domingo, 31 de agosto de 2008

EL PAIS › LA MINISTRA DE DEFENSA PROHIBE QUE LOS MILITARES ALOJEN Y TRASLADEN REPRESORES DETENIDOS

Choferes, natación y caminatas sin esposas

Buscan poner fin al alojamiento de represores en cuarteles y al uso de oficiales como custodios y cadetes de militares con prisión domiciliaria. Ambas medidas, ordenadas por los jueces, son ilegales.


Por Diego Martínez

Por orden expresa de jueces federales de todo el país, militares y marinos en actividad ofician de remiseros, cadetes y custodios, y a la vez de policías y guardiacárceles, de camaradas retirados procesados por crímenes de lesa humanidad. Los mandados encomendados por Sus Señorías incluyen desde detenerlos y trasladarlos a tribunales o al Hospital Militar hasta apreciar durante dos horas las dotes de nadador del general Reynaldo Benito Bignone en la pileta del Círculo Militar, u observar al coronel Pascual Oscar Guerrieri durante sus caminatas en el Regimiento de Patricios, el mismo donde intentó refugiarse cuando un cronista lo descubrió raqueta en mano violando su arresto domiciliario. Como la Ley de Defensa Nacional prohíbe a las Fuerzas Armadas realizar las tareas de seguridad interior que paradójicamente ordenan jueces de la Nación, la ministra de Defensa, Nilda Garré, dispuso reiterar por tercera vez a los magistrados que revean el criterio de alojar represores en cuarteles y usar a los militares de che pibe, y, por primera vez, prohibió a los jefes de las tres fuerzas acatar sin su autorización expresa requerimientos de detenciones, traslados y alojamientos de criminales de lesa humanidad.

Abogados y habitués de tribunales ya no se sorprenden al ver llegar a viejos generales en autos oficiales, sin esposas, acompañados por señores de saco y corbata. Los recados suelen encomendarse directamente al coronel Edgardo Benjamín Carloni, jefe del departamento Asuntos Humanitarios, que no fue creado para servir a dinosaurios. Los privilegios que los jueces brindan a militares en desgracia son de vieja data. Antes de ser ministro de Seguridad de Mauricio Macri, el entonces juez Guillermo Montenegro ordenó al Ejército trasladar dos veces por semana a Antonio Domingo Bussi desde su casa en un country de Pilar hasta la chacra Victoria, en el kilómetro 79 de la Panamericana, para que “efectúe caminatas”. Pese a ser ex liceísta e hijo de un capitán de fragata, Montenegro encomendó la custodia a una desconocida “División Castrense de la República Argentina”. Luego el juez santiagueño Angel Jesús Toledo dio el visto bueno al ex gobernador tucumano para “permanecer y/o pernoctar” en la casa de su hija María Fernanda, en Figueroa Alcorta 3590, cada vez que desee ir al médico.

Rodolfo Canicoba Corral le ordenó al Ejército “proveer el medio de transporte y la seguridad del traslado” cada vez que el general de brigada Héctor Gamen y los coroneles Alberto Barda y Pedro Durán Sáenz “requieran visitas médicas”. Otras dos veces por semana, autorizado por el juez Daniel Rafecas, Durán Sáenz concurre al psiquiatra del Hospital Militar. Es comprensible que el ex jefe de El Vesubio, acusado de violar a mujeres secuestradas, precise atención psiquiátrica. Lo cuestionable es que deba ser atendido por empleados públicos y trasladado por oficiales en actividad en móviles del Ejército.

Como juez federal interino Julián Ercolini solicitó al Ejército que martes y jueves traslade al hospital al coronel Rubén Héctor Visuara para que “realice caminatas dentro del predio de ese nosocomio castrense”. También dos veces por semana el juez Ariel Lijo autorizó al coronel Pascual Guerrieri a caminar dentro del Regimiento de Patricios, el mismo donde el ex torturador de la Quinta de Funes intentó refugiarse cuando lo filmaron jugando al tenis. Lijo aclaró al menos que “deberá permanecer custodiado en forma permanente, evitando que tome contacto con personal militar”. Tal vez sea hora de invertir en cintas para caminar en casa.

El juez federal de Posadas, Ramón Claudio Chávez, autorizó al coronel Carlos Humberto Caggiano Tedesco a concurrir al Hospital Militar con su esposa y su auto pero con custodia militar. Cuando terminó el tratamiento lo autorizó a “continuar su terapia física” en el cuartel de Villa Martelli. También Rafecas encomendó a Asuntos Humanitarios trasladar a Jorge Rafael Videla al Hospital Militar “las veces que sean necesarias” para aplicarse una inyección de Suprefact Depot. El camarista salteño Dardo Rafael Ossola ordenó a Asuntos Humanitarios que trasladara al coronel Miguel Raúl Gentil al Hospital Militar “cuando su salud lo requiera”.

“Las veces que sea necesario”, coincidió el juez federal Miguel Antonio Medina. “Cuando sea necesario” son tres palabras que se reiteran en la mayor parte de los escritos. Significa que cuando les plazca pueden llamar por teléfono al coronel Carloni para que les envíe coche y chofer. La jueza subrogante Gladis Graciela Comas ratificó el criterio de Medina y agregó: “procurando el retorno a su domicilio”. Si vuelve, mejor.

El juez federal de San Martín, Alberto Suares Araujo, al menos le permite a Carloni organizar la agenda. Por orden de Su Señoría, martes y jueves de 9 a 11 Asuntos Humanitarios traslada al general Eugenio Guañabens Perelló al Hospital Militar para recibir su tratamiento de kinesiología. Lunes y viernes a la misma hora lo llevan a nadar a la pileta del Círculo Militar, frente a la plaza San Martín. Los miércoles el general prefiere dormir hasta el mediodía. Martes y jueves a las ocho el madrugador Bignone puede optar entre hospital o pileta. Tres veces por semana el general Eduardo Alfredo Espósito va al Hospital Militar “a fin de realizar actividad física”. Martes y jueves a primera hora el general Santiago Riveros se cruza en los pasillos del hospital con los camaradas Bignone, Guañabens Perelló y Osvaldo Jorge García. Esta semana los abogados querellantes en la causa del mayor centro de exterminio del país presentarán un escrito a Suares Araujo para que la ex cúpula de Campo de Mayo sea trasladada con esposas y por el Servicio Penitenciario Federal.

También los ex oficiales de la ESMA con arresto domiciliario suelen ponerse de acuerdo para coincidir en el Hospital Naval, al que llegan con minutos de diferencia. En 2006 ex detenidos de la ESMA denunciaron que Alfredo Astiz se reunía con sus camaradas en una oficina del hospital. Igual que la mayor parte de los jueces que investigan a represores del Ejército, Sergio Torres encomienda a los marinos las detenciones de sus compañeros. El argumento, que sus colegas comparten, es que las Fuerzas Armadas están facultadas para citar a sus hombres en cualquier momento y a sancionarlos si no acatan la orden. No concurrir a una citación judicial también es una falta disciplinaria. El mes pasado, cuando fueron a Pilar a detener al suboficial primero Víctor Olivera, su mujer les dijo que no estaba pero que a la mañana siguiente se iba a entregar. Como no tenían orden de allanamiento no pudieron verificar si “Lindoro”, como se llamaba en la ESMA, estaba en un ropero o tras los pasos del Laucha Corres. Por la mañana comprobaron que la mujer no había mentido, pero el susto de esa noche, que pudo haberles costado la carrera, no se lo olvidan. Ya son varios los capitanes de la Armada que se niegan a cumplir las órdenes de detención.

Oídos sordos

El alojamiento de procesados con prisión preventiva en cuarteles, más de una vez los mismos donde cometieron los delitos, fue cuestionado por fiscales y organismos de derechos humanos desde las primeras detenciones posteriores a la reapertura de las causas, en 2003. En diciembre de 2005 la Cámara Federal porteña le ordenó al juez Torres que los represores de la ESMA dispersos en bases navales fueran custodiados por penitenciarios. Pero nada cambió. En abril de 2006 la ministra Garré solicitó por primera vez a los jueces federales de todo el país que reconsideraran la decisión de mantener genocidas en bases y regimientos. Ninguno acusó recibo.

Tres meses después el grueso de los marinos fue trasladado al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, por entonces con custodia a cargo de Gendarmería. Fue necesaria la aparición del cadáver envenenado del prefecto Héctor Febres en su dúplex VIP de Prefectura para que la sociedad accediera a las imágenes del ex torturador montando a caballo o haciendo la plancha en la pileta de la base de Azul, y para que Sus Señorías se dignaran a rever privilegios y lujos.

En enero pasado, cuando la mayor parte de los represores que no gozan de arresto domiciliario ya estaban concentrados en Campo de Mayo, Defensa firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que la custodia quedara en manos del Servicio Penitenciario Federal. Pero 2008 deparaba otra lección amarga: la fuga del teniente coronel Julián Oscar Corres, el 26 de julio, de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, donde lo alojó el juez federal Alcindo Alvarez Canale. Con el papelón consumado, el ministro Aníbal Fernández instruyó a todas las fuerzas de seguridad para que dejaran de alojar represores en sus dependencias, y ordenó al Servicio Penitenciario Federal que cumpliera en 48 horas todos los traslados pendientes (Corres debió ser trasladado a Campo de Mayo un mes antes de la fuga).

Si bien el ex torturador de La Escuelita bahiense no se había fugado de un cuartel militar, la ministra Garré reiteró a todos los magistrados, una vez más sin éxito, su solicitud de rever el criterio que obliga a soldados activos a oficiar de guardiacárceles. Por estos días hay aún 34 militares alojados en Campo de Mayo, más una docena en el cuartel La Unión del Cuerpo III en Córdoba, servidos por militares bajo responsabilidad de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano, y otros tantos dispersos en cuarteles de Corrientes, Jujuy, Mendoza y Comodoro Rivadavia.

El más célebre, por muertos en el haber, acumulación de condenas y procesamientos, es el general Luciano Benjamín Menéndez, trasladado desde la cárcel modelo de Bouwer al ex arsenal tucumano Miguel de Azcuénaga a principios de agosto para afrontar el juicio que concluyó el jueves. De inmediato Defensa puso el grito en el cielo, reclamó al Tribunal Oral Federal de Tucumán que revea el criterio y resaltó una contradicción que los jueces no deberían ignorar: según la Ley de Personal Militar los retirados mantienen una relación jerárquica sobre los activos que deben custodiarlos, situación que enfrenta a los soldados con la contradicción de tener que controlar a sus superiores. La garantía constitucional de igualdad ante la ley “sólo puede ser corregida con el alojamiento en cárceles de la Nación en condiciones de igualdad con los demás detenidos”, concluye el escrito.

El argumento de los jueces tucumanos para rechazar el pedido fue contundente: el ex centro de tortura y exterminio es “el lugar más apropiado y conveniente para asegurar la comparecencia a juicio”.

El jueves, tras la condena, Garré reiteró el reclamo al presidente del tribunal, Carlos Jiménez Montilla. Menéndez aún sigue allí. El jueves se sabrá si Bussi cumplirá su pena en una cárcel común, como solicitó el fiscal Alfredo Terraf, o si continúa en su country de Yerba Buena.

A partir de mañana el resto de los jueces recibirá la misma nota que Jiménez Montilla. “Las Fuerzas Armadas no podrán ejecutar ninguna tarea propia del proceso penal salvo previa y expresa autorización de este ministerio, ni alojar en unidades militares a personas procesadas o condenadas penalmente”, resolvió Defensa. La nota argumenta una vez más lo obvio: que la seguridad interior es una tarea vedada a las Fuerzas Armadas, que los cuarteles no están diseñados para servir de cárceles y que los soldados no están capacitados para oficiar de penitenciarios. Garré recuerda que la distinción de competencias entre fuerzas armadas y de seguridad es “una conquista democrática”, explica que las órdenes de los jueces obligan a los militares a violar la Ley de Defensa Nacional, dificultan “el proceso de fortalecimiento institucional” que exige un Estado democrático de derecho y “el desafío de la profesionalización” dentro del cual ocupa un lugar central “el estricto apego a la legalidad”. Concluye advirtiendo a los magistrados que “cuando circunstancias objetivas” los obliguen a requerir cooperación militar para realizar traslados o detenciones, designen primero a personal policial o de fuerzas de seguridad, únicos habilitados por la ley a ejecutar ambas tareas.


Corres está en Marcos Paz

El represor Oscar Julián “Laucha” Corres, quien el martes declaró ante la Justicia sobre su reciente fuga de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, fue trasladado ayer al penal de Marcos Paz. “Corres estuvo alojado en una celda de alta seguridad en la cárcel de Bahía Blanca” durante los días en que fue indagado, informó el Servicio Penitenciario Federal. Junto con Corres fueron trasladados también hacia Marcos Paz dos integrantes de la Policía Federal que se desempeñaban en la ciudad rionegrina de Viedma, detenidos en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Se trata de los su-boficiales retirados Carlos Contreras y Héctor Goncalvez, a quienes se investiga en relación con la causa por privación ilegítima de la libertad, tormentos y desaparición forzada que investiga el juez Alvarez Canale de Bahía Blanca. Sus pedidos de detención habían sido efectuados por los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño.

EL PAIS

El juicio en Neuquén

El lunes continuará en Neuquén el juicio oral a ocho represores por la desaparición de Oscar Alfredo Ragni y otros 16 casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos. Ragni estuvo detenido y fue torturado en el centro clandestino conocido como La Escuelita, que funcionó en el batallón militar de la capital provincial durante la dictadura. Su madre, Inés Rigo –integrante de Madres de Plaza de Mayo filial Alto Valle de Río Negro y Neuquén– y su padre Oscar Ragni, miembro de la Corriente de Militantes de Derechos Humanos, serán los primeros en declarar mañana, cuando se reanuden las audiencias. El fiscal Manuel de Reyes Balboa destacó en su requerimiento elevado al Tribunal que previo a su desaparición, personal de civil que se identificó como perteneciente a la Policía Federal realizó un operativo en un estudio de arquitectura donde trabajaba el joven. Durante la investigación, han declarado sobrevivientes de La Escuelita que vieron a Ragni en ese centro clandestino de detención.


EL PAIS UN LADERO DE LOS MILITARES QUE SE ALZARON EN ARMAS EN 1987 SE ALISTO CON DUHALDE

Tropa carapintada para enfrentar a K

Se trata de Santiago Cúneo. También comparó a Kirchner con Hitler y ha compartido varios actos con Cecilia Pando. Conduce la petrolera Dogopetrol. En las últimas elecciones fue primer candidato a legislador porteño por la lista de Cherasny.

Por Gustavo Veiga

La coincidencia es notable. Eduardo Duhalde y uno de sus seguidores en el Movimiento Productivo Argentino (MPA), el carapintada Santiago Cúneo, compararon al ex presidente Néstor Kirchner con Adolf Hitler. El exabrupto común no pasaría de una miscelánea si no fuera porque Cúneo es un ultraderechista que comenzó a mimetizarse en el follaje duhaldista con alguna aspiración aún no develada. El 8 de julio pasado, en la sede del MPA, el invitado especial José Manuel de la Sota discurría sobre su eventual programa de gobierno. A pasos del cordobés y de Duhalde, que seguía con atención el discurso desde la primera fila, un hombre calvo, de 37 años, escuchaba de pie. Era el mismo que a fines de febrero se planteaba en su periódico virtual Paralelo/42, que se edita en dos lugares tan distantes como Lago Puelo, en la provincia de Chubut, y San Miguel, en el Gran Buenos Aires, “revivir los tiempos de Menem-Duhalde”.

No es casual que Cúneo incursione en el periodismo desde dos distritos donde las ideas ultramontanas tienen sólidos cimientos. Tampoco que en las páginas de su medio se escriba “el kirchnerismo defiende de la mano de sus talibanes, cuadra a cuadra, las calles de Berlín”. O “su aparición en la Plaza de Mayo (por Néstor Kirchner) fue una foto que recordó a Hitler, condecorando a niños vestidos de soldados entre las ruinas del Tercer Reich”. Para un nostálgico del terrorismo de Estado es, cuanto menos, original. Cúneo ha compartido varios actos junto a Cecilia Pando y a otros miembros del partido militar (ver aparte).

En este juego de las semejanzas dialécticas combina a la perfección con Duhalde, que el 14 de agosto había dicho que el discurso del ex presidente en la plaza del Congreso –en los días más álgidos del conflicto entre el Gobierno y el campo–, le recordaba “a esos oradores como el Führer, como fue Mussolini”. Aunque al día siguiente se arrepintió de la comparación y pidió disculpas.

Cúneo le hizo una entrevista exclusiva de siete páginas a Duhalde en Paralelo/42 y tiene como editorialista al periodista Oscar Otranto (ex candidato a intendente de San Miguel), que también escribió: “Casi puedo ver la sonrisa cómplice de Favaloro haciéndonos un guiño, por no rendirnos, por pensar, por comprometernos con la prospectiva, por no aceptar el fracaso con un determinismo histórico invariable, por querer sentir lo que se ama”. De este modo, con el diario bajo el brazo, Cúneo parece que volvió a la palestra después de haber aquilatado experiencia desde su adolescencia en los sectores más marginales y reaccionarios de la política. Encontró una hendija en el MPA y se metió por ella.

“A Duhalde lo viene a ver todo el mundo a su oficina, él no va a ningún lado. Es más, hay gente que anda diciendo en los medios que se reunió con él y nunca lo hicieron”, le dijo a PáginaI12 una fuente muy próxima al hombre que no descansa en su objetivo de volver a la presidencia por el voto popular. La consulta venía a cuento de versiones sobre encuentros entre Duhalde y ex carapintadas, transformados hoy en políticos todo terreno. Un “no” rotundo fue la respuesta. Aunque si se especula con esa relación en el presente es porque, en 1995, el por entonces gobernador de Buenos Aires consiguió la reelección en el cargo gracias a los votos del Modin, que lideraba el teniente coronel Aldo Rico. Las sospechas de sobornos en esa Constituyente nunca quedaron aclaradas.

A Cúneo, un ex ladero del militar, parece entusiasmarlo el polo anti K que se está formando en torno de Duhalde. El solo, desde su periódico, se encarga de hacerle prensa al presidente honorario del MPA y a cualquier otro aspirante a la Casa Rosada que esté enfrentado con el matrimonio Kirchner. En el número 2 de su publicación le dedicó la tapa al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, a quien le colocó la banda presidencial en un fotomontaje. Cúneo es el editor responsable del pasquín; el ex futbolista y ex intendente de José C. Paz Rubén Glaría, el encargado de Deportes, y el terceto de conocidos que tiene la publicación lo completa el abogado Mariano Cúneo Libarona en el departamento jurídico.

En el MPA también reapareció Gabriel Dreyfus, el publicista y ex candidato a vicegobernador del comisario torturador Luis Abelardo Patti en las elecciones bonaerenses de 1999. Ahora como asesor de Chiche, la senadora y esposa del líder de la nueva armada Brancaleone del PJ, el creativo colaboraría en el diseño de una campaña de imagen.

Más módico, el emprendimiento editorial de Cúneo apenas lleva seis meses, aunque no es el más importante de su meteórica vida empresarial. Transformado a los 27 años en un repentino industrial petrolero –fue vicepresidente de Petro Corp SA, que explotaba estaciones de servicio y condujo otras sociedades semejantes– diez años después se mantiene en la misma actividad al frente de Dogopetrol SA, fundada en febrero del año pasado.

El personaje no cambia de rubro ni de socios con pasado carapintada. En los años ’90 compartió sociedades con Enrique Venturino, Emilio Morello, Angel León y la ex esposa de Rico, Noemí Crocco (María del Carmen, la hija de ambos, es diputada nacional por el Frente para la Victoria, aunque antes había integrado el bloque duhaldista). Ahora lo hace con el ex capitán Ernesto Hanse Larramendi, otro ex lugarteniente del máximo líder del levantamiento militar de 1987.

Cúneo se describe a sí mismo en la página web de la compañía como “de fuerte carácter e íntimas convicciones y convencido de que solo la competencia puede regular el mercado, ahijado del ex presidente Arturo Frondizi, abrazó al sector petrolero por vocación y herencia como bandera de acción comercial y política...” Así, todo junto y de corrido. Hanse Larramendi, por su parte, se presenta como “padre de 5 hijas y con 50 años de edad, fue oficial del Ejército Argentino, habiendo estado en la guerra de Malvinas, además de haber representado al Ejército en países como Estados Unidos y España”. El tercero de los socios en Dogopetrol es el contador público Daniel Cosentino.

El joven empresario que fue expulsado de la UCR por abrazar la causa carapintada y tomar un comité partidario en la sublevación militar del ’87, cuando apenas tenía 17 años, ha vuelto para hacer de las suyas. Su incalculable fortuna la amasó mientras gozaba de la protección política de Carlos Menem, a quien respaldó casi en soledad en su intento de re-reelección con unos afiches callejeros que él mismo explicaría sin ponerse colorado.

–¿Hace una campaña por la reelección mientras espera un decreto que beneficiará sus negocios? –le preguntó este diario hace diez años.

–¿Y qué tiene de malo? El que diga que los negocios no tienen que ver con la política es un hipócrita.

El teorema de Cúneo es un aporte a la teoría económica que no necesita explicación. El próximo político que aparezca en una fotografía junto a este personaje debería saber que le van a pedir algo a cambio. Duhalde ya lo tiene demasiado cerca.



EL PAIS

Un hombre coherente

Por Gustavo Veiga

Santiago Cúneo cumplirá 38 años el próximo viernes 5. Precoz militante de la causa carapintada, de Carlos Menem hacia la ultraderecha ha estado con casi todas. En las últimas elecciones porteñas acompañó al periodista Guillermo Cherasny como primer candidato a legislador de Consenso Porteño. Los votos que cosechó no alcanzaban para llenar las pequeñas tribunas del club San Miguel, donde aspira a ganar las próximas elecciones. La institución está quebrada y juega en la Primera C. En el partido homónimo del Gran Buenos Aires, Cúneo acompañó la creación del Movimiento Derecha Republicana, que en 2006 tuvo un lanzamiento frustrado en la parroquia San Miguel Arcángel. El cura Gustavo Leandro Manrique le envió una carta documento instándolo al “inmediato retiro de la mención catedral de San Miguel de la campaña y de todo tipo de publicidad por medios gráficos, radiales y/o televisivos”. Cúneo, Cecilia Pando y Carlos “El Indio” Castillo –fuerza de choque de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en los ’70 y asesor del Modin en los ’90– se conocen muy bien de los actos donde se recuerda a los muertos de la subversión y se pide por la libertad de los represores detenidos. Enfrentado con el ex intendente de San Miguel Oscar Zilocchi –otro ex Modin que se pasó al kirchnerismo– lo acusó de “estar al servicio de un modelo de izquierda”. Sin embargo, Cúneo tiene domicilio registrado en el barrio de Núñez (donde tomó el comité radical en el ‘87) y atiende en Dogopetrol desde Puerto Madero.


15-11-1998 SANTIAGO CUNEO, SOCIO DE RICO, VENTURINO Y MORELLO, BENEFICIADO POR UN DECRETO DE MENEM
La saga del carapintada petrolero

Hace dos años era un empleado del bloque del Modín que no podía pagarle al carnicero. Hoy tiene oficinas en Puerto Madero, financia campañas por la re-reelección y explica su caso diciendo que “todo negocio es político”.

Cúneo era radical, pero lo expulsaron del partido por tomar a mano armada la sede central en el último levantamiento carapintada.

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Por Raúl Kollmann y Laura Vales

t.gif (67 bytes) El Poder Ejecutivo publicó esta semana el decreto 1305 que facilita la importación de naftas. La norma está hecha a la medida de un personaje más que curioso, Santiago Cúneo, quien hace menos de un mes imprimió y mandó a pegar miles y miles de carteles en los que aparece abrazado al presidente Carlos Menem, con la consigna Menem 99 al pie. Cúneo es el presidente de la empresa Cop Petrol, impulsora de la importación de naftas, en la que extrañamente aparece asociado con los carapintada Aldo Rico, Emilio Morello y Enrique Venturino. Asimismo, Cúneo es el presidente de Cebra, que agrupa a las estaciones de servicio blancas –las que venden esas naftas importadas, sin marca– y, para redondear, también preside un partido extinguido, la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente), que apareció firmando los carteles de Menem 99. La UCRI funciona en la calle Tucumán 950, es decir el domicilio registrado en la justicia electoral como sede central del Modín.
La petrolera reeleccionista-carapintada fue fundada hace relativamente poco, el 22 de enero de 1997, provocando el asombro de empresas de la envergadura de YPF o Esso que no pueden creer su crecimiento explosivo. En el acta de fundación aparecen tres socios, Santiago Cúneo, el del abrazo con Menem; el carapintada ex teniente coronel Enrique Venturino, recordado por encabezar junto a Rico la rebelión de Semana Santa, y un amigo de Cúneo, Mariano Saibene. Muy poco después, el 21 de mayo del ‘97, se produce una venta de acciones y entra como socia Vilma Mónica Edith González, esposa de otro notorio carapintada, Emilio Morello, a quien el juez Juan José Galeano vinculó con la causa AMIA. Por último, ingresó a la sociedad Noemí Crocco, esposa de Aldo Rico. “Sí, el Ñato es mi socio”, le reconoció Cúneo a Página/12. El capital total es de apenas 12.000 pesos.
Como es obvio, la petrolera tiene su colateral política. Cúneo se apropió del sello trucho de la UCRI, que no tiene existencia legal, y firmó así los carteles de Menem 99, tres meses después del anuncio presidencial de que no aspira a la re-reelección. En la UCRI no sólo atiende su presidente, Cúneo, sino también el ex teniente coronel Angel León, otro que participa del negocio petrolero. Por último, en las oficinas de la UCRI, en Tucumán 950, segundo piso, están por poner un cartel a la calle con el nombre del partido, a pesar de que desde el punto de vista legal esa oficina figura en la justicia electoral como sede central del Modín a nivel nacional. El Modín es presidido por Morello, representado en Cop Petrol por su esposa, y se sabe que el referente –aunque se haya afiliado al justicialismo– es Aldo Rico, también participante de la petrolera a través de su esposa.
Qué son las blancas
Las estaciones de servicio blancas son las que no están vinculadas con las grandes empresas petroleras –YPF, Shell, Esso, EG3–, es decir que no tienen una marca reconocida. En general se trata de estaciones que no han sido aceptadas por las compañías grandes, básicamente porque tienen dificultades en el pago o “porque hay algo raro”, según le explicó a este diario un alto ejecutivo de una de las petroleras.
–¿Qué es lo raro?
–A veces no tienen condiciones de seguridad y otras veces hacen “sopa” –señaló el ejecutivo.
Sopa se le dice a la nafta adulterada, mezclada con gasolinas para obtener más litros, y también hay casos de naftas robadas, ya sea a través de desvíos clandestinos de los depósitos o directamente por asalto a los camiones. En los últimos años hubo varias denuncias por la participación de policías bonaerenses en operaciones de “pinchado de caños” e incluso varios oficiales terminaron presos. Por último, hay también denuncias por combustibles que supuestamente van hacia el Paraguay y que en el trasvase de un barco a otro desaparecen en una proporción que puede llegar al 15 por ciento. Más allá de lo que dicen las grandes petroleras, lo cierto es que la mayor parte de las estaciones blancas –son una pequeña parte del total– expenden nafta importada, justamente el negocio en el que revista la alianza reeleccionista-carapintada. Por ejemplo, Cop Petrol ha ido instalando estaciones de servicio blancas, aunque no está claro de dónde vienen los fondos. En el acta de la empresa número 14, de septiembre de 1997, dice textualmente que “habiéndose realizado los estudios correspondientes, se ha concluido en la conveniencia de aplicar parte de los fondos que se obtienen en el crédito gestionado en la República del Paraguay a la compra de la estación de servicio sita en San Martín y Barcalá, de Mendoza”. El importe que se acuerda pagar es de 315.000 pesos. Además de esa estación, el grupo cuenta con otra en Mendoza, alquilada a la orden de los franciscanos, dos en Santa Fe, una a punto de inaugurarse en El Bolsón y una sexta en el noroeste, todo conseguido en 19 meses. El meteórico desarrollo también se verifica en la otra asociación petrolera presidida por Cúneo, Cebra, que agrupa a los estacioneros blancos. Desde sus espectaculares oficinas de Puerto Madero, el amigo de Menem prepara una gran fiesta en el Sheraton, para mediados de diciembre, en la que expondrá su fulgurante progreso en los negocios.
Un rico nuevo
Quienes conocen a Cúneo desde hace tiempo se sorprenden. En 1996, hace sólo dos años, el hombre ganaba 1500 pesos mensuales como empleado del bloque del Modín en el Congreso. Algunos de sus amigos cuentan que entonces no podía pagar la cuenta de la carnicería, vivía en una casa alquilada y se sentaba al volante de un viejo Renault 18 color celeste. En el último año adquirió una exuberante propiedad en San Miguel, maneja indistintamente una 4x4 o una flamante coupé Alfa Romeo 145 cuadrifoglio y además le compró un auto a la esposa. Lo que se dice un ascenso fulminante.
“Lo raro del crecimiento de Cúneo no es sólo el negocio que tiene, sino el origen del capital”, aseguran en las petroleras grandes. De la documentación se desprende que una de las fuentes de dinero parecen ser los extraños créditos venidos del Paraguay, pero no faltan los que dicen que el origen está en la política. “El que diga que los negocios no tienen que ver con la política es un hipócrita”, se sincera el propio Cúneo ante este diario. Y parece que tiene razón. No sólo consiguió armar una estructura asombrosa sino que el futuro se presenta aún mejor: el Presidente le acaba de entregar como regalo el decreto para la importación de naftas. Y él devuelve gentilezas. Desde el cartel sonríe junto a Menem y se muestra como el más reeleccionista de los reeleccionistas.

La UCRI resultó un partido trucho

Los carteles de Menem 99, en los que Santiago Cúneo posa junto al Presidente, tienen la firma de la Unión Cívica Radical Intransigente, un partido que no existe desde el punto de vista legal. La UCRI no es reconocida por la justicia electoral ni por el Ministerio del Interior y no registra inscripción alguna en los 24 distritos del país y mucho menos figura como partido nacional.
En realidad, la UCRI fue el partido liderado por Arturo Frondizi cuando se produjo su ruptura con el radicalismo. “Cúneo nunca hizo actividad política alguna con don Arturo”, contó a Página/12 uno de los secretarios de Frondizi. “Lo único que recuerdo es que se presentó un día y le pidió a Don Arturo que fuera padrino de su casamiento. Como don Arturo era bueno y viejo, aceptó. Y eso fue todo. Ese señor jamás trabajó en el partido.”
Después de fundar la UCRI, Frondizi mantuvo un conflicto con Oscar Alende, lo cual dividió el partido. Don Oscar creó el Partido Intransigente y don Arturo el Movimiento de Integración y Desarrollo. Según confió a Página/12 una alta fuente de la Secretaría de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior, la UCRI no sólo no está registra-
da sino que tampoco podrá ser registrada en el futuro. “Existe una vieja presentación del radicalismo reclamando que no se autorice el uso del nombre Unión Cívica Radical a ninguna otra fuerza política. Y obviamente se le dio curso a esa petición”, confió la fuente. De manera que el partido de Cúneo, por ahora, es trucho. Y eso que, según dice, quiere presentarse como candidato a diputado por ese partido inexistente.


“Los negocios tienen que ver con la política”

Filosofía: ¿Hace campaña por la reelección mientras espera un decreto?
“¿Y qué tiene de malo? El que diga que los negocios no tienen que ver con la política es un hipócrita”.

Sorpresivamente, Cúneo tapizó la ciudad con su imagen junto a Menem, pidiendo la re-reelección.
La foto se la sacó en Texas, sin explicar para qué la quería. Una forma de hacer lobby.

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Por R.K. y L.V.

t.gif (862 bytes) Santiago Cúneo tiene las muñecas llenas de oro, un saco de diseño exclusivo y el celular más chico que se pueda encontrar en el mercado. Entra a su oficina con lentes oscuros del estilo de los de las estrellas de rock, que se saca sólo después de saludar. Llega unos minutos tarde, por supuesto. La oficina, en rigor, es un loft espectacular en Puerto Madero, donde el escritorio del empresario sigue el modelo de un despacho presidencial, con la bandera argentina escenográficamente ubicada detrás de su sillón. En la pared del fondo, sobre un mapamundi, Cúneo colgó un cartel de acrílico que ahora está justo encima de su cabeza. En él se lee: “La historia la escriben los que ganan”.
–Soy uno de los últimos radicales, una raza en extinción –dice a modo de presentación–. Empecé en un comité de Belgrano que estaba a una cuadra y media de la ESMA, en el ‘82, cuando no teníamos democracia y había que bancarse a los del Falcon verde dando vueltas.
–¿Por qué se hizo radical?
–Por tradición familiar.
–¿Y cómo un radical monta una campaña de afiches por la reelección de Menem?
–Porque Menem es el más hábil. Es el mejor para gobernar los próximos 4 años. No hay quien pueda suplantarlo.
Aunque parezca mayor, Cúneo acaba de cumplir 28 años, que le sobraron para forjar un currículum político escandaloso. En 1990, siendo militante de la Juventud Radical, tomó el Comité Nacional de la UCR en apoyo a los carapintada. Lo echaron del partido. “Nos fuimos con Rico porque vimos que era democrático –dice–. Si alguien colaboró para que terminaran los golpes de Estado, ése es Rico. Alfonsín había pactado en Semana Santa y no cumplió su promesa.”
Hace unos meses se autoproclamó presidente de la UCRI, partido del que hoy es candidato a diputado por la Capital Federal. Rico ya se había afiliado al PJ. En diciembre sufrió un atentado que en su momento se vinculó con una interna carapintada pero que Cúneo prefiere adjudicar a policías bonaerenses. “Iba con toda mi familia en mi camioneta, estábamos cerca del Unicenter de Olivos. Paré en una esquina y me agaché a juntar el celular que había quedado en el piso de la 4x4. Me salvé porque la camioneta tiene un sistema que presuriza los vidrios. El tipo golpeó la ventanilla con la culata del arma tres veces y no la pudo romper. La cuarta vez directamente amartilló la pistola, como para disparar. Yo arranqué y me salvé por eso. Los bonaerenses querían vincular al diputado del Modín, Emilio Morello, con el atentado a la AMIA, y yo los enfrenté. Por eso el atentado.”
Hace tres años compró una estación de servicio en Santa Fe. Hoy preside la petrolera Cop Petrol. “El Ñato es mi socio”, admitirá casi en la despedida. Entonces contará que espera la firma del decreto de desregulación de la importación de naftas, tema que –dice– le planteó al propio Menem.
–¿Hace una campaña por la reelección mientras espera un decreto que beneficiará sus negocios?
–¿Y qué tiene de malo? El que diga que los negocios no tienen que ver con la política es un hipócrita.

Cómo es el decreto sobre las naftas

El decreto firmado por Menem modificó el tratamiento impositivo para los importadores de combustibles. Antes, si alguien quería importar nafta o gasoil y no era un productor establecido en el país tenía que pagar impuestos en el momento de ingresarlos al país. Los productores nacionales, en cambio, pagan parte
de esas tasas escalonadamente, incluso después de haberlo vendido a las estaciones de servicio. El objetivo de la medida fue fomentar la entrada de naftas y gasoil para que baje
su precio, ya que a pesar de que el costo del crudo cayó considerablemente en el último año, esto no se trasladó a los surtidores argentinos.
La modificación impositiva es un viejo reclamo de los dueños de estaciones blancas agrupadas en su mayor parte en la Cámara de Estacioneros Cebra, que preside Santiago Cúneo, y también en Fecra, la federación de expendedores tanto blancos como de marca. En el Congreso llamó la atención que el tema se definiera con un decreto cuando en Diputados existe un proyecto de ley consensuado. Esta semana ese proyecto obtuvo media sanción y provocó de inmediato una polémica porque fijó cláusulas más restrictivas que las del decreto.
Los diputados señalan que estas restricciones evitarán que oportunistas o aventureros quieran entrar al mercado. Los expendedores, en cambio, señalan que de esta manera sólo podrán importar combustibles los que ya lo vienen haciendo. Santiago Cúneo lo dijo sin medias tintas: “El presidente Menem me dijo que vetará todos los artículos que se opongan al decreto que acaba de firmar”, señaló públicamente el jueves último.


Sonrían para el cartel

A mediados de setiembre Carlos Menem viajó a la ciudad norteamericana de Houston para participar del XVII Congreso Mundial de Energía. El stand de la Argentina era uno de los más preparados; se le había dedicado especial atención porque en el 2001 Buenos Aires será sede de la próxima Conferencia. El presidente Menem, tal como estaba previsto, se acercó a conocerlo. En el lugar ya había una pequeña multitud de connacionales: funcionarios, diputados y empresarios. De en medio de ella salió Santiago Cúneo, que se las arregló para llegar hasta Menem y saludarlo con un abrazo. En ese momento se advirtió la presencia de un fotógrafo que nadie había visto antes y que nadie volvió a ver en los días posteriores. De regreso al país, los integrantes de la comitiva se encontraron con Buenos Aires empapelada de afiches con la imagen de Cúneo y Menem. Los carteles, que apoyaban la reelección del Presidente, se habían hecho usando la foto sacada en Houston, donde se ve a Menem más bajo y más chico que el empresario, un detalle que los publicistas oficiales jamás permitirían. La misma toma se ve en estos días cubriendo un enorme colectivo que recorre la ciudad promocionando la candidatura de Cúneo como diputado.


EL MUNDO PARA TAPAR CRIMENES DE LA DICTADURA EN BRASIL

Vuelven los militares

Un grupo de oficiales brasileños llamó “terrorista” al gobierno y el ejército respaldó la ley de amnistía. De a poco va resurgiendo el viejo partido militar.

Por Darío Pignotti

Desde Brasilia

Derrocar al gobierno constitucional de Luiz Inácio Lula da Silva no pasa por la cabeza del más afiebrado militar brasileño: tres expertos consultados por este diario en los últimos meses coincidieron en ese punto. Sin embargo la oposición a cualquier investigación, mucho más a cualquier punición, de los crímenes cometidos durante la dictadura (1964-1985) expresada recientemente por militares, dejó en evidencia que en los cuarteles aún impera el espíritu de cuerpo a la hora de boicotear la revisión del pasado.

Como si fueran un partido político en campaña, generales y coroneles, en su mayoría jubilados, reunidos en el Club Militar de Río de Janeiro, desafiaron al poder civil reivindicando la ley de amnistía de 1979 y calificaron de “terroristas” a ministros del actual gobierno por haber participado en la resistencia al gobierno de facto. La naftalina ideológica no terminó allí: uno de los más exaltados insinuó que el Palacio del Planalto (presidencia) es connivente con los guerrilleros de las FARC colombianas.

“Antidemocráticos” y “nostálgicos de la Guerra Fría” los definió el secretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Paulo Vannuchi.

Lejos de ser expresión de un grupo de desvariados, las piezas discursivas del Club Militar expusieron, oficiosamente, el parecer de la jerarquía castrense. En Brasilia, horas después del acto carioca, la Comandancia del Ejército divulgaba una nota, seca y sin adjetivos, dando por cerrado el debate sobre la ley de amnistía y, con ello, el juzgamiento de los sospechosos de torturas y desapariciones, delitos de lesa humanidad que según el Ministerio de Justicia no pueden ser amnistiados.

Aunque carezca de existencia formal, el partido militar ha demostrado eficacia política al incrustar una cuña entre el ministro de Defensa, Nelson Jobim, adverso a “reabrir las heridas” del pasado, y Tarso Genro, ministro de Justicia, que defendió la apertura de procesos contra los sospechosos de crímenes que tuvieron como víctimas a militantes brasileños y extranjeros. Genro viajó meses atrás a España donde se reunió con el juez Baltasar Garzón. El magistrado español, según trascendió, dejó abierta la posibilidad de que la Justicia de su país inicie una causa por la muerte del catalán Miguel Sabat Nuet, ocurrida en noviembre de 1973 en un centro de detención de la policía política del régimen.

“Brasil es uno de los países más atrasados en la investigación de lo que aconteció en el régimen militar. Aquí impera una oscuridad sobre el pasado... y contra esa oscuridad puede ayudar la apertura de una causa en una corte de otro país”, resumió la fiscal Eugenia Gozaga Fávero, que solicitó la exhumación del cuerpo de Sabat Nuet.

Ciertamente, después de que el presidente paraguayo Fernando Lugo recibiera la semana pasada un informe con más de 19.000 casos de violaciones de derechos humanos durante el stronissmo, Brasil ha quedado en la retaguardia del esclarecimiento de la barbarie.

Como cualquier partido que se precie de tal, el militar, además de una ideología, la de Seguridad Nacional, también tiene objetivos de poder.

Estos se desprenden de su equipamiento y presupuesto necesarios para dar respuesta a las hipótesis de conflicto que están en fase de revisión.

El próximo 7 de septiembre, Día de la Independencia, ministros y comandantes de las fuerzas armadas presentarán el Plan Estratégico de Defensa Nacional, donde, se descuenta, la Amazonia y los “megacampos” petroleros descubiertos en los últimos meses en el litoral atlántico serán las áreas prioritarias.

“Históricamente la Amazonia fue considerada por los militares como un coto de caza. En la dictadura quisieron poblarla con un proyecto de desarrollo y autoritario, y ahora vuelven a mostrar que ellos quieren ser los dueños de la soberanía”, resumió el profesor Argemiro Procopio.

El titular de relaciones internacionales de la Universidad de Brasilia planteó durante una entrevista con PáginaI12 que “después de muchos años de ostracismo los militares están volviendo a escena, y la cara visible es el general Augusto Heleno Ribeiro, que no por casualidad es jefe del Comando Militar de la Amazonia”.

Procopio sostiene que la “cuestión nacional” hoy pasa por la Amazonia”. “La Amazonia está haciéndose brasileña, bajando a la opinión pública del sureste, que es la que decide”, entiende Procopio.

Heleno Ribeiro protagonizó una suerte de insubordinación contra el Poder Ejecutivo cuando censuró la política de defensa en las fronteras amazónicas que se encuentran “amenazadas” por la “codicia” de potencias extranjeras.

La provocación del general fue sancionada con una orden de “silencio” emanada del Palacio del Planalto, pero aprobada por una veintena de diputados y senadores, en parte vinculados con los productores agropecuarios de la Amazonia, la pata legislativa que precisaba el partido militar



CIUDADSE SUICIDO EN ITALIA EL "EL POLLO" BARAVALLE, EX MILITANTE MONTONERO ACUSADO POR SUS COMPAñEROS POR HABERSE "QUEBRADO".

Un hombre que decidió poner fin a una dura historia

Tenía pedido de captura de Interpol para que vuelva a Argentina a declarar en la causa Feced. Su esposa fue detenida en un banco y él se tiró de un puente en el norte de Italia cuando la policía lo tenía cercado.


Por José Maggi

José Baravalle, el Pollo, tenía 55 años, fue militante de la organización Montoneros y tras ser secuestrado a mediados de 1976, luego de cinco días de brutal tortura, se quebró y pasó a formar parte de la Patota de Feced. Junto a Graciela Porta su compañera, formaron una de las parejas más condenadas por sus propios compañeros de militancia: No sólo la delación formó parte de su vida diaria, con el tiempo también participó de torturas, y de otros vejámenes a mujeres detenidas, según las graves denuncias en su contra. Estaba siendo buscado por la justicia federal que había librado una orden a Interpol que ubicó al matrimonio el último lunes en Biella un pueblo del norte de Italia, cuando la "Corcho" Porta fue a hacer un trámite bancario. El "Pollo" no resistió el cerco policial, y se tiró de un puente. "No quiero repetir ese infierno", le escribió a sus familiares en una carta antes de matarse. Desde Rosario algunos de sus viejos compañeros de militancia le reprochan haberse llevado a la tumba el destino de muchos de los que pasaron por el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura.

La última semana el cerco sobre la pareja formada por el Pollo y la Corcho se cerró: Ella fue a un concretar un trámite bancario con su pasaporte argentino y saltó en los registros un pedido de captura internacional. De inmediato fue detenida. Baravalle supo entonces que tenía las horas contadas para ser extraditado, y concretó su destino: Fue al puente de Chiavazza y se arrojó al vacío.

Desde el Colectivo de ex presos políticos Hugo Papalardo lo recuerda:

"El Pollo era medio lumpen, faltaba a los controles, llegaba tarde, pero le siguieron dando responsabilidades por su apellido. Lo recuerdo como un pibe que militaba con alegría, aunque era un poco irresponsable". Y agrega que también "conocí a su señora Graciela Porta, en el año 75 en Medicina, donde venía porque era la compañera de Santiago 'Guito' Wherle, con quien tuvo un hijo Andrés, que crió el Pollo. La Corcho fue la que me apuntó para que me buscaran, y estaba en el auto con el que me fue a buscar el Cura Marcote, a mi trabajo en Maipú y San Luis. Con ella estuvimos seis meses en el sótano de El Pozo, de San Lorenzo y Dorrego, donde estaba con su hijo que era muy chiquito, no se si tenía dos años".

En este sentido Papalardo explica que "no es cómo los juzgamos a la Corcho y al Pollo, sino tratar de entender en qué proceso político social y en que proceso de fractura moral se dan esos casos, porque no son todos iguales. Para mí ellos dos son casos distintos a los de Victoria (Nilda Folch) y el Caddy Chomicky. Lo que puedo decir que gente como Baravalle y como Porta, han pasado por una tortura previa: no fueron a las puerta de la Jefatura a ofrecerse para torturar a sus compañeros. Esto no intenta justificar lo que hicieron después, sino que intenta que quienes los juzgan intenten comprender los tiempos en que ocurrió. La tortura durante un solo día, nos transforma en un animalito, en alguien que responde con su espíritu de supervivencia. Los que hemos pasado por algo menos grave que esto, en esos momentos cuando somos llevados al límite de la condición humana, sabemos que surge de nuestro interior lo mejor y lo peor que tenemos. La razón ya no existe, y respondemos con nuestro espíritu primario. Cuando el Pollo decidió después de todo eso colaborar con los militares ya no era el Pollo. Al Pollo que yo conocí lo mataron, al igual que la Corcho ya no fueron las personas que yo conocí".

Según Papalardo "el Pollo decidió ser una especie de Dios: eligió a quien salvar y a quien entregar. Un día bajó con un balde lleno de sangre, y el dijo a un compañeros 'mirá lo que me hacen hacer'".

Pasados los años en 1979 Baravalle declaró en un juicio sumario que Montoneros le hizo en España. En esa entrevista describió con una frase su accionar: "No canté más porque era al pedo, y no canté menos porque me mataban". "Le jodí la vida a mucha gente, pero no a tantos como hubiese podido". Esas declaraciones grabadas en algunos cassettes, fueron llevadas al Museo que la organización tenía en Cuba y habrían desaparecido bajos las aguas en una inundación que afectó el inmueble.

En esa charla Baravalle se habría mostrado arrepentido de lo que había hecho, aunque quizás el temor a que la organización lo condenara a la pena de muerte, también pudo impulsar su arrepentimiento.

Para Alfredo Vivono la situación de Baravalle es distinta. "Cuando lo detuvieron no estaba convencido del proyecto político que tenía que encarar, asi que cuando lo llevan al Servicio de Informaciones después de varios días de tortura, se quiebra, habla, les da información al grupo de tareas de Feced, al que se suma para cometer los mismos delitos que los represores".

Para Vivono el análisis de los quebrados es distinta: en Rosario hubo cinco casos, además de Folch y Chomicky, y Porta-Baravalle, esta "Tu Sam" Brunato, que usaba uniforme y cobraba sueldo.

"Es verdad que el Pollo torturó y violó y bajo ninguna excusa puede ser comprendido -agrega el ex subsecretario de derechos humanos. "A mí me causa mucho dolor, y siento que por un lado es una víctima más, y por otro lado sé que también cometió los mismos delitos que los represores. Cuando escucho a sus víctimas denunciarlo, los respeto. No le podemos escapar a la verdad, más allá de lo que nos genere. No podemos esquivar la memoria y la justicia y si cometió delitos, deben ser enjuiciados igual que el resto".

Angel Florindo Ruani, ex oficial montonero, es el menos contemplativo con Baravalle. "Lo torturaron como a todos lo que caímos, pero el Pollo tomó un camino que pocos tomaron, que es la de colaborar, y participar en el terrorismo de estado. Lo que más le achacamos a Baravalle no habrá en determinado momento de la democracia, haber contado lo que hizo y lo que vio porque el sabe perfectamente como se torturaba, como se violaban quienes lo hacían. En este sentido estuvo un año y medio del Servicio de Informaciones, conviviendo con la Patota de Feced, por lo que tiene conocimiento de los que pasaran entre junio de 1976 y diciembre de 1977, y que pasó con los cuerpos de los compañeros que no ha sido encontrados. Eso Baravalle lo sabía y se lo llevó a la tumba".


SOCIEDAD › MEMORIA. CINCO MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE LOS PALOTINOS ASESINADOS HACE 32 AñOS

Los mártires de San Patricio

El 4 de julio de 1976, en el barrio de Belgrano R en Buenos Aires, tres monjes y dos seminaristas de la comunidad de los palotinos eran asesinados por un grupo de tareas de la dictadura militar. Muchos años después, el periodista Eduardo Kimel investigó los hechos y escribió un libro. Pero curiosamente él sería el único condenado por la querella que le interpuso el juez de la causa. Ahora, la Corte Interamericana falló a su favor y Kimel estuvo en Rosario esta semana para contar la historia una vez más.

Por Alicia Simeoni

Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se expidió por la defensa de la libertad de expresión podrá ser invocado tanto por quienes se desempeñan en el trabajo periodístico, como por todas las personas que sean penalizadas por dar a conocer una información, o emitan una opinión, que tenga que ver con el interés público, y más aún cuando en ellas están involucrados funcionarios públicos. El fallo se dio en el expediente en el que se juzgaba a un periodista que había sido condenado por la Justicia argentina. Se trata del caso de Eduardo Kimel, autor del libro "La masacre de San Patricio", que narra la matanza de tres monjes y dos seminaristas de la comunidad de los palotinos, en el barrio de Belgrano R, en Buenos Aires, en 1976, a manos de un grupo de tareas de los que actuaron en la dictadura militar.

Kimel estuvo en Rosario el miércoles invitado por el Sindicato de Prensa Rosario para hablar de la proyección que adquiere la decisión tomada por el sistema interamericano de Justicia del que forman parte todos los países firmantes de los pactos y tratados internacionales que lo constituyen, para el caso la Argentina. La Corte Interamericana que tiene sede en San José de Costa Rica condenó, además, al Estado nacional a modificar su legislación para que con ella no se afecte, otra vez, los derechos del informador y del informado. Kimel había sido querellado por el juez Guillermo Rivarola, que actuó en la investigación del crimen de los palotinos, condenado a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización al magistrado de $ 20.000, en tanto el Tribunal interamericano también señaló que los funcionarios públicos deben ser tolerantes frente a la crítica de sus actos de gobierno.

También el miércoles se proyectó en el teatro de Radio Nacional Rosario del documental 4 de Julio ﷓día en que mataron a los palotinos﷓, de los realizadores Juan Pablo Young y Pablo Zubizarreta. Kimel se reunió con otros periodistas en la sala "Rodolfo Scholer" de la Librería Homo Sapiens, mientras que por la tarde lo hizo con estudiantes de periodismo y comunicación social de Rosario, con representantes de organizaciones de derechos humanos, sindicales, profesionales y con el público interesado en el tema: La libertad de expresión concebida como un derecho humano y su investigación sobre la persecución a una parte de la Iglesia Católica, la que pretendía una institución más comprometida con los padecimientos de los sectores más desposeídos de la sociedad.

En 1989 Eduardo Kimel publicó "La masacre de San Patricio" y hacia fines de 1991 comenzó la querella judicial del juez Rivarola, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones, quien tomó esa decisión por un breve párrafo que se le dedica en el libro en el que se describe que no cumplió con sus deberes de funcionario público, y más aún, que de alguna manera, actuó como un encubridor del quíntuple asesinato. En 1995 la jueza Angela Braidot sacó el primer dictamen en relación con este caso, y entendió que Kimel había cometido el delito de injurias, por lo que lo condenó a un año de prisión en suspenso y a pagarle, a Rivarola, una indemnización de 20.000 pesos. Un año después, en 1996, la Cámara Nacional de Apelaciones, de la que Rivarola era integrante, falló a través de la sala tercera y de manera unánime resolvió la absolución, al considerar que la crítica que Kimel había realizado al juez, en el marco del libro, "no constituía ni injuria ni calumnia y que se podía tomar, como una crítica justa a la actuación de los jueces de la dictadura, que muchas veces fueron funcionales a la represión desarrollada por la dictadura militar", recordó el periodista.

Ya en 1998 la Corte Suprema, "aquella tristemente célebre de la mayoría automática", dijo Kimel en diálogo con Rosario/12, revocó ante la presentación de un recurso extraordinario por parte de Rivarola, el fallo de absolución y ordenó que el caso volviera a la Cámara Nacional de Apelaciones y la Sala Cuarta, en abril del año siguiente, al tener en cuenta los criterios establecidos por la Corte Suprema, lo condenó, por el delito de calumnias, a un año de prisión en suspenso y a pagarle a Rivarola el monto citado. Continuó luego la presentación de un recurso extraordinario ante la CSJ que lo rechazó, por cuanto no quedaba otra instancia que recurrir al sistema interamericano internacional, del que la Argentina es miembro y firmante, ya que suscribió la llamada Convención Interamericana de Derechos Humanos que se conoce también como Pacto de San José de Costa Rica que establece en su artículo 13º que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que lo integran. De allí en más comenzó la etapa internacional del proceso que tuvo al periodista y escritor Eduardo Kimel como protagonista "con costos personales y profesionales muy altos", tal como él mismo lo explicó. La presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo a cargo del equipo de abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS. "La percepción respecto del sistema interamericano de derechos humanos fue creciendo, en los últimos años, en la sociedad y a la luz de distintos fallos y de la intervención de los tribunales que constituyen el sistema. Había que cumplir con dos requisitos para llegar hasta allí -explicó Kimel-, uno, haber agotado las instancias de carácter nacional para obtener justicia, y aquí era imposible continuar, y el segundo aspecto era que se denunciara la violación de derechos fundamentales consagrados en el sistema legal de protección de derechos humanos". La denuncia estaba sustentada en la violación de dos artículos, el 13º ya invocado, y otro artículo, el 8-1, que establece que los plazos en que deben ser juzgadas las personas "tienen que ser razonables, y que si no es así, ya constituye un agravio, un perjuicio para quienes son querellados". La CIDH tomó el caso y lo declaró admisible.

-Y de ahí en más ¿cómo se analizó el alcance del dictamen de la Comisión para tratar que la Argentina modificara la legislación que penaliza el acto de libertad de expresión?

-La Comisión expresó que se habían violado los principios elementales enunciados en los artículos 13º y 8º. El gobierno argentino aceptó los criterios de la CIDH y pidió plazo para tomar medidas que permitan anular la condena penal cuando está en juego el derecho a la información, pero lamentablemente el Estado no cumplió con los pasos prefijados por cuanto la Comisión se convirtió, de inmediato, en mi patrocinante y llevó el trámite ante la última instancia, la Corte Interamericana cuya sede es San José de Costa Rica. En el último tramo la Corte llamó a una sesión especial en Bogotá, en octubre de 2007, con el objetivo de recabar testimonios de las personas que pudieran aportar sobre el caso y el Estado ofreció un acuerdo definitivo para este largo proceso judicial donde reconoció su responsabilidad en la violación de los artículos mencionados. Se hizo la sesión especial, y antes de comenzarla, el gobierno argentino, el CELS y la Comisión Interamericana firmaron un acuerdo, el que fue la base de la decisión final, del fallo, que en mayo pasado fue a tomar la Corte.

-Ese fallo no sólo tiene en cuenta aspectos que lo benefician o le brindan un resarcimiento personal. También aborda criterios del orden de lo colectivo...

-La Corte estudió el tema y finalmente dio su veredicto, el 2 de mayo pasado, cuando ordenó al Estado argentino el cumplimiento de una serie de medidas. En el terreno de lo personal se pidió la anulación de la condena penal y de todos los daños y consecuencias emergentes de esa condena penal, tal la eliminación del registro de antecedentes policiales. Estableció también una reparación de orden económico con un valor de resarcimiento de daños materiales e inmateriales. Además exigió que el gobierno realice un acto de desagravio de mi nombre, con carácter público. En el plano de lo colectivo, se tomó como antecedente el reclamo formulado ante las diversas presentaciones por el CELS y la Comisión, y también aquella audiencia de Bogotá, donde se reclamó la modificación del sistema legal. La idea es que existan garantías para cualquier ciudadano con la finalidad de que no se repitan estas situaciones. La Corte avanzó sobre este tema, y en sus consideraciones, reiteró algunos conceptos fundamentales, ya que se trata de un fallo que tiene incidencia en la actividad judicial en la Argentina, y por tanto, tendrá relevancia en cualquier caso que exista, o que pudiera existir. Hay buen principio que se reiteró, y es que los funcionarios públicos deben ser tolerantes frente a la crítica de sus actos de gobierno. Los jueces creen, en algunos casos, que los suyos no son actos de gobierno y lo son. También se expresó que la opinión en el marco de los asuntos de 'interés público' no es punible. Por último, se planteó la modificación del sistema legal argentino de modo que hechos como los que me sucedieron no se vuelvan a repetir.

-El fallo deja algunos espacios dudosos, para que las tensiones entre libertad de expresión y derecho al honor se diriman en el fuero penal.

-El fallo de la Corte constituye un avance, aunque no todo el que hubiéramos querido, porque el norte de la actividad del CELS en el terreno de la libertad de expresión, es la demanda de la despenalización absoluta de la crítica a los funcionarios públicos. Lamentablemente, la Corte Interamericana, en parte de su fallo, reiteró que en la vieja colisión y tensión entre dos intereses importantes -la libertad de expresión y el derecho al honor-, el fuero penal sigue siendo apropiado para dirimir estas cuestiones. No logramos el avance total, porque hay magistrados dentro de la Corte que se resisten a conceder un ámbito de absoluta libertad de periodistas y ciudadanos. De todos modos, dos países latinoamericanos ya despenalizaron estas figuras, justamente cuando está en juego el debate de ideas, de responsabilidades y el ejercicio de la democracia. Se trata de Méjico y El Salvador.

-¿Qué hizo la Argentina desde que se conoció la decisión de la Corte Interamericana?

-Tuve dos audiencias con la Cancillería donde se estableció el seguimiento de lo ordenado por la Corte. Esas órdenes son de carácter obligatorio aunque la CIDH no tiene formas coercitivas de lograr el cumplimiento. Hay avances en el terreno de lo personal: me llamaron del Ministerio de Economía para dar cumplimiento al depósito de la reparación económica, se dieron instrucciones al Ministerio del Interior para que se me quiten los antecedentes de orden policial y migratorio, es decir que debía pedir permiso a un juzgado para salir del país. En lo fundamental no hay todavía un criterio único sobre la eliminación de la condena penal que está atada, o no, a la modificación de la legislación. Los representantes de Cancillería dijeron en la última reunión que habían mandado a la Corte Suprema de Justicia una explicación del caso. Se le pidió a la CSJ que lo analice y se expida acerca de con qué recurso se podría cumplir con la anulación de la condena penal. Esto, según el planteo, sin necesidad de modificación de la ley. En la Argentina no está reglamentado de qué manera se aplican las decisiones de la Corte Interamericana.


SOCIEDADUN LARGO PROCESO DE RECONSTRUCCION

Todo clavado en la memoria


Por Alicia Simeoni

Alfredo Kelly, Alfredo Leaden, Pedro Duffau, monjes, Salvador Barbeito y Emilio Neira, seminaristas, fueron los cinco hombres masacrados en el interior de la iglesia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano R, el 4 de julio de 1976. En 1985, cuando Eduardo Kimel estudiaba historia en la Universidad de Buenos Aires, un compañero suyo, le propuso que trabajara en el tema de la matanza de los palotinos, como parte de la investigación que ingresara en sus trabajos de 'Historia reciente'. Así se dio el primer acercamiento del periodista con el tema. Tiempo después tuvo oportunidad de conocer a Alberto Zubizarreta, padre de uno de los realizadores del documental, que se había comprometido personalmente en hacer conocer la negra historia de los asesinatos, crímenes de lesa humanidad durante el proceso que comenzó en 1976. "Fueron las dos primeras aproximaciones a un hecho terrible que fue silenciado por aquellos que debieron divulgarlo. Todo me resultó impactante porque expresaba, con claridad, la complicidad de los sectores de la jerarquía católica argentina con la dictadura militar. Mientras la Iglesia era aliada ideológica de la Junta Militar, miles de católicos argentinos eran perseguidos". Gran parte del libro de Kimel y del documental 4 de Julio, de Juan Pablo Young y Pablo Zubizarreta ﷓los dos alumnos en un período de la escuela San Patricio del barrio de Belgrano donde vivían﷓, fueron posible por el testimonio de uno de los padres palotinos que se salvó, Kevin O' Neill, quien construyó un enorme archivo durante los años de plomo, a la espera de mejores momentos para darlos a conocer. O' Neill permaneció vivo sólo porque había quedado a cargo de la parroquia de San Antonio de Areco. Justo en Areco fue que comenzó en 1970 el seminario que daría, a la orden llegada a la Argentina con la inmigración irlandesa, desde 1850 en adelante, la posibilidad de contar con sacerdotes argentinos, y comprometidos con la realidad del pueblo. Kimel y también Young explicaron que los palotinos "no eran una orden de avanzada" pero que a la luz de los cambios de la Iglesia católica, el Concilio Vaticano II y las conferencias que se realizaron en Puebla y Medellín, y que produjeron el surgimiento de la corriente de sacerdotes por el Tercer Mundo, un grupo de monjes, entre los que estaban los asesinados, también el padre O' Neill, decidieron crear el seminario que comenzó en Areco. "Este proyecto de gente que conocía la realidad social, de buena formación educativa ﷓se trataba de ocho seminaristas universitarios que habían ingresado a la orden﷓, con la idea de meterse en los problemas del país, fue destruido el 4 de julio de 1976. La matanza los marcó tan a fuego que muchos de ellos continuaron teniendo miedo, no entendieron que pasó ese día y tampoco quisieron dar a conocer con énfasis las alternativas


Causa Posadas: La Justicia dejo firme el procesamiento de bignone

La Justicia dejó firme ayer el procesamiento con prisión preventiva del dictador Reynaldo Benito Bignone en la causa en la que se lo acusa por los secuestros de 15 personas en el Hospital Posadas en 1976. La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal porteña, que confirmó además el embargo de un millón de pesos sobre los bienes del militar. El tribunal confirmó los procesamientos del ex jefe de la Brigada Aérea del Palomar, brigadier retirado Hipólito Rafael Mariani, y de Argentino Ríos y Luis Muiña, que integraban el autodenominado "comando de seguridad interna" o Grupo Swat. Los hechos forman parte de la causa Cuerpo I de Ejército que instruye el juez Daniel Rafecas. Los secuestros se produjeron entre el 28 y el 29 de marzo de 1976 cuando Bignone, delegado de la Junta Militar en el área Bienestar Social, intervino el Hospital Posadas. Médicos y enfermeras fueron golpeados y torturados en un centro clandestino conocido como El Chalet, en el fondo del hospital. Durante su indagatoria, Bignone dijo que las detenciones fueron "breves" y sólo para identificar al personal. Los detenidos y los testigos contaron que irrumpieron en el hospital armados, con ropa de fajina y secundados por tanques de guerra. Los jueces destacaron la "paradoja" de que en "una institución al servicio de la salud funcionó un centro clandestino de detención, en el cual lejos de velarse por la vida se sometió a los cautivos a un régimen de terror".

Dos represores detenidos

Dos oficiales y un suboficial retirados del Ejército fueron detenidos ayer por orden del juez federal de Azul, Juan José Comparato, por secuestrar, torturar y asesinar en 1977 al abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno. En la causa están imputados los hermanos Julio Manuel y Emilio Felipe Méndez, propietarios de una chacra donde torturaron al abogado, quienes serán indagados el 8 de septiembre. Julio Méndez es el chacarero que apareció en televisión detrás del productor Alfredo De Angeli durante el lo-ckout ganadero.

Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 y trasladado a la Chacra de los Méndez, ubicada en la intersección de la avenida Juan Manuel de Rosas y Scavini. El 3 de mayo vecinos de esa zona de quintas lo vieron correr perseguido por el entonces cabo José Luis Ojeda. Según informó la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, querellante en la causa, Moreno fue herido y vuelto a detener por orden del mayor Roque Italo Pappalardo. Poco después fue asesinado. Los detenidos son los coroneles retirados Pappalardo y Julio Alberto Tomassi, y el suboficial mayor José Luis Ojeda. Tomassi fue jefe del Area Militar 121 y del Batallón Logístico I de Tandil, que dependían de la Brigada de Caballería Blindada I de Tandil. Los oficiales pasaron la noche en el penal de Marcos Paz y el suboficial en la delegación Tandil de la Policía Federal. Serán indagados a partir del lunes.


San Miguel de Tucumán, 29 de agosto, 2008

COMUNICADO DE PRENSA

ASOCIACION DE FAMILIARES DE DESAPARECIDOS DE TUCUMAN - FADETUC

Ante los lamentables incidentes de violencia acaecidos en la jornada de ayer en ocasión en que el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictara sentencia a los genocidas, Luciano B. Menéndez y Antonio Domingo Bussi ponemos en conocimiento de la Opinión Pública que deploramos todo lo ocurrido, y afirmamos que esta Asociación Civil, Familiares de Desaparecidos de Tucumán, no tiene responsabilidad ni relación con los autores del mismo.

Consideremos que esta sentencia, esperada por 32 años, resulta el inicio del derribamiento de los muros de la impunidad y que este TRIBUNAL ORAL no estuvo a la altura ni de las demandas ni circunstancias históricas en las que les competió actuar.

La sentencia emitida responsabiliza a los genocidas por delitos contra la humanidad toda. La magnitud del delito cometido no admite consideraciones dubitativas por parte del Tribunal. La normativa internacional habla de prisión efectiva, en cárcel común, por lo que resulta una afrenta a las víctimas del Terrorismo de Estado, el haber pospuesto su resolución para los días siguientes. La ley 24660 de penas privativas de la libertad, habla expresamente que los internos privados de libertad, por delitos comunes, tienen asegurado sus derechos a la salud, educación y trabajo. Es así que los genocidas pueden ejercer todas las garantías constitucionales.

Consideramos que la incoherencia de tal situación (perpetua más cárcel en su casa de country) dio pie a que se provocara los hechos de violencia por parte de organizaciones políticas, las que, paradójicamente, en el último tiempo tuvieron destacada actuación en el conflicto agrario, apoyando a los sectores de la oligarquía , ideólogos de la masacre producida en nuestro país. Son públicos los respaldos que estas organizaciones brindaron a los sectores tradicionalmente vinculados a los genocidas, como Cecilia Pando y la Sociedad Rural. Consideramos que su posición antigobierno fue la que primó en la planificación de los hechos que mancharan esta jornada memorable e histórica de todo el pueblo tucumano.

Las organizaciones de DDHH tenemos una larga trayectoria de lucha por la sanción a los genocidas y nunca apelamos a métodos violentos para lograr sus objetivos. Por ello, repudiamos a todos estos sectores que intentan apropiarse de esta lucha tiñéndola de violencia con fines políticos sectoriales como así también el accionar represivo de Gendarmería y de las usinas bussistas que nos endilgan una violencia que solo es resultado de su propia visión violenta.

Asimismo instamos al Tribunal Oral Federal a desempeñar su rol con solvencia sin expresar dudas que no tienen cabida en delitos contra la humanidad toda.

Por FADETUC: Virginia Sosa, Josefina Molina, Marta Rondoletto, Raquel Zurita, Renee Ahualli, Teresa Arias, Juana Tártalo, entre otras.



Buscan testigos en la causa por la muerte de Cobos y la desaparición de Brizzi
El juez federal Nº 2 de esta ciudad, Miguel Medina, dispuso que se dé difusión a las fotografías de Víctor Brizzi y Martín Cobos, con el propósito de que si existen testigos de la desaparición del primero y el asesinato del segundo, se presenten a aportar datos en la Justicia
Brizzi, quien era militante de la tendencia peronista, desapareció el 8 de marzo de 1976, cuando se encontraba cumpliendo el servicio militar en el Regimiento de Caballería de la Guarnición Ejército Salta

Martín Cobos y Víctor Brizzi.
Su esposa, Cristina Cobos, hermana de Martín, se enteró de su desaparición al día siguiente, por una comitiva del Ejército que fue a su casa a preguntar por él y que argumentaba que Brizzi había abandonado el Regimiento la noche anterior, con un permiso especial por enfermedad de su padre.

A partir de ahí Cristina Cobos inició un peregrinar en busca de respuestas sobre el paradero de su esposo. Es lucha continúa aún hoy, en que es la impulsora de la causa en la que se investiga esta desaparición, proceso que ahora está acumulado al homicidio del joven Martín Cobos, cometido en la madrugada del 25 de septiembre de 1976, cuando un grupo de tareas fue a su casa paterna en busca de un hermano mayor, Enrique Cobos.
Querella por Osores

Los hermanos de Raúl Benjamín Osores, desaparecido durante la última dictadura militar, se presentaron como querellantes en la causa abierta para investigar la suerte corrida por el joven.

En la querella, que los hermanos Oscar Horacio y Francisco Ramón Osores presentaron con la representación de la abogada Tania Kiriaca, se acusa a los responsables de este hecho por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y torturas.

Raúl Osores fue secuestrado el 15 de mayo de 1976, "por fuerzas de seguridad bajo control operativo dependientes del Ejercito Argentino, desde la localidad de Embarcación" y fue alojado en el Centro Clandestino de Detención que funcionaba en el Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional en Orán, de donde fue desaparecido.

Entre las medidas de prueba solicitadas, los querellantes solicitaron que se envíe un pedido al Ministerio de Defensa para que "remita legajos y/o documentación del personal que se encontraba a cargo del Escuadrón 20 de Gendarmería Orán".

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30 DE AGOSTO DIA INTERNACIONAL

CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

"Los familiares, juntos a nuestros seres queridos hemos transformado el dolor en una fuerza positiva de afirmación de vida, libertad, verdad y justicia social".

La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM en reunión de Dirección en Caracas, Venezuela en el año de 1983 decide conmemorar el 30 Agosto como Día Internacional del Detenido Desaparecido. Desde esta fecha hasta la actualidad se han venido sumando organizaciones amigas y familiares para reivindicar este día, entre ellas la Federación de Familiares de Detenido Desparecidos de Asia, África y Europa. Esta fecha fue impulsada para recordar en todo el mundo a mujeres y hombres que fueron detenidos desaparecidos en Dictaduras y seudo democracias, quienes se creyeron dueños de la libertad de aquellos que un día, caminaron las calles y que en minutos fueron privados de su libertad, para ser llevados por sus captores al calvario de la detención, la tortura, la desaparición y en muchos de los casos, la muerte clandestina hasta el total despojo de sus restos en alguna tumba sin nombre ni registro.

Este 30 de agosto, nuestros pensamientos están con todas aquellas personas que fueron detenidos desaparecidos llenos de vida y sueños, abnegados pero optimistas, comprometidos con la justicia social y el bienestar popular. Fueron convertidos en víctimas de La desaparición forzada por quienes oprimen al pueblo.

En enero de 1981 en el Primer Congreso de Familiares de Detenidos Desaparecidos nuestro lema: ¡No Hay Dolor Inútil!. Juntos con nuestros seres queridos hemos podido transformar el dolor en una fuerza positiva de afirmación de vida, libertad, verdad y justicia. Al igual que en el inicio de la creación de nuestra Federación fortalecemos la solidaridad hacia los familiares que hoy están padeciendo la desaparición forzada como es el caso de México y Colombia donde gobierna la extrema derecha responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos entre ellos la desaparición forzada.

Sabemos por los testimonios de los sobrevivientes, de su dignidad y honor sostenidos en medio de las torturas más crueles; mientras tanto en otro tramo de la misma historia los familiares y seres queridos emprendimos la lucha por la verdad, por encontrar la justicia más allá de la impunidad que se alza como muro inquebrantable.

Después de una ardua lucha, pero siempre contando con apoyo de organizaciones amigas y con los pueblos que cuentan con conciencia ética y moral, logramos llegar a la etapa de la aprobación de un Instrumento Internacional: "Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada". Exigimos que los gobiernos que aun no han firmado y ratificado, lo hagan, pero no sólo lo aprueben, sino que no se aplique la desaparición Forzada, como esta sucediendo en México y Colombia que siguen sin tomar en cuenta los Convenios Internacionales que protegen a la población contra las desapariciones forzadas.

A 27 años de lucha de FEDEFAM, solicitamos al Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas GTSDF, que sea el portador de nuestra voz para elevar a rango de reconocimiento ante Naciones Unidas el 30 de Agosto como Día Internacional del Detenido Desaparecido y Desaparecida. El apoyo del GTSDF nos refuerza en nuestra campaña para lograr el objetivo de instaurar este día como oficial ante la agenda de la ONU.

Hacemos el llamado a nuestras Asociaciones, Grupos de Apoyo, amigas y amigos para que se sumen a esta petición, enviando cartas al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas para que sea retomado por la ONU el 30 de Agosto como día Internacional contra las desapariciones Forzadas.

FEDERACION LATINOAMERICANA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

FEDEFAM

República Bolivariana de Venezuela 16 de agosto de




El país|Sábado, 30 de Agosto de 2008
Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos

"La táctica es unificar por centro clandestino"

Es el encargado de asistir y coordinar a los fiscales del interior del país que investigan el terrorismo de Estado. Habla de las trabas, los próximos juicios y la deuda de realizar procesos que reflejen la sistematicidad de los crímenes de la última dictadura.

Por Ramiro Rearte
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Jorge Auat señala que una de las dificultades para el avance de los juicios fue que muchos jueces se inhibieron por estar relacionados con los imputados.

Desde Tucumán

Existen más de 1000 causas judiciales abiertas sobre crímenes de la dictadura y hay más de 430 represores procesados; 352 están detenidos. Los números surgen de un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. El titular de ese organismo es el fiscal Jorge Auat, que habló con PáginaI12 en el bar de un hotel ubicado a dos cuadras de la Casa Histórica en Tucumán. El funcionario analizó cuáles deberían ser los pasos a seguir en las diferentes provincias para que los expedientes avancen lo más rápido posible y señaló que muchos magistrados del interior se inhibieron por tener relación con los torturadores. Después de la condena contra Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez y con otros dos juicios orales contra represores en marcha, el fiscal señaló que "ahora hay que pensar en la estrategia procesal y la mejor táctica de investigación es unificar las causas por centro clandestino de detención".

Las 1000 causas dan cuenta de los expedientes informados como "en trámite" por todas las fiscalías del país. El número resulta en sí poco representativo de la actividad jurisdiccional o entidad de las imputaciones en cada lugar, pues muchas causas se refieren sólo al caso de una víctima individual cuando al mismo tiempo se contabilizan también unitariamente trámites que comprenden centenas de casos o todo lo sucedido en un centro clandestino de detención durante el período dictatorial.

Con un cortado en la mesa del bar, en plena siesta tucumana Auat contó que pasó por Tucumán para participar de una de las audiencias por el juicio en contra del represor Antonio Domingo Bussi. También mantuvo reuniones con los fiscales federales para acelerar otros juicios por desaparición de personas, con la idea de que las causas se concentren por centro clandestino de detención.

–¿Cuál fue la mayor dificultad para el avance de las causas en el interior del país?

–La mayor dificultad la tuvimos con la inhibición de los jueces. Esto afectó mucho los procesos. Fue el gran cepo que tuvieron las causas durante mucho tiempo. Encontrar un abogado que se haga cargo fue muy difícil. Lo más complicado fue armar los tribunales con personal idóneo. Por ejemplo, en Paso de los Libres hay una causa que estuvo un año sin juez. Sobre 20 abogados que integraban la lista de conjueces, el dato concreto es que todos se inhibieron. Tenían relación personal con los imputados. En Formosa, en Resistencia, nos pasaba lo mismo. Este es el panorama en casi todas las jurisdicciones.

–¿Se logró superar el estado de letargo?

–De un tiempo a esta parte hemos volcado muchos recursos para poder avanzar en el trámite de estas causas y estamos viendo los resultados. Pero falta mucho.

–¿Cuál es su conclusión después de la condena contra Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez?

–Cuando hice el alegato en el juicio en Corrientes dije que la condena eterna ha sido para las víctimas y los familiares de las víctimas. El relato que hizo el fiscal (Alfredo) Terraf, en el que señaló y comparó la angustia de una madre que deja de ver a su hijo por un momento en un lugar público fue elocuente. Dimensiona lo que ha vivido y sigue viviendo esta gente. Además, los privaron de las honras fúnebres, que vienen desde el fondo de la historia. Esto refleja el contenido de los delitos que cometieron. Se trata de una condena que no admite análisis de proporcionalidad. Cuando se está en el infierno no cabe hacer análisis de mesura del tema. En relación con este juicio hay que decir que es emblemático y que marca un antes y un después de la historia de Tucumán, pero no refleja cabalmente lo ocurrido en la provincia, que fue una de las más castigadas. Falta un juicio significativo. La figura de Bussi la vamos a seguir viendo porque fue el protagonista central de la represión en Tucumán.

–Entonces, ¿cuál es el paso siguiente?

–Ahora viene el tiempo del diseño de una estrategia que nos permita acelerar los trámites de los procesos. Esta es una idea de la Procuración General de la Nación. Porque están los recursos, las trabas que teníamos desaparecieron y hay que pensar en la estrategia procesal. Casi todas las causas están en la etapa de instrucción. Nosotros venimos sosteniendo que la mejor táctica de investigación es unificar las causas por centro clandestino de detención y que sea lo más convincente posible. Esa es nuestra tarea en la actualidad. Hay que decir que no siempre coincidimos con los fiscales que están llevando adelante las causas, por lo cual tenemos que visitar cada jurisdicción y llevar adelante una tarea conjunta no impuesta. Creemos que es la manera más eficaz y más rápida de investigar. Porque habría una conexión subjetiva entre los autores del hecho. Esos son datos que nos marcan el camino sobre esta estrategia.

–La estrategia de dilación de la Cámara de Casación paralizó algunas causas. Usted señala que también hubo problemas para ocupar juzgados en ciertas jurisdicciones. ¿Cuál es ahora el principal escollo para los juicios?

–Hubo grandes esfuerzos de la Corte y del Ministerio Público Fiscal y creo que muchas de las cuestiones que paralizaron los juicios se han ido destrabando. Hay que tener en cuenta también que son causas complejas, por eso justamente se necesita una estrategia.

–¿Qué piden los fiscales de las distintas provincia a la Unidad?

–En general, los pedidos pasan por logística. Esto significa gente para trabajar y armar una estructura importante de personal para que puedan abocarse exclusivamente a este tipo de causas.

–¿Todos los abogados fiscales y jueces están de acuerdo con agrupar las causas por centro clandestino?

–Se han generado diversas hipótesis. Hay querellantes que sostenían que lo mejor era llevar adelante una megacausa, otros por el circuito represivo, otros atomizando las causas creyendo que puede ser más fácil juzgar a los represores. De todos modos, creo que estamos logrando que se entienda que lo que nos exige el momento es simplificar las cosas. La mejor forma de simplificar es a través de los centros clandestinos. De esa forma no desperdiciamos energías jurisdiccionales.

–Hay quienes dicen que se podrían cerrar las causas después de juzgar a los jefes militares y ejecutores, otros creen que hay que seguir con todos los que tuvieron alguna participación, incluso los civiles. ¿Qué opina?

–No estamos haciendo un proceso selectivo. Desde luego que hay casos donde la jerarquía que tenían los imputados le da una mayor o menor repercusión a la causa, pero esos temas no lo hemos trasladado a la unidad. Tenemos un objetivo y un plan de trabajo. Colaboramos con las fiscalía para que se eleven los procesos a juicio.

–¿Hay algún juicio en el país que le parezca el más relevante?

–Tuvimos varios casos relevantes. En Corrientes, el imputado era un ex capitán del Ejército que era presidente de la Sociedad Rural de esa provincia. En esa misma causa hay dos coroneles en actividad imputados. Después un alférez de Gendarmería y un suboficial del Ejército, que durante la dictadura tenían un grado menor. Ese juicio fue muy importante, duró mucho tiempo. En rigor duró más de lo que pensaba, cerca de seis meses. También estamos haciendo el requerimiento de elevación a juicio de la causa Margarita Belén. Según mis cálculos creemos que en el mes de noviembre estamos en el etapa oral y publica. Es un proceso realmente importante. Hay muchas otras causas que están en plena etapa de instrucción. Por ejemplo, un centro clandestino del Chaco, más precisamente la Brigada de Investigaciones. Ya se elevó a juicio una causa por el entonces gobernador Colombo. Hay varios procesos abiertos. Eso no lo podemos negar.

–¿Cuál es la mayor tarea pendiente?

–Todavía faltan juicios importantes de varias jurisdicciones. En Tucumán, si bien este juicio fue histórico, falta. También en Córdoba falta el juicio por La Perla, el gran juicio. Faltan juicios que reflejen realmente lo ocurrido, que hagan una reconstrucción histórica que permita el acceso a la verdad de los hechos. Hay mucho por andar, pero soy optimista.

Recuadro: TODOS LOS CONDENADOS

Desde la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se ha condenado a los siguientes imputados:

Capital Federal:

- Causa Nro. 1056. La desaparición de la familia Poblete. Condenado: Julio Héctor Simón. Fecha de la sentencia: 11/8/2006

- Causa Nro. 6859/98. El juicio contra el 601 por secuestros de la Contraofensiva. Condenados: Cristino Nicolaides, Luis Jorge Arias Duval, Carlos Gustavo Fontana, Juan Carlos Gualco, Pascual Oscar Guerrieri, Waldo Carmen Roldán, Antonio Herminio Simón. Fecha de sentencia: 18/12/2007. La causa tramitó por código viejo.

- Causa Nro. 11.669/2001. Causa por la apropiación de una niña. Condenados: Osvaldo Arturo Rivas, Enrique José Berthier, María Cristina Gómez Pinto. Fecha de sentencia: 4/2008.

- Causa Nro. 16441/02. Causa por la Masacre de Fátima. Condenados: Carlos Enrique Gallone y Juan Carlos Lapuyole. Fecha de sentencia: 18/7/2008.

La Plata

- Causa Nro. 2251/6. Miguel Osvaldo Etchecolatz. Fecha de sentencia: 26/9/2006.

- Causa Nro: 2506/7. Condenado: Cristian Federico Von Wernich.

Posadas

- Carlos Humberto Caggiano Tedesco. Fecha de sentencia: 13/7/2008

Córdoba

- Causa Nro. 13172. Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, Oreste Valentín Padován, Ricardo Alberto Lardone, Luis Alberto Manzanelli y Jorge Exequiel Acosta.

Corrientes

- Causa Nro. 276/4. Condenados: Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito, Rafael Julio Manuel Barreiro, Raúl Alfredo Reynoso.

Tucumán

- Causa Nro: Nº 262/76. Condenados: Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi.

Juicio orales en trámite

Capital Federal

- Causa Nro 14216/3: Pedro Alberto Barda, César Miguel Comes, Hipólito Rafael Mariani. Comenzó el 21 de agosto.

Neuquén

- Hilarión De La Pas Sosa, Oscar Lorenzo Reinhold, Luis Alberto Farías Barrera. Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Mario Alberto Gómez Arenas, Sergio Adolfo San Martín, Julio Oviedo, Braulio Olea. Comenzó el 20 de agosto.

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2º Semana de Juicio

"La lucha contra la impunidad es por los 30.000 y contra todos los genocidas y sus cómplices"

En la segunda semana del Juicio comenzó la ronda de Testigos.

Los testigos presentados por las querellas confirmaron con sus testimonios la aplicación del Terrorismo de Estado, por parte del Ejército y demás fuerzas armadas, no sólo en la zona del Alto Valle (llamada zona 5.5.2) sino también en el resto del país.

Desde HIJOS sostenemos:

  • que la organización y ejecución del Terrorismo de Estado empezó antes del 24 de marzo del 76,
  • que varias de las victimas de la zona fueron encarceladas ilegalmente en el año 75.
  • Tal como se intenta desarrollar este juicio, los secuestros y torturas cometidos antes del 76 no son condenables.

No aceptamos que este Juicio cambie la historia de la represión en la zona, o la lucha de los y las compañeras que fueron parte de organizaciones politicas, sindicales, estudiantiles, barriales, universitarios... en definitiva que fueron jóvenes que lucharon por transformar este mundo de injustica que hoy vivimos. Jóvenes revolucionarios que se organizaron para combatir la desigualdad, la explotación y la opresión del sistema.

Son ellos los que nos obligan a preservar su memoria ante los intentos de convertirlos en CASOS.

Son los 30.000 los que nos siguen marcando el camino de la solidaridad, del compromiso, de la lucha con y por todos.

No son testigos, son Genocidas

El día lunes quedó detenido (por falso testimonio), el testigo propuesto por la fiscalía, el teniente médico del ejército, Dr. Raúl Ignacio López Proumen, hoy Jefe del Gabinete Interdisciplinario del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén.

Durante los años que prestó servicio para el ejército (1976-1980) atendió a una de las detenidas desaparecidas embarazada y "torturada" en la "La Escuelita". Su declaración estuvo cargada de graves y numerosas contradicciones con el fin de ocultar y distorsionar los hechos para asegurar la impunidad suya y de sus "amigos" imputados.

Entendemos que este hecho afirma contundentemente que es un Genocidas más de los que actuaron en dicho campo de concentración.

El día martes dos testigos citados por la defensa, no concurrieron a la audiencia, amparados en los beneficios que les otorgan las leyes o asustados de seguir el camino de López Proumen.

Ronda de testigos:

1º Día: - Noemí Labrune, Rubén Capitanio, Mirta Mántaras.

- Fernando Leofanti, Juez Rodolfo Rivarola y Psq Ignacio López Proumen

Rubén Capitanio

2º Día: - Carlos Cerioni, Adriana Calvo

Adriana Calvo explicó que todo esto constituyó "un genocidio".

En relación al sistema represivo, Calvo describió, como ejemplo, el "circuito Camps" en el que ella estuvo detenida 5 meses y dio a luz a su hija.

En los nueves C.C.D. del circuito, la A.E.D.D registra 1.813 personas detenidas.

Alli nacieron 25 chicos que fueron apropiados, 14 de los cuales se desconoce su identidad.

Calvo, explicó, con ciertos visos de demanda que de los cientos de represores identificados, sólo hay decenas de procesados. Incluso remarcó que por la detención en el año 1976, de Julio Jorge López, no hay todavía ningún procesado.

En Tucumán, La Justicia condena a prisión perpetua en un Country

En el día de hoy la "Justicia" federal tucumana condeno a Domingo Bussi y a Luciano B. Menéndez a PRISION PERPETUA.

Cualquiera que lea este titulo bailaría de alearía, pero en realidad los que bailan de alegría son los genocidas.

Porque a Bussi, máximo responsable del Genocidio en Tucumán desde el 75 en adelante, la Justicia garantista de impunidad lo condeno a "vivir felizmente en su "cárcel VIP, el Country".

Otro dato no menor de esta sentencia es que a Luciano B. Menéndez el mismo tribunal lo saca de la cárcel común de Córdoba y lo deja en el ex arsenal del Ejército Miguel de Azcuénaga; en la capital Tucumana, curiosamente, un cuartel que durante la dictadura funcionó como centro clandestino de detención. Otro Genocida que se va a sentir "como en su casa".

No podemos dejar de recordar que este juicio se llevo adelante contra los máximos responsables del Terrorismo de Estado en la provincia tucumana, pero por un solo hecho, el del ex-senador Guillermo Vargas Aignasse, reafirmamos que Juicios así mas que abolir la Impunidad la garantizan.

Adentro Impunidad, afuera represión, eso decidió EL ESTADO ARGENTINO, para la sentencia de hoy. Cuando los manifestantes escucharon que Bussi cumpliría la condena en prisión domiciliaria, estallaron en bronca, y como no podía ser de otra manera, LA GENDARMERIA, reprimió a los compañeros y compañeras que luchan para llevar a Bussi a la cárcel común, resguardando a los fachos Bussistas que habían ido a arengar "al General".

Cuando decimos que la lucha es por los 30.000, y contra todos los Genocidas y sus cómplices, decimos que NO PUEDEN HABER JUICIOS PARCIALIZADOS, JUICIOS CONTRA UNOS POCOS Y POR UNOS POCOS COMPAÑEROS, JUICIOS QUE CONDENEN POR DELITOS COMUNES A LOS GENOCIDAS, JUICIOS QUE INTENTEN JUSTIFICAR LA OBEDIENCIA DEBIDA RESUCITANDO LA TEORIA DE LOS DOS DEMONIOS Y REINSTALANDO EL PUNTO FINAL

Si siguen realizándose estos juicios, en estas condiciones, nuestro deber como militantes e hijos de revolucionarios, es DENUNCIAR A LA JUSTICIA QUE LES GARANTIZA IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS.

En el Alto valle, hay más de 90 victimas y más de 70 genocidas responsables en la causa. Este juicio es por 17 victimas y contra ocho represores, solo del Ejército. Casi diariamente sabemos de mas compañeros desaparecidos que no han sido denunciados, también nuevas denuncias de aquellos que fueron victimas y que hoy dan testimonio del horror que llevaron adelante militares, policías, federales, civiles y penitenciarios...Los números no son iguales para la JUSTICIA que para nosotros, tampoco el valor de las vidas que fueron ultrajadas.

Por todo esto seguimos exigiendo:

- Cárcel común y perpetua a todos los Genocidas

- Aparición con vida de Jorge Julio López

H.I.J.O.S.

Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

ALTO VALLE


las12

Viernes, 22 de Agosto de 2008

DERECHOS

El beneficio de la duda

El despliegue de estrategias que las Abuelas vienen llevando a cabo desde su área de Difusión para encontrar nietas y nietos no sólo ha dado resultados milagrosos, sino que contribuye a una sensibilización de la sociedad, al permiso para dudar y a la necesidad de contribuir a que la verdad salga.


Por Laura Rosso

DE BUSQUEDA

"Contar con la duda de los chicos para continuar la búsqueda." Esta idea fue la que generó en el área de Difusión de Abuelas de Plaza de Mayo una dinámica de trabajo distinta, fuerte e inteligente, como las Abuelas. Ellas, con su fuerza incansable y su inteligencia emocional pensaron que sus nietos –ya no bebés, ni chicos chiquitos, sino hombres y mujeres– podían querer encontrarlas. En 1997, cuando la institución cumplió veinte años, se empezó a pensar en cómo convocar a los jóvenes. El acto fundacional fue un primer recital, donde además de la presentación de varios cantantes y grupos de rock, se estrenó la obra A propósito de la duda. La metodología de búsqueda continuó con más actividades, producción de afiches, concursos, seminarios, instalaciones y ciclos como Teatro por la Identidad, Rock por la Identidad, Cine, Fotografía y Danza por la Identidad. En cualquier lugar o ámbito podía –puede– haber nietos y nietas

TRABAJO DE EQUIPO

Clarisa trabaja en el área de Difusión y viene colaborando con Abuelas desde hace tiempo. Cuenta: "Antes era entrevistadora del Archivo Biográfico Familiar. Mi trabajo consistía en reconstruir la historia de vida de los papás de los chicos apropiados a partir de entrevistas a familiares, a compañeros de militancia, a amigos de la infancia, etc. Ese espacio fue pensado no sólo en función de los nietos que habían sido criados por sus abuelas y querían saber, conocer y preservar la historia sociológica de sus familias, sino también de los hermanos apropiados, para que cuando aparecieran pudieran tener, además del ADN biológico, una reconstrucción histórico-familiar de sus padres".

En ese momento Clarisa estaba estudiando Comunicación Social, cuando terminó se incorporó al área de Difusión. Esto coincidió con la incorporación más activa en la institución de los nietos que fueron criados por sus abuelas y buscaban a sus hermanos. "Se pensó en sumar a otros interlocutores para que no sean sólo los familiares, desde lo privado, quienes reclaman que sus nietos sean restituidos, sino que sea un reclamo de toda la sociedad. El ejemplo que siempre damos es que no es lo mismo que un chico vea a Estela de Carlotto diciendo 'todos tenemos derecho a conocer nuestro origen', a que escuche al pelado Cordera de la Bersuit diciendo 'el derecho a la identidad es un derecho inalienable, si vos tenés dudas acercáte a Abuelas'. Esa fue una estrategia de difusión."

Quien coordina el área de Difusión es Abel Madariaga. Abel era el secretario de Prensa y Difusión de Montoneros, en la Columna Norte. Su compañera fue secuestrada embarazada y dio a luz en Campo de Mayo. Abel sigue la búsqueda. Dice: "Difusión fue un invento mío, y yo supe rodearme de gente muy idónea. Logramos instalar la pregunta '¿vos sabés quién sos?' Si bien es una pregunta muy fuerte, nosotros estamos convencidos de que lo que hace daño es la mentira, y tenés derecho a dudar. Y si vos convocás, tenés que contener".

"El momento culminante del área de Difusión –recuerda Clarisa– fue con el ciclo Televisión por la Identidad. Pero no sé si esos capítulos hubiesen sido vistos de la manera en que fueron vistos si anteriormente no hubiera existido Montecristo. La gente miraba una novela y de repente aparece en el argumento el tema de la apropiación de bebés. Esos programas fueron dos grandes socializadores de la problemática y se llegó a los lugares más insólitos, en horario central y por televisión abierta. Se logró incorporar a la sociedad a la búsqueda porque hasta que no se encuentre al último nieto recuperado, la identidad de toda una generación está en duda. Cualquier chico que tiene alguna duda sobre su identidad, si nació entre 1975 y 1981, puede ser hijo de desaparecidos."

En 1997 los nietos recuperados eran 59 y once años después, en 2008, son 92. ¿Pensás que es el resultado del trabajo que realizan desde el área de Difusión?

Clarisa: –Sí, pero eso va acompañado de una maduración de la sociedad. Hay otras herramientas legales para buscar, como los juicios de allanamiento para los casos en que los chicos no aceptan hacerse el análisis a través de la extracción de sangre. El equipo jurídico de la institución pide la extracción de ADN de un cepillo de dientes o de la ropa íntima para sacar material genético y así saber la identidad de los chicos sin que ellos acudan a realizarse el análisis voluntariamente. El tiempo produjo un decantamiento de lo que ocurrió. Se entregó la ESMA, se anularon las leyes, comenzaron los juicios, todo eso va generando un espacio para que el chico que duda crea que es posible dudar. En otro contexto social le resultaría mucho más loco pensar que puede ser hijo de desaparecidos o le resultaría mucho más difícil acercarse a Abuelas o a la Conadi, porque si el contexto sociohistórico no te permite imaginarte eso... Obviamente, el trabajo de difusión de Abuelas ha sido muy importante y desde el '97 para acá hemos trabajado sobre eso.

¿Qué pasó después de Televisión por la Identidad?

–No dábamos abasto con la cantidad de gente que vino. Todos atendíamos a chicos con dudas. Hubo 659 legajos abiertos en la Conadi de chicos que tenían la posibilidad de ser hijos de desaparecidos. Pero ninguno de ellos lo es, sino que sus casos coinciden con el tráfico de bebés que hubo durante la dictadura y que continúa hoy en día. Son chicos que fueron apropiados por otras vías, no por los militares. Llegan muchos chicos con características similares a las que puede tener un chico apropiado: no tienen fotos de la mamá embarazada, o tienen una partida de nacimiento dudosa o extraña, pero finalmente no lo son. Por eso, la pregunta es ver cómo llegamos a ese universo de chicos que realmente son hijos de desaparecidos y todavía no se acercaron. Es como buscar una aguja en un pajar.

¿Cuál se supone que es la principal dificultad?

–La mayoría de los chicos que falta encontrar no es que no quieran saber su origen sino que tienen miedo por lo que podría pasar con quienes los apropiaron. Pero no sé, no estoy en la cabeza de ellos....

Abel: –Son los chicos más conflictivos, que están apropiados por los tipos más jodidos, es decir que sufren apropiaciones con gran contenido ideológico. Por ejemplo, un chico que había tenido una apropiación así, porque el tipo era un pesado ideológicamente, al principio no quería conocer a la familia, no aceptaba que era hijo de desaparecidos, pero de un momento a otro cambió, cambió su pensamiento. Un día tocó el timbre en la casa de la abuela y le dijo: "¿Me puedo quedar con vos?". Se quedó a pasar el día, llamaron a los tíos, a los primos, compraron facturas, tomaron mate, se quedaron toda la tarde juntos.

ESLABONES NUEVOS

La urgencia por encontrar su descendencia se hace sentir. Muchas abuelas ya están grandes y ya no buscan una generación, sino dos. Hay muchos nietos que son padres. Por eso han largado una vertiente que es Abuelas busca nietos y bisnietos y están trabajando en jardines de infantes con producciones y material fílmico. "Las Abuelas siempre trabajaron en escuelas, en facultades, pensando que allí podían estar sus nietos, y a partir de este año empezaron a trabajar también con los jardines de infantes sobre el Derecho a la Identidad. Porque además, las abuelas promueven y educan en la defensa del Derecho a la Identidad en todo sentido, no sólo en cuanto a la víctimas del terrorismo de Estado. Nunca se sabe cuál es el detonante. Se puede pensar que un chico que está haciendo un dibujo de su familia le empiece a preguntar al padre, y el padre empiece a hacer agua y se preocupe porque el que está preguntando es su hijo", puntualiza Clarisa.

Otro trabajo del área de Difusión ha sido la Red por el Derecho a la Identidad. Hicieron viajes por todo el país, convocaron a gente interesada en la lucha de Abuelas para que se acercara, y hoy existe una sede de la Red en todas las provincias. "Lo que hacen es generar actividades de difusión de Abuelas, les mandamos el mensuario, o muestras, o películas, y son un nexo con nosotros. Pueden funcionar en facultades o en organismos de derechos humanos, son profesionales, o ex militantes que se juntan, e incluso muchos ya tienen su grupo de Teatro por la Identidad. Si alguien que vive en Chaco, por ejemplo, tiene dudas sobre su identidad y nos llama, nosotros lo contactamos con la gente de la Red más cercana para que lo acompañe y lo ayuden a hacer los trámites", explica Clarisa.

¿Cómo definen los momentos más difíciles por los que pasaron? ¿Y los mejores?

Clarisa: –Los momentos más difíciles tienen que ver con cuando pasa mucho tiempo y no aparece ningún nieto, y claramente, los más felices son cuando aparecen. El juicio a Menéndez fue muy gratificante, pero lo más gratificante es encontrar un nieto, porque cuando aparece, parece un milagro, la verdad es que es algo así.

Abel: –Siempre hemos luchado para llegar a que se logre una verdadera justicia. El día que le dieron a Menéndez prisión perpetua y cárcel común, no sabés lo que era este lugar, y esa alegría se sumó a que resolvimos dos casos más. Esto era una explosión. Y eso te genera más fuerzas. Cada restitución es distinta y cada una tiene su problemática particular, pero cada vez que viene una restitución o una condena es una carga de batería total.

Abuelas comenzó siendo un grupo de mujeres que buscaban a sus hijos y a sus nietos, y en estos treinta y un años fueron impulsando y generando no sólo conciencia y memoria sino además un reclamo que hoy es social. Y colateralmente fueron produciendo beneficios para la sociedad, como la incorporación del Derecho a la Identidad en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, o modificaciones en la Ley de Adopción, o el índice de abuelidad, que permite que aun faltando una generación se pueda reconstruir el mapa genético de esa familia. También se logró la edición del libro Las Abuelas y la genética, que "era una deuda pendiente de la institución, que quería contar este capítulo específico. Fue muy llamativo cómo repercutió en el mundo académico y de las ciencias. Ahora estamos en una etapa de ver si se reedita y se distribuye en los profesorados", resume Clarisa.

¿En qué momento están hoy?

Abel: –Abuelas se transformó en un lugar de referencia para todo: violencia familiar, adicciones, violaciones, pero hemos podido armar una red para derivar, que dentro de las pocas cosas que funcionan en este país, funciona. Estamos en una etapa muy difícil, porque el trasvasamiento hacia los chicos más jóvenes no está siendo traumático, pero sí la frustración de que se mueren abuelas muy queridas sin haber conocido a sus nietos, y eso es una patada muy fuerte. Es muy doloroso, pero ellas están convencidas de que la lucha continúa, están segurísimas de eso.


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EL MUNDO POR PRIMERA VEZ UN MANDATARIO DE PARAGUAY SE DISCULPA EN NOMBRE DE LA NACION

Lugo pidió perdón por la dictadura

La Comisión de Verdad y Justicia presentó ayer el primer balance sobre las víctimas del régimen colorado de Stroessner. En 35 años hubo al menos 339 desaparecidos, 59 asesinados y 15 mil detenidos y torturados. Unos 3470 paraguayos se exiliaron.

"Fueron héroes de la lucha contra la dictadura", dijo el presidente Fernando Lugo
Por Darío Pignotti

Desde Brasilia

En los 35 años de dictadura stronissta al menos 339 paraguayos desaparecieron, 59 fueron asesinados, 3470 tuvieron que exiliarse y más de 15 mil fueron torturados, perseguidos y detenidos ilegalmente. Después de cuatro años de trabajo, la Comisión de Verdad y Justicia presentó ayer el primer balance de esos oscuros años en una ceremonia cargada de homenajes, emoción y un inédito apoyo político. "Fueron héroes de la lucha contra la dictadura", dijo el presidente Fernando Lugo con lágrimas en los ojos. Por primera vez en la historia democrática paraguaya un mandatario pidió disculpas "en nombre de la nación" por todos los crímenes cometidos entre 1954 y 1989.

"Lo de hoy (por ayer) es un hecho histórico y es una condición básica para la transición democrática en Paraguay", aseguró en diálogo telefónico con PáginaI12 la directora del Museo de las Memorias, María Stella Cáceres. "Nuestra esperanza es que aquí se haga lo que se hizo en la Argentina. Sabemos que el Poder Judicial es colorado, pero creemos que puede haber una judicialización. En el informe hay 640 represores identificados." Cáceres reclamó la creación de una Secretaría de Derechos Humanos para hacer de enlace entre las víctimas y la Justicia y agilizar la recolección de evidencia.

La esposa de Martín Almada, el defensor de derechos humanos que sacó a la luz los archivos secretos del Plan Cóndor, tiene razones para mostrarse optimista. Por primera vez el gobierno de Paraguay no es del mismo color político que Stroessner. No sólo eso. El actual mandatario y su familia fueron perseguidos y encarcelados por la dictadura. Como en muchas familias paraguayas, las heridas de los Lugo todavía están abiertas. Guillermo, uno de sus hermanos, nunca pudo volver del exilio. Murió hace dos años en Suecia. Según contó su viuda Kristina, él fue uno de los que más alentó al ex obispo para lanzarse por la Presidencia.

Por eso ayer no pudo contener su emoción cuando se homenajeó a los que murieron o sufrieron combatiendo la represión. "El presidente Lugo está realizando lo que prometió", reconoció Cáceres. Una semana atrás, el mandatario había sorprendido al cambiar de un plumazo la cúpula militar y policial del país. Las fuerzas de seguridad ya no reprimirán al pueblo, prometió entonces. Para las organizaciones de derechos humanos, el informe ayudará a asegurar justamente eso. "Tiene una importancia educacional, social. La herencia de la violencia de la dictadura es perenne y se constata en la vida cotidiana, por ejemplo en la violencia contra las mujeres", señaló Cáceres.

La presentación del informe estuvo a cargo del obispo del departamento Misiones, monseñor Mario Melanio Medina, más conocido como "el obispo rojo" durante los años del dictador colorado Hugo Stroessner. Según las cifras que presentó, las Ligas Agrarias y el movimiento campesino en general fueron los más golpeados por la dictadura. Representaron un 24 por ciento de las víctimas. Lugo creció como líder del clero y luego político de la mano de estos grupos.

En la lista le siguen los militantes del Partido Liberal (19 por ciento) y los colorados disidentes (14 por ciento). "Sin embargo, en términos proporcionales el Partido Comunista fue el que más violaciones sufrió", dice el informe. Más de la mitad de los desaparecidos y el 10 por ciento de los paraguayos torturados por la dictadura salieron de sus filas. Otro dato que llama la atención es que la mayor cantidad de paraguayos desaparecidos en el exterior se registra en Argentina. Sólo entre los años 1976 y 1978, hay denunciados 71 casos en la Capital y el conurbano.

La ceremonia, aunque emotiva, no fue ajena al caldeado clima político que se vive por estos días en Asunción (ver aparte). El momento más tenso de la jornada fue cuando le tocó tomar el micrófono al presidente de la Corte Suprema, Víctor Núñez. El magistrado fue tapado por una lluvia de silbidos e insultos. "Corrupto, cínico e hijo de puta" fueron algunos de los adjetivos que recibió uno de los hombres más leales que tuvo el ex presidente Nicanor Duarte Frutos en los últimos años.

"La población ya perdió la paciencia con el coloradismo y con este nuevo escándalo de Duarte Frutos. Creo que este informe va a tener mucho apoyo popular", explicó Cáceres.



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El país | Viernes, 29 de Agosto de 2008
LA TRAYECTORIA DE ANTONIO BUSSI

El dictador de llanto fácil y cuentas secretas

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Por Diego Martínez

Fue amo, señor y fusilador número uno de Tucumán. En 1987 el punto final de Raúl Alfonsín le garantizó impunidad. Comenzó entonces una extensa carrera política, siempre con epicentro en una provincia abrumada por la miseria y que aún lucha por desmantelar una carga brutal de adoctrinamiento ideológico impuesto a sangre y picana. A fines de la década del '90, la difusión de la información sobre sus cuentas secretas y millonarias en el exterior le hizo derramar sus primeras lágrimas en público. Pero recién ayer, 32 años después de sus mayores hazañas, el Mussolini tucumano de llanto fácil conoció la Justicia.

Antonio Domingo Bussi nació en Entre Ríos el 17 de enero de 1926. Tiene 82 años. Su vida pública comenzó en diciembre de 1975, cuando reemplazó al frente del Operativo Independencia a Acdel Vilas, general insano pero sobre todo impune que pasa sus días bien guardado en un departamento de Palermo. Antes de irse, Vilas anunció que la guerrilla tucumana había sido derrotada. A Bussi le tocó "rematar a la subversión", explicó alguna vez.

El 24 de marzo del '76 se convirtió en interventor federal y jefe militar de Tucumán, concentración de poder que no ostentó ningún otro gobernador de facto. Siempre desbordante de pistolas y granadas para infundir sumisión, extendió al infinito el concepto de "subversivo", que no excluyó ni a los mendigos: la noche helada del 16 de julio de 1977 ordenó levantarlos de las calles y tirarlos en un desierto de Catamarca. En 2006 perdió un juicio contra el escritor Tomás Eloy Martínez, que al recordar la historia lo calificó de "tirano" y "feroz exterminador de disidentes".

Según la Comisión Bicameral Investigadora, el 70 por ciento de los 507 secuestros registrados en Tucumán se produjo durante los dos años de su gobierno. Sólo una de cada cinco víctimas tenía militancia política o gremial conocida. "Nueve de cada diez fueron secuestrados en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas que actuaban con una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1", apuntó la Comisión. "Siempre los Bussis (sic) nos hemos batido en minoría", mintió ayer. En los registros militares consta que la Compañía de Monte del ERP tuvo, en su momento de mayor despliegue (1975), entre 120 y 180 efectivos.

Tras explayarse sobre torturas, uñas arrancadas con tenazas y hombres enterrados hasta el cuello, el ex gendarme Omar Torres relató dos fusilamientos que presenció. "El general Bussi se apersonaba y daba la orden con un disparo ejecutando a una persona." Sus subordinados remataban al resto, que caían a un pozo. Luego "se echaba leña, aceite y gomas de automóviles". Juan Martín describió el método de entierro en vida, contó que obligaban a los detenidos a rezar el Padrenuestro y el Ave María: "Y nos exhortaban a dar gracias a Dios por haber vivido un día más". Los jefes de los campos se ufanaban de haber aprendido a torturar en Vietnam, donde Bussi fue como observador invitado por el ejército norteamericano.

Lo salvó el punto final, pero también la Justicia tucumana. La Corte Suprema reprendió con dureza a la Cámara Federal que no lo procesó pese a la abundancia de pruebas. Un año después, en 1988, fundó Fuerza Republicana, partido que lo llevó a la gobernación y al Congreso Nacional. El pueblo tucumano le permitió ganar ocho elecciones. En 1993 asumió como diputado nacional y dos años después como gobernador. En 1998, una Comisión Especial Investigadora reveló sus propiedades y depósitos bancarios. Poco después se conocieron sus cuentas secretas, millonarias, en bancos de Suiza y Luxemburgo. "Imperfecciones propias de mi naturaleza humana", dijo ayer.

En 1999 volvió a ser electo diputado. La APDH lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado sus cuentas en 1993. La Cámara le impidió el ingreso. El año pasado la Corte Suprema falló que debió respetarse el voto popular, pero el mandato había concluido. El Tribunal de Honor del Ejército, que nunca le cuestionó secuestrar o torturar, lo sancionó por mentir. En 2003 fue electo intendente de San Miguel de Tucumán por una diferencia de 17 votos, pero su detención le impidió asumir. Fue en la misma causa que ayer derivó en su condena. El juez federal Jorge Parache le concedió arresto domiciliario en su casa de Pilar, que violó según denunció la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

De la mirada de hielo de hace treinta años no quedan ni rastros. Si el general Menéndez se esmera en mantener su estampa de guerrero, la barba y las lágrimas de Bussi sugieren abandono y conciencia de la derrota. La única buena noticia que podrá escuchar de aquí en adelante es que le permitan seguir en su country de Yerba Buena. Es improbable: ya violó su arresto domiciliario, demostró –pese al tubito– que tiene buena salud, y ningún condenado por crímenes de lesa humanidad goza de ese privilegio.

EL PAISEL PRONTUARIO DE LUCIANO MENENDEZ

El Chacal que comandó a la ESMA cordobesa

Por Adriana Meyer

Alias "Cachorro", alias "Chacal", alias "Hiena". El más bravo de los sicarios del Estado en dictadura, el que se animó a cuestionar a los jefes de la Junta Militar por blandos, uno de los represores con más imputaciones en procesos judiciales. El genocida Luciano Benjamín Menéndez, poderoso ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979, fue autoridad máxima en Córdoba durante los años del terror y estuvo a cargo de la represión en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.


Bajo su mando funcionó el destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren, del que dependía el centro clandestino de detención La Perla, conocido como "la ESMA cordobesa", por donde pasaron 2500 hombres y mujeres. Menéndez solía visitar ese campo de exterminio y algunos recuerdan haberlo visto mientras presenciaba fusilamientos al borde de las fosas. Según testimonios de los pocos sobrevivientes, también aparecía durante los interrogatorios y las torturas.

Le adjudican ser ideólogo del "pacto de sangre": hacía participar de los secuestros y fusilamientos a todos los oficiales para que en el futuro "no se dieran vuelta". Hombre de armas llevar, en agosto de 1984 sacó un cuchillo cuando militantes de la Juventud Comunista lo repudiaron al grito de "asesino" en la puerta de un canal de televisión, cuando salía del programa de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. En 2003 hubo un incidente similar en Córdoba, cuando amenazó con una sevillana a un grupo de estudiantes que lo reconoció en una playa de estacionamiento.

El "Cachorro" participaba de algunos operativos en los que se reservaba el "botín". En la Justicia cordobesa hay un pedido de reapertura de la causa Mackentor, una empresa constructora que fue ocupada y saqueada por los militares en abril de 1977 por orden de Menéndez. Veinte empleados y los accionistas jerárquicos fueron secuestrados y llevados al centro clandestino La Ribera, mientras que el presidente Natalio Kejner y el síndico Gustavo Roca lograron salir del país.

Desde hace un mes, Menéndez duerme en la cárcel cordobesa de Bower, tras haber sido condenado por el secuestro, tortura y asesinato de Hilda Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue su primera sentencia de una larga lista de procesos por los que debería ser juzgado en varias provincias. Hasta ese momento había gozado del beneficio del arresto domiciliario en su casa de Bajo Palermo, en la capital cordobesa, con su rutina de caminatas y su apacible existencia de general de división retirado. Si bien tuvo menos exposición pública que un Videla o un Massera, ejerció la misma influencia en las decisiones políticas y represivas. Mantuvo algo de ese poder durante los años '80 y '90, cuando el Ejército lo seguía invitando a sus actos oficiales.

Fuera del amparo de la Ley de Obediencia Debida, en 1988 fue procesado por 48 homicidios, 76 tormentos y 4 sustracciones de menores. Pero en 1990, cuando estaba a punto de ser juzgado, el entonces presidente Carlos Menem lo incluyó en el indulto, a pesar de que nunca había sido condenado. Esa medida lo salvó, además, de otras 700 causas en las que se lo acusaba de homicidios calificados, tormentos seguidos de muerte, torturas, privaciones ilegales de la libertad y sustracción de menores (masacre de Palomitas, centro Arsenales, asesinato de Paco Urondo, torturas a Raúl Ernesto Morales, entre otros casos). En abril de 2000 pasó cinco días preso tras negarse a declarar en el proceso en el que se investigaban los 30 asesinatos de presos políticos en la Penitenciaría. Fue la primera vez que se encontró frente a dos hijos de sus víctimas.

Junto a Ramón Díaz Bessone, Santiago Riveros y Carlos Guillermo Suárez Mason integró el grupo de Los Duros y llegó a soñar con la política desde la organización Nueva Opción Republicana. Fue ferviente partidario de que Argentina entrara en guerra contra Chile en el conflicto del Beagle. "Si nos dejan atacar a los chilotes, los corremos hasta la isla de Pascua, el brindis de fin de año lo hacemos en el Palacio de La Moneda y después iremos a mear el champagne en el Pacífico", dijo entonces.

Menéndez nació hace 81 años en San Martín, entró al Colegio Militar en 1943 y ascendió a coronel en 1966. De familia militar, su abuelo también había querido iniciar la guerra contra Chile, su padre se sublevó en 1951 contra Juan Perón y su sobrino, Mario Benjamín Menéndez, se rindió en Malvinas.

Mientras otros genocidas callan, Menéndez usa el banquillo de los acusados como si continuara arengando a la tropa. En sus ardientes defensas del terrorismo de Estado (que le "ganó la batalla a la subversión marxista"), hay una aceptación implícita de los delitos que se le imputan. Como en sus "Instrucciones para actuar contra la subversión", en las que instaba a los ciudadanos a la delación de sospechosos y de "cualquiera que esté alejado de sus padres, no crea en Dios y excite contra todo tipo de autoridad".



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LOS REPRESORES BUSSI Y MENENDEZ FUERON CONDENADOS A CADENA PERPETUA POR EL SECUESTRO Y DESAPARICION DEL SENADOR VARGAS AIGNASSE

Dos genocidas que encontraron su lugar en el mundo

Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi escucharon ayer la sentencia del tribunal de Tucumán. Quedó en duda la decisión sobre la revocatoria de la prisión domiciliaria de Bussi. Los manifestantes reaccionaron y la Gendarmería reprimió.

Por Ramiro Rearte

Desde Tucumán

Los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a prisión perpetua por el secuestro y desaparición del senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. El Tribunal Oral Penal de Tucumán los encontró culpables de asociación ilícita, desaparición forzada, violación de domicilio, violación ilegítima de la libertad agravada, condiciones tortuosas de detención, aplicación de tormentos reiterados y homicidio calificado, delitos de lesa humanidad cometidos entre el 24 de marzo y el 6 de abril de 1976. Los jueces resolverán recién después del 5 de septiembre si Bussi será trasladado a una cárcel común o no. Esa indefinición ocasionó que los manifestantes, que se encontraban en la puerta de la sala de audiencias, se desbordaran al demostrar su descontento. La intervención de la Gendarmería Nacional terminó en una refriega con unos treinta militantes de derechos humanos heridos al igual que otros quince efectivos de esa fuerza de seguridad. Hubo corridas a diestra y siniestra ante la lluvia de gases lacrimógenos.

En el clímax de la protesta se cerró la sala de audiencias como medida preventiva. Ahí siguieron los cruces verbales entre los defensores de Bussi y los organismos.

Como estaba previsto, a las 10.30 el Tribunal Oral Penal en lo Criminal abrió la audiencia otorgando la última palabra a los represores antes de pasar a deliberar. En el recinto se tuvieron que incrementar las sillas ya que su capacidad estaba colmada con más de 270 personas.

El primero en hacer uso de la palabra fue el genocida local, que primero prefirió dedicar gran parte de su descargo al fiscal general federal, Alfredo Terraf, quien optó por darle la espalda a Bussi. Como ya es costumbre, el represor lloró en dos oportunidades mientras leía sus últimas palabras frente al Tribunal. Tenía una carpeta con doce carillas escritas en computadora y había párrafos subrayados con resaltador flúo, ahí cambiaba la voz, por una más potente, como cuando ordenaba durante la dictadura. Sus palabras se centraron más en su "carrera política" que en su responsabilidad como general con asiento en Tucumán durante el golpe. Trató de tener una actitud complaciente con los magistrados al resaltar que "ustedes, excelentísimo Tribunal, serán los protagonistas de este fallo cualquiera sea su sentencia y pasará a la posteridad como un antes y un después en la vida política tucumana", mientras era asistido por tres médicos del sistema provincial de salud. En dos oportunidades pidió que se le incremente el flujo de oxígeno porque, según susurró, "le faltaba el aire".

Bussi acusó al fiscal Terraf de "mentiroso" al señalar que "tendrá otro espacio en la historia con posterioridad inmediata a este juicio, donde seguramente no tendrán cabida sus falsas acusaciones, avaladas por delincuentes comunes. También se lo recordará por su pretendido vedetismo publicitario. Usted ha cambiado, señor fiscal, yo no. Yo sigo siendo el Bussi de toda mi vida. Fui reconocido por todos los tucumanos en más de treinta años de carrera política. El coraje se demuestra combatiendo y no como usted, que insulta a mis hijos, y en la defensa de las causas verdaderamente justas".

Después de los treinta minutos de lectura de Bussi, se pasó a un cuarto intermedio. Luego, tomó la palabra Luciano Benjamín Menéndez, quien desempolvó casi el mismo discurso que pronunció en Córdoba cuando fue condenado. Sus palabras parecían haber quedado detenidas en el tiempo, repitió que la culpa de todo el proceso vivido en nuestro país durante la dictadura fue por los primeros movimientos guerrilleros a fines de la década del '60. Menéndez no lloró, pero se quejó que mientras era amo y señor del suelo tucumano no podía ir de descanso a los cerros norteños, más precisamente a la localidad de Tafí del Valle, porque en ese entones "la ruta 38 estaba llena de montoneros".

"Hace cincuenta años la guerra estalló repentina y brutalmente en nuestro país. Sin tener arte ni parte, sino porque estábamos en la ruta de conquista del terrorismo internacional, los argentinos sufrimos el asalto de la subversión marxista, que por orden y cuenta de la Unión Soviética y de su sucursal Cuba se proponían someter a nuestro país a su sistema y a sumarnos a su satélite. Era la guerra, pero la más total de todas las guerras, la guerra revolucionaria, no se tratada de sacarnos un pedazo de territorio, no se trataba de un paso entre dos océanos. En realidad, la subversión apuntaba al alma de nuestro pueblo", aseveró mientas exageraba las eres en su lectura.

Acompañando a los represores estaban la hija y la viuda del capitán Humberto Viola, ajusticiado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en abril de 1974 en Tucumán. La mujer llevaba una lámina con la imagen del militar muerto tal como la confeccionan los familiares de desaparecidos.

Cerca del mediodía y con mucho calor en la sala, los jueces Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Josefina Curi pasaron para la tarde la lectura del veredicto. Desde ese momento, comenzaron las especulaciones sobre cuál sería la decisión final de los magistrados. La lectura de todos los cargos para la condena de ambos represores insumió nueve minutos. También se elevaron dos pedidos de detención por falso testimonio, para los testigos Carlos Antonio Décima y José Víctor Gerez, y otros dos por falsificación de instrumento público, en contra de Roque Cabral y Raúl Molina, funcionarios militares quienes habrían sido encargados de "armar" la historia oficial del caso Vargas Aignasse antes de que los militares dejaran el poder.

Los familiares de Vargas Aigna-sse y los organismos de derechos humanos pretendían que Bussi fuera llevado a una cárcel común en el penal de Villa Urquiza, capítulo todavía abierto hasta la decisión final del Tribunal Oral. A la hora de las declaraciones a la prensa, ambos sectores dijeron estar disconformes con parte del fallo. Uno, porque todavía sigue vigente la prisión domiciliaria para Bussi, aunque fue condenado, y otro porque fue condenado a cadena perpetua, pero detenido en la casa de uno de sus hijos ubicada en un country.

Ahora falta la lectura de los fundamentos de la sentencia que se concretará el 4 de septiembre por la mañana. Luego, tendrán cinco días hábiles desde el 5 de septiembre para decidir el lugar donde Bussi deberá cumplir la condena. La sensación que quedó entre los tucumanos es que al Tribunal Oral Penal en lo Criminal le faltó un pequeño trazo para terminar de cerrar el círculo de impunidad impuesto por Bussi y Menéndez durante la oscura década del '70. Lo positivo es que todavía queda una puerta abierta.

repercusiones

Nora Cortiñas, integrante Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora: "Es una satisfacción muy grande, pero lo mejor sería que además de perpetua le den cárcel común. No deberíamos haber tenido la humillación de que a este personaje siniestro lo hayan dejado en su casa. Porque después de los crímenes que ha cometido, de ninguna manera pueda estar en la comunidad de su hogar. Fue repugnante verlo llorar al genocida Bussi, es un cobarde. Es una bajeza moral en su accionar. Fueron lágrimas de cocodrilo y de miserable. Más allá de esto nuestro trabajo sigue, porque creemos que las causas ahora deben ser llevadas adelante por el accionar militar en los campos de concentración. No se puede detener por tanto tiempo en una sola persona desaparecida y un solo genocida, sino por todos los torturados. Menéndez se quedó en el pasado y en su mentalidad fascista".

Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados: "Estamos viviendo jornadas históricas. Tal vez hace algunos años no pensábamos tener en el banquillo de los acusados a los responsables de la mitad de los crímenes de la Argentina, como es el caso de Menéndez y Bussi. Creo que esto lo tenemos que mirar con la perspectiva del valor histórico. No es sólo una condena para reparar el daño que se le provocó a la familia Vargas Aignasse, sino es una señal importante para el futuro de nuestro país. No podemos sustentar un modelo democrático si pensamos que tenemos que convivir con los responsables de los crímenes más atroces. Hubo un profundo respeto de los familiares en todo el proceso del juicio, como lo hubo en los últimos treinta años exigiendo justicia de manera pacífica. Estamos cumpliendo con los compañeros que ya no están. Bussi y Menéndez tienen el discurso de los impunes, de aquellos que pensaron toda su vida que iban a subsistir en ese marco. Creo que los intentos que hicieron de justificar la masacre y anular períodos históricos realmente tienen características de vergüenza. Los intentos de provocación de parte de Bussi, para ver si podía interrumpir el juicio, eran un signo de desesperación".

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El sábado 30 de agosto a partir de la hora 15 se realizará en la localidad de Gobernador Virasoro, Pcia de Corrientes. un acto con movilización por la Memoria, Verdad y Justicia.-
En Virasoro, se reivindica la memoria de dos dirigentes obreros del Establecimiento Las Marias que fueron secuestrados, torturados y asesinados durante la última dictadura militar. Se trata de Neri Pérez y Marcelo Peralta, cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus familiares, y sobre cuyo acontecimiento fue echado un manto de olvido que duró casi treinta años.
Actualmente se están sustanciando dos procesos judiciales por estas causas, en juzgados de Paso de los Libres y de Posadas.
La movilizacion se iniciará a la hora 15 frente al Hospital Miguel Sussini y recorrerá la céntrica Avda Lavalle hasta la Plaza Libertad, donde se desarrollará el acto que contará con la presencia de familiares y amigos de los compañeros desaparecidos, delegaciones de organismos de Derechos Humanos de la Provincia y de la Nación y Madres de Plaza de Mayo.-
Parea mayor información comunicarse con el Sr Miguel Anguel Arguello. 03783-15616003
mensajes y adhesiones : noemiacu@yahoo.com.ar


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