viernes, 1 de agosto de 2008



El país / Edición Impresa www.criticadigital.com.ar
Martina Noailles

Detenido en el penal de Marcos Paz el Angel Rubio de la ESMA pidió un exámen médico y su traslado a prisión domiciliaria o militar. Lo mismo hizo Ricardo Cavallo. La Procuración envió médicos. Un trámite excepcional.

En un trámite tan rápido como excepcional, la Procuración Penitenciaria Federal accedió a un pedido de Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y otros detenidos por delitos de lesa humanidad y envió a médicos del organismo a examinarlos a la cárcel de Marcos Paz. La intención de los ex militares es que los trasladen a unidades castrenses o a prisión domiciliaria por razones de salud. El informe de la Procuración podría ser una de las cartas a favor de sus reclamos.

A punto de abandonar su cargo después de nueve años de gestión, el procurador Francisco Mugnolo recibió en su despacho a tres militares en actividad. La reunión, fuera de la agenda oficial, se realizó hace dos semanas a pedido de Juan Carlos Mugnolo, hermano del procurador y ex jefe del Estado Mayor Conjunto. Otro de los que habría colaborado en la gestión del encuentro fue el vicealmirante Basilio Pertiné, cuñado del ex presidente Fernando De la Rúa.

En la reunión, los militares transmitieron un mensaje de parte de una decena de ex miembros de la Armada en el que le expresaban a Mugnolo su preocupación por dos cuestiones: los años que llevan de prisión preventiva, es decir, sin condena, y las malas condiciones de salud y detención.

El pedido concreto era que miembros de la Procuración los entrevisten y examinen, y fue firmado por los represores de la ESMA Astiz, Cavallo, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Adolfo Miguel Donda y Rogelio Martínez Pizarro, entre otros.

En la presentación, el abogado de la mayoría de ellos, Alfredo Solari, denunció supuestas violaciones a los derechos de sus defendidos. "La cárcel es sucia, falta comida, no tienen internet y el camino que lleva al penal está en malas condiciones", fueron algunos de los reclamos del abogado que firmó su escrito como "defensor de militares perseguidos políticos y prisioneros de guerra".

Además de esta denuncia, Mugnolo recibió otra de parte de Gabriela Carballo, esposa del ex jefe de la Policía bonaerense durante la dictadura, Miguel Etchecolatz. La mujer denunció que a su marido, que está en Marcos Paz cumpliendo la pena de cadena perpetua, "se le niega la prisión domiciliaria" y que "en el hospital Vélez Sarsfield le dijeron asesino".

A pocos días de recibir las denuncias, con una celeridad poco habitual, el procurador envió a dos médicos y dos abogados al "pabellón de lesa" del penal para que controle las condiciones de salud de los represores.

Apenas se enteraron de la visita médica, abogados querellantes en causas por violación a los derechos humanos difundieron un comunicado en el que señalaron que "la Procuración debe velar por los derechos de las personas privadas de la libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal", por lo cual cualquier acción "tendiente a otorgar privilegios, dar intervención al ámbito militar o burlar las medidas ordenadas por jueces civiles en el marco de estas causas burlaría los objetivos para los que fue creada".

Si bien el informe de los profesionales no es vinculante, es un documento que tiene el suficiente prestigio para que un abogado se lo presente al juez de Ejecución y pida "cuidados especiales" para su defendido. Es decir, tiene un peso mayor que el de un perito de parte.

El pedido sucede en momentos en que la Justicia acaba de enviar a cárcel común a ocho represores, entre ellos al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, en la búsqueda de dejar el penal de Marcos Paz y volver a unidades militares, donde estaban alojados antes del envenenamiento del ex prefecto Héctor Febres.

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Buenos oficios a los camaradas

El guiño para que el procurador penitenciario atienda el reclamo de los represores provino de dos militares retirados: el vicealmirante Basilio Pertiné y el teniente general Juan Carlos Mugnolo.

Según una denuncia realizada por el periodista Juan Salinas, Pertiné –hermano de Inés, esposa de Fernando de la Rúa– piloteó un avión de la Armada que participó en 1977 de los vuelos de la muerte, como se llamaba al lanzamiento de detenidos vivos al mar.

Mugnolo, en tanto, fue jefe del Estado Mayor Conjunto durante la gestión de De la Rúa. Semanas atrás, se lo vio reunido con el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena, junto a quien había impulsado un proyecto para unir las carteras de Seguridad y Defensa y habilitar a las Fuerzas Armadas a la represión del delito.







Viernes, 1 de Agosto de 2008
LA CAUSA POR LA FUGA DEL REPRESOR JULIAN CORRES SE COMPLICA CON LA LLEGADA DEL JUEZ ALCINDO ALVAREZ CANALE

Con una pequeña ayuda de mis amigos

Pidieron la recusación del juez por su relación con el jefe de la Federal en Bahía Blanca, quien, como adelantó Página/12, quedó detenido el miércoles, junto a su segundo. Investigan la complicidad de dos militares, uno retirado y otro en actividad.

Por Diego Martínez
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El juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale.

Las esperanzas de las autoridades judiciales y policiales de avanzar en la cadena de complicidades que permitieron la fuga del represor Julián Corres se hicieron trizas con el retorno, a Bahía Blanca y a la causa, del juez federal Alcindo Alvarez Canale. A la mañana, mientras en la calle trescientas personas le reprochaban no haber garantizado el traslado del torturador a la cárcel antes de irse de vacaciones, el magistrado transparentó involuntariamente su relación con los ex jefes de la Policía Federal sospechados de facilitar la fuga. Los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron la recusación del juez por su íntima amistad con el comisario Gustavo Ariel Scelsi, que incluía comilonas hogareñas y a quien hoy a las nueve debería indagar junto al subcomisario Marcelo Alejandro Voros. Se trata del jefe y subjefe de la delegación local de la Policía Federal que, tal como adelantó ayer PáginaI12, fueron detenidos el miércoles.

Alvarez Canale, que luce en su despacho un retrato del general Julio Roca dedicado por "amigos del Cuerpo V", tenía previsto volver de sus vacaciones a mediados de agosto. El miércoles a la noche invocó "la responsabilidad que me cabe" para reasumir su competencia. Su primera medida fue citar como testigos a tres de las personas que el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, los fiscales y sus auxiliares de la Policía de Seguridad Aeroportuaria investigaban por su relación con Corres. La medida desbarató el trabajo de inteligencia que hubiera posibilitado acceder a una cadena de vínculos y complicidades.

Uno de los citados es Héctor Basilio Lapeirade, ex ejecutivo de YPF y directivo de la firma Chañares Herrados SA, la petrolera donde Corres trabajó durante el año y medio que estuvo prófugo y donde presta servicios el represor Luis Alfredo Zarattini. Corres salía de las oficinas de esa firma cuando Interpol lo capturó, en abril. Alvarez Canale no asentó que conoció a Lapeirade cuando se desempeñó como juez en Caleta Olivia, entre 1972 y 1984.

Los otros dos potenciales imputados que gracias al juez se convertirán en simples testigos son el teniente coronel Roque Jorge Cocco y el coronel retirado Rubén Darío Villano, ambos integrantes de la Jefatura II de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, el mismo destino de Corres cuando cometió los secuestros, torturas y asesinatos por las cuales lo procesó la Justicia. Ambos militares visitaban a Corres en su alojamiento VIP. Cocco suele participar de actos oficiales con autoridades que la prensa tradicional denomina "fuerzas vivas", incluido juez, comisario y obispo, y fue quien asistió con camas, colchones, mantas y comida a los represores bahienses. El jefe de inteligencia del Ejército de quien dependen es el general César Milani. Una alta fuente de Defensa informó que la ministra Nilda Garré solicitó ayer al jefe del Ejército, general Roberto Bendini, y al del Cuerpo V, general Oscar Roberto Gómez, "que analicen y deslinden responsabilidades sobre la fuga de Corres".

Mientras en la vereda una multitud escuchaba a la diputada Victoria Donda y al secretario de la APDH local, Eduardo Hidalgo, Alvarez Canale declaró ante un periodista de labrujula.net que se enteró de la fuga a las ocho de la mañana y de inmediato ordenó un corte de rutas. Según el relato de quienes debían custodiar a Corres, se percataron de su ausencia a las 8.45. Es decir que el juez, de vacaciones, se enteró 45 minutos antes y ordenó, todo indica que a su amigo el comisario Scelsi, cortar algunas rutas.

El juez también dijo que el 6 de junio ordenó trasladar a Corres a Campo de Mayo. No es cierto. Aquel día dispuso que "oportunamente" lo lleven al penal de Marcos Paz. Recién después preguntó si había cupo. El 18 le respondieron que sí y el 25, por razones desconocidas, ordenó que lo llevaran... a Campo de Mayo. "La responsabilidad es del Servicio Penitenciario Federal. Yo no lo podía llevar", ironizó ayer. El director del SPF, Alejandro Marambio, informó que el traslado de Corres se frustró en dos oportunidades, el 11 y el 18 de julio, por "excesos de movimientos internos". Aún no dio explicaciones.

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Declaran ex empleados de La Veloz del Norte que fueron torturados
Entre hoy y mañana están convocados a prestar declaración testimonial, en el Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad, cuatro ex empleados de la empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte.

Miguel Medina.
Otros dos que residen en el departamento San Martín deberán declarar en el Juzgado Federal de Orán. Todos fueron detenidos y torturados durante la dictadura.
Se trata de Manuel Eugenio Modad, Carlos Lídoro Aponte, Juan Alberto Alonso, Rubén Héctor Vhr, Norberto Justiniano y Jorge Arturo Romero. Los dos últimos declararán en Orán. Modad y Aponte deberán presentarse hoy, mientras que los testimonios de Alonso y Vhr están previstos para mañana.

Estos testimonios son derivados de los dichos de Víctor Manuel Cobos, hermano del adolescente Martín Miguel Cobos, quien fue asesinado por un grupo de tareas el 25 de septiembre de 1976.
En abril pasado Víctor Cobos aseguró que él y otros delegados gremiales sufrieron persecución durante la dictadura, fueron detenidos y torturados. Acusó por estos hechos al ex subcomisario Víctor Hugo Bocos, de quien dijo que se manejaba como si fuera el dueño de la empresa con el consentimiento del propietario, Marcos Levín.

Además de estos testimonios, el juez Miguel Medina dispuso que mañana, a partir de las 9, se hará una inspección en una vivienda de General Güemes 1979. Es la casa paterna de Martín Cobos, donde él y su familia fueron atacados la noche del 25 de septiembre de 1976, cuando los represores buscaban a un hermano mayor, Enrique Cobos.

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Red de Noticias Derechos Humanos. NUEVODIARIODESALTA


ENCUENTRAN DOS NUEVOS NIETOS

Estela Carlotto realizó el anuncio oficial acompañada por Verónica Castelli, hermana de la nieta recuperada. (Télam)


La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo identificó dos nuevos hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar, con lo cual ahora suman 92 los nietos restituidos por la entidad de derechos humanos.

"Comunicamos felizmente que gracias a la lucha sostenida durante 30 años otros dos hijos de desaparecidos han recuperado su identidad", señaló la titular de la entidad, Estela de Carlotto, durante un conferencia de prensa que compartió en la sede de su organización con el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde y la hermana de las nieta recuperada, Verónica Castelli.

Según los estudios de ADN, en ambos casos la compatibilidad familiar resultó del 99,9%, detalló el comunicado.

"Esto es doblemente emocionante porque los que impulsaron esta búsqueda incansable fueron dos hermanos (de los nietos recuperados) que buscan desde su corazón", dijo la responsable de Abuelas.

Las personas halladas son la hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, ambos desaparecidos en distintos operativos el 28 de febrero de 1977; y el hijo de María Lourdes Martínez Aranda y Francisco Goya, secuestrados entre abril y julio de 1980.

El 28 de mayo la entidad había informando sobre la restitución de la identidad de Laura Díaz, otra hija de desaparecidos, que se convirtió en la nieta recuperada número 90. Díaz es hija de Silvia Dameri y Orlando Ruiz, ambos desaparecidos, y su apropiador fue el ex prefecto Antonio Azic.

Verónica Castelli consideró que "está bien que ellos (los nietos recuperados) no quieran hablar porque lo que les está pasando pertenece a sus vidas privadas".

"Por primera vez en mi vida me siento plena, no tengo palabras para explicar mi felicidad", relató Castelli visiblemente emocionada. Antes de cederle la palabra al secretario de Derechos Humanos, remarcó: "Siempre supe que a mi hermano lo iba a encontrar buscándolos a todos. Hasta que no aparezcan todos los hermanos de mis compañeros, la búsqueda no termina".

Verónica no conoció a sus abuelos y tenía cuatro años cuando sus padres fueron secuestrados; su mamá estaba embarazada de seis meses y medio y esperaba a la beba con la que ahora se pudo reencontrar.

La pequeña fue criada por un tío, hermano de su padre, que no compartía las ideas por las que ambos fueron secuestrados. "Eso era un tema tabú. Yo me enteré años después (de que habían sido secuestrados) y bueno, después me fui. Pero siempre supe mi nombre y apellido", señaló Verónica al dar cuenta en pocas palabras de su historia.

La joven investigó la historia de su madre hasta que la vieron en Campo de Mayo, pero a partir de ese momento derivó el tema a otros de sus compañeros porque no podía manejar el problema de pensar que alguien podía ser su hermana e intentar establecer un vínculo emocional para esperarla a que se hiciera un análisis.

Para Duhalde, "todo el mérito es de ellos por la búsqueda obsesionada. Este goteo va a derribar el muro de la impunidad, de la mentira, de la apropiación va a dar resultado y se va a alcanzar el centenar de nietos recuperados".

TROTTA-CASTELLI. "La Petisa" o "Tere", como la llamaban sus amigos a María Teresa Trotta, y "Beto" o "Cabezón", como le decían a Roberto Castelli, militaban en la organización Montoneros y fueron secuestrados el 28 de febrero de 1977, en San Antonio de Padua y Merlo, respectivamente, según informa Abuelas.

Sobrevivientes del terrorismo de Estado aseguraron haber visto a la pareja en el centro clandestino de detención "Sheraton" y "El Vesubio". El rastro de su hija se perdió cuando "La Petisa" fue llevada al sector de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde dio a luz.

La desaparición del bebé fue denunciada ante la Justicia en 1983. El viernes pasado, después de 25 años, su hermana Verónica-militante de H.I.J.O.S y Abuelas-, y el resto de sus familiares se enteraron que la hija del matrimonio Trotta- Castelli fue entregada en adopción a través del Movimiento Familiar Cristiano "sin investigar el paradero de sus familias", subrayó el comunicado.

GOYA-MARTÍNEZ ARANDA. El chaqueño Francisco "El Loco" o "El Gordo" Goya fue militante en el Movimiento Nacionalista Tacuara, en la Juventud Peronista y en la organización Montoneros. Durante su exilio en México, conoció a María Lourdes "Lupita" Martínez Aranda, quien militaba en el Partido Comunista de México. En marzo de 1979 la pareja se fue a España y el 31 de julio del mismo año nació su hijo, Jorge Guillermo.

Los tres fueron secuestrados entre abril y julio de 1980 en Mendoza cuando la pareja regresó al país en la llamada de la Contraofensiva. Se sospecha, que permanecieron detenidos en el centro clandestino "Cuevas". Con el dato de un arrepentido, sus familiares y Abuelas pudieron ubicar al hijo de ambos el pasado martes 29 de julio.

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Red de Noticias Derechos Humanos





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Abuelas acusó al Movimiento Familiar Cristiano de ser un vehículo para adoptar hijos de desaparecidos nacidos en Campo de Mayo.

Luciana Geuna
31.07.2008

Abuelas. Son querellantes en la causa que investiga los nacimientos producido en la maternidad de Campo de Mayo.

El camino recorrido hasta la puerta del Movimiento Familiar Cristiano había sido largo. Cuando las enviadas del juez Jorge Ballestero golpearon la puerta de esa oficina avalada por el Episcopado, no imaginaban que del otro lado las esperaba la confirmación de lo que venían investigando desde hace años: durante la dictadura, el MFC –de relación directa con la Iglesia- fue uno de los vehículo utilizado para lograr adopciones de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio.

El asunto fue recordado ayer por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien ya se había presentado como querellante.

La causa 9201 comenzó en 1999, cuando la Asociación Francesa contra la Tortura (ACAT) pidió que se investigue la desaparición de María Cristina Cornou, una joven parisina secuestrada y desaparecida en la Argentina junto a su marido, Nicolás Grandi. Al desaparecer, en junio de 1976, Cristina Cornou estaba embarazada de cuatro meses. La búsqueda de su cuerpo y de su historia derivaron en un expediente que investriga el destino de al menos 20 bebés nacidos en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo, el último lugar donde vieron con vida a Cristina con su panza.

En ese mismo centro, también embarazadas, estuvieron María Teresa Trotta y Graciela Pasatir. Sus casos se sumaron a este expediente, que comenzó hace nueve años y que el viernes descubrió el ADN de Trotta en una chica de treinta y un años que resultó ser la bebé nacida en cautiverio que sus familiares buscaban desde la desaparición de su madre.

Esta historia "saltó" al ser descubiertas varias partidas de nacimiento en el hospital que funcionaba en Campo de Mayo. Informes del Centro de Estudios e Investigaciones Históricas y Sociales y de médicos que prestaron servicio en ese hospital durante la dictadura, son parte del rompecabezas de este expediente que ya tiene la certeza de que allí nacieron bebés de madres que desaparecieron, y que allí también se inscribieron como hijos propios de mujeres que nunca habían estado embarazadas.

De estos testimonios, especialmente de un civil que trabajaba en Campo de Mayo, llegaron a la otra historia, la que está escrita en la vida de la nueva nieta recuperada. En los registros de adopciones de la Secretaría del Menor aparecieron escondidos entre archivos polvorientos, decenas de fichas de adopciones favorecidas por el Movimiento Familiar Cristiano, que entonces tenía un convenio con la Secretaría del Menor. En aquellos años "la señora Link" –ya fallecida– recibía a los adoptantes y a los adoptados, y era ella quien escribía y firmaba las fichas con los datos de ingresos de los bebés y los datos de la familia que los llevaría para su casa.

Así, el día que las enviadas del juzgado Nº 3 golpearon las puertas de las oficinas, a fines de 2006, encontraron varias fichas de chicos que eran inscriptos con un nombre inventado en los hospitales, y que luego resultaban ser de una persona distinta. El primer caso que reveló todo este entramado que permitía "el blanqueo" de bebés nacidos en cautiverio se confirmó hace exactamente un año, cuando las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación de la hija de Rosa Luján Taranto y Horacio Antonio Altamiranda, una pareja de militantes del ERP secuestrados y desaparecidos en mayo de 1977 en Florencio Varela. Belén, así se llama la joven, nació en los primeros días de agosto de 1977 en la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Tres meses después, el Movimiento Familiar Cristiano la entregó en adopción a una familia con la que vivió en Buenos Aires y en Córdoba. El camino que va desde el centro de detención hasta el Movimiento Familiar Cristiano es la obsesión de este expediente que tiene en su poder las fichas de por lo menos seis chicos que durante esos años fueron inscriptos con antecedentes que no registraban datos de origen. Nada. Chicos sin madre. Sin identidad.

Los sospechosos de siempre

Todavía hoy puede consultarse el servicio de adopción en la página web del Movimiento Familiar Cristiano (MFC). En rigor, hoy esta institución sólo ofrece charlas de asesoramiento y apoyo para el trámite que requiere adoptar un hijo. No hay ninguna referencia a los años en que – a partir de un convenio con el Estado– realizaban el trámite completo. Tampoco hay referencias sobre la causa judicial que investiga su desempeño durante la dictadura. El MFC –según la información oficial– se dedica desde hace 60 años "a conocer, vivir y difundir los valores naturales y sobrenaturales del matrimonio y la familia cristianos, a la defensa de la unidad indisoluble del matrimonio y a la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural".

Los primeros pasos de esta institución los dio un grupo de matrimonios que comenzó a reunirse en 1948 en la Parroquia San Martín de Tours, en Buenos Aires. "El 25 de noviembre de ese año se realizó la primera reunión, precursora de este movimiento. Concurrieron a ella 44 matrimonios que salieron presintiendo el nacimiento de un instrumento más de la Iglesia, que encauzaría el cumplimiento del mandato de Jesús por el ancho canal del matrimonio y la familia", explica la "breve historia" del movimiento en su página web. El acercamiento de otros grupos de matrimonios del interior del país llevó a que, el 17 de diciembre de 1959, el Episcopado argentino les apruebe los estatutos como institución de laicos católicos. Desde entonces, el MFC se amplió a 19 países latinoamericanos.
Red de Noticias de Derechos Humanos


CAUSA R I 9 CORRIENTES

Dr. Domínguez Henaín

En el inicio de las réplicas de la Causa "Nicolaides Cristino, Demarchi Juan Carlos, Barreiro Rafael Julio Manuel, Losito Horacio, Píriz Roberto, Reynoso Raúl Alfredo p/sup. Asociación ilícita agravada en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso funcional, aplicación de severidades, vejaciones, apremios ilegales y aplicación de tormentos" conocida como Causa RI9, el Dr. Domínguez Henaín mostró sus dotes de excepcional penalista y refutó los conceptos de los abogados defensores. No hubo Powerpoints ni pantallas gigantes como con la defensa, pero la sala se iluminó de conocimiento real de las cuestiones penales y de procedimiento.
"Le voy a dedicar dos minutos al 'contexto histórico' del Dr. San Emeterio", dijo, "sencillamente porque no tiene ninguna relevancia en los hechos que se juzgan". "Solo quiero explicar porqué en nuestro caso era necesario, y es que es vital para alegar la imprescriptibilidad de los hechos, saber en qué contexto se produjeron y acreditar que se tratan de delitos de lesa humanidad, de allí lo relevante del marco histórico" agregó, "pero en el caso de la defensa el único objetivo sería que se juzguen los hechos como crímenes de guerra, pero eso no sería precisamente beneficioso para los imputados."
Domínguez Henaín cumplió su promesa, lo expuesto insumió dos minutos, segundos mas...segundos menos.

Las cuestiones estrictamente jurídicas

Comienza luego Domínguez Henaín, con las cuestiones que sí considera contestables, aunque confiesa que no le resulta fácil porque las aseveraciones de Buompadre (defensor de De Marchi y Barreiro) son auto contradictorias.
Defiende la acusación alternativa y menciona como ejemplo el Caso "María Soledad" de Catamarca, y cita a tal fin lo que refiere Julio Maier en "Acusación alternativa o subsidiaria", publicado en el número 5 de "Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal", Año III, Nºs. 4 y 5, Editorial Ad-Hoc, páginas 621 y siguiente. Maier, luego de resaltar que "es una exageración -y también un error- la exigencia de los Tribunales de que la acusación coincida con -sea correlativa a- el auto de procesamiento (pág.624 de la referida obra)", agregando que la acusación (requerimiento de remisión a juicio) no debe, necesariamente, coincidir con el procesamiento en cuanto al hecho que describe: puede agregarle o quitarle elementos, o incluso, puede apartarse considerablemente de él, por descripción de un hecho distinto..."(pág. 625)".

Duro contra Buompadre

Dr. Eduardo Buompadre

Refuta luego la afirmación de que dos testigos víctimas "se entregaron por propia voluntad, cediendo el bien jurídico que es la libertad personal" como sostuvo Buompadre, con lo cual al menos la detención de éstos dos sería legal, según la particular visión del letrado. Domínguez Henaín apela allí al sentido común, tan ausente en algunos planteos, y refiere que si estaba en juego nada menos que la vida de uno, cómo no se iban a entregar ante la menor indicación de sus victimarios, lo contrario sería arriesgar la vida. ¿Alguno puede pensar que después de los vejámenes a los que fue sometido (por uno de los testigos) tendría la "voluntad" de volver a ser detenido?.
En relación a la Causa 258/06 que determinó la identidad de Rómulo Artieda como uno de los NN que fueron exhumados del Cementerio de Empedrado, Buompadre había dicho en su alegato que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia era querellante en dicha causa, y que a la defensa de los imputados de la Causa RI9 no se les permitió formar parte de la misma, a lo que Domínguez Henaín se pregunta ¿como se puede equivocar después de cuatro años? la Subsecretaría no era parte y no lo es en la Causa RI9, y la defensa de los imputados de ésta última no participó sino hasta que se identificó a Artieda, precisamente porque allí recién hay conexidad entre ambas causas. Pero cuando pudo participar no solicitó peritajes, con todo el tiempo que tuvo para hacerlo.
Luego fustiga una frase de Buompadre, claramente destinada a menospreciar las citas de la querella, cuando afirmó "estamos en la Argentina, no citemos autores alemanes". "Esto es un error epistemológico increíble", señala sorprendido, si hay algo que caracteriza a la justicia penal es la generalidad y la universalidad.
En relación al testigo Ferreyra, la Fiscalía consideró que tenía conexidad subjetiva con causas que se desarrollan en el Chaco, y la defensa había cuestionado que no se los acusaba a sus defendidos por ese testimonio, cuestión que colmó el asombro de un Domínguez Henaín desacostumbrado a esos planteos, tanto es así que afirmó "debería figurar en el libro Guinness, es la primera vez que una defensa se ofende porque no se le acusa de algo a su defendido" concluye.

El corcho del Dr. Molina

Domínguez Henaín contesta en relación al planteo de "error de prohibición" que hiciera uno de los abogados de Losito y Píriz, y califica de prolija y seria la argumentación y la citación de referencias de penalistas reconocidos. El punto es que no tiene nada que ver con los casos que se juzgan en esta causa, y esto es así por varias razones:

  • No fue alegado por los acusados, ya que éstos refieren que no cometieron los actos, y no que desconocieran la ilegalidad de los mismos como sugiere el "error de prohibición".

  • No lo reconoce el derecho penal como causal de exculpación cuando el delito cometido es un genocidio o de lesa humanidad.

  • Tampoco la doctrina admite la exculpación o disminución de culpabilidad cuando se trata de delitos muy graves.

Dr. Molina

Por lo expuesto concluye que no se configuró el supuesto "error de prohibición" ni vencible ni invencible, sino que, en todo caso estamos ante imputados que actuaron con conciencia disidente, es decir, sabían que era delito pero no estaban de acuerdo con las normas que establecían la ilegalidad de los hechos. Sino cómo se explica que actuaran en la clandestinidad, durante la noche, en Centros Clandestinos y haciendo desaparecer los cuerpos. "Si no creían que se trataban de delitos no habrían ocultado su accionar hasta el día de hoy, en estos supuestos nos encontramos ante delincuentes que actuaron por convicción" dijo.
A su turno, el Dr. Bosch sería más explícito, y también sin dejar de hacer algunas consideraciones acerca del planteo del Dr. Molina, y de reconocer además la inteligencia del mismo en abstracto, cuestionó asimismo la falta de correlato con los hechos y lo hizo de un modo gráfico, atípico e ingenioso: sacó una pequeña botella plástica, de esas que contienen agua mineral e intentó taparla con un corcho de champán. "A mi me pueden hablar de este corcho durante horas" dijo, simbolizando en el objeto al dogma citado por Molina y en la botella a los hechos juzgados, "pero el dogma debe estar relacionado con la plataforma fáctica, sino tengo derecho a decir que, claramente...este corcho no corresponde a esta botella".

Al por mayor es más barato

Molina había puesto un ejemplo curioso cuando quiso desmerecer la suma de 241 años que hizo la querella, respecto de las penas que correspondería a algunos imputados si éstas fueran acumulables. Habló del caso de un verdulero que dice a una señora: esta verdura vale $241, pero yo se la dejo a $25, pero en realidad, según Molina, la verdura no valía siquiera esa suma menor, no valía nada.
La querella sumó para cuantificar el daño infligido por los delitos, claro está, y en función de ésa cuantificación establecer la magnitud del injusto, por eso pidió el máximo que establece la ley más benigna, es decir 25 años en aquel entonces.
Domínguez Henaín también quiso dar un ejemplo de la utilidad del planteo de la querella al sumar las penas, pero su ejemplo fue más apropiado, "dejemos hablar a la justicia en vez de escuchar al verdulero" afirmó y sugirió imaginar una situación en la que un cliente se acerca al abogado y le dice "estuve discutiendo con diez vecinos del consorcio de mi edificio y maté a dos, con gusto los habría matado a todos pero no quise comprometer aún mas mi situación", ¿que deberíamos decir a nuestro cliente? se preguntó, con el planteo de Molina le deberíamos decir que "no se preocupe, si se quedó con ganas vaya y mate nomás a los otros ocho, porque es lo mismo dos que diez, total para el Código Penal si se trata de delitos al por mayor, se hace precio".

El turno de Bosch

El otro abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Mario Bosch, dijo "me resulta llamativo que hayan 'trabajado' toda la mañana en el contexto histórico, para luego obviar el correlato jurídico del mismo", refiriéndose al alegato de San Emeterio y Buompadre.
"Luego se niegan los hechos, entonces no se entiende la reivindicación del genocidio" se quejó. "Además se trataron de hechos que ni siquiera ocurrieron en Corrientes, por lo que en realidad lo que se estaba aportando es el móvil del crimen", señaló.
"También lo que aportó en definitiva es el criterio de selección de las víctimas", advierte, "ya que es como si se dijera ¡claro, lo que pasa es que eran judíos!, como en el Juicio a Adolf Eichmann (el criminal de guerra nazi que huyó de Austria hacia la Argentina en donde vivió bajo el nombre de Ricardo Klement) y claro que eran judíos, justamente por eso es que los persiguieron los nazis, y claro que éstos eran militantes opositores al régimen, y es justamente por eso que se los persiguió también, y es por eso que se tratan de delitos de lesa humanidad".
En relación a Buompadre, quiere referirse a la supuesta duda que éste manifiesta respecto de la identidad del cuerpo de Artieda, ya que es el único abogado que lo hace.
Buompadre fundamenta su duda en el hecho de que no existiría un correlato exacto entre los dichos del médico de Empedrado y el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) en relación a la causa de muerte. "No se le puede pedir a un hombre que dé precisiones 30 años después acerca de la causa de muerte de alguien, bien puede confundir además las fechas de un cuerpo con la de los otros (fueron cuatro NN), lo que no cuestiona Buompadre es el ADN, sencillamente porque es irrefutable".
"Pero además es una falta de respeto a la familia Artieda, porque indirectamente se está afirmando que le da lo mismo velar a un extraño"
señala Bosch con sincero repudio.
En relación a Gesino le objeta su propósito de "desgranar la prueba" escindiéndola del todo, descontextualizándola, y en tal sentido grafica con la frase "Gesino constantemente dijo: objeto a éste testigo porque recuerda demasiado, y objeto a este otro porque no recuerda lo que el primero".
Luego contesta una serie de consideraciones de tipo psicológicas que hiciera Gesino en su alegato, pero lo hace del modo correcto, es decir citando testimonio experto, en éste caso de Sigmund Freud "que algo sabía del tema" dijo.

La querella de los familiares

Inicia el reconocido penalista Dr. Ramón Leguizamón, uno de los representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y los familiares de Vargas y Artieda.
Señala las contradicciones de "la coartada de Barreiro", relativas a un curso de comandos y su supuesta luna de miel, circunstancia que no consta en su legajo, y que solo han sido dichas por la defensa y el propio imputado.
Luego descalifica a la Causa 310/84 que pretendió dotar de pseudo-legalidad a la dictadura en nuestra región y señaló los vicios de la misma con claridad.
El Dr. Vigay centraría su réplica en la situación de Reynoso fundamentalmente, aquel que es conocido como "el Astíz correntino", y da por probada su participación en la búsqueda de Rómulo Artieda, y como consecuencia de su informe, de la suerte corrida por el joven estudiante.
Éste es el punto que sin dudas permite cuantificar la importancia de la tarea de Reynoso, ya que todos sabemos las consecuencias de su informe acerca de su objeto de investigación. Reynoso tuvo un lapsus que no habrá pasado desapercibido al Tribunal, cuando afirmó que "Artieda no se hubiera entregado fácilmente", lo dijo en su última ampliación.
Hay allí toda una valoración de la personalidad de Rómulo Artieda que sólo pudo salir de datos obtenidos por medio de su trabajo de Inteligencia, ya que no lo conoció personalmente, al menos no antes de ser detenido. Sin embargo en la misma época en la que decía en casa de la madre de Rómulo "yo soy tu hijo que no está", Trainer lo ubicaba al Gendarme en el RI9 pateando la silla invertida sobre la que descansaba el peso de su cuerpo colgado de las esposas.
Sabemos también que en la misma época, el "hijo que no estaba" en el seno familiar, decía a Aguirre y Trainer sus últimas palabras conocidas. A éste último le decía "si la ves a mamá decile que la quiero mucho".
Hemos podido establecer también que son detenidos Alfredo Billordo , Ferrer Rodríguez y Ceferina Gauna el mes de noviembre de 1975 , a quienes se interroga insistentemente por Rómulo Artieda.
Quedó establecido también que en el allanamiento del domicilio de Rioja 1450 participan el Capitán De Marchi y el Teniente Barreiro el 29 de noviembre de 1975, con el objetivo de detenerlo.
En ese domicilio precisamente, un Reynoso que en su primera declaración no recordaba a ningún Artieda, se acuerda en la ampliación que ese era el supuesto lugar físico donde la conoció a Alicia Artieda, a quien calificó como "su entrañable amiga". A esa altura ya no era inteligente negarlo y por eso es que incluso "recuerda" a Esther Galarza de Artieda, a quien expresamente negó conocer en su primera declaración.
En fecha 9 de diciembre de 1975 se ordenó la captura de Rómulo por pedido expreso del Coronel Aguiar en su carácter de Jefe del Área Militar 231,
Probamos también que en las Actuaciones por la detención de Alfredo Billordo, Ferrer Rodríguez y Ceferina Gauna, en acta de cierre de las mismas, de fecha 13 de diciembre de 1975 confeccionadas por personal de gendarmería, se deja constancia de que se encuentra personal de esta Fuerza comisionado a investigar el domicilio actual y lograr la detención de Rómulo Gregorio Artieda. También se deja constancia de que se allanó la casa de Rioja Nº 1.450 donde participaba de reuniones Rómulo Artieda y que se establece discreta vigilancia en los domicilios de sus padres, en San Juan Nº 1.797. Por último en esta misma acta se determina que se debía decretar la inmediata detención de Artieda.
Gendarmería Nacional participa en la detención de Rogelio Tomasella el día 4 de septiembre de 1976, a quien se le encuentra una carta dirigida a Rómulo de la madre del mismo, en la que la señora Esther Galarza de Artieda le solicita a su hijo que le envíe la dirección de su residencia en Posadas, lo que prueba que no la conocía. Sin embargo, con la misma serenidad con la que negó conocer a Doña Esther en su primera declaración, en la segunda (increíblemente memorioso) Reynoso la acusó de haber facilitado su dirección.
Está acreditado en el debate que el día siguiente es detenido Jorge Trayner, circunstancias en las que también participa Reynoso.
Personal de Gendarmería le exhibe fotografías de Rómulo Artieda a Rogelio Tomasella y a León Lifschitz en fecha de septiembre de 1976. Seguía siendo por supuesto la Inteligencia de ésta fuerza, de la que Reynoso era el Jefe, la encargada de averiguar su paradero.
El Alférez Reynoso se infiltra como amigo en la familia Artieda, ingresa como novio de Doris Díaz, una compañera de Facultad de Alicia, la hermana de Rómulo.
Intenta ganarse la confianza – en especial de la madre de Rómulo, doña Esther – pretendiendo obtener información sobre el paradero de Artieda, evidentemente con la intención de lograr su detención. No hay dudas que logra ganarse la confianza de esa madre desesperada, y se desprende tal circunstancia del testimonio de la sobrina de Rómulo, María Esther Cazorla Artieda, cuando afirmó en el debate "mi abuela confiaba en él, y le regalaba artículos de crochet que tejía, yo estoy segura que si sabía algo de Rómulo ella se lo diría, ya que Raúl insistía en que lo hiciera 'para poder ayudarlo'". Toda la declaración de Cazorla Artieda fue expresamente ratificada por Reynoso, en su segunda declaración, claro está, en la primera no parecía recordar a ningún Artieda como hemos visto.
La consecuente muerte de Rómulo Artieda sin dudas tuvo la impronta de Reynoso, quien se muestra dolido por el apelativo de "Astíz correntino" en su segunda alocución, aquella donde "la memoria había acudido en su auxilio", aunque, en rigor de verdad, su "memoria" nos trajo el lapsus referido, la caracterización de Rómulo Artieda como alguien "que no se entregaría fácilmente", una apreciación que no puede ser escindida de su suerte final, ya que es fácil inferir allí una supuesta "peligrosidad" que debió ser un elemento a tener en cuanta para decidir su eliminación física.

Citarán a indagatoria al comisario Scelsi por la fuga del represor Corres

Amenaza y una búsqueda infructuosa

Por Diego Martínez

Luego de tres días de exposición pública por la fuga del oficial Julián Corres, un cobarde amparado en el anonimato amenazó de muerte ayer a Eduardo Hidalgo, secretario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y sobreviviente de La Escuelita. La investigación sobre el paradero del militar que el sábado escapó de la delegación local de la Policía Federal carece de indicios significativos. De la declaración del agente a cargo de la guardia surge que la libertad de movimientos de los represores estaba garantizada desde la cúpula de la fuerza que debía custodiarlos. Es inminente la citación a indagatoria del comisario Gustavo Scelsi, que el sábado fue pasado a disponibilidad. Ayer la Justicia allanó sin éxito el domicilio de un suboficial de la Armada, en Punta Alta.

El inspector Juan Carlos Lastra admitió que por orden superior la puerta de la habitación de los represores no tenía candado y tenían libertad para cocinar y ver televisión. Agregó que el día de la fuga el Servicio Penitenciario Federal le había anunciado que el traslado, ordenado el 25 de junio, se concretaría el domingo, un mes después. Minutos después de anunciar la novedad a sus superiores, los presos ya lo sabían. Alejandro Marambio, director del SPF, le confirmó el dato al juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Agregó que el traslado se suspendió en dos oportunidades por motivos que ahora deberá detallar en la causa de la fuga. Tentoni le negó a Lastra la excarcelación. Hoy será indagado el cabo primero Pablo Carbajal, el último que vio al militar preso.

De la instrucción surge que el viernes a la noche Corres vio Cirque du Soleil, fumó bastante y se recostó. Estaba ansioso, le dolía la cabeza. Alrededor de la una de la madrugada se puso la campera, tomó el dentífrico, el cepillo de dientes y partió hacia el baño del fondo. Nunca volvió. Un guardia se percató de su ausencia a las 8.45, cuando fue a despertarlo. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ofrece 150.000 pesos a quienes brinden datos útiles para capturarlo, pero aún no informó qué medidas tomó para garantizar la comparecencia a la Justicia de los 83 represores alojados en dependencias de Fuerzas Armadas y de seguridad como las que posibilitaron la fuga de Corres.

La amenaza al teléfono de Hidalgo fue a las 16.28. "Cortala con lo de Corres porque te vamos a matar", fue el mensaje. "La voz era de una persona joven, treinta y pico de años. Una voz con cierta agudeza, pero elevada de tono", describió a PáginaI12. "No tengo miedo pero sí cierta intranquilidad", admitió antes de exponer ante el fiscal Cañón. Miembro de la APDH desde 1986, no es la primera amenaza que Hidalgo recibe, pero sí la más clara. El 24 de marzo de 2007, en medio de una multitud, una voz le sugirió: "Estás demasiado tranquilo". Poco después, por teléfono, le advirtieron "hijo de puta, terminala". Anoche durmió con custodia.

"Chiquito" Hidalgo, por sus dos metros, cayó dos veces. En agosto de 1976 fue maltratado durante dos semanas en un galpón ferroviario de la calle Parchape, centro de detención que los bahienses desconocen. El 9 de noviembre una patota que integraba Corres lo llevó a La Escuelita. En la mesa de torturas le leyeron una carta dirigida a su hermano Daniel, en la cual relataba pormenores del cautiverio. "Sos inteligente. Te diste cuenta que veníamos del norte", le dijo un guardia correntino. El 14 de noviembre, Daniel y su compañera Olga Souto Castillo fueron masacrados tras defenderse a tiros durante media hora. Primero murió él. Chela, 21 años, embarazada, resistió hasta que le tiraron con una bazuca. "Tiene unos huevos así de grandes", admitió Corres ante otro secuestrado. Los guardias de La Escuelita levantaron el volumen de la radio para que Hidalgo escuchara el comunicado oficial de boca de José Román Cachero, un empleado del Ejército camuflado como periodista del diario La Nueva Provincia.

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Miércoles, 30 de Julio de 2008
Un represor de la ESMA confesó las atrocidades que cometían

"Se referían al asadito"

El suboficial de la Marina Víctor "Lindoro" Olivera, detenido en Devoto, se quebró en la indagatoria y contó cómo eran torturados y desaparecidos los secuestrados en la ESMA. Dijo que dependía de Cavallo, Azic, Capdevilla y Febres.

Por Adriana Meyer
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En la megacausa ESMA hay 35 represores detenidos que serán acusados por más de 400 casos.

Entre llantos no paraba de hablar, de confesar atrocidades, ni su abogada podía frenarlo. El represor Víctor "Lindoro" Olivera fue indagado el martes pasado en la megacausa ESMA y se quebró. "Los hacían desaparecer", respondió entre sollozos cuando el juez le preguntó qué pasaba con los detenidos en ese centro clandestino. ¿De qué manera?, quiso saber el magistrado. "Con humor se referían al asadito", contestó este suboficial retirado de la Armada. "¿Se refiere al procedimiento mediante el cual deliberadamente se quemaban cuerpos en dependencias de la ESMA?", inquirió el juez. "Sí, supongo que era eso", fue la respuesta de Lindoro Olivera, una de las tantas de un interrogatorio en el que intentó demostrar que nunca se manchó de sangre, aunque las repreguntas del juzgado lo fueron acorralando. Según algunos sobrevivientes de la ESMA, su declaración tiene una dimensión similar a la confesión del ex marino Adolfo Scilingo sobre los "vuelos de la muerte".

Olivera es uno de los siete represores de la ESMA identificado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y Justicia Ya!, que aportó los datos para que fueran encarcelados. Y sucedió lo que sospechaban podía pasar por ser todos de rango inferior, con escaso o nulo apoyo de la oficialidad de la Armada. "Se cayó el muro de silencio, por eso lo tuvieron que mandar a (la cárcel de) Devoto", dijo a PáginaI12 Carlos Lordkipanidse, de la AEDD y sobreviviente de ese centro clandestino.

El suboficial primero retirado, con 57 años y domicilio en Pilar, escuchó la descripción de los 101 casos que le imputaron. Cuando el tribunal le concedió la palabra, dijo que no fue "voluntariamente" a la Escuela de Mecánica. "Me presenté, me llevaron al subsuelo de la Casa de Oficiales y en el camino me dijeron que no tenía que decir nada de lo que viera o escuchara; cuando llegué al lugar me sorprendí al ver a gente encapuchada", empezó. "Esa noche recuerdo que trajeron a una señora de apellido Cabezas, me hicieron que la ate a la cama... cómo me impresionó eso... Mi función era llevar detenidos de un piso a otro", continuó. Muy nervioso, aseguró que no participaba de los operativos ni en las torturas, que cuando podía les daba comida o golosinas a los detenidos.

Uno de los casos por los que tuvo que responder Olivera es el de Raimundo Villaflor, que fue secuestrado el 4 de agosto de 1979 junto a su esposa, María Elsa Martínez, trasladado a la ESMA (donde también estuvieron su hermana Josefina, su cuñado y su prima que tenía 2 años), y sometido a torturas durante tres días. "En el caso del señor Villaflor me dijeron que lo suba al altillo, que lo hiciera bañar, pero como casi no podía moverse yo mismo lo sequé", describió. Según su relato, el detenido se descompuso, llamaron "al médico Capdevilla", y después se enteró de "que el hombre había fallecido". Su hija, Laura Villaflor, ratificó a PáginaI12 que Olivera fue uno de los tres guardias que mataron a su padre, en una golpiza posterior a la sesión de tortura, y no luego de tomar agua de un inodoro, según otra versión. "Todo el tiempo se contradice, pero va reconociendo, dice 'yo llevaba y traía detenidos, yo llevé a Raimundo Villaflor que tomó agua, pero no lo vi', pero mi papá no murió por eso, él salió de una sesión de tortura que conducía (Héctor) Febres, mordió a un guardia y por eso lo golpearon", dijo la mujer.

Al momento de las preguntas, los funcionarios del juez federal Sergio Torres le pidieron detalles sobre la mujer que ató a la cama, Telma Jara de Cabezas. "Recuerdo que estaba desnuda, que era en el subsuelo, en el lugar que llamaban huevera, había ocho o nueve personas en las mismas condiciones y había oficiales vestidos de civil", indicó el imputado. "Me enteré de que a algunos los torturaban para sacarles información, que usaban picana eléctrica, decían que eran montoneros pero no sé qué criterio tenían", precisó Olivera. Preguntado por Su Señoría para que diga de qué personas recibía órdenes, respondió que "de uno que llamaban Marcelo (Ricardo Cavallo), de Febres, de un tal Colores (Antonio del Cerro, fallecido), de (Juan Antonio) Azic". La memoria del represor no le falló al describir que "en el altillo estaban en colchonetas, esposados, con grilletes y capuchas", y también demostró conocer el lugar que denominaban "pecera" donde "trabajaban". Entre los detenidos dijo recordar al grupo Villaflor, a Víctor Basterra y a Carlos Lordkipanidse. "Lo vi en televisión por estos días, por eso me acordé de él", acotó. Antes de terminar la declaración, le preguntaron a la abogada Julieta Marchesse si deseaba hacerle alguna pregunta a su defendido, a lo que la letrada respondió que no "debido al estado en que se encuentra (llantos y nervios)". ¿Quiere usted agregar algo más?, le dijeron a Olivera. "Nada más, quiero terminar con esto ya", contestó antes de partir hacia Devoto.

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