viernes, 15 de agosto de 2008

13:23 › DERECHOS HUMANOS
Detuvieron al represor Jorge Masson en Bahía Blanca
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), junto con la División Interpol de la Policía Federal, detuvo en la localidad bonaerense de Bella Vista al teniente coronel retirado Jorge Anibal Masson, por la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en el Cuerpo V del Ejército. La detención se produjo ante la revocación por parte de la Cámara Federal de Bahía Blanca de la excarcelación que beneficiaba a Masson y por orden del juez federal de esa ciudad Alcindo Alvarez Canale, informó hoy la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Masson fue detenido a las 20.30 de anoche, cuando llegaba a su domicilio de la calle Córdoba al 1800, de Bella Vista, al noroeste del Gran Buenos Aires. El juez dispuso el traslado del detenido al Penal de Marcos Paz, luego de comparecer esta mañana ante el Juzgado Federal de San Martín, de acuerdo a los protocolos procesales. "La captura se dispuso tras un recurso de apelación que habíamos presentado ante la Cámara Federal después de la falta de mérito que había decretado el juez Alcindo Alvarez Canale", señaló el fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón. En ese sentido, Cañón dijo que "la Cámara hizo lugar ayer al recurso al considerar que había suficientes elementos para apresarlo, por lo que de inmediato se ordenó la captura, ya que hasta ahora estaba en libertad". Sobre los antecedentes de Masson el funcionario judicial comentó que "estuvo trabajando en los grupos operativos de secuestros en el V Cuerpo del Ejército donde funcionaba la Escuelita en la dictadura militar". "Masson tenía responsabilidad inmediata en los grupos operativos de secuestro y es autor mediato de esas operaciones de secuestros que luego se trasladaban a la Escuelita", afirmó Cañón. Por último, el fiscal dijo que "después de lo que pasó con (el represor Julián) Corres en Bahía Blanca se dispuso que Masson permanezca alojado en Marcos Paz hasta que preste declaración en Bahía Blanca". Julián "Laucha" Corres, imputado en la misma causa por delitos cometidos durante la dictadura militar, se escapó el 26 de julio pasado de la delegación de la Policía Federal local y aún está prófugo. A raíz del hecho dos jefes policiales se encuentran detenidos y el gobierno nacional ofreció una recompensa de 150 mil pesos sobre información de paradero del represor. Según el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), en la zona de Bahía Blanca se produjeron como mínimo 24 muertes y 28 desapariciones. También hubo 66 detenidos que fueron liberados. Se estima que, además de La Escuelita, en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército que incluía Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, funcionaron otros cuatro centros ilegales de detención.

EL PAIS › URUGUAY REABRE LA CAUSA POR LA DESAPARICION DE LA NUERA DEL POETA ARGENTINO

Una esperanza en el caso Gelman

La Justicia uruguaya desarchivó la investigación sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman en función de nuevos elementos aportados por Macarena, la hija que recuperó su identidad tras más de veinte años de búsqueda de sus abuelos.

Por Adriana Meyer

La Justicia uruguaya decidió reabrir el caso de la desaparición en Uruguay de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman. Esto ocurrió a pedido de su hija, Macarena Gelman, y luego de un análisis de “nuevos hechos supervinientes” en relación con su traslado clandestino hacia Uruguay, en octubre de 1976. “Es un hecho profundamente emocionante, es un fallo que tiene muchas lecturas, abre muchas expectativas y puertas, y Macarena y Juan se lo merecían porque estuvieron años batallando para que la administración de justicia reaccionara”, dijo a PáginaI12 José Luis González, abogado de la familia.

El juez Pedro Salazar resolvió “desarchivar” la investigación de la desaparición de María Claudia García de Gelman, durante la dictadura uruguaya que se extendió de 1973 a 1985. El caso había sido archivado por segunda vez en 2005 por el fiscal Enrique Moller, pero Macarena Gelman pidió en febrero la reapertura ante el surgimiento de nuevos elementos, tales como el reconocimiento de parte de la Fuerza Aérea Uruguaya de la realización de vuelos clandestinos para trasladar a Uruguay a presos políticos desde Argentina en el marco del Plan Cóndor. También presentó como elementos ampliatorios el hallazgo de restos óseos en predios militares, así como declaraciones públicas de militares en retiro sobre el posible destino de María Claudia.

Salazar había sido el primero en recibir el caso hasta que el gobierno del presidente Jorge Batlle ordenó su archivo en 2004, amparado en la potestad que le otorgaba la Ley de Caducidad, norma que fue validada en consulta popular y que ampara a militares y policías que hubieran participado en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Sin embargo, esa ley otorga al Poder Ejecutivo la potestad de decidir qué casos están amparados o no para ser tramitados por la Justicia. De tal modo, el gobierno de Tabaré Vázquez excluyó en 2005 el caso de María Claudia luego que el abogado de la familia pidiera la reapertura.

Aun así, los Gelman sabían que faltaba mucho camino. Más allá de la decisión de Vázquez, el fiscal Moller entendió que el asunto era “cosa juzgada” y un tribunal de Apelaciones le dio la razón en octubre de 2005. La aparición de nuevos elementos fue fundamental para que Macarena Gelman se presentara hace seis meses ante el juzgado letrado penal de segundo turno para solicitar la reapertura de la investigación de la desaparición de su madre. A mediados de abril, el fiscal Eduardo Fernández Dovat se pronunció a favor de volver a impulsar el caso y así lo pidió al juez Salazar, que ayer avanzó en tal sentido. El abogado González se mostró esperanzado en que la resolución hará posible “encontrar a los responsables del secuestro de María Claudia y de su presunta muerte”. Otra hubiera sido la suerte si el fiscal Moller no hubiera pedido ser trasladado de destino.

La mujer tenía 19 años cuando fue secuestrada junto a su esposo Marcelo Gelman, el 24 de agosto de 1976, y estaba embarazada de siete meses. Fueron trasladados al centro clandestino Automotores Orletti, donde los torturaron, y un mes después Marcelo fue asesinado de un tiro en la nuca, su cuerpo fue arrojado en un tonel en el Delta y luego enterrado como NN. Sus restos fueron exhumados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 1989. En tanto, María Claudia había sido trasladada en forma clandestina hacia Montevideo y quedó detenida junto a otros uruguayos en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID). Luego pasó por el centro Base Valparaíso hasta que dio a luz en el Hospital Militar. En enero de 1977 la niña fue entregada al comisario Angel Tauriño, ya fallecido, que la crió junto a su esposa, con quien Macarena aún convive. En 1999 recuperó su identidad y en marzo de 2000 se reencontró con su abuelo paterno, Juan Gelman.

La Cancillería argentina manifestó su “gran satisfacción” por la decisión adoptada por la Justicia uruguaya. Conocida la noticia de ayer, en su casa mexicana el poeta dio saltos de alegría, según refirió su abogado.


EL PAIS › EL JUICIO POR LA DESAPARICION DE VARGAS AIGNASSE

Testigos que perdieron la memoria

Por Ramiro Rearte

Desde Tucumán

Ayer no hubo audiencias en el juicio que se lleva adelante en contra de los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez en Tucumán por la desaparición del político local Guillermo Vargas Aignasse. Pero el tribunal oral tomó declaración a Eduardo Héctor González, comisario retirado, en su domicilio particular. El testigo dijo que no recordaba nada de lo ocurrido cuando era miembro de la Brigada de Investigaciones tucumana y desconoció un informe presentado a un juez militar. El juez que lo interrogó, Carlos Jiménez Montilla, pidió una pericia caligráfica ya que González es no vidente y no pudo reconocer su firma.

El comisario había entregado un informe, con su rúbrica, sobre el libro de registros de la guardia policial desde el 15 de marzo hasta el 11 abril de 1976. En ese período Vargas Aignasse fue secuestrado dos veces.

En el escrito presentado al juez de instrucción militar N° 76 (fechado el 6 de abril de 1984) decía que el senador peronista quedaba a disposición del interventor militar de la provincia, o sea Bussi. El represor lo negó en la primera jornada de audiencias.

De ese informe también se desprende que en el libro de la Brigada no se encuentra registrada la salida de Vargas Aignasse ocurrida el 31 de marzo de 1976. Ese día, el político tucumano fue trasladado al penal de Villa Urquiza por orden del represor Alberto Cattaneo.

Mariano García Zavalía, secretario de la Cámara, fue quien le leyó a González los textos, en su casa del municipio de Banda del Río Salí, pero el ex policía negó todo lo que escuchó. Es más, desconoció el cargo que se observaba en el sello puesto en el papel (firmó como segundo jefe de la División de la Secretaría General de la Policía). El testigo aseguró que nunca ocupó ese cargo, por lo que Jiménez Montilla pidió una pericia caligráfica para determinar la veracidad de sus dichos.

Desde la Fiscalía General Federal, a cargo de Alfredo Terraf, especulan con que los represores Bussi y Menéndez “armaron” todo el circuito legal para que la desaparición de Vargas Aignasse quedara registrada en papeles y con una “versión oficial”. Lo que se cree es que a los efectivos policiales y militares se les redactaba su declaración para que luego firmaran sin conocer, en muchos casos, su contenido. Esto se desprende de las últimas declaraciones de los testigos ofrecidos por la fiscalía durante la presente semana. Ninguno pudo sostener sus dichos del presente con sus acciones del pasado, que evidentemente los siguen persiguiendo.


EL PAIS

El juicio sobre la Mansión Seré

La Dirección de Derechos Humanos del municipio de Morón será testigo en el juicio oral a tres represores del Primer Cuerpo de Ejército, acusados por la autoría mediata de delitos cometidos en el centro clandestino Mansión Seré, que comienza el jueves próximo. En tal sentido, el intendente Martín Sabbatella se reunió con el fiscal Félix Crous, quien le notificó que el 18 de septiembre es la fecha en que declararán los responsables de la investigación que lleva adelante la dirección de Derechos Humanos municipal. “Nos reconforta que el trabajo de investigación y documentación del municipio sea un aporte importante en el juicio a los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura”, dijo el intendente. Bajo su administración, la Mansión Seré fue transformada en la Casa de la Memoria y la Vida y es sede de la dirección de Derechos Humanos de Morón.

EL PAIS

Pedido de extradición

La Cancillería de Uruguay envió ayer a la Argentina el pedido de extradición de Nelson Bardesio, el ex agente detenido en Buenos Aires y vinculado con presuntos escuadrones de la muerte que actuaron en los años previos a la dictadura en ese país. La presentación fue confirmada por el embajador uruguayo, Francisco Bustillo, quien indicó que el exhorto fue derivado a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería argentina. El pedido sobre Bardesio –de 68 años y detenido en Capital Federal el 24 de julio– se origina en la causa que indaga la desaparición de Héctor Castagnetto y Abel Ayala y en los asesinatos de Ibero Gutiérrez y Manuel Ramos Filipinni, ocurridos con anterioridad al golpe de Estado de 1973 en el Uruguay. Bardesio fue agente del Ministerio del Interior uruguayo a comienzos de los ‘70, y lo arrestaron tras ser localizado en Ituzaingó, donde residía desde 2006. Secuestrado e interrogado en marzo de 1972 por el grupo guerrillero Tupamaros, Bardesio confesó entonces la vinculación entre grupos paramilitares y parapoliciales con los ministerios del Interior y Defensa y la identidad de sus integrantes.



07/02/2007 | 00:00:00 - La Masacre de la Capilla del Rosario. Revelan que Carrizo Salvadores comandaba el operativo
Periodista aportó varios detalles

Testigo. Carlos H. Barrionuevo declaró que tiraban los cuerpos desde los helicópteros.
Carlos H. Barrionuevo escuchó la balacera y los gritos desde la ruta 1. Dijo que las heridas en los cadáveres de los guerrilleros eran "muy grandes", como si les hubieran disparado de cerca. Nombró a quienes dirigían el operativo.
El periodista Carlos Humberto Barrionuevo recordó ayer varios detalles de lo ocurrido durante la mañana del 12 de agosto de 1974 en inmediaciones de la Capilla del Rosario. Durante más de tres horas, el testigo declaró ante el juez federal Ricardo Moreno, el fiscal Santos Reinoso y el secretario penal subrogante, Moisés Buffe, a quienes contó que las maniobras militares que terminaron con la muerte violenta de 16 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP-PRT) estuvieron al mando del oficial militar Carlos Eduardo Carrizo Salvadores, quien entonces se desempeñaba como uno de los jerarcas del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada y que posteriormente fue jefe de Policía en Jujuy, donde está sospechado de haber ordenado una violenta represión que culminó con la muerte de dos gremialistas. Carlos H. Barrionuevo fue convocado a declarar porque aparece como uno de los periodistas que cubrieron los sangrientos eventos de agosto de 1974. Éstos se produjeron cuando medio centenar de guerrilleros intentaron infructuosamente robar armas de los cuarteles del RI 17.
El grupo insurgente había planeado ingresar por el "Campo Las Heras", detrás de la guarnición, pero fue descubierto accidentalmente durante la madrugada del 11 de agosto por un joven que se dirigía desde Piedra Blanca hacia Banda de Varela, donde funcionaba el "Recreo Campero", un bailable que convocaba a la juventud de la zona.
El testigo, según recordó Barrionuevo con lujo de detalles, volvió sobre sus pasos y dio aviso a personal policial de Piedra Blanca. Lo que siguió fue el alerta general prácticamente en toda la provincia.
Al verse frustrada la intentona, un grupo de integrantes del ERP huyó a través de ruta provincial Nº 1 hasta alcanzar el sur tucumano e internarse en la selva, la geografía que la organización guerrillera había elegido como base.
Otros jóvenes trataron de ganar la ciudad, pero fueron detenidos en la Terminal de ómnibus y en otros sectores, mientras que un tercer grupo de 17 ó 18 jóvenes quedaron acantonados en las serranías adyacentes a la Capilla del Rosario, en Fray Mamerto Esquiú. Hallazgo
El tercer grupo fue descubierto cuando uno o dos de los guerrilleros bajó de la sierra a comprar pan en un comercio de Piedra Blanca. El periodista testigo recordó que entonces un grupo de policías que era guiado por el oficial Acevedo, oriundo de la zona, se acercó hasta el lugar. Precisamente Acevedo, al subirse a un árbol para divisar a los guerrilleros, recibió un certero disparo que acabó con su vida.
El periodista contó que llegó al lugar como periodista del diario La Unión, junto a su colega Juan de la Cruz Saseta y al fotógrafo José Nieto. También se encontraban, trabajando para distintos medios, Carlos Bravo y Luis Guillermo Mercado, entre otros.
Los trabajadores de prensa escucharon la terrible balacera a unos 150 metros de distancia. Barrionuevo recordó detalles importantes ante el juez Moreno: los disparos y estruendos eran intermitentes, cortados por prolongados silencios y gritos, y las heridas que presentaban algunos de los guerrilleros eran "muy grandes", como si hubiesen sido realizadas a corta distancia.
Hay imágenes que hasta hoy persiguen a Barrionuevo, como el traslado de los cadáveres en los helicópteros: "Sin tocar la ruta, desde tres o cuatro metros de altura arrojaban los cuerpos al asfalto; era terrible escuchar ese ruido…". Luego, los cuerpos sin vida de los jóvenes masacrados eran llevados en distintos vehículos a la morgue municipal.
Barrionuevo recordó que todos "eran muy jóvenes" y que tenían "uniformes muy nuevos, casi sin estrenar". También identificó ante las autoridades judiciales algunas de las autoridades militares, policiales o civiles que aparecen en las fotografías aportadas a la causa que se instruye en el Juzgado Federal de Catamarca por tratarse de delitos de lesa humanidad.
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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANO

Buenos Aires 15 de Agosto de 2008

Declaración:

Los seis Campesinos Paraguayos Presos Políticos nos dirigimos a la opinión pública para expresar cuanto sigue:

1- Que desde hoy nos declaramos en huelga de hambre, por tiempo indefinido desde el penal de Marcos Paz.

2- Hemos tomado esta determinación ante la inacción del gobierno argentino para resolver nuestra injusta prisión que llevamos dos años, tres meses y trece días.

3- Llegamos a la Argentina por que habíamos confiado el las instituciones de este país y su larga trayectoria como tierra de asilo para miles de perseguidos políticos.

4- Reclamamos nuestra Libertad y el Refugio Político, porque somos victimas de una persecución política, por que no existe jurídicamente argumento para seguir prisioneros del poder político teniendo presente lo resuelto por el juez de garantías en Paraguay, que no existe elemento para sostener en grado de probabilidad de sospecha en la comisión del delito que se nos acusa.

5- Nos cuesta comprender ante estas expresiones que sigamos presos en un país reconocido a nivel internacional por el respeto a los Derechos Humanos.

6- Reiteramos nuestro pedido de Solidaridad a todos aquellos que consideren injusta nuestra prisión y les hacemos un llamado a acompañar este justo reclamo exigiendo al gobierno nos conceda el Refugio Político.

Les dejamos a todos nuestro abrazo tierno y todo nuestro cariño.
Los seis Campesinos Paraguayos Presos Políticos.
Refugio Político, Libertad o Muerte.

Agustín Acosta
Basiliano Caldozo
Simeón Bordón
Gustavo Lezcano
Roque Rodríguez
Arístides Vera





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