sábado, 12 de julio de 2008

Río Cuarto, 11 de abril del 2008

Comunicado de Prensa en Solidaridad con el Diputado Alberto Cantero

La Agrupación H.I.J.O.S. Regional Río Cuarto en la Red Nacional manifiesta su repudio público por el constante estado de intolerancia hacia el Diputado Nacional Alberto Cantero, quien sin ejercer violencia alguna ha obrado consecuente al mandato que se le ha sido otorgado por el voto popular.

Nos parece que en estos momentos difíciles de la Argentina los actos de violencia e intolerancia son propicios para recordar viejas prácticas, no es casual que Río Cuarto sea el lugar elegido para llevar adelante prácticas intimidatorias y amenazas. Desde el año 1974 fue instaurada esa práctica por sectores conservadores en conjunto con civiles y fuerzas de seguridad, desestabilizando el órden constitucional vigente.

Reclamamos una urgente investigación para esclarecer los autores materiales del atentado y de las amenazas. Al mismo tiempo, repudiamos enérgicamente las constantes alusiones pro golpistas e insultantes a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, pronunciadas en diversas ocasiones por los dirigentes ruralistas al mencionar de modo despectivo el calificativo de montonero o setentistas en clara alusión a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del actual gobierno.

La Sociedad Rural de Río Cuarto formó parte del lock out patronal de febrero de 1976, aplaudió el golpe de Estado del 24 de marzo y finalmente, avaló la represión para verse beneficiada con un modelo económico no estatizante, gestado por Alfredo Martínez de Hoz, miembro de una familia fundadora de la Sociedad Rural Argentina.

Por estas razones repudiamos la violencia de los sectores poderosos, y llamamos a no responder a las agresiones, mas que con el reclamos a la Justicia y la movilización pacífica.

Por un País con Memoria, Verdad y Justicia, en Defensa de la Democracia y por la Justa Distribución de la Riqueza decimos Nunca Mas.

H.I.J.O.S. RÍO CUARTO EN LA RED NACIONAL

Viernes, 11 de Julio de 2008
LOS ABOGADOS DE HIJOS Y FAMILIARES PIDIERON PRISION PERPETUA PARA MENENDEZ

"Por la República y la democracia"

Los querellantes solicitaron que los acusados cumplan su pena en una cárcel común. Hablaron del "plan ilegal, sistemático y generalizado de exterminio de la oposición política". Hoy es el turno de los alegatos de los fiscales.

Por Diego Martínez
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Luciano Benjamín Menéndez está siendo juzgado junto con otros siete represores.

Prisión perpetua y cárcel común. Esa fue la pena solicitada por los querellantes de H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba para el general retirado Luciano Benjamín Menéndez y otros cuatro integrantes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejé

rcito por la privación ilegítima de la libertad, las torturas y el homicidio de Hilda Flora Palacios en diciembre de 1977. Para los tres militares que a la fecha de la ejecución habían cambiado de destino, los abogados Martín Fresneda y Claudio Orosz pidieron al Tribunal Oral Federal 1 la pena de 21 años de prisión. El juicio continuará hoy con el alegato de los fiscales Maximiliano Hairabedian, Jorge Asís y Graciela López de Filoñuk, que también deberán solicitar condenas por los secuestros, torturas y de- sapariciones de otros tres militantes del PRT ejecutados en el mismo tiroteo fraguado que Palacios.

La primera parte del alegato, a cargo de Fresneda, se centró en la descripción del "plan ilegal, sistemático y generalizado de exterminio de la oposición política llevada a cabo desde el Estado", que en Córdoba tuvo epicentro

en La Perla. El relato fue presenciado por 160 personas que colmaron el salón de los Tribunales Federales, incluidas las diputadas nacionales Cecilia Merchán y Victoria Donda, del Movimiento Libres del Sur. Miles de cordobeses siguieron la audiencia en vivo por radio y por el Canal 10 de la Universidad N

acional de Córdoba. Los imputados optaron por retirarse del recinto y rememorar sus tropelías desde una sala contigua.

Orosz detalló los hechos, explicó la calificación legal que merecen y pidió que se condene como autores mediatos de delitos de lesa humanidad a Menéndez, comandante del Cuerpo III, y al coronel retirado Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe del Destacamento. Como coautores al capitán retirado Jorge Exequiel Acosta, a los suboficiales Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz y Oreste Valentín Padován y al ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone. En los casos de Rodríguez, Acosta y Vega pidió sólo 21 años de prisión porque no se les imputa el homicidio. Según sus legajos fueron trasladados a otros destinos a principios de diciembre de 1977 y no prestaban servicios en La Perla el día de la ejecución, 15 de diciembre. En el caso de Acosta, Orosz solicitó que se investigue su rol en lo

s homicidios, ya

que varios sobrevivientes declararon que lo vieron en La Perla hasta fines de 1977.

Para argumentar su oposición a la prisión en dependencias de Fuerzas Armadas o de seguridad, Orosz recordó al tribunal el antecedente del prefecto Héctor Febres, muerto a fines de 2007 tras ingerir una alta dosis de cianuro en su dúplex VIP de Prefectura. Para fundamentar contra la prisión domiciliaria recordó el caso del coronel César Emilio Anadón, ex jefe del Destacamento 141, quien luego de ser procesado se pegó un tiro en su casa para evitar una condena ineludible. Orosz citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que establece que la prisión domiciliaria no debe aplicarse de manera automática. El ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, declaró a la prensa tras presenciar el alegato que "si la Justicia toma la decisión de enviarlos a cárceles comunes no habría inconvenientes en hacerlo". Hasta fines de mayo, cuando por "razones de seguridad" el tribunal ordenó trasladar a los imputados al Cuerpo III, Menéndez, Rodríguez y

Vega gozaban de arresto domiciliario, en tanto Padován y Lardone habían sido excarcelados por la Cámara de Casación.

A diferencia de Fres

neda y Orosz, que representan a las hijas de Palacios, los fiscales también acusarán a los imputados por los casos de Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo. Los cuatro militantes del PRT fueron secuestrados entre el 6 y el 8 de noviembre de 1977 y trasladados a La Perla. El 14 de diciembre los mataron en un "operativo ventilador", como llamaban al método de fusilar y arrojar cuerpos en la vía pública. Ocho meses después los enterraron clandestinamente en el cementerio de San Vicente. En 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a Palacios. "Entre el público están quienes hicieron posible la memoria y la verdad. Ahora es la hora de ustedes, señores jueces. Por la salud de nosotros, por los propios imputados, por la República y la democracia: ¡Que se haga justicia!", concluyó Orosz.

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› DOS EX POLICIAS RECIBIERON PRISION PERPETUA POR LA MASACRE DE FATIMA, PERO EL TERCER ACUSADO QUEDO EN LIBERTAD

Dos condenas, una absolución, 30 asesinatos

Los comisarios retirados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone fueron declarados culpables de 30 asesinatos y secuestros. El tribunal consideró que la participación del comisario Miguel Angel Timarchi en los crímenes estaba en duda.

Por Diego Martínez

Luego de treinta y dos años de impunidad, cuando la mayor parte de los asesinos disfruta del anonimato y muchos identificados mueren antes de ser juzgados, los familiares de las víctimas de la Masacre de Fátima –como pasó a la historia la ejecución sumaria de veinte hombres y diez mujeres arrancados de tubos de Superintendencia de Seguridad Federal en la madrugada del 20 de agosto de 1976– recibieron ayer dos granitos de justicia y un bofetazo del que no será sencillo reponerse.

El Tribunal Oral Federal 5 condenó a la pena de prisión perpetua a los comisarios retirados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone, pero absolvió de culpa y cargo, gracias a la duda sembrada por una oportuna licencia médica, al comisario Miguel Angel Timarchi. El festejo desmesurado de sus abogados Carlos Broitman y Héctor

Amarelle ante decenas de madres, hermanos e hijos de los masacrados hizo explotar la bronca contenida en la sala. “¡Asesinos!”, gritaron jóvenes y ancianos. Daniel Obligado, presidente del tribunal, pidió permis

o a su colega Guillermo Gordo y con su visto bueno ordenó desalojar la sala. Expulsó a los colaboradores de Timarchi que habían contenido la emoción, pero no les llamó la atención a los efusivos letrados.

Las “últimas palabras” de los imputados (ver aparte) estaban previstas para las 13 pero, como en el resto de las audiencias, los magistrados ingresaron una hora más tarde. A pedido del tribunal, que también integra Ricardo Farías, las Madres de Plaza de Mayo guardaron sus pañuelos, los familiares guardaron las fotos de los masacrados y los reporteros gráficos no pudieron ingresar a la sala. La gerencia de noticias de Canal 7 solicitó al Tribunal una negativa por escrito, que hasta ayer a la tarde no había obtenido respuesta. Las tres horas de receso también sumaron. A las 17.55, cuando el secretario ordenó ponerse de pie para recibir a Sus Señorías, varias butacas estaban vacías.

Tras rechazar los planteos de Adrián Tellas y Martín Cardoso, abogados de Gallone, el juez Obligado, con voz firme, anunció la condena a perpetua de Lapuyole, que ya se había ido a su casa, donde goza de arresto domiciliario. El ex director de Inteligencia de Superintendencia fue sentenciado como autor mediato de las treinta privaciones ilegítimas de la libertad y los treinta homicidios agravados por la alevosía de ejecutarlos contra personas que tenían las manos atadas y los ojos vendados. Luego leyó la condena a perpetua para Gallone, jefe de una brigada, como coautor de los secuestros y partícipe necesario de los homicidios.

Cuando el juez leyó “a

bsolviendo libremente y sin costas a Miguel Angel Timarchi”, Amarelle gritó “¡Vamos todavía!”, saltó como quien feste

ja el gol de su vida y le dio un beso a Broitman. Timarchi permaneció inmutable. El juez intentó seguir pero en medio de gritos y llantos desconsolados los H.I.J.O.S. comenzaron a cantar: “Como a los nazis... les va a pasar... a donde vayan los iremos a buscar”. Obligado ordenó desalojar la bandeja superior y luego la inferior, repletas de Madres sin pañuelos.

–¡Asesino! ¡Mataste a mi tío! –gritó una mujer desencajada.

–¡Vos sos cómplice, hermano! –le aclaró un hombre al juez–. ¡A ellos les tenés que decir ‘nunca más’! Se te están cagando de risa en la cara.

–¡Los tres son cómplices! –rectificó desencajada Aurora Morea, de 84 años, madre de Susana Pedrini, víctima de la masacre.

Con la sala vacía y el canto “a los nazis” de fondo el juez terminó de leer la sentencia. Para absolver a Timarchi invocó el artículo 3 del Código Procesal Penal, que en caso de duda juega a favor del reo. “Estamos conformes con las condenas, pero vamos a apelar la absolución. Antes tenemos que conocer los fundamentos, ya que el tribunal dejó entrever dudas sobre su rol aquella madrugada. Para condenar la Justicia exige pruebas contundentes que d

espués de treinta años no es fácil conseguir. Son las reglas de juego”, reflexionó en medio de abrazos y llantos la

abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales.

“Siento bronca, dolor. La Justicia fue injusta. Fue terrible tener que soportar el discurso político” de Timarchi, relató Fátima Cabrera, ex cautiva de Superintendencia. “Tiene el típico perfil de los ideólogos del terrorismo de Estado, de quien cumplía el rol de ‘bueno’ en los interrogatorios. Pocos llegan a juicio, otros están prófugos (en referencia a Luis Alberto “El Japonés” Martínez), este hombre se da el lujo de llamar ‘testigos falsos’ a las víctimas, y ahora queda suelto”, lamentó. “Pero tenemos que seguir, pese a la Justicia”, concluyó.

“Se logró que dos culpables paguen, pero cuesta creer que alguien que actuó en Superintendencia haya sido liberado. El camino de la Justicia es muy lento pero la lucha sigue, eso es lo importante”, rescató Franco Castiglioni, también sobreviviente. “Es indignante. (El ex guardia de superintendencia Armando) Luchina denunció a este tipo durante 25 años. ¿Cómo lo pueden absolver?”, razonó Hugo Argente, hermano de Jorge, víctima de la masacre. “Durante muchos años estuve alejado de mi familia, siempre les expliqué que era para conseguir verdad y justicia. ¿Qué les digo ahora?”, se

preguntó.

LAS “ULTIMAS PALABRAS” DE LOS TRES ACUSADOS ANTES DE LA SENTENCIA

El absuelto habló de “linchamiento judicia


Por Daniel Miguez

Miguel Angel Timarchi se dio ayer todos los gustos. Tres horas antes de ser absuelto, denunció “una operación” en su contra, aseguró que la Conadep se nutrió de “testigos falsos”, sindicó a los organismos de derechos humanos como “organizaciones paraestatales” que hacen “un empleo perverso de la memoria histórica”, aseguró que existe “un plan estratégico implementado desde el poder” que apunta al “linchamiento judicial” de los imputados por crímenes durante la dictadura, y lamentó que “se nos term

ine juzgando con el código de justicia revolucionaria utilizado por las organizaciones de los ’70 y no con la normativa legal”. Habrá que ver si en los próximos días se rectifica y pide disculpas o se va del país antes de que otro juez ordene su detención.

Juan Carlos Lapuyole no hizo uso de sus “últimas palabras”. Carlos Gallone pidió al tribunal que procese por falso testimonio al ex sargento Armando Luchina y a dos sobrevivientes de Superintendencia “preparados para salvarlo”. Repasó sus destinos en la Policía Federal y recordó los nombres de los secretarios generales de los gremios que le tocó “visitar”, incluido José Alonso, “asesinado por ser peronista sin Perón, igual que Vandor”. El comisario recordó enfrentamientos de camaradas con miembros de organizaciones armadas y negó haber realizado cursos de antiguerrilla y repasó nombres de camaradas y amigos que de no haber muerto habrían podido testimoniar a favor suyo, aseguró.

Gallone contó en la primera audiencia que el día de la masacre estaba en Mar del Plata. Acotó que fue con su padre a un cabaret donde cantaba el tanguero Amadeo Mandarino. Ante las críticas del fiscal Félix Crous a aquella explicación, ayer reivindicó al “cantante y compositor Mandarino”, lo equiparó a Hugo del Carril y lamentó “el desconocimiento musical” del fiscal. Carlos Broitman, uno de lo

s abogados de Timarchi, no pudo contener las carcajadas. “Juro por las cenizas de mis padres que soy inocente”, imploró al final.

Timarchi desmenuzó las réplicas de fiscalía y querella. Acusó de mentiroso a Luchina, quien en un careo afirmó haberlo visto la noche de la masacre, y aseguró que “no puedo decir quién fue, pero sí quién no fue” partícipe de aquella ejecución. El, claro. Reiteró que la madrugada del 5 de octubre de 1975, cuando en un Falcon no identificable, con otros tres policías de civil y ametralladoras, se tiroteó y fue herido por una granada, “iba a buscar un sumario policial”. Explicó que no hacía falta “hacer inteligencia” para conocer a Luchina porque sus actividades son públicas y “vive a veinte cuadras de mi casa, en Lanús”. Ni siquiera se privó de elogiar el trabajo de los antropólogos forenses, “válido para determinar quiénes son víctimas y para que los familiares tengan consuelo”. Un verdadero día de gloria


LOS FISCALES TAMBIEN PIDEN PERPETUA PARA MENENDEZ

“Proba

do con certeza”

Los fiscales que actúan en e

l juicio contra el ex jefe del Tercer Cuerpo consideraron que hay pruebas suficientes para condenar a los ocho acusados.

Los fiscales del juicio contra Luciano Benjamín Menéndez pidieron

prisión perpetua para el represor, acusado por el secuestro, la aplicación de tormentos y el asesinato de cuatro militantes del PRT durante la última dictadura, y solicitaron además penas severas para otros siete imputados. Al formular el alegato, el fiscal Maximiliano Hairabedian sostuvo que los delitos investigados han sido “probados con total certeza” y que Menéndez fue

su responsable máximo.

El juicio trata

lo

s

homicidios de Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, secuestrados entre el 6 y 8 de noviembre de 1977 y llevados al centro clandestino de detención La Perla. Tras ser sometidos a torturas durante más de un mes, todos fueron asesinados en un simulacro de enfrentamiento el 15 de diciembre de ese año.

En la audiencia, el fiscal Hairabedian rebatió los argumentos esgrimidos por Menéndez en una carta en la que reivindicó la represión. “En el Código de Justicia Militar no hay ni una sola disposición que permita hacer lo que acá se hacía, ni torturar ni fingir enfrentamientos armados u ocultar los cuerpos”, sostuvo el fiscal aludiendo al descargo del represor, quien al inicio del juicio había dicho que actuó siguiendo siempre la normativa militar.

La fiscal Graciela López Filoñuk se refirió por su parte al funcionamiento de La Perla. Señaló que allí “todos actuaban en todo, es decir que todos secuestraban, todos torturaban y todos mataban”. La fiscal describió al Grupo de Operaciones Especiales que estaba a cargo de La Perla como “un equipo feroz. Ellos secuestraban, torturaban, preparaban a las víctimas para los traslados y las mataban. Nunca se habló de que había un solo torturador, actuaban como patota. Salían cumpliendo distintas funciones que se las dividían en el momento, como se les presentaba la oportunidad. Hacían ablandes bastante duros al llevar a sus víctimas a La Perla. Cuando no hablaban lo suficiente, los llevaban a la parrilla”. El tercer fiscal, Fabián Asís, pidió disculpas a los familiares de las víctimas por la demora de tres décadas en hacerse justicia: “Les pido perdón en nombre de la institución que represento”.

Los fiscales solicitaron prisión perpetua para Menéndez y otros cuatro represores, los ex militares Luis Manzanelli, Carlos Díaz, Oreste Padován y el ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone. Se les imputa el secuestro, tortura y asesinato de las víctimas. Para Hermes Rodríguez, ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141 y para Jorge Acosta, ex jefe operativo de La Perla, pidieron 22 años de prisión, y 18 para el ex militar Carlos Vega. En el caso de los tres últimos represores, la fiscalía pidió penas menores que la querella. Consideró que no son responsables de los asesinatos porque, según sus legajos, cuando se cometieron habían sido trasladados a otro destino o estaban de licencia.

El juicio es el primero que se realiza en Córdoba por los crímenes cometidos por la dictadura. El principal acusado, Menéndez, fue comandante del Tercer Cuerpo del Ejército desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979. El Tercer Cuerpo tenía centro en Córdoba, pero abarcaba a diez provincias del noroeste y de Cuyo. Menéndez fue el responsable de todos los centros clandestinos de detención que funcionaron en esas diez provincias, entre ellos La Perla, por donde pasaron más de dos mil doscientos secuestrados. Allí Menéndez implantó el método de hacer participar de los secuestros y fusilamientos a todos los oficiales de las unidades regulares para que, en un futuro, no declararan contra los torturadores. Todos debían quedar “manchados de sangre”.

Sobrino de un militar que participó en el golpe contra el primer peronismo, nieto de un militar que alentó la guerra con Chile en el siglo XIX, tío de otro militar que se rindió en las Malvinas, Menéndez se vanaglorió en las audiencias de haber librado “una guerra contrarrevolucionaria” y se quejó de estar siendo juzgado por “instituciones que existen gracias a nuestra lucha”.

Tras el retorno de la democracia, el represor fue procesado por cuarenta y siete homicidios, setenta y seis tormentos –cuatro seguidos de muerte– y cuatro robos de menores, pero fue desprocesado gracias a la ley de punto final. La ley alfonsinista no logró congelar todas las acusaciones abiertas en su contra, pero en 1990 Carlos Menem lo indultó en las causas que habían quedado abiertas. Este juicio llegó así 31 años después de que sucedieran los hechos. En la actualidad, Menéndez cumple arresto domiciliario en Córdoba, un beneficio al que accedió por tener 81 años. El jueves, durante su alegato, los querellantes pidieron que la condena incluya su traslado a una cárcel común.



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