martes, 12 de agosto de 2008


EL PAIS UN LABORATORIO DE GENETICA MOLECULAR PARA EL EAAF

La identificación de desaparecidos

La Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue presentada en sociedad. En una conferencia de prensa en Córdoba expusieron los detalles del convenio firmado con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y anunciaron que a fines de este año comenzará a funcionar el laboratorio propio de genética molecular del EAAF.

El 3 de julio pasado, el EAAF envió a un laboratorio genético en Estados Unidos 2802 muestras de sangre de familiares de personas desa-parecidas en Argentina entre 1974 y 1983, y 595 muestras óseas de restos que se cree pertenecen a personas desaparecidas que serán analizadas con fines identificatorios. Los restos óseos fueron exhumados por el EAAF de cementerios de la provincia de Buenos Aires y del cementerio San Vicente, de Córdoba, co

n la idea de que este proyecto “traiga paz a familiares de desaparecidos y aporte evidencia a los juicios en curso en Argentina”.

En la conferencia, desarrollada en el Museo de Antropología, Anahí Ginarte, del EAAF, explicó los trabajos realizados en el marco de “La Iniciativa”, la situación del envío de muestras óseas y la continuidad del proyecto. Por su parte, Carlos Vullo, director científico del Laboratorio de ADN del EAAF, explicó cuándo y cómo comenzará a funcionar el nuevo laboratorio. Y Gerardo Fidelio, vicerrector de la UNC, detalló el convenio firmado con el Equipo. También participaron representantes de la empresa Electroingeniería S.A., cuya fundación colaboró con una parte considerable de la puesta en marcha del laboratorio que, según afirmaron, “será el más importante y moderno de América latina”.

Hubo un agradecimiento especial a las autoridades del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC “por el constante apoyo –expresaron– que brindan a todas las actividades del EAAF y por el lugar cedido desde 2003 para poder tener la sede en Córdoba. E informaron que los familiares de personas desaparecidas por razones políticas y el accionar del terrorismo de Estado cuyos restos aún no se hayan localizado pueden contactarse con el EAAF en Córdoba, en la oficina que funciona en el Museo de Antropología, Hipólito Yrigoyen 174, teléfono 0351-433-1058 o al correo electrónico: cordoba@eaaf.org




EL PAIS SE REANUDA HOY EL JUICIO POR LA DESAPARICION DE VARGAS AIGNASSE EN TUCUMAN

Los subordinados de Bussi, a declarar

Alberto Luis Cattáneo, otro de los represores detenidos en el ex Arsenal de Tucumán, contará con una unidad de traslados especiales que lo llevará al Tribunal Oral en la primera jornada de testigos que se desarrollará hoy en la provincia.

Por Ramiro Rearte

Desde Tucumán

Luego de los testimonios de los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, el viernes pasado en Tucumán, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, hoy se espera una jornada de mucha tensión. En el proceso de enjuiciamiento que se lleva adelante por la desaparición del senador provincial Guillermo Vargas Aignasse durante la última dictadura y que tiene a ambos detenidos como los principales responsables, tendrá que declarar otro jefe militar.

Será el turno del ex segundo comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército, Alberto Luis Cattáneo, quien deberá responder sobre la orden de traslado, realizada por él el 31 de marzo de 1976 (una semana después del golpe militar), cuando el ex senador Vargas Aignasse se encontraba detenido en la brigada. El político provincial fue llevado al penal de Villa Urquiza en calidad de “detenido por orden militar” y en estado “incomunicado”, según consta en el expediente.

Cattáneo, el reo detenido también en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, será asistido por una unidad móvil del Sistema Provincial de Salud (Siposa) de Tucumán, ya que aseguraron que “no se encuentra en buen estado”. Mientras que los represores Bussi y Menéndez podrán optar por estar presentes al momento de los testimonios o no, pero de cualquier manera deberán permanecer en el edificio de los tribunales federales ubicados en Crisóstomo Alvarez y Chacabuco de la capital tucumana.

Cattáneo fue pedido por la fiscalía como testigo para corroborar parte de las declaraciones realizadas por Bussi, el viernes pasado, cuando explicó el proceso de detención, traslado y supuesta libertad de Vargas Aignasse. Es más, hasta ayer a última hora de la tarde, los empleados y el fiscal Alfredo Terraf preparaban el interrogatorio que se le leerá al represor.

Marta Cárdenas (esposa del senador desaparecido) será la primera en sentarse frente al Tribunal para contar cómo fueron los hechos de la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando un grupo de tareas ingresó a su casa y encapuchados (dijeron ser de la Policía Federal) secuestraron a Vargas Aignasse.

En la lista de testigos también figuran Gustavo Herrera (quien fuera objetado por Bussi), Roque Ramón Cabral y Raúl Molina. Mientras que el miércoles, a la misma hora, tendrán que presentarse Guillermo Vargas Aignasse hijo, Carlos Alberto Vega, Carlos Antonio Décima, José Víctor Gerez, Angélica del Valle Tula.

Según declaró a los medios el secretario de Cámara ante el Tribunal, Mariano García Zavalía, todos los que testifiquen en esta jornada contarán con el apoyo de psicólogos y profesionales especializados mientras duren los testimonios. Cabe destacar que mientras uno de los testigos declare, el resto esperará en una sala contigua aislada.

El diputado nacional kirchnerista Gerónimo Vargas Aignasse dijo a que su padre no era parte de la organización Montoneros, sino de una agrupación denominada Federación de Agrupaciones Nacionales Estudiantiles de Tucumán (Fanet), cuyo único desaparecido fue su padre.

“La pregunta es ¿quién delató entonces? Ensuciar la memoria de un ausente es como matarlo de nuevo, lo cual se agrava cruelmente si la mentira proviene de su propio verdugo, pues sabe que su víctima no puede defenderse. Bussi desbarató la estrategia de su defensa confesando contundentemente su responsabilidad en esta y todas las causas que lo tienen como imputado, apelando miserablemente a una absurda infamia que sólo sus familiares y algunos fundamentalistas pueden creer”, terminó.

Bussi, como responsable del gobierno de facto en Tucumán, dijo en su alegato que la detención de Vargas Aignasse la realizó cumpliendo una orden de sus superiores. Menéndez, su superior directo, estaba sentado a su lado. Bussi dijo no recordar quién era su jefe, pero sí dejó al descubierto la lógica de la represión ilegal con la existencia de cientos de centros clandestinos de detención en la provincia.


EL PAISUN RECLAMO DE CARCEL COMUN

Celda a Videla

Familiares y víctimas del terrorismo de Estado pidieron a la Justicia que revocara la prisión domiciliaria del dictador.

“Por ello no me explicó cómo puede ser que aquellos que han participado en el secuestro sistemático de nuestros nietos y en otros delitos aberrantes” puedan “ser alojados en sus residencias cuando todavía conti

núan generando daño”. María Isabel Chorobik de Mariani, fundadora y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo hasta 1989, encabezó una delegación de familiares y de víctimas del terrorismo de Estado que volvió pedirle a la Justicia la cárcel común para el dictador Jorge Rafael Videla.

Videla es el único represor con condena que está fuera de la cárcel, con el beneficio de la prisión domiciliaria. La delegación hizo el pedido ante el juez Norberto Oyarbide, en el marco de la causa del plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura.

“Pedimos que Videla vaya a una cárcel común porque todavía yo no me explico cómo es posible que en este momento, en el que la sociedad está discutiendo el tema de la morigeración de las penas, que alguien de la gravedad de este caso, con una condena y un procesamiento por sustracción y homicidio calificado, no se lo detenga en una cárcel”, explicó ante la consulta de este diario Alejo Ramos Padilla, abogado querellante de parte de las víctimas.

La causa por el robo de bebés dio un giro a comienzo de julio. El expediente que hasta ahora tramitaba bajo los procedimientos del viejo Código destinada a ser cerrada sin juicio oral cambió de procedimiento. La Cámara Federal procesó a Videla y la causa ahora se encamina a juicio oral. Aún así, la situación de detención del dictador no cambió. Por esa razón, la querella ayer presentó un requerimiento para la elevación a juicio y el pedido de prisión domiciliaria. Según sus fundamentos, Videla atravesó distintos momentos procesales desde 1983 en adelante, pero hoy están dadas las condiciones para que vuelva a la cárcel.

- El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal lo condenó a pena de reclusión perpetua.

- El 29 de diciembre de 1990, el ex presidente Carlos Menem lo indultó.

- El 9 de junio de 1998 fue nuevamente detenido por el Plan Sistemático.

- El 7 de octubre de 2005 la Cámara Federal dejó sin efecto el encierro preventivo porque dijo que se habían excedido los plazos previstos para la prisión preventiva por la ley 24.390.

- El 6 de junio de 2007 la Cámara Federal en pleno declaró la inconstitucionalidad del indulto de 1990.

En ese contexto, para la querella “adquirió vigencia la sentencia a cadena perpetua de 1990, y por eso decimos que es un penado que está cumpliendo su sentencia y a su respecto no rigen las pautas de la excarcelación”. Como lo dijeron cada una de las veces, recordaron que la prisión domiciliaria no es un “derecho automático”, sino un beneficio sobre el que tienen que pronunciarse los jueces. Hasta el año 2005, esa modalidad aparecía normalmente, pero a partir de la nulidad de las leyes de Obediencia Debita y Punto Final, el beneficio dejó de ser moneda corriente entre los represores.

“El criterio de extender la prisión a otros reos se empezó a ver con continuidad cuando comenzaron a avanzar las causas por violación de los derechos humanos –dice Padilla–, fue una primera respuesta corporativa frente a los legítimos reclamos de justicia que luego de 30 años comenzaban abrirse camino en los estrados judiciales.”

Hasta ahora la Justicia le revocó la prisión domiciliaria a otros procesados como Osvaldo Sertorio, Rodolfo González Conti, Juan Fiorillo, Horacio Luján, Luis Patrault y Alejandro Arias Duval. El más reciente además fue el de Luciano Benjamín Menéndez, en Córdoba. No hace falta decir más, dejó dicho la querella, “salvo que Jorge Rafael Videla era el comandante en jefe del Ejército”.


EL PAIS › AVANZA LA DENUNCIA POR ASOCIACION ILICITA Y COHECHO REALIZADA POR DEFENSA

Militares, a desfilar ante el juez

Mientras el jefe del Ejército, Roberto Bendini, busca apoyo para seguir, el fiscal Taiano empezará a investigar las defraudaciones.


Por Nora Veiras

Tras la feria, los tribunales se sacudieron con la ratificación de la denuncia de la ministra de Defensa, Nilda Garré, contra 31 militares y más de cuarenta civiles por asociación ilícita y cohecho. El fiscal Eduardo Taiano quedará a cargo de la instrucción, pero recién esta semana se hará con la documentación y decidirá las medidas procesales. En el Edificio Libertador, el revuelo recién empieza: el jefe del Ejército, Roberto Bendini, trató de aceitar sus contactos con los “pingüinos” para conjurar un desplazamiento. Su suerte depende del derrotero de la causa en Comodoro Py puesto que, en principio, fueron pasados a disponibilidad cuatro generales –dos en actividad– de su máxima confianza y cinco coroneles. El minucioso trabajo de la Dirección de Auditoría Interna de Defensa también encendió las luces de alerta en las otras fuerzas.

La presentación correspondió por sorteo al juez Rodolfo Canicoba Corral y se basó en el análisis de veinticinco contrataciones realizadas en 2007 en tres dependencias del Ejército: el Comando de Operaciones Terrestres, el Batallón de Intendencias 601 y la Dirección de Asuntos Históricos. Las maniobras fraudulentas implicaban desdoblamientos de contrataciones de los mismos bienes y servicios para efectuar compras de menores montos y evitar controles; falsificación de firmas, adulteración de documentos públicos y adjudicaciones sin los correspondientes dictámenes técnicos, entre otras. Según algunas estimaciones, el monto del fraude ascendería a unos 40 millones de pesos. Otras fuentes duplican ese drenaje.

El coronel Néstor Korbs, dependiente del área de Intendencia, fue pasado a disponibilidad junto con su jefe, el general Eduardo Salvador Gibelli. Más allá del derrotero de la causa en la Justicia, en Defensa siguen acumulando información y llama la atención la cantidad de viajes al exterior de Korbs: en siete años realizó más de cincuenta. El coronel, aseguran entre los uniformados, mantenía una estrecha relación con el general Osvaldo Montero, ex jefe de Inteligencia que fue pasado a retiro a fines del año pasado acusado de conspirar contra la ministra Garré y también denunciado ante la Oficina Anticorrupción por manejos non sanctos en licitaciones y ventas de edificios.

Otro de los generales en actividad desplazados es el director de Personal del Estado Mayor, general Mario Fernando Troncoso. Por su cargo, Troncoso debía autorizar todas las contrataciones superiores a 70 mil pesos. El descabezamiento incluyó al director de Estudios Históricos, general Héctor Mario Giralda, que estaba en retiro, pero había sido convocado a la actividad por el artículo 62 de la ley orgánica del personal. De Giralda dependen todos los museos y archivos de la fuerza. Además de la documentación relevada que prueba maniobras para eludir licitaciones desdoblando compras y contratando, además, a grupos de proveedores vinculados entre sí, hay serias sospechas sobre el uso del edificio del Museo Histórico del Ejército, en la calle México al 200. El alquiler del predio para locaciones de películas o publicidad y del quincho para asados empresarios habría sido realizado en forma irregular sin que mediaran controles sobre montos y destinos de la recaudación.

El comandante de Operaciones Terrestres, general Raúl Horacio Gallardo, también fue pasado a disponibilidad. Gallardo se desempeñó como director del Colegio Militar y en marzo de 2004 marcó sus diferencias con la orden del ex presidente Néstor Kirchner de descolgar los retratos de los represores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone. Gallardo está acusado ante la Justicia de Catamarca por tres secuestros y desapariciones. El general Bendini ha intercedido para que se postergara la declaración indagatoria de su subordinado.

Bendini, a quien la Justicia de Santa Cruz le dictó falta de mérito en una causa por malversación de fondos mientras revistaba en esa provincia, está preocupado por su futuro. Llamó al ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien conoció mientras cumplía funciones en el sur, con el fin de sondear apoyos ante el avance de una causa que puede más que salpicarlo. De los 31 militares denunciados, 23 estaban en actividad, es decir que respondían a su mando.


De llantos y cuentas suizas

La historia es bizarra, demostrativa de la catadura moral del genocida Antonio Bussi, y me la relató alguien que la sufrió en su propia sangre. Miguel Bonasso

Miguel Bonasso
10.08.2008
La historia es bizarra, demostrativa de la catadura moral del genocida Antonio Domingo Bussi, y me la relató alguien que la sufrió en su propia sangre.

A fines de febrero de 1976, el general retirado Julio Alsogaray, ex comandante del Ejército durante la dictadura de Onganía y hermano de Álvaro Alsogaray, viajó a la ciudad de Tucumán acompañado por su esposa Zulema Legorburo. Marcharon como quien avanza hacia el patíbulo, tratando de negar lo que les esperaba: la certidumbre de que su hijo menor Juan Carlos había sido desaparecido y asesinado por los militares en el monte tucumano, en el marco de lo que llamaron el “Operativo Independencia”.

Amaban a ese hijo de 29 años, a pesar de las diferencias abismales que los separaban de él: Juan Carlos, “el Hippie” Alsogaray, ex estudiante de sociología en el mayo francés, era un cuadro importante de la organización Montoneros.

El general, su hermano Álvaro y su sobrina María Julia Alsogaray eran figuras emblemáticas de la ultraderecha “liberal” argentina. En 1964, unos pocos años antes de comandar el Ejército durante la penúltima dictadura militar, el general Alsogaray había dirigido la Gendarmería y conducido personalmente la cacería de los guerrilleros que seguían al Comandante Segundo, el célebre periodista Jorge Ricardo Masetti.

Sin embargo, a pesar de su anticomunismo y antiperonismo viscerales, mantenía una relación entrañable con sus hijos Juan Carlos y Julio, enrolados ambos en el peronismo revolucionario.
Pocos meses antes del vía crucis a Tucumán, en diciembre de 1975, el matrimonio Alsogaray había pasado la Navidad con sus hijos. El “Hippie” había violado una ley de la clandestinidad para encontrarse con sus padres y su hermano. En un momento de la extraña fiesta, intuyendo que podía ser su última Navidad, el guerrillero abrazó al general y le confesó: “Te quiero mucho”. El general balbuceó: “Decímelo de nuevo”. Y se abrazaron, llorando.

Dos meses más tarde, a fines de febrero, los Alsogaray recibieron un telegrama en clave de Adriana Barcia, la compañera de Juan Carlos, donde les daba a entender que el Hippie había faltado a una cita de control y podía haber caído en manos del Ejército. De inmediato decidieron viajar a Tucumán.
Llegaron de madrugada y Bussi, que en ese momento conducía la Quinta Brigada y el “Operativo Independencia”, los recibió en su domicilio particular. Fue la última deferencia para con un “camarada de armas”, que había sido su comandante en jefe en el Ejército.

El general, que poco después del golpe sería nombrado gobernador de Tucumán, mandó a pedir unos documentos al Comando de la Brigada y se los trajeron a toda velocidad. Los Alsogaray, sin quererlo y sin saberlo, resultaron ser testigos de aquello que los familiares de los desaparecidos sostendrían durante décadas: que los jefes de la represión clandestina llevaban un registro minucioso de todos los prisioneros desaparecidos y asesinados, incluyendo sus fotografías, vivos o muertos.

Zulema Legorburo de Alsogaray, que había llegado en estado de shock a San Miguel de Tucumán, largó un sollozo cuando encontró en una de esas carpetas la foto de su hijo menor, con el rostro cosido a bayonetazos.

Bussi se indignó y le advirtió con vozarrón cuartelero:
-Señora, no le voy a permitir que llore en mi presencia. Si va a llorar, retírese. Porque si usted ha perdido un hijo yo todos los días pierdo hijos en esta guerra.

Pasaron los años y una democracia desmemoriada hizo a Bussi diputado y gobernador. El 13 de febrero de 1998, en el marco del célebre proceso a los represores argentinos que llevaba adelante el juez español Baltasar Garzón, la fiscal suiza Carla del Ponte remitió información irrefutable sobre una misteriosa cuenta en Suiza del represor devenido gobernador. Bussi, acosado por el escándalo y la presión de la oposición, tuvo que recibir a la prensa nacional y contestar la incómoda pregunta.

“Ni lo niego ni lo afirmo”, dijo el dios implacable del “Operativo Independencia”. Y ante el asombro de los periodistas, la voz se le estranguló y se largó a llorar. Al día siguiente la legislatura tucumana aprobó la formación de una comisión investigadora. El 18 de febrero la Cámara de Diputados de la Nación abrió la declaración jurada que hizo Bussi al asumir su banca en 1993. No figuraba la cuenta suiza.

El 19 de febrero Bussi volvió a llorar ante los periodistas y dijo que había omitido “sin intencionalidad” la existencia de la cuenta helvética. “Sin intencionalidad” el represor seguiría “omitiendo” los datos que irían saltando en los meses siguientes: siete cuentas en bancos extranjeros, 18 en diversas entidades nacionales y una larga colección de inmuebles, en Tucumán, Buenos Aires y Punta del Este. Solamente su departamento en Avenida del Libertador 2237 fue valuado por la legislatura tucumana en 413 mil pesos-dólares.

Ni Zulema Legorburo, ni el general Julio Alsogaray, alcanzaron a ver cómo el señor de la guerra que no lloraba “por sus hijos” lloraba por sus cuentas bancarias. Zulema Legorburo murió en 1992 y su esposo dos años más tarde. Ambos sobrevivieron al Hippie, soportando en silencio nuevos agravios y renovados temores. En 1980, el hijo mayor Julio estaba exiliado en Uruguay y su padre le advirtió: “Ni se te ocurra regresar, porque el canalla de Bussi te haría asesinar solamente porque sos el hermano de un montonero”. Más tarde, en una charla con el hijo sobreviviente, afirmaría que el teniente coronel Albino Mario Alberto Zimmerman, que había sido jefe de policía en tiempos de Bussi, era “el Himler de Tucumán”.

Una idea terrible, que cuestionaba toda su vida, asomaba a veces en la conciencia atribulada del general Alsogaray: que la doctrina pentagonista en la que habían sido formados los jefes del Ejército, había procreado monstruos como Bussi. O mentirosos, como el general Héctor Ríos Ereñú (jefe del Ejército durante el gobierno de Alfonsín), que le inventó al difunto Juan Carlos Alsogaray un supuesto plan para asesinar a su propio padre.

Quien sobrevivió, para declarar contra Bussi cuando la Cámara de Diputados le rechazó el diploma en el año 2000, fue Julio Alsogaray. Que sigue imaginando, en el sin fin del cerebro, la escena de la madre a la que le prohíben llorar.




12 de Agosto de 2008 | 06:00
Secuestro de Yolanda Borda: un ex médico del Ejército habló del único imputado

Otro testigo ubicó a Basso en Belén

El médico Jorge Contreras trabajaba en el Ejército y participó de operativos de control tras el secuestro de Yolanda Borda. Aseguró que desconocía qué había ocurrido con la joven secuestrada.
Testigo. El ex médico del Ejército, Jorge Contreras, ayer en el Juzgado Federal.

Jorge Alberto Contreras, un ex delegado de PAMI que durante la década del `70 se desempeñó como médico el Ejército, confirmó ayer que el ex militar Enrique Henzi Basso, único imputado por la desaparición forzosa de Nelly Yolanda Borda, estuvo en Belén cuando ocurrieron los hechos que investiga la Justicia Federal.
Contreras fue citado a declarar por el juez Ricardo Antonio Moreno, quien hasta ahora imputó únicamente a Basso y lo indagará el próximo 26 de agosto por el delito de "privación ilegítima de la libertad seguida de muerte", en perjuicio de "Yoly" Borda, una joven oriunda de Belén que estudiaba Química en la Universidad Nacional de Tucumán.
La declaración de Contreras se suma a la que recientemente brindó otro ex militar, Hugo René Padovani, ya que ambos confirmaron que Basso estuvo al frente de los operativos de control llevados a cabo en Belén durante enero de 1977, cuando Yolanda Borda fue secuestrada por un grupo de tareas desde su casa paterna, ubicada en la cabecera departamental.
Contreras, ex delegado local de PAMI y ex médico del Ejército, declaró por más de dos horas en las oficinas del Juzgado Federal, acto del que participaron el querellante particular Guillermo Díaz Martínez y el defensor de Basso, Lucio Montero.
Según trascendió, Contreras explicó que él participó de los operativos de control de ruta y de identificación de personas que comandó Basso, inmediatamente después se puso en conocimiento que la joven Borda había sido secuestrada.
Basso es el único imputado que tiene la causa por la desaparición forzosa de la joven estudiante, porque una hora y media después de ser secuestrada, el 27 de enero de 1977, se hizo presente en la casa donde habían ocurrido los hechos para constatar cuál era la situación, aun cuando todavía no se había denunciado formalmente el secuestro.
Para los querellantes, estos operativos se hacían para cubrir con la formalidad lo que hacían en la clandestinidad las mismas fuerzas del Estado.
Yolanda Borda fue secuestrada aproximadamente a las 5.30 de la madrugada por varias personas que ingresaron a su casa vestidas de civil y con el rostro cubierto.
La joven estudiante dormía en su habitación y desde allí fue llevada a la fuerza por el grupo operativo de tareas. Como la casa estaba colmada de gente -días antes se había llevado a cabo una fiesta familiar-, recién varios minutos después los padres de Yolanda Borda descubrieron el secuestro.
A pesar de los vanos intentos de sus familiares por ubicarla esto resultó imposible. Las cartas enviadas al entonces gobernador y a los obispos de todo el país no tuvieron el eco favorable. Sin embargo, Yolanda Borda fue vista en centros clandestinos de detención de Tucumán algunos días después de su secuestro.

--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS



Lo acusan de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y otros delitos

Grave denuncia contra un general involucrado en la causa Ponce

Es el general Raúl Horacio Gallardo, uno de los integrantes de la Plana Mayor del Ejército. El año pasado iba a ser indagado por su presunta vinculación a delitos de lesa humanidad en Catamarca, donde ocupó un alto cargo en el Regimiento de Infantería 17.

--

El general Raúl Horacio Gallardo, uno de los militares supuestamente involucrados en el secuestro y la desaparición forzada de los hermanos Griselda y Francisco Ponce y del sobrino de ambos Julio Genaro Burgos, entre el 6 de abril y el 15 de diciembre de 1976 en Catamarca, fue denunciado penalmente por la ministra de Defensa Nilda Garré junto a más de 80 civiles y militares por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, tráfico de influencias y falsedad ideológica. El militar, que el año pasado estuvo a punto de ser detenido e indagado por el juez federal Ricardo Antonio Moreno en la causa Ponce y el acto se suspendió sin fecha, fue pasado a disponibilidad al descubrirse maniobras ilícitas en el trámite de licitaciones que beneficiaban a un puñado de empresas y que generaron un importante daño económico.
El caso fue publicado ayer por Horacio Verbitsky en el matutino porteño Página 12. Allí se desliza que, hasta el momento, Gallardo habría contado con cierta protección por parte del jefe de Estado Mayor del Ejército, Roberto Bendini, quien habría intercedido en tres oportunidades para evitar que pasara a retiro, e incluso para postergar la indagatoria en Catamarca.
Gallardo era director del Colegio Militar en marzo de 2004 y expresó su desacuerdo con la decisión del presidente Néstor Kirchner de descolgar los cuadros de los ex dictadores Jorge Videla y Benito Bignone de la galería de ex directores de ese establecimiento. También se recuerda que en mayo de 2006 permitió que una mujer se acercara a gritar insultos al entonces presidente Kirchner.
El año pasado, la querella particular que ejercen familiares de personas secuestradas y asesinadas durante la última dictadura militar había solicitado la detención de varios altos jefes militares que habían estado en actividad durante el proceso militar en Catamarca. El juez Moreno hizo lugar al pedido y ordenó la detención de Carlos Alberto Lucena, ex jefe del Regimiento 17 de Infantería y ex interventor militar de Catamarca, quien fue indagado por su presunta responsabilidad en la desaparición de los Ponce.
El magistrado había tomado la misma medida en contra del general Gallardo, que estaba en actividad y era uno de los cinco oficiales que ostentaban ese grado en todo el país. En 1976, Gallardo era asistente personal de Lucena y, según el fiscal de la causa, Santos Reinoso "era el jefe de la compañía que llevaba a cabo los operativos".
Las fuentes consultadas dijeron en ese entonces que el juez Moreno había postergado su indagatoria por dos razones: una presentación espontánea que efectuó Gallardo a través de su abogada defensora y a la tramitación de nueva prueba en la causa, que debe ser remitida por el Ejército Argentino.

Fraude

La causa que involucra a Gallardo y a otros tres generales, cinco coroneles, seis tenientes coroneles, siete mayores, dos capitanes, un teniente, siete suboficiales y cincuenta y un civiles será investigada por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Según se desprende de la publicación, la investigación surgió de una auditoría rutinaria mediante la cual se tomaron como muestras veinticinco contrataciones realizadas durante 2007 en tres dependencias del Ejército, elegidas al azar. "Su resultado sugiere ´una manipulación sistemática´ de los procedimientos establecidos con el propósito de ´favorecer a determinadas empresas´ que formaban un club de ventas que se repartían las adjudicaciones, el empleo de ´una metodología idéntica y la participación de actores comunes para dar apariencia de legalidad a veinticinco procedimientos contractuales irregulares provocando un grave perjuicio a la administración pública´. Esas contrataciones directas, licitaciones públicas y licitaciones privadas fueron diseñadas y tramitadas en el Comando de Operaciones Terrestres, cuyo jefe era el general Gallardo; en el batallón de Intendencia 601 y en la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército", detalla la nota.
Entre las irregularidades desnudadas por el ministerio de Defensa, se destacan desdoblamientos de contrataciones de los mismos bienes y servicios para efectuar compras de menor monto y evitar controles; falsificación de firmas, adulteración de documentos públicos, adjudicaciones a oferentes con dudosa situación fiscal y sin experiencia previa en los rubros a adquirir, y adjudicaciones sin los correspondientes dictámenes técnicos y jurídicos.

RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS


SANTA FE › CAUSAS EMBLEMATICAS DEL TERRORISMO DE ESTADO EN ROSARIO YA FUERON ELEVADAS A JUICIO ORAL.

La patota entera camino al banquillo

Son decenas de represores entre los que se encuentran Genaro Díaz Bessone, Pascual Guerrieri, Rubén Lo Fiego y Walter Pagano, entre muchos otros. En Santa Fe detuvieron esta semana al teniente Héctor Marino, involucrado en varias causas.

Por José Maggi

La causa Feced, la causa Fábrica Militar de Armas y la segunda parte de la Causa Guerrieri o Quinta de Funes; finalmente irán a juicio oral. Así lo decidió el fiscal federal Ricardo Vázquez quien firmó en los últimos días el requerimiento necesario. En estas causas están procesados siete represores, uno de ellos prófugo, y otro con arresto domiciliario. La Patota desfilará por el banquillo de los acusados con el general retirado Genaro Díaz Bessone a la cabeza de la lista y Rubén el Ciego Lo Fiego tal vez en el 2009, habida cuenta de los tiempos judiciales y no antes de fin de año como se especulaba. Se les imputan 87 casos de secuestros seguidos de torturas, y 8 homicidios. También fue pedida la elevación a juicio de la segunda parte de la Causa Guerrieri, más conocida como Quinta de Funes, en este caso con Walter Pagano como procesado, por su participación en el asesinato de 15 jóvenes militantes Montoneros ocurrido en La Intermedia. Otra causa, que en parte irá a juicio oral es la de Jordana Testoni, donde se investiga el funcionamiento del centro clandestino de la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. En este marco el último martes fue detenido en la capital provincial el teniente coronel retirado Héctor Marino González, por su participación en los centros clandestinos Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu y Quinta de Funes. El ex militar que prestó declaración indagatoria y fue llevado al penal de Marcos Paz, esta señalado en la justicia por Eduardo "Tucu" Costanzo como quien dirigió los "vuelos de la muerte" en los que se habrían arrojado los cuerpos de los militantes asesinados.

El principal imputado en la Causa Feced es Ramón Genaro Díaz Bessone, quien será juzgado como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas y por la duración de más de un mes en concurso real con tormentos en treinta y ocho oportunidades y también como autor de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia, amenazas y desaparición física en quince oportunidades en concurso real con el delito de asociación ilícita calificada en calidad de cabecilla.

El más emblemático es sin embargo José Rubén Lo Fiego alias "el Ciego", quien será juzgado por privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas cometida en 17 oportunidades, asimismo por privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por la duración de más de un mes en concurso real con tormentos en cuarenta y cuatro oportunidades y privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia, amenazas y homicidio calificado en tres oportunidades. En concurso real con asociación ilícita calificada.

El tercero en orden mediático de reconocimiento y repudio social es sin dudas Mario "el Cura" Marcote. El reo será juzgado como autor penalmente responsable de tres hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencias y amenazas y por la duración de más de un mes en concurso real con veinticinco hechos de tormentos. También por privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con tormentos en veintiséis oportunidades todo ello en concurso real con el delito de asociación ilícita calificada.

En esta causa son querellantes entre otros Marta Bertolino, José Aloisio, Liliana Gómez, Azucena Solana, Eduardo Seminara, Elida Luna, Alfredo Vivono con el patrocinio de Gabriela D'urruty, solicitará la elevación a juicio oral de la causa que viene tramitando desde el año 1986.

En tanto la segunda parte de la causa Guerrieri también será elevada a juicio con Walter Pagano como principal encartado. Para el fiscal está probado que Pagano participó de la eliminación de 15 militantes Montoneros en el centro clandestino conocido como La Intermedia, en rigor una casa quinta ubicada en La Ribera, propiedad de la familia de Juan Daniel Amelong. También se le imputan los casos de secuestro de Tucho Valenzuela -que se fugó tras la Operación México- de Jaime Dri - que también logro evadirse- y de Raquel Negro, quien fue asesinada luego de dar a luz a dos mellizos en el Hospital Militar de Paraná.

Justamente por esta causa ya había declarado otro de los detenidos esta última semana: se trata de Héctor Marino González quien el 12 de abril había declarado ante la justicia federal de Paraná por la causa del robo de bebés de Negro en el Hospital Militar de Paraná.

En esa declaración el teniente coronel Héctor Marino González negó haber integrado el grupo de tareas que en 1978 trasladó a Raquel Negro para dar a luz en el nosocomio de la capital entrerriana e incluso dijo no conocer a Eduardo Tucu Costanzo, quien lo había sindicado como responsable del operativo de traslado de la mujer desde Rosario. "La declaración fue escueta e irrelevante para la causa", dijo entonces la abogada querellante Marina Barbagelata, quien agregó que el testimonio "fue del mismo tenor que el del represor (Walter) Pagano".

Ahora Héctor Marino González fue imputado por su participación en la Quinta de Funes y en Fabrica Militar de Armas. En esta última causa deberá responder por los crímenes de Susana Miranda y Ariel Morandi, el secuestro y torturas de Hilda Cardozo, y el secuestros y torturas de Ramón Verón, Juan Rivero, Adriana Arce y Olga Moyano.



--
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

No hay comentarios: