miércoles, 13 de agosto de 2008

11:38 › TUCUMAN

Continúa el juicio contra Bussi y Menéndez

El juicio oral contra Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez comenzó hoy con el careo entre tres testigos sobre un sumario militar que se hizo en 1984 por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vagas Aignasse, en 1976.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal había dispuesto anoche la necesidad de contrastar los testimonios de Roque Cabral (ex juez de Instrucción Militar), Raúl Molina (fue secretario de Cabral) y José Jerez, que se desempeñaba en el penal de Villa Urquiza cuando Vargas Aignasse estuvo detenido en esa unidad.

11:21 › ERAN PARTE DE GRUPOS DE TAREAS

Procesan a cinco represores de la ESMA

El juez federal Sergio Torres, a cargo del Juzgado N° 12 de la Capital Federal, dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco represores que actuaron en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante el terrorismo de Estado.

La medida dictada ayer alcanza al ex Capitán de Navío Miguel Clements y los ex suboficiales Daniel Cuomo, Víctor Olivera, Juan de Dios Daer y Paulino Altamira, cuyas detenciones fueron pedidas por la querella de Justicia Ya! y la Secretaría de Derechos Humanos.

Los cinco represores formaron parte de los Grupos de Tareas que funcionaban en el centro clandestino de detención, y se encuentran acusados de secuestros y torturas a numerosos detenidos-desaparecidos, entre los cuales se cuenta la madre del actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Cabandié.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, señaló que los procesamientos "constituyen un paso más en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia".

Agregó que resoluciones como ésta, junto a las recientes condenas a los represores del Regimiento de Infantería 9 de Corrientes y el juicio que se lleva adelante contra Bussi y Menéndez en Tucumán, "confirman que la impunidad se terminó para los genocidas".


10:41 › LE NEGARON LA EXCARCELACION

Almirón deberá seguir preso

El ex comisario Rodolfo Almirón, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos por la banda de ultraderecha "Triple A", continuará detenido en una prisión común por decisión de la Cámara Federal, que rechazó su excarcelación por entender que intentaría "eludir la acción de la Justicia".


En una resolución dictada durante la feria judicial que finalizó el lunes y a la que Télam tuvo acceso, los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah ratificaron que Almirón deberá seguir detenido en la cárcel de Marcos Paz, donde fue trasladado el 25 de julio último, cuando le fue revocado el beneficio de prisión domiciliaria.

El ex integrante de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) "intentará eludir la acción de la justicia y entorpecer el curso de la investigación en caso de recuperar su libertad", argumentó el camarista Freiler al recordar el carácter de los delitos que se le imputan al acusado.

"El alcance de las políticas planificadas" y la "entidad y naturaleza" de los actos de esa organización "convierten las conductas investigadas en delitos de lesa humanidad, sin importar el telón de fondo de un gobierno 'de iure' (de Derecho) sumido en una crisis en la racionalidad formal del Estado burocrático como tipo ideal", sostuvo el magistrado.

Almirón había sido procesado el 23 de enero de 1984, pese a lo cual "construyó su vida en España desde hace más de tres décadas, lugar donde aún vive su esposa de nacionalidad española", recordó Freiler, quien puntualizó que, pese al tiempo transcurrido, el ex jefe de la custodia de José López Rega nunca intentó "regularizar su situación procesal".

Esto llevó al magistrado a sostener la "ausencia de compromiso de su parte a estar a derecho y contribuir con el avance de la causa", al tiempo que puntualizó que "debe ponerse principal atención en las nuevas proyecciones que surgieron de la investigación a raíz de la reapertura del sumario, sobre las cuales aún no se han colectado todas las pruebas trascendentes".

El 26 de enero de 2007, el juez federal Norberto Oyarbide dictó la prisión preventiva de Almirón, con fines de extradición, la que se concretó desde España el 19 de marzo último, ocasión en la que el imputado fue sometido a una serie de exámenes en el Cuerpo Médico Forense que finalmente determinaron que está en condiciones de afrontar una causa judicial.

El 25 de julio último, la misma Sala, por el voto de Freiler y Horacio Cattani y la disidencia de Farah dejó sin efecto la prisión domiciliaria que cumplía Almirón y dispuso que fuese derivado a la cárcel de Marcos Paz hasta tanto se defina su situación en la causa.

En su oportunidad, Oyarbide, pese a la opinión en contrario del fiscal Eduardo Taiano, había otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria del ex jefe de la "Triple A" debido a su delicado estado de salud, pero la Cámara lo envió a una cárcel común y ahora le denegó la excarcelación.

En la causa, que tramita por el viejo código penal, Almirón está imputado como miembro de una asociación ilícita y por diversos delitos cometidos entre 1973 y 1975 a través de esa organización comandada por López Rega, entre ellos los homicidios del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, de Alfredo Curutchet, Julio Troxler y Silvio Frondizi, entre otros.



EL PAISUN EX SUBORDINADO DE BUSSI LO ACUSO POR LA DESAPARICION DE VARGAS AIGNASSE

“El comandante me dio la orden”

Alberto Cattáneo dijo que, antes del golpe, en Tucumán se hicieron listas de personas que debían ser detenidas. Bussi replicó que la culpa era de Menéndez. También declaró la mujer del senador Guillermo Vargas Aignasse.

Por Ramiro Rearte

Desde Tucumán

El represor Antonio Domingo Bussi llegó a las 7.50 para evitar los escraches. Cerca de las diez, comenzó la primera audiencia de testigos en el juicio en su contra, en el que también está acusado Luciano Benjamín Menéndez. Abrió la rueda el testimonio de Alberto Luis Cattáneo, ex segundo comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército. Las palabras de este personaje fueron clave para los jueces, ya que el ex subordinado de Bussi relató de qué manera el ex senador Guillermo Vargas Aignasse fue detenido, llevado al penal de Villa Urquiza, liberado días más tarde y (sobre todo) cómo fue la supuesta emboscada donde se vio por última vez al político tucumano.

El relato de Cattáneo fue, por momentos, escalofriante. Llegó a decir que la Brigada asistía a los presos políticos que estaban “miedosos” de ser trasladados al penal tucumano de Villa Urquiza. “¿Ustedes protegían a los miedosos entonces?”, le dijo el fiscal federal, Alfredo Terraf, y Cattáneo contestó “así es”. Es más, el ex comandante de la V Brigada aseveró que, el día de la liberación del senador peronista (5 de abril de 1976), tuvieron “la delicadeza” de trasladarlo hasta su casa en un automóvil de la fuerza militar, ya que “eran altas horas de la noche”.

Según Cattáneo, durante el mes de febrero, previo al golpe militar, hubo órdenes preparatorias para sustituir al gobierno democrático de entonces por un gobierno militar: se confeccionaron listas (el represor se cuidó del detalle y dijo “grupos de personas”) que debían ser detenidas una vez asumidos los militares en el poder. Lo que dejó en claro el ex militar, que estuvo asistido por un médico que le sostenía untubo de oxígeno, es que “el comandante (Bussi) me dio la orden”.

Antes de que Cattáneo terminara su declaración, intervino Bussi. “En el Comando del Ejército no había ningún antecedente de los políticos. No recuerdo haber escuchado jamás el nombre de Vargas Aignasse en ese ámbito. Yo no firmé esa lista, se debe haber realizado en ámbitos superiores”, dijo en alusión a su jefe inmediato, o sea, Menéndez, que no se encontraba en la sala. Mientras hablaba el dictador tucumano, se escuchaba por el micrófono el sonido del aire que salía por el tubo de oxígeno que entraba en su nariz y que según los médicos no necesita.

El ex segundo comandante se retiró de la sala sin cruzar mirada con quien fuera su jefe inmediato. Luego fue trasladado en ambulancia a su lugar de detención en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga.

Marta Cárdenas, esposa del senador peronista desaparecido, narró cómo fue la noche en la que su marido fue detenido por efectivos de la policía tucumana vestidos de civil con pañuelos en la cara y fuertemente armados, que golpearon la puerta de su casa.

Cárdenas dijo que antes del 24 de marzo de 1976 su marido ya sabía que iban “a pasar cosas”. “Optó por quedarse, no quería dejar a su familia sola. Decía que no tenía nada que ocultar”, aseveró ante los jueces. Su hijo, el diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse, la miraba desde la primera fila de la sala.

“Cuando entraron, Guillermo dijo ‘no me maten en mi casa’. El estaba parado en el pasillo.” Luego le dijeron que se vistiera rápido “o te llevamos a uno de los chicos”. La última vez que vio con vida al político fue cuando lo visitó en el penal de Villa Urquiza, antes de su desaparición. “Tenía marcas en las manos y en el rostro por los vendajes en la vista y también sé que le dislocaron un brazo. Yo sólo quiero saber dónde está, por qué lo llevaron”, dijo con lágrimas en los ojos. Al final de la jornada declararon Gustavo Herrera, ex militante de la Juventud Peronista y de la agrupación Montoneros, José Víctor Jerez, comisario penitenciario y Raúl Molina, militar de infantería.



LA PESQUIS A SOBRE LOPEZ

La pista del SPF

Por Adriana Meyer

Los agentes penitenciarios acusados de haber obstaculizado la investigación sobre el desaparecido Jorge Julio López fueron beneficiados con la falta de mérito. El fiscal federal Sergio Franco había involucrado a una veintena de miembros del Servicio Penitenciario Federal en la frustración de pruebas esenciales para dar con el testigo durante un allanamiento realizado el 23 de marzo del año pasado a la cárcel de Marcos Paz. A pesar de que Franco hizo su denuncia hace un año, el juez federal Arnaldo Corazza necesitaría más tiempo para completar la realización de medidas de prueba que sostengan el procesamiento de los penitenciarios, entre quienes se encuentran los dos últimos jefes del penal donde está alojado, junto a otros represores, Miguel Etchecolatz.

Los investigadores del equipo que encabeza el juzgado de Corazza habían ponderado indicios que establecían un vínculo entre represores presos en esa cárcel y sospechosos de haber secuestrado a López. Pero cuando llegaron a Marcos Paz todo indicaba que sus ocupantes, presos y agentes, sabían que tendrían visitas. Nada parecía estar en su lugar. El fiscal Franco comprobó que había líneas telefónicas nunca informadas por el SPF que utilizaban los represores allí alojados y detectó que los libros de guardia que debían reflejar las visitas estaban “plagados de falsedades y omisiones”. Escribió el fiscal: “Han perjudicado la investigación a tal punto que se ha perdido prueba que podría haber sido fundamental para arribar a resultados positivos en la búsqueda de Jorge Julio López y de los responsables de su desaparición. Ello es así porque la investigación ha sido desviada hacia lugares inconducentes”. Y acusó a catorce miembros del SPF de haber cometido “falsedad ideológica de documento público, ocultamiento de información y abuso de autoridad”. Tras indagarlos, Cora-zza decidió dejarlos en la situación intermedia que significa la falta de mérito. “Si el juez no tiene las pruebas para procesarlos se las vamos a dar”, dijo a este diario uno de los investigadores del fiscal Franco. La fuente explicó que aún están pendientes varias “diligencias” solicitadas y que no es criterio de la fiscalía apelar las faltas de mérito.

Desde que López fue visto por última vez, el 18 de septiembre de 2006, sus compañeros sobrevivientes de la

dictadura señalaron Marcos Paz como un objetivo a investigar. Sin embargo, fueron necesarios dos allanamientos para que la fiscalía verificara la complicidad del SPF con los represores que debe custodiar. El escándalo apenas rozó al ex ministro de Justicia Alberto Iribarne, a pesar de los insistentes pedidos de imputación de la querella, pero la mayor consecuencia fue el relevo del entonces jefe del SPF prefecto Hugo Soza, quien fue reemplazado por el civil Alejandro Marambio.



EL PAIS

Quedó preso y amenazó

El octogenario represor Fernando Verplaetsen quedó detenido ayer en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo, tras negarse a declarar en la indagatoria a la que fue citado en el marco de la megacausa Riveros. Es la primera vez que el ex jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares queda preso por delitos de lesa humanidad, aunque esa prisión la conoció en 1995 cuando cumplió arresto por haber firmado una carta con críticas al entonces ministro de Defensa Oscar Camilión. Como jefe de la Policía Bonaerense, en 1983 condecoró al torturador Luis Patti y realizó una apología de la represión. Ayer apareció con su boina y su bastón, y tras el trámite judicial pidió el arresto domiciliario. Durante el traslado hacia Capital, donde fue examinado por los médicos forenses, trató de evitar el seguimiento de dos reporteros gráficos. Y cuando pisó la vereda blandió el bastón mientras su custodio amenazaba al fotógrafo de PáginaI12 diciéndole “zurdo mogólico, te espero mañana a las 6 y media en el juzgado”.

El país / Edición Impresa
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fue detenido el general (R) Fernando Verplaetsen, ex jefe de la bonaerense

El heredero de Camps está preso

Comandó el centro de detención El Campito en Campo de Mayo. Está acusado de desapariciones y asesinatos en la megacausa Riveros. Quedó alojado en una prisión militar. Amenazó a los periodistas y fotógrafos que lo esperaban.


13.08.2008

Bastón. El militar amenazó a los fotógrafos que lo esperaban fuera del edificio del Cuerpo Médico Forense. Uno de los policías que lo custodiaban hizo lo mismo.

El máximo responsable de los secuestros, homicidios, torturas y fusilamientos cometidos en el centro clandestino El Campito quedó detenido. Se trata del ex jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares con base en Campo de Mayo, general (R) Fernando Verplaetsen. El ex militar, que también ocupó el cargo de jefe de la Policía Bonaerense durante los últimos años de la dictadura, es el fundador de Aunar, una asociación que en misas y reuniones continúa reivindicando “la lucha contra la subversión”.

De 81 años, bastón, traje y boina negra, el ex militar se presentó ayer por la mañana ante el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo. El magistrado, que entiende en la megacausa Riveros, lo puso al tanto de las desapariciones y asesinatos que se le imputan y ordenó su detención en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario, ubicada en la prisión militar de Campo de Mayo. Acompañado por su abogada, Verplaetsen se negó a declarar y solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria, un pedido que aún no fue resuelto.

Después de enfrentar al juez, el represor amenazó a los fotógrafos que lo esperaban frente a la sede del Cuerpo Médico Forense, donde debía ser examinado. Aunque estaba custodiado por policías de la Federal, la ausencia de esposas le permitió convertir el bastón de apoyo en un palo contra los reporteros. Uno de los uniformados se sumó a las amenazas. “Zurdo de mierda”, insultó a uno de los fotógrafos.

Hasta ayer, Verplaetsen figuraba entre los principales casos impunes en la causa Campo de Mayo. Desde su cargo en el Comando de Institutos Militares, el ex general conducía los trabajos de inteligencia y comandaba a los grupos de tareas y los torturadores que actuaron en El Campito. Ese centro clandestino fue el mayor de los cuatro que funcionaron dentro del predio de Campo de Mayo.

En 1995, un ex sargento de nombre Víctor Ibáñez reconoció por primera vez ante la prensa las atrocidades que allí cometía el Ejército. En el libro Campo Santo, de Fernando Almirón, el militar “arrepentido” nombró a Verplaetsen como “el jefe” de El Campito. Después de ser el dueño de la vida y la muerte en ese centro clandestino, Verplaetsen sucedió a Ramón Camps en la jefatura de la Policía Bonaerense. Desde su nuevo cargo, felicitó a los tres policías que asesinaron en mayo de 1983 a los militantes Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Entre ellos estaba Luis Patti. “Yo creo que actuaron bien”, dijo.

En el último tramo de la dictadura, Verplaetsen mantuvo una estrecha relación con el peronista ortodoxo Herminio Iglesias, quien le habría prometido su continuidad al frente de la Policía Bonaerense en caso de que triunfara la fórmula Luder-Bittel. Según denunció Raúl Alfonsín, esta relación formaba parte de un “pacto militar-sindical”.

Ya en democracia, el propio Alfonsín lo benefició con la Ley de Punto Final. Impune, decidió fundar la Asociación Unidad Nacional Argentina (Aunar), integrada por militares y miembros de fuerzas de seguridad retirados y civiles. Desde allí desafió al entonces jefe del Ejército, Martín Balza, luego de su autocrítica militar. Balza ordenó su detención por veinte días.Al menos hasta el año pasado, Verplaetsen y su mujer continuaban organizando misas “por los camaradas caídos en la justa guerra contra la guerrilla marxista-leninista y por el obispo Baseotto”.


Ohannessian

El gobierno uruguayo se comunicó ayer con la Cancillería para preguntar por el represor Antranig Ohannessian, que fue detenido en marzo en el aeropuerto de Ezeiza. Ohanne-ssian había viajado a Estados Unidos, donde detectaron un pedido de captura de Italia por el Plan Cóndor y lo expulsaron. Fue arrestado en Buenos Aires, en la escala de su vuelo a Montevideo. Aquí también había acusaciones en su contra.

SOCIEDAD › LO ANUNCIO ANIBAL FERNANDEZ. UN DECRETO Y DOS RESOLUCIONES BUSCAN CUMPLIR LA ORDEN DE LA CIDH

El Gobierno cumplirá con el caso Bulacio

El Gobierno será parte querellante en las investigaciones penales contra los policías responsables de la muerte del chico. Una comisión de expertos estudiará modificar los edictos policiales en todo el país. “Con palabras no alcanza”, dicen del lado de la familia.


Por Horacio Cecchi

El gobierno argentino dispuso ayer, mediante un decreto presidencial y varias resoluciones del Ministerio de Justicia, cumplir con todas las exigencias en el caso Walter Bulacio ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anunció ayer el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, en conferencia de prensa. La decisión, por sí sola auspiciosa, tiene al menos dos lecturas. Una, que es el primero de los cinco gobiernos que pasaron por la causa que anunció que cumplirá por completo con lo ordenado y dio pasos en ese sentido. Dos, que el fallo de la CIDH ya lleva cinco años y sólo se cumplieron “pequeñeces”, como definen los querellantes al pago de una indemnización y a su publicación en el Boletín Oficial. El resto –condena a los policías responsables, su exoneración, la investigación a los jueces que mantuvieron la causa dormida 17 años y la anulación de los epp (edictos paleozoico policiales) que hacen de los comisarios jueces, aún funcionan en unas cuantas provincias– figura en la columna del debe. Ayer, el representante del Estado ante la CIDH, esto es, el Ejecutivo, dio un primer paso al anunciar con un gesto enérgico su disposición de cumplir con un decreto y dos resoluciones. “Es auspicioso, pero nada más que eso. El Estado argentino habrá cumplido cuando se haga justicia”, respondió Andrea Pochak, del CELS, quien copatrocina a la familia de Walter, representada por María del Carmen Verdú, de Correpi. En dos días las partes deberán reunirse en Montevideo, convocadas por la propia CIDH, preocupada porque ya pasaron cinco años sin cumplirse su sentencia.

Walter Bulacio murió a los 17 años, el 26 de abril del ’91, como resultado de haber sido torturado a golpes por la policía de la comisaría 35ª después de ser detenido una semana antes en una razzia a la salida de un recital de los Redondos. Durante 17 años, la familia clamó ante los estrados judiciales y lo que menos obtuvo fue justicia. Tanto es así que incluso fueron apartados de la causa como querellantes. Después de atravesar todas las instancias judiciales argentinas, la familia se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que primero admitió la causa y después produjo un informe el 3 de octubre de 2000.

En dicho informe, la Comisión encontraba a Argentina culpable de violar derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, del niño, y de la protección judicial. Y dispuso que “se adopten todas las medidas necesarias para que los hechos no queden impunes. Entre ellas, ordenó realizar “una investigación completa, imparcial y efectiva” sobre la detención, las lesiones y la muerte de Walter. Y sancionar a los responsables “con la legislación argentina”. Ordenó una “adecuada y oportuna reparación” a los familiares. La Comisión acordó dar un plazo de dos meses para el cumplimiento a partir de la fecha de transmisión del informe, que tuvo lugar el 24 de octubre de 2000.

De la Rúa, por entonces en el gobierno, no respondió al informe. Con un mes de gracia, el 24 de enero de 2001, la Comisión presentó demanda ante la Corte Interamericana. El 26 de febrero de 2003, con Eduardo Duhalde como presidente provisional, tras varias reuniones, el Estado se reconoció como responsable y se avino a una solución amistosa. Que por más amistosa que fuere se demoró. Tanto que hasta la fecha, sólo se cumplió el pago de la indemnización, billetes que no trasuntan el fondo de la cuestión, o sí, según el punto de vista de quien lo mire.

El comisario Miguel Angel Espósito, titular de la comisaría 35ª cuando fue detenido Bulacio y golpeado hasta la muerte, fue procesado en la causa, demorado por dos horas, liberado, sobreseído, vuelto a procesar, pero libre y al borde de la prescripción cuando la Corte Suprema, en 2004, ordenó que la causa no prescribía por tratarse de un crimen de lesa humanidad. No prescribió, pero Espósito sigue el camino de la inocencia.

Pero ayer, el Gobierno anunció su decisión de completar su gestión relativa a derechos humanos que ya venía enarbolando con los juicios por los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

“Empezamos a trabajar para lograr cerrar la causa Bulacio porque no tiene sentido que esa causa continúe en un país que tiene a los derechos humanos como política de Estado”, dijo Fernández en conferencia de prensa en la sede del ministerio a su cargo.

Los actos de cumplimiento anunciados por el Gobierno fueron: el decreto presidencial 1313, del 11 de agosto pasado, que designa al secretario de DD.HH., Eduardo Luis Duhalde, como parte querellante en todas las causas penales que investiguen la muerte de Bulacio.

La orden mediante la resolución ministerial 2208, en la que Aníbal Fernández ordena a la Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria adecuar los mecanismos de restricción de libertad a menores según las normas protectivas y de derechos internacionales. Y por otro lado, la resolución 2209, por la que ordena la conformación de una comisión de expertos, para modificar las normas y edictos policiales que funcionan en unas cuantas provincias argentinas, entre ellas, Entre Ríos, Córdoba, Catamarca y Jujuy las más pleistocénicas. Por otro lado, indicó que existe orden de avanzar en la investigación administrativa sobre la responsabilidad policial, que podría derivar en la “exoneración de los responsables”, según refirió el ministro. Y aseguró que se ordenó determinar si en el Consejo de la Magistratura existen investigaciones abiertas sobre los 34 jueces intervinientes en el caso.

Según Andrea Pochak, del CELS, “por ahora, no pasa de auspicioso. Pasaron 17 años y no alcanza con hablar de buenas intenciones. Se hará justicia cuando se condene a los culpables y se revean todos los mecanismos de detenciones masivas, de detención por averiguación de antecedentes, de detención de menores y edictos policiales. Aunque retirado, Espósito sigue siendo considerado inocente, es comisario y está libre. Va a haber justicia cuando se investigue a los jueces que durmieron la causa y surja una decisión al respecto. Nosotros, a la audiencia de Montevideo vamos a ir para exigir que se cumpla lo que fue sancionado”.


Comunicado de AFADER.

El militar absuelto en Corrientes había amenazado a María Luz Piérola en 2006

Cuatro represores fueron condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes durante la dictadura; pero el Tribunal Oral Federal absolvió al ex suboficial Carlos Piriz (foto), el mismo cuyo automóvil se determinó que estuvo apostado, en actitud claramente intimidatoria, frente a la casa de la dirigente de AFADER María Luz Piérola, en noviembre de 2006, aunque en la Justicia Federal nunca avanzó en esa investigación. El teniente coronel Julio Rafael Barreiro fue condenado a prisión perpetua; el ex capitán y ex titular de la Sociedad Rural Juan Carlos Demarchi y el teniente coronel Horacio Losito –que será juzgado el año próximo por la Masacre de Margarita Belén, en la que fue asesinado Fernando Piérola– recibieron la pena de veinticinco años; y el ex comandante de Gendarmería Raúl Alfredo Reynoso fue condenado a dieciocho años.
La pena mayor, prisión perpetua, recayó sobre el coronel Julio Rafael Manuel Barreiro porque el tribunal presidido por Víctor Alonso e integrado por Lucrecia Rojas de Bardaró y Guillermo Navarro lo consideró autor del delito de asociación ilícita, coautor de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Rómulo Artieda y de trece secuestros agravados por violencia, duración y aplicación de tormentos a perseguidos políticos cometidos en el Regimiento de Infantería 9.
Artieda fue asesinado y enterrado en una fosa común del cementerio de Empedrado. De allí lo exhumó el Equipo Argentino de Antropología Forense, meses antes del inicio del juicio.
Demarchi y el coronel Horacio Losito, agregado militar en Italia hasta 2003, fueron condenados a veinticinco años de prisión por asociación ilícita más once y diez secuestros y tormentos respectivamente. El gendarme Raúl Alfredo Reynoso, alias El Astiz correntino por infiltrarse en la familia de Artieda, fue condenado a dieciocho años de prisión como partícipe necesario en seis casos y coautor de un séptimo. Todos los militares deberán cumplir sus condenas en cárceles comunes, pero resta definir si será en Marcos Paz o en Resistencia.
El absuelto de culpa y cargo es el sargento retirado Carlos Roberto Píriz. Los motivos de la absolución, que las querellas van a recurrir ante la Cámara de Casación, se conocerán el 17 de septiembre cuando el tribunal dé a conocer sus fundamentos de su sentencia. En ese sentido, el abogado Mario Bosch afirmó que "la absolución demuestra que las sentencias no están escritas de antemano, que los juzgamientos no son políticos y que estamos transitando el camino de la justicia y la verdad. Píriz llegó a juicio porque había pruebas suficientes. Que un tribunal imparcial pueda valorar la prueba y resolver lo contrario forma parte de las reglas de un Estado de Derecho".
Píriz es un sargento retirado del Ejército conocido con el apodo de El Boxeador. Un detenido recordó que "era muy robusto, con una caja torácica muy grande, bajo, de tez trigueña, pelo castaño oscuro". Ex presos políticos lo acusaron de ser uno de los que golpeaba y torturaba prisioneros en el Regimiento de Infantería 9.
En 2006 María Luz Piérola denunció que fue amedrentada desde un vehículo que estuvo estacionado frente a su vivienda el jueves 9 de noviembre. Según declaró en sede judicial, cerca de las 23, la militante de derechos humanos y ex detenida política observó en la puerta de su casa un automóvil desde el cual algunos individuos reían amenazantes. Según pudo determinar el fiscal federal de Resistencia y titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, Jorge Auat, el automóvil figuraba en el Registro Automotor a nombre de Píriz, aunque nunca se pudo avanzar en una causa judicial en su contra.
Además, otro de los condenados, Horacio Losito, era un coronel retirado del Ejército que estuvo en actividad como agregado militar en la Embajada de Italia hasta su detención en 2003 y en los próximos meses volverá a ser juzgado por la Masacre de Margarita Belén, en Chaco, en la que fueron asesinados una veintena de presos políticos, entre ellos los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola –hermano de María Luz– y Reinaldo Zapata Soñez, por lo que en aquel momento se sospechaba que las amenazas podían tener relación con el avance de ambas causas judiciales.


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¿Verdad o justicia?


En consonancia con lo planteado por la Procuraduría General de la Nación, un grupo de abogados de Derechos Humanos, entre lo cuales figuran María Elba Martinez, Hugo Vaca Narvaja, Claudio Orosz y Martín Fresneda (estos dos últimos abogados querellantes en el juicio a Menendez) presentaron un escrito solicitando la acumulación de las causas. Así, podrá visualizarse el estado terrorista en plenitud.

Por Lázaro Llorens *

Finalmente, el ex general Luciano Benjamín Menendez está donde debería haber estado hace muchísimos tiempo: en una cárcel común. Allí residirá, no de manera perpetua como sostienen muchos, si no solo 15 años, gracias a los vericuetos de la justicia Argentina. Aun así, para aquellos que hace 30 años luchan contra la impunidad, esta condena es histórica.

El imponente marco que hubo en el momento en que el Presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 leyó el fallo, así pareció reflejarlo. Dentro de la sala, en primera fila, estuvieron las principales figuras del gobierno nacional, provincial y municipal; todos los organismos de Derechos Humanos, acompañados por Estela de Carlotto; y conocidos hombres de la cultura, la justicia y la política cordobesa.

En las afueras, unas 4 mil personas con mucha tensión y ansiedad, esperaban el desenlace del juicio de quien fuera señor de la vida y la muerte en los oscuros años de plomo.

Dicha multitud gritaba y se conmovía, a medida que el titular del Tribunal Oral Nº 1 Díaz Gavier leía la sentencia con la que condenó a cadena perpetua al ex general Menéndez -uno de los represores más sanguinarios y crueles de la última dictadura militar- por haber secuestrado, torturado y asesinado a tan solo cuatro militantes del PRT.

¿Cómo se explica esta incongruencia entre el conmovido auditorio que escuchaba el fallo condenatorio a Menendez, y lo que este fallo concretamente decía? ¿Este fue todo el accionar criminal en el que incurrió Menéndez y sus subordinados durante la dictadura militar?

Obviamente no. Menéndez tiene 849 causas abiertas en la justicia federal de Córdoba. Concretamente en la histórica causa 31-M-87 está imputado por unos 350 hechos con 900 victimas. No obstante, la fiscal Graciela López de Foliñuk, lo procesó por una sola causa (Brandalisis) que involucró a cuatro víctimas.

La adopción de este criterio de la fiscalía, determinó que el juicio que concluyó la semana pasada, haya servido para castigar a Menéndez. Pero no para exponer ante a la sociedad la magnitud que tuvo el Terrorismo de Estado en Córdoba, y sus consecuencias socioculturales. Hubo Justicia, pero no Verdad, lo que no asegura la existencia de la Memoria.

La reputada abogada de Derechos Humanos, María Elba Martinez, miembro del SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), quién durante 25 años viene acumulando expedientes contra Menendez lo ratificó que "Con este juicio, basado en un caso con cuatro víctimas, se ha logrado individualizar y castigar penalmente a Menendez y otro siete represores, lo que es positivo. Pero no ha podido mostrar lo que fue el Terrorismo de Estado en esta provincia, y todo lo que ello significó: Campos de Concentración, D2 de Informaciones, Unidad Penitenciaría N1, etc.

Señales

El 9 de mayo de de este año, días previos al comienzo del juicio, la Procuraduría General de La Nación –organismo público que dirige a los fiscales federales- le había advertido a la fiscal Filoñuk las deficiencias con la cual estaba llevando adelante el "histórico" juicio a Menéndez.

Expresamente, mediante un dictamen, firmado por el Procurador General de la Nación Esteban Righi, le "indicaba" a la Dr. Graciela López de Filoñuk la necesidad de avanzar hacia el "reagrupamiento de una serie de casos con el propósito de lograr, en un tiempo razonable, juicios significativos (en cantidad e imputados) que den cuenta de la magnitud y el modo de actuar del terrorismo de estado en la provincia de Córdoba durante la década del 70, con el menor grado de exposición y desgasté de los testigos-victimas que sea posible".

Además le remarcaba que "el análisis del estado de las causas radicadas en Córdoba indica que el avance procesal se encuentra localizado en sólo algunos casos (…) 10 causas que conjuntamente tratan acerca de 32 víctimas (…) Estos datos generan la necesidad de establecer una estrategia de adecuación que morigere el actual contraste que se advierte cuando se repara en la magnitud de la represión en Córdoba".

Lo llamativo, es que este dictamen, no fue la única indicación que recibió la fiscal para que esta "morigere el contraste" con el cual se estaba llevando adelante el proceso penal. Dos años antes, el 17 de mayo del 2006, la jueza Cristina Garzón de Lazcano le había "ordenado" a Filoñuk, mediante una resolución, la inmediata reactivación de la histórica causa 31-M-87 que abarcaba unas 350 causas con 900 víctimas. Justificó su pedido aduciendo que la misma comprendía casi la totalidad de los casos judicializados por las víctimas del terrorismo de Estado en Córdoba, cuya amplia mayoría son personas que habían sufrido el cautiverio en el Centro Clandestino de Detención "La Perla".

Esta resolución, que Filoñuk también hizo caso omiso, no fue un hecho menor. Precisamente, por la causa 31-M-87 Menendez había sido procesado y llevado a juicio oral en 1989. Este incluso llegó a tener fecha y hora: 25 de octubre a las 15:30. Pero el juicio nunca comenzó. 18 días antes, el ex presidente Carlos Menem desde Anillaco, por decreto, estableció el indulto. Con lo cual prácticamente le salvó el pellejo al ex general Menendez, paradójicamente un acérrimo antiperonista.

La abogada Martínez, querellante en la causa 31-M-87, quien en su estudio tiene un armario de 2 x 2 metros desbordado de expedientes de Menendez, afirmó que ignora porque la fiscal "no elevó la histórica causa a juicio como lo requirió la jueza, dado que no hay ningún impedimento técnico o jurídico que lo impida". Y argumenta que "la Cámara Federal de Córdoba en el 2005 decretó la nulidad y la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y de indulto. Con lo cual, toda la causa 31-M-87 tiene plena vigencia".

Si la fiscal hubiese elevado está histórica causa, como lo solicitó la Jueza Garzón de Lazcano en el 2006, con el juicio que concluyó la semana pasada, además de condenar con cárcel común a Menendez y otros siete represores, se hubiese podido demostrar lo que fue el terrorismo de estado en Córdoba. Y probablemente también se hubiese podido conocer que otros sectores políticos, económicos y religiosos fueron cómplices del sector militar durante la dictadura.


Nuevamente resulta necesario hacer un muy breve repaso de Menéndez y su política del miedo, para comprobar que su condena es incongruente con su accionar. "El Cachorro" fue uno de los represores más crueles de la última dictadura militar, solo comparable con Suárez Manson ex -comandante del Primer Cuerpo de Ejército. Tuvo bajo su directo control unos 60 campos de concentración, esparcidos por diez provincias. El más destacable y siniestro: "La Perla".

Propio de un régimen nazi. Ubicado en los terrenos del Tercer Cuerpo, a 15 minutos del centro de la ciudad de Córdoba. En él desapreciaron unas 2.300 personas, y solo 17 sobrevivieron. Su política del miedo impuso en Córdoba un abrupto cambio cultural cuyas secuelas perduran. En palabras del gobernador Juan Schiaretti "Menendez hizo retroceder el reloj histórico de la provincia 70 años atrás".

Sin embargo, a pesar de su cruento accionar, y sus profundas implicancias socios culturales, se lo condenó a 15 años de prisión efectiva por el asesinato de cuatro personas. Es como si el celebre juicio de Newremberg hubiese condenado al mariscal nazi Hermann Goering, por el asesinato de cuatro judíos. ¿Qué pasa si mañana muere Menéndez? ¿Quedará para la historia como un sangriento represor que mato a cuatro militantes?

El abogado Hugo Vaca Narvaja, funcionario judicial de la provincia, cuyo padre fue fusilado en 1976 en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (Cárcel San Martín), comentó que "es extraña la forma de actuar de la justicia, que está elevando caso por caso. En este caso son cuatro, cuando por La Perla pasaron más de 2 mil personas". Y agregó: "el juicio fue muy importante, pero como se juzgó un solo hecho con cuatro víctimas, solo a logrado revelar una pequeña parte de lo que fue la represión en Córdoba, no su conjunto". Lo mismo sostuvo la abogada Martínez quien afirmó "no se puede demostrar el funcionamiento de una estructura represiva, con un solo hecho con cuatro víctimas, es imposible".

Acumulación

Obviamente que no todo está perdido. Se aproximan nuevos juicios orales contra ex general y actual presidiario Menendez. Por este motivo, recientemente en consonancia con lo planteado por Procuraduría General de La Nación, un grupo de abogados de Derechos Humanos, entre lo cuales figuran María Elba Martinez, Hugo Vaca Narvaja, Claudio Orosz y Martín Fresneda (estos dos últimos abogados querellantes en el juicio a Menendez) presentaron un escrito ante la jueza federal solicitando la acumulación de las causas. Sostienen que la adopción de este criterio, es la única manera de poder visualizar en plenitud lo que fue el estado terrorista, sus estructuras y sus responsables.

Concretamente, en el escrito proponen efectuar esa acumulación teniendo como referencia el campo donde estuvo el detenido, o los circuitos que el detenido recorrió hasta su destino final. Algunos de los campos o circuitos propuestos son: "La Perla", "La Ribera", "D2 de Informaciones", "Unidad Penitenciaria", "Buen Pastor", "Hospital Militar", "Otros Centros de Detenciones", y "Casos Anteriores a 1976".

Según el escrito presentado ante la jueza, el criterio actual adoptado por el tribunal de avanzar por causa por causa, impide la "concepción global de la estructura represiva", la correcta "evaluación de las pruebas" y "la comprensión de los hechos".

A esto hay que añadirle que, como le hizo saber la Procuraduría General de la Nación a la Fiscal Filoñuk "la dispersión de las investigaciones o una inadecuada fragmentación de las imputaciones conducirá inexorablemente a elevaciones de juicios atomizadas, a la reiteración de audiencias orales y de declaraciones de victimas y testigos".

Al respecto, con simpleza, el abogado Vaca Narvaja comentó que "hay que acumular todo. Hay ciento de causas. Y de seguir con este criterio de avanzar caso por caso, vamos a estar los próximos 25 años en juicio. Es evidentemente que tiene que hacerse una acumulación de todo". A lo que agregó "la acumulación es un criterio elemental en todo juicio, y está regido por un principio de economía procesal. Más en un juicio como este, donde los hechos con los mismos, los imputados son los mismos, las pruebas son las mismas y los testigos son casi siempre los mismos."

A este pedido de acumulación de todas las causas, que según los abogados Vaca Narvaja y María Elba Martínez, es la única forma de desentrañar lo que sucedió durante la última dictadura militar, se le debería sumar la propuesta de Claudio Tamburrini, uno de los sobrevivientes de la siniestra "Mansión Seré".

El propone que se alivien las penas a aquellos represores que permitan una aproximación a la verdad de los hechos. Según Tamburrini es "indispensable discutir esta cuestión, sobre todo cuando todavía existen más de 400 nietos secuestrados que no conocen su verdadera identidad. Nuestra obligación ahora es trabajar por la verdad".

Lo cierto es que tras un cuarto de siglo de la política de "Memoria, Verdad y Justicia", se puede decir que se ha logrado algo de Justicia. Pero esta última no parece haber facilitado el llegar a la Verdad, al ampararse los represores ajusticiados en el derecho básico de no declarar contra si mismos. Esto ha obturado los caminos hacia la Verdad. Razón por la cual Verdad y Justicia parecen encerrar una contradicción que la actual política de Derechos Humanos no ha sabido resolver.

Esta contradicción se advierte plenamente en las condenas de entre quince y veinte años de prisión efectiva que recayeron sobre el general Luciano Benjamín Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército; el coronel Hermes Oscar Rodríguez; el capitán Jorge Ezequiel Acosta; los suboficiales Luís Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz y Oreste Valentín Padován; y el agente civil de inteligencia Ricardo Alberto Ramón Lardone.

Se puede observar que recayó una condena similar sin distinción de ninguna especie, sobre un amplio espectro de procesados que abarca desde el buchón de la calle, los "sunchos" en despectivo lenguaje castrense, hasta el supremo señor de la vida y de la muerte, y organizador burocrático y garante de la impunidad, como lo fue el ex general Menéndez. Es decir, si la Justicia es dar a cada uno lo suyo, en este caso parece haberles dado a todos más o menos lo mismo.

En un reciente reportaje al diario "La Voz del Interior", la fiscal Filoñuk expresó que "no represento al Estado, represento a la sociedad por el artículo 120 de la Constitución Nacional". Precisamente, hoy más que nunca, la sociedad cordobesa necesita saber que pasó durante la feroz dictadura militar, a los efectos de construir la Memoria. Hacer brillar esa Verdad, es el mejor homenaje que se le puede hacer a las miles de víctimas del Terrorismo de Estado, que en Córdoba murieron en las garras del "cachorro" Menéndez.-


JUSTICIA ARGENTINA:

GARANTÍA DE IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS

Desde la Organización H.I.J.O.S Alto Valle, rechazamos que el 1º juicio a los genocidas comience en la sede del T.O.F. de Neuquén. En estas condiciones este juicio no será público.

Conociendo dicho recinto es evidente que es imposible el ingreso de más de 40 personas, incluyendo la prensa.

¡¡HASTA EL MOMENTO HAY ACREDITADAS CERCA DE 1200 PERSONAS!!

De esta manera el Estado, una vez más no garantiza el acceso al juicio de la prensa ni del público en general, violando así el derecho a la publicidad consagrada en la Constitución y en los tratados internacionales.

Convencidos que los hechos que se juzgan afectan tanto a las víctimas, que en este juicio darán testimonio del genocidio perpetrado en la región, como a toda la comunidad:

- Exigimos el inmediato inicio del juicio en un recinto acorde a la importancia histórica y política que merecen y además que se garantice que sea oral y público.

- A 32 años de impunidad garantizada por el poder político y la justicia no queremos ni un día más de impunidad.

- Rechazamos las condiciones en las que comenzaría el juicio

- Entendemos que de esta manera se profundizan las restricciones impuestas por el T.O.F.

H.I.J.O.S.

Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

ALTO VALLE

Inicio del 1º Juicio a Los Genocidas (requisitoria fiscal, querellas y defensas):

Miércoles 20, Jueves 21, Viernes 22; a las 9 hs, en la Sede del Tribunal Oral Federal de Neuquén, cito en Carlos H. Rodríguez 46, Neuquén Capital.




Gacetilla de Prensa

"Vamos a los Juicios"

El jueves 31/07/2008 se realizó, en el Centro Barrial Del Otro Lado, Parque Patricios, el lanzamiento de la MESA POR EL JUCIO Y CASTIGO, cuyo objetivo es el seguimiento, acompañamiento y difusión de los juicios en la Ciudad de Buenos Aires contra los represores de la última dictadura militar.

Al levantarse las barreras judiciales que imponían las leyes de impunidad de Punto Final y Obediencia Debida, hay numerosos juicios en curso y otros que se están abriendo. Nuestra propuesta es acompañar su desarrollo, dentro y fuera de las salas, para instalar el tema en la sociedad, y darle máxima difusión para reivindicar y acompañar a los testigos, querellantes y fiscales, sabiendo que son la base humana insustituible de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Otro de los objetivos es exigirle al TOF 5 de que los juicios sean realmente orales y públicos, impulsando para ello su televisación en los canales públicos, y que se termine la discriminación ideológica para ingresar, y dentro de las salas. Recordemos que el mencionado tribunal no deja entrar a las Madres con sus pañuelos.

La mesa se propone arrancar con su trabajo en vistas al próximo juicio, que comenzará el 21 de agosto en el TOF Nº 5 de la Capital Federal. Los imputados son Hipólito Rafael Mariani, Alberto Pedro Barda y Héctor Rubén Gamen, todos ex miembros de la Fuerza Aérea. Se los juzgará por doce hechos: privación ilegitima de la libertad agravada, tormentos y homicidios en los CCD "Mansión Seré" y en Mar del Plata.

A la primera reunión asistieron representantes de las siguientes organizaciones:

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Abuelas de Plaza de Mayo

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas

H.I.J.O.S. Capital (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)

CELS (Equipo de Salud Mental)

Hijas e Hijos del Exilio

Querellantes en las causas y sobrevivientes de ex Centros Clandestinos de Detención

CTA Juventud Nacional y Mesa Nacional

CTA Villa Crespo

ATE Junta Interna Defensoría del Pueblo de la Ciudad

PR (Facultad de Ciencias Sociales UBA)

Puiggros (Facultad de Ciencias Sociales UBA)

El Gradiente (Facultad de Medicina UBA)

Causa Profesional (Facultad de Económicas UBA)

IURE (Facultad de Derecho UBA)

Unión de Estudiantes Secundarios (UES)

Comisión de Derechos Humanos del Bajo Flores

Comisión por la Memoria, la Verdad y Justicia de Liniers, Mataderos y Villa Luro

Comision por le Memoria de Parque Patricios

JP (Juventud Peronista)

GEN (Generación por la Emancipación Nacional)

La Campora

MUP (Movimiento de Unidad Popular)

JP Evita

Encuentro por la Democracia y la Identidad

Federación Argentina Gays, Bisexuales y Transexuales / La Fulana

Cabildo Abierto

Centro Barrial Del Otro Lado

Periodistas de distintas radios

Participaron también otras personas sin orgánicas, y empleados y funcionaros del Poder Ejecutivo Nacional que se encuentran trabajando en esta temática.

La Mesa por el Juicio y Castigo se reunirá una vez por mes. Para contactarse escribir a: mesajuicios.prensa@gmail.com



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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS


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