domingo, 10 de agosto de 2008

NIETA RECUPERADA DE JUAN GELMAN

› MACARENA GELMAN, LA NIETA RECUPERADA DEL POETA JUAN GELMAN

“Yo fui un regalo, pero robado”

Todavía se asombra del cambio de vida que significó que su madre adoptiva le confesara que no era su hija biológica. Y luego enterarse de la campaña internacional para encontrarla. Y que su abuelo era un poeta de estatura mundial. Los sentimientos de una mujer que busca la verdad y tiene que lidiar con sentimientos como “conocer a tus padres sólo a través de sus amigos”.

Por Gabriela Cañas *

Macarena nació por segunda vez cuando tenía 23 años. La plácida y apolítica vida que llevaba en su Montevideo natal se trastrocó por completo cuando su madre le confesó que no era hija suya y ella descubrió que era una niña robada. Había sido arrancada de los brazos de sus padres secuestrados, torturados y asesinados por la dictadura argentina, y entregada a quien ella creía que era su padre, un policía uruguayo. A Macarena aquella noticia le cambió la conciencia y la vida. Supo de tormentos y de desapariciones, de horrores y complots represores, y supo también que ella era un producto de todo eso. Descubrió que su abuelo llevaba años buscándola y que se llamaba Juan Gelman. Corrió a Internet y así fue como aprendió que era un poeta, un poeta muy importante, argentino también, como sus verdaderos padres, que vivía y sigue viviendo autoexiliado en México y que desde allí reclamaba el derecho a recuperar a esa nieta de cuya infancia nunca pudo d

isfrutar.

Macarena hizo juicio para cambiarse el apellido. Ahora lleva los apellidos Gelman García, como su auténtico padre, como su auténtica madre, aunque mantuvo su nombre de pila, el que le impuso su devota madre adoptiva, porque los Gelman tienen ascendencia sevillana. Ahora busca los restos de su madre y apoya públicamente en su país la lucha por la derogación de la Ley de Caducidad por considerar que da cobertura legal a la impunidad. Contar su historia se ha convertido para ella en una herramienta para abrirse paso en la espesura de los silencios cómplices.

La entrevista es una cena en un céntrico hotel de Montevideo, al que llega con vaqueros, camisa y pulóver, un atuendo parco y sencillo, difícil de recordar, como si reclamara para sí una vulgaridad de la que definitivamente carece. De los jovencísimos padres que nunca conoció habla con ternura y, a veces, en presente.

–¿Cómo le dieron la noticia de que usted era hija de otros?

–Me lo dijo mi mamá. Mi papá había muerto cuatro meses atrás y mi madre me dijo que mi abuelo estaba buscándome. En realidad, toda mi familia biológica me estaba buscando. Mis papás biológicos tenían 19 y 20 años. Eran argentinos. Vivían en Buenos Aires. Los secuestran el 24 de agosto de 1976.

–Su madre tendría ahora 51 años.

–No sé si llegó a cumplir los 20. La última vez que la ven con vida es el 22 de diciembre, y a mí me dejan en la casa de los papás que me criaron el 14 de enero de 1977. Ella cumplía los 20 años el 6 de enero. Bueno, los secuestran, los llevan a un centro clandestino de detención que se llamaba Automotores Orletti. Allí permanecen. A mi papá lo matan en el año 1976 mismo, a finales de septiembre u octubre. Y a mi mamá la trasladan a Uruguay dentro de la operación que se llamaba Plan Cóndor. Estaba embarazada de siete meses y medio cuando la secuestran.

–¿Sabía usted qué fue el Plan Cóndor?

–En aquel momento no, pero fue de lo primero que me enteré. Porque cuando mi mamá me cuenta que no soy hija biológica de ellos, me dice que si quiero saber algo más tengo que hablar con el obispo Pablo Galimberti, que era la persona que mi abuelo había contactado para hablar con nosotros. Según supe después, mi abuelo sabía que mis padres eran muy devotos y que era la mejor manera de acercarse a mi familia adoptiva. Mi mamá le había dicho a monseñor Galimberti que yo no sabía nada y que, de hecho, ella y mi papá habían planeado contarme la verdad ese mismo año, en 2000. Pero nunca llegaron a hacerlo. Mi padre murió de cáncer cuatro mesesantes del encuentro con el obispo.

–¿Nunca sospechó usted nada, ningún indicio de que sus padres no fueran realmente sus padres?

–No, absolutamente nada.

–¿Le molestó la noticia? ¿Se enfadó con su madre?

–Tanto en ese momento como después, siempre pensé que la verdad era mejor que cualquier otra cosa. Como le decía, a mi mamá la trasladan acá a Montevideo. Era noviembre de 1976, según he podido saber. Nos tienen un tiempo juntas, al menos hasta el 22 de diciembre. El parto fue acá. Se presume que en el hospital militar, aunque nadie lo confirmó. Me dijeron que el parto fue el 1o de noviembre. Es la fecha más probable. Además, cuando me dejan en la puerta de mis papás, lo hacen con un cartelito dando esa fecha de nacimiento. Presumo que no es mentira, aunque tampoco tengo toda la certeza del mundo en eso. Después del 22 de diciembre, última fecha en la que nos ven juntas y viva a mi mamá, ya no se sabe nada hasta el 14 de enero, día en que me dejan en la puerta de lacasa de mis papás. Según ellos, una noche tocaron el timbre, abrieron la puerta y había una canastita con un bebé y un cartelito. Era yo.

–Un regalito, vaya.

–Sí, un regalito (se ríe). Un regalito que habían robado de algún lado. De mi mamá no se supo nunca más nada. Se ha confirmado q

ue sí, que la trajeron a Uruguay, y parece que la asesinaron también, pero no hay ni datos de dónde pueda estar enterrada. Se manejó que la habían enterrado en el Batallón 14, pero la búsqueda no ha dado ningún resultado.

–¿Se resistió en algún momento a conocer la verdad?

–No, nunca. Enseguida llamé a monseñor Garimbaldi y, cuando me senté a hablar con él, lo primero que me contó es la historia de la Operación Cóndor, que había consistido en la coordinación de las fuerzas represivas de América latina. Y ahí empezó toda la historia. Me contó todo lo que mi abuelo había podido averiguar. Lo que él sabía. Que a efectos de confirmar mi identidad había que hacer una prueba de ADN, cosa que yo manejaba perfectamente (estudia Bioquímica y trabaja en la administración de un hospital). Sabía en qué consistía y sabía que era necesario. Y, bueno, me dijo que lo mejor era ir aproximándome a mi abuelo, al principio, no de forma directa sino con cierta prudencia, durante un tiempo. Siempre a través del obispo. Me consiguió una carpeta con fotos de mi abuelo. Enseguida me enteré de que había habido una gran campaña pública internacional para buscarme que contó con el apoyo de muchísima gente, pero yo no me había enterado de nada.

–¿Cómo es posible?

–No sé, porque la campaña en esos días era tremenda. Claro, fue la época en la que falleció papá y yo estaba totalmente en otra cosa, pero aparecían incluso cartas públicas de mi abuelo con el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti. Afiches. Se le había dado mucha publicidad al tema.

–¿Y nunca se había fijado?

–No, nunca. Debí de ser la única que no se enteró. Porque todos mis amigos habían oído algo de la campaña menos yo (se ríe). ¡Cómo se dan a veces las cosas! Es que era casi como ridículo que yo no me hubiera enterado de nada. Además, no sabía quién era mi abuelo. Era la primera vez que oía su nombre. Y, desde luego, tuve la inquietud de entrar en contacto con él inmediatamente, así que mi abuelo y su mujer viajan a Montevideo y ahí nos conocemos. Fue por esas fechas, febrero de 2000, que se supo oficialmente mi paradero.

–¿Tuvo miedo de toda esta nueva situación en su vida?

–Sí, bastante. Mucho. Conocí a mi abuelo y quedamos en hacerme la prueba del ADN. No tenía sentido quedarme con la duda. Los análisis despejaron todas las dudas: al 99,99 por ciento de probabilidades era yo. Durante el tiempo de espera del resultado me relacioné mucho con mi abuelo.

–Supongo que a raíz de todo esto conoció a un montón de nuevos familiares.

–Sí. Ahora tengo también una abuela paterna que vive en Buenos Aires. Tengo un primo y una tía en Buenos Aires, también por parte de mi papá. Y tengo un abuelo y un tío en España, en Barcelona, por parte de mi mamá. También hay primos de mis padres, amigos... He tratado de conocer a toda la gente que he podido. La verdad es que ha sido muy rico como experiencia y también en aporte de datos para reconstruir la historia. La edad que tenían mis p

adres es una edad en la que pasas más tiempo con los amigos que con la familia. Así que la mejor fuente eran los amigos. Fue muy lindo en ese sentido. Me han apoyado mucho porque han hecho de mi familia en muchos casos.

–Usted visitó a p

arte de su familia en Barcelona.

–Sí, aunque ya los conocía desde 2002. En esta ocasión también pensé: qué hago yo acá. Cuando fui a México a ver a mi abuelo me preguntaba lo mismo: ¿qué hago yo viajando para ver a gente que no conozco? A España fui totalmente sola a encontrarme con ellos. Habíamos tenido contacto mediante el chat. Al principio de la historia nos comunicábamos por Internet. También conocía así a dos amigas de mi padre en España. También tengo primas por parte de mi familia

adoptiva en Sitges. Esta vez vi a toda mi familia reunida por España.

–¿Y cómo ha vivido todo esto su familia adoptiva? ¿Cambiaron las relaciones entre ustedes?

–La verdad es que es una familia pequeña, porque en sí los más cercanos eran mi mamá y mi papá. No estaban muy unidos a sus respectivos parientes, así que no había vínculos estrechos. Así que cuando hablo de mi familia adoptiva hablo só

lo de mi mamá, con la que vivo al día de hoy. Además de aceptar el hecho de que no era su hija, mostró toda su colaboración en mi investigación, en el sentido de no ocasionarme dolor. Al contrario. Siempre me apoyó en todo lo que quise hacer. Lo hizo incluso en el juicio de filiación, que se llevó a cabo en 2004 y que fue lo más difícil.

–Para ella tuvo que ser muy doloroso.

–Por supuesto. Pero siempre tuv

o una actitud de acompañarme más que de cuestionarme. Ella incluso siente un gran aprecio por mi abuelo Juan Gelman. Es mayor. Ahora tiene 76 años y está muy delicada de salud. Supongo que todo esto la ha influido mucho.

–¿Ayudó la forma en la que ella le dio la noticia? ¿Cómo fue exactamente?

–Un día volvía a casa y me la encontré ll

orando. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que tenía que hablar conmigo, pero que no podía hacerlo mientras yo entraba y salía (siempre andaba de acá para allá). Me dijo que mejor hablábamos cuando vol

viera de trabajar. Lloraba tanto que decidí quedarme. Le preguntaba y le preguntaba y ella sólo lloraba. Casi no podía hablar. Le pregunté si tenía que ver con papá, con ella. Me dijo que con los tres. Y entonces, no me pregunte por qué, yo nunca sospeché, lo cierto es que, ante su silencio y su llanto, le pregunté ¿es que no soy hija de ustedes? Y ella me dijo: ¿quién te lo dijo? Ahí fue cuando me di cuenta de lo que había dicho.

–De modo que de alguna forma, aunque fuera de forma inconsciente, usted lo sabía.

–Parece que voy a tener que terminar aceptando que sí. Entonces, ahí ella ya me cuenta cómo llego a la casa de ellos, y me dice que desconocía de

dónde provenía yo hasta que este señor que era mi abuelo se puso en contacto con ella. Obviamente, me puse a llorar. No entendía lo que me pasaba en la cabeza.

–Antes dijo que a raíz de todo esto se relacionó mucho con su abuelo. ¿Le gustó?

–Sí. Yo iba con un miedo terrible la primera vez, y él me imagino que tendría un montón de dudas. Pero a partir de ahí todo fue una avalancha. Había decisiones que tomar en un momento histórico y político en el que todavía se negaba la existencia de niños robados en Uruguay. El tema de los desaparecidos siempre se dejaba de lado. Aquí se negaban la mayoría de las cosas.

–¿Y hasta entonces nu

nca se había preocupado usted por estos asuntos?

–No. Tampoco tenía afiliación política alguna. No me interesaba la política partidaria, aunque militaba en un sindicato estudiantil. La Ley de Caducidad no permite que los responsables de crímenes de la dictadura sean investigados. En cierta manera no permite ni la investigación, si bien este gobierno ha hecho mucho por permitir todas las investigaciones abiertas. El problema es que es una ley aprobada por referéndum. El gobierno consideró que el caso de mi mamá no debía estar incluido en la ley. Pero, a pesar de eso, la causa judicial, ya archivada, que presentó mi abuelo en el año 2002 y que yo pedí reabrir en febrero de este año, fue de nuevo archivada en ba

se a esa ley. Eso ha cerrado las puertas a la investigación a nivel judicial.

–Por todo ello empieza usted a darle publicidad a toda su historia.

–No, esto es

muy reciente. No he empezado a hablar con la prensa hasta este mismo año. Porque es ahora cuando está ampliamente probado que lo que me pasó a mí le pasó a muchísima gente en lo que tiene que ver con Argentina y Urugu

ay. Esto pasó. Fue muy cruel. Ocurrió durante una dictadura, y para mí esto del robo de niños no tiene explicación. Ahora he sabido que fue muy habitual robar niños en Argentina y también en Uruguay.

–La colaboración de la dictadura uruguaya con la argentina fue muy estrecha.

–Sí, y hay que luchar por la verdad y para que esto no vuelva a pasar. Es la causa de mucha gente.

–¿Ha contac

tado gente con historias similares?

–Sí, por supuesto. Llega un momento en que tu entorno no te satisface. Es muy difícil hablar de algunas cosas. Mis amigos me han manifes

tado muchas veces que les cuesta mucho tratar esta parte de mi historia. Que no saben si hablarme, si no hablarme, si preguntarme. Y, de hecho, de muchas cosas se van enterando por la prensa, porque, obviamente, uno no llega a una reunión y dice, bueno, a ver, cuéntame.

–¿Es más fácil hablar co

n otros niños robados?

–Sí, entre nosotros hay una empatía. Es algo bastante especial, Una comunicación más allá del conocimiento personal. Al menos a mí me ha pasado. Espontáneamente surge el tema, las experiencias. Y uno se siente entendido.

–¿Hay asociaciones

de niños robados en las que usted se haya implicado?

–Sí, y organizan actividades para reconstruir sus historias. En Argentina es mucho más común, así que allí me siento más cómoda, menos rara.

–En todo caso, uste

d está ahora totalmente movilizada.

–Sí. Es verdad que hay cosas muy íntimas que no cuento públicamente, pero, aunque emocionalmente es un gran esfuerzo, no me incomoda contar mi historia. Lo que me pasó a mí le pasó a mucha gente, y creo que vale la pena que se sepa que estas cosas sucedieron. En mi grupo de amigos había mucha gente que no había reparado en esto. Yo tampoco.

–Usted ha tenido la suerte de contar con un abuelo que no se rindió.

–Sí. La verdad es que en lo personal estoy superagradecida porque colaboró muchísima gente, tanto en la búsqueda como después en las distintas etapas, si bien naturalmente uno se llega a sentir muy solo porque resulta que la que es mi familia no lo es, y la que es, no lo fue. Y no está acá. La distancia es algo positivo y negativo a la vez. Compa

rtir las cosas en la distancia es complicado. Ahora viajo bastante a Argentina a ver a mis nuevos parientes. A veces voy cuando los extraño y a veces quiero irme corriendo.

–¿Se siente ahora más argentina que uruguaya?

–Bueno, el corazón está dividido.

–¿Sigue interesada en saber algo más de su madre?

–Cada vez tengo más interés. Quiero saber qué pasó con ella y dónde está. Y, bueno, todo es muy difícil. Te dicen, mira, tus papá

s son éstos. Tienes que conocerlos a través de otra gente. Cuando me enteré de su existencia yo ya había vivido más de lo que ellos vivieron. Las circunstancias tan trágicas y tan injustas...

–Me imagino sus ansias de ver sus fotos.

–Sí, sí. Aparte es que yo era de chiquita, hasta los 13 años, muy parecida a mi mamá. Muy parecida. Ahora me dicen que tengo una mezcla de los dos. Que incluso me parezco más a mi papá. Eso impresiona mucho.

–¿Qué idea se

ha hecho usted de cómo eran?

–Sé que eran muy buenas personas. Mi papá era introvertido, un chico muy maduro para la edad que tenía, pensativo, preocupado por lo que pasaba. Dulce. No muy deportista. Y mi mamá... Me la describen como alegre e inquieta, graciosa. Los amigos los querían muchísimo.

–Me imagino que

exprime usted ahora a la familia y a los amigos para que le cuenten.

–Sí, me encanta que me cuenten cosas. A veces me cuesta pedírselo, la verdad. Espero que lean esta entrevista y así se animen a contarme más cosas cada vez que nos veamos.

–¿Avanza la investigación por encontrar a su madre?

–Eso está ahora un poco estancado. Y con el tiempo la angustia crece. Los militares tienen un pacto de silencio y no hablan. Yo siempre tengo la expectativa de que se rompa ese pacto. Pero por lo que he visto es muy difícil. Algunas veces se han manejado lugares de enterramiento que no resultaron. Pero no, no ha habido avances. Por eso en febrero hice declaraciones públicas pidiendo que realmente se investigue y se sepa qué pasó. El caso ha sid

o archivado dos veces. El expediente es enorme. Hay algo que los militares siempre invocan y que es la Operación Zanahoria, la operación de remoción de los cuerpos enterrados. Obviamente, no fue completa. Se espera que aparezcan más.

–En la prensa se publican hallazgos de vez en cuando.

–El problema es que la búsqueda, con la escasez de datos que hay, es muy complicada. Pero el gobierno actual de Tabaré Vázquez tiene una gran disposición a seguir investigando.

–¿Realmente se siente a

mparada por el gobierno?

–Sí. El gobierno anterior, de Julio María Sanguinetti, a su manera, también colaboró. Nunca me han puesto dificultades. Todos me han dado su apoyo. Se hizo una Comisión para la Paz, que investigó en 2000 con potestades muy limitadas, pero fue un primer paso importantísimo que dio el gobierno del presidente Jorge Batlle. Y a partir de entonces el tema se ha mantenido. La Comisión para la Paz terminó y no se logró mucho respecto a mi mamá, pero esa comisión fue valiosa. Con el gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez, obviamente, las cosas tomaron otra fuerza.

–Sin embargo, su abuelo mantuvo un duro encontronazo con Sanguinetti por su falta de colaboración para desvelar los

atropellos de la dictadura.

–Sí. Y también se habló de la vinculación que pudo haber tenido mi papá adoptivo con la gente que me robó y me dejó en la puerta de su casa. Incluso se manejó que era amigo de Sanguinetti o de alguno de los asesinos de mi mamá. No hay nada probado. Amistad personal con Sanguinetti yo puedo decir que no la hubo, porque viví con mi papá 23 años. La realidad indiscutible es que mi papá era el jefe de Policía del Gobierno de Sanguine-tti en el departamento de San José. Sin duda tuvieron una relación política. Militaba en el Partido Colorado y había llegado a ese cargo por el partido. Mi papá era inspector de policía. Pero para mí todo esto es una incógnita.

–¿Y qué dice su madre? ¿No sabe nada?

–Mi madre desconocía realmente... creo. No estoy segura, obviamente. Y no sé lo que pudo llegar a saber mi papá. Sé que supo antes de morir que mi abuelo me andaba buscando. La primera vez que mi abuelo vino a Uruguay buscándome era en

1998, así que supongo que mi padre llegó a enterarse de todo. No me lo dijo. No es una cosa fácil de decir.

–No parece que haya anidado rencor hacia su familia adoptiva.

–Mis sentimientos respecto de mi familia adoptiva no han cambiado. Me dieron una muy buena educación y una muy buena infancia. No tengo nada negativo contra ellos. Todo lo que vino después es una conjunción de historias de tanta gente...

Sé que mi papá no tuvo nada que ver con la muerte de mi mamá.

–¿Ha leído a Juan Gelman?

–He leído todo lo qu

e he podido. La poesía siempre me ha gustado. Mi papá también escribía. De hecho, me hicieron llegar unos cuadernos suyos. Era una poesía también muy fuerte para la edad que tenía. Dura. Negro, muerte, sangre. Algo premonitorio. Había un poema incluso en el que se despedía de los amigos ¡a los 15 años! Supongo que eso tiene que ver también con una generación que yo no termino de conocer. Quizás eso no estaba tan fuera de lugar en ese momento. Para mí fue fuerte. Que mi papá tuviera esa visión...

–Usted tiene ya 31 años y todavía no ha acabado la carrera.

–Quizá deba replantearme mis estudios. Es que estoy en una especie de crisis, en un momento en el que no sé qué va a ser de mi vida el mes que viene. Estoy muy confundida y, aunque suene un poco cursi, busco mi lugar en el mundo (se ríe). Porque todo esto te mueve los marcos de referencia. El sentido de pertenencia se ve bastante vulnerado. No sos de acá. No sos de allá. Nací y crecí en el Uruguay y me siento tan uruguaya como siempre, pero, en sí, mi histor

ia tiene más que ver con Argentina, y en Argentina soy uruguaya... Te quedás sin referentes. Ahora en todos lados soy un poco extranjera.

* De El País Semanal. Especial para para Página/12.



DOS ALTOS JEFES MILITARES EN ACTIVIDAD DENUNCIADOS

Generales de guante blanco

El ministerio de Defensa puso en disponibilidad al jefe de personal y al Comandante de Intendencia del Ejército y los denunció a la Justicia por asociación ilícita y administración fraudulenta. También pidió que se investigue si hay otros miembros en la asociación ilícita que armó un club de compras para defraudar en las contrataciones militares. Otros veintinueve militares y cincuenta y un civiles implicados.


Por Horacio Verbitsky

La ministra de Defensa Nilda Garré denunció a la Justicia por asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, tráfico de influencias y falsedad ideológica a más de ochenta civiles y militares y ordenó al general Roberto Bendini el pase a disponibilidad de los militares imputados que siguen en actividad. Entre los presuntos responsables hay cuatro generales, muy próximos al jefe de Estado Mayor del Ejército, dos de ellos en actividad y en altos cargos. La denuncia se extiende “a quien o quienes surjan como penalmente responsables con el devenir de la investigación y del proceso”. Las auditorías prosiguen en otras dependencias del Ejército en las que se sospecha la utilización de los mismos métodos fraudulentos.

También fueron acusados cinco coroneles, seis tenientes coroneles, siete mayores, dos capitanes, un teniente 1, siete suboficiales y cincuenta y un civiles. En varios casos, los civiles tenían relaciones familiares o comerciales con miembros del Ejército. Veintitrés de los treinta y un militares acusados están en actividad, entre ellos el director de Personal del Estado Mayor, general Mario Fernando Troncoso, y el Comandante de Intendencia, general Eduardo Salvador Gibelli. También integran la nómina el director de estudios históricos, general Héctor Mario Giralda, quien estaba en retiro pero había sido convocado a la actividad por el artículo 62 de la ley orgánica del personal, y el ex Comandante de Operaciones Terrestres, general Raúl Horacio Gallardo. Antes de ese Comando, Gallardo fue director del Colegio Militar. En marzo de 2004, Gallardo expresó su desacuerdo con la decisión del presidente Néstor Kirchner de descolgar los cuadros de los ex dictadores Jorge Videla y Benito Bignone de la galería de ex directores del Colegio Militar. En mayo de 2006, permitió que una señora se acercara a gritar insultos al entonces presidente Néstor Kirchner. Gallardo también debe responder ante la justicia federal de Catamarca por el secuestro y la desaparición forzada de los hermanos Griselda y Francisco Ponce y del sobrino de ambos Julio Genaro Burgos, el 6 de abril y el 15 de diciembre de 1976. Gallardo era asistente personal del general (R) Carlos Lucena, quien entonces era comandaba el Regimiento de Infantería 17. Según el fiscal de la causa, Santos Reinoso, Gallardo “era el jefe de la compañía que llevaba a cabo los operativos”. En los tres casos Bendini intercedió por Gallardo, para que se postergara la fecha de su indagatoria en Catamarca y para que no pasara a retiro, cosa que ocurrió al asumir el actual gobierno.

Las 25 muestras

La presentación del ministerio de Defensa, presentada esta semana ante la Cámara Federal y que por sorteo correspondió al juez Rodolfo Canicoba Corral, se basa en el análisis de veinticinco contrataciones realizadas en 2007 en tres dependencias del Ejército, elegidas al azar, como parte del programa anual de auditoría. Su resultado sugiere “una manipulación sistemática” de los procedimientos establecidos, con el propósito de “favorecer a determinadas empresas” que formaban un club de ventas que se repartía las adjudicaciones, el empleo de “una metodología idéntica y la participación de actores comunes para dar apariencia de legalidad a veinticinco procedimientos contractuales irregulares provocando un grave perjuicio a la administración pública”. Esas contrataciones directas, licitaciones públicas y licitaciones privadas fueron diseñadas y tramitadas en el Comando de Operaciones Terrestres, cuyo jefe era el general Gallardo; en el batallón de Intendencia 601 y en la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército. En los expedientes se comprobaron desdoblamientos de contrataciones de los mismos bienes y servicios para efectuar compras de menor monto y evitar controles; falsificación de firmas, adulteración de documentos públicos, adjudicaciones a oferentes con dudosa situación fiscal y sin experiencia previa en los rubros a adquirir, y adjudicaciones sin los correspondientes dictámenes técnicos y jurídicos. Esos hechos “excederían la comisión de delitos específicos en el marco de la tramitación aislada de cada expediente contractual y darían cuenta de la existencia de una estructura destinada a delinquir en la órbita del Ejército y de la cual estas tres unidades sólo serían una parte”. En todos los casos se procedió del mismo modo. Las invitadas a presentar ofertas eran siempre las mismas empresas unipersonales inscriptas ante la AFIP como monotributistas, vinculadas entre sí por lazos comerciales o familiares, entre sí y/o con funcionarios del Ejército intervinientes. Varias de ellas se presentaban en cada convocatoria a retirar los pliegos de las contrataciones y presentar ofertas con diferentes precios por los mismos renglones o por diferentes ítem requeridos en el pliego. Los requisitos legales de publicidad para cada trámite obligan a invitar a no menos de tres empresas para las contrataciones directas y a cinco en las licitaciones privadas, y el Ejército les adjudicaba las contrataciones a sabiendas de que las diferentes personas físicas que presentaban ofertas constituían la misma empresa. Los auditores detectaron la vinculación entre las empresas o los diferentes ropajes jurídicos de una misma empresa cotejando los datos consignados por los propios oferentes con los registrados en la AFIP, la ANSES y la Oficina Nacional de Contrataciones. En los distintos casos investigados varias personas compartían el mismo domicilio, teléfono de línea, celular o casilla de correo electrónico; presentaban constancias de pago del monotributo del mismo día y hora en la misma sucursal bancaria; un adjudicatario firma la certificación de cuenta bancaria de otro. Once monotributistas, cuyo límite de facturación oscila entre 12.000 y 72.000 pesos por año, realizaron en ese lapso ventas al Ejército que van de 73.000 a 662.000 pesos. Algunos adjudicatarios habían sido dados de baja como monotributistas y otros se inscribieron después de la adjudicación. Otros trece proveedores que no registran impuestos activos ante la AFIP o cuyo domicilio fiscal es inválido, realizaron ventas al Ejército por más de tres millones y medio de pesos. En ningún caso hubieran debido aceptarse sus ofertas. Una proveedora inscripta en el rubro papelería y librería cotizó para mantenimiento de edificios y venta de cuero y fue contratada para desamurar ventanas, arreglar paredes y pintarlas. Un inscripto como proveedor de vigilancia y seguridad y otros del rubro ferretería cotizaron para la venta de cueros. Un inscripto en informática cotizó el cosido de botas y otro inscripto en plomería fue contratado para confeccionar ese calzado.

Puesta en escena

La presentación del ministerio de Defensa sostiene que los funcionarios realizaban una puesta en escena. Tanto la Dirección de Asuntos Históricos como el Comando de Operaciones Terrestres y el Batallón de Intendencia 601 sólo invitaban a participar a miembros de grupos de proveedores vinculados entre sí y con miembros del Ejército. Esto no podía ser ignorado por los funcionarios, que estaban obligados a verificar la inscripción de las empresas en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO). En los distintos expedientes abundan las pruebas sobre este conocimiento. En la contratación directa 100/07 del Comando de Operaciones Terrestres se invitó a presentar ofertas a tres proveedores distintos con el mismo domicilio. En la licitación privada 4/07 de la Dirección de Asuntos Históricos se entregaron en mano invitaciones a dos proveedores en un solo domicilio. En la licitación privada 10/07 del Batallón de Intendencia 601 se envió la invitación a un proveedor al mismo domicilio en el que otro había recibido la suya en la licitación anterior. En la licitación pública 02/07 del mismo organismo un proveedor firmó el recibo de la invitación a otro proveedor. En la licitación privada 12/07 del Batallón los remitos que acreditan la presentación de muestras de las mercancías de cinco proveedores fueron confeccionados en la misma imprenta. En la licitación pública 01/07 del Batallón cuatro oferentes presentaron como garantía de sus ofertas pólizas de seguros de la misma empresa (Fianzas y Crédito S.A.) y las cauciones de tres de ellos se contrataron el mismo día, con el mismo productor de seguros y fueron certificadas por el mismo escribano Hernán Horacio Rubio, e inscriptas en la misma acta y libro notarial en folios correlativos. Los auditores también verificaron la existencia de firmas falsificadas y documentos adulterados. Según los casos,

- distintos oferentes presentan documentación redactada con idéntica caligrafía,

- un mismo proveedor firma de diferentes maneras en distintos documentos de un mismo expediente o en diferentes expedientes.

- hay errores de ortografía en los nombres y apellidos en la documentación que los mismos oferentes presentaron: Nancy Ardenghi escribe Ardengui, Carlos Alvaro Tomás coloca su apellido como si fuera un nombre, la documentación de Antonio Speranza consigna su apellido como Esperanza. Estas falsificaciones eran consensuadas con los oferentes, dado que tanto ellos como los funcionarios se beneficiaban con la aceleración del expediente. En ninguno de los veinticinco expedientes hubo impugnación alguna por parte de algún oferente.

- se desdoblaban las contrataciones en vez de unificarlas para obtener mejores precios por mayor cantidad de bienes o servicios.

- se adulteraban documentos en los expedientes, que eran foliados, refoliados y defoliados a conveniencia.

- con frecuencia las ofertas e incluso la adjudicación figuraban en fecha anterior a la convocatoria. Algunos proveedores presentaron la garantía antes de que se les adjudicara la contratación. A otros les compraron bienes que según consta en el propio expediente no cumplían con las especificaciones del pliego. Otros no presentaron la declaración jurada de habilidad para contratar con la Administración Pública o de inexistencia de deuda provisional exigible o de juicios contra el Estado. En una licitación privada la Comisión Evaluadora propuso siete adjudicaciones por 265.000 pesos, el Comandante de Intendencia dispuso adjudicarlas por 290.000 pesos pero las órdenes de compra se emitieron por el primer monto.

El método, consensuado con los proveedores, consistía en invitar a cotizar a varias firmas de cada grupo, para aparentar la publicidad de los procedimientos. Pero como los oferentes eran siempre los mismos y se ponían de acuerdo sobre quien presentaba ofertas en cada caso “se monta una ficción de cumplimiento de la norma que pasaría desapercibida ante el análisis de cada contratación en particular”. Para evitar intromisiones no se comunicaban las convocatorias a las asociaciones de prestadores, productores, fabricantes y comerciantes de los distintos rubros.

Mejor tres que uno

El artículo 51 del reglamento general de contrataciones aprobado por decreto presidencial prohíbe el desdoblamiento de las contrataciones y responsabiliza a los funcionarios que en un lapso de tres meses efectúen más de una convocatoria para seleccionar bienes o servicios de un mismo rubro comercial, sin documentar razones que lo justifiquen. En tres días de 2007 el Batallón de Intendencia 601 convocó a tres licitaciones privadas distintas para comprar cuero destinado a la fabricación de botas. Desdobló así una contratación por 684.000 pesos en tres distintas. De este modo eludió pedir el precio testigo a la SIGEN, que se exige para contrataciones de 450.000 pesos o más, y la convocatoria a una licitación pública, que se aplica cuando la contratación supera los 300.000 pesos. El mismo procedimiento se aplicó a una licitación privada, una contratación directa y una licitación pública, por un total de 593.000 pesos, para la compra de accesorios plásticos que se utilizan en la confección de carpas. La jefa de la asesoría jurídica del Comando de Intendencia, capitana auditora María Alejandra Camps detectó la maniobra y dejó constancia en el expediente. Pero el general Gibelli, comandante de Intendencia, autorizó la contratación de todos modos. La misma conducta siguió el general Gallardo en el Comando de Operaciones Terrestres. Entre el 7 de agosto y el 26 de noviembre de 2007 autorizó a convocar trabajos de albañilería por 300.000 pesos, divididos en cinco contrataciones directas distintas, para los mismos edificios. En Asuntos Históricos, el general Giralda desdobló contrataciones por 335.000 pesos, adjudicadas a los mismos proveedores con dos días de diferencia.

Caridad bien entendida

La auditoría descubrió vínculos comerciales y familiares entre algunos oferentes y los militares que participaban en las adjudicaciones. El capitán Víctor Hugo Tolosa tiene el mismo domicilio y teléfono que el oferente Mariano Tolosa. También lo comparten con la empleada de la Contaduría del Ejército María Fernanda Iglesias, que proveyó bienes al Ejército por 123.000 pesos en 2007. El sargento Alberto Armendáriz tiene el mismo domicilio que el proveedor Fernando Rosso. El suboficial Miguel Valenti tiene el mismo domicilio que la proveedora Sandra Avalos; el suboficial Juan Carlos González el mismo domicilio que la proveedora Mercedes Mura; la proveedora Fany Luna declara la casilla electrónica del suboficial de contabilidad y finanzas Daniel Zarratea; el teniente coronel José Fermín García estuvo casado con la proveedora María Luisa Macedo y es padre de tres proveedores García Macedo. El mayor Jorge Baffigi comparte el domicilio con tres oferentes y el mayor Mario Torre con otros dos. El suboficial Domingo Tudor tiene el mismo domicilio y teléfono que la proveedora Mabel Tudor.

Modus operandi

La presentación oficial sostiene que dada la habitualidad y la utilización de un mismo modus operandi en tres dependencias diferentes “resulta necesario iniciar las investigaciones tendientes a identificar la constitución de una asociación ilícita en el Ejército, con el objeto de beneficiarse económicamente mediante maniobras defraudatorias en perjuicio de la administración pública”.


Reconocimiento y solidaridad

Por Horacio Verbitsky

Esta semana la señora María Cecilia Pando de Mercado volvió a la atención pública cuando, desencajada como una parca shakespeareana, amenazó de muerte a tres jueces y un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, luego de que se leyera en Corrientes la condena a distintas penas de prisión a oficiales del Ejército por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Su esposo, el ex mayor del Ejército Pedro Rafael Mercado, edita la revista B1. En su edición de junio sostuvo que el embajador en Francia Luis Ureta Sáenz Peña firmó una solicitada de “reconocimiento y solidaridad a la totalidad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales que defendieron a la Nación en la guerra desatada por la agresión subversiva y derrotaron a las organizaciones terroristas que pretendieron imponernos un régimen marxista”. Cuando la presidente CFK lo designó embajador en París, Ureta Sáenz Peña era presidente de Peugeot Argentina, la empresa en la que trabaja desde 1969 y de la que fue directivo durante los años de la dictadura. En ese periodo fueron detenidosdesaparecidos allí los obreros Enzo Fiore, Jorge Guido y Luis Pender, de quienes nada se sabe. Hace tres años fue exhumado el cadáver de su compañero Eduardo Rosen, quien estuvo detenido en un campo de concentración en Quilmes. La declaración de solidaridad con los militares bajo proceso debía publicarse el 25 de mayo de 1987, como parte de la escalada que se inició con el alzamiento carapintada del mes anterior para poner fin a los juicios y que se proponía desplazar al golpeado gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín, cuyas penurias no fueron un invento preelectoral. Una presentación que hice a la Justicia por el intento golpista frenó su publicación hasta el 20 de junio de 1989. Su título fue “Reconocimiento y Solidaridad”.


HAY 40 REPRESORES CON ORDEN DE CAPTURA QUE NO APARECEN

Buscados

La fuga de Julián Corres, que ya había estado prófugo, actualizó la problemática de los métodos utilizados para ubicar a los acusados por delitos de lesa humanidad. La unidad de búsqueda todavía no funciona.

Por Diego Martínez

“En teoría las fuerzas de seguridad y el enorme aparato de inteligencia estatal los buscan. En la práctica más de uno sonreirá, mate en mano, al leer esta nota y pensar en sus argucias cotidianas para burlar al Estado que hasta hoy, con fundamentos, consideran bobo.” El comienzo del informe especial sobre represores prófugos que PáginaI12 publicó el 11 de marzo de 2007 mantiene su vigencia intacta. Según el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado, del CELS, hay 40 prófugos en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, apenas tres menos que hace 17 meses. Teniendo en cuenta las 413 órdenes de detención, significa que uno de cada diez militares, marinos, aviadores, gendarmes, prefectos, penitenciarios, policías y colaboradores acusados por delitos de lesa humanidad logran escabullirse de la Justicia.

El principal agravante respecto de aquel momento es la existencia de un fugado: el teniente coronel Julián Corres. El 3 de abril cuando Interpol lo detuvo, con la fisonomía cambiada, el torturador de La Escuelita llevaba 18 meses escondido. El juez federal Alcindo Alvarez Canale alojó a un oficial de inteligencia en una dependencia sin las más elementales medidas de seguridad, a cargo de un comisario que va a sus cumpleaños. Recién tres meses después, tras procesarlo por 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y siete desapariciones forzadas, ordenó su traslado a Campo de Mayo y se fue de vacaciones. Durante el mes siguiente fue el Servicio Penitenciario Federal el responsable de no concretar el traslado.

La segunda diferencia es una decisión política que nunca se concretó: la creación de un organismo dedicado a buscar a los represores prófugos. El 29 de mayo la presidenta Cristina Fernández promulgó la ley 26.375 que creó una Unidad Especial con ese fin, dotada de un fondo de recompensas de cinco millones de pesos. El 27 de junio el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos fijó una serie de pautas para regular los pagos. Tras la fuga de Corres, cuando PáginaI12 recordó que la unidad no existía, el ministro Aníbal Fernández la invocó para ofrecer 150.000 pesos a quien aportara información sobre el Laucha. Pero al día de hoy, esa fue toda su actividad. Fernández explicó ayer por medio de su vocero que la demora obedece a que Jefatura de Gabinete no transfirió los fondos necesarios y anticipó que la creación se concretará en la semana próxima.

La desidia dio lugar a situaciones que, sin el trasfondo de la masacre, serían risueñas. El ex agente Raúl Guglielminetti, con orden de detención desde 2003, vivió siempre en su casaquinta La Mapuche, que todos en Mercedes conocen. Hasta agosto de 2006, cuando el juez Daniel Rafecas dio instrucciones sobre la ubicación del empresario, ninguna fuerza de seguridad lo había buscado. El teniente coronel retirado Ernesto Kishimoto llevaba un año y medio prófugo cuando entregó su DNI para el check in en el aeropuerto de Posadas. Mientras lo detenían aclaró que ignoraba el pedido de captura y que siempre vivió en un departamento de Corrientes al 4500 que figura a su nombre en la guía telefónica.

Más insólito es el caso del capitán Carlos Eduardo Domínguez Linares, próspero hacendado cordobés y ex mano derecha del gobernador de facto de Formosa, general Juan Carlos Colombo. La APDH local informó a la Justicia el domicilio y el número de celular del militar, que solía aparecer en el canal rural con bombacha y chiripá como presidente de la Confederación Gaucha Argentina. Según los querellantes, el juez federal cordobés Ricardo Bustos Fierro “transformó un pedido de captura en una averiguación de paradero” y recién un año y medio después, cuando el Consejo de la Magistratura lo convocó a dar explicaciones, ordenó su detención.

Otras detenciones sirven de contracara y sugieren que el Estado, cuando se lo propone, puede. El capitán Enrique José Del Pino, ex jefe de un grupo de tareas de El Banco y El Olimpo, fue detenido por Interpol cuando salía de un restaurante de Palermo después de un prolongado trabajo de inteligencia. Llevaba 18 meses prófugo. Su compañero de andanzas, sargento ayudante Alfredo Omar “Cacho” Feito, ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601, se burló mientras pudo: dos meses después de ser declarado en rebeldía su nombre apareció en el Boletín Oficial como socio de la sociedad anónima Poitagua. Tras el informe de PáginaI12 de marzo de 2007, el juez federal Ariel Lijo encomendó su captura al Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería. Fue detenido seis meses después, tras un trabajo de escuchas en las que se lo mencionaba como “Señor X” o “Innombrable”. También el capitán Carlos Esteban Pla, ex subjefe de policía de San Luis sindicado como asesino de Graciela Fiochetti, fue detenido en Vicente López por la división Antiterrorismo de la Policía Federal tras un año bien guardado.

La última captura destacable fue la de Corres, que además de su oficio en inteligencia disponía de todos los recursos materiales imaginables. Su padrino es el empresario Héctor Lapeyrade, un multimillonario dueño de la petrolera Chañares Herrados e íntimo de su padre, a quien prometió garantizar la buena vida de la familia. Lapeyrade admitió que le pasaba 4500 pesos al prófugo y otros 5000 a su esposa. El juez bahiense Alvarez Canale frustró la pesquisa que pudo haber derivado en su detención. En la investigación por la fuga de Corres obligó al pase a disponibilidad de dos militares en actividad: el secretario y el comandante del V Cuerpo de Ejército.

Celebridades

La causa ESMA tiene más de cincuenta represores procesados con preventiva, pero también ostenta el récord de prófugos. El más antiguo es el capitán de fragata Jorge Vildoza, ex jefe de un grupo de tareas. La justicia ya lo buscaba en 1986, junto con su esposa Ana María Grimaldos, por la apropiación de una menor. Sus buenos contactos le permiten reunirse sin mayores problemas con uno de sus hijos biológicos, titular de la firma de máquinas de juego American Data, con sede en Martínez y negocios en la Patagonia.

Rosario tiene más prófugos que procesados. La ceguera selectiva de su policía provincial es ostensible. El ex PCI del Ejército Walter Pagano fue detenido de bronca, mientras escuchaba misa, por el hijo de otro represor. El ex comisario César Luis Peralta, alias “La Pirincha”, es dueño de una flota de taxis y compartiría con sus ex camaradas negocios menos transparentes pero más rentables. La última captura, por parte de la Policía Federal, fue la del comisario inspector Carlos Alberto “Dippy” Moore. En febrero RosarioI12 publicó por primera vez una foto del prófugo Jorge Andrés Cabrera, alias Barba, uno de los más finos especialistas en torturas de la patota de Feced.

Un caso insólito es el del teniente de navío Roberto Bravo, acusado por la Masacre de Trelew. El juez Hugo Sastre ordenó su detención el 9 de febrero. Luego PáginaI12 informó que Bravo es dueño en Florida de RGB Group, que factura millones de dólares y provee servicios al Pentágono. Interpol pidió que le traduzcan acusación y pruebas, tarea que comenzó en abril. El viernes el fiscal Fernando Gélvez le pidió al juez que intime a la intérprete a terminar. Bravo ya tuvo siete meses para esconderse.

La lista de prófugos que Aníbal Fernández debería poner a disposición de la justicia incluye varias celebridades. El mayor Jorge Antonio Olivera viajó a Italia para defender a Carlos Suárez Mason pero quedó detenido por la desaparición de Marie Anne Erize. Recuperó su libertad con ayuda de inteligencia del Ejército, que faxeó a Italia un documento falso. El coronel Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V, fue hasta 2000 titular de la empresa de seguridad Alsina SRL. Felipe Romeo dirigió el pasquín El Caudillo, vocero de la Triple A.

Los cuarenta prófugos

Capital. Juez Sergio Torres. Causas ESMA-Walsh (7) - Díaz Smith, Jorge Manuel,Prefectura *(también en causa por apropiación de menores, por orden de la jueza Servini de Cubría).- González, Roberto Oscar, Policía Federal. - Linares, Juan Carlos, Policía Federal - Pittana, Claudio, Policía Federal. - Salvia, Pedro Norberto, Policía Federal. - Sánchez, Gonzalo, Prefectura. - Vildoza, Jorge Armada *(también en causa por apropiación de menores, por orden de la jueza Servini de Cubría). Rosario. Juez Marcelo Bailaque. Causa Feced (4). - Altamirano, Carlos Ulpiano, Policía de Santa Fe. - Moore Basini, Carlos, Policía de Santa Fe. - Peralta, César, Policía de Santa Fe.- Revechi, Eduardo, PCI del Ejército.

Rosario. Juez Marcelo Bailaque. Causa Quinta de Funes (4) - Cabrera, Jorge Andrés, Ejército. - Gertrudis, Héctor, Gendarmería. - Isach, Carlos, PCI del Ejército. - Scilabra, Francisco, Policía de Santa Fe.

Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Cuerpo I (4) - Baraldini, Luis Enrique, Ejército. - Cendón, Néstor Roberto, SPF. - Cruz, Eduardo Angel, Policía Federal. - Godoy, Pedro Santiago, Gendarmería.

Bahía Blanca. Juez federal Alcindo Alvarez Canale. Causa Cuerpo V (2) - Alvarez, Aldo Mario, Ejército. - Corres, Julián Oscar, Ejército.

La Plata. Juez federal Manuel Blanco. Causa Unidad 9 (2) - García, Jorge Luis, SPB. - Guerrero, Pedro César, SPB.

Neuquén. Juez federal Guillermo Labate. Causa La Escuelita (2) - Di Pasquale, Jorge Héctor, Ejército. - Mendoza, Héctor, Policía de Neuquén.

San Juan. Juez Leopoldo Rago Gallo. Causas Marie Anne Erize y Margarita Camus (2) - Vic, Eduardo Daniel, Ejército. - Olivera, Jorge Antonio, Ejército.

Capital. Jueza federal María Servini de Cubría. Causa por apropiación de menores (2) - Grimaldos de Vildoza, Ana María, Civil * (Esposa de Jorge Vildoza, prófugo también en causa ESMA)

Capital. Juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Causa por apropiación de menores (1) - Vázquez Sarmiento, Juan Carlos, Fuerza Aérea

Capital Juez federal Norberto Oyarbide. Causa Triple A (1) - Romeo, Felipe, Civil

Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Masacre de Fátima (1) - Martínez, Luis Alberto, Policía Federal

Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Hospital Posadas (1) - Cocteleza, Juan Máximo, Civil.

Chaco. Juez federal Carlos Skidelsky. Causa Masacre de Margarita Belén (1) - Tozzo, Norberto Raúl, Ejército.

Córdoba. Jueza federal Cristina Garzón de Lascano. Causa Comando Libertadores de América (1) - Antón, Herminio Jesús, Policía de Córdoba.

Corrientes. Juez federal Carlos Soto Dávila. Causa Panetta (1) - Cao, Leopoldo Norberto, Ejército.

Formosa. Juez federal Marcos Bruno Quinteros. Causa Carrillo (1) - Domato, Horacio Rafael, Gendarmería.

La Plata. Juez federal Arnaldo Corazza. Causa Raffo (1) - Vidal, Jorge Héctor, Policía de la provincia.

Rawson. Juez federal Hugo Sastre. Causa Masacre de Trelew (1) - Bravo, Roberto Guillermo, Armada.

Salta. Juez federal Abel Cornejo. Causa Masacre de Palomitas (1) - Arrechea Andrade, Antonio, Ejército.

Tucumán. Juez federal Daniel Bejas. Causa Vargas Aignasse (1) - Villegas, Norberto Ricardo, Ejército.


Avances en Rosario

Tres causas emblemáticas del terrorismo de Estado en Rosario serán elevadas a juicio oral y público. Así lo requirió esta semana el fiscal federal Ricardo Vázquez. Se trata de los expedientes Feced, Fábrica Militar de Armas y la segunda parte de la causa Quinta de Funes. El principal imputado es el general retirado general Díaz Bessone, secundado por otros emblemas de la represión local como José Rubén “El Ciego” Lo Fiego o Mario “El Cura” Marcote. El martes fue detenido en la capital provincial el teniente coronel retirado Héctor Marino González, por su participación en los centros clandestinos Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu y Quinta de Funes. El ex militar ya fue indagado y trasladado al penal de Marcos Paz. Otro represor, Eduardo “Tucu” Costanzo, lo sindicó como la persona que dirigió los “vuelos de la muerte” en los que se habrían arrojado los cuerpos de los militantes asesinados.


MARTA RONDOLETTO, DE FAMILIARES DE DESAPARECIDOS DE TUCUMAN

“Bussi confirmó todo con una impudicia total”

Impresiones sobre la declaración del dictador y sobre la sociedad tucumana, que lo votó como su gobernador, frente al juicio. “Se autocompadece cuando habla de sí y es cruel con los otros”.

Por Laura Vales

Desde Tucumán

En esta misma casa, en noviembre de 1976 un grupo de tareas secuestró a seis integrantes de la familia Rondoletto: los padres, Pedro y María, los hijos, Silvia y Jorge, y Azucena, la mujer de Jorge, que estaba embarazada de cinco meses. Marta Rondoletto fue la única que se salvó; tenía 28 años, era dirigente del gremio de prensa. Los vecinos le contaron que los represores habían llegado buscándola. Marta es integrante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán, y desde 1984 ha trabajado en la recolección de pruebas sobre la represión y su responsable en la provincia, Antonio Domingo Bussi. Escuchar la declaración que el viernes hizo en el juicio oral, dice, “fue escuchar de boca de un genocida todo eso que tuvimos que ir armando durante años con los relatos de los sobrevivientes, con la documentación escrita de los propios militares y literatura sobre las prácticas de represión en otros países. Confirmó con una impudicia total eso que habíamos ido armando como un rompecabezas”.

–¿Fue importante su declaración desde el punto vista legal?

–Absolutamente, porque ya no somos nosotros los que estamos aportando, “esto es lo que dice fulanito”, “esto lo reconstruimos por el sobreviviente tal o porque otro recuerda”... todos los requerimientos legales contra él han sido construidos sumando montones de citas, citas de teóricos del derecho militar, lleno de citas teóricas.

–Y ahora dijo “lo hice así”.

–Y además dijo “yo tenía la suma del poder”. A eso se agrega lo de (Luciano Benjamín) Menéndez: “asumo todo lo que hicieron mis subordinados”, entre los que está incluido, por supuesto, Bussi.

–¿Bussi aportó algún dato que ustedes no conocieran?

–Me llamó la atención lo que dijo al referirse a la gente que secuestraron el 24 de marzo: “Yo tenía la lista desde febrero de a quiénes teníamos que detener y cómo detenerlos”. Bussi nos detalló hasta qué punto hubo una planificación. Se demuestra además que el Operativo Independencia sirvió como un ensayo para esta planificación que hicieron en el golpe. Otra cosa que sabíamos es cómo uno de los objetivos era denigrar a la persona, convertirla en nada. Y si hubo algo impactante en la audiencia fue que ésa fue la estrategia que él desplegó al hablar de su víctima, (Guillermo) Vargas Aignasse. La forma en que dijo “Vargas Aignasss”, como lo pronuncia él, “era un perejil y un buchón, y tooodos en (la cárcel de) Villa Urquiza lo sabían”... Vimos cómo funcionaba esa cosa clave de la represión, porque él estaba categorizando a Vargas Aignasse, pero también estaba hablándoles a sus familiares, que estaban en la sala. Eso nos mostró una característica clave de la represión, la forma en que eran conducidas y tratadas las víctimas y sus familias.

–¿Cómo es el clima social en Tucumán? Da la impresión de que todos tienen una víctima cecercana, pero que todos tienen también cerca a un represor.

–Sí... no sé si un represor activo, pero sí en las familias están las dos cuestiones, sobre todo acá en la capital. Si no son represores, son personas que desde el punto de vista ideológico están de acuerdo con Bussi. Y no es que coinciden con los militares: coinciden con Bussi, y el juicio lo ha exacerbado. Ha vuelto a aparecer, circula por la calle, habla y se ve.

–¿Un gusto por las jerarquías?

–Sobre todo por el orden que se supone él impone; muchos lo siguen viendo como el único que va a castigar a los corruptos. Y si bien es cierto que en la primera elección en la que se presenta consigue 90 mil votos, va aumentando hasta llegar a los 250 mil que lo hacen gobernador, y después baja a 90 mil, es todo un dato que sus hijos en las últimas elecciones hayan sacaron 31 mil votos.

–¿Esto explica que recién ahora se lo esté juzgando, y por un solo caso?

–Es un problema generalizado de la Justicia, que necesita hacerse cargo de que aquí hay un paradigma teórico y jurídico que habla de otro tipo de delito. Para que se pruebe el delito se necesita que el tipo diga “yo confieso, yo lo hice” y ponga la firma o alguien diga “yo lo vi”. Pero estamos ante delitos mucho más complejos, delitos para los que no tenemos cuerpos. Por otra parte, a veces hasta los empleados de los juzgados apañan las conductas de los represores, y eso se manifiesta en el cajoneo de expedientes y en la lentitud con que se mueven. No es problema del secretario del juzgado, es problema del pinche. Hemos denunciado a empleados de un juzgado que van a tomar café llevando un expediente contra Bussi con sus abogados, a la vista de todos.

–¿Qué pensó cuando Bussi se puso a llorar?

–Ahhh... ¡otra vez llorando! Ya lloró cuando le hicieron el juicio por las cuentas suizas. Dijo “ni acepto ni niego” tenerlas. ¡Y lloraba! De la misma manera que ahora, pero en un contexto más grotesco, porque ahora se juzgaba una desaparición. Y además, con esa combinación de autocompasión cuando hablaba de sí y crueldad cuando hablaba de los otros.

–¿Cuáles son los próximos juicios contra Bussi?

–El que está más cerca es el fusilamiento de cuatro militantes de Montoneros, y tal vez a fines de este año esté terminada la megacausa de Arsenales (que funcionó no sólo como un centro de detención sino también de exterminio). El expediente agrupa 80 casos, y entre ellos está la desaparición de mis familiares.

–¿Cree que lo van a poder juzgar en sus condiciones de salud?

–Ese va a ser el escollo más concreto que vamos a tener que seguir superando, con hechos reales o no, porque tiene 82 años. Ahora, si sigue con la lucidez que demostró al declarar, no hay razón para que los juicios no continúen.

–¿Qué pasa con los represores que estaban por debajo de él?

–Hay pocos detenidos. Sabemos de algunos que, con pedido de captura, van a cobrar la pensión.


EL PAIS › OPINION

Todas las acusaciones son ciertas


Por Eduardo Luis Duhalde *

En la audiencia del viernes pasado ante el tribunal que lo juzga, Antonio Bussi reivindicó con orgullo su acción durante la dictadura, en la que escribió las páginas más negras y sangrientas de la historia tucumana. Pero fue más allá de eso, y de llorar acongojado por la pérdida del poder que detentó durante largo tiempo. En lo que se supone que es su defensa –una baladronada del ex dueño de vidas y muertes– hizo una serie de afirmaciones que es bueno subrayar. Sus dichos prueban, una vez más, que todo, absolutamente todo lo que durante treinta años dijeron las víctimas sobrevivientes, los familiares y los organismos de derechos humanos sobre el terrorismo de Estado en el país, es absolutamente cierto. El Hitler de Yerba Buena aportó fuertes elementos corroborantes, no porque no se supieran, sino por provenir de la propia boca de uno de los grandes criminales. Reconoció así:

1. Que la represión ilegal era sistemática, que funcionaba a través de los mandos jerárquicos, que el horror no era improvisado. Así, dijo que en el caso de Vargas Aignasse recibió del III Cuerpo de Ejército la orden “pormenorizada en su más mínimos detalles, y que no daba lugar a ningún tipo de excepciones, sobre la forma en que debía procederse”. Claro está que esto no lo exime de su propia responsabilidad criminal.

2. Que en su supuesta “guerra” no regía ningún tipo de legalidad, ni siquiera la del derecho internacional humanitario, aplicable en guerras verdaderas. Alegó que durante esos años “no había tiempo para cumplir con los requisitos legales”. “En la guerra no hay allanamientos, ni tampoco órdenes previas. Hay golpes de mano sobre supuestas trincheras o guaridas de subversivos descubiertas como pretendidos domicilios particulares.” “Si se detectaba en la calle a alguien que tenía conocimiento de algo, se lo capturaba –no se lo detenía– sin orden judicial, porque era un estado de guerra completo, total.”

3. Que existieron centenares de centros clandestinos de detención y exterminio: “Había cientos de centros; operaban más de 20 en Tucumán y cada fuerza de tarea montaba su propio lugar de detención de personas para la simple identificación de los antecedentes de las personas sospechosas o sorprendidas en su colaboración con el accionar subversivo”, aseveró el represor. El Archivo Nacional de la Memora tiene detectados más de 530 en todo el país y alrededor de 35 en Tucumán. Bussi lo corrobora.

4. La tortura y los tratos crueles y aberrantes de los hombres y mujeres que cayeron en sus garras las admitió elípticamente: explicó en relación con los centros de detención que “equipos especiales, remitidos periódicamente por el comandante en jefe del Ejército, hacían los interrogatorios de práctica”.

5. Con su lenguaje cuartelero, confesó el asesinato de los prisioneros al señalar que “la figura del desaparecido es un arbitrio del accionar psicológico de la subversión para disimular sus bajas en combate”. El silogismo es casi perfecto. Si él dice que estaba en guerra y que era legítimo capturar a sus futuras víctimas al margen de la ley, a sus asesinatos –muchos con su propia mano aplicando la pistola en la nuca de prisioneros maniatados– los denomina “bajas en combate”. Pero por sobre su conceptualización hipócrita, emerge el horror de la muerte como resultado querido, fría y alevosamente provocado.

6. Admitió, a pregunta del fiscal, que “las fuerzas rotaban cada 45 días y operaban en distintos lugares utilizando diferentes infraestructuras, generalmente públicas (comisarías, escuelas, etcétera), para la interrogación previa de personas detenidas”. El sistema de “rotativos” es el que involucró a la mayoría de los oficiales de las tres FF.AA. en crímenes y torturas. El pacto de silencio de hoy se basa en el pacto de sangre de ayer.

Seguramente un análisis más decantado encontrará otros aspectos que subrayar de los dichos de este criminal, que montó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en las puertas de la ciudad de Tucumán, una réplica con ribetes escenográficos de los campos de concentración nazi, con doble alambrado con un espacio al medio con guardias y perros adiestrados para matar, con torretas de vigilancia, salas de tortura y barracones para hacinar a los prisioneros en condiciones infrahumanas.

* Secretario de Derechos Humanos de la Nación.

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