miércoles, 27 de agosto de 2008



COMUNICADO DE PRENSA

SE AGRADECE LA DIFUSION

COMIENZA LA ETAPA FINAL AL JUICIO ORAL Y PUBLICO A BUSSI Y MENENDEZ

El martes 26 de agosto se escucharán los alegatos de la defensa y de la acusación. El jueves 28 se dará a conocer la sentencia

Tucumán, 25 de agosto de 2008, El primer juicio oral en nuestra provincia a genocidas de la dictadura, en este caso a los máximos responsables de la represión en el norte: Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, es un hecho histórico en la lucha de los organismos de Derechos Humanos.

H.I.J.O.S. (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), convoca a toda la sociedad tucumana el martes 26 de agosto a partir de las 9:30 hs en la puerta del Tribunal Oral Federal, ubicado en Crisóstomo Alvarez y Ayacucho para continuar reclamando justicia, Cárcel común, perpetua y efectiva a los Genocidas.

La exigencia de justicia por parte de toda la sociedad tucumana así como su presencia permanente son imprescindibles en la lucha de más de 30 años contra la impunidad. Por esta razón, es necesario que participemos todos para que exijamos la construcción de la verdad histórica de nuestro país.

Los delitos cometidos en el periodo 1975 -1983, se denominan de Lesa Humanidad y como tales son imprescriptibles, pues se enmarcan en lo que fue un Plan Sistemático de Exterminio y Violaciones de Derechos Humanos: secuestros, torturas, tormentos. Siguiendo este análisis, en la presentación se afirma que el Plan sistemático de Violaciones a los Derechos Humanos, constituyó la ejecución del Delito Internacional de GENOCIDIO de una parte importante de la población argentina.

EL ARTE JUNTO A LA LUCHA DE LOS DERECHOS HUMANOS

HERIDAS DE LA MEMORIA es una intervención lumínica que se proyectará sobre la fachada del Tribunal Federal Penal de Tucumán (Crisóstomo Álvarez y Chacabuco) los días 26, 27 y 28 desde las 19 hs., a manera de homenaje a quienes llevan más de 30 años luchando por la memoria y la justicia y a los desaparecidos tucumanos . La misma consistirá en la proyección de sus retratos a gran escala, obras de conocidos artistas plásticos locales cuyo discurso de halla vinculado con la represión ejercida por la última dictadura y fotografías de hijos de desaparecidos. HERIDAS DE LA MEMORIA está organizada por artistas independientes e H.I.J.O.S. Tucumán

EL PAIS › EL FISCAL TUCUMANO ALFREDO TERRAF PIDIO CARCEL COMUN Y PRISION PERPETUA PARA BUSSI Y MENENDEZ

“Siempre más. Siempre más memoria, más justicia”

“Bussi es un mentiroso, canalla, impúdico, cobarde y genocida”, dijo entre otras cosas el fiscal en su alegato. Los defensores de los represores pidieron la absolución.

Por Ramiro Rearte

Desde Tucumán

El fiscal general federal Alfredo Terraf acusó a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez de ser los autores materiales y necesarios en la desaparición, tortura y secuestro del senador tucumano Guillermo Vargas Aignasse, hechos ocurridos entre la madrugada del 24 de marzo de 1976 y el 6 de abril de ese año. Con ese fundamento pidió prisión perpetua para ambos y el alojamiento en una cárcel común: el penal de Villa Urquiza. La defensa de los represores pidió la absolución y de mínima la prisión domiciliaria.

Terraf calificó a Bussi, a quien tenía en frente, como “mentiroso, canalla, impúdico, cobarde, profesional de la mentira, dios moderno que decidía la vida y la muerte de las personas, genocida y torturador”. Sus palabras fueron escuchadas por más de 200 personas, la mayoría vinculada con los organismos de derechos humanos. En las puertas del juzgado otro grupo de manifestantes festejaba el alegato fiscal.

Tanto Bussi como Menéndez están acusados por los delitos de desaparición, violación de domicilio, violación ilegítima de la libertad agravada, condiciones tortuosas de detención, aplicación de tormentos reiterados, desaparición forzada, homicidio calificado y genocidio, todos delitos de lesa humanidad, por lo que el fiscal los consideró imprescriptibles. Cada imputación fue detallada por la fiscalía y completada con pruebas testimoniales.

Bussi presenció el alegato final de Terraf. En dos ocasiones fue retirado del recinto para ser atendido por los médicos del sistema provincial de salud. Menéndez esperó a que comenzaran los alegatos de sus defensores para dar la cara a los familiares de desaparecidos que levantaban las fotos de sus víctimas ante cada mirada del militar.

El fiscal destacó que “ahora llegamos a un delito inimaginable hacia una persona. El de la desaparición forzada. Cualquier padre que haya tenido un hijo menor, y en un shopping, un súper, una plaza, lo haya perdido de vista dos minutos, sabe la angustia que significa no verlo y la alegría que significa encontrarlo. Ahora, secuestrar y desaparecer a una persona, para que la familia viva ahí también tormentos psíquicos inimaginables, rezando todas las noches, esperando que vuelva su hijo, su esposo, su madre. Pasan los días, los meses, los años y no vuelven. Qué explicación hay con respecto a esto”. En ese momento, muchos no contuvieron las lágrimas al recordar la ausencia de los suyos. Algunos de los periodistas en la sala de prensa tampoco.

Antes de que comenzara la audiencia, Terraf mantuvo una charla informal con dos de los fiscales federales que estuvieron en el juicio, Carlos Brito y Emilio Ferrer, ambos con causas por delitos de lesa humanidad en la provincia.

Por otra parte, el acusador tuvo un capítulo aparte para los hijos del represor, Ricardo y José Luis Bu-ssi, ambos abogados y legisladores provinciales. Terraf los acusó de “cobardes” y de no querer sentarse “al lado de su padre para defenderlo”.

“Resulta que estos señores salen por los medios ladrando en contra de este fiscal, y no quisieron defender a su padre con la posibilidad de que sea condenado a cadena perpetua. En vez de estar sentados ahí (señalando las bancas de los abogados defensores), tuvieron un acto de cobardía, esto no es para cualquiera”, sentenció el fiscal.

El funcionario federal aportó las pruebas suficientes para demostrar que el proceso por el cual Vargas Aignasse fue secuestrado de su casa, luego torturado, más adelante llevado al penal de Villa Urquiza, y “liberado”, para más tarde volver a ser secuestrado, vejado y finalmente desaparecido, no fue un hecho aislado sino que fue una planificación detallada de parte de los militares antes de la fecha del golpe y que se debía ejecutar en todo el territorio nacional. “Tenebrosamente planificado, cuyo único fin era el aniquilamiento de los pensadores”, según la fiscalía.

Terraf aseveró que su mejor testigo fue el propio Bussi, ya que éste fue quien aceptó la existencia de una lista de personas “potencialmente peligrosas que evitarían la toma del poder”, por lo tanto deberían ser detenidas. Más allá de que el represor se trató de despegar de la acusación aduciendo que “las listas las enviaban desde la Junta Militar”, por lo que el fiscal replicó: “No me imagino a Videla, Massera y Agosti escribiendo en un papel las personas que debían desaparecer de Calamuchita, Tierra del Fuego o Tucumán. Eso era responsabilidad de los jefes de cada cuerpo”, ironizó Terraf.

Llegando al punto culminante de su exposición, que duró dos horas y cuarenta y cinco minutos, el fiscal utilizó citas de Bertolt Brecht, del escritor uruguayo Eduardo Galeano y del ex fiscal que juzgó a los miembros de las Juntas Militares Julio César Strassera. “El dijo Nunca más. Yo desde lo más profundo de mis emociones digo: siempre más. Siempre más memoria, siempre más justicia”. La mayoría de los presentes, con lágrimas en los ojos, aplaudieron de pie el alegato de Terraf. En cambio, algunos de los bussistas optaron por levantarse y salir de la sala, otros por bajar la mirada.

Levantado el cuarto intermedio, pasadas las 13.30, impuesto por el Tribunal Oral, y antes de que hiciera uso de la palabra la defensora del represor, Amelina Assaf, Bussi trató de minimizar el alegato del fiscal federal diciendo que Terraf visitó en varias oportunidades la sede del partido Fuerza Republicana, que lo tenía al militar como presidente, “rogándome y ofreciéndome cargos públicos. Ahora resulta que el pedigüeño de ayer es el vengativo de hoy. Le pido al Tribunal me dispense, ya que tengo que afrontar mi último combate mañana”, se quejó el represor. Bussi hizo referencia a Terraf, ya que éste ocupada un cargo político durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín.

Por otra parte, y como estaba previsto, Assaf trató de desvincular de todo el accionar a Bussi, apoyándose en las actuaciones y declaraciones de los testigos frente a jueces militares, que como ya informó PáginaI12 hay fuertes indicios de que se hayan “armado” para ser firmadas por los militares y policías que actuaron en el secuestro del senador peronista tratando de dejar sentado “la historia oficial” de los hechos. El magistrado militar Roque Cabral (encargado de tomar las declaraciones) tiene pedido de detención por falso testimonio y falsificación ideológica por parte de la fiscalía.

Otro aspecto que resaltó Assaf fue que la Argentina no adaptó a su legislación las previsiones internacionales sobre los delitos de genocidio y desaparición forzada de personas.

Por último, el codefensor Rodolfo Bertini, y anticipándose a lo que pasará mañana, pidió la prisión domiciliaria para Bussi, “en el caso de que se llegue a una condena. Es por su edad (el genocida tiene 82 años) y su precario estado de salud. Bussi pertenece al sector de los ciudadanos vulnerables”, esgrimió.

Luego de más de una hora de un nuevo cuarto intermedio, llegó el turno de Horacio Guerineau, defensor de Menéndez, quien sostuvo argumentos parecidos para alegar la inocencia del militar retirado.

Para mañana, cuando se dicte la sentencia, estarán presentes el ministro de Justicia Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde e integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación.

La audiencia se dividirá en dos tramos, a partir de las 9.30 los dos represores podrán hacer uso de la palabra para declararse culpables o inocentes. Luego se pasará a un cuarto intermedio que podría ser hasta las cuatro de la tarde, hora de la lectura de la sentencia. En las charlas de café del centro tucumano, ya se habla de la condena a prisión perpetua en contra de Bussi, pero pocos se animan a asegurar que el Tribunal envíe al represor a una cárcel común.


Nuevo juicio

El juicio por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse no es el único ni el último que deberán afrontar Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez en Tucumán. La próxima declaración indagatoria estaría prevista el 8 y 9 de septiembre próximos en los Tribunales Federales tucumanos frente al magistrado Daniel Bejas.

› OPINION

El Fallo que no fue

Por Victoria Ginzberg

El 30 de octubre del año pasado, el fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, Claudio Marcelo Palacín, opinó que correspondía calificar la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure, de la que responsabilizó a integrantes del PRT-ERP, como un delito de lesa humanidad cometido en un contexto de conflicto armado interno. Por el momento, ningún juez confirmó o rechazó ese planteo.

El pasado 19 de agosto el juez federal de Rosario Marcelo Martín Bailaque firmó una resolución relacionada con ese caso. El magistrado analizó en su escrito varios pedidos de nulidad realizados por las partes. Rechazó la mayoría, pero hizo lugar parcialmente a la solicitud de Ricardo

Vásquez, fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de Rosario, y decretó la nulidad de la resolución con la que se declaró abierta la instrucción de la causa. Lo que no hizo el magistrado fue considerar la muerte de Larrabure como un delito de lesa humanidad y por lo

tanto imprescriptible. De hecho, señaló textualmente que sus decisiones no implicaban “la adopción de una solución sobre el fondo de la cuestión debatida (carácter de lesa humanidad o no de los hechos denunciados)”. Por lo tanto, no es correcto asegurar que el juez “admitió”, “avaló” y menos “confirmó” o “ratificó” la opinión de Palacín, tal como se publicó en distintos medios encabezados por La Nación, que dedicó un editorial al tema.

Técnicamente, Bailaque resolvió diversos asuntos procesales y, es cierto, no impugnó a Palacín.

Puede ocurrir todavía que acuerde con él pero, al día de hoy, esa opinión no consta en el expediente. Aun si lo hiciera, sería la conclusión de un magistrado de la nación y tal vez sólo eso. O sólo eso es lo que debería ser. Al menos en términos legales. La Corte Suprema no ha analizado ningún caso en el que se pida enjuiciar a integrantes de las organizaciones armadas de la década del ’70. Pero todos los indicios sembrados en sus fallos vinculados con crímenes de lesa humanidad permiten inferir la posición de la actual composición del máximo tribunal: la necesaria participación del Estad

o o de organizaciones vinculadas con el Estado para considerar que un crimen es imprescriptible.

En agosto del año pasado, la Corte señaló que las torturas que podría haber aplicado a una persona el jefe de la División Defraudaciones y Estafas en 1988 no eran delitos de lesa humanidad. “Aun cuando el hecho de la tortura particular se encontrara demostrado, es evi

dente que en la República Argentina, durante el año 1988, no existía un Estado o una organización dependiente del Estado que evidenciara la característica básica de haberse convertido en una maquinaria perversa de persecución sistemática y organizada de un grupo de ciudadanos, desviándose en su fin principal de promover el bien común y la convivencia pacífica de la sociedad”, dijo el tribunal al hacer suya la definición del procurador Esteban Righi. Es decir, las torturas cometidas por un policía (notar que incluso se trata de un agente estatal y que sus torturas sí son una v

iolación a los derechos humanos) no son, para la Corte, un delito de lesa humanidad, porque no se realizaron de conformidad con una política de Estado o por una organización que ejerza un poder similar al del Estado. (La pretensión del hijo de Larrabure acerca de que el PRT-ERP tenía un control territorial de este tipo no merece mayor análisis.) Tampoco fue admitido por la Corte un pedido de extradición de un ex miembro de la organización ETA, ya que consideró que los delitos de los que estaba acusado estaban prescriptos. Tampoco es aplicable –como se explica co

n detalle en el dictamen elaborado por Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, que Righi convirtió en instrucciones para todos los fiscales– para el caso argentino la definición de crímenes de guerra (referidos a disputas entre países) ni de conflicto armado interno de acuerdo con el derecho internacional aplicable.

El debate que pretende equiparar los crímenes del terrorismo de Estado con acciones de las organizaciones armadas atrasa. La teoría de los dos demonios fue superada por los tres poderes del Estado, más allá de las opiniones de funcionarios aislados de alguno de ellos. Repetirlo cansa, pero parece que nunca está de más. El destino de la causa por la muerte de Larrabure no está echad

o. No hay que descartar que el hecho sea “investigado” antes de que se analice la prescripción. Lo que habría que preguntarse es por qué la opinión de Palacín apareció “confirmada” o “ratificada” por los medios antes que por el juez justo cuando Antonio Domingo Bussi se apresta a recibir una condena, poco después de que Luciano Benjamín Menéndez fuera enviado a u

na cárcel común y cuando en Neuquén y Buenos Aires hay procesos contra distintos represores en marcha. Está claro que hay sectores a los que no les agrada. Cada tanto ofrecen pruebas de ello.



EL PAIS › EL REPRESOR DIJO QUE HUYO CON “UNA SOGUITA” PARA VER A SU MADRE

El Laucha contó un cuento

Julián Corres fue interrogado por su fuga de la delegación policial de Bahía Blanca. Contó que huyó solo, pero se presume que hubo complicidad de policías y civiles. Para la fiscalía, su declaración “no cierra por ningún lado”.

Por Ad

riana Meyer

Cinco horas y media duró el interrogatorio al que fue sometido el represor Julián “Laucha” Corres en la causa que investiga la fuga que protagonizó el 26 de julio de la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca, donde cumplía prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Dijo que se convirtió en prófugo porque pensaba que no volvería a ver a su madre, aseguró que se escapó con “una soguita” por la cochera de la dependencia policial y habló de su padrino, el empresario Héctor Lapeyrade. “Armó un cuento que no cierra por ningún lado”, dijo a PáginaI12 el fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, al tiempo que detalló las sucesivas contradicciones en las que incurrió el represor.

El ex teniente fue trasladado desde la cárcel de Marcos Paz hasta Bahía Blanca, donde el juez federal Alcindo Alvarez Canale lo había citado como testigo. Es que no existe imputación penal para quien se fugue, salvo si ejerce violencia sobre terceros o bienes materiales, aunque sí está pre

visto el d

elito de facilitación de evasión. La sospecha del fiscal Cañón es que en la huida de Corres hubo complicidad de la fuerza que lo estaba custodiando, la Policía Federal, miembros del Ejército y civiles.

En medio de un fuerte operativo de seguridad a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense, el represor de 56 años –de nuevo con bigotes y sin la barba con la que fue detenido en Santa Fe, suéter celeste y jeans– llegó a las 11.10 y permaneció en el juzgado federal hasta casi las 17.

“Tomé la decisión a último momento, cuando iba al baño”, dijo Corres ante las primeras preguntas. No supo explicar la “mochilita con una muda de ropa” que llevaba. “Vi una soguita al lado de la escalera, agarré dos tramos, bajé a la cochera y salí a la calle”, explicó el represor. ¿Cómo hizo para verla si estaba oscuro?, quiso saber Cañón. “Bueno, sabía que estaba ahí porque la había visto de día”, respondió. Era la 1 de la madrugada.

Una vez en libertad, llegó hasta el hotel Austral, al lado de una estación de servicio, y llamó desde su celular a un remise. Esperó en la vereda 25 minutos y dijo que no temió que lo fueran a buscar. Por 400 pesos, aunque luego se corrigió y dijo 200, llegó a Mar del Plata.

¿De dón

de sacó dinero para esos primeros movimientos? Corres afirmó que llevaba dos mil pesos en el bolsillo, pero no supo responder por qué dejó dinero en la celda. Según Cañón, esta parte del relato, como otras, no es cierta. El fiscal está convencido de que tuvo apoyo externo.

Una vez en La Feliz, dijo haber comprado un pasaje a La Plata y que lo hizo por una empresa en la que su nombre ya estaba registrado. Dijo que llegó a Constitución y paró en dos hoteles, pero que no recuerda los nombres. ¿Se comunicó con alguien?, inquirió Cañón. En principio, Corres respondió que no. Pero, cuando el fiscal le dio el dato concreto de un militar, admitió haberlo llamado. ¿El motivo de la fuga? “Sólo quería ver a mi madre, porque pensé que no la iba a ver más. No creí que me iban a detener ahí, aunque me imaginé que sólo tendría tiempo para decirle hola y chau”, declaró Corres bajo juramento.

“Es todo un relato ridículo”, calificó Cañón.

Sobre su relación con Héctor Lapeyrade, Laucha Corres negó que le haya llevado dinero, aunque reconoció que sí lo hizo su primo, Oscar Corres, que es apoderado del empresario. “Trabajé do

s año

s con Lapeyrade, hacía de todo, mandados, recibía empresarios”, contó. El fiscal le preguntó si es su padrino, ya que el propio Lapeyrade había declarado que apadrinó al represor en su confirmación. “Le decíamos padrino por su amistad con mi padre”, explicó. ¿Le mandaba comida mientras estuvo preso? Según Corres, le hizo llegar algunos de sus vinos, pero eran para los policías.

Sobre el lugar de detención, dijo que a él lo trataban más rigurosamente que a los demás en la delegación bahiense de la Federal. No se acordaba si aquella noche había estado mirando TV, pero luego admitió que sí, y reconoció que en el piso 1º festejaron el cumpleaños del teniente coronel Miguel Angel García Moreno, el 25 de mayo, con sandwiches, empanadas, sillones y una mesa para más de 20 personas. ¿Estaba el comisario Scelsi? Corres primero dijo que “no lo conocía bien”, pero luego afirmó que “cuando pasaba el comisario eran más estrictos”. El fiscal Cañón también se interesó por sus contactos con el ex secretario general del Cuerpo V de Ejército, Jorge Roque Cocco, puesto en disponibilidad por Defensa tras admitir que asistió a Corres. El repres

or

reconoció que iba a verlo, pero dijo que era por iniciativa propia. Cocco había dicho que lo hizo en cumplimiento de “órdenes”.

El testimonio de Corres hace agua sobre todo en comparación con el de un testigo de identidad reservada, que estaba preso junto con él. La Federal había dicho que Corres vestía un jogging al momento de la fuga, pero no fue así. La descripción que hizo ayer el represor fue idéntica a la que había dado ese testigo. Incluso, por el detalle de una marca de zapatillas no muy conocida, las mismas que ayer llevaba puestas.


EL PAISPRIMERA RONDA DE TESTIMONIOS DEL JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMAN

IDAD EN MANSION SERE Y MAR DEL PLATA

“Pude ver un escudo de la Fuerza Aérea”

En la causa d

onde están acusados los brigadieres retirados César Comes e Hipólito Mariani y el coronel Pedro Barda, dos sobrevivientes de Mansión Seré vincularon al centro clandestino con la Fuerza Aérea. Otros testigos relataron el secuestro de Analía Magliaro.


Por Diego Martínez

“¡Rezá un

Padrenuestro!”, le exigieron los interrogadores de Mansión Seré a Conon Cinquemani para demostrar que no era judío. “¡Ahora un Ave María!” Recién cuando concluyó las oraciones, los oficiales de la Fuerza Aérea dieron por probado que el militante de la Juventud Peronista era católico, apostólico y romano y dejaron de torturarlo. El relato de Cinquemani, querellante y fundador de la Juventud de Trabajadores Peronistas de los actores, abrió la ronda de testimonios del juicio contra los brigadieres retirados César Comes e Hipólito Mariani y contra el coronel Pedro Barda, que no presenciaron la audienc

ia.

Como ya ocurrió durante los juicios por crímenes de lesa humanidad anteriores, el Tribunal Oral F

ederal 5 prohíbe a los reporteros gráficos cubrir las audiencias y a las Madres de Plaza de Mayo, usar sus pañuelos. La tríada que preside Guillermo Gordo rechazó la solicitud de los querellantes argumentando que las cámaras pueden “amedrentar” a los testigos, que es su deber “controlar la publicidad negativa para el imputado” y que los pañuelos son “formas de opiniones o sentimientos” que el Código Procesal prohíbe manifestar en la sala.

Cuando la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina le planteó la importancia de permitir el ingreso de cámaras fotográficas durante la lectura de la elevación a juicio, los alegatos y la sentencia, como ocurre en el resto de los juzgados del país, el tribunal se remitió a un escrito suyo previo, que no argumenta en contra del pedido. Al no haber en el banquillo celebridades rentables como Alfredo Astiz, los grandes medios aún no se interesaron por el tema.

La jornada de ayer tuvo cuatro testigos: dos sobrevivientes de Mansión Seré –bajo el mando de los brigadie

res– y dos q

ue relataron el secuestro de Analía Magliaro, por cuyo asesinato en Mar del Plata se juzga a Barda. Cinquemani fue secuestrado el 22 de octubre de 1977. Lo torturaron para que admitiera que Mario Galvano, su nombre artístico, era su “nombre de guerra”. “Sabían que si tomaba agua iba a reventar como un sapo. Entonces pusieron una garrafa, tomaban y decían `qué rica agüita’. Después me colgaron de un gancho y me usaron como bolsa de boxeador”, graficó. En cautiverio supo que los secuestradores pertenecían a la Fuerza Aérea. “El jefe de los interrogadores, Huguito, me dijo: ‘Soy oficial de la Fuerza Aérea y estuve infiltrado en Montoneros, no me como ninguna’”, relató. Agregó que “varios tenían tonadita de cordobeses” (Córdoba es epicentro de esa fuerza) y que los guardias se llamaban entre sí por números.

Américo Ab

rigo también estuvo en Mansión Seré, donde lo obligaron a escuchar las torturas a su mujer. Antes de ser liberado confirmó que el centro dependía de la Fuerza Aérea. “Me llevaron a la cocina y me hicieron levantar las vendas para llamar a mi mujer. Pude ver un escudo de

la Fuerza Aérea, el mismo que tenían los platos”, recordó. Otro secuestrado le contó que lo habían llevado a la Base Aérea de El Palomar. Abrigo entregó al tribunal una ordenanza de 1980 firmada por el brigadier Osvaldo Cacciatore en la cual consta que la casa donde funcionó Mansión Seré había sido cedida al Comando en Jefe de la Fuerza Aérea.

Graciela de la Torre y Roberto Chirria relataron el secuestro de Magliaro el 19 de mayo de 1976. “Nos interrogaron en la cocina mientras tocaban la guitarra y cantaban”, contó De la Torre, que compartió cautiverio con su amiga en la Comisaría 5ª y en El Vesubio. “En la comisaría, la violación era una amenaza permanente. ‘Elegí’, nos decían”, entre picana o violación. “En Vesubio, la tortura tuvo todas las vertientes”, agregó. Para evitarle el padecimiento de recordarlas en un juicio sin imputados de esa cueva, el fiscal Félix Crous le sugirió continuar con el relato del

caso Magliaro.

El 16 de julio las cargaron a un furgón, donde tuvo su último contacto con su compañera. “Se va a la cárcel”, le dijeron los guardias. Magliaro estuvo en la Comisaría 34ª porteña hasta el 4 de agosto, cuando el teniente coronel Roberto Eduardo Berazay –miembro de la Compañía de Policía Militar 101, que declarará hoy– se la entregó al capitán Valentín Rezetti, del Grupo de Artiller

ía de Defensa Aérea 601 de Mar del Plata, a cargo de Barda. Fue asesinada el 2 de septiembre en un falso tiroteo. Magliaro y De la Torre eran compañeras de la esposa de Chirria en la carrera de Ciencias de la Educación y fueron secuestradas en su casa. Durante el operativo, Chirria tuvo la mala idea de invocar su condición de administrativo de la Policía Bonaerense. Sin expli

caciones lo trasladaron a Tornquist y, a fin de año, le negaron el ascenso, pese a que tenía calificaciones óptimas y era segundo en orden de méritos. “En marzo nos fuimos del país”, concluyó su relato entre lágrimas.


OCHO REPRESORES DETENIDOS EN MAR DEL PLATA

Tarjeta roja para el comisario Pepe

La Justicia Federal de Mar del Plata detuvo a ocho militares acusados en la megacausa del centro clandestino de la Base Naval marplatense, por 118 desapariciones y apremios ilegales. Entre los detenidos está el suboficial mayor retirado de la Armada Angel Narciso Racedo, alias “el comisario

Pepe”, un ex jefe de operativo, parte de quienes llevaron adelante los interrogatorios y reconocido durante la dictadura como árbitro de fútbol de la Liga de Mar del Plata.

La Justicia detuvo

a Racedo por tormentos y apremios ilegales agravados. La Gendarmería lo encontró en Punta Alta, donde hasta ayer tenía un local de souvenires en una galería del centro. “No tengo nada que ver”, se defendió.

Las órdenes de detención las dictó el juez federal Rodolfo Pradas en contra de Aldo Carlos Maspero, ex jefe del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA); Juan Eduardo Mosqueda, ex jefe de la Prefectura Naval, Pedro Bustamante y Ariel Silva, también de Prefectura, y Raúl Marino y José Omar Lodigiani, ambos de la Armada. Varios de ellos estaban en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires y en localidades del interior. A las 15, todos fueron trasladados al juzgado donde se les tomó declaración indagatoria. Fuera de ellos, anoche el juzgado continuaba con la búsqueda de otros dos militares ligados al expediente.

En este momento, la causa pertenece al expediente más importante de Mar del Plata. Sobre los acusados, pesan 118 desapariciones y apremios ilegales y ya existen otros cinco oficiales detenidos.

Racedo es sól

o uno de ellos. Con 65 años, la Gendarmería lo detuvo en Punta Alta, a donde tiene un local de regalos para turistas. Según la presentación que hizo la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, es responsable de tormentos en los casos de Pablo Mancini, Graciela Dato, Alberto Sánchez, José Nicolo e Isidoro Durán. Y también de la privación ilegal de la libertad agravada de Rosa Ana Frigerio, Susana Martinelli y Carlos Oliva.

De acuerdo con los testimonios, pertenecía a la denominada “Coordinación Federal”, que era un grupo de tareas de la Marina y se encargaba de trasladar a los secuestrados a la Base Naval. Cuando el grupo se presentaba en la casa de alguna de las víctimas, mostraba una credencial de la Policía Federal y, en general, indicaban que eran inspectores. Numerosos testimonios explican, además, que antes de retirarse, dejaban el número de teléfono 8-0070 que, según se pudo constatar, pertenecía a la Base Naval. Durante el operativo de ayer, el subcomandante Carlos Villarreal de Gendarmería señaló que Racedo “habría formado parte del Servicio de Contrainteligencia de la Armada y el operativo fue llevado a cabo por orden de la Justicia Federa

l”.

Juzgado Federal Nº 3, Secretaría de Actuación en Derechos Humanos, Causa 4447 "MALUGANI JUAN CARLOS - PERTUSIO ROBERTO s/ Homicidio calificado, Privación ileg´tima de la libertad, etc." , Juez subrogante Dr. Pradas, causa que tiene 24 anexos.
Detenciones efectivizadas en el día de la fecha 26/08/08:
  1. MASPERO Aldo Carlos , sucede al Crnel. Barda en la jefatura del G.A.D.A: 601,1977
  2. MOSQUEDA Juan Eduardo, jefe P.N.A 1976/77
  3. BUSTAMANTE Pedro, Prefecto, P.N.A. jefe de inteligencia de la fuerza, integraba la "comunidad i

    nformativa" de la FUERTAR 6 cuyo jefe fue Juan Carlos Malugani






  1. SILVA Ariel, subprefecto, P.N.A. coetáneo de Bustamante










  1. MARINO Raul, Armada Argentina
  2. LODI
    GIANI Julio, Armada Argentina
  3. RACEDO Narciso Angel, suboficial de inteligencia, Febrero 1975 a 1977 Base Naval Mar del Plata
  4. FALCKE JULIO CESAR. FEB. 76 AL 78, Teniente de Navío, se desempeñó en contra inteligencia, Base Naval Mar del Plata
Hay un prófugo. Ya me notifiqué personalmente del auto respectivo.
Respecto a Hooft, le ha sido concedido el recurso de casación, causa "Pedro C. Federico Hooft s/ Recurso de Casación en causa Nº 5.155" Secretaría
Penal para las causas vinculadas a la violación de los Derechos Humanos Nº 5/3. Es la apelación por el rechazo a considerar que hay cosa juzgada.
Gloria del Carmen León, Mar del Plata. Abogada patrocinante de las Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora y de la Comision por los Juicios Verdad Justicia y Memoria. CJVJM


Un homenaje en las aulas


El Colegio Nacional de La Plata rindió un homenaje a Eduardo Daniel Pereira Rossi y a Beatriz Angélica Roncodos, dos ex alumnos víctimas del terrorismo de Estado. Como homenaje, el colegio dependiente de la universidad decidió darles sus nombres a dos aulas. “Necesitamos seguir haciendo realidad nuestro compromiso de reivindicar la memoria, trabajando por la verdad y la justicia, contra la indiferencia y el olvido”, dijo el director del colegio, Gustavo Oliva. “Dos aulas ubicadas en el primer piso de la calle 50 llevarán los nombres de Daniel y Beatriz, espacio donde estos jóvenes compartieron estudios, anhelos, sentimientos y experiencias.



EL PAISDETUVIERON A UN EX MILITAR QUE ACTUO EN LA ESCUELITA

Fue como testigo y terminó preso

El psiquiatra Ignacio López Proumen, ex teniente médico de la Brigada de Infantería VI de Neuquén, fue detenido por orden del Tribunal Oral Federal local luego de admitir durante su declaración testimonial que atendió a una mujer embarazada y con los ojos vendados en el centro clandestino La Escuelita. Por otra parte, la ex detenida-desaparecida Adriana Calvo aseguró que la dictadura militar “es responsable de un genocidio”.

Proumen, perito de un juzgado de familia, describió que la mujer tenía entre 25 y 30 años, era gorda y de pelo castaño, y estimó que estaba en el quinto mes de embarazo. Agregó que la luz escasa le impidió ver cuántos secuestrados había y aseguró que quedó “perturbado por esa experiencia”. Entró a la sala como testigo y salió esposado, como imputado.

Calvo, fundadora de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, declaró como testigo en el juicio que se realiza en Neuquén. Durante su testimonio dio cuenta de los resultados de la investigación que en los últimos 24 años realizó esa organización. “La represión masiva implementada en el país fue para aniquilar física y psíquicamente a trabajadores, estudiantes y grupos sociales, culturales y religiosos organizados. La metodología utilizada fue el secuestro, privación ilegal de la libertad con centros clandestinos, la aplicación de torturas, robo de bebés, desaparición forzada de personas y asesinatos”, explicó. Según afirmó, “todo esto constituye un genocidio y obliga a los jueces a condenar a los genocidas según lo establecido en la Convención Internacional por genocidio, a la que adhirió la Argentina”. Y aclaró que “si bien ese delito no está tipificado en el Código Penal, sí lo están todos esos delitos cometidos”.




1º Congreso Nacional de Pensamiento Jurídico Alternativo
Crítica al Derecho. Derecho a la Crítica.
(declarado de Interés Académico por el Consejo Superior de la UNMdP; el Consejo Académico de la Facultad de Derecho y el Consejo Acamémico de la Facultad de Psicología - en trámite ante los Consejos Académicos de las Facultades de Humanidades y Ciencias Económicas y Sociales).


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EL CRONOGRAMA LO BAJÁS DESDE ACÁ


Paneles de Presentación
Jueves 28 de Agosto

Facultad de Derecho (25 de Mayo nº2855/65)

16:30hs: Panel “Derecho y Movimientos Sociales: El Poder Judicial y los Cortes de Ruta”

Lic. Maristella Svampa: (Doctora en Sociología y Lic. en Filosofía. UBA – Universidad Nacional General Sarmiento-CONICET. Autora de “La Sociedad Excluyente”, “Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras”, “Desde abajo. Las transformaciones de las identidades sociales”, entre otros trabajos)

Dr. Claudio Pandolfi: (Docente de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Abogado de movimientos sociales. Miembro titular del consejo directivo del colegio de abogados de Lomas de Zamora y Secretario de DDHH del mismo Colegio. Coordinador académico del 1er Congreso Nacional de Pensamiento Jurídico Alternati

18:30hs: Panel “Genocidio: el Poder Judicial argentino frente a la Impunidad”

Dr. Víctor Abramovich: (Abogado. Relator ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Director del Programa de Exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, profesor de la Maestría de la Universidad de Palermo, profesor de la Clínica Jurídica CELS/UBA y jefe de trabajos prácticos de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UBA).

Dra. Guadalupe Godoy: (Abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Abogada Patrocinante de querellantes en causas por delitos de lesa humanidad -Etchecolatz, Von Wernich, López-)


Inscripción Libre y Gratuita, Abierta a toda la Comunidad
Se entregarán Certificados de Asistencia a los Paneles y al Congreso


Más información
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Contactos de Prensa
Mauro (154-266919)
Eduardo (155-114617)
German (155028987)


Idea y organización:

Agrupación Avanzada
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Edición impresa pag. 10 y 11 » Regionales

Labrune explicó cómo se conocieron los secuestros y se supo del centro de torturas.

"La desaparición forzada es el homicidio"

NEUQUÉN (AN/ACE).- "La desaparición forzada es el homicidio, dijo ayer Noemí Labrune, la primera testigo en el juicio contra los militares que dio un pormenorizado detalle de cómo se conocieron los primeros secuestros y se supo del funcionamiento de un centro de torturas en Neuquén. La militante de la APDH, que fue ovacionada al ingreso y egreso de la sala, refirió que en "La Escuelita" se practicaba un "rito oficial de ultimar prisioneros".

En la primera ronda de testigos se planteó cómo en Neuquén se repetía el mismo esquema de detención, torturas y desapariciones que imperó en el resto del país a partir del golpe militar de 1976. Las declaraciones fueron extensas, en un clima agobiante por la falta de aire en la sala de audiencias. Labrune habló por más de una hora, y las preguntas de las partes llevaron casi dos horas más.

El Tribunal Oral Federal hizo lugar al planteo defensista de que cuatro de los ocho imputados no estén presentes en las audiencias, por lo que ayer en el juicio sólo presenciaron los testimonios el coronel médico (R) Hilarión de la Pas Sosa, el ex jefe del batallón 181 y general de Brigada, Enrique Braulio Olea (R) y los dos coroneles (R) de inteligencia Sergio Adolfo San Martín y Jorge Eduardo Molina Ezcurra.

En la U9 quedaron en calidad de "alojados en tránsito" el teniente coronel (R) Oscar Lorenzo Reinhold jefe de inteligencia del Comando; el encargado de Personal del Comando, Luis Alberto Farías Barrera; el encargado del funcionamiento de "La Escuelita", coronel Mario Gómez Arenas y el suboficial de inteligencia, Francisco Julio Oviedo.

El cura Rubén Capitanio testimonió cómo el obispo Jaime de Nevares propició una red de solidaridad y de defensa de las víctimas y cómo el obispado se convirtió en el único bastión de resistencia ciudadana y de freno ante el poderío militar en la zona.

También describió que hubo cómplices de la dictadura en el clero y que en 1979 el papa Juan Pablo II conoció de las pruebas del horror llevadas en mano al Vaticano. "Sabíamos donde estaban y no los podíamos rescatar", dijo Noemí Labrune para describir que al cabo de los primeros meses del golpe militar la APDH de Neuquén conocía de muchas de las desapariciones, de los tormentos y de la clandestinidad pero que no hubo manera de rescatar a las víctimas porque ni siquiera jueces y fiscales accedían a intervenir.

Labrune destacó que el "plan criminal" que tuvo su máxima expresión en las desapariciones de jóvenes universitarios, gremialistas y militantes sociales en la región contó con la complicidad de la justicia, y para ello describió que en agosto de 1976 no pudieron convencer al fiscal Marcelo Ortiz para que interviniera ante los atroces testimonios que se estaban recibiendo en el Obispado sobre jóvenes que eran torturados en los fondos del batallón. "Si no tuvieron nada que ver, el dolor acerca a Dios", dijo Labrune que les respondió el fiscal, mientras que advirtió que "si eran guerrilleros" se lo merecían. En el relato dio pormenores de las denuncias de sobrevivientes sobre cómo habían sido torturados y dónde, también cómo un jefe de logística informó al obispado cómo eran obligados a participar del "rito oficial de ultimar prisioneros" para que no quedaran dudas de que todos debían ser cómplices del asesinato de los secuestrados.

Labrune indicó que circulaba el "boca a boca" con denuncias de detenidos - desaparecidos, se hacían infructuosas presentaciones ante el comandante Jose Luis Sexton, Reinhold y Farías Barrera para solicitar la liberación de los secuestrados o conocer el paradero de los desaparecidos. Describió los encuentros con Reinhold, Sexton y Farías Barrera; pero no se le pidió que los identificara (Capitanio dijo también tener un recuerdo de Reinhold cara a cara) porque se sabía que no estaban en la sala. También describió los serios inconvenientes para lograr en tiempos de democracia las pruebas de la acción de la dictadura: a excepción de las víctimas casi no hubieron "arrepentidos". En este marco cobró importancia el testimonio del fotógrafo Miguel Suñer, quien declaró primero en el obispado (porque tenía miedo) y luego ante la instrucción judicial que Gómez Arenas era el jefe de la Escuelita, y que junto con Reinhold se los veía con frecuencia en el lugar.

Fernando Leonfanti fue contundente en sus afirmaciones.

"De la Pas Sosa creía que los terroristas ingresaban por el norte"

NEUQUÉN (AN).- El médico Fernando Luis Leonfanti trazó de su colega Hilarión De la Pas Sosa un perfil autoritario, desmedido, desacertado en sus apreciaciones y consustanciado con el denominado proceso de Reorganización Nacional que emprendió la dictadura de los '70. Señaló que el militar actualmente acusado de delitos de lesa humanidad le reveló que en la zona norte era objetivo montoneros y terroristas, que habían elegido la región para instalar un hospital de campaña".

¿Había motivos para suponerlo y consecuentemente ese alarma?, se le planteó. "Para mí era totalmente descabellado", cualquiera que conociera era zona podía deducirlo. Esa idea idea Sosa se la transmitió después de haberlo hecho venir desde Chos Malal para recriminarles una propuesta que estaba elaborando, en la que incluía un mapa de la zona, consignando lagos y otros accidentes geográficos. "¿Qué hacés vos con ese mapa? ¡Tonto! ¡Imbécil! ¿No sabés que el norte es una zona elegida por montoneros y guerrilleros para infiltrarse?", le recriminó en duros términos.

Cuando se le preguntó si cree que Sosa se sentía consustanciado con el accionar del gobierno militar, dijo que no le quedó ninguna duda y relató anécdotas en las que demostró un autoritarismo exagerado. Contó que fue a ponerlo en el cargo, rebajó al máximo al personal de Salud de la zona norte y que ante ellos dijo: "su función de ahora en más es descubrir a estos grandes delincuentes, que seguramente los hay". Junto con su nombramiento, Sosa llevó a Chos Malal las resoluciones en las que se determinaba la prescindencia de profesionales que venían desempeñándose en el área.

Diario RÍO NEGRO - http://www.rionegro.com.ar

Edicion impresa pag. 10 y 11 » Regionales

Detienen a médico que admite haber atendido a embarazada

El psiquiatra Ignacio López Proumen es el primer militar -era teniente- que reconoció que estuvo en el centro de detención ilegal de Batallón 181. Fue detenido.

NEUQUÉN (AN/ACE).- El psiquiatra Ignacio López Proumen, quien fue teniente médico en el Comando de la Sexta Brigada, admitió ayer en el juicio oral a militares acusados de delitos de lesa humanidad en la época de la dictadura, que una noche atendió a una mujer, que estaba embarazada y con los ojos vendados, en el centro de detención ilegal "La Escuelita", que funcionó en el predio del Batallón 181. Ante las preguntas cayó en graves contradicciones y por pedido de fiscales y querellantes, e incluso con la adhesión parcial de uno de los defensores, el tribunal ordenó su inmediata detención y el inicio de una investigación por el presunto delito de falso testimonio.

López Proumen, quien actualmente es perito del Juzgado de Familia en el Poder Judicial, es el primer militar que reconoció el funcionamiento del centro ilegal y dio detalles reveladores de un caso en el que, habiéndoselo ordenado sus superiores, asistió a una joven a quien describió de entre 25 y 35 años, gorda, de piel blanca, cabello castaño -dijo que lo tenía recogido-, con los ojos vendados. Se mostró reticente, con respuestas breves, cortantes y por añadidura en voz baja, en una declaración en la que dio la impresión que ocultó mucho más de los que sabe, anoche abandonó el edificio de tribunales esposado y escoltado por dos efectivos de la Policía Federal.

Estimó que tenía un embarazo de cinco meses, que estaba sentada en una silla y que debido a las malas condiciones del lugar no avanzó en su atención. Argumentó que por la poca luz que había no supo cuántas personas había en el sitio, al que llegó en una camioneta conducida por un soldado. "Traspuse un alambrado, caminé unos cuantos metros y me indicaron que fuera en dirección de una luz, fuerte, que no me permitía ver" bien el lugar ni a "mis interlocutores". Señaló que sus interlocutores le preguntaron que dijera si la mujer estaba en trabajo de parto, a lo que dictaminó que no. "Le tomé la mano, le tomé el pulso. Me fijé si tenía contracciones. Se quedó quieta, no tenía señas particulares", dijo.

Al ordenarle la atención de la mujer le habían dicho que era una "demorada". López Proumen declaró que ingresó al Ejército en enero del '76 y estuvo en la fuerza hasta fines del '80. Cuando le preguntaron cuándo pudo ser que atendió a la mujer dijo que "pudo ser en el '77" y que quedó "perturbado por esa experiencia". Aún cuando el testigo dijo no conocer datos de la mujer que atendió, que tampoco los consultó en los días posteriores y que tampoco lo habló con sus superiores, cabe señalar que en setiembre del '76 fue secuestrada en Cutral Co Graciela Romero de Metz, a quien testigos dicen haberla visto en "La Escuelita" de Bahía Blanca.

Romero de Metz, quien fue secuestrada junto a su esposo Raúl, estaba al momento de su detención embarazada y tanto el matrimonio, como el bebé que se presume habría dado a luz en el centro de detención bahiense, siguen desaparecidos. El testigo dijo que hasta ese momento no sabía que en los fondos del Batallón funcionaba el centro de detención, pero ante las preguntas reconoció que sería "La Escuelita".

Pero en la declaración ante el juez de instrucción había dicho que vio "un Ford Falcon con personal de Inteligencia del Ejército, vestidos de civil, ingresando a 'La Escuelita". Cuando fue repreguntado intentó desestimar aquella versión, pero se le exhibió copia de la declaración en que consta esto último y reconoció su firma.

El testigo admitió que conocía a los imputados Enrique Olea e Hilarión De la Pas Sosa -- dos de los acusados; Sosa era el jefe médico - porque eran jefes del Ejército, pero que no les informó del episodio de la mujer que asistió y que posteriormente sólo le preguntó de ello a un jefe de guardia, pero que le dijo que no sabía nada.

A lo largo de la audiencia el público le gritó cuestionamientos al testigo, quien sin embargo pareció no inmutarse. A la finalización de la audiencia el secretario general de Sejun, Edgardo Cherbavaz, dijo que "López Proumen es ejecutor y responsable de las torturas en 'La Escuelita' y debería estar sentado en el banquillo. Es un hombre que no puede continuar un minuto más en el Poder Judicial".


LA MAÑANA DE NEUQUÉN, Martes 26.8.2008 - 01:56 AM- Actualizado: 01:42 T: 10 C H: 58 %

REGIONALES - CRíMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA REGIóN

Psiquiatra detenido por falso testimonio

Neuquén > El médico psiquiatra Raúl López Proumen fue detenido ayer por presunto falso testimonio luego de su declaración en la primera jornada de testigos.

Durante su exposición López Proumen reconoció la existencia del centro clandestino de detención La Escuelita y aseguró que en ese sitio asistió a una mujer detenida que estaba embarazada.

Estas declaraciones fueron hechas en el juicio donde se investiga la actuación de ocho represores en la provincia durante la última dictadura militar.

Al finalizar la audiencia, a pedido del querellante Gustavo Olivera, y con el apoyo de las demás querellas y de la Fiscalía, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal del Neuquén resolvió detener a López Proumen por un presunto falso testimonio durante su declaración.

Además, el Tribunal ordenó extraer copias de las partes pertinentes de la declaración.

López Proumen fue médico militar y trabajó en el Ejército desde 1976 hasta 1980. Según sus declaraciones, en 1977 fue destinado al Batallón Militar donde funcionó La Escuelita.

"Me llaman de la guardia para decirme que tenía que atender a una persona que estaba detenida. Me dicen que tengo que dirigirme hacia la luz para la cual tuve que atravesar varios alambres", expuso el médico sin poder recordar la fecha exacta del episodio.

En su relato, López Proumen explicó que tuvo que caminar hacia el fondo del Batallón hasta que una "voz de alto" lo interrogó para saber quién era. "Soy el médico de turno", contestó.

"Yo no veía a mis interlocutores, me dicen que había una persona que estaba ahí adentro", continuó el médico quien expresó que esos oficiales le dijeron que no hable delante de la detenida.

"Me encontré con una mujer embarazada que estaba sentada en una silla y con los ojos vendados. Le tomé el pulso, y la mano, como tratando de darle un poco de tranquilidad. No tenía mucho para hacer", contó el psiquiatra.

El médico admitió que no le comentó a nadie el suceso y tampoco realizó ninguna denuncia.

Ante la pregunta de una de las querellas sobre cuál era su contacto con La Escuelita, López Proumen dijo que ese había sido el primero, "si bien el lugar se veía desde el batallón, siempre parecía como abandonado", opinó.

Contradicción

La contradicción que marcó Olivera por la cual finalmente el Tribunal decidió detener al testigo, fue cuando se refirió a la entrada y salida de vehículos del Batallón, especialmente de automóviles Falcón de color verde.

López Proumen afirmó durante su declaración de ayer haber visto estos autos ingresar en el batallón pero dijo no saber dónde iban.

Sin dudar el querellante le recordó al testigo que en su declaración del año pasado en la etapa de instrucción había asegurado que las personas que viajaban en los Falcón verdes eran de Inteligencia y que iban hacia La Escuelita.

El médico consideró "perturbadora" la experiencia relatada con esa mujer y "fuera de sus tareas habituales".

En ese instante un grito desde el público estalló en la sala: "¡Sacate la capucha!".

Durante un esfuerzo de memoria, López Proumen, recordó que la mujer que atendió en La Escuelita tendría entre 25 y 35 años, unos cinco meses de embarazo, de tez blanca, cabello castaño y recogido.

El psiquiatra que se desempeña actualmente en el Poder Judicial salió de la sala pasadas las 21 horas y esposado.

"No hizo nada como hombre ni como médico"

"Este hombre no puede ser parte del Poder Judicial, es un torturador", aseveró ayer el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Neuquén (SEJUN), Edgardo Cherbavaz.

El gremialista explicó que impulsarán medidas para que el médico psiquiatra Raúl López Proumen sea retirado del Poder Judicial ya que "no hizo nada ni como hombre, ni médico, ni militar".

Cherbavaz explicó que si bien desde el sindicato tenían algún dato sobre la actuación durante la dictadura militar de esta persona, esperaron hasta escuchar su declaración «en donde todo quedó claro".

El psiquiatra se desempeña desde hace cinco años, como jefe de Gabinete Interdisciplinario del Poder Judicial.

Segundo día de testimonios

Neuquén > En la segunda jornada de declaraciones se presentará hoy la dirigente de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Adriana Calvo, quien testificará con la ayuda de un power point que ya está aprobado por el Tribunal Oral Federal.

Se esperaba también la declaración del ex titular de la SIDE, Juan Bautista Yofre, y Heriberto Auel quienes le notificaron al Tribunal que no podrán asistir.

Yofre se excusó por "problemas económicos" y Auel propuso que le tomaran declaración en su domicilio "por su elevada edad".

La defensa, quien había solicitado estos testimonios, propuso insistir con los mismos.

Por la tarde, se espera que declaren el médico psiquiatra Diego Zunino, el médico militar Osvaldo Del Río y el militar Carlos Cerioni.

Del profesional al represor

Neuquén > El médico y testigo Fernando Leonfanti comentó que conoció al imputado Hilarión de la Pas Sosa, de quien afirmó tener dos imágenes. La primera como médico con el cual compartía guardias y la segunda como militar capaz de «humillar»a subalternos.

«El Proceso de Reorganización Nacional se ha propuesto eliminar de la administración pública a todos los delincuentes. Doctor, su función es descubrir en este grupo cuáles son delincuentes», relató Leonfanti que le dijo de la Pas Sosa durante su presentación como jefe de zona.

Remarcó la prepotencia del imputado cuando lo conoció como militar y relató episodios en donde intentó demostrarla.

Luego llegó el turno de la declaración del ex juez federal Rodolfo Rivarola, quien instruyó la causa en 1986.

Rivarola remarcó la coincidencia que encontró entre todos los testigos a quienes había tomado declaración.

«Me llamó mucho la atención la semejanza del procedimiento que las víctimas narraban. Se repetían las formas de detención, a dónde los llevaban, cómo los trataban, la forma que disponían de ellos. Como si siguieran un manual», expresó Rivarola.

Fotografías

Además, señaló el testimonio del fotógrafo Miguel Suñer quien había reconocido que su tarea era fotografiar a los detenidos en La Escuelita para luego realizar una especie de legajo con cada uno. Calificó de fundamental este testimonio.

Recordó que los testigos le dijeron que en la Policía Federal también los torturaron. Rivarola comentó que durante su actuación realizó un viaje a Paso Córdova ya que Suñer le había comentado que escuchó que ahí habrían desaparecidos enterrados. El viaje fue sin éxito.

LA MAÑANA DE NEUQUÉN - REGIONALES - 25.08.2008 17:13 Presunto falso testimonio

Quedó detenido

el psiquiatra Raúl Ignacio López Prumen

Neuquén.- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, resolvió esta noche a pedido de las querrellas detener al médico psiquiatra Raúl Ignacio López Prumen por la presunta comisión del delito de falso testimonio en la causa en la que se investiga el accionar de 8 militares durante el último proceso militar en la denominada "La Escuelita".

En otro orden, digamos que en su turno como testigo de esta causa, el sacerdote Rubén Capitanio destacó la actitud que asumió el obispo neuquino Jaime de Nevares durante la dictadura militar, en el marco de su declaración en el juicio a los represores de "La Escuelita".

Capitanio, quien testificó en horas del mediodía, explicó que cada vez que los represores dejaban en libertad a un detenido le ordenaban no presentarse en el Obispado, puesto que conocían la decisión del párroco de difundir lo que sucedía en el centro de detención.

Además, el sacerdote sostuvo que varios miembros de la inteligencia militar sabían que en "La Escuelita" se torturaba.

Ya fuera del recinto, Capitanio habló sobre Don Jaime De Nevares. "Él había adoptado un actitud de no ocultar lo que pasaba. De decirlo, de denunciarlo. Porque a medida que se sabía lo que estaba pasando, se contrarestaba el silencio de ellos, y no estaban tan libres, tan impunes, y tenían que cuidarse mas".

En primera instancia, testificó la militante por los Derechos Humanos, Noemí Labrune. En sus declaraciones describió las primeras denuncias realizadas en la región por la desaparición de hombres y mujeres en manos de las fuerzas armadas.

RÍO NEGRO, Lunes 25 de Agosto de 2008 / 18,30 hs.

Declararon los primeros testigos

La jornada de hoy comenzó con los testimonios de Noemí Labrune de APDH y la abogada especialista en derecho militar, Mirta Mántaras. Cuatro de los ocho imputados no asistieron. El fiscal Hugo Cañon calificó de histórico el juicio en Neuquén. Mirta Mántaras, especialista en derecho militar, describió la forma de organización de las fuerzas represivas.

Noemí Labrune, integrante fundadora de la Asamblea por los Derechos Humanos -APDH- de Neuquen, inició hoy la ronda de los 140 testigos previstos en este juicio contra ocho represores que actuaron en el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" de Neuquén en la última dictadura.

En su declaración de más de dos horas y media explicó en detalle las primeras denuncias que efectuaron junto al obispo de Neuquén, ya fallecido, Jaime Francisco De Nevares y un grupo de familiares de detenidos desaparecidos de la zona a partir de 1976.

Afirmó Labrune que "los sucesivos golpes de estado que hubo en la Argentina no tuvieron las características del de 1976. Era un Ejército que tenía un plan de ataque y de subordinación a toda la población civil del país".

"Fue un plan sistemático, criminal de dominación y por eso nos dimos cuenta de que la pelea iba a ser muy dura", señaló. Las primeras informaciones de la existencia del Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" en el batallón militar de Neuquen las registraron en agosto de 1976.

La abogada especialista en derecho militar, Mirta Mántaras declaró también hoy acerca de la forma en que se organizaron las fuerzas represivas, los reglamentos y planes utilizados y la forma en que la inteligencia militar fue estructurada en forma paralela a los mandos militares de cada zona.

Cuatro de los ocho imputados no asistieron a la audiencia por pedido de sus defensores aunque el Tribunal dispuso que mientras se desarrollen las audiencias permanezcan alojados en instalaciones de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal de Neuquén.

Para Cañón, el juicio es hisórico.- El fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón destacó hoy el valor histórico del juicio a ocho represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Neuquén, al asistir a la audiencia en la que se inició la ronda de testigos.

"Es un hecho histórico, después de tantos años de espera con la imposibilidad de que haya justicia", aseguró Cañon. Recordó que "estos hechos comenzaron a ser investigados en Bahía Blanca en los años 1986 y 1987 con mucho empeño hasta que las leyes de impunidad impidieron que se haga justicia".

Destacó en ese sentido el testimonio de Noemí Labrune porque "es un registro histórico en la búsqueda de pruebas que da la certeza de que se puede llegar a una condena que justifique tantos años de espera y de dolor de las víctimas". "Esperamos que sea algo reparador, que nos haga sentir a todos como un poco más próximos a ese camino de verdad, de justicia y de memoria que buscamos", añadió el fiscal.

http://www.elpatagonico.net/index.php?item=viewlast&ref=ultimas&id=79846&sec=pol

REPRESION-NEUQUEN

ORDENAN DETENCION DE TESTIGO POR FALSO TESTIMONIO

Política | 25.VIII.2008, 21:24:00

Neuquén, 25 de agosto El Tribunal Oral Federal de Neuquén ordenó esta noche la detención de un testigo por falso testimonio al culminar la primera jornada de declaraciones testimoniales en el juicio a ocho represores por delitos de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura.

El médico psiquiatra Raúl Ignacio López Prumen incurrió en contradicciones durante su declaración testimonial de esta tarde y por esa razón las querellas y el ministerio fiscal solicitaron que sea detenido e investigado por falso testimonio a lo que hizo lugar el Tribunal.

López Prumen fue médico militar desde enero de 1977 en el batallón donde funcionó el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita".

Reconoció sin precisar una fecha que en una oportunidad le ordenaron atender a una prisionera en los fondos del batallón que estaba embarazada.

"Estaba sola en una habitación sentada en una silla con los ojos vendados", relató.

"No hablamos, le tomé el pulso, la presión, la vi en buenas condiciones y me retiré para indicarles a los jefes de guardia que debía trasladarla a un centro asistencial para atenderla mejor", dijo.

Precisó que "era una mujer joven, de entre 25 a 35 años, de tez blanca y cabello recogido castaño".

Como le informaron que se iban a encargar del caso, él se retiró y dijo que "no habló con nadie del tema" ni denunció esa situación sin dar explicaciones convincentes.

A pesar de ese hecho continuó como médico del batallón hasta su retiro dos años después.

Cuando declaró en primera instancia afirmó que observó en la unidad militar el paso de un Ford Falcón con personal de civil de inteligencia militar dirigiéndose a "la Escuelita".

Al ser interrogado esta tarde dijo desconocer esa manifestación y que incluso no sabía de la existencia de ese lugar.

Las querellas marcaron sus contradicciones y su reticencia a declarar por lo que con la adhesión de la fiscalía pidieron que sea detenido e investigado por falso testimonio.

RED DE NOTICIAS DERECHOS HUMANOS


Los organismos de derechos humanos firmantes observamos con enorme preocupación y repudiamos la judicialización de la protesta, por parte de la gestión del Gobierno de Mauricio Macri y su Ministro de Educación, Dr. Mariano Narodowski, ante el pedido de becas realizado por estudiantes, madres y padres del colegio Mariano Acosta.

La medida va contra el espíritu de la Ley 114 que establece la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo consideramos que denunciar el reclamo legítimo del derecho universal a la educación no es la vía adecuada para resolver los conflictos.

Siendo que toda administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la obligación de garantizar, promover y proteger el derecho a la educación de quienes asisten a sus establecimientos educativos, consideramos que la negación de las becas demandadas atenta contra dicho derecho.

Los estudiantes y padres han demostrado e intentado otras vías de solución, incluso antes de la toma del colegio: "Los estudiantes del Acosta habían solicitado una reunión con las autoridades el lunes, y ante la falta de respuesta resolvieron la toma del colegio, con el apoyo de sus padres" (Página 12 25/07/08). También recurrieron a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, quién elevó pedidos de informe al Ministerio de Educación y no obtuvo respuesta.

Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a la comunidad educativa del colegio Mariano Acosta, asimismo exigimos que el Gobierno de la Ciudad no deniegue becas a ningún estudiante que las necesite y tome las medidas necesarias para hacerlo efectivo a la brevedad, dado que ya ha transcurrido más de la mitad del ciclo lectivo.

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)

Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas

Hermanos por la Verdad y la Justicia

Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH)

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)

Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)


A. P. D. H.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
TE: 4372-8594/ 4373-0397/ 4814-3714
www.apdh-argentina.org.ar
prensa@apdh-argentina.org.ar



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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS


La MESA POR EL JUICIO Y CASTIGO formalizó su lanzamiento e hizo públicos sus objetivos:

  • acompañar y difundir los juicios que se llevan adelante contra los represores de la última dictadura militar en la Ciudad de Bs. As.
  • exigir al Tribunal Ordinario Federal Nro. 5 (TOF 5) que los juicios sean orales y públicos, impulsando su transmisión por TV y el ingreso de la prensa a las audiencias (hasta ahora no se ha autorizado la entrada de periodistas).
  • Pedir que se termine la discriminación ideológica dentro y fuera de las salas. (Este tribunal no deja entrar a las Madres de Plaza de Mayo con sus pañuelos).

El lanzamiento coincidió con el la iniciación del juicio que se le lleva a cabo a los imputados Hipólito Rafael Mariani, Alberto Pedro Barda y César Miguel Comes, todos ex miembros de la Fuerza Aérea. Se los juzgará por privación ilegitima de la libertad agravada, tormentos y homicidios en los Centros Clandestinos de Detención "Mansión Seré" y "La Cueva", en Mar del Plata.

En la conferencia de prensa montada frente a los Tribunales de Comodoro Py, Retiro, se escucharon, entre otros, los siguientes testimonios:

María del Socorro Alonso, sobreviviente de Coordinación Federal.

"Se le ha prohibido también la entrada a los familiares con sus pañuelos, con sus botones; es una vergüenza porque durante treinta y dos años fueron las únicas armas que estas mujeres, hombres y jóvenes han tenido para luchar contra el terrorismo de Estado".

Irma de Morresi, madre de Norberto Morresi, desaparecido por la dictadura.

"¿Por qué está discriminación a los pañuelos blancos? ¿Le tienen miedo? 32 años hemos estado luchando en paz, sin violencia y ahora ¿por que nos hacen esto? Los juicios deben ser públicos, que los vea todo el mundo, que sepan lo que acá sucedió y que se haga justicia".

Lita de Boitano, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.

"Tenemos que lograr que todos entren a los juicios, no podemos volver al '85, cuando solamente leíamos "El Diario del Juicio" los familiares y los únicos flashes que se veían en Canal 7 eran en off. Si hubiéramos logrado que en el Juicio a las Juntas se transmitiera por TV creo que la historia hubiera sido diferente. Las leyes de impunidad no hubieran salido tan fácilmente".

Lucía Extremera, H.I.J.O.S.

"Seguimos exigiéndole al Tribunal Oral Federal Nº 5 que permita filmar todo lo que pasa ahí adentro, para que todos conozcan la cara de los represores. Así se los está protegiendo. Queremos ver como se los condena y las cosas que declaran, por cadena nacional. Por favor que los medios hagan lo posible para entrar. En el juicio anterior tuvimos una absolución, ese genocida salió libre y hoy está caminando por las calles sin que nosotros le conozcamos la cara".

Patricio Lombardi, JP Evita.

"Nosotros queremos que nuestro pueblo participe de los juicios, por eso la consigna es Cadena Perpetua por Cadena Nacional".

La MESA POR EL JUICIO Y CASTIGO está conformada representantes de las siguientes organizaciones: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S. Capital (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), CELS, Hijas e Hijos del Exilio, Querellantes en las causas y sobrevivientes de ex Centros Clandestinos de Detención, Juventud Nacional CTA, CTA Villa Crespo, ATE Junta Interna Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Sec. DDHH Junta Interna ATE Legislatura, UEJN, Suteba, CTA Provincia de Bs. As, PR, Puiggros, El Gradiente, Causa Profesional, IURE, Movimiento Universitario Evita, Unión de Estudiantes Secundarios (UES), Espacio Reconstrucción Popular "Alejandro Almeida", Comisión de Derechos Humanos del Bajo Flores, Comisión por la Memoria, la Verdad y Justicia de Liniers, Mataderos y Villa Luro, Dirección DDHH Morón, Comisión por la Memoria de Parque Patricios, Comisión de DDHH de Carta Abierta, JP (Juventud Peronista), GEN (Generación por la Emancipación Nacional), La Campora, MUP (Movimiento de Unidad Popular), JP Evita, 26 de Julio, Libres del Sur, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Federación Argentina Gays, Bisexuales y Transexuales / La Fulana, Cabildo Abierto, Centro Barrial Del Otro Lado.

Contacto de prensa: mesajuicios.prensa@gmail.com - 155-142-9949

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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

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Piden detener e indagar a Lona por la desaparición forzada de personas
El abogado Gustavo Ariel Ricciutti, representante legal de Ruperta Rodríguez, madre del desaparecido Santos Abraham Garnica Rodríguez, pidió ayer que el ex juez federal Ricardo Lona sea detenido e indagado acusado por el delito de desaparición forzada de personas, encubrimiento, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ricardo Lona.
El pedido se presentó en la causa expediente Nº 627, radicada en el Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad, a cargo del juez Miguel Medina, en la que se investigan las desapariciones de más de veinte personas durante la pasada dictadura militar. A poco de ser detenidos o secuestrados sus familiares recurrieron a la Justicia, pero no obtuvieron respuestas.

Para el representante de la querella, Lona está incurso en el delito de desaparición forzada de personas porque durante la dictadura, como único juez federal de primera instancia de Salta, fue parte del engranaje que permitió que se mantuviera la negativa a reconocer la calidad de detenidos a quienes eran víctimas de la represión estatal.

"La negativa del entonces juez federal de reconocer y/o buscar el paradero de cada uno de los desaparecidos tipifica claramente el delito de desaparición forzada de personas", sostuvo el abogado.

"El crimen de desaparición forzada (...) está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado a grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte (función del entonces juez federal), con el fin de sustraerla de la protección de la ley.

El asesinato de la persona víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables", afirmó el letrado en la presentación realizada pasado el mediodía de la víspera.

Anticipándose a la posición de la defensa, Ricciutti afirmó que no puede afirmarse que la acción penal esté prescripta porque que los efectos de la desaparición forzada, un delito continuado, "perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados".

Asimismo, afirmó que por la cantidad de hechos que se le imputan en este proceso, más de 22 desapariciones, "y conforme las normas del Código Penal de la materia respecto del concurso real que corresponde merituar, no le correspondería la libertad condicional, por lo que la detención debe ser ordenada de inmediata".

La solicitud de que Lona sea indagado por encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato es reiterativa. En febrero pasado el ex juez fue citado a prestar declaración de acusado en esta causa, aunque solo en relación a la desaparición de Víctor Apaza, pero el acto procesal se suspendió por una presentación de último momento de la defensa de Lona.

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www.pagina12.com.ar lunes 25 de agosto
EL PAISSEIS DIRIGENTES PARAGUAYOS DETENIDOS REALIZAN UNA HUELGA DE HAMBRE

En reclamo de un refugio

Los campesinos están presos en la cárcel de Marcos Paz desde 2006 y exigen que el Ejecutivo les conceda asilo político. En un dudoso juicio, en Paraguay fueron acusados del asesinato de Cecilia Cubas. Apoyo de organismos de derechos humanos.

Gustavo Lezcano Espínola es uno de los detenidos que hace once días dejaron de comer.

Por Adriana Meyer

Hace once días dejaron de ingerir alimentos. Son seis campesinos y dirigentes políticos paraguayos que están presos en la cárcel de Marcos Paz desde mayo de 2006, acusados, según ellos falsamente, del homicidio de Cecilia Cubas. Tras una "parodia de juicio" en su país, llegaron a Buenos Aires porque les habían asegurado que aquí obtendrían asilo político. Pero a las 72 horas de haberlo solicitado los detuvieron y la Justicia Federal determinó que debían ser extraditados. El mismo día en que Fernando Lugo asumió la presidencia comenzaron una huelga de hambre en reclamo de que el Poder Ejecutivo los reconozca como refugiados. En la última entrevista que sus abogados tuvieron en el Ministerio del Interior –según contaron– les dijeron que no encontraban el expediente, que los van llamar cuando aparezca.

Agustín Acosta González, Basiliano Cardozo Giménez, Simeón Bordón Salinas, Gustavo Lezcano Espínola, Roque Rodríguez Torales y Arístides Vera Silguero fueron acusados en Paraguay del secuestro y asesinato de la hija del ex presidente de ese país Raúl Cubas Grau, en septiembre de 2004. La acusación está basada en los dichos de un testigo que habría sido comprado y que tendría conexiones con la mafia, según afirmó a PáginaI12 una de las abogadas de los presos paraguayos, Liliana Mazea. Ese testigo afirmó que Patria Libre, la agrupación a la que pertenecen algunos de los detenidos, tenía vínculos con las FARC, y detalló una reunión en la que habrían decidido el destino de la joven Cubas.
La Justicia de primera instancia paraguaya rechazó reiteradamente los pedidos de procesamiento y se negó a encarcelarlos. Para la fiscalía, la acusación era "omisión de aviso de un hecho punible", algo así como no haber denunciado lo que habrían escuchado en esa reunión. "Luego se comprobó que Cecilia Cubas había muerto con anterioridad a la fecha que dio el testigo, y como se caía la acusación, en esa parodia de juicio, cambiaron la fecha de la muerte de la chica, por eso decimos que allá no tienen ninguna garantía de un juicio imparcial", apuntó Mazea. Este diario le preguntó por qué, además, sostienen que corren riesgo de vida si son extraditados. "En las cárceles paraguayas los sicarios matan a los presos por encargo, y hay antecedentes de otros dirigentes de Patria Libre a quienes les quieren endilgar secuestros", respondió la abogada.
Ante la gravedad del panorama que se les presentaba, los seis acusados visitaron varias embajadas en Asunción. Ante la delegación argentina explicaron la persecución que sufren ellos y algunas organizaciones campesinas, relataron la muerte de compañeros, y el embajador Rafael Roma les aseguró que en Buenos Aires les darían asilo político. Le creyeron y viajaron, pero mientras lo gestionaban en el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare), la Cámara de Apelaciones en Paraguay cambió la carátula y dictó la prisión preventiva, ignorando las decisiones del juez de instrucción Pedro Mayor Mercado. Tres de ellos estaban en las oficinas del Cepare cuando fueron arrestados por Interpol. A otros dos los detuvieron en Florencio Varela y al último, cerca de su lugar de trabajo, con un operativo que incluyó helicópteros y la presencia de Crónica TV. Enterada del pedido de refugio, la querellante madre de Cecilia Cubas había logrado la rápida reacción del poder político y judicial de ambos países. Tres días después les notificaron en el penal de Devoto que el Cepare les había rechazado el pedido de refugio, con el argumento de que Paraguay es un país democrático donde rige el estado de derecho.

Durante el juicio de extradición, la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina (Fidela) presentó numerosas pruebas al juez federal Ariel Lijo, entre ellas el testimonio de Martín Almada, reconocido luchador por los derechos humanos, quien afirmó que en Paraguay la organización Patria Libre era perseguida y que los detenidos eran "chivo expiatorio de la Justicia paraguaya". Pero el magistrado no los consideró perseguidos políticos y resolvió que la extradición es procedente. Apelada la resolución ante la Corte Suprema, tampoco tuvieron respuesta afirmativa. El Máximo Tribunal les contestó que no se iba a pronunciar sobre la cuestión de fondo hasta tanto el Poder Ejecutivo resolviera si les concede el status de refugiados. Una vez más, había prosperado la arremetida de la esposa de Cubas, que contó con el apoyo del lobby de Juan Carlos Blumberg. A pesar de que la Secretaría de Derechos Humanos resolvió a favor de los paraguayos, en el Ministerio del Interior aún no resuelven, porque –dicen– no encuentran sus legajos.

Después de dos años y tres meses, los presos paraguayos se cansaron de esperar. Creen que Lugo podría pedir a Argentina que les conceda el refugio, sin que ello signifique una acusación contra su propio país. Aunque el nuevo gobierno es de signo muy distinto al del Partido Colorado, consideran que las estructuras judicial, policial, penitenciarias y las "mafias contra los luchadores" no se reconvirtieron de un día para otro. De hecho, el Estado paraguayo está siendo procesado en la CIDH-OEA por el caso de secuestro y tortura de los dirigentes de Patria Libre actualmente refugiados en Brasil. "Si hoy los compañeros son extraditados al Paraguay, significa virtualmente una condena a muerte, es por ello que tomaron la extrema medida", dice el comunicado de apoyo que fue avalado por centenares de organizaciones y personalidades, entre ellas Hebe de Bonafini, Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, Daniel Viglietti, Eduardo Galeano, Victoria Donda, Miguel Bonasso, Martín Almada, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Fidela, Unión de Campesinos Poriajhú, Coordinadora por la libertad de los presos políticos, Comisión de DDHH paraguayos en Argentina, Movimiento víctimas de la dictadura de Stroessner, Ceprodh, Partido Comunista, Pañuelos en Rebeldía, entre otras.


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Lunes, 25 de Agosto de 2008
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Organismos de derechos humanos y querellantes cuestionaron el fallo

Contra la teoría de los dos demonios

La decisión del juez Marcelo Bailaque de habilitar la figura de delito de lesa humanidad en el caso Larrabure provocó el repudio unánime de víctimas, familiares y abogados que vienen trabajando para impulsar las causas por terrorismo de Estado.

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Bailaque reactivó la polémica.

"No tiene las características de un crimen de lesa humanidad"

Por Juan Rivero* y Gabriela Durruty**

Con respecto a la muerte del militar Argentino de Valle Larrabure quizás aparezcan algunos interrogantes. ¿De que tipo de muerte estamos hablando?: Por un lado -desde el Estado usurpador de 1976- se cometieron crímenes de lesa humanidad y hoy la justicia avanza en búsqueda de verdad, castigo y memoria. Ahora, del otro lado ¿Donde estuvo la estructura formal que asesinó y cometió crímenes de lesa humanidad? En todo caso ¿Existió una guerra? ¿Adonde estuvo el contrincante? Insistimos en preguntarnos ¿Había un contrincante? ¿Era una guerra? ¿Por qué no los juzgaron? ¿Por qué los desaparecieron? No lo sabemos.

La definición de crímenes contra la humanidad, requiere que el acto criminal sea cometido dentro de un marco más amplio de circunstancias. Dicho marco se conoce como "elemento de contexto", y nos permite distinguir los crímenes contra la humanidad de los delitos comunes. El elemento de contexto, en este sentido, es el "elemento internacional" ("Prosecutor v. Tadic, Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, caso IT-94-1-A, capítulo n° 6: "el elemento internacional o jurisdiccional"). Así, puede definirse como crímenes contra la humanidad, a una serie de actos inhumanos, incluidos el homicidio, el encarcelamiento, la esclavitud, la tortura y la desaparición forzada, cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático, contra cualquier población civil, tanto en tiempos de guerra como de paz.

Sintéticamente podrían enunciarse los siguientes requisitos para que se configure un delito fue cometido contra la humanidad toda: tiene que existir un ataque; el ataque debe ser generalizado o sistemático; dirigido contra cualquier población civil; los actos deben formar parte del ataque; y el perpetrador debe saber que existe un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil y que sus actos son parte de este ataque. Actualmente, si bien no se requiere un Estado en el sentido del derecho público internacional, no alcanza con cualquier organización, grupo o entidad, sino sólo con una que ejerza de facto un poder político en un territorio dado, capaz de neutralizar el poder del Estado siendo la máxima autoridad o, con la participación o tolerancia del Estado.

Esta fue la postura de los Códigos Preliminares de la Comisión de Derecho Internacional de 1991 y 1996 y se encuentra expresamente en el artículo 7.2 del Estatuto de Roma que exige la existencia de un "Estado o de una política organizativa". (Kai Ambos, "Temas de derecho penal internacional y europeo", Macial Pons, 2006, pag. 194)

El PRT-ERP no conformó una entidad con poder político y capacidad similar al Estado, y por ende, los supuestos delitos cometidos, no interesan al derecho internacional de los derechos humanos ni pueden ser abarcados por este.

Estas circunstancias fueron ya analizadas en la causa 13/84, conocida como el juicio a las juntas, y resulta jurídicamente incontrovertible lo establecido en el fallo, que citamos: "Los denominados subversivos no se habían adueñado de parte alguna del territorio nacional; no habían obtenido el reconocimiento de beligerancia interior o exterior, no resultaban desembozadamente apoyados por alguna potencia extranjera, y carecían del apoyo de la población..." Es más, la sentencia hace mención a las directivas del estado Mayor: "La propia directiva N 333/75 (operaciones contra la subversión en Tucumán) establece que el enemigo -que estima en una capacidad aproximada entre 300 y 500 hombres- se aprestaba a efectuar la apertura de un frente rural describiendo actividades puramente preparatorias. Por lo demás, en momento alguno tales grupos insurgentes fueron reconocidos como beligerantes, recibieron reconocimiento internacional, contaron con la capacidad de dictar normas con alguna eficacia general, y menos aún tuvieron poder de hecho para aplicarlas, ni hubo intervención en el conflicto de potencia extrajera alguna."

Vale decir, no se dan las características objetivas necesarias para estar en presencia de un delito de lesa humanidad. Pero más allá de ello, lo que es aún más importante, es que la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación considera imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad a la ratificación de las convenciones respectivas cuando el derecho internacional consuetudinario los consideraba tales también con anterioridad a las convenciones, pero no puede adoptar igual criterio respecto de aquellos que antes de las convenciones respectivas no eran reconocidos en esa categoría ni con esas consecuencias en materia de imprescriptibilidad por el derecho internacional consuetudinario; pues en este último supuesto estaría haciendo aplicación retroactiva de la convención". (Fallo "Lariz Iriondo").

Por todo lo expuesto, el caso analizado resulta alcanzado por la prescripción de la acción penal, conforme lo establecido por el art. 62 del Código Penal. Recordemos que ningún juez federal puede ejercer de oficio la acción penal. La Fiscalía por tanto, sólo podrá pronunciarse en el único sentido constitucional posible, obligando al Juez Bailaque a mantener archivadas las actuaciones.

*Concejal Frente Progresista Cívico y Social y querellante causa de Ex Fabrica Militar Domingo Matheu.

**abogada e integrante del Equipo jurídico de DDHH. Centro de Estudios e Investigaciones en DDHH Facultad de Derecho UNR.

"Una posición a favor de represores"

Por Alicia Gutiérrez*

Rechazo de la manera más enérgica la decisión del juez federal Marcelo Martín Bailaque que confirma el fallo del fiscal general Claudio Palacín en la causa Larrabure, reafirmando que el crimen es de lesa humanidad.

Los delitos de lesa humanidad sólo pueden ser cometidos por el aparato estatal u organizaciones que actúen de conformidad con una política de estado, tal cual lo ha definido la "Unidad Fiscal de Asistencia de Coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidos por el terrorismo de Estado" de la Procuración General de la Nación, mediante el fiscal general Jorge Aguat y el coordinador de la citada unidad Pablo Parenti, ratificadas por el Procurador General, Esteban Righi.

Lo que intenta hacer Bailaque, siguiendo la línea del fiscal Palacín, es defender con pobres argumentos supuestas teorías que confrontan con la verdad histórica.

Y esto significa intentar reflotar la teoría de los dos demonios, tal como pretende Cecilia Pando y otros defensores de la dictadura militar.

No se puede obviar en este tema la opinión vertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en sus fallos sentó jurisprudencia, donde estableció que es un delito de lesa humanidad, e imprescriptible, aquel cometido desde el aparato del Estado. Incluso argumentan que no todas las violaciones a los derechos humanos son lesa humanidad, como ejemplo un caso de torturas de un policía en 1988, o extradición de un militante de la ETA, donde fue rechazada dicha causal.

Esta definición de "lesa humanidad" puede aplicarse con respecto a crímenes del régimen nazi y sus aliados, en Ruanda, en la ex Yugoslavia, o la dictadura militar Argentina en 1976, contra la población civil.

Tampoco se ha determinado jurídicamente que en la Argentina haya habido una guerra interna, con organizaciones guerrilleras con posibilidades de controlar territorios.

Por ello opino que la decisión de algunos miembros de la justicia de avalar una postura contraria a la de la Suprema Corte y Procuración General es una toma de posición a favor de los represores y genocidas de nuestros 30.000 compañeros asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado.

*Diputada provincial SI en el Frente Progresista

"Usado para perpetuar la impunidad"

Por Ana Oberlin y Nadia Schujman*

La agrupación H.I.J.O.S Rosario repudia enérgicamente la resolución del Juez Marcelo Bailaque en la que habría resuelto la calificación de "delito de lesa humanidad" al caso Larrabure.

Es necesario impulsar un debate público necesario e imprescindible, y por eso argumentamos:

Es preciso aclarar que en el desarrollo actual del derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional, constituyen crímenes contra la humanidad actos como: el genocidio, el apartheid, la esclavitud, la práctica sistemática o a gran escala del asesinato, la tortura, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la reducción en estado de servidumbre o trabajo forzoso, las persecuciones por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos, las violaciones y otras formas de abusos sexuales, la deportación o traslado forzoso de poblaciones con carácter arbitrario; cuando fueran cometidos por un Estado o por grupos que operen con anuencia y complicidad del mismo.

El sello de tales crímenes lo determina su gran escala y naturaleza sistemática, en contra de la población civil, en todo o en parte, y una de sus consecuencias fundamentales es que son imprescriptibles.

En este marco nos preocupa la confusión en que incurren algunas opiniones, asimilando la no investigación y juzgamiento oportuno de ese delito aislado con el exterminio masivo de militantes populares llevado adelante de modo sistemático por el terrorismo de Estado.

Más absurdo y paradójico resulta aún en el hecho puntual del secuestro de Larrabure, en el que es de público conocimiento que sus ejecutores e ideólogos fueron asesinados o desaparecidos por la dictadura, aplicándoseles de facto la pena de muerte a sus responsables.

Luego de tres décadas de impunidad, el pueblo argentino comienza a reconstruir su historia y a juzgar un proceso que a través del terror y la desaparición nos sumió en la degradación económica, social, cultural y política como Nación.

Sigamos avanzando juntos en la construcción colectiva de Verdad y Justicia sin permitir que la demanda desacertada, pero comprensible de un familiar, sea utilizada por los sectores que buscan perpetuar su impunidad y garantizar el privilegio económico que obtuvieron con la aplicación del genocidio.

*Abogadas de H.I.J.O.S regional Rosario.



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www.rosario12.com.ar Domingo 24 de agosto del 2008
Josefina González, hija de un matrimonio asesinado acusado por la familia de un coronel.

"No quiero confrontar con Larrabure"

Esta semana el caso Larrabure volvió a la prensa después de 30 años. El coronel murió en cautiverio y su hijo acusa a los padres de Josefina, dos militantes del ERP asesinados en la dictadura. La joven cuenta la historia por primera vez.

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Dardo Tosetto y Rut González. Josefina también tiene muertos a sus tíos y desaparecida a su abuela.
Por José Maggi

La última semana el hijo del coronel Carlos Larrabure se mostró indignado públicamente porque en el Parque de la Memoria, a orillas del Río de la Plata, están los nombres de miembros del ERP acusados de secuestrar y asesinar a su padre en 1975. "Se rinde homenaje a Amorosa Brunet de González, Rut y Estrella González y Héctor Antonio Vitantonio", afirmó Arturo Larrabure. Josefina González es una joven treinteañera hija de Rut y por primera vez accede a hablar sobre este hecho. "No quiero confrontar con Larrabure porque no es una contestación personal sino que me decido a hablar ahora para poder darle a esta historia una mirada completa sobre lo que se está hablando. Me parece que Larrabure tiene una sola visión, y puede ser entendible por el dolor que siente, y que le entiendo más que nadie: Quién mejor que yo puede entender el dolor de crecer sin un padre, cuando crecí sin ninguno de los dos. Pero me parece que está equivocado en el enfoque que le está tratando de dar. Si la justicia no actuó en 1975 como él lo plantea es porque el Estado decidió hacer una persecución y no dentro de la legalidad del estado de derecho sino en forma clandestina. Pero no hubo juicio y mi mamá y mis tíos fueron asesinados, y mi papá y mi abuela están desaparecidos. Yo hubiese preferido que se les haga un juicio, como dice ahora él, un juicio en su momento como reclama porque eso me hubiese dado la posibilidad de crecer con ellos, o por lo menos conocerlos, y no tener que estar armando un rompecabezas y mirando una foto que no tiene expresión y sin poder saber a quién soy parecida".

-¿Quiénes fueron tus padres?

-Mi mamá es Rut González, y mi papá es Dardo José Tosetto y no lo menciona Larrabure porque su nombre no está en el monumento por una sencilla razón: Sólo figura en la Conadep como desaparecido y se perdieron todos sus pasos luego de su secuestro en 1975. Mi tía es Estrella González, mi tío Héctor Vitantonio y mi abuela es Amorosa Brunet de González, que fue secuestrada a los 65 años y está desaparecida en Buenos Aires. No tengo más información que esa.

-¿Qué historia pudiste rearmar sobre tus padres ligada a este caso?

-Bastante poco. De mi papá no pude rearmar mucho, digamos que se encargaron de borrar bien sus registros. Fueron manos de gente que apoyó la represión que llegó a destruir el legajo de mi padre en la facultad de Ciencias Económicas. Solo quedó una carpeta vacía con su nombre luego de cuatro años estudiando allí cuando le faltaban pocas materias para recibirse. También la mayoría de los compañeros de mis viejos fueron asesinados o están desaparecidos. Y uno de los pocos que me habló de ellos no conocía la casa, y falleció unos años atrás. Eso hizo muy difícil rearmar algo de su historia.

-¿Quién fue Rut González?

-Por lo que me dijeron era una mujer muy idealista, decidida a llevar adelante sus ideales aún cuando la incomodara un poco. Estudiaba Antropología y terminó la secundaria en el Normal 1 como yo. Todo el mundo se acuerda de sus ojos, y la mayoría que la vió en un momento la recuerda por eso. Incluso cuando estuvo detenida en el Servicio de Informaciones o en la Alcaidía es una de las cosas que sus compañeras recuerdan. Hay un registro muy fuerte en los lugares donde estuvo detenida. La recuerdan por su energía, por su entereza, aún cuando eligió hacerse pasar por loca para que no la reconocieran. Mis viejos militaban en el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), como toda mi familia desde 1972.

-¿Cómo reaccionaste al leer las declaraciones del hijo de Larrabure indignado por los nombres del monumento?

-La verdad me parece que no tiene mucha lectura sobre lo que pasó. El Estado borró registros, borró personas, borró historias y las aniquiló borrando hasta el registro de un cementerio. Lo único que el Estado me puede dar hoy es un jucio para los que le hicieron esto a mis padres: Ellos sí tienen la posibilidad de tener una defensa, cosa que mi familia y todos los que figuran en ese monumento que indigna tanto a Larrabure, no tuvieron. De mi papá lo único que me queda es sólo un nombre en una placa, y para el día del padre y el de su cumpleaños que es el mismo día que el mío, no tengo un lugar dónde ir, y no se qué hacer. Y no soy la única en este país. No es que un muerto valga más que el otro, o que sea más importante pero uno tiene que ver la masividad de una cosa y de la otra. La discusión incluso que plantea si son ocho mil o treinta mil los muertos y desaparecidos es como prehistórica, porque sabemos que todos los días aparece gente nueva, sabemos que hay gente que no está registrada porque no hay nadie que lo haga y debe ser el Estado el que debe hacerlas aparecer sí o sí. Se comieron una generación entera y los golpes los sentimos sus hijos. El dolor es entendible pero no se puede comparar.

-Está claramente relatado que hubo entonces varios "vengadores" de Larrabure. ¿Qué hicieron ellos con tu familia y con vos?

-A mi familia la cazaron. A mi papá lo desaparecen, y sabemos que lo secuestraron por un testigo que desaparece un año después, y no sabemos que pasó luego con su cuerpo. A mi vieja la tuvieron dos meses en el Servicio de Informaciones y un mes largo en La Calamita, donde cumplió sus 24 años. Ahí la torturaron, la violaron y la balearon desnuda y por la espalda en un hecho que trataron de hacer pasar como un enfrentamiento, con armas de distinto calibre. A mis tíos Estrella y Lito, los capturan eu su casa y los llevan a La Calamita, donde los torturan. Mi tía perdía mucha sangre porque hacía poco había tenido un bebé, y aparecen asesinados por la espalda con la misma ropa con la que se los llevaron. Sus cuerpos tenían las huellas de los golpes y las torturas con picana. A mi hermana de tres años a mi y mi mamá nos llevan al Servicio de Informaciones luego del secuestro del 19 de Julio de 1976.

-¿Qué sabés sobre lo que pasó en la casa de Pasaje Bariloche y Garay, donde estuvo detenido Larrabure?

-Si estas detenido o secuestrado no podés decir que lo podés pasar bien. Pero el tema del trato de los detenidos siempre fue con respeto. Es más, las declaraciones que hace René Vicari, uno de los detenidos en la misma casa con Larrabure, habla claramente que siempre le dieron cigarrillos, que los trataron bien, y que estuvieron pendientes para darles lo que necesitaban. Vicari dijo en los diarios de la época, luego que pudo escapar de la casa, que escuchaba a Larrabure a su lado cantar el himno, y que un día escuchó movimientos y mucha preocupación, y que debió haber sido cuando Larrabure se suicidió. En los diarios también decía que el cuerpo estaba con signos de congelamiento: Si vos querés matar a alguien no lo vas a congelar. Si lo hacés es porque no sabés qué hacer porque no tenías previsto que esa persona muriera. Si conservás el cuerpo después que supuestamente decidiste ejecutarlo, es porque no quisiste hacerlo. Evidentemente fue un descuido, y la orden era cuidarlo porque lo iban a liberar. Sabían que estaba muy deprimido, y se confiaron que se había dormido, y Larrabure se suicidó. Es espantoso, pero es lo que pasó.

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PIDEN RENOMBRAR calles y plazas

Espacios libres de represores

Un abogado porteño presentó un amparo para que se eliminen las menciones a ex funcionarios de la dictadura en sitios públicos.

Martina Noailles
25.08.2008

Lugares polémicos. El pedido judicial afectaría, por ejemplo, a la calle Ramón Falcón (Flores) y a la plaza Aramburu (Caballito).

Como nombres sin pasado, las calles de la ciudad de Buenos Aires regalan homenajes: el teniente general Pedro Eugenio Aramburu fue el golpista inspirador de la autodenominada Revolución Libertadora que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955. Cuarenta y seis años antes, el coronel Ramón Falcón había reprimido a miles de obreros que reclamaban jornadas de trabajo de ocho horas. Entre las víctimas de aquel 1 de mayo de 1909 hubo niños y mujeres. Aramburu y Falcón son sólo dos ejemplos del accionar sangriento premiado con carteles y nomenclaturas. Para que el gobierno porteño descuelgue estos apellidos de plazas y avenidas, un vecino, el abogado Hansel Stegemann, realizó una presentación ante la Justicia.

"No hay homenaje posible para los asesinos. No hay placa que los pueda recordar, si no es para dar debido testimonio de lo aberrante de sus actos." Meses atrás, con esta frase entre sus argumentos, el juez Roberto Gallardo ordenó al gobierno porteño quitar la placa que en la sede de la jefatura recordaba a los intendentes, incluidos los de facto. El pedido ante el juez, luego ratificado por la Cámara de Apelaciones, también fue realizado por Stegemann, el mismo hombre que ahora fue más allá y solicitó que "se eliminen de la nomenclatura urbana los nombres de todos aquellos pseudofuncionarios que usurparon el cargo durante los períodos de violación al orden constitucional".

El amparo judicial, que contó con el apoyo de la organización HIJOS y de la asociación La Azucena, Derechos Sociales, quedó radicado el viernes pasado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Nº 3, que encabeza Guillermo Treacy. La presentación también pide que se declare la inexistencia jurídica de las ordenanzas que nombraron calles, plazas y cualquier otro sitio porteño durante épocas de dictaduras.

En los fundamentos del amparo, el vecino y abogado califica como "infames traidores a la patria" a quienes tomaron el poder por la fuerza, violando el orden constitucional, y asegura que, según el artículo 29 de la Constitución, las leyes, los decretos y las ordenanzas dictados por ellos "llevan consigo una nulidad insanable". De ahí que solicita que estas "pseudonormas" se anulen y, entre otras, "recobren sus nombres las calles Ramón Carrillo, Solano López, Felipe Vallese y el Barrio 17 de Octubre".

El pedido de Stegemann ante la Justicia tiene antecedentes, aunque no judiciales, sino populares. En 2006, por ejemplo, una multitudinaria asamblea de vecinos de Flores decidió reemplazar el nombre de la plaza Ramón Falcón por el de "Che Guevara". También, años atrás, el historiador Osvaldo Bayer encabezó una campaña pública en la que se informó a la población sobre "los méritos como asesino de pueblos originarios" de Julio Argentino Roca, cuyo monumento se emplaza a cuadras de la Casa de Gobierno, en medio de una avenida que también lleva su nombre.

En ese mismo sentido, la idea de Stegemann no sólo incluye quitar los nombres de los represores sino también generar conciencia entre los vecinos. Por eso, solicita que los carteles se reemplacen por otros, "en los que se expliquen los antecedentes de las personas y el proceso de violación al orden constitucional en que han participado".

Además, pide que todos los bienes que se extraigan (carteles, placas y señales) sean exhibidos junto a una reseña histórica en el Espacio de la Memoria que funciona en el ex centro clandestino de detención de la ESMA.

Plazoleta Ernesto Padilla, escuela Octavio Pico, calle Intendente Guerrico. Aunque la mayoría de estos apellidos no resulten conocidos por los habitantes de la ciudad, durante el último siglo fueron parte de los engranajes de distintas dictaduras. "Al preservarlos en carteles, el Estado local sigue homenajeando y reafirmando en forma oficial a los llamados funcionarios de facto", considera Stegemann. Y se pregunta: "¿Al celebrar a un delincuente en virtud de su accionar delictivo no se está haciendo apología de ello?".


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