proveniente de Bahía Blanca el octavo imputado, el suboficial de Inteligencia de Marina Narciso Ángel Racedo (ver recuadro). Según informó el juez Pradas existe un noveno imputado que aún no pudo ser hallado. Los gendarmes habrían allanado su estudio jurídico pero no pudieron dar con él. Si bien el nombre de esta persona no trascendió, podría tratarse de un oficial de la Marina que además se desempeña como abogado y habría realizado algunos trámites para sustraer bienes a los detenidos desaparecidos que alojaban en la Base Naval.

El juez Pradas informó que los detenidos cumplieron funciones en distintos estamentos militares como el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA 601), la Base Naval Mar del Plata y la Escuela de Suboficiales de Marina (ESIM), ubicada en el predio del Faro. Los ocho están imputados en el marco de la causa 4447 conocida como Base Naval en la cual se investigan el secuestro, la detención ilegal y la tortura a 118 personas alojadas en esa dependencia d la Armada.

Sobre los detenidos pesan cargos por asociación ilícita, homicidio, privación ilegítima de la libertad y torturas. Las pruebas en su contra fueron obtenidas a lo largo de las audiencias del Juicio por la Verdad celebrado en esta ciudad. Allí sobrevivientes y testigos identificaron a los imputados, brindaron datos y en algunos casos sus nombres.

Ayer a la tarde, una vez que el juez les comunicara los motivos su detención, cuatro de los imputados -previa charla con sus abogados- coincidieron en no prestar declaración indagatoria. Hoy, Pradas entrevistará a los cuatro restantes para saber si declararán.

En la causa “Malugani Carlos – Homicidio” –conocida como causa Base Naval- se investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en la Base Naval, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina (ESIM) y en la Prefectura Naval de la misma localidad. Tanto la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación -representada por la abogada Gloria León- son querellantes en la causa. Ayer, conocida la noticia de las detenciones la titular de la Secretaría bonaerense Sara Derotier de Cobacho señaló que “estas detenciones resultan de gran importancia en una de las ciudades de la provincia que más sufrió la represión del Estado terrorista, en la que muchos represores siguen conviviendo impunes, y en la que las tres fuerzas armadas se coordinaron para organizar la represión”.

Si bien el juez Pradas prefirió no adelantar la situación futura de cada uno de los militares, informó que los detenidos serán alojados en la unidad penal Nº 44 Batán mientras dure el proceso. El magistrado cuenta con diez días a partir de hoy para decidir la situación judicial de cada uno.

Por su parte Máspero, Mosqueda, Bustamante, Silva, Falcké, Marino, Lodigiani y Racedo, sospechando que su estadía en la ciudad puede ser prolongada, llegaron al juzgado con su respectivo equipaje.

Los detenidos

1- NARCISO ÁNGEL RACEDO: Suboficial de inteligencia de Marina y actuó bajo el apodo de “Comisario Pepe”, en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval. En sus ratos libres se desempeñaba como árbitro de fútbol en la liga local. Se le imputan alrededor de 40 delitos

RAÚL ALBERTO MARINO: Capitán de Navío y se desempeñó como jefe de la Base Naval entre el 31 de enero del ’78 y el 11 de febrero de 1980.

JUAN EDUARDO MOSQUEDA: Fue Prefecto Principal y se desempeñó como jefe de Prefectura Naval Mar del Plata entre el 5 de febrero del ’75 y enero del ’77.

ARIEL MACEDONIO SILVA: Subprefecto y Jefe de la Sección de información de Inteligencia y de la dirección de POL. SEG. JUD (Dirección Nacional de Migraciones) de Prefectura Naval de Mar del Plata. Se le imputan 97 delitos.

PEDRO LUIS BUSTAMANTE: Subprefecto. Se desempeñó como Jefe de la Oficina de Policía de Seguridad de Navegación, dentro de Prefectura Naval que funcionó como centro de detención. Se le imputan 80 delitos.

JOSÉ OMAR LODIGIANI: Retirado con el cargo de almirante, se desempeñó como capitán de Fragata y como jefe de la Agrupación de Buzos Tácticos, durante el año 1977. Esta Agrupación se encontraba dentro del Centro Clandestino de Detención Base Naval y tenía por función alojar y custodiar las personas que pasaban por el Campo de Concentración. Se le imputan 120 delitos.

ALDO CARLOS MÁSPERO: Coronel retirado. Se desempeñó como Jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (comando de Subzona Militar 15), entre octubre 1977 y octubre de 1979.

JULIO CÉSAR FALQUE: Teniente de Navío. Se desempeñó como miembro de inteligencia de la Marina en la Base Naval. Fue jefe de contrainteligencia. Se le imputan al menos 15 delitos.

Una larga lista

La causa “Base Naval” tiene otros imputados además de los detenidos durante el último fin de semana. Todos ellos cumplen arresto domiciliario; sólo uno se encuentra en la ciudad. Uno de ellos, el coronel Pedro Alberto Barda (Jefe de la Sub Zona Militar 15) está siendo juzgado por doble homicidio agravado con alevosía de Analía Magliario y Jorge Candeloro y por los tormentos a los que fue sometida Marta García de Candeloro.

El resto son: el coronel Alfredo Arrillaga (Oficial de Inteligencia Ejército); el capitán de Fragata Justo Alberto Ortiz (subjefe de la Base Naval); el capitán de Navío Juan José Lombardo (jefe de la Base Naval) y el capitán de Fragata Rafael Alberto Guiñazú (subjefe de la Base Naval); el capitán de Fragata Roberto Luis Pertusio (subjefe Base Naval); el capitán de Navío Mario José Forbice (director de Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina).

Denuncian a Jakúlica por incitación a la violencia e intimidación pública
Una mujer denunció penalmente ayer al gerente de relaciones institucionales del Ingenio y Refinería San Martín de El Tabacal, Guillermo Jakúlica.

El avión fumigaba sobre los trabajadores que protestaban.
Lo acusó de incitación a la violencia e intimidación pública por los sucesos ocurridos el jueves 4 de este mes, cuando un grupo de personas, entre quienes se contaba el directivo, intentó ingresar a la planta industrial donde se mantenían los obreros en huelga. Ese día un avión fumigó a los trabajadores en protesta y a quienes los apoyaban.
La denuncia fue presentada ayer por Natalia Pintos, en la Fiscalía Penal Nº 1 de San Ramón de la Nueva Orán. En la presentación se reseña que el 4 de septiembre el Ingenio "había juntado" a "obreros de los contratistas (Antonio Calleri y otros), a pequeños productores de caña de la zona de Bolivia, capataces y trabajadores de la Frutícola, y algunos ingenieros y directivos" con el pretexto de que iban a marchar a la capilla de El Tabacal. Pero la marcha se desvío unos 400 o 500 metros y fue al portón de la planta industrial, donde estaban los empleados de paro.
Pintos dijo que temieron que se produjeran hechos de violencia, por lo que junto a Silvina Salinas, Anabela Salinas, Juliana Pintos, Cintia Medina, Elsa Tejerina, Irene Saracho, Gustavo Tapia y Silvia Concha, extendieron una bandera en el portón de la planta industrial y se apostaron, para evitar la entrada de los manifestantes pro Ingenio.
"La marcha (...) estaba dirigida por el ingeniero Guillermo Jakúlica, quien estaba rodeado de otros directivos como el ingeniero Tauro, Juan María Gutiérrez, Sergio Sajia, Antonio Calleri y otros más; esta marcha no se detuvo al vernos ante el portón cerrado sino que siguió caminando hasta nosotros y empezaron a empujar y a pegarnos; es el caso de Silvina Salinas, quien fue golpeada por el ingeniero Jakúlica y está hecha la denuncia. (...) Jakúlica hacía señas a los (conductores de los) tractores para que avancen hacia los portones, mientras les decía a las personas que estaban al frente: `Métanle, los vamos a sacar a la mierda`, `yo voy a cumplir la orden del juez de sacarlos a todos estos`, `tienen que cumplir la orden que les dio el juez`".

Como hubo un forcejeo entre los directivos y las mujeres, algunos vecinos de Hipólito Yrigoyen que habían ido con la marcha "cambiaron de posición y se
pusieron a defendernos para soportar los golpes y empujones que estábamos sufriendo nosotras", contó Pintos, quien añadió que "Jakulica impartía órdenes respecto a Gutiérrez y a Tauro".

La misma denunciante resultó con lesiones. En ese momento un obrero que estaba adentro, Julio César Valdez, avanzó con un tractor acoplado y del lado de la marcha le respondieron con piedras.
Otros obreros se sumaron y siguió el cruce de piedras; en el medio, las mujeres rodearon a Silvia Concha, embarazada de cuatro meses. Esta mujer y Cintia Medina denunciaron el hecho en la comisaría de El Tabacal.

En eso estaban cuando comenzó "a pasar una avioneta a pocos metros del suelo, cuatro o cinco metros, mientras tiraba algo", un líquido gris, que muchos creyeron que era veneno. El avión pasaba sobre todo sobre los huelguistas de la fábrica y sobre el portón. Pintos dijo creer que la patente y permiso de este avión, amarillo, es LV WZM, y estaría a nombre de Lucho Curá, de la empresa Ayres SA.
--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

EL MUNDO › EL OFICIALISMO ENVIO UN PROYECTO DE LEY AL CONGRESO

Chile debate su ley de genocidio


E l gobierno chileno quiere tipificar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra. Por eso envió al Congreso un proyecto de ley para incluir estas figuras en el Código Penal. "Estamos presentando este proyecto de ley por la importancia que tiene, en el derecho interno, tipificar y sancionar estos gravísimos delitos, pero también como un primer paso para poder llegar y culminar con la plena adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional, ratificando el Tratado de Roma", explicó a fines de agosto el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.

A 60 años de la Declaración de los Derechos Humanos, la administración de la presidenta Michelle Bachelet espera que Chile pueda adherir de forma plena a todos los convenios y tratados que aún no se han ratificado. "Todos los países de la Unión Europea ya han ratificado la Corte Penal Internacional, al igual que la mayoría de los países de América latina, como también lo han hecho, en el norte de nuestro continente, Canadá y México. De tal manera que nosotros, con nuestra no ratificación, estamos siendo una excepción en esta materia tan importante para el resguardo de los derechos de las personas", dijo el ministro.

Sin embargo, de aprobarse el proyecto de ley, Chile se colocaría un paso adelante de sus vecinos. En Argentina, por ejemplo, tanto la figura de genocidio como los crímenes de lesa humanidad están identificados en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Al no estar tipificados en el Código Penal, no son delitos imprescriptibles y su aplicación queda sujeta a la decisión de cada juez.

El avance en materia de derechos humanos se aceleró tras la detención del ex dictador Augusto Pinochet. En este marco, Viera Gallo sostuvo que si el Parlamento aprueba el proyecto de ley, "parte importante de la agenda de derechos humanos estaría cumplida".


RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS






ARCHIVOS

La verdad y el acceso a los archivos de la represión

Desde la antigüedad los archivos han servido para esgrimir y defender los derechos de los hombres y también como testimonio para formar la historia de la humanidad, lo cual hace sentir al individuo parte de todo. Así es el sentir humano y cuando esto no se cumple ocurre un "vacío" a causa de la falta de saber, el cual provoca incertidumbre, angustia, soledad y sobre todo un profundo dolor. En suma, todo esto produce heridas que solo se pueden reparar a través del conocimiento, de la obtención de los datos y de la información, en definitiva, de la verdad.

Desde antes de la dictadura cívico-militar ya se creaban y formaban los "archivos del terror". En ellos quedaba registrada toda la información: documentos, fotografías, datos, prensa, seguimientos, estudiantes, trabajadores, civiles, militares, torturas, detenciones, colaboradores, etc. En fin, archivos e información de la sociedad entera.

Diversas organizaciones de derechos humanos hicieron peticiones al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa solicitando la desclasificación de los archivos de Inteligencia policial y militar. También se solicitó el acceso a los archivos del Hospital Militar, los archivos del SID (Servicio de Inteligencia de Defensa) y de la OCOA (Órgano Coordinador de Operaciones Antisubersivas) Excepto en el Ministerio de Relaciones Exteriores y alguna información puntual que se le ha pedido al Ministerio del Interior, no se han mostrado documentos y archivos que ayuden a la justicia a esclarecer la verdad. Actualmente Cancillería brinda los archivos donde se encuentra documentación producida en época de dictadura, relevó las fuentes documentales referentes a violaciones de los derechos humanos en el período 1972-1986. Incluye casos presentados ante organizaciones internacionales como OEA, ONU o UNESCO, fichas y nóminas de personas requeridas, detenidas, liberadas, el seguimiento de personas y organizaciones en el país y en el exterior, denuncias, trámites de pasaportes, correspondencia, etc.

Por otro lado, se ha podido confirmar una serie de irregularidades en los archivos nacionales, una de ellas es la desaparición de parte de los repositorios, en algunos casos por cumplimiento a resoluciones de los mandos de la dictadura en los últimos meses del régimen. Un ejemplo es la resolución del 31 de octubre de 1984 del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que se disponía "la destrucción de documentos de desuso y carentes de interés que hayan sido microfilmados".

Otro caso de desaparición de documentos fue confirmado en el Poder Legislativo. Según el testimonio de Luis María Paravís, funcionario parlamentario, las grabaciones sobre el Escuadrón de la Muerte en el año 1972 que contenían los testimonios de las personas que presentaron declaración ante la Comisión Investigadora Parlamentaria, fueron requisadas en diciembre de 1973 por efectivos militares.

El grupo de investigación sobre la historia reciente en Uruguay, formado por arqueólogos, historiadores y técnicos universitarios, explicaron que no pudieron acceder a documentación localizada en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, ni a otros archivos como el de la ESMACO (Oficina Laboral del Estado Mayor Conjunto), o de la COMASPO (Comisión de Asuntos Políticos). El difícil acceso a las fuentes documentales producidas tanto por el Estado como por los distintos actores sociales o políticos ha impedido muchas veces profundizar en las diferentes complejidades del período. Los archivos y documentos se han mostrado en forma dispersa y a partir de criterios diferentes. Además no se cuenta aún con un marco legal apropiado que estipule cuales deben ser los tiempos y mecanismos para acceder a los documentos.

Mientras tanto, el año pasado fueron encontrados en un armario de una dependencia del ejército, archivos que consisten en 1200 rollos de imágenes, donde hay 2500 imágenes por cada uno de ellos. Los documentos tienen diversa información de los servicios de Inteligencia sobre los ciudadanos confinados en predios militares y centros de reclusión de la época. El Ministerio dice que se están desclasificando y serán entregados al Presidente de la República a la brevedad, para quizá luego, llevarlos al Archivo General de la Nación ya que este se encarga de la preservación, custodia y difusión de la documentación a nivel nacional. En el AGN se encuentran expedientes de la Justicia Militar que pertenecen al Ministerio de Defensa y están allí por falta de lugar. Están ordenados en paquetes de volumen variable y se registra la falta de expedientes en su mayoría de casos de procesamientos de civiles entre 1972 y 1978.

En la dirección de Información e Inteligencia se encuentran los documentos producidos entre 1973 y 1985. Se tratan de documentos sobre partidos y organizaciones políticas, sociales, sindicales y eclesiásticas, comunicados de prensa, informes sobre procedimientos, seguimientos, requisitorias, capturas, listados de presos, lugares de reclusión, libertades vigiladas, copias de agencias de inteligencia militar e investigaciones sobre los grupos de izquierda y además los prontuarios de personas.

Es hora de asegurar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los documentos de archivos en general y a los del terrorismo de Estado en particular. Hay que avanzar mucho más en la identificación, organización y puesta a disposición del Poder Judicial y de la sociedad, todo lo concerniente a la dictadura y sus consecuencias.

El pasado mantiene muchas cuentas abiertas con la justicia, sin el esclarecimiento de la verdad de todo lo ocurrido no puede haber paz entre nuestro pueblo. La sociedad la necesita y a partir de ella, esa memoria activa y colectiva, que nos dará las herramientas para recuperar aquellos valores que hablan de la dignidad humana.

Las organizaciones de derechos humanos conjuntamente con otros actores sociales, tienen la obligación ética, histórica y política de apropiarse de la memoria y combatir el olvido. Lamentablemente, el país se encuentra muy lejos de haber consolidado un rumbo como el que se recomienda y practica en la experiencia internacional sobre los archivos represivos. En este tema nos hemos quedado atrás, urge emprender con firmeza y decisión un conjunto de acciones en la materia. Cuanto más pase el tiempo, más difícil será la tarea.

MARYS YIC











El país|Sábado, 13 de Septiembre de 2008

Santucho y Urteaga

Familiares de Mario Roberto Santucho y de Benito Urteaga volvieron a reclamar con una conferencia de prensa en Diputados que el Ejército dé información sobre dónde están los restos de ambos dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) desaparecidos en 1976. Los familiares fueron acompañados por la diputada Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, autora de un proyecto de declaración solicitando "en nombre del derecho a la verdad" apoyo para la búsqueda de los restos de Santucho; también la legisladora porteña Diana Maffía participó de la rueda de prensa. Sobre los restos de Santucho hay tres testimonios que indican que estaría en Campo de Mayo. Uno de ellos señala que su cuerpo fue embalsamado y expuesto por Domingo Bussi como "trofeo de guerra" en el llamado "Museo de la Subversión" que la dictadura inauguró en 1979.

© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados


--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS









El país|Sábado, 13 de Septiembre de 2008
ACTO DE EX PRESOS POLITICOS EN LA ENTRADA DE LA CARCEL DE DEVOTO

Un homenaje "a los que resistieron"

Ex presos políticos durante la dictadura, sus padres, sus hijos y sus nietos inauguraron una baldosa frente al penal en memoria de tres compañeros muertos. El Servicio Penitenciario no quiso que el acto se hiciera adentro.

Por Laura Vales
http://static.pagina12.com.ar/fotos/20080913/notas/na14fo00.jpg
El homenaje se encuadra en una serie de visitas que ex presos vienen realizando en otras cárceles.

Iban a visitar la cárcel, ya habían arreglado incluso cómo: en grupos de 30 ex presos políticos por vez, durante dos viernes, hasta cubrir los 600 que se habían anotado para volver a Devoto. Pero después de dos meses de preparativos, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal dieron marcha atrás. El argumento: que los presos comunes podrían sentirse estresados por la visita de los ex presos políticos. "¿Y no será que ya están estresados por otros motivos?", se pregunta con ironía Gustavo Westerkamp en la puerta del penal, mientras prueba el sonido para el encuentro que de todos modos convocaron frente a la cárcel. Aunque sin la visita al interior del penal, ayer los ex presos políticos realizaron un acto en Devoto, en homenaje "a los que resistieron y murieron tras las rejas" durante la dictadura.

Un poco eso –la actividad central fue descubrir en la vereda una baldosa en memoria de tres de sus compañeros muertos en el lugar–, el encuentro tuvo también como objetivo hacer un agradecimiento a los familiares que los acompañaron mientras estuvieron dentro.

"Y otra razón fue continuar con la serie de visitas que venimos haciendo a otras cárceles, como las de Rawson y La Plata", agrega Nelfa Suárez, el pelo largo, lacio y oscuro como en los '70, también ex detenida.

El acto juntó en el asfalto de la calle Bermúdez a cuatro generaciones: los padres de los ex presos, los ex presos, sus hijos y sus nietos. Algunas frases escuchadas en los grupos que se armaron a los costados del escenario:

"Casi todas las presas que estuvimos acá éramos militantes. Tratábamos de estar muy activas. Estudiábamos, hacíamos cosas para estar organizadas. Teníamos una consigna: 'la neurona que nos quedó, hay que usarla a mil'."

"Ellos montaron un sistema de calesita porque no querían que hubiera lazos. Nos hacían rotar, pero también fue una ventaja porque nos fuimos conociendo más."

"Todavía es difícil contar qué nos pasó. La gente te escucha dos minutos y no quiere oír más. Hay una especie de rechazo, una sociedad que no asume."

"Las requisas eran violentas. Nosotras no nos desnudábamos, nos quedábamos en bombacha y corpiño, y ésa era una forma de resistir. Tampoco permitíamos que nos tocaran, aunque nos metían en la celda de castigo. Pero no nos tocaban: éramos presas políticas."

"La memoria va mucho más allá del recuerdo. Lo vivimos con el conflicto del campo que lo mostró, ahí podías repetir la información o hacer un análisis crítico, pero para eso es necesario ir a la memoria. Lo del campo provocó mucha fragmentación y mucha confusión en la sociedad; ¿desde dónde trabajás eso? Desde la memoria, pero una memoria crítica, no una memoria del recuerdo."

"Salí en el '83. Me sentía una extraterrestre. Mi familia, mis amigos estaban en otra cosa. No me entendían ni yo tampoco a ellos, porque había vivido en otro mundo, una especie de comunidad en la cárcel."

Patricia Traba y Silvia Abdolatif explican que Devoto "fue donde la dictadura llevó a la mayoría de las presas mujeres".

Los militares la usaron además como una vidriera, porque ante la presión internacional por los desaparecidos durante la dictadura necesitaban tener algo para mostrar. Trasladaron así a muchas detenidas de cárceles de provincia. "Que te trajeran era una garantía de que ibas a vivir. Pero no del todo, porque también acá tuvimos una desaparecida."

La baldosa de homenaje se instaló en la vereda de la entrada principal. En ella figuran los nombres de Teresita Di Martino, a quien la dictadura fingió liberar para que un grupo de tareas la secuestrara, y el de Alicia Pais, una presa que murió en el interior de Devoto: era asmática y no le dieron atención médica.

El tercer nombre es el del abogado Mario Abel Amaya, un conocido defensor de presos políticos, militante radical, a quien trasladaron desde Rawson en muy mal estado físico por la tortura, y que murió a poco de haber ingresado.

Varias bandas de música y una murga actuaron antes de que ex presos, familiares y amigos subieran al escenario para decir unas palabras. El abogado Hipólito Solari Yrigoyen, a quien secuestraron junto a Amaya, fue el primero en hacerlo. Un amigo de Teresita Di Martino recordó su militancia en el PRT. Otros, como Liliana Rossi, ex detenida, y Camilo, hijo de Alicia Pais, cantaron. Para después del acto se había organizado una peña en la Mutual "El Sentimiento". Es que como sucedió con otras visitas, el evento había reunido a gente de varios puntos del país después de 25 años.

© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados


--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
A LAS 18 HS EL DIA JUEVES 18 EN MITRE Y SAN MARTIN
FAVOR DIFUNDIR.
SABEMOS QUE EL SILENCIO Y EL OLVIDO
SON COMPLICES. " GRITEMOS TODOS JUNTOS APARICION CON
VIDA Y CASTIGO A LOS CULPABLES"











En la puerta del penal de Devoto –Bermúdez 2651– se realizará hoy a las 17 una jornada por la memoria en homenaje a los presos políticos de la última dictadura militar. "En homenaje a las compañeras y compañeros que resistieron, padecieron y murieron tras las rejas, frente al triste monumento a la muerte, el dolor y el maltrato, dejaremos nuevas huellas de la resistencia de nuestro pueblo y su memoria", señalaron los organizadores, que realizaron ayer una conferencia de prensa en el salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados junto al presidente de la comisión de Derechos Humanos, Remo Carlotto.

Fuente: Pagina 12
--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

El país|Viernes, 12 de Septiembre de 2008
LA FAMILIA DE LOPEZ QUIERE INVESTIGAR A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

Para culpabilizar a la víctima

El abogado Alfredo Gascón pidió que se cite a quienes formaban parte del "entorno social" del testigo desaparecido. "Estamos tratando de averiguar qué actividades lo pudieran haber llevado a una situación de riesgo", señaló el letrado.

Por Adriana Meyer
http://static.pagina12.com.ar/fotos/20080912/notas/na14fo02.jpg
Jorge Julio López desapareció después de declarar contra el represor Miguel Etchecolatz.

La familia de Jorge Julio López quiere saber qué actividades hacía, con quiénes se reunía, de qué hablaba cuando salía de su casa de Los Hornos. Por eso le pidió al juez federal Arnaldo Corazza que cite a declaración testimonial a quienes formaban parte del entorno social del testigo, que sigue de-saparecido desde hace casi dos años. "Queremos saber si por ese lado podemos obtener algún dato, todo lo demás hasta ahora fracasó", explicó el abogado Alfredo Gascón. PáginaI12 le preguntó si esta búsqueda apunta a la relación que López tenía con organismos y militantes de derechos humanos. "Lo que sea, los hijos no saben qué hacía ni con quiénes se encontraba", respondió. Aunque el letrado aclaró que "no estamos señalando a nadie, sólo se busca información", los compañeros de López expresaron preocupación por este intento de "investigar a la víctima".

Julio López desapareció por primera vez el 27 de octubre de 1976, y permaneció tres años en los campos de exterminio del circuito Camps. Había militado en la Unidad Básica Juan Pablo Maestre, que respondía a Montoneros, adonde acudía en sus tardes libres. Pero la política no era tema en la mesa familiar. Tras sobrevivir a la tortura y presenciar crímenes de la patota de Miguel Etchecolatz, fue liberado. Según su esposa, Irene Savegnago, nunca habló de lo sucedido. Varios años después se contactó con otros sobrevivientes y comenzó a participar en la reconstrucción del horror. La segunda desaparición, días antes del veredicto contra Etchecolatz, fue un golpe demasiado duro y el inmenso dolor familiar pudo más que la necesidad de saber. Hasta ahora.

"Sólo hay hipótesis, no hay ningún indicio serio que hoy nos permita saber el paradero de López ni si lo han matado, ni dónde desapareció ni a qué hora. Se está volviendo a revisar toda la causa a ver si quedó algún cabo suelto de las primeras semanas, y estamos tratando de averiguar qué actividades hacía López que desconociera la familia y que lo pudieran haber llevado a una situación de riesgo como para haber desaparecido", explicó Gascón. "La conclusión familiar es que López salió entre las 12 y las 7, a esa hora no iba al juicio, no esta vestido para ir al juicio, queremos ver con qué personas se juntaba, los hijos no lo saben, no cierran esos horarios, era una persona mayor, muy metódica", agregó. Para ello solicitó al juez Corazza que cite como testigos a todas las personas que estuvieron con él en la causa Etchecolatz, a los abogados que lo representaron y a "algunas personas vinculadas a los organismos".

PáginaI12 le preguntó si no es extraño suponer que el origen de su desaparición pudiera estar entre quienes fueron sus compañeros de cautiverio. "No sabemos qué sabía López, queremos saber más de lo que declaró, algo que se haya guardado, no estamos diciendo que ahí puede estar quien lo secuestró, pero nadie se puede enojar porque preguntemos, no lo vamos a señalar", contestó. Consultado sobre cómo es posible que la familia haya accedido a que se investigue a la víctima, Gascón dijo que "los criterios penales más modernos dicen que hay que evaluar todo".

Cuando el abogado se pronunció a favor de la continuidad de la policía bonaerense en el caso, pidió también que se investigara quiénes podrían haber evitado que López desapareciera. El camarista Alberto Durán hizo lugar al pedido pero luego la causa volvió a manos de Corazza. ¿A qué apuntaría esta iniciativa? "A aquellos que según el código de procedimiento penal deben velar por la seguridad de los testigos, a saber si se pidieron u ordenaron medidas de protección, a todo el mundo porque un albañil fue a declarar con toda su buena voluntad y está desaparecido", afirmó Gascón.

La familia de López y los miembros de los organismos de derechos humanos con los que se había vinculado en los últimos años mantuvieron hasta ahora una respetuosa distancia mutua. Las dudas que unos y otros pudieran tener nunca fueron conversadas. "No nos llamaron en estos dos años", dice el abogado de la familia. "Los llamamos y no tuvimos respuesta", sostienen los compañeros de López. Esta ausencia de comunicación sería reemplazada por un interrogatorio judicial, cuya efectividad, según pudo saber este diario, fue puesta en duda por los investigadores del caso.

© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados


--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS






Proceso contra Skidelsky

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura abrió el proceso de remoción del juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky. El magistrado está acusado de "mal desempeño" y deberá afrontar al jurado de enjuiciamiento si el plenario del cuerpo confirma esta medida. Votaron en su contra los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel, el senador Nicolás Fernández, Marcela Losardo, representante del Poder Ejecutivo, y Santiago Montaña, representante de los abogados. El senador Ernesto Sanz y el académico Mariano Candioti se pronunciaron por no acusarlo.

© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados


--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS





ACTO POR MASACRE FLIA.LANUSCOU Y SECUESTRO DE MATILDE.-


Invito a todos los sectores de la poblacion al acto homenaje por el nuevo aniversario de la masacre de la flia. LANUSCOU y el secuestro de la pequeña MATILDE para el sabado 13 de septiembre del 2008 a las 16.30 hs en el lugar del hecho: Catamarca esq. Asuncion, partido de San Isidro, pcia. de BS.AS.-Tomar el omnibus 60 y bajarse en Fleming y Catamarca.-Recibo todo tipo de adhesiones que seran leidas en el mismo dlanuscou@yahoo.com.ar.-Los espero para mantener viva la memoria historica y que se haga justicia.-

LOS HECHOS Y SUS RESPONSABLES.-

A las 22 hs del 3-9-76 fuerzas represivas de la dictadura oligarquica-imperialista atacan la casa de calle Asuncion y Catamarca, partido de San Isidro,pcia. de BS.AS. La resistencia desde la misma no espero.
"Septiembre se hizo noche,la noche fue una tumba" dice nuestra cancion en "Matilde de seis lunas".
A las 2 de la madrugada del 4 de septiembre ceso la resistencia de Roberto Francisco y Amelia Barbara durante cuatro interminables horas.En ese instante,la casa destruida y el mes acongojado tomaron conciencia de que ya eran una tumba.
Resistieron como revolucionarios integros, idelistas por un mundo mejor,con gran entereza al ejercito mercenario brazo armado de la oligarquia cipaya vendepatria,recibiendo ordenes de la misma y el imperio con su plan "Condor" para acallar toda voz que se levante contra la imposicion del modelo neoliberal de concentracion de la riqueza.
Acallaron las voces de Roberto y Amelia, tambien las del futuro: sus hijos Robertito de 6 años y Barbarita de 4. Se robaron la mas pequeña, Matilde de 6 meses.
Atras de esto estuvieron muchos civiles,ideologos, los que "ordenaron ordenar" el genocidio, colaboradores, encubridores,como la directora del diario Clarin que se reunia con la junta militar (hay fotos y documentos) para negociar no hablar de los desaparecidos y quedarse con todo PAPEL PRENSA. Si, la misma, la sra. Ernestina de Noble, apropiadora de Felipe y Marcela (quizas sea mi sobrina MATILDE),PERO CON LA CERTEZA QUE SON HIJOS DE COMPAÑEROS DESAPARECIDOS.
Esta sra. "jefa" del cuarto poder, poder que en su inmensa mayoria apoyo la dictadura, que callo los crimenes de lesa humanidad, que en la actualidad difama por todos los medios a la resistencia gloriosa de la generacion mas altuista de la historia, poder que sigue levantando injustamente la nefasta teoria de los "DOS DEMONIOS", sin tener la dignidad de reconocer que esa generacion resistio legalmente a la dictadura ,derecho que se lo dio el art. 21 de la Constitucion Nacional: a resistir a la opresion, a todo poder de facto. Gracias a esa generacion y los 30.000 desaparecidos estos señores pueden hoy disfrutar de esta democracia. La actitud ilegal la tuvieron ellos, los que apoyaron la dictadura como los grupos economicos de la oligarquia (los que ordenaron el genocidio para imponer este modelo economico), jueces, iglesia,sindicalistas, clase politica y grandes sectores de la sociedad.-
Sin autocritica por la responsabilidad de todos y sin aclarar la verdad historica, las causa politicas y sociales que nos llevaron a los enfrentamientos, con memoria y justicia, estas heridas abiertas nunca van ha cerrar.
En este contexto cayeron luchando ROBERTO LANUSCOU (28 AÑOS) y AMELIA MIRANDA DE LANUSCOU (26 AÑOS) junto a sus pequeños hijos (ellos nunca supieron que se robaron a MATILDE). Resistieron cuatro horas estos compañeros de la Juventud Peronista y MONTONEROS
Pasaron a la historia como HEROES DE LA RESISTENCIA POR LA JUSTICIA SOCIAL.-



LOS PUEBLOS QUE PIERDEN LA MEMORIA VUELVEN A REPETIR
LA HISTORIA.-
LA UTOPIA ES EL REFUGIO DE
LA ESPERANZA.-
POR LA VERDAD HISTORICA Y
LA JUSTICIA.-
LA RESIGNACION NO HACE HISTORIA.-
GLORIA A LOS HEROES DE LA RESISTENCIA POR LA JUSTICIA SOCIAL.-
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.-


DAVID LANUSCOU.-
dlanuscou@yahoo.com.ar


--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS









1976 - 3 de septiembre - 2008

Masacre de la familia Lanuscou

A 32 años del crimen paradigmático perpetrado por la dictadura en el Distrito, Vecinos por la Memoria de San Isidro adhiere y convoca al Homenaje que el sábado 13 de septiembre a las 16:30 horas, realizarán los familiares en Catamarca y Asunción, Martínez.

El 3 de septiembre de 1976 el Comando Zona IV Campo de Mayo conjuntamente con refuerzos del Batallón 601 de Boulogne y Policía de Provincia de Buenos Aires, atacó la casa de la familia Lanuscou, en la localidad de Martínez. Como resultado de cinco horas de intenso bombardeo fueron asesinados Roberto Lanuscou y Bárbara Miranda, y sus hijos Robertito y Barbarita de cuatro y seis años. La hija menor del matrimonio, Matildita, aún sigue siendo buscada.

Vecinos por la Memoria

de San Isidro


--

jueves, 11 de septiembre de 2008


EL PAIS LAS ABUELAS DE FEDERICO CAGNOLA PEREYRA, EL NIETO 95

“El quiso conocernos”

Jorgelina Pereyra y Nilda Cagnola cuentan cómo fue el reencuentro con su nieto, al que buscaron durante 30 años. “No tengan miedo de recuperar su identidad, es de la única manera que van a caminar firmes”, fue el mensaje para los que dudan.

Por Diego Martínez

“Fue el día más feliz de mi vida. Me reí, lloré, le hablé desde el lugar donde están sus papás, le dije que había podido cumplir lo que desde siempre le prometí a mi hija: encontrar a su hijito, mi nieto”, explica Jorgelina “Coqui” Pereyra. “Fue una emoción enorme, porque además él quiso conocernos”, explica Nilda Cagnola con los ojos llorosos. Jorgelina y Nilda son las madres de Liliana Carmen Pereyra y de Eduardo Alberto Cagnola respectivamente, y se refieren al encuentro con su nieto Federico, nacido durante el cautiverio de su madre en la ESMA e identificado por una investigación de HIJOS. Sin ocultar la alegría pero cuidadosas de no dar datos sobre el nieto 95 recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, ambas hablaron ayer ante decenas de cámaras en la sede del organismo. También se confirmó la identificación de Laura Catalina De Sanctis Ovando, nacida durante el cautiverio de su madre en el Hospital Militar de Campo de Mayo. “No tengan miedo de recuperar su identidad, es de la única manera que van a caminar firmes”, aseguró Coqui, que encabeza la filial de Abuelas en La Plata.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, repasó la historia de ambas parejas y de sus búsquedas en una sala desbordada de periodistas, amigos, y una numerosa delegación de Chacabuco que acompañó a los familiares de Cagnola. Contó que “Lali” y “Mocho” se conocieron en La Plata, donde estudiaban derecho y donde comenzaron a militar en la Juventud Universitaria Peronista, escala previa a su incorporación a Montoneros. En 1977, cuando La Plata era tierra arrasada, se mudaron a una pensión de Mar del Plata. Ella trabajó como filetera, él en una cámara frigorífica.

Los secuestraron el 5 de octubre, a Liliana con un embarazo de cinco meses, y los trasladaron a la Base Naval de Mar del Plata, donde Eduardo fue visto por última vez. Luego Liliana fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz a Federico en febrero de 1978. Estuvieron juntos alrededor de diez días. Luego los marinos de Mar del Plata se llevaron a Liliana. Allí se le perdió el rastro. En 1985 el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó e identificó su cuerpo, enterrado en el cementerio de Mar del Plata. Cagnola sigue desaparecido.

Ambas abuelas denunciaron el caso en 1981. Poco después recibieron denuncias sobre un matrimonio que podía tener en su poder un posible hijo de desaparecidos. La comisión “Hermanos” de la agrupación HIJOS dio con el paradero de Federico. El juez federal Jorge Ballestero ordenó retirar muestras de ADN de pertenencias del joven. El martes, en su despacho, le informó que la compatibilidad con la familia Cagnola-Pereyra es de un 99,99 por ciento. El juez le informó que abuelas, tíos y primos estaban en otra oficina y Federico aceptó conocerlos allí mismo.

“Fue algo sensacional. La emoción, el amor, la alegría, es muy difícil de expresar con palabras. Fui pensando que él querría resguardarse. Cuando el juez nos dijo que quería conocernos fue una sorpresa hermosísima. Así que tuvimos la dicha de verlo. Lo besé, lo abracé, le mostré fotos de su mamá y su papá, y tuve una charla breve”, repasa Coqui.

Nilda admite que sintió “una emoción muy grande” y destaca que nunca perdió la esperanza de encontrarlo. “Con mi esposo, que se tuvo que ir antes que yo, siempre decíamos que teníamos que encontrarlo y que él conociera sus orígenes. Después, que decidiera qué hacer. Ahora es un hombre de treinta años, así que ya decide. Fue una alegría enorme verlo. Conversó mucho y desde luego quiere que lo respetemos, pero intercambiamos los teléfonos, así que a lo mejor nos vamos a comunicar”, sonríe.

–¿Es parecido a sus padres?

–En realidad tenía tanto miedo de emocionarme y llorar y no poder disfrutarlo que me paré y lo único que pude decirle es “sos muy buen mozo”. Después lo besé, le tocaba el brazo, la espalda, lo toqueteé todo, cosa que nunca imaginé. Son tantos años –confiesa Pereyra.

Mientras dialoga con PáginaI12, Coqui recibe otra noticia, la frutilla de la torta. “Llamó recién tu nieto. Te manda un beso enorme. A vos y a todos. Agradece muchísimo que lo hayan resguardado”, le informan. Coqui salta del sillón, exclama “¡Hay, mi amor!”, corre hacia al resto de las Abuelas y cuenta a los gritos “¡Me llamó mi nieto! ¡Me llamó mi nieto!”.

EL PAIS

Los tratados internacionales

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández; el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana; el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; Víctor Abramovich, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, se reunieron ayer en la Facultad de Derecho para presentar La aplicación de los tratados de derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, un libro editado por el organismo de derechos humanos. Fernández aseguró que el Gobierno está “compenetrado con la defensa de los derechos humanos”, pero reconoció que “Argentina pide más”. Coincidió con el resto de los panelistas en que la aplicación de los tratados internacionales en el país no se vincula sólo con los crímenes de lesa humanidad, sino también con salud, trabajo, libertad de expresión y medio ambiente, entre otros temas. Taiana señaló que la presencia de casos contra Argentina en el sistema interamericano de derechos humanos es procesado como “oportunidad” y no un problema. Lorenzetti, por su parte, aseguró que el desafío para el futuro ya no pasaba por la normativa, sino por la “efectividad en el cumplimiento de los derechos humanos”. Abramovich afirmó que la aplicación de los tratados internacionales en estos últimos años “fue más allá de lo esperado” y ponderó la creación dentro del Estado de agencias especializadas en derechos humanos, así como la mayor integración de los países de la región en la materia.



www.criticadigital.com.ar
El país / Edición Impresa

Declaró guadalupe noble en la causa ernestina

"Si lo hubiera sabido, lo denunciaba"


"Si hubiera sabido de la adopción y que tenían el apellido Noble hubiera hecho alguna presentación judicial. Esto ocurrió 10 años después de que murió mi padre." Con ese argumento, la hija del fundador de Clarín, Roberto Noble, negó tener datos concretos sobre el origen de los dos jóvenes adoptados por Ernestina Herrera en 1976.

Guadalupe Noble fue citada por el juez federal de San Isidro Conrado Bergesio, quien investiga si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. En la audiencia estuvieron los abogados de la directora del multimedio, Eduardo Padilla Fox y Carlos Espinoza, quienes se opusieron a la presencia de los representantes de la Abuelas de Plaza de Mayo. Pero el juez rechazó el planteo.

La única hija biológica de Noble dijo tener una relación cordial con Ernestina y haberse comunicado con ella cuando estuvo detenida por orden del anterior juez de la causa, Roberto Marquevich. Sin embargo, indicó que desconocía las circunstancias de la adopción.

Según consta en el libro La Noble Ernestina del periodista Pablo Llonto, el mismo año de las adopciones, Guadalupe Noble había iniciado una acción civil que cuestionaba el testamento en el que su padre ponía como principal beneficiaria a Ernestina. Argumentaba que Noble había sido inducido por su mujer a modificar el texto, aprovechando el grave estado de salud de aquél. En 1976 el juicio estaba en trámite cuando Ernestina Herrera adoptó a los dos niños y los inscribió con el apellido de su marido, quien ya había fallecido.

Para las próximas semanas están citados entre otros, el CEO de Clarín Héctor Magnetto y los represores detenidos Raúl Guglielminetti y Adolfo Scilingo, para que aporten datos acerca de la identidad de los padres de los jóvenes.

--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS









Hoy despedimos con profundo dolor a una de nuestras más queridas compañeras.
Nelma fuiste ejemplo de lucha, perseverancia y tenecidad,levantamos tus banderas como posta por la verdad y justicia.
Tu incansable trabajo por la memoria de tu hijo Sergio será desde ahora nuestra tarea.

Compañera Nelma Jalil : !! HASTA LA VICTORIA SIEMPRE ¡¡¡

Compañeros desaparecidos PRESENTE AHORA Y SIEMPRE.....

APARICION CON VIDA DE JULIO LOPEZ....

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS ROSARIO





CITADOS EN UNA NOBLE CAUSA

La Justicia quiere que aporten información sobre las adopciones de los hijos de Ernestina. También citan a médicos y represores.


--
10.09.2008

Ernestina de Noble. La Justicia quiere saber quiénes son los padres biológicos de Marcela y Felipe Noble.

El juez Conrado Bergesio citó a declarar a directivos del Grupo Clarín, pediatras y represores para que aporten información sobres las adopciones irregulares de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. La causa investiga si los jóvenes fueron robados a padres desaparecidos y apropiados ilegalmente. Meses atrás, la Corte Suprema ordenó que los análisis de ADN se realicen en el Cuerpo Médico Forense y sólo se crucen con las muestras de las familias querellantes. Los estudios aún no se realizaron.

Después de años de idas y venidas judiciales, el juez federal Nº 2 de San Isidro tomó una serie de medidas para reunir nuevas pruebas. Entre quienes citó a brindar testimonio se encuentran los miembros del directorio de Clarín, Héctor Magnetto y José Aranda; los pediatras de los hijos de Ernestina, Ignacio Katz y Norma Cadopi; y la hija mayor de Roberto Noble, Guadalupe Noble Zapata.

El juez también citó a dos represores. Uno es Adolfo Scilingo, detenido en España por delitos de lesa humanidad, quien en su libro Por siempre nunca más aseguró que el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti sabía quiénes son los padres biológicos de Marcela y Felipe Noble. Por eso, también está citado Guglielminetti, preso en Marcos Paz.

Las citaciones llegan años después de que las familias Gualdero-García y Miranda-Lanuscou las solicitaran como parte de la búsqueda de sus nietos. En el tiempo transcurrido, uno de los testigos clave, el dirigente desarrollista Rogelio Frigerio, murió sin declarar.

Para la abogada Alcira Ríos las medidas dispuestas por Bergesio son importantes, pero lo fundamental son los análisis. "Así como están ordenados, los estudios no conducirán a nada. La Ley establece que deben realizarse en el Hospital Durand para ser cruzados con el Banco de Datos Genéticos", consideró.

Alan Iud, representante de Abuelas de Plaza de Mayo, también querellante en la causa, evaluó que con esta resolución "queda en evidencia que el análisis de ADN con sólo dos grupos no alcanza. Esperamos que la causa avance para determinar quiénes son los padres de los jóvenes".

RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS








JORNADA POR LA MEMORIA
FRENTE A LA CÁRCEL DE DEVOTO


Ex presas y presos políticos que hemos pasado por la Unidad 2 del Servicio Penitenciario Federal de Villa Devoto rendimos homenaje a todas las compañeras y compañeros que resistieron, padecieron y algunos de ellos murieron tras sus rejas.

Por tal motivo, invitamos a los periodistas a una conferencia de prensa que realizaremos el jueves 11 de septiembre, a las 16:30 hs, en la Sala José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados de la Nación

Allí convocaremos a la sociedad a participar, el Viernes 12 de septiembre, a las 17 hs. en estas Jornadas por la Memoria frente a la puerta del penal de Devoto, triste monumento a la muerte, el dolor y el maltrato, donde dejaremos nuevas huellas de la resistencia de nuestro pueblo y su memoria.

Actividades que desarrollaremos:

Mural en homenaje a las y los militantes detenidos en Devoto.
Baldosa recordatoria de las compañeras y compañeros muertos por la dictadura militar.
Artista, murgas, grupos de teatro, películas y radio abierta

SINTESIS:
- CONFERENCIA DE PRENSA: 11 DE SEPTIEMBRE, 16:30 hs. – Salón José Luis Cabezas, Cámara de Diputados de la Nación (entrada por Rivadavia)
- JORNADA POR LA MEMORIA: 12 DE SEPTIEMBRE, 17 hs.- Puerta del Penal de Devoto, Bermúdez 2651










Buenos Aires, 10/09/2008.

Gacetilla de prensa.

Durante las últimas dos semanas varios testigos prestaron declaración en el juicio que se le sigue a Hipólito Rafael Mariani y Cesar Miguel Comes, ex miembros de la Fuerza Aérea, y Alberto Pedro Barda, del Ejército, acusados por privación ilegitima de la libertad agravada, tormentos, y homicidios, en los Centros Clandestinos de Detención Mansión Seré, municipio de Morón, y La Cueva, en Mar del Plata.

Algunos de los testimonios que se escucharon dentro de la sala del TOF 5:

03/09/2008: "Todo el trayecto hasta la Mansión Seré, estuve tirado en el piso de la parte de atrás del auto, vendado, y a pesar de tener la vista inhibida, percibí que pasábamos por un paso a nivel".
02/09/2008: "La testigo caracterizó a quienes la secuestraron como un grupo que se manejaba "con torpeza", con poco conocimiento del funcionamiento de las organizaciones políticas y que era evidente la falta de "Inteligencia", tanto en el sentido técnico del término, como asi tambié a nivel tacto, o sentido común, ya que hacían preguntas irracionales.
26/08/2008: "Entre el 21 y 22 de octubre de 1977, alrededor de las dos de la mañana, es secuestrado de la casa donde vivía con su madre y su abuela, en Liniers. Al momento del secuestro el testigo se desempeñaba en la empresa Sancor como supervisor y cursaba el tercer año de la Escuela Nacional de Arte Dramático

----

Restan dos semanas de testimonios, y luego será el turno de los alegatos y la sentencia.

Convocamos a la ciudadanía a poblar la sala del tribunal, acompañar a los testigos, querellas y fiscales, exigirle al tribunal que el juicio sea realmente oral y público y que se termine con la persecución ideológica dentro y fuera de la sala.

----

Información completa del juicio: www.mesajuicios.com.ar

Contacto de prensa: mesajuicios.prensa@gmail.com -- 155-142-9949

La MESA POR EL JUICIO Y CASTIGO está conformada por representantes de las siguientes organizaciones: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S., Equipo de Salud Mental del CELS, Hijas e Hijos del Exilio, Querellantes en las causas y sobrevivientes de ex Centros Clandestinos de Detención, CTA Juventud Nacional y Mesa Nacional, CTA Provincia de Bs. As, CTA Villa Crespo, ATE Legislatura, ATE Defensoría del Pueblo de CABA, UEJN, Suteba, Puiggros, El Gradiente, Causa Profesional, NBI, IURE, PR de Sociales, Movimiento Universitario Evita, Unión de Estudiantes Secundarios (UES), Espacio Reconstrucción Popular "Alejandro Almeida", Comisión de Derechos Humanos del Bajo Flores, Comisión por la Memoria, la Verdad y Justicia de Liniers, Mataderos y Villa Luro, Dirección DDHH Morón, Comisión por la Memoria de Parque Patricios, Comisión de DDHH de Carta Abierta, JP (Juventud Peronista), GEN (Generación por la Emancipación Nacional), La Campora, MUP (Movimiento de Unidad Popular), JP Evita, 26 de Julio, Libres del Sur, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Federación Argentina Gays, Bisexuales y Transexuales / La Fulana, Cabildo Abierto, Centro Barrial Del Otro Lado, Casa Argentina de Barcelona.



--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS



Compañer@,

Tenemos el agrado de invitarlo a participar del Cuarto encuentro de la Cátedra Libre Salvador Allende. Se realizará el jueves 11 de septiembre a las 18 hs en el Centro Cultural Paco Urondo (facultad de Filosofía y letras), 25 de Mayo 221 . Este día se cumplen 35 años del golpe de estado al gobierno de la Unidad Popular y la muerte de Salvador Allende en defensa de la democracia.

Esta actividad comenzará a las 18 horas con una charla- debate sobre "Allende y la vía chilena al socialismo. Formas de intervención de Estados Unidos en los países de América del Sur" en la que participaran:

· Juan Cabandié, nieto recuperado por abuelas de plaza de mayo, Legislador porteño, presidente de la comisión de DDHH.

· Stella Calloni, autora del libro "operación Cóndor".

· Eduardo Jozami, Ex titular de la cátedra de economía de la FSoc. de la UBA , y Director del Centro Cultural Haroldo Conti.

· Eduardo Rojas, Vicepresidente de la CUT (Central Única de Trabajadores) durante el gobierno de Salvador Allende.

La cátedra Libre Salvador Allende se inscribe en lo que son los 100 años de su nacimiento, el 26 de junio de 1908. La misma está en coordinación con el Consejo Nacional Chileno del Centenario del Presidente Allende que impulsa actividades para recordar y proyectar la limpia trayectoria de Salvador Allende como luchador social y su legado histórico por la liberación popular y nacional, por la unidad e integración latinoamericana.

Los Esperamos

Comisión organizadora

Cátedra Libre Salvador Allende

www.catedralibresalvadorallende.blogspot.com




--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS


www.michelcollon.infoESPECIAL CHILE - 11 DE SEPTIEMBRE : Allende, la CIA y hoy


¿Que celebrará los medios de comunicación este 11 de septiembre? ¿El golpe de Estado sangriento operado por Nixon y Kissinger para asesinar la esperanza de los chilenos? En este 35 aniversario del inicio de la dictadura de Pinochet, y con motivo del centenario del nacimiento del Presidente Salvador Allende, Investig'Action pidió a cuatro autores chilenos revisar las lecciones -siempre actuales- de esta tragedia. En la actualidad, Washington reutiliza las mismas estrategias contra otros países...
Michel, Patricia y el equipo Investig'Action


Marcel Claude - A cien años del natalicio de Salvador Allende
"Poner al servicio del pueblo chileno, nuestros recursos económicos". ¿Y ahorra?
Cien años

Álvaro Cuadra - A 35 anos del Golpe de Estado en Chile
"La dictadura militar diseñó la matriz de la cual emerge el Chile de hoy."
La matriz

Patricia Parga-Vega - Chile, 35 años después...
Directivas a la CIA : " Gastar duro. No importa los riesgos. No meter a la embajada en esto. Hacer aullar de dolor a la economía chilena. "
CIA

Eduardo Hurtado - Paradojas de la dictadura y democracia chilena
"
El modelo neoliberal impuesto desde la dictadura se mantiene vigente en sus bases principales"
Paradojas

Ernesto Carmona - El lado oscuro del Chile de hoy
"Neo-derecha "progresista". Los rebeldes son jóvenes ."
Chile de hoy

NOTA. Si desean enviar a sus amigos la versión francesa de estos artículos, está disponible en el sitio :


--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS




IMPORTANTE REUNION SOBRE DDHH.POR FAVOR DIFUNDIR...


Lunes 15.09.08/18 hs./Aula de Biblioteca – Escuela de Trabajo Social.UNC.

Disertación: El significado de las condenas al terrorismo de estado

La Secretaría de Extensión de la Escuela de Trabajo Social (ETS) invita a la disertación "Universidad, Sociedad y Derechos Humanos: el significado de las condenas al terrorismo de estado", por parte de la Fiscal Federal Graciela López de Filoñuk y de los abogados Martín Fresneda y Claudio Orosz, a realizarse el próximo lunes 15 de septiembre, en el Aula de Biblioteca de la ETS, a las 18 horas.

La actividad se desarrollará como parte del Programa de Extensión "Los Derechos Humanos, la Sociedad y sus Memorias". Es gratuita y se otorgarán certificados.

Inscripción: Secretaría de Extensión -ETS-, de lunes a viernes de 16 a 18 hs., o por correo electrónico: cursos@ets.unc.edu.ar.




CECILIO MANUEL SALGUERO
Licenciado en Comunicación Social
Periodista Digital
Cordoba
Argentina
------------
"Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, oralmente, por correo electrónico, por teléfono,por internet, por radioAM, por TV, por la FM de su barrio, por fax ,etc.... . Mande copias a sus amigos,compañeros y familiares : nueve de cada diez personas las estarán esperando. Millones quieren ser bien informados. El Terror, la Manipulación y la Mentira se basan en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad de pensamiento . Derrote el terror del imperialismo globalizado y sus complices locales . Haga circular esta información se lo agradeceran ".
RED NACIONAL de COMUNICACIÓN ALTERNATIVA



El país|Miércoles, 10 de Septiembre de 2008
Dos jóvenes apropiados durante la dictadura conocieron su identidad

Nuevas historias recuperadas

Se trata de Laura Catalina De Sanctis Ovando, que habría nacido en el Hospital Militar de Campo de Mayo a mediados de 1977, y de Federico Cagnola Pereyra, que nació en la ESMA en febrero de 1978.

Por Diego Martínez
http://static.pagina12.com.ar/fotos/20080910/notas/nac16.jpg
Liliana Carmen Pereyra y Eduardo Alberto Cagnola fueron secuestrados el 5 de octubre de 1977 en Mar del Plata.

Otros dos hijos de militantes políticos secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar recuperaron ayer su identidad. Se trata de Laura Catalina De Sanctis Ovando, que habría nacido en el Hospital Militar de Campo de Mayo a mediados de 1977, y de Federico Cagnola Pereyra, que nació en la ESMA en febrero de 1978. Son dos jóvenes que después de treinta años tienen la posibilidad de conocer su verdadero nombre y su verdadera historia. En el caso de Federico, fue gracias a una investigación de la agrupación HIJOS. La noticia se anunciará formalmente hoy a las 12 en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, Virrey Cevallos 592.

Laura es hija de Myriam "Tita" Ovando, nacida el 17 de enero de 1956 en Rosario, donde estudió psicología, y de Raúl René De Sanctis, que nació el 21 de julio de 1954 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Ambos militaban en Montoneros. Myriam fue secuestrada el 1º de abril de 1977 en Virreyes, cerca de su domicilio, en el norte del Gran Buenos Aires. Estaba embarazada de seis meses. Se sabe que estuvo secuestrada en una casa de militantes montoneros, en Escobar, que luego el Ejército utilizó como centro de detención. Desde allí fue trasladada a Campo de Mayo.

En cautiverio, Myriam logró escribir una carta para sus padres. Allí les contó que había dado a luz a una niña a la que llamó Laura Catalina. La carta sugería su certeza de que la niña había sido entregada por los militares a sus abuelos. Pero nunca la recibieron. De Sanctis cayó en mayo de 1977 en la estación de trenes de Campana, provincia de Buenos Aires, y fue visto en el centro clandestino que funcionó en la Comisaría 5ª de La Plata, punto neurálgico del circuito Camps. Ambos están desaparecidos.

Federico es hijo de Liliana Carmen Pereyra, nacida en La Plata el 1º de septiembre de 1956, y de Eduardo Alberto Cagnola, en Chacabuco, 12 de diciembre de 1954, también militantes de Montoneros. Fueron secuestrados el 5 de octubre de 1977 en una pensión de Mar del Plata, en calle Catamarca 2254. Lali, de 21 años, estaba embarazada de cinco meses. Ambos fueron trasladados a la Base Naval local, que encabezaba el vicealmirante Juan José Lombardo (procesado con arresto domiciliario), donde fueron torturados brutalmente. En diciembre de 1977, Liliana fue trasladada para parir en la ESMA, donde funcionaba la maternidad clandestina de la Armada, junto con otra embarazada, Elizabet Marcuzo. Durante más de dos meses estuvo alojada en la "sala de embarazadas", en el tercer piso del Casino de Oficiales, pegado a "Capucha". En febrero de 1978 dio a luz a un varón, a quien llamó Federico. La asistió en el parto el médico y capitán de navío retirado Jorge Luis Magnacco, que aún goza de prisión domiciliaria. Los abogados de Abuelas solicitaron que se le revoque el privilegio y se lo envíe a una cárcel común, ya que los últimos exámenes médicos muestran una recuperación del cáncer que padece. Aún esperan respuesta por parte de los jueces federales María Romilda Servini de Cubría y Sergio Torres.

Después de dar a luz, Liliana Pereyra fue retirada de la ESMA, sin su hijo, por los mismos marinos de Mar del Plata que la habían llevado. Federico estuvo al menos un día más en la ESMA, donde quedó en manos de Héctor Febres, el prefecto que murió envenenado pero en silencio en diciembre pasado. Liliana fue asesinada el 15 de julio de 1978. En marzo de 1985 el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó e identificó su cuerpo, que había sido enterrado como NN en el cementerio de Mar del Plata. Cagnola permanece desaparecido. Liliana es hija de Jorgelina Azzarri de Pereyra, "Coqui", referente de Abuelas de Plaza de Mayo en La Plata, que después de treinta años de espera ayer conoció a su nieto.

Con las dos nuevas restituciones llega a 94 la cifra de hombres y mujeres recuperados por Abuelas. En las dos identificaciones anteriores, confirmadas a fines de julio, las investigaciones fueron impulsadas por los hermanos de los jóvenes apropiados. Ahora se trata de una investigación de los equipos de Abuelas, en el caso de Laura, y de la comisión "Hermanos" de la agrupación HIJOS en el de Federico.

© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados



--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS





La Justicia elevó a juicio oral las causas contra Astiz, Acosta y otros 15 represores

El Tribunal Oral en lo Federal Cinco recibió el expediente en el cual el juez Sergio Torres elevó a juicio oral y público a 17 ex militares que actuaban en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA durante la última dictadura.

Integran la nómina de procesados que deberá afrontar el juicio oral el destituido capitán de la Armada Alfredo Astiz y sus camaradas de armas Jorge "el Tigre" Acosta, Antonio Pernías, Oscar Montes, Manuel Jacinto García, Alberto González y Jorge Raúl González, entre otros.
Jorge Carlos Radice, Francisco Rioja, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Pedro Santamaría, Víctor Cardo, Roque Angel Martello, Ernesto Frimon Weber, Raúl Scheller y Antonio Azic también deberán sentarse en el banquillo de los acusados para responder por alrededor de 175 delitos de "lesa humanidad" cometidos en la ESMA.
Privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público y tormentos reiterados en decenas de hechos son los cargos por los cuales los imputados deberán sentarse, en fecha a designar y una vez concluida la "instrucción suplementaria" ante los camaristas Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, integrantes del Tribunal.
Con la intervención del secretario Pablo Yadarola, el magistrado dictó la resolución, de alrededor de 250 carillas y a la que Télam tuvo acceso, en la que señaló que "se han visto satisfechos los extremos requeridos para avanzar con el proceso hacia el juicio oral, siendo esta nueva etapa procesal el ámbito en donde las defensas de los evaluados podrán explayarse".
Agregó que "el debido debate habrá de determinar el grado concreto de responsabilidad que le corresponde a cada uno de los evaluados". La medida se tomó en las actuaciones "principales" labradas en la "megacausa ESMA" que tramita Torres y que se reactivaron tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
Acosta, alias "Tigre", "Aníbal", "Santiago" o "Capitán Arriaga"; Astiz, alias "Angel", "Rubio", "Alberto Escudero", "Gonzalo" o "Cuervo"; Pernías alias "Martín", "Rata" o "Trueno", Radice, alias "Ruger", "Gabriel" o "Juan Héctor Ríos"; y Rolón, alias "Juan" o "Niño", además son consortes de causa en otras investigaciones por gravísimas violaciones a los derechos humanos.
La mayoría de los integrantes de ese "grupo de tareas" también está con procesamiento y a la espera del juicio oral por el secuestro de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, el del escritor y periodista Rodolfo Walsh y el desapoderamiento de bienes de prisioneros que estaban ilegalmente cautivos en ese centro.


Coronel Antonio Beltrametti cayó preso en Corrientes

Edificio donde se detuvo a Beltrametti

El ex represor, fue Jefe del Distrito Posadas del Ejército durante el año 1975 hasta 1977, cuando pidió su retiro. Además se desempeñó durante 40 días como Interventor Militar de la Provincia de Misiones. Este fin de semana un operativo de la Gendarmería Nacional lo detuvo en un departamento ubicado en la calle Quintana al 500 de nuestra Ciudad.
El Coronel Beltrametti fue el Jefe del Área 232, durante 1976 y por ocupar dicho cargo, tuvo bajo su responsabilidad el control operativo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la provincia de Misiones y responsabilidad en los Centros Clandestinos de Detención "D-2 de la Policía de Misiones, en Posadas" y "Delegación de la Policía Federal en Posadas".
Por un tiempo estuvo impune por la ley de "Punto final" y ahora era buscado por la Gendarmería Nacional para responder por veintiún cargos, que lo sindican como responsable de apremios ilegales, muerte, desaparición y torturas a presos políticos en la Provincia de Misiones.
El Operativo que se llevó a cabo en el edificio de departamentos ubicado sobre la Costanera Correntina, en la calle Quintana al 525, dejó como saldo la detención del represor y su traslado, que se hizo inmediatamente, a la Ciudad de Posadas, Misiones, donde permanecerá detenido hasta que se inicie el Juicio Oral y Público contra los responsable de la represión durante el último gobierno militar en nuestro País.
Gentileza: Arturo Hellman

En cuanto al aparato represivo su organización en Misiones se ubicaba en el Comando de subzona 23, a cargo de la Brigada de Infantería VII en la ciudad de Corrientes.
Los comandantes de la represión aquí fueron:
- Nicolaides, Cristino (desde febrero de 1976)
- Guañabens, Eugenio (desde diciembre de 1976)
En Posadas:
- Beltrametti, Coronel (desde 1976)
- Caggiano Tedesco, Carlos (recientemente condenado-lo reemplaza a fines de 1976)
Los centros clandestinos de detención
1) En Posadas:
- Delegación de la Policía Federal (delegación Posadas), desde marzo de 1976 a 1978. Ubicada en calle Ayacucho N° 578.
- Jefatura central de la Policía de la Provincia de Misiones, ubicada en calle Tucumán y Felix de Azara
- Departamento 2 de Policía de Misiones, desde marzo de 1976 a 1978. Ubicado en Av. Madariaga, a 200 metros de la Ex -estación de Trenes.
- Comisaría 1° de Posadas, ubicada en la calle Alberdi N° 121
- "La casita" o escuelita para mudos", Ubicada cerca del club Rowing, otros testimonios señalan que el lugar de torturas era dentro del predio del Club Rowing, en algunas de las dependencias o instalaciones alejadas que tenía el Club, ubicado sobre la costa del río Paraná. La presidencia del club estaba a cargo del Sr. Pascual Sarubbi.
- Casita de madera muy precaria en el predio de una Cantera abandonada en el barrio Santa Rita (ver anexo denuncia de Duarte Cipriano, junio de 1998).
- Chalet de color blanco con zócalos de 50 cm de ancho, de color bordó dentro de una antigua chacra lindante con la antigua cantera de piedra en el barrio Santa Rita, a ocho cuadras del denominado paraje "cuatro bocas"
- Escuadrón de Gendarmería N° 9 "Alto Uruguay", ubicado en las calles Félix de Azara y Alvear.
- Liceo Naval "Almirante Storni", ubicado en la esquina de las Avenidas San Martín y Av. Centenario. En el pañol ubicado en el subsuelo de la antigua cocina del Liceo, fue refaccionado para transformarlo en una cárcel clandestina donde se torturaba.
- Destacamento de la Policía que existía sobre el antiguo trazo de la ruta nacional 12, en el límite con la Provincia de Corrientes. Posteriormente fue reemplazado por lo que hoy se conoce como "el Arco". A ese centro de detención eran traídas personas que eran de otras provincias para ser torturadas.
- Unidades de Ejercito denominada en ese momento: a) Batallón 12 "Dragones Coronel Zelaya, ubicado en Av. Alem entre las Av. San Martín y Las Heras. Actualmente este batallón está disuelto. Lugar de torturas: "la casa del Coronel". a) Batallón Blindado de Caballería, su entrada oficial estaba por la calle Centenario. c) Caballerizas abandonadas, ubicadas sobre la Av. Las Heras entre Av. Centenario y Av. Alem.
- Areas controladas por la Fuerza Aérea Argentina: a) Viejo Aeropuerto de Posadas más exactamente la primera construcción originaria del Hotel Casino que quedó a medio hacer, en los subsuelos del mismo se edificaron celdas con letrinas y lavatorios. Esto transcurre por los años 1976 y 1977. Luego sé término de construir el Casino que funcionó durante algunos años, pero tiempo después fue trasladado, actualmente el edificio se encuentra desocupado. - Área controlada por el servicio Penitenciario Provincial: zona especial del Hospital neuropsiquiatrico "Baliña", ubicación Ruta 12 y acceso al barrio Itaymbé Mini.


Universidad|Martes, 9 de Septiembre de 2008
La emisora de la UBA inicia un ciclo sobre hijos de desaparecidos

Una radio por la identidad

Con radioteatros y entrevistas, la FM UBA emitirá una serie de trece programas sobre historias de nietos buscados por las Abuelas de Plaza de Mayo. Este jueves, el primer programa estará dedicado al caso de Estela de Carlotto.

Por Julián Bruschtein
http://static.pagina12.com.ar/fotos/20080909/notas/na14fo01.jpg
Alba Lanzillotto, de Abuelas, ayer, en la presentación del ciclo, en el rectorado de la universidad.

Comienza el ciclo Radio x la Identidad en la FM de la UBA. Se trata de trece capítulos en los que se narrarán las historias de las búsquedas de nietos secuestrados por la dictadura militar, algunos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo. "Mientras estas situaciones sigan estando en deuda, deuda del Estado democrático con la sociedad, creemos que podemos poner nuestro granito de arena al difundir esta problemática", aseguró a PáginaI12 Mariana Baranchuk, productora general del ciclo. El programa se podrá escuchar a partir de este jueves a las 12 del mediodía, en el 90.5 del dial, y tendrá repeticiones los viernes a las 24 y los sábados a las 20.

Para la emisora de la UBA, el lanzamiento de Radio x la Identidad "es una apuesta fuerte de la universidad. Era una obligación poner el eje en los derechos humanos. La FM UBA es una radio pública y, en este caso, el derecho a la identidad y el derecho a la educación se tocan y van de la mano", dijo Baranchuk. El ciclo está estructurado en trece emisiones de una hora cada una, divididas a su vez en tres secciones: primero, una presentación resumida del caso en la voz del locutor; luego, el radioteatro en sí, que contará la historia, y por último, una entrevista con los protagonistas reales del caso.

El programa fue presentado ayer en el salón del Consejo Superior de la UBA, en Viamonte 444, con la presencia de algunos de los protagonistas de las historias que se recrean en la ficción, además de actores y directores que participan solidariamente de la propuesta. Quienes forman parte del proyecto son doce guionistas –entre los que se destaca el dramaturgo Roberto "Tito" Cossa–, once directores y más de noventa actores tan disímiles como Mirta Busnelli, Julieta Díaz, Víctor Laplace, Hilda Lizarazu, Bobby Flores, Marilina Ross y Dalma Maradona, sólo por nombrar algunos. En la presentación de Radio x la Identidad se dio a conocer una mala noticia: el equipo de producción recibió amenazas anónimas por su participación en el programa.

El primer capítulo, que se emitirá este jueves, a las 12, estará centrado en la historia personal de Estela de Carlotto y la búsqueda de su nieto. Allí se narrará cómo empezó el trabajo militante de la presidenta de las Abuelas, cuando en noviembre de 1977 secuestraron a Laura, la mayor de sus cuatro hijos, que aún continúa desaparecida. En un principio no sabían nada de su embarazo hasta que, unos meses después de comenzar la búsqueda de su hija, una ex detenida les avisó que estaba viva y esperaba, para junio de ese año, a un varón, al que llamaría Guido. Finalmente, en agosto de 1978 les entregan el cuerpo de Laura y a partir de allí comenzó la búsqueda de ese nieto que hoy tiene 30 años. El capítulo fue guionado por Tito Cossa y dirigido por Nora Massi, con las interpretaciones de Héctor Bidonde, Malena Solda, Claudio Da Passano y Arturo Bonín, como relator de la historia.

El director de la Radio UBA, Damián Valls, explicó que está prevista "la idea de hacer un acuerdo con radios universitarias y comunitarias" para ampliar la difusión del programa. En el mismo sentido, la articulación de la radio con organismos de derechos humanos es impulsada por el subsecretario de Medios de la UBA, Glenn Postolsky, quien destacó "la importancia del sistema de radios universitarias" porque, por un lado, "están por fuera de la lógica de los grandes grupos de medios" y, por otro, porque "no pueden ser identificadas como parte de la lógica gubernamental, porque sirven para insertar otras voces".

Gracias a la tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo, a las que la UBA promueve para el Premio Nobel de la Paz, 94 jóvenes apropiados durante la dictadura militar fueron recuperados hasta el momento. Todavía quedan otros 400 que pueden recuperar su historia. Por eso, Baranchuk subrayó que si la iniciativa servía "para causar más dudas que provoquen el acercamiento al trabajo de las Abuelas, misión cumplida".

© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados



--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

Las Organizaciones de Derechos Humanos repudiamos enérgicamente las detenciones de trabajadores producidas el último sábado en horas de la madrugada. Las mismas fueron realizadas con metodologías más cercanas a lo que vivimos en la última dictadura que a un estado de derecho democrático. Sabemos en nuestra carne lo que es sufrir la violencia del estado, sabemos qué se siente que te golpeen la puerta amenazándote, o que ocho policías se suban al techo de tu casa y te saquen semidesnudo y esposado delante de tus hijos pequeños, como sucedió con los allanamientos y detenciones de diez trabajadores. Sabemos, en suma, que cuando un juez y un fiscal mandan a la policía a las 4 de la mañana se está provocando a las organizaciones sociales para que luego los funcionarios de turno se justifiquen en sus políticas represivas.

Cuando se vulneran nuestros derechos, los sectores sociales nos vemos obligados a salir a defenderlos. Hemos aprendido que la mayor violencia es aquella que se produce por quienes ocupando las instituciones públicas no trabajan por el bien común, sino que ceden a los intereses de los que se llenan de dinero con recursos que son producidos por todos. La detención de diez trabajadores no se explica si no es para frenar la lucha desencadenada por la política de avasallamiento de derechos laborales y previsionales que está llevando el actual gobierno provincial. Política esta que intenta ocultar el vaciamiento de las cuentas del estado, en particular el de la Caja de Jubilaciones Provincial. ¿Acaso fuimos los trabajadores los que vaciamos de fondos públicos la Caja de Jubilaciones? Indudablemente no, y sin embargo es hacia estos sectores a los cuales pertenecemos a los que se nos hace pagar el vaciamiento de las arcas públicas y su consecuente degradación institucional.

¿Dónde está la celeridad de la institución judicial para investigar el cuantioso e inexplicable enriquecimiento de funcionarios públicos?¿Dónde quedan los llamamientos a la "paz social" cuando, para tapar a los socios políticos, se atacan los derechos históricamente conquistados? ¿Eso no es "alterar el orden público"? ¿Cómo se fortalece la democracia? ¿Vaciando las instituciones y haciéndole pagar el pato a los sectores sociales más débiles?

Hace años que nuestro trabajo por Memoria, Verdad y Justicia, tiene por finalidad no sólo luchar contra la impunidad de quienes destruyeron nuestro país en la dictadura, sino también hacer que esa lucha nos permita organizarnos para cambiar un país y una provincia con recursos suficientes como para que nadie viva en la pobreza e indigencia, algo que sabemos no es así porque aún hoy millones de compatriotas y comprovincianos están en esas situaciones indignas. Conocemos lo que cuesta imprimir en el estado políticas de defensa y promoción de todos los derechos humanos: los civiles, los políticos, los económicos, los sociales y los culturales. Lo poco o mucho que hemos logrado en ese sentido lo hemos ganado con décadas de trabajo y luchas y, sobre todo, de organización social. ¿Cuántos años de lucha llevamos para tener una jubilación digna? Cuando el gobierno provincial toma medidas que socavan esos derechos, lo primero que se ataca son las organizaciones sociales. Es decir, se persigue a los que defienden los derechos y no a aquellos que los violan. En esa dirección están dirigidas las detenciones de los trabajadores realizadas el último fin de semana y el ataque a los sindicatos que han salido ha luchar por los derechos de todos. Y encima, para justificarse, vuelven con la cantinela de "por algo será", tan usada en dictadura para desviar la mirada pública de los crímenes que se cometen.

Creemos y luchamos por una Córdoba con "paz social", pero sabemos que la misma será real cuando todos, y no unos pocos, disfrutemos de las riquezas económicas y culturales que generamos con nuestro trabajo. Por todo lo anterior, pedimos:

- Inmediato desprocesamiento a todos los trabajadores ilegalmente detenidos.

- Renuncia de los funcionarios responsables de los atropellos infringidos.

- Juicio y Castigo a los que se robaron el patrimonio que es de todos.

FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS POR RAZONES POLÍTICAS DE CÓRDOBA

H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Regional Córdoba

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO CÓRDOBA

ASOCIACIÓN DE EX PRESOS POLÍTICOS DE CÓRDOBA

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE

.




El país|Martes, 9 de Septiembre de 2008

Indagatoria por La Quinta

Emilio Méndez, acusado junto a su hermano Julio por su colaboración con represores de la dictadura, reconoció haber sido propietario del predio donde funcionó el campo clandestino de detención conocido como "La Quinta", en la localidad de Tandil, aunque negó haber estado enterado de lo que allí ocurría. Méndez fue indagado ayer por el juez federal de Azul, Juan José Comparato, en la causa que investiga el secuestro y asesinato del abogado laboralista de Olavarría Carlos Alberto Moreno, ocurrido el 29 de marzo de 1977. Por esta causa ya se encuentran detenidos en el penal de Marcos Paz tres miembros del Ejército, los coroneles retirados Julio Alberto Tommasi y Roque Italo Papalardo y el suboficial mayor José Ojeda. Emilio Méndez y su hermano Julio –quien deberá declarar hoy– se encuentran imputados como "partícipes secundarios" en el secuestro y asesinato de Alberto Moreno, y por su presunta colaboración al haber facilitado a represores el predio donde funcionó La Quinta.

© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados



Declaro Emilio Mendez Mon, 8 Sep 2008 22:58:43
Declaró el primero de los civiles imputados en la causa Moreno
Hoy declaró Emilio Méndez ante el juez federal Juan José Comparato dentro de la causa por el secuestro y crimen del joven abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno. Mañana será el turno de su hermano Julio. Ambos son los primeros civiles imputados por delitos de lesa humanidad dentro de la región. Eran los propietarios de la chacra en la que Moreno estuvo ilegalmente detenido, en las afueras de Tandil. Y están acusados por ser “partícipes necesarios”.
Emilio Méndez planteó conceptos similares a los que había vertido en la declaración hecha en 1977 en que refirió que sólo concurría esporádicamente a cortar el pasto y que la prestaba para que conocidos usaran la pileta. Moreno había sido secuestrado en Dorrego y Lamadrid, Olavarría, poco antes de las 22 del 29 de abril de 1977 y luego llevado a esa quinta, en Tandil, de la cual fugó pidiendo ayuda a vecinos de la zona. El 24 de julio último la justicia federal hizo un reconocimiento del lugar con la participación de peritos científicos que, entre otras cuestiones, trataron de reconstruir el recorrido hecho por el abogado al momento de su fuga.
El lunes de la semana pasada fueron llevados a declarar –aunque se negaron a hacerlo- los otros tres imputados en la causa: Julio Tommasi, Roque Pappalardo y José Ojeda, quienes se encuentran en la cárcel común de Marcos Paz. Una vez concluida la declaración de Julio Méndez prevista para mañana, comenzará a correr el plazo de diez días hábiles en que el juez Comparato deberá decidir la situación procesal de los cinco imputados.




Edición impresa | Suplemento Temas | Nota

Una película rescata la memoria

La cineasta Eugenia Izquierdo realizó una investigación de cuatro años para poder llegar a filmar este documental, que será testimonio de una época de Córdoba y del país, además de la recuperación de la historia de la familia Pujadas.

Varios años, muchas dificultades y no pocos dolores para llegar a rodar esta película.

Egresada de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Córdoba, Eugenia Izquierdo tiene 30 años. Cuando sucedió la tragedia no había nacido. Pero habla de esta historia con detalles increíbles y con una pasión que sólo puede sentir quien se ha involucrado durante más de cuatro años en la búsqueda y la investigación de un hecho conmovedor y trágico para la historia de Córdoba. Es la directora de la película y coguionista junto a Élida Eichenberger. A este compromiso, se sumó también Sebastián Sáenz, productor del documental.

Viajes a España, revisión de documentación, minucioso trabajo de archivo y conexión con quienes serán protagonistas de la película.

Contactar a la familia. No fue fácil para Eugenia superar obstáculos ya que, de a poco, tuvo que ir tejiendo un entramado para llegar a la familia Pujadas, principalmente a Víctor. "El trabajo con la familia fue muy delicado y paciente, es doloroso revivir esta historia de horror y poder rescatarla para uno de quienes la vivieron, y con 11 años de edad", explica Eugenia.

Pero, a pesar de las primeras imposibilidades, Eugenia tomó contacto primero con los nietos del matrimonio Pujadas y luego con Ángeles, quien fue contándole a Víctor los pasos que iba dando Eugenia.

"Uno de los hechos más fuertes fue la entrevista con Manuel Lorenzo, un ex preso político, compañero de Mariano en el penal de Rawson, que guardaba una foto que Mariano tenía pegada en la pared de su celda. Lorenzo me dijo que deseaba que yo le entregara esa foto que él guardó durante tantos años y que atrás tiene una leyenda de la mamá de Mariano", relata Eugenia. Y Élida Eichenberger agrega: "Cuando se fugan, Lorenzo piensa 'pase lo que pase Mariano acá no vuelve', por lo tanto esconderé la foto. La tiene durante mucho tiempo en el colchón. La salvó de cantidad de requisas y la guardó como algo muy valioso. Siempre pensó que quería que esa foto la tuviera Ángeles".

Poco a poco fue creciendo la relación entre Ángeles y Eugenia, quien le comenta detalles de la historia de su familia.

Un viaje por su historia. En Barcelona, Izquierdo comienza a tener contacto con Víctor y a plantearle la posibilidad de la película. Él se identifica con la propuesta que le ofrecen Eugenia y sus colaboradores, ya que son las motivaciones y las necesidades que él tiene.

Sebastián Sáenz, productor del documental, aclara: "La película no gira alrededor del hecho trágico o policial solamente. Será un viaje emocional de uno de los familiares, en este caso Víctor, pero no centrado en el hecho policial estrictamente. Por este motivo, los plazos de la película dependen de las posibilidades de Víctor Pujadas para viajar desde Barcelona y así poder rodar todos los encuentros y el recorrido".

Pero Víctor Pujadas tiene el apoyo incondicional de su familia, que desea venir con él en el momento de su recorrido, ya que no quieren acompañarlo cuando tenga que enfrentarse a tanta muerte pero también a tanta vida. Víctor se reencontrará con amigos de sus padres y hermanos; con empleados de la granja de su familia; con Pitrola, actual arrendatario de la granja que sigue siendo de los Pujadas; con ex militantes montoneros; con habitantes de lo que era el barrio Mariano Pujadas; con miembros de la escuela de las monjas azules, donde estudiaron sus hermanas y él mismo. En fin, para Víctor significará revivir los 11 años que vivió en Córdoba y que tanto disfrutó aunque luego sobreviniera la tragedia.

La directora del documental explica: "La idea de Víctor como personaje es de una persona que tiene la vida atravesada por el crimen. Hay un antes y un después para él ya que tenía 11 años en ese momento. Inocentemente, Víctor en el colegio escribía PV (algo que se podía interpretar como Perón Vuelve). Y cuando le decían que no había que escribir eso por lo que significaba, él respondía que eran las iniciales de su nombre, al revés: Víctor Pujadas. Él no tiene la posibilidad de elegir, como lo hicieron otros. Vive la historia desde otro lugar, no era un militante. Víctor se tuvo que rearmar entendiendo su historia".

Avatares en España. La familia Pujadas se habría venido por el gran desencanto que imponía el franquismo. A partir de 1949, ellos comienzan a pensar en salir de España y concretan la salida en 1953. Tanto José María Pujadas como su esposa, Josefa Badell, eran médicos.

Eugenia Izquierdo cuenta: "Tenían un laboratorio de análisis clínicos al que se acercaba gente que les decía: 'Les doy sangre por un plato de comida'. Ese era el espanto que se vivía en España en esos años. Y esa situación para el matrimonio Pujadas era insoportable. Además del desencanto con la situación social, Josefa temía que alguno de sus hijos tuviera que ir a la guerra por la situación que se vivía en Europa. También era decisivo tomar una determinación respecto de la tuberculosis que había contraído su esposo".

Un conjunto de causas hizo que los Pujadas abandonaran su Cataluña y llegaran a la Argentina. En Córdoba, llegaron a tener una de las avícolas más importantes y prósperas de la provincia.

La Córdoba de los '70. El matrimonio Pujadas organizó en Córdoba una asociación de familiares de presos políticos con acciones concretas. En su investigación, Eugenia Izquierdo corroboró que varios familiares de presos que eran de otras provincias, sin recursos, y que tenían familiares presos en Rawson, eran ayudados por el matrimonio Pujadas con los pasajes para que pudieran viajar y visitar a sus familiares. Otras veces enviaban un camión de huevos de la granja a Trelew.

Eugenia cuenta: "El matrimonio Pujadas apoya incondicionalmente a todos sus hijos y los acompaña en los avatares a los que su militancia política los enfrenta. Luego del asesinato de su hijo Mariano, José María Pujadas participó en diferentes actos públicos en los que exigía el esclarecimiento del crimen y manifestó sentirse orgulloso de su hijo".

Si consiguen el apoyo necesario, Eugenia, Élida y Sebastián podrán ofrecer este material para la historia de Córdoba y el país en marzo o abril próximos.

Parte del equipo de filmación. Élida Eichenberger, coguionista; Sebastián Sáenz, productor, y Eugenia Izquierdo, directora de la película. Foto: LaVoz / Antonio Carrizo


RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

AGENCIA DE NOTICIAS ARATIRI ( A.N.A.)
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2008

Nuestra organización se solidariza con los presos políticos de la Asamblea del Pueblo. Para solidarizarse en:
coordinadoraxpresospoliticos@gmail.com

Comisión por los DDHH de Paraguayos Residentes en Buenos Aires
Filial en el Exterior de la CONADEH

Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista

Difundimos el siguiente comunicado:

COMUNICADO DE PRENSA.

MOVIMIENTO ASAMBLEAS DEL PUEBLO



El próximo martes 9 de septiembre, a las 18 hs. en el Hotel BAUEN, se realizará una conferencia de prensa de los abogados, familiares ycompañeros de los 23 inquilinos detenidos en el allanamiento del conventillo Carlos V.

El objetivo de la misma es informar el estado de la causa, los antecedentes nefastos de la Sala Vde la Cámara de Apelaciones -que intervendrá en la apelación- y convocar a la marcha que se hará frente a la Cámara.

El jueves 11, a las 11 hs., los defensores harán entrega del alegato de la apelacion ante la Sala V. En esa ocasión se realizará una marcha de los familiares, personalidades solidarias, organizaciones populares y compañeros de las ASAMBLEAS DEL PUEBLO, que concentrarán, a partir de las 10,30 horas frente a la Cámara, en Viamonte y Libertad.

Han comprometido su presencia ante la Cámara, entre otros, la Hermana Martha Pelloni, el R.P. Jorge Alonso, Herman Schiller, el Sheij Abdul Karim Paz, el Sheij Abdala Madani, el rabino Dani Goldman, el R.P. Mario Videla, el Pastor Arturo Blateszki, los ex diputados Daniel Campos y Marcos Wollman, la LADH -Hector Trajtenberg-, los dirigentes sociales y políticos Nestor Pitrola, Marcelo Ramal, Juan Carlos Beica, Oscar Kuperman, Fernando Esteche, Ruben Saboulard y una larga lista de compañeros que están a confirmar.

En la Conferencia de prensa del día martes estarán presentes, además, mujeres de la colectividad domincana -tres de las presas son de esa nacionalidad- que expresarán su preocupacion por el hecho de que uno delos integrantes de ésta sala -Mario Filozof- ha estado implicado en un resonante y público escándalo por explotación de mujeres dominicanas en situacion de prostitución.-

HOTEL BAUEN, MARTES 9 DE SEPTIEMBRE, 18 HORAS.
ROGAMOS SU ASISTENCIA.

ASAMBLEAS DEL PUEBLO

Más información

http://www.revolutionvideo.org/agoratv/secciones/presos_politicos/presos_san_telmo_marcha.html


RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS



El país|Martes, 9 de Septiembre de 2008
Entrevista al juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza

"No estamos preparados para casos como el de López"

A días de cumplirse dos años de la desaparición de Julio López, el juez Corazza admite que no hay líneas de investigación fuertes, pero no pierde las esperanzas: "Alguien se va a quebrar". Cree que lo mataron porque no quiso desdecirse.

Por Adriana Meyer
http://static.pagina12.com.ar/fotos/20080909/notas/na13fo01.jpg
El juez Corazza reconoce que el caso López es el más difícil que le tocó en su vida.

Llega puntual y pide un cortado. A casi dos años de la desaparición de Jorge Julio López, el juez federal Arnaldo Corazza acepta conversar con Páginai12, aunque aclara que no le gusta dar entrevistas. "No estamos preparados para casos especiales como el de López", confiesa respecto de la magnitud de la investigación sobre el testigo que contribuyó a la condena del represor Miguel Etchecolatz y del que se perdió todo rastro el 18 de septiembre de 2006, justo antes de la sentencia. El magistrado cree que a López lo habrían matado porque se negó a desdecirse de su acusación contra el ex comisario. Corazza admite que es el caso más complejo de su vida, pero asegura que no perdió la esperanza de resolverlo porque "no existe el crimen perfecto, alguien se va a quebrar". Sin embargo, del repaso de la causa surge que no hay "ninguna pista nueva ni sólida", y que los casi 30 cuerpos del expediente resumen 24 meses de inoperantes esfuerzos que no condujeron a nada, de pistas falsas y absurdas para distraer y líneas auténticas arruinadas por las propias fuerzas de seguridad.

Ultimas horas de la víctima

"Después de tanto tiempo puedo pensar que está muerto –dice sobre las declaraciones del ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian al respecto–, pero a los efectos de la causa tengo que tener un cadáver y hacer un ADN, mientras tanto sigo buscando." Al momento de reconstruir lo sucedido aquella mañana en Los Hornos, el juez cuenta que "no pudimos seguir la ruta de López, desde la casa hasta un local de Edelap, porque en un momento dado desaparece. Nadie vio nada y si vio no habla por temor. Sólo tres testigos declararon, entre ellos una mujer que habló con él y dijo que lo conocía de toda la vida. No estaba yendo al juicio porque el sobrino lo pasaba a buscar a las 9 y a las 10 y pico él estaba caminando, vestido con ropa diferente a la que llevaba a las audiencias. Había declarado espontáneamente, en mi juzgado y en el juicio oral, ¿por qué ese día no iba a ir?" En este punto el juez abona la hipótesis de que se dirigía a una reunión, a la que lo habría convocado un conocido, con la intención de hacerle cambiar su testimonio en el juicio. Este misterio se suma a las llaves que aparecieron tiempo después en su jardín, el cuchillo que faltaba en la casa, las aberturas sin señales de haber sido violentadas. "Hay que tener en cuenta también que López vivía en un barrio de policías, con los que tenía un trato de vecinos", apunta.

¿Qué pasó con el cadáver calcinado aparecido en Punta Lara, a pocas horas de la desaparición de López? "Sigue sin identificar, estaba totalmente quemado y no podíamos establecer el ADN sin saber con qué compararlo. Es raro el episodio, pero luego fueron apareciendo más de veinte cuerpos, nunca pensé que hubiera tanta gente muerta que nadie reclama", dice Corazza. En ese momento, se acuerda de la pista aportada por un periodista alemán, que le sigue pareciendo la versión más verosímil de lo que le pudo haber ocurrido al albañil de 77 años. "Es la hipótesis de que (ex policías bonaerenses) lo mataron porque se negó a desdecirse de sus dichos en el juicio, algo similar me dijeron que ocurrió en Mar del Plata, y genera un descrédito a la causa, es un hecho político de mucha importancia", enfatiza. Sin embargo, el juez dice que no pudo verificar la versión porque el periodista aportó referencias muy vagas y se amparó en el secreto a no revelar su fuente. Corazza recuerda que ese día Etchecolatz pedía la suspensión de los alegatos, como para que tuviera lugar la pretendida desmentida de López. "Muy loco no es pensar esto", opina. Según declaró Jan Ronneburger, de la agencia DPA, una funcionaria nacional confirmó a sus informantes que el testigo estaba muerto.

La culpa fue de Kintin

Puesto a repasar las viejas pistas, el juez destaca que sólo cerraron la que había alertado sobre el cruce de López a Paraguay y la derivada del operativo en Atalaya. Cuando hacía una semana que el testigo había desaparecido, los perros adiestrados de la Policía Bonaerense detectaron su olor en esa localidad. Pero la búsqueda fue interrumpida sin justificación, careció de actas y la SIDE sospechó que el rastro había sido plantado. En ese momento no se investigó, pero hoy Corazza es terminante. "Fue una pista montada", afirma. Recién este verano hizo la reconstrucción del procedimiento, pedida durante meses por la abogada de la querella Guadalupe Godoy, quien aún duda si esa pista fue armada o era buena y fue contaminada. "Hicimos una pericia muy seria que indicó que ese perro no puede seguir ningún rastro. Kintin no era apto", explica Corazza. Otro capítulo cerrado que no cierra, como otros del expediente.

¿Armado en el pabellón de lesa?

Etchecolatz, preso en Marcos Paz en el llamado pabellón de lesa humanidad tras su condena a prisión perpetua por delitos cometidos en el marco de un genocidio, aparece en varias partes del caso pero no hay nada concreto que lo sindique como el autor intelectual del secuestro del testigo que lo incriminó. Sin embargo, Corazza cree posible que haya sido planeado en esa cárcel. "No se puede descartar y, aunque no me quiero meter en la política carcelaria, no sé si es bárbaro que estén todos juntos (los represores), mantienen las jerarquías y están en elaboración permanente. Estuvieron con muchas libertades, por eso se produjo el allanamiento. Cuando fueron a ver las líneas telefónicas había plasmas, entraban bolsas llenas de mercadería, sin revisar. Tenían acceso al buffet que está adelante y de ahí supusimos que podían tener teléfonos celulares. Se encargó una investigación que hizo Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que no me resultó satisfactoria", describe. ¿Por eso hubo dos allanamientos?, pregunta este diario. El juez responde que el primer procedimiento lo hizo el Ministerio de Justicia, que conducía Alberto Iribarne. "Es muy fuerte ir a allanar un penal, pero hice el segundo operativo. Mi misión no es desestabilizar ministros, pero encontramos muchas cosas", explica. Esas "cosas" fueron líneas telefónicas nunca informadas por el SPF que utilizaban los represores, libros de guardia "plagados de falsedades y omisiones" que, según el fiscal Sergio Franco, frustraron pistas que hubieran sido esenciales para esclarecer el caso. Una docena de agentes penitenciarios ya fueron indagados por Corazza que, por ahora, les dictó la falta de mérito.

¿Durmiendo con el enemigo?

Corazza dice estar conforme con la tarea de la Policía Federal y con la de Seguridad Aeroportuaria, que quedaron a cargo luego de que la Bonaerense fuera apartada. El expediente del caso López tiene 26 cuerpos, 70 anexos y 48 legajos en los que desfilaron desde videntes, pendulistas y hasta una "mujer-pájaro" que asegura que en uno de sus vuelos avistó a López. Pero también hay numerosos servicios de inteligencia y retirados de fuerzas de seguridad que lo vieron en La Pampa, que escucharon que lo tiraron en un arroyo (y allí iba la Justicia a vaciar el arroyo), o en un basural de Bahía Blanca, o que cruzó a Paraguay por Misiones. Como nada podía ser descartado, los investigadores invirtieron tiempo y dinero en decenas de procedimientos que sólo distrajeron.

"El mismo caso de Atalaya pudo haber sido para mostrar que estaban haciendo algo, es muy difícil para las autoridades provinciales decir no tengo nada. O mientras te ocupás de esto no te ocupás de otra cosa. Todas las semanas hubo llamados anónimos. Pero no puedo atribuir una intencionalidad si no lo compruebo", admite el juez.

–¿Pidió más recursos o una secretaría especial?

–Solicité un secretario volante al diputado Carlos Kunkel, del Consejo de la Magistratura, y al presidente de la Corte Suprema. Pero no pasó nada. Al menos tendríamos que salir de los turnos. Tengo 40 personas trabajando, pero para que las causas avancen se requeriría otro tipo de organización, una apoyatura para situaciones de emergencia.

Corazza lleva también la megacausa Camps y la mayoría de los procesos por delitos de lesa humanidad de su jurisdicción. Con todo, asegura que "la causa López está muy activa, el fiscal pidió medidas, lo que demuestra que da frutos tener a dos personas exclusivas". Sobre las líneas de investigación, Corazza asegura que "no hay pistas nuevas, trabajamos unas diez hipótesis que ya tenemos, pero no hay ninguna que sea más fuerte". Hasta ahora el expediente nunca tuvo un imputado, y a pesar de eso el juez dice que es una causa "imposible de cerrar". Y agrega: "Sigo sin creer que esto no se pueda esclarecer y espero ser yo el que lo haga. Algo se tiene que filtrar, es un hecho especial que va más allá del interés particular", afirma mientras toma su cortado.

© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados





Enviamos el texto bajado del Ministerio de Defensa sobre la disposicion de Nilda Garre a las Fuerzas Armadas aloje en las unidades castrenses a militares procesados.
Fue solicitado por más de un organismo y abogados de derechos humanos para agregar a la presentación judicial el 16 de septiembre en todos los juzgados federales de carcel común para los reprersores condenados o imputados.

-- Esta en el sitio web del Ministerio de Defensa: www.mindef.gov.ar


31/08/08
INFORMACIÓN DE PRENSA Nº 219/08

GARRÉ PROHIBIÓ A LAS FFAA ALOJAR EN UNIDADES CASTRENSES A MILITARES PROCESADOS, TRASLADAR A PERSONAL EN ESA CONDICIÓN O REALIZAR DETENCIONES DE LOS MISMOS

La Ministra de Defensa, Nilda Garré, dictó una resolución por la cual, en su artículo 1ro., "prohíbese" a los jefes de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el "alojamiento en unidades militares de personas procesadas o condenadas penalmente".

En el artículo 2do. de esta resolución, con fundamento en la Ley de Defensa Nacional 23554 y el Código Procesal Penal de la Nación, Garré también prohibió " a la totalidad del personal de las Fuerzas Armadas la ejecución de requerimientos judiciales, cualquiera fuera la fecha de emisión, que impliquen el traslado de personal militar privado de su libertad bajo cualquier modalidad".

También en la resolución mencionada Garré prohíbe a las Fuerzas "la realización de notificaciones judiciales y cualquier otra diligencia procesal, sin previa autorización expresa de este Ministerio de Defensa".

En el artículo 3ro. de la directiva, la ministra ordena al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,"la inmediata comunicación al Ministerio de Defensa de cualquier requerimiento judicial, cualquiera sea el lugar o la autoridad que lo reciba, en el que se solicite la intervención de las FFAA para las áreas señaladas en el artículo 1ro.".

En los considerandos de la resolución del Ministerio de Defensa, se anota que "en varias oportunidades los juzgados que intervienen en causas donde se investigan violaciones a los derechos humanos, han requerido u ordenado en forma directa la colaboración de las FFAA para la realización de tareas que son propias de las Fuerzas de Seguridad".

También se indica que "resulta necesario poner límite a esos alojamientos toda vez que las unidades militares no tiene competencia ni pueden asumir las responsabilidades que implican esos alojamientos".

Defensa recuerda en su resolución que "viene desarrollando diferentes tareas tendientes al fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas, conforme a las exigencias propias de un Estado democrático de Derecho, junto con el desafió de su profesionalización en cuyo marco ocupa un lugar central el apego a la legalidad, con todas sus implicancias".

Por último, Garré afirma que "la realización de labores propias de procesos penales, como la detención de personas y el traslado de detenidos, por parte de las Fuerzas Armadas no solo son ajenas a su rol, sino que les están prohibidas".

ANTECEDENTES

El pasado 1 de agosto la ministra dirigió una nota la juez federal Nro.1 de Tucumán. Raúl Bejas, reiterando la posición del Ministerio sobre este tema.

En otras varias oportunidades, Defensa se dirigió a los magistrados federales y a las Cámaras Federales que tiene jurisdicción en las diversas causas donde están procesados militares por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

En esas comunicaciones, Defensa solicitó que los procesados no fueran alojados en unidades militares dado que no constituyen cárceles; la presencia de los procesados implica un mal ejemplo para los






efectivos que prestan servicio en las mismas y el hecho constituye una desigualdad ante le ley frente al resto de los sometidos a instancias judiciales.

En ese contexto, Defensa firmó un convenio con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por el cual fue posible transferir el denominado Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, situado en la Guarnición Militar de Campo de Mayo al Instituto Penitenciario Federal, dependiente de ese Ministerio y que tiene a su cargo la custodia de las prisiones de jurisdicción nacional. El mencionado espacio es hoy la Unidad Penal Federal Nro. 34.

La nueva disposición que se comunica en la presente información de prensa está encaminada a que el personal militar no sea el encargado de realizar y custodiar los traslados de los detenidos que, por disposiciones de los jueces, deban realizar salidas de sus lugares de detención, carcelarios o domiciliarios.

Defensa estima que esa tarea debe estar a cargo de las fuerzas penitenciarias y de seguridad: las cuatro fuerzas federales de seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria) o del Servicio Penitenciario Federal, en su caso auxiliadas por las fuerzas policiales y penitencias provinciales; no de las Fuerzas Armadas, cuya misión de Defensa Nacional está claramente separada de la de Seguridad Interior por competencias fijadas claramente por las leyes vigentes hace ya dos décadas.



Buenos Aires, 31 de agosto de 2008


PRENSA:
Tel: 4346-8836 al 40
Azopardo 250, piso 13 - Capital Federal - República Argentina
E-mail: prensa@mindef.gov.ar


RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

El país|Lunes, 8 de Septiembre de 2008
Entrevista con el fiscal Alfredo Terraf, sobre el juicio y las condenas a Bussi y Menéndez

"No pueden terminar en un country"

El fiscal que acusó a los represores condenados a cadena perpetua anticipa que presentará un recurso para que sea revocada la prisión domiciliaria. Habla de sus experiencias en el juicio y celebra la inclusión de la figura de genocidio en los fundamentos de la condena.

Por Ramiro Rearte
http://static.pagina12.com.ar/fotos/20080908/notas/na10fo01.jpg
El fiscal Terraf, cuando le dio la espalda a Bussi: "Fue una actitud de repudio... cuando empezó a mentir".

"La calidad de los delitos cometidos por ambos no amerita que terminen sus días en un country o una dependencia cómoda y confortable, sino en una prisión", dice el fiscal general federal Alfredo Terraf sobre los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. Terraf, el hombre que trató de "cobarde, mentiroso y genocida" a Bussi durante el juicio realizado en Tucumán, recibió a Páginai12 en su casa, ubicada a dos cuadras del Tribunal Oral Penal en lo Criminal de la provincia, antes de ir a ver un partido de rugby de su club, Los Tarcos. A los 58 años, el ex diputado provincial por la UCR habló del proceso intelectual y físico que tuvo que afrontar desde que lo designaron frente al juicio, celebró que entre los fundamentos de la condena los jueces hayan incluido "la figura de genocidio" y remarcó que durante esta semana presentará ante el tribunal un recurso de casación para que sea revocada la prisión domiciliaria de Bussi.

–Teniendo en cuenta que los jueces no enviaron a los represores a una cárcel común, ¿qué opina de los fundamentos de la sentencia leída el jueves pasado?

–Fueron muy buenos, porque hicieron lugar a todo que pedimos desde la fiscalía. Incluso incluyeron el delito de genocidio, más allá de que los represores Bussi y Menéndez no fueron condenados por eso, pero fue muy importante sentar ese precedente jurídico.

–¿Cuál será su estrategia de ahora en más para que Bussi termine en el penal de Villa Urquiza?

–En realidad, pretendo que los dos genocidas terminen en una cárcel común. Desde el 5 de septiembre tengo diez días hábiles para presentar un recurso de casación en contra de la prisión domiciliaria de Bussi y Menéndez. La calidad de los delitos cometidos por ambos no amerita que terminen sus días en un country o una dependencia cómoda y confortable, sino en una prisión. De eso no tengo dudas.

–¿Le faltó algo a su alegato para terminar de convencer a los jueces de que Bussi vaya a una cárcel común?

–No, para nada. No me quedó nada para decir. Desde lo personal, lo profesional, desde mi formación intelectual, todo lo que ingresó a mi ser a lo largo de 48 años lo he aprovechado de alguna manera para decir mi alegato. Por supuesto que esto fue la obra cumbre de mi vida pública como abogado.

–¿Cómo pensó o estructuró su alegato?

–Bueno... en realidad, nunca pensé que mis palabras iban a durar dos horas cincuenta. Yo sabía cuál era el final del alegato. Lo fui armando, de a poco y en muchas ocasiones en la madrugada. Me despertaba a las 4 de la mañana, me sentaba y escribía. También tenía resuelta la estructura del medio, el análisis de cada uno de los delitos que cometió Bussi, con las imputaciones, la jurisprudencia. El principio era lo que no sabía cómo hacer. Es más, no supe cómo hacerlo, hasta que me dio la palabra el presidente del Tribunal.

–Creo que usted fue la única persona en Tucumán que trató al represor Bussi, frente a frente, de cobarde, profesional de la mentira, genocida y estafador. ¿Fue por convicción o era una estrategia judicial?

–Para mí fue algo muy fuerte. Me gusta ser directo al hablar. Cuando uno habla en público tiene que hacerlo de tal manera que todos lo entiendan. Yo le dije a Bussi todas verdades. ¿Por qué la voy a disfrazar? Si ése es el concepto que tengo de él.

–¿Cuál fue la respuesta del pueblo tucumano a su intervención en el juicio?

–Me tiene conmocionado el afecto de la gente. Me mandaron regalos, me mandan cartas, postales. Me enternecen los llamados telefónicos de personas que no conozco y de lugares que no conozco. Me habló gente de Europa, de diversos países de América latina. Se comunicó conmigo una tía de 93 años que vive en San Francisco, en Córdoba, para contarme que me veían por la televisión y me hacían barra para darme fuerzas. Yo lo único que quería era cumplir con mi obligación. No tenía una segunda intención, una intención política o algo por el estilo. En mi vida voy a volver a la política, nunca más. Es una etapa que pasó.

–¿Pasó esto porque era un juicio especial con dos genocidas "especiales"?

–Claro. Los personajes siniestros eran especiales. Porque Menéndez y Bussi sintetizan lo que fue la represión en Tucumán. Hay una serie de represores, pero ninguno es tan representativo como estos dos. Ellos representan en el pueblo todo el sufrimiento que ha tenido todo aquel que convivió con ese terror. Muchos están pagando hasta el día de hoy las consecuencias del paso de Bu- ssi como interventor militar.

–¿Cómo fue el día que le comunicaron que sería el acusador de Bussi y Menéndez?

–Me llegó la notificación en febrero de este año. Desde ese momento cambió todo para mí. Comencé a prepararme para el juicio. Porque suponía lo que iba a ser todo el proceso. Mi preparación fue psíquica y física. Estaba muy excedido de peso y fui a un nutricionista. La prueba de que estaba en buen estado de salud es que mi alegato duró dos horas cincuenta minutos con un nivel alto de exigencia y pude resistir tranquilamente. Luego comencé por interiorizarme del expediente. Es fundamental conocer todo. En cualquier juicio oral uno debe asistir con el juicio sabido de memoria, se imaginará en un caso como éste.

–¿Hubo algún tipo de presión desde el sector de los Bussi o de los propios organismos de derechos humanos?

–No para nada. Lo primero que hice fue aislarme por completo. No quise hablar con nadie. Si iba gente a verme, la atendía mi secretario, que en esto me ayudó mucho. Quería concentrarme, no recibir influencias de nadie.

–Los defensores de los represores hubo momentos que parecían no conocer a fondo el expediente, por ejemplo cuando llevaron a un testigo que habló en contra de Bussi.

–Si hay alguien a quien no le envidio el lugar en este juicio es a los defensores de Bussi. Pobres de ellos. Yo no hubiese aceptado, bajo ningún punto de vista. Yo me sentía muy cómodo con lo que hacía. Ellos no.

–Según publicaron diversos medios, los hijos de Bussi mientras más se acercaba el final del juicio, más declaraciones en contra suya realizaban. ¿Sintió esa presión?

–¿Sabe lo que pasa...? (silencio) Son cobardes. Nunca voy a entender que si mi padre está por enfrentar un juicio en donde corre el peligro de ir a la cárcel para toda su vida yo sea ajeno a eso. Yo me pondría a estudiar, además no hay mucho que estudiar, y me sentaría a la par de la defensora oficial para poder decirle a ese fiscal todas las cosas que le quiero decir pero mirándolo a la cara. No terminar cada cuarto intermedio y salir a hablar con los medios. Esa no es la tarea de un hijo. Ellos esgrimieron que no podían defenderlo porque eran legisladores provinciales, ¡pero que renuncien a la banca! ¿Qué, tu viejo no vale la pena que desistas de ella? ¿Una dieta de legislador vale más que eso? Consiguieron ese escaño gracias al apellido que portaban. Esa clase de persona, como son los miedosos, como el padre, por eso dije que son visceralmente cobardes y se transmite genéticamente.

–¿Usted qué estaba haciendo el 24 de marzo de 1976?

–Yo cumplo años el 25 de marzo, así que es una día bastante especial. Esa jornada estaba en mi casa. Hice una reunión con mi padre, mi hermano, mi novia, que es mi actual esposa. Eramos cerca de diez personas, todos familiares. Tuve que pedir permiso en la Comisaría 2ª de Policía para poder festejar mi cumpleaños. Yo era estudiante de la Facultad de Derecho.

–Bussi dijo que usted es vecino de la familia del capitán Humberto Viola. ¿Cuál cree que fue la intención del represor?

–Eso fue tremendo, espantoso. Lo que hizo fue marcarme la casa. ¡Eso es de hijo de puta! ¿Qué tiene que ver con el juicio? Eso demuestra la calaña de Bussi, es un tipo capaz de cualquier cosa. Además, a Viola lo mataron en 1974 y yo vine a vivir acá en 1979. Jugué muchos años al rugby con el hermano en Los Tarcos. Le digo más, el domingo pasado fui a buscarlo a la casa para que vayamos juntos a la cancha. Estuve en el velorio que se hizo en el Comando cuando lo mataron a Viola. Repudio totalmente ese crimen. He compartido muchas cosas con la viuda, la señora Picón, después de la muerte. Si yo tengo que juzgar a los asesinos del militar, lo voy a hacer con la misma fuerza que lo hice con Bussi. Repudio cualquier tipo de violencia. Yo milité en la Franja Morada en la facultad, ¡no servía ni para conseguir minas! Pero este genocida es capaz de cualquier cosa.

–¿De llorar por ejemplo?

–¡Claro! Todos los médicos dijeron que no tiene necesidad de usar oxígeno. En todo el proceso judicial estuvo desaliñado. Cuando él fue militar aquí, en la década del '70, todos teníamos que estar afeitados y con el pelo corto o te metían preso. Ahora él anda barbudo y con los cabellos largos, para dar lástima.

–Hubo un momento en el juicio muy particular, cuando usted se dio vuelta mientras Bussi hablaba, dándole la espalda...

–Fue una actitud de repudio. No lo podía interrumpir porque el Código Procesal de la Nación le da todas las garantías. Cuando empezó a mentir sobre mi persona, hice la mayor expresión de repudio que una persona pueda hacer, que es darte la espalda. Me salió del alma. Decía todas canalladas. El dijo que yo era militante de izquierda cuando toda mi vida fui radical. ¡Hoy hay que tener huevos para decir que sos de este partido! Lo voté a Alfonsín, a Angeloz, a De la Rúa, después al nuevo radical Lavagna. Siempre fui así. No soy radical K, que quede claro.

–¿Notó un cambio en las políticas de derechos humanos con el actual Gobierno?

–Los argentinos le debemos mucho a Raúl Alfonsín en ese sentido, más allá de que lo critiquen por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Y sin dudas que este Gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández... son dos personas que en el tema de derechos humanos los respeto mucho. Para mí, Alfonsín y Kirchner tienen reservado un lugar en la historia de la Argentina y del mundo.

© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados



--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS



El país|Lunes, 8 de Septiembre de 2008
El SPF suspendió una visita de ex detenidos políticos al penal

No habrá ceremonia en Devoto

Unos 400 ex presos políticos habían acordado visitar la cárcel, instalar un mural y homenajear a las víctimas de la dictadura. A último momento el Servicio Penitenciario les prohibió la entrada. El acto se hará este viernes, frente al penal.

Por Alejandra Dandan
http://static.pagina12.com.ar/fotos/20080908/notas/na11fo01.jpg
"¿El estrés se lo íbamos a provocar nosotros con la visita o ellos con los golpes que les dan?", preguntó Cris.

El acto se hará finalmente el próximo viernes 12, ante la vieja cárcel de Devoto. Durante dos horas habrá una radio abierta y a las 18 se escuchará la voz de los ex detenidos políticos. Como sucedió meses atrás con la cárcel de Rawson, y antes con la Unidad 9 de La Plata, los ex presos políticos que pasaron por la cárcel más importante del país habían pensado hacer ese día una visita dentro del penal. Hasta hace unos días, eso parecía posible. Coordinaron la fecha a pedido del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y combinaron viajes, estadías y vacaciones de los 400 ex detenidos que se comprometieron a estar presentes. Pero en los últimos días, todo cambió: el SPF les prohibió la entrada argumentando que la visita puede provocarles un pico de estrés a los presos.

"Cuando lo supe, yo les dije si el estrés se lo íbamos a provocar no-sotros con la visita o ellos con los golpes que les dan ahí adentro." Cris Arévalo todavía no está resignada. Es una de las ex detenidas políticas de Devoto y parte del grupo que ahora está sentado alrededor de una mesa para pensar cada uno de los detalles de lo que habían imaginado como un momento histórico de reparación, y se convirtió en otra cosa.

"La visita empezó a pensarse en septiembre del año pasado, durante un almuerzo, pero reflotamos la idea después, hacia fin de año –agrega Cris–, y en enero le mandamos una nota a Eduardo Luis Duhalde, el secretario de Derechos Humanos, diciéndole qué queríamos hacer."

Como sucedió este año con los ex detenidos de Rawson y hace dos años con los 200 ex presos de la Unidad Penal 9 de La Plata, la idea era recorrer un sector de la cárcel, instalar un mural con el nombre de los ex detenidos y rendirles un homenaje a las víctimas. Devoto tiene dos muertos y una desaparecida: Mario Abel Amaya, abogado de los presos políticos de Rawson, radical y muerto el 19 de octubre del '76, mientras estaba en el hospital de Devoto; Alicia País, muerta el 1º de noviembre del '77 con un ataque de asma en el hospital de Devoto, y Teresita di Martino, liberada el 24 de diciembre de 1977 del penal y luego desaparecida.

Duhalde no les respondió nada inmediatamente, pero la comisión aprovechó cada uno de los momentos que siguieron para entrevistar a los responsables de la larga cadena de decisiones que los iba a llevar al penal. Hablaron con el jefe del SPF, Alejandro Marambio, y con los directores de Devoto. Al comienzo todo parecía posible. Y Marambio hasta les aseguró que el momento era inmejorable porque la propuesta entraba en el nuevo estilo político del SPF. Lo mismo sucedió en Devoto. Un día, dos ex detenidas se reunieron con el director, el subdirector, el jefe de requisa y el jefe de seguridad. Ellas les hablaron de una visita de mil personas y aunque, como a Marambio, también a ellos les pareció demasiada gente, imaginaron que el grupo podía entrar subdividido y en turnos. Las ex detenidas, en tanto, no podían creer haber estado allí adentro y que alguien les preguntara además, si querían un café cuando antes les zamarreaban los cuerpos.

La cárcel

Durante la década del '70, Devoto cumplió un rol importante. Los ex detenidos políticos la recuerdan como una unidad especial y estratégica, un punto neurálgico por la que pasaban casi todos los presos del país antes de ser redistribuidos en otras cárceles.

Graciela Meloni es una de las mujeres que estuvieron más de seis años detenida. Devoto, dice, "era la cárcel paradigmática desde la época de Isabel Perón". Los presos políticos convivían con los presos comunes pero en pabellones distintos y en unos pocos años pasaron de ser varias decenas a más de mil en 1976. "Los militares dejaron en Devoto sólo a la población de mujeres –dice Meloni–. El último contingente de presos políticos hombres salió de Devoto en septiembre de 1976." En ese contexto, Devoto oficiaba como la cárcel de mujeres y, por eso, trasladaron a las detenidas de todas las cárceles de otros lugares del país.

"La pensaron para mostrarla como cárcel vidriera –continúa Meloni–, una cárcel modelo para mostrar a los organismos, como la OEA o la Cruz Roja, que eran parte de los organismos internacionales que se interesaban por la situación de los presas políticas." Si bien las presas vivían con un régimen de máxima seguridad, algunas tenían condiciones distintas, como recreos o la posibilidad de leer los diarios. Para los ex detenidos, esas cosas en realidad no eran un beneficio, sino el modo del SPF para "quebrar" esa especie de resistencia política con la que cada una vivía la estadía en la cárcel.

"Básicamente, el régimen tenía tres ejes –dice en este caso Carlos Tintina Alvarez, otro ex detenido–. Destrucción psíquica, física, moral y política: en todas las cárceles la implementación fue igual con tres tipos de pabellones, G1, G2, G3. Estaban los irrecuperables, medianamente recuperables y los recuperables. En Rawson les decíamos 'El Infierno', 'El Purgatorio' y 'El cielo'; en uno había nada de recreo, en otro un poco de recreo y en el otro recreo y una pelota, por ejemplo."

El acto

El SPF les ofreció hacer la visita durante dos viernes de septiembre, excepto el primero. Con ese acuerdo, la comisión empezó a trabajar. La subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación se comprometió a dar una mano no con los pasajes internacionales, pero sí con los pasajes del interior del país y la estadía. En agosto, una parte de la comisión escribió un nota al SPF porque no tenían un sólo compromiso escrito de todas las gestiones. Nadie les respondió. Días más tarde, le escribieron al ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Lo pusieron al corriente de la iniciativa, y aunque no les respondió rápidamente, recibieron una nota del SPF con la respuesta negativa.

"Se ha considerado la inconveniencia de autorizar la ceremonia solicitada –escribió el jefe de prensa del SPF–. El espíritu que nos acompaña es de proteger también la intimidad de los internos y evitar la generación de estrés e intranquilidad que implica el ingreso masivo de personas desconocidas para ellos, sentimientos que compartimos."

Como ya todo estaba encaminado, la comisión decidió no detener la ceremonia. Aunque varios de sus integrantes entienden que se trata de una situación delicada, están enojadísimos con la dilación. Varios se enfrentaron a una situación similar en Rawson porque, aunque el SPF ya los había autorizado, cuando todas las personas estuvieron allá el jefe de la unidad penal ni siquiera sabía que iban. La visita sólo se hizo porque terminó de negociarse frente al penal. Una hipótesis que en este caso incluso parece lejana. Por eso, los ex detenidos proyectaron un acto alternativo frente a Devoto y no adentro. Tras la radio abierta, se escucharán los homenajes y también habrá números artísticos.

© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS


Uruguay, Impunidad.

El extraño profesor de historia

El coronel (r) Glauco Yannone fue designado en abril de 2008. El militar secuestró a Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez en Porto Alegre en 1978. Su nombre "pasó" en un paquete de militares y civiles propuestos por el comando del Ejército. Represor en Punta de Rieles y La Tablada, recibió el Nobel de la Paz con los "cascos azules" en 1988.

-Roger Rodríguez la República 7/9-


El torturador Glauco Yannone es docente en la cátedra de Historia Militar en la Escuela Militar. Desde abril, por resolución del Ministerio de Defensa, los alumnos reciben sus clases de Historia Militar.

El torturador uruguayo Glauco Yannone, uno de los militares que secuestró, en Porto Alegre, a la maestra Lilián Celiberti y a Universindo Rodríguez en 1978, fue designado, en abril de 2008, como docente de la Escuela Militar para dar clases en la cátedra de Historia Militar por una resolución del actual Ministerio de Defensa Nacional.

La presencia del represor en los cuadros docentes que instruyen a las futuras generaciones de oficiales provocó sorpresa entre activistas de derechos humanos y llamó la atención a fuentes del propio Ministerio de Defensa que admitieron que la designación se había realizado sin chequear, en un paquete de cientos de nombres propuestos por el comando del Ejército. Consultado por LA REPUBLICA, Universindo Rodríguez no pudo ocultar su asombro ante la designación: "Yannone fue el que secuestró personalmente a Lilián en la rodoviaria de Porto Alegre el 12 de noviembre de 1978 y a mí en mi casa de la calle Botafogo al día siguiente. Fue él quien nos torturó en la sede de la policía (DOPS) hasta que nos trasladaron a Uruguay".

Formado en represión

Glauco José Yannone de León (alias "Javier" e "Isidorito") nació el 26 de abril de 1946 e ingresó al Ejército el 1º de marzo de 1967 en el arma de Infantería. En dos ocasiones fue alumno de la School of Américas (SOA), donde hizo el curso de Inteligencia "C-1" en 1970 y la especialización del curso de "Contrainsurgencia" a principios del 1976.

Retirado con el grado de coronel, Yannone actuó como alférez en el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes, Soriano, en 1971, e ingresó a la Compañía de Contrainformaciones del Comando General del Ejército (CGE) en 1977, desde donde encabezó, con el capitán Eduardo Ferro, el denunciado operativo de secuestro de Celiberti y Rodríguez.

En 1978, con el grado de capitán, es trasladado a cumplir funciones en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 2 (Punta de Rieles) y en 1980 pasa a desempeñarse en la Escuela de Inteligencia del Ejército, hasta que en 1982 se integra a la Oficina de Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y opera en el centro clandestino de La Tablada.

Un Nobel de la Paz

Luego de establecida la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, Yannone continuó en actividad en los primeros años de los gobierno electos y llegó a participar en los contingentes militares uruguayos enviados a misiones de paz de Organización de Naciones Unidas (ONU) con la que paradójicamente ganó el Premio Nobel de la Paz en 1988. Lo insólito del caso fue que el gobierno del entonces presidente Julio María Sanguinetti designó a Yannone como representante del ejército de Uruguay para participar del acto de premiación realizado en Oslo, Noruega, en diciembre de 1988, y recibir la condecoración junto al secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar. Curiosamente, Yannone fue reconocido y filmado por el periodista Gonzalo Arigón, quien logró captar al torturador uruguayo cuando seguía al rey Juan Carlos Borbón de España, en el acto de premiación. Arigón, radicado en París, hizo un documental titulado "El extraño casco azul" que provocó todo un escándalo al ser difundido públicamente.

Sala de profesores

La Resolución Nº 55.346 del 25 de abril de 2008, difundida en el Boletín Nº 11.012 del Ministerio de Defensa Nacional, dice que la designación se hace "considerando que los señores oficiales general, oficiales superiores, jefes, oficiales subalternos, personal subalterno y civiles propuestos, cumplen con las condiciones requeridas para el dictado de los respectivos cursos". En el plantel docente, junto al torturador Yannone, dictan cátedra el comandante en jefe Jorge Rosales, el ex edecán Raúl Gloodtdofsky, el general Miguel Dalmao, la doctora Rosanna Gavazzo, el coronel Alvaro Picabea, el ingeniero Alvaro Ramos, el periodista Yuri Gramajo, el ex canciller Sergio Abreu y el abogado Daniel Lamela, entre otros civiles y militares. Fuentes de la coordinadora que recoge firmas para la anulación de la Ley de Caducidad, dijeron a LA REPUBLICA que el caso es una evidente muestra de las implicancias de la impunidad en Uruguay, en tanto fuentes jurídicas admitieron que Yannone no tiene ninguna causa abierta por violaciones a los derechos humanos que le impida el ejercicio docente.


--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS




Bajo presión, obreros de El Tabacal acordaron con la patronal
En un clima de hostigamiento constante; con manifestantes (jefes de áreas y profesionales empleados del Ingenio, contratistas, camioneros y "subempleadores") apostados frente a la delegación de Orán del Ministerio de Trabajo de Salta; con la mediación de la provincia, que de antemano había dejado clara su posición proclive a la de la empresa, los obreros en huelga tuvieron ayer que llegar a un acuerdo con los representantes del Ingenio y Refinería San Martín de El Tabacal.

El jueves el Ingenio pasó a la ofensiva con una marcha de contratistas, empresarios y cañeros.

Aunque el clima era de tristeza entre los trabajadores, se puede decir que hubo un empate: seis integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, que apoyan a la patronal, tuvieron que renunciar y, del otro lado, los cinco delegados que encabezaban el paro y que están sujetos a un proceso de exclusión de la tutela sindical tuvieron que resignar su pretensión de que el Ingenio dejara de impulsar esta causa, con lo que quedaron a un paso de ser despedidos, porque nadie espera que la jueza Cristina Barberá falle a favor de los empleados.

La empresa se comprometió además a no tomar represalias con los otros trabajadores que participaron de la protesta, y a pagar los días caídos por el paro, que comenzó el 29. Y se anunció el reinicio de la zafra, a partir de mañana.
Las negociaciones que concluyeron con el acuerdo comenzaron el jueves por la tarde, a instancias de los obreros, que solicitaron al Ministerio de Trabajo de Salta la conciliación sobre cuatro puntos: aumento del 20% en los salarios, que no hubiera represalias, la suspensión de una medida cautelar y de la exclusión de la tutela sindical y el pago de los días caídos.

En la primera audiencia la patronal rechazó de plano el incremento de sueldos y la suspensión de la cautelar y la tutela.
La discusión se reinició el viernes temprano pero siguió empantanada. Por la tarde los delegados plantearon que la comisión directiva del gremio debía renunciar. A las 23 se acordó sobre este punto.

El debate siguió entonces sobre los otros temas. Algunos de los delegados y el abogado Hernán Mascietti contaron que el Ingenio se mantuvo inflexible sobre los salarios y la suerte de los cinco delegados.

Ya en la madrugada, tras horas de soportar insultos y amenazas (el delegado Miguel Ángel Herrera recibió una cachetada cuando ingresaba a Trabajo), decidieron aceptar lo que parece un seguro despido. Incluso se llegó a discutir sobre las indemnizaciones que recibirían.

Pasadas las seis de la mañana, los ocho delegados que negociaron se retiraron bajo insultos, piedras y palos. A tres de ellos los corrieron unos cien metros, hasta que los levantó un patrullero policial.
RED DE NOTICIAS DERECHOS HUMANOS




.nuevodiariodesalta.com.ar
Cañeros bolivianos y obreros del campo cortan la ruta 50 en El Tabacal
El conflicto en el Ingenio y Refinería San Martín de El Tabacal desembocó ayer en un corte de la ruta nacional 50, frente al arco de entrada a la firma.

Nora Cortiñas visitó ayer a los obreros, y la fumigaron.
A la siesta más de cien cañeros de la localidad de Bermejo, en Bolivia, iniciaron el piquete, en reclamo de que se levante el paro. Más tarde unos 200 obreros del sector del campo se añadieron a la protesta, aunque en su caso para reclamar la renuncia de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, acusada por gran parte de los afiliados de connivencia con la patronal.
El balance de otro día agitado en el departamento Orán, dejó también como saldo enfrentamientos entre los obreros que mantienen el paro y adherentes a la patronal, lo que incluyó el insólito sobrevuelo de un avión de la empresa Luis Cura Fumigaciones que arrojó un líquido de olor fuerte (presumiblemente un herbicida o insecticida) sobre los huelguistas y a la propia Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien había llegado para conversar con los obreros y los instó a "mantenerse unidos para reclamar salarios dignos".

Los hechos se desencadenaron cerca del mediodía. Con la excusa de participar de una misa en la planchada de ingreso al Ingenio se reunieron unas 400 personas, entre los gerentes de la firma, contratistas, los cañeros del vecino país y los trabajadores de las frutícolas de El Tabacal, algunos de los cuales dijeron haber sido obligados a concurrir.

Encabezado por el gerente de Relaciones Institucionales, Guillermo Jakúlica, el grupo marchó hacia la planta industrial, donde permanecen los huelguistas.

En el portón se encontraron con mujeres que apoyan a los obreros, como Jakúlica trató de abrir el portón, hubo un forcejeo entre ellas y el gerente y, luego, se agregaron otros directivos. Esto a su vez generó un cruce de piedras entre los que están de paro y los cañeros bolivianos.

Más tarde una de las mujeres, Irene Saracho, denunció por agresión a Jakúlica.
POSDATA: esa es la informacion del diario, los compañeros de Red de Noticias que estaban participando de la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia fueron parte de la manifestacion, y un relato telegrafico cuenten lo siguientes:
El jueves ultimo, al ingresar Nora, todos los obreros gritaron "Madres de Playa, el pueblo los abraza" y la rodearon a Nora, ante el temor de mas represalias, mientras el fondo del ingenio irrumpía una bandera con la imagen del Che.
Tras los inolvidables momentos v ividos por todos, el jefe de Relaciones Publicas del ingenio Guillermo Jakúlica dialogó con Nora, en primer termino le agradecio de que venga a mediar en el conflicto. Le respondió de que ella no era mediadodora, sino que venía a darle la solidaridad a los trabajadores.
El abandono de Nopra y demas compañeros del Ingenio fue memorable e inolvidable porque los obreros no querian que se fuera Nora.

RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

Unidad de acción de acción contra la impunidad

16 de septiembre jornada nacional exigiendo cárcel común a los represores

Desde Oran, Salta, los organismos de derechos humanos, movimientos sociales, políticos y campesinos de Argentina presentes en la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia reiteramos la invitación a la presentación el 16 de este mes en todos los juzgados federales exigiendo que los condenados y procesados en las causas de delitos de lesa humanidad sean alojados en las cárceles comunes y no en cuarteles o recoletos country.

En primer termino repudiamos la represion de la que fue victima Nora Cortiñas, Madre de Playa de Mayo, Lìnea Fundadora, quien encabezó una marcha de de solidaridad con los obreros del Ingenio San Marin de Tabacal fue reprimida con hostigamiento policial y el avion de la empresa fumigó a los manifestantes.

En Salta, un ejemplo didáctico de la impunidad es el represor el entonces capitán del Ejercito Argentino, Hugo Espeche uno de los imputados por el fusilamiento de 11 presos políticos el 16 de julio de 1976 en la Masacre de Palomitas. No solo a los 58 años se le otorgó el arresto domiciliario, no en Salta, sino… en Chubut, donde monto una agencia de seguridad, al igual que otros represores, hasta que fue descubierto y ante la presentación judicial fue trasladado a Salta. Pero no por mucho tiempo dado que la Justicia lo autorizó "por su delicada salud" a permanecer en el Hospital Militar en la Capital Federal. Nos permitimos preguntar en voz alta "¿cual será la enfermedad?". Una siniestra burla a los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos. Lo mismo que no sea citado y detenido el entonces juez federal Ricardo Lona, artífice de la impunidad de los asesinatos a las compañeras y compañeros.

En ese contexto, destacamos la decisión de la Justicia Federal de La Plata que rechazó el pedido de arresto domiciliario al contar con 70 años del cura represor Cristian Federico Von Wernich, el que había solicitado se le otorgue en la sede del obispado bonaerense 9 de Julio.

Exigimos que cuando sean trasladados los acusados lo sean esposados y no con total libertad de movimiento.

Precisamente desde Oran, Salta, demandamos a los diputados y senadores nacionales la inmediata aprobación del proyecto de ley presentado por el diputado nacional Fabián Peralta por el cual se eliminan todas las restricciones para que los medios de comunicación transmitan las secuencias de los juicios a los genocidas. O la iniciativa de la diputada Victoria Donda Pérez por el cual no se acepte candidato con antecedentes de haber sido, no solo imputado, sino funcionario de las dictaduras militares, sean candidatos para evitar nuevos Luis Patti, actualmente cajoneada por la diputada justicialista y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Graciela Camaño.

También reiteramos nuestro pedido que la Justicia Federal de Oran proceda a la búsqueda de los restos de los compañeros Jorge Ricardo Massetti y del cubano Oscar Atilio Altamira Guzman, desaparecidos tras la persecución de la Gendarmería Nacional que en abril de 1964 cuando reprimieron a los combatientes del EGP. Precisamente uno de los actos de la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia fue escrachar a la delegación de Oran, donde funciono un centro clandestino en la última dictadura, aunque en rigor lo fue siempre tras cada golpe a la democracia.

Reclamamos la unificación de los juicios por centros clandestinos o megacausas para que los autores materiales e intelectuales, entre ellos la complicidad empresarial, de los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, condiciones ilegales de detención, robos de bebés, tengan condena perpetua y cárcel común. A más de cinco años y medio de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final el accionar de la Justicia es más que mínimo por no decir nulo en relación a los centenares de acusados por los crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado, como se señaló en el documento dado a conocer al recordar la Masacre de Capilla del Rosario, donde en agosto de 1974 se fusiló a 16 combatientes que se entregaron con vida tras deponer las armas, y uno de sus autores, Eduardo del Valle Carrizo Salvadores está en libertad.

Verdad, Memoria y Justicia es la síntesis de una posición en la que no claudicamos para que el punto final biológico a los genocidas no siga su derrotero y que ninguno de los autores materiales e intelectuales esté donde le corresponde: cárcel común.

Oran, Salta, 5 de septiembre de 2008

-- Posdata: La propuesta del 16 de spetiembre reemplaza a la del 10 de este mes.

RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS




una corte estadounidense citó a la compañía para que explique la desaparición de delegados en la dictadura

Un Mercedes Benz con problemas en la Justicia

El proceso fue iniciado por familiares de los operarios de la automotriz y por tres sobrevivientes de secuestros. La demanda, que sería millonaria, se hizo en California porque la empresa tiene capitales de EE.UU.

Martina Noailles
06.09.2008
A algunos los secuestraron en la fábrica. Otros fueron arrancados de sus casas. Entre 1976 y 1977, sumaron 14 los delegados gremiales de Mercedes Benz desaparecidos. Ahora, por su responsabilidad en estos delitos de lesa humanidad, la compañía automotriz podría tener que pagar varios millones de dólares. La decisión está en manos de la Justicia de Estados Unidos, ante la cual los familiares de las víctimas y los trabajadores sobrevivientes presentaron una demanda civil exigiendo una indemnización, debido a que en la marca de origen alemán participan capitales americanos de la compañía Chrysler.
Los delegados desaparecidos no pertenecían a cualquier empresa. Según la información reunida en el expediente, Mercedes Benz –hoy Daimler AG– habría tenido vínculos muy cercanos con la dictadura, no sólo por ser el principal proveedor de camiones Unimog del Ejército. La sede local de la compañía donó equipamiento neonatológico a una maternidad clandestina, el entonces jefe de seguridad de su planta se apropió de una hija de desaparecidos y un ex gerente, Juan Tasselkraut, entregó a los militares las direcciones de algunos de los empleados, que luego fueron secuestrados.

El 21 de octubre se realizará una audiencia en la que los abogados de Mercedes Benz deberán dar explicaciones. La cita no es en un tribunal argentino sino en la Corte Federal del Noveno Circuito de San Francisco, en California. El motivo: la justicia argentina no admite denuncias civiles por desaparición de personas debido a que el Estado ya otorgó una reparación histórica a las víctimas. En cambio, en el país del norte existe una norma (que data de 1789 y es conocida como Ley ATCA por sus siglas en inglés) que permite iniciar acciones por violaciones a los derechos humanos cometidas en cualquier lugar del mundo contra extranjeros.

"Lamentablemente, en la Argentina no tenemos herramientas para luchar contra un monstruo como Mercedes Benz, por eso acudimos a la Justicia de Estados Unidos. La empresa debe hacerse cargo de que no protegió a sus trabajadores, sino que los entregó", explicó la abogada Florencia Arietta, quien representa a las familias y los sobrevivientes en la causa penal que avanza muy lentamente en la Justicia Federal de San Martín.

La demanda que fue iniciada en 2004 ante los tribunales de California incluye las desapariciones de 14 trabajadores y el secuestro de otros tres, que lograron sobrevivir.

Héctor Ratto es uno de ellos. Fue secuestrado de la planta de González Catán el 13 de agosto de 1977. "Después de participar de una asamblea, vino el gerente (Tasselkraut) y me dijo que había venido a buscarme una gente de civil", contó el ex empleado de Mercedes Benz en el Juicio por la Verdad. Mientras esperaba en la oficina del jefe, Ratto escuchó que Tasselkraut les daba a los policías el domicilio de Diego Núñez, otro trabajador que secuestraron ese mismo día y que nunca más apareció. Ratto estuvo secuestrado en la comisaría de Ramos Mejía y en Campo de Mayo y fue liberado en marzo de 1979.

Ratto y los otros 16 compañeros secuestrados formaban parte de la comisión interna opositora a la conducción del sindicato. Pero también habían impulsado una gran huelga en octubre de 1975 que terminó con el despido de 115 obreros.

En el Juicio por la Verdad de La Plata, el gerente Tasselkraut reconoció ante el juez Leopoldo Schiffrin que la productividad de la empresa había caído un 30 por ciento por los conflictos sindicales pero que "después de un tiempo prudente esas cosas no volvieron a pasar".

"¿El aumento de la producción tuvo relación con los desaparecidos?", le preguntó el juez, ante lo cual el gerente respondió: "Y... milagros no hay".

La anécdota, que fue tomada por la periodista alemana Gabriela Weber para titular su documental sobre la historia de los desaparecidos de la Mercedes Benz, ilustra la relación de la empresa con los secuestros, que no sólo no fueron impedidos por ella sino que habrían sido motorizados por ella.

El mapa de complicidades también lleva a otro territorio: el del sindicato SMATA, que encabezaba y aún conduce José Rodríguez. "Los 115 despidos eran pedido urgente del entonces ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf, y de la dirección de SMATA, que ha pedido más despidos todavía. La actuación de la dirección de la empresa Mercedes Benz Argentina aclara que quería apoyar el esfuerzo de ambos de eliminar elementos subversivos de las fábricas", decía un informe que la empresa había elaborado sobre el conflicto laboral de 1975 y que envió como aclaración a la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) el 19 de mayo de 1976.

Aunque en el juicio por la Verdad José Rodríguez afirmó que supo de los desaparecidos de la Mercedes Benz en 1984 por la Conadep, los familiares exigieron a la justicia argentina que investigue las cuentas del sindicalista en Suiza, ya que sospechan que entre 1975 y 1978 recibió pagos de la compañía, uno de los cuales se habría hecho días después de los secuestros de dos delegados.

Con todas estas pruebas en la mano, muchas de ellas recolectadas en la investigación de Weber, dos abogados estadounidenses se solidarizaron y presentaron la demanda civil en aquel país. Dan Kovalik es representante legal del Union Trade of Steel –sindicato metalúrgico de Estados Unidos– y Terry Collingworth es un abogado de gran vinculación con distintos organismos de derechos humanos.

"Si la causa en Estados Unidos avanza, como creemos, será de gran importancia para el expediente penal que está abierto en la Argentina. No renunciamos a que Tasselkraut, Rodríguez y Ruckauf sean condenados por autores y cómplices de perpetrar delitos de lesa humanidad", consideró Arietto.

Si la Corte de California hace lugar a la acción civil y permite que se inicien las demandas de indemnización, Mercedes Benz no sólo podría perder millones de dólares. El antecedente implicaría el reconocimiento de la responsabilidad que tuvo su filial argentina en los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura.

La pista de la apropiación de bebés

La relación entre Mercedes Benz y la apropiación de hijos de desaparecidos no sólo se funda en la donación de un equipo de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina.

El ex jefe de seguridad de la planta de Cañuelas, Rubén Lavallén, fue condenado por la apropiación de Paula Logares, hija de Mónica Grinspon y Claudio Logares, una pareja secuestrada en Uruguay y conducida a la Brigada de Investigaciones de San Justo, de donde Lavallén había sido comisario hasta 1978. El hijo del ex gerente Juan Tasselkraut está inscripto como hijo biológico. Aunque su partida de nacimiento está fechada el 19 de agosto de 1974, en el certificado del lugar donde nació –Sanatorio Metropolitano– figura la dirección donde se mudó la clínica recién en 1975. Además, la partida está firmada por Nélida E. Valaris, quien trabajó en ese sanatorio y, a partir de 1974, en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

El testimonio de una hija

"Mi papá era un obrero como mi marido. Trabajaba en una fábrica, era un padre de familia y de un día para el otro lo arrancaron de al lado nuestro. Yo tenía 10 años y junto a mis hermanas vimos cuando se lo llevaron. Es como si todo hubiera sucedido ayer.

Después de tantos años, lo único que queremos es que se haga justicia. Pero hoy le tengo más fe a la Justicia de otro país que a la nuestra.

Hace algunos años mi mamá tuvo una reunión con el ex presiente Néstor Kirchner en la que nos prometió a todos los familiares que nos iba a ayudar, que iba a formar una comisión investigadora. Pero nunca movieron un dedo. Acá esconden todo. Es una empresa muy importante. Por eso le tengo tan poca fe a la justicia argentina.

Yo tengo cuatro hijos y a mi papá no lo voy a volver a tener. Pero la Justicia es una manera de que tenga descanso. A mi papá yo lo esperé por muchos años. Hoy lo que espero es Justicia."

Silvia Núñez, hija de Diego Núñez, trabajador de Mercedes
Benz desaparecido el 13 de agosto de 1977.


--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS



Nuevo blog para el seguimiento de las causas judiciales contra los
genocidas en Argentina.

Cartografía de las causas: http://causas-casapueblos-aedd.blogspot.com/

Debido a que no es posible establecer un cuadro coherente de los
diferentes juicios contra los genocidas en Argentina, intentaremos desde
este espacio compartir las últimas novedades de los procedimientos
judiciales.


El país|Sábado, 6 de Septiembre de 2008
Llevan a Etchecolatz al Favaloro

Visita médica

El Sanatorio Güemes lo rechazó como paciente. Ordenaron que el Servicio Penitenciario no se aparte de su cama.

Por Adriana Meyer
http://static.pagina12.com.ar/fotos/20080906/notas/na12fo01.jpg
Miguel Etchecolatz consiguió salir por unos días de Marcos Paz.

El represor Miguel Etchecolatz quiso salir de la cárcel para hacerse unos estudios médicos. Los jueces federales Arnaldo Corazza y Carlos Rozanski se opusieron y le rechazaron un hábeas corpus, pero el ex comisario, que cumple su condena a prisión perpetua en Marcos Paz, apeló ante la Cámara Federal y consiguió autorización para que el Servicio Penitenciario lo trasladara a la Fundación Favaloro, donde estará por tres días para hacerse exámenes médicos.

Con el objetivo de someterse a una serie de estudios cardíacos, Etchecolatz solicitó ser trasladado desde el penal de Marcos Paz al Sanatorio Güemes, y exigió que lo autoricen a permanecer internado. El juez hizo una consulta médica y le dijeron que los exámenes en cuestión no eran urgentes ni requerían internación, que podían hacerse en forma ambulatoria. Corazza, que lo tiene como imputado en la causa Camps, rechazó su pretensión y el hábeas corpus que había presentado, y lo mismo hizo el juez Rozanski, presidente del Tribunal Oral que lo condenó en septiembre de 2006 por delitos cometidos en el marco de un genocidio. Los funcionarios judiciales comprobaron en casos anteriores el revuelo que provoca la noticia del traslado de represores a cualquier centro asistencial. En el caso específico de Etchecolatz, sostienen que no será un "paciente" fácil, por su carácter y su propensión a seguir dando órdenes.

El represor estaba empeñado en salir de Marcos Paz, de modo que su defensora apeló ante la Cámara Federal de La Plata. Ayer, los camaristas Leopoldo Schiffrin y Julio Reboredo revocaron la resolución denegatoria de Corazza y Rozanski, y accedieron a que el reo viaje a la ciudad de Buenos Aires para ser internado en el Instituto de la Fundación Favaloro. Según pudo reconstruir este diario, el Sanatorio Güemes se había negado a recibirlo porque "le traería trastornos". De hecho, en un caso similar sus empleados llegaron a hacer una manifestación pública en rechazo a que internen allí a represores.

Los camaristas aceptaron el pedido de Etchecolatz porque tuvieron en cuenta la información que les dieron los médicos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que estableció que los estudios eran varios y de una complejidad que excedía la capacidad técnica de los equipos que tienen en la cárcel. Si bien admitieron que podían ser realizados en forma ambulatoria, destacaron que sería "aconsejable" una breve internación. Fue así que Schiffrin y Reboredo le dieron permiso al represor para que permanezca tres días internado en el Instituto Favaloro, con la opción a que el juez lo autorice por otras tres jornadas.

Al cierre de esta edición, faltaba que la obra social IOMA se hiciera cargo del costo de todo el operativo. Así fue y cerca de las 20.30 el represor ya viajaba hacia Capital. La orden de los camaristas fue que Etchecolatz cuente con "custodia a la vista", es decir, que dos agentes del SPF no se muevan de al lado de su cama. Según informan los médicos del penal, el ex comisario tiene frecuentes lipotimias y dificultades de audición, que estarían derivadas de un "cuadro cardiológico". Al momento de evaluar la situación, los camaristas tuvieron en cuenta que la realización de los estudios habría implicado varios traslados en sucesivos días, lo cual habría sido perjudicial para su salud y un trastorno mayor para el SPF.

© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados



--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS


Juicio y Cárcel Común a Rsponsables del Robo de Bebés en Entre Ríos


Hemos sido sorprendidos gratamente con la noticia de que el día miércoles, por primera vez, la Justicia entrerriana, a través de la jueza federal Myriam Galizzi, ha dispuesto el procesamiento y detención por dictado de prisión preventiva de seis imputados por el robo y sustitución de identidad de dos bebés nacidos clandestinamente en 1978 en el Hospital Militar de Paraná, hijos de Raquel Negro, que fue traída a la capital entrerriana desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en Rosario, donde se encontraba detenida.

Si bien cinco de los imputados (Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Héctor Marino González, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri) son ex integrantes de las fuerzas represivas del terrorismo de Estado y ya estaban en prisión por otras causas; el sexto, Juan Antonio Zaccaría, no integraba las filas de las fuerzas y, no obstante ello, fue procesado y detenido en cárcel común, la Unidad Penal Número 1 de la ciudad de Paraná, en su calidad de médico responsable de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital, ámbito donde se han configurado las conductas tipificadas como sustracción y sustitución de identidad de menores de diez años.

Amén de ser este fallo el primero que evoluciona en la investigación para la futura condena en materia de derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad en esta provincia, también trasciende la neta esfera de las fuerzas de seguridad represoras para avanzar hacia el verdadero espectro punible de aquel sector de la sociedad también culpable de esos crímenes.

Por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y en esta búsqueda, acompañamos en esta epopeya a quienes como Sebastián Álvarez, hijo de Raquel y hermano de aquellos bebés a los que les robaron la historia y sus propias vidas; y a las queridas Abuelas de Plaza de Mayo, que querellan como parte a quienes, ab initio son autores responsables y bregamos por la inmediata citación a audiencia indagatoria de Juan Carlos Trimarco y de todos aquellos responsables directos, mentores ideológicos y garantes de los resultados del plan sistemático que incluyó la sustracción y supresión de identidad de los hijos de nuestros seres queridos presentes en la memoria.

Por Memoria, Verdad y Justicia.

Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos

Entrerrianos y en Entre Ríos – AFADER








SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS-CORRIENTES

Repercusión nacional para la causa Malvinas


A través de un informe aparecido recientemente en una revista de tirada nacional, recobró trascendencia la investigación judicial iniciada por esta oficina del Estado provincial, en torno de los crímenes cometidos por personal de cuadro de las Fuerzas Armadas contra soldados conscriptos en la guerra de Malvinas. La causa comprende unos 74 hechos, entre los que se encuentran cinco muertes, con el fusilamiento de un correntino.
La nota periodística fue editada por la revista Veintitrés y recorre, con clarificadores testimonios, el inicio y el estado actual de la causa radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego.
Además, repasa la actualidad de algunos de los 50 imputados, que del mismo modo que en los crímenes de las Malvinas tuvieron activa participación en los grupos de tareas de la última dictadura militar.
Vale señalar, la investigación se abrió en abril del año pasado a partir de un trabajo articulado entre los ex combatientes correntinos y la Subsecretaría de Derechos Humanos, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Corrientes.

-Se adjuntan las páginas escaneadas del informe de la revista Veintitrés.

PRENSA
SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
PROVINCIA DE CORRIENTES


Comunicado de prensa

Los primeros civiles imputados en

crímenes de lesa humanidad de la zona

En la mañana del lunes 8 y del martes 9 declararán ante el juez federal de Azul, Juan José Comparato, los primeros civiles imputados en crímenes de lesa humanidad. Se trata de los hermanos Emilio Felipe Méndez (gerente del Banco Comercial de Tandil, durante la última dictadura militar) y Julio Manuel Méndez quienes deberán responder en el marco de la causa caratulada “MORENO, Carlos Alberto S/ Privación Ilegítima de la Libertad ”.

Carlos Alberto Moreno era un reconocido abogado laboralista de la ciudad de Olavarría, luchador por los derechos de los trabajadores, que representaba a diversos gremios de la zona. El 29 de abril de 1977 Carlos Alberto Moreno regresaba a su casa, ubicada en la intersección de Lamadrid y Dorrego, tras estacionar el auto en la Estación de Servicio San Ignacio, a una cuadra de su vivienda.

Había concurrido a dar aviso a la entonces escuela Nacional de la ausencia de su esposa, quien se encontraba embarazada de su segundo hijo. En ese momento, poco antes de las 22, lo detuvieron dos sujetos a bordo de un auto de color anaranjado.

Moreno estuvo secuestrado en el centro clandestino de detención conocido como ' La Quinta ' propiedad de Emilio Méndez, en la localidad de Tandil. El 3 de mayo, Carlos Alberto logró escapar por la zona de quintas. Diversas personas del Paraje Los Laureles, lo vieron corriendo mientras era perseguido por un oficial de la policía José Ojeda.

Moreno es herido y vuelto a detener por orden del entonces Mayor Pappalardo.

El lunes pasado se negaron a prestar declaración indagatoria los otros tres imputados en la causa: Julio Alberto Tomassi (ex teniente coronel y responsable del area militar 121 entre noviembre de 1976 y Enero de 1979), Italo Roque Pappalardo (ex Mayor del Ejército), y José Ojeda (Suboficial Mayor), quienes se encuentran alojados en el Penal de Marcos Paz

EL MUNDO › OPINION www.pagina12.com.ar miercoles 3 de septiembre 2008

Genocidio en Colombia

Por Marcelo Ferreira *

El Tribunal Permanente de los Pueblos, en la sesión sobre Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia, celebrada entre los días 21 y 23 de julio en Bogotá, condenó al gobierno colombiano y a un grupo de empresas transnacionales por la comisión de prácticas genocidas, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Este Tribunal es continuador del Tribunal Russell –llamado Tribunal contra el Crimen de Silencio–, que fundó el filósofo inglés en 1966 para juzgar los crímenes cometidos en Vietnam. La sentencia se puede leer en www.internazionaleleliobasso.it.

La situación en Colombia es muy distinta a la exhibida por los medios de comunicación, que actúan amordazados por el terror dominante o se encuentran a su servicio. Hoy se está cometiendo un genocidio, el mayor de los crímenes, en el marco del más frío silencio.

Según el registro oficial, en los últimos diez años se cuentan 300.000 muertos, la mitad imputables a grupos paramilitares, aunque las cifras reales son mucho mayores. Los paramilitares mataron un promedio de 1060 personas por año, entre ellos 678 niños. Los sindicalistas asesinados suman 4000, en pro de una política de desmantelamiento de gremios y redes sociales. Se hallaron 1293 fosas comunes, aunque la mayoría de los cuerpos desmembrados fueron arrojados al río, para que llegaran al mar.

Son también miles los casos de "falsos positivos": desaparecidos cuyos cadáveres reaparecen vestidos con lustrosos uniformes de guerrilleros, sin agujeros de bala. Los terroristas de Estado han jugado al fútbol con cabezas cortadas y despanzurrado embarazadas a la vista del pueblo. Han comido carne y bebido sangre de seres aún vivos. Por hechos comparables a éstos Radovan Karadzic está siendo sometido a juicio en La Haya.

Hay genocidio étnico. Las masacres de indígenas ponen en peligro de extinción a veintiocho pueblos y constituyen en términos del Tribunal "una auténtica vergüenza para toda la humanidad". En la Masacre de Bahía Portete fueron asesinadas mujeres del pueblo Wayúu, caracterizado por su organización matriarcal.

Hay genocidio político. El exterminio del grupo Unión Patriótica se expresa en 2350 homicidios, 415 desapariciones forzadas y 377 víctimas de tortura.

Es genocidio también el desplazamiento forzado de cuatro millones de personas, desterradas por "paracos cortamochos", que limpian el terreno para negocios de las transnacionales, como la siembra de palma africana para biocombustibles. Cuatro millones de hectáreas –un tercio de la superficie cultivable de Colombia– robadas para ese fin. El 0,3 por ciento de la población es propietaria de más de la mitad de las tierras agrícolas.

La complicidad entre gobierno, paramilitares y empresas transnacionales es inocultable. La bancada uribista tiene 37 parlamentarios presos por su relación probada con paramilitares, entre ellos el hermano de la ex ministra de Relaciones Exteriores y el propio jefe del partido uribista. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estableció la responsabilidad de Colombia "por haber emitido un marco legal a través del cual se propició la creación de grupos de autodefensa que derivaron en paramilitares" (Masacre de La Rochela, 11 de mayo de 2007).

Las transnacionales, principales beneficiarias de la criminalidad de Estado, aportan dinero y armas para los mercenarios. La empresa Chiquita Brands entregó tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles el 21 de noviembre de 2001, a bordo del barco Oterloo. El propio Departamento de Justicia de EE.UU. la multó, dado que reconoció expresamente que había financiado a grupos paramilitares entre 2001 y 2004. Las multinacionales Anglo American, BHP Billiton y Glencore A.G. reconocieron que habían escogido para su servicio al comandante del batallón militar encargado de la seguridad de una mina. Y por una carta hecha pública se supo que Unión Fenosa designó a paramilitares en puestos administrativos clave para conocer a su personal y espiar a los jefes sindicales.

En Colombia la palabra oficial es usada como arma de guerra para desfigurar la realidad en función de la razón de Estado. Al rescate por medio de operativos militares se lo presenta como "rescate humanitario", adjetivo difícilmente conciliable con el uso de armas de fuego. A la política oficial de "Estado comunitario" se la exhibe como "acercamiento del Estado al ciudadano", lo que universalmente se conoce como "autoritarismo". A la doctrina de la seguridad nacional se la denomina "política de seguridad democrática", que es lo mismo con nuevo ropaje más fashion. A los paramilitares el presidente los llama "señores"; a los insurgentes, "terroristas"; a los estudiantes, "bandiditos". Para verificar tanto cinismo basta meterse en la página oficial del Ministerio de Defensa colombiano www.mindefensa.gov.co (ventana sobre "Política Integral de DD.HH. y DIH").

En Colombia el presupuesto militar es del 6,5 por ciento del PBI, mayor al de EE.UU. en guerra. La suma de ejército y policía es de 430.000 efectivos, a los que hay que añadir 600.000 miembros de seguridad privada, sin contar paramilitares aún activos.

La llamada Ley de Justicia y Paz del 25 de julio de 2005 concedió impunidad a 33.000 paramilitares. La extradición otorgada el pasado 13 de mayo benefició con destinos turísticos a catorce de sus altos mandos.

El viejo Derecho Humanitario es inaplicable en Colombia, porque ya no hay distinción entre civiles y militares. El propio Estado promueve las políticas de "soldados campesinos" y "redes de informantes". Delatores pagados: hermano, vecino, amigo, amante, quién sabe. El objetivo es que todos participen de un modo u otro en las hostilidades, so pena de ser tildado de "terrorista". En esas condiciones, no es de extrañar la enorme popularidad del mandatario Alvaro Uribe Vélez, quien se beneficia del terror, como ha ocurrido con otros criminales del mundo, también elegidos por votación popular.

Hay genocidio en Colombia, lo que obliga a conocer y dar a conocer la verdad, para no ser cómplices del crimen de silencio.

* Profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos.

RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS


EL MUNDOLOS DESAPARECIDOS DURANTE LA DICTADURA ASCENDERIAN A 15 MIL

En Perú la cifra de asesinados sería el doble

Por Carlos Noriega

Desde Lima

En Perú, las heridas del conflicto interno de los años '80 y '90 no cierran, y el drama de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ha vuelto a saltar al centro del debate nacional. En las zonas andinas están apareciendo nuevas fosas comunes y recientes informes elevan las cifras de desaparecidos a niveles que ponen al Perú entre los países con mayor número de detenidos desaparecidos del mundo. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), emitido hace cinco años, hablaba de 8558 desaparecidos y un total de algo más de 69 mil víctimas de la guerra interna. Sin embargo, esta elevada cifra de desaparecidos podría quedarse corta. Recientemente, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), encargado de la exhumación de varias fosas comunes, asegura que el número de desaparecidos llegaría a las 15 mil personas, la mayor parte campesinos, lo que pone en evidencia la magnitud que alcanzó la represión militar en las zonas andinas.

El informe de la CVR reveló que el 75 por ciento de las víctimas eran indígenas quechuas. Esto coloca al país andino en los primeros puestos en la lista de los países con mayor número de desaparecidos, la que, según un reciente informe de Naciones Unidas, es encabezada por Irak, con 16.387 casos de desapariciones. Estas nuevas cifras sobre el nivel de horror que alcanzó la política de de-sapariciones en el país se dan poco después de que en un alejado paraje andino, a 3500 metros de altura y a 650 kilómetros al sudeste de Lima, se encontrara la mayor fosa común hallada hasta ahora en el país: 97 comuneros secuestrados y asesinados por los militares en la comunidad de Putis. Las exhumaciones no han terminado y la cifra de víctimas enterradas en el lugar sería mayor, ya que en esa comunidad se han reportado 123 casos de de-saparecidos. El desentierro está a cargo del EPAF, que ha revelado que 38 de las víctimas ya desenterradas eran niños y diez eran adolescentes. La matanza ocurrió en diciembre de 1984 y ahora los miembros de la comunidad que lograron sobrevivir escondiéndose de los militares observan llorosos las exhumaciones y tratan de reconocer entre los restos la ropa de sus parientes.

Ningún militar está procesado por este crimen. El gobierno se niega a entregar a las autoridades judiciales la información de los oficiales y soldados que estaban en la base militar de Putis cuando ocurrió el secuestro y ejecución masiva de los campesinos, actitud de encubrimiento que también ha asumido en otros casos. "Hubo una responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en las violaciones a los

derechos humanos y ahora hay una cobertura institucional para proteger a los militares acusados de esas violaciones. El gobierno no tiene interés en que los juicios por violaciones a los derechos humanos sigan adelante", le señaló a Páginai12 Salomón Lerner, quien fuera presidente de la CVR. Lerner ha exigido que las Fuerzas Armadas pidan disculpas públicas por los crímenes que cometieron contra la población, pero el ministro de Defensa, Antero Flores, negó tajantemente esa posibilidad y salió en defensa de los militares. Igual postura han tenido otros miembros del gobierno. Es que Alan García tiene su propia historia de violaciones a los derechos humanos cometidas durante su primer régimen (1985-1990). Sus ataques a los organismos de derechos humanos y su cerrada defensa de los militares se dan en momentos en que se intenta llevar a la Justicia crímenes ocurridos en su anterior gobierno, como la ejecución extrajudicial de más de cien presos acusados de terrorismo en la isla penal El Frontón, ubicada frente a Lima, en junio de 1986.

El debate sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto interno ha de-satado un duro enfrentamiento al interior de la Iglesia Católica. El pasado domingo, en su homilía, el arzobispo Juan Luis Cipriani, del Opus Dei, se sumó a la defensa de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad y a los ataques contra los organismos defensores de los derechos humanos. El influyente obispo Luis Bambarén le respondió públicamente asegurando que su postura no representaba a la Iglesia y que, por el contrario, lo que había dicho había molestado a muchos obispos. Cipriani fue obispo de la región andina de Ayacucho, el epicentro del conflicto interno, y desde ese puesto bendijo la guerra sucia de los militares, cuyas dimensiones no terminan de sorprender con la aparición de masivas fosas comunes como la de Putis y la revelación de una política de desapariciones que alcanzó cifras de horror.

Fuente: www.pagina12.com.ar martes 2 de septiembre de 2008

--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS





Corrientes memoriosa

Tiene despacho favorable el proyecto de Ley de creación de la "Comisión Provincial por la Memoria" en la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y de la Comisión homónima de la Cámara de Diputados, consensuaron el contenido de la norma que deberá sortear la votación en el recinto de la Legislatura correntina dentro de dos semanas. Luego vendrá el turno del Senado, aunque se descarta que contará con el apoyo de al menos la mayoría absoluta en ambas Cámaras.
En esta área nuestra provincia se encuentra un tanto atrasada, ya que oficinas de este tipo funcionan hace tiempo en las provincias vecinas, a pesar de que Corrientes ha sido pionera en materia de causas de derechos humanos en el interior del país, donde se juzgó como en ningún otro punto de la Argentina a dos Coroneles en actividad, un ex-Presidente de la Sociedad Rural y un ex- Comandante de Gendarmería y Concejal electo en Orán, Salta, además del hecho que la "Causa RI9" encaró la materia de juzgamiento como debe ser, es decir por Centro Clandestino y no como casos aislados.
De todos modos, y aún con matices propios, la legislación parece ir acomodándose a los tiempos que corren, poniéndose a tono con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La Ley, en caso de no sufrir modificaciones en el Senado, contará con el siguiente articulado en su parte resolutiva:

ARTICULO 1º) CREACIÓN. Créase la Comisión Provincial por la Memoria en la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
ARTICULO 2º) MISIÓN. Tendrá como misión esclarecer y dar a conocer los hechos ocurridos durante la última dictadura militar (1976/1983) que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos o que resulten de valor histórico.
ARTICULO 3º) OBJETIVOS. Se establecen como objetivos de la Comisión Provincial por la Memoria:
a) Contribuir a mantener viva la historia reciente de nuestro país en la memoria de los correntinos y a transmitir a las futuras generaciones las lecciones y legados de esa época.
b) Fomentar el estudio, la investigación y la difusión de los hechos vinculados con el autoritarismo durante todos los golpes militares y, en particular, con el terrorismo de estado durante la dictadura militar instaurada a partir de 1976. Asimismo fomentar el estudio, investigación y difusión de las luchas sociales y populares llevadas a cabo en el territorio de la Provincia y la Nación toda.
c) Contribuir a la educación y difusión de este tema, proponer contenidos curriculares para la enseñanza básica y superior, y planes de divulgación en los medios de comunicación.
d) Recopilar, archivar y organizar toda la documentación relacionada con los artículos precedentes con el fin primordial de garantizar la preservación creando una base de datos, a disposición de los tribunales que tramiten cuestiones conexas, de los Organismos de Derechos Humanos y de toda aquella persona que tenga un interés legítimo.
e) Promover la puesta en funcionamiento de un sitial de la memoria que ponga de manifiesto la voluntad de los correntinos de no olvidar los trágicos hechos de nuestro pasado reciente y de construir una sociedad coherente con los valores democráticos y humanitarios de tolerancia y solidaridad.
f) Prestar colaboración a los organismos de Derechos Humanos y querellantes en causas Judiciales de derechos humanos que tengan objetivos acordes a los de la Comisión, a fin de contribuir al desarrollo y cumplimiento de los mismos.
ARTICULO 4º) ATRIBUCIONES. Son atribuciones de la Comisión Provincial de la Memoria:
a) Elaborar el Plan Anual de Actividades.
b) Efectuar a la finalización de cada año, el Informe Anual de su actuación.
c) Designar un equipo técnico Interdisciplinario encargado de desarrollar las actividades dispuestas por la Comisión.
d) Dictar su propio reglamento de funcionamiento.
e) Celebrar convenios con universidades, organizaciones públicas y/o privadas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Comisión.
ARTICULO 5º) COORDINACIÓN. La Comisión Provincial de la Memoria será coordinada por el titular de la Subsecretaria de Derechos Humanos.
ARTICULO 6º) FUNCIONES DEL COORDINADOR. El coordinador tendrá a su cargo:
a) Convocar y programar las reuniones de la Comisión.
b) Coordinar y ejecutar el Plan Anual de Actividades desarrollado por la Comisión Provincial.
c) Efectuar una Memoria detallada de las reuniones de la Comisión.
d) Elaborar los cronogramas de trabajo y determinar la asignación de tareas al equipo técnico Interdisciplinario.
e) Elevar informes periódicos al Gobernador de la Provincia.
f) Informar al Poder Legislativo de la Provincia el Plan Anual de Actividades elaborado y el Informe Anual de su Actuación.
ARTICULO 7º) INTEGRACIÓN. La mencionada Comisión estará integrada por dos (2) miembros del Poder Legislativo, 1 (uno) de cada Cámara, un (1) miembro designado por el Poder Ejecutivo, Dos (2) personas designadas por la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. Asimismo, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos integrará la Comisión con carácter de Coordinador.
ARTICULO 8º) RECURSOS. Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias en las partidas asignadas a la Subsecretaría de Derechos Humanos a efectos del cumplimiento de la presente ley.
ARTICULO 9º) De forma

Lo que antecede no es un comunicado de prensa de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, sino la difusión de una nota de su portal de noticias (www.cpdhcorrientes.com.ar). Se autoriza su libre difusión parcial o total. Si no desea seguir recibiendo estas noticias responda este mail modificando el asunto por "desuscribirme".



--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS






HIJOS alto valle <hijosaltovalle@infovia.com.ar>
Date: 04-sep-2008 21:25


3º Semana de Juicio

"AHORA, AHORA, RESULTA INDISPENSABLE, APARICIÓN CON VIDA Y CASTIGO A LOS CULPABLES"

  • LUNES 01 DE SETIEMBRE DE 2008

"Si quieren morir tranquilos, digan dónde están, no sean orgullosos. Yo también quiero morir sabiendo que Olea (uno de los genocidas imputados) dio la orden de matarlos".

Inés, Madre de plaza de Mayo, filial de Neuquén y Alto Valle, les hablaba, parada delante de los secuestradores y asesinos de su hijo, Oscar Alfredo Ragni (hasta hoy desaparecido), con una entereza y una fuerza que nos embargaba a todos".

Así comenzaba el primer testimonio del día lunes, no cualquier testimonio, no cualquier testigo...

En el primer día de audiencia de la semana se dio testimonio sobre el secuestro y desaparición de la única víctima que figura como detenida desaparecida, en este juicio oral. Actualmente son más de 30 los detenidos desaparecidos de la zona que pasaron por el centro de detención clandestina "La escuelita", ubicada en el predio del batallón del Ejército.

Minutos antes volvimos a entrar a la audiencia, con nuestras remeras, exigiendo cárcel común (adelante), diciéndoles que "si no hay justicia hay escrache" (atrás). Y cuando entraron a la sala 4 de los 8 genocidas (los otros 4 pidieron no estar presentes, y el tribunal, acongojado por esos pobres "viejitos" aceptó) los recibimos con un ¡ASESINOS! ¡ASESINOS!, seguido de nuestros cánticos tradicionales. Y como el primer día que entramos, se volvieron a escuchar cánticos, aplausos, insultos a los genocidasl.... nuevamente detrás del blindes, nosotros los demonizados por el tribunal, que pateamos el tablero de la justicia cómplice y le dimos vida y rebeldía a una sala llena del silencio de los genocidas.

Cuando el presidente del tribunal oral pide a un asistente, que haga pasar al primer testigo, se vio entrar a una "vieja loca", con su dignidad y valentía, desde sus zapatos estirados de tanta calle y marcha, hasta su cabeza, cubierta con su arma más maravillosa y mortal contra el olvido, SU PAÑUELO BLANCO. El mismo que años atrás llevaba el nombre de Oscar Alfredo, y hoy, el de los 30.000. Y estalló nuevamente el canto en la audiencia: ¡MADRES DE LA PLAZA EL PUEBLO LAS ABRAZA!

Se paró de frente al tribunal y juró por sus creencias y por los 30.000 compañeros desaparecidos. Luego relató con detalles el secuestro y la desaparición de su hijo mayor Oscar Alfredo, de cómo actuaron ese día los grupos de tareas yendo a su casa a preguntar por él, mientras en el lugar de trabajo lo esperaba otro grupo de tareas. Además de cómo un sobrino de su marido, integrante del servicio de inteligencia del Ejército, Oscar Roberto de Caso, "marcó" la casa al venir a preguntar por su primo esa misma mañana, mientras Oscarcito dormía.

Luego de las preguntas de los querellantes y del fiscal, le tocó el turno a los defensores, los cuales, al igual que los Genocidas miraban hacia el piso permanentemente. No hay preguntas, decían uno por uno los defensores, y tan sólo uno preguntó si Oscarcito tenia militancia en La Plata. No hay preguntas que hacerle a la verdad! parecía transmitir esa vos de Madre, de cuerpo y de lucha.

Al finalizar, Inés pidió al tribunal hacerle una pregunta directamente a los genocidas. Y NUEVAMENTE, apareció "La Pando de Neuquén": el FISCAL Reyes Balboa, el cual pidió la palabra para rechazar el pedido de una Madre hacia quienes secuestraron, torturaron, mataron, y escondieron hasta el día de hoy el destino de uno de los tantos desaparecidos de la zona, su hijo. por suerte, esta vez, al tribunal le dio tanta vergüenza quedar tan expuesto, que permitió a Inés, una de nuestras valientes madres, pararse, caminar hasta el escritorio en donde, en primera fila estaban los abogados del diablo, y en segunda fila los Genocidas.

"Quiero saber la verdad. Sé que mi hijo no apareció, quiero que me digan mis hijos dónde están"

"Es la verdad que esperamos hace 32 años".

Luego, el presidente del jurado le dijo que se podía retirar, y desde las venas de cada uno de los que estábamos adentro, cantamos la consigna que marcó el camino de lucha de los organismos de derechos humanos por el juicio y castigo: ¡AHORA, RESULTA INDISPENSABLE, APARICIÓN CON VIDA Y CASTIGO A LOS CULPABLES!

Ahí con esa Madre relatando la verdad de un lado del blindex, con los H.I.J.O.S. y otros compañera/os del otro cantando, se vio EL PELIGRO que representamos para este tribunal que les deja puesto el chaleco antibalas a los Genocidas dentro del recinto, que permite que cada minuto y medio cada uno de los integrantes del servicio penitenciario federal se lleven su mano a la "9mm" mirándonos amenazantemente, que mantengan las severas restricciones y controles por parte de Gendarmería, Policía Federal, Policía Aeroportuaria, a los que entramos a las audiencias.

El segundo testimonio fue el de Oscar Ragni, padre de Oscarcito, el cual se remitió en su testimonio a lo declarado por su mujer Inés Rigo (Madre de Plaza de Mayo) anteriormente. Tomó la palabra y pidió que los 8 militares imputados sean condenados como Genocidas a la pena de prisión perpetua y detenidos en cárceles comunes.

Luego fue consultado por las querellas y fiscalías. De su testimonio se desprende un tema no menor.

¿DESDE CUÁNDO FUNCIONÓ "LA ESCUELITA COMO CENTRO DE DETENCIÓN ILEGAL?

Según lo relatado por Oscar Ragni, el cual tenía conocimiento del lugar, ya que hasta el año 74 atendía la cantina del batallón (trabajó cerca de 20 años), cuando se realizaban actividades de esparcimiento. El edificio de la "escuelita" se reacondicionó a principios del 75', ya que antes había funcionado como matadero y como caballeriza. Según lo relatado, "eso se preparó para "reunir" a las víctimas de la Triple A.

Entendemos que este lugar ya funcionaba como centro clandestino de detención desde principios del 75'. Esto confirma lo que H.I.J.O.S. alto valle viene diciendo, QUE EL GENOCIDIO NO EMPEZÓ EL 24 DE MARZO DEL 76'. En nuestra zona hay varios compañeros víctimas del accionar de la triple A.

ESTOS DELITOS TAMBIEN DEBEN SER JUZGADOS, COMO DELITOS DE GENOCIDIO.

El tercer testimonio de la mañana fue el de Carlos Porfidio, el cual trabajaba como Agrimensor, en el estudio de Arquitectura en donde Oscarcito trabajaba los veranos, en sus vacaciones de estudios universitarios que realizaba en la Facultad de Arquitectura de La Plata. Él confirmó la participación del grupo de tareas que fue al estudio donde tenía que ir a trabajar Oscarcito, la mañana en que fue secuestrado. En el lugar entraron sujetos que se hicieron pasar por policías federales, y reconoció a uno de ellos, "Héctor Barros", al cual le decían el "chancha", entonces policía de la provincia de Río Negro. OTRO GENOCIDA SUELTO, SIN IMPUTAR, POR PARTE DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN LABATE.

Esto confirma el "trabajo comunitario" de las fuerzas militares y policías provinciales. El hermano de la "chancha" Barros está detenido e imputado en la 3º etapa de investigación de estos delitos en la zona, el cual se llama, Serapio Barros.

Por la tarde declaró Raúl Radonich, que fue torturado en "La Escuelita" y confirmó la presencia del médico en las sesiones de tortura. Radonich reconoció el lugar, ya que había realizado el servicio militar en el batallón el año anterior a su secuestro, el año 76', conocía el lugar y la comida. Dijo "ya se conocía la existencia del centro clandestino de detención que estaba detrás del batallón y que ahí llevaban a los "detenidos subversivos".

El segundo testigo no declaró ya que está fallecido (Andrés Domínguez), paradoja del tribunal y la defensa de los genocidas, ya que fue citado por ellos.

El tercer testigo, Aldo Torino, citado por querellas y testigos, parece que es amigo de López Proumen!

Torino trabajaba como cocinero en el Batallón, donde funcionaba "la escuelita". Parte de la comida que se hacia en el batallón era para los secuestrados. Incluso le contó al padre de Oscar que el día que fue secuestrado tuvo que hacer un palto mas de comida para los secuestrados y el pregunto porque, que le dijeron que habían traído un "chico del barrio". La Familia Ragni vive a pocas cuadras del batallón. Esto fue desmentido por Torino en el juzgado de instrucción y en la audiencia oral.

Torino es milico, y como todos, MANTIENE EL PACTO DE IMPUNIDAD Y SILENCIO. Como dijimos antes. No son testigos... son Genocidas

  • Martes 02 DE SETIEMBRE DE 2008

Con los testimonios de David Lugones, Benedicto Bravo y Oscar "Tito" Paillalef y algunos de sus familiares, el tribunal pudo conocer cómo funcionó este "plan sistemático" del genocidio en nuestra zona.

Lugones se presentó ayer para dar su testimonio. Relató cómo fue trasladado en avión por Farías Barrera desde La Plata a Neuquén, por una denuncia radicada en Neuquén, previo paso por la U9 de La Plata donde fue duramente castigado e interrogado. Una vez que arribó a Neuquén en el batallón fue sometido al mismo interrogatorio pero sufriendo la picana eléctrica. Lugones durante su declaración miró a los imputados presentes y les dijo "como responsables" de lo ocurrido "den las respuestas que se necesitan. "Ojalá por un momento sean hombres libres si es que les queda algo de conciencia". de que Oscar Ragni (hijo), quien continúa desaparecido, estuvo detenido en el centro clandestino de Neuquén "La Escuelita" en diciembre de 1976

Carolina Miggistich, madre de Lugones, contó al tribunal cómo fueron los "273 días que estuvo detenido" su hijo, las idas y vueltas entre tantas falsas expectativas que les iban creando los responsables de estos delitos de lesa humanidad, "hasta que un día Farías llamó por teléfono a mi casa y dijo: pueden venir a buscarlo a las 11, en Cabral e Irigoyen".

Así como hizo Lugones, Oscar Paillalef contó de su cautiverio y las torturas sufridas en "la escuelita". El fue "citado" por la Policía de Río Negro a presentarse en el Comando donde fue detenido por Reinhol, encapuchado y trasladado a la escuelita. Luego de 11 días de tortura lo llevaron a la U9 de Neuquén y de ahí a Rawson

Isabel Rodríguez, la esposa de Oscar Paillalef relató que Farías Barrera, se "hacía el bueno", cuando ella le iba a preguntar por su marido. Contó que pudo encontrarse con su esposo, en un estado delicado por los golpes que recibía, en la U-9.

Marta Rosa Bravo ayer en el juicio, al dar su testimonio sobre la detención y torturas que sufrió su hermano Benedicto recuerda uno de los momentos más feos que le tocó vivir mientras buscaba a su hermano, cuando Farías Barrera le dijo que estaba 'metido con los montoneros'.

Nuevamente vemos como funcionaba armónicamente el aparato represivo, así como la Policía de Río Negro era para de los grupos de secuestro, el Servicio Penitenciario Federal "entregaba" detenidos y también los recibía torturados.

Todos los testimonios de los familiares de las víctimas coinciden en lo duro que fue la búsqueda de información sobre el paradero de los mismos, transitando entre engaños, mentiras, malos tratos.

Lugones y su madre, Carolina Miggistich , quien también presentó su testimonio ayer. Oscar "Tito" Paillalef y su esposa, al salir ayer de la sede del Tribunal Oral Federal luego de haber prestado su testimonio.

Lugones y su madre, Carolina Miggistich Oscar "Tito" Paillalef y su esposa

¡EXIGIMOS QUE SE INVESTIGUEN LOS DELITOS DE GENOCIDIO COMETIDOS ANTES DEL 24 DE MARZO DEL ´76!



El país|Viernes, 5 de Septiembre de 2008
LEYERON LOS FUNDAMENTOS DE LA CONDENA CONTRA ANTONIO DOMINGO BUSSI Y LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ

Para los jueces, Bussi se cree Dios

El tribunal hizo un llamado para que los represores aportaran datos que permitieran conocer el destino de Vargas Aignasse. Dieron por probada su muerte y la existencia de un plan sistemático de eliminación de personas e impunidad.

Por Ramiro Rearte
http://static.pagina12.com.ar/fotos/20080905/notas/na14fo01.jpg
Bussi y Menéndez el jueves pasado, cuando se dictó la condena. Ayer no escucharon los fundamentos.

Desde Tucumán

En una jornada agotadora, el Tribunal Oral Penal en lo Criminal de Tucumán leyó los fundamentos por los cuales condenó a cadena perpetua a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. Los jueces consideraron acreditada la muerte del senador Guillermo Vargas Aignasse debido a "las circunstancias del transcurso del tiempo, por más de 30 años, sin que se hayan tenido noticias de la víctima". También señalaron que del descargo que pronunció Bussi en el comienzo de la audiencia, "en el que exaltó el rol que le cabía sobre la vida de sus semejantes surge claro que aún sostiene una especie de concepción que lo lleva a confundirse con la divinidad".

La lectura comenzó pasada las 11 y terminó luego de las 19. Sólo se interrumpió en dos momentos y por el lapso de diez minutos, cuando el juez Gabriel Casas dispuso pasar a un cuarto intermedio. Ni Bussi ni Menéndez estuvieron presentes mientras se leyeron las más de 140 fojas de la sentencia.

"Ha quedado probada la implementación de un plan sistemático que consistía en el secuestro, tortura, detención clandestina y eliminación y ocultamiento de cadáver para lograr impunidad", dijo el tribunal en el fallo. Los jueces dieron por probado el asesinato de Vargas Aignasse a pesar de que el senador sigue desaparecido. "Las torturas sufridas, el trato a los presos políticos en el penal y la situación de privación de libertad permitieron arribar al grado de certeza necesaria para tener probada su muerte, aunque ningún testigo haya presenciado la ejecución", señalaron Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curri.

También hicieron un llamado para que Bussi aportara datos que permitieran conocer el destino del senador. "Por los supremos valores religiosos que dice profesar (invocó a la Divina Providencia) sería una forma plausible de mostrar respeto a esos valores que siquiera por vías de trascendidos hicieran saber el lugar donde han ido a parar los restos de Guillermo Vargas Aignasse, ya que eso no sólo contribuiría a la pacificación de los espíritus sino que permitiría su descanso en paz y el recuerdo de sus familiares."

El tribunal condenó a Bussi y Menéndez por "violación de domicilio, privación ilegítima de libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio agravado por alevosía con el concurso premeditado de dos o tres partícipes y con el fin de lograr impunidad". Los crímenes fueron calificados como delitos de lesa humanidad, pero no se tuvo en cuenta la figura del genocidio.

Los alrededores al edificio del Tribunal Oral quedaron desolados por el fuerte operativo de seguridad montado por Gendarmería Nacional. De esta manera se trató de evitar que se produjeran incidentes como los del jueves pasado, cuando ambos represores fueron condenados. Es más, se tuvo que separar a los partidos políticos, como el Partido Comunista y la Corriente Clasista y Combativa, de los organismos de derechos humanos. Cada sector ingresó por calles adyacentes diferentes. En el interior, la sala estuvo casi desolada. Ni siquiera los medios de comunicación provinciales le dieron importancia a esta última audiencia.

La jornada comenzó con las cuestiones preliminares planteadas por el fiscal general Alfredo Terraf y los defensores Amalina Assaf, por Bussi, y Horacio Guerineau, por Menéndez. En la primera parte de la sentencia los magistrados justificaron por qué dispusieron que se investigara penalmente a los testigos José Víctor Gerez, Carlos Décima, Roque Cabral y Raúl Molina por las supuestas contradicciones en que incurrieron cuando declararon. Gerez y Décima se desempeñaron como guardiacárceles en Villa Urquiza, donde estuvo detenido Vargas Aignasse, mientras que Cabral actuó como juez de Instrucción Militar, cargo en el que contó con Molina como secretario. Todos declararon como testigos durante el juicio oral.

Se prevé que hoy a primera hora se lleve adelante el traslado de Menéndez a Córdoba para cumplir su primera condena. Bussi deberá afrontar otras declaraciones testimoniales frente a los jueces tucumanos mientras cumple arresto en un lujoso country en Yerba Buena.

© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados


RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS



El país|Jueves, 4 de Septiembre de 2008
Piden investigar a un juez de la Corte tucumana

Un magistrado en problemas

El ex legislador provincial del partido Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, presentó en la Legislatura tucumana un pedido para que el actual integrante de la Corte Suprema de Justicia, Mario René Goane, sea investigado por su participación en la dictadura militar. En el ambiente político local ya comienza a gestarse la destitución de Goane, según confesaron a PáginaI12 algunos legisladores del bloque peronista.

Goane tuvo una activa participación durante la dictadura militar mientras el general Antonio Merlo era interventor. El cargo que mayor sospecha genera es el de titular del Registro Civil, función que ocupó desde abril de 1976. "Una persona con ese pasado no puede ocupar un cargo de tanta envergadura", se quejó el titular de la comisión de Derechos Humanos de la legislatura, Héctor Romano.

La nota también fue enviada con copia al secretario de Derechos Humanos, Daniel Posse. En la misiva se detalló una lista con otros funcionarios para ser investigados. El intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, quien se hiciera famoso por una foto en la que aparecía sentado en el despacho de Bussi con un arma en el escritorio durante su gestión militar; el presidente del Concejo Deliberante de esa ciudad, Carlos Villaluenga, y el defensor oficial Jorge Monteros, ligado al Ejército. Parajón pidió que "se arbitren todos los mecanismos institucionales" para conocer el paso por la administración pública durante los años de plomo, principalmente de Goane.

"Ya pedimos informes a todos los estamentos del Estado provincial para que nos envíen las diversas áreas en donde se desempeñó Goane", aseveró Romano. Ante la consulta sobre la posibilidad de juicio político y posterior destitución, el legislador respondió: "Hay muchos indicios, pero se deberá actuar a paso firme".

Goane fue designado por Merlo, que también nombró a Francisco Sassi Colombres, quien fue propuesto por el gobernador José Alperovich como juez de la Corte Suprema en marzo de este año. En esa oportunidad una llamada desde la Casa Rosada hizo que la renuncia se concretara antes de la asunción. "Kirchner habló con el gobernador Alperovich y Sassi batió su propio record. En apenas unas horas descubrió que su estado de salud no le permitiría asumir. Era el segundo funcionario de la dictadura que llegaba a la Suprema Corte. El otro es René Mario Goane, designado por el mismo interventor militar que nombró a Sassi Colombres", escribió en este diario Horacio Verbitsky el 16 de marzo pasado.

© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados



--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS