jueves, 24 de julio de 2008

A 32 AÑOS DE LOS APAGONES DEL TERROR EN LEDESMA JUJUY 1976-2008
XXV JORNADAS DE DERECHOS HUMANOS DEL NOA
19 AL 25 DE JULIO 2008
XXV MARCHA DE LOS APAGONES DEL TERROR
DESDE CALILEGUA A LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN
24 DE JULIO 2008

C.A.P.O.M.A DD-HH Centro de Accion Popular Olga Maruqez de Aredez en defensa de los derechos humanos. el principal objetivo es la consecucion inclaudicable del pedido de VERDAD y JUSTICIA que encabezaron las Madres y Familiares de Detenidos- Desaparecidos pidiendo juicio y castigo a los culpables de los crimenes de lesa humanidad en los Apagones del Terror en el depto LEDESMA-JUJUY durante la ultima dictadura militar. A esto se le suma los actuales atropellos a los grupos originarios, las injusticias sociales, los abusos de poder y la lucha mas dura que es la que se manifiesta contra la contaminacion ambiental y los efectos devastadores que esta provoca sobre la salud de los habitantes.
Es por eso que convocams a participar, a toda persona o grupo que le interese colaborar, y acompañarnos para marchar el dia 24 de julio desde Calilegua a Libertador Gral San Martin para repudiar al ASESINO INGENIO, en las XXV JORNADAS DE DERECHOS HUMANOS DEL NOA a 32 años del Apagon del Terror en Libertador Gral San Martin y Calilegua, depto de LEDESMA-JUJUY.

CONVOCAMOS A PARTICIPAR DE LA MARCHA EL JUEVES 24 DE JULIO 2008
Contactos y Adhesiones:capoma_ddhh@yahoo.com.ar,grupoaccionddhh@yahoo.com.ar

LA HISTORIA IMPUNE DEL APAGON

La noche del 20 d ejulio de 1976 la usina de Libertador General San Martin corta el suministro electrico en todo el departamento, mientras policias, gendarmes, militares y capataces de Ledesma comienzan a allanar y saquear viviendas en los pueblos de Libertador Gral San Martin y de Calilegua.
En vehiculos de la empresa Ledesma son trasladados mas de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales a los galpones de mantenimiento del ingenio azucarero, donde permanecen dias y meses atados y encapuchados.
Tras la tortura e interrogatorios, algunos son liberados, otros enviados a comisarias o cuarteles militares, otros aparecen en carceles de distintas provincias.
Tres tumbas han sido halladas en Calilegua.
Treinta compañeros permanecen desaparecidos(ver pag.218 y 219 del nunca mas)
Lo singular del hecho, ademas del caracter masivo de las detenciones fue la complicidad del Ingenio, que puso a disposicion de las fuerzas represivas su logistica, parte de su personal y sus instalaciones.
Una vez mas, como entantos otros casos, una empresa se alio a la dictadura, brindandole recursos e informacion para secuestrar y asesinar a trabajadores y luchadores.Claramente, el proyecto de pais que tenian en la cabeza Videla y los Martinez de Hoz, no diferia demasiado del que tenian los directivos de Mercedes Benz, la Ford, o los Arrieta y los Blaquier familias fundadoras y dueñas del Ingenio.
Por ellos, por los 30.000 Detenidos-Desaparecidos, convocamos a la Marcha de la Justicia, contra la Impunidad en las Jornadas de Derechos Humanos y Cultura en Libertador Gral San Martin, Jujuy.


El bagazo es el desecho de la caña de azucar que Ledesma acumula en enormes monticulos a cielo abierto en el medio de Libertador General San Martin, causando trastornos respiratorios y bagazosis.
Olga, esposa del desaparecido ex intendente de Ledesma Luis Arédez, murió el 17 de marzo del 2005 por un cáncer de pulmón derivado de la inhalación de bagazo, el desperdicio de la caña de azúcar del Ingenio.

LA LUCHA PARA ACABAR CON LA IMPUNIDAD CONTINUA

PORQE TENEMOS 30.OOO RAZONES PARA SEGUIR LUCHANDO



Jueves, 24 de Julio de 2008
Hoy se conocerá la sentencia por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del Tercer Cuerpo

A Menéndez le llegó la Justicia

Los siete responsables del centro clandestino de detención La Perla escucharán hoy el veredicto del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba. Será el primer fallo por terrorismo de Estado en la Justicia del interior del país.

Por Diego Martínez
El general retirado Luciano Benjamín Menéndez fue indultado por Menem.

Desde Córdoba

A los 81 años, luego de decidir sobre vidas y muertes en diez provincias norteñas y gozar de impunidad desde el indulto dictado por Carlos Menem en 1989, Luciano Benjamín Menéndez aprenderá hoy qué es la Justicia. A las 9.30 el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba le dará la oportunidad de volver a expresarse, sin picanas ni vendas de por medio. Por la tarde el juez Jaime Díaz Gavier le leerá su sentencia, junto con la de otros siete ex miembros del Destacamento de Inteligencia 141 que operaban en el centro clandestino La Perla. Tanto los fiscales como la acusación de H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba solicitaron para el "Cachorro" de ojeras gigantes la pena de prisión perpetua y, por tratarse de delitos de lesa humanidad, su cumplimiento en una cárcel común. Será la primera sentencia por delitos de lesa humanidad del interior del país e, igual que la acusación y los alegatos, toda la provincia la podrá escuchar y ver en vivo por radio y televisión. Quienes no puedan acceder a una de las 160 butacas de la sala podrán ver la audiencia desde una pantalla gigante en el hall de ingreso.

El ex comandante del Cuerpo III de Ejército, uno de los asesinos más célebres del Norte argentino junto con el tucumano Antonio Domingo Bussi, es juzgado desde fines de mayo por los secuestros, torturas y fusilamientos de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en diciembre de 1977. Lo acompañan en el banquillo el coronel retirado Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe del Destacamento, el capitán retirado Jorge Exequiel Acosta, jefe de la patota de "operativos especiales" (OP3), los suboficiales retirados Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz y Oreste Valentín Padován, y al ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone. El general de brigada retirado Arturo Gumersindo Centeno y el civil Ricardo Andrés Luján, torturador de La Perla, murieron impunes antes del juicio. El coronel César Emilio Anadón, jefe del Destacamento 141, se suicidó en 2004 mientras cumplía arresto domiciliario. No podrán ser condenados por la Justicia, pero sus nombres ya forman parte de la historia.

Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del PRT, fueron secuestrados entre el 6 y el 8 de noviembre de 1977 y trasladados a La Perla. Varios sobrevivientes los vieron deshechos tras las sesiones de torturas. En la madrugada del 15 de diciembre los hombres de Menéndez los sacaron del centro clandestino y los asesinaron en un "operativo ventilador", como llamaban al método de fusilar y simular enfrentamientos en la vía pública. La ejecución fue en la intersección de Sagrada Familia y Ejército Argentino, óptima esquina para obtener justicia terrenal. Ocho meses después los enterraron clandestinamente en el cementerio de San Vicente. En 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a Palacios. El resto permanece desaparecido.

Los acusadores pidieron que se condene a Menéndez y a Rodríguez como autores mediatos, por sus cargos jerárquicos, y al resto como coautores materiales. En los casos de Rodríguez, Acosta y Vega no solicitaron prisión perpetua sino 21 años de prisión porque no se les imputan los homicidios. Según sus legajos fueron trasladados a otros destinos a principios de diciembre de 1977 y no prestaban servicios en La Perla el día de la ejecución, 15 de diciembre. En el caso de Acosta, que aquel año estuvo un mes arrestado por ladrón, el abogado Claudio Orosz solicitó que se investigue su rol en los homicidios, ya que varios sobrevivientes declararon que lo vieron hasta fines de 1977.

La Perla fue el mayor centro de exterminio del interior del país. Los organismos de derechos humanos calculan que pasaron por el lugar más de 2000 personas. Muchas de las víctimas asesinadas por orden de Menéndez fueron enterradas en el cementerio de San Vicente Catorce, incluida Palacios, y fueron identificadas por el EAAF. Otras, según testimonios de testigos, tuvieron que cavarse su propia fosa en distintos lugares del predio del cuartel, que hoy tiene varias hectáreas cubiertas con plantaciones de soja.

A la sentencia acudirán miembros de organismos de derechos humanos de todo el país, funcionarios y legisladores nacionales y provinciales. También el gobernador Juan Schiaretti, dato no menor en una provincia donde Menéndez con uniforme de gala llegó a compartir un palco oficial con Eduardo Angeloz. Hay más de un centenar de periodistas acreditados. La jornada incluirá arte callejero en las afueras de tribunales, con actividades organizadas por la "Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos", que reúne a decenas de organizaciones sociales. La sentencia se conocería alrededor de las cuatro de la tarde.

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Almirón, apto para el juicio

El Cuerpo Médico Forense estableció que, mentalmente, el represor de la Triple A comprende perfectamente la criminalidad de sus actos.

El represor Rodolfo Almirón está en condiciones mentales de ser indagado por su responsabilidad en más de treinta delitos cometidos por la Triple A. Así lo determinó una junta médica que lo sometió a análisis psicológicos a pedido de la Justicia. Sin embargo, el juez Norberto Oyarbide no podrá citarlo a declarar hasta que se le realicen los estudios cardiológicos.

Mientras tanto, el ex jefe de custodia de José López Rega se encuentra detenido en la casa de su hermana, un beneficio que se le otorgó dos meses atrás por los "trastornos neurológicos" detectados tras su extradición desde España.

Los análisis del Cuerpo Médico Forense establecieron que, mentalmente, Almirón comprende perfectamente la criminalidad de sus actos. Sin embargo, los estudios no fueron completos. Falta que el Hospital Argerich examine en qué condiciones está su corazón y si, efectivamente, tiene problemas físicos que le impidan declarar como planteó su defensor oficial Alberto Giordano.

"Lo importante es que comprenda la criminalidad de sus actos y qué se le imputa en la indagatoria. Si sufre del corazón o de diabetes pero puede asistir a la audiencia no habría impedimento", consideró la abogada de la querella, Liliana Mazeo.



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Médicos forenses del máximo tribunal examinarán la salud del ex gobernador de facto.







El 4 de agosto es el Día "D"

El 4 de agosto se transformó en el Día "D", ya que en esa fecha se sabrá si el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán decide suspender o no el juicio al represor Antonio Domingo Bussi. Todo dependerá de los dos informes médicos que darán a conocer los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Altas fuentes tribunalicias explicaron a primerafuente que si bien las pericias no son vinculantes pueden ser categóricas si hay argumentos médicos irrefutables. Y en caso de que el Tribunal decida suspender el debate, se abren dos alternativas: hacerlo sólo para el caso de Bussi o también para el de Luciano Benjamín Menéndez. Dependerá del grado de gravedad que presente la salud de Bussi. Si es revertida en el corto plazo, puede aplazarse para los dos represores. Y en caso contrario, sólo por el ex gobernador de facto.





A una semana y media de la fecha fijada para el inicio del juicio oral y público, peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ordenaron una serie de estudios clínicos al represor Antonio Domingo Bussi. Médicos del máximo tribunal intervendrán tanto en el examen físico como en el mental para determinar si está en condiciones de someterse al debate que debe iniciarse el 5 de agosto. Pero el 4 de agosto recién se sabrá si se suspende o no el histórico juicio.

A través de un fax, los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ordenaron una serie de estudios para que sean practicados al represor Antonio Domingo Bussi a fin de determinar si está en condiciones físicas para afrontar el primer juicio de violaciones de derechos humanos previsto hasta el momento para el 5 de agosto próximo en Tucumán. La resolución oficial de los médicos del máximo tribunal, que contiene esta medida dada a conocer ayer como anticipo, llegaría hoy a manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Altas fuentes judiciales confiaron a primerafuente que los médicos ordenaron que le realicen a Bussi un electrocardiograma y un ecodoppler. Estos estudios servirán para el chequeo médico al que tendrá que someterse el represor el 4 de agosto próximo, un día antes del debate oral y público. En un primer momento, el Tribunal había designado al médico de Gendarmería Nacional Aarón Gutiérrez para esta tarea, pero el galeno se encuentra de licencia al igual que el médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Raúl Asial. Por ello, el Tribunal tuvo que acudir a un médico de la Corte, aún no designado por la máxima autoridad judicial.

Paralelamente, el Tribunal le envió el lunes pasado un oficio a la Corte solicitándole que designe peritos a fin de que dictaminen sobre las condiciones mentales del ex gobernador de facto. El pedido, firmado por Carlos Jiménez Montilla (presidente del Tribunal), Gabriel Casas y Josefina Curi (jueza santiagueña subrogante), surgió luego de que el informe de la Junta Médica de seis especialistas tucumanos –entregado el viernes pasado- despertara dudas al Ministerio Público Fiscal al concluir que el ex gobernador de facto "no se encuentra en condiciones mentales de participar o entender plenamente los actos jurídicos esenciales".

El fiscal general Miguel Terraf alertó que estas conclusiones llevarían a sostener que "el imputado quedaría excluido de la audiencia de debate, en tanto se transformaría la imputabilidad en inimputabilidad" y que por ello se hacía necesario un informe exhaustivo de la Corte de la Nación. Los estudios mentales se realizan en cumplimiento del artículo 78 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que los imputados deben someterse a exámenes mentales en el caso de que los delitos que se les imputan tengan una pena no menor de 10 años de prisión o sean mayores de 70 años.

Bussi y Luciano Benjamín Méndez (hoy se conoce la sentencia de la Justicia de Córdoba-ver nota aparte) deben ser juzgados por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, ocurridos durante marzo de 1976.





Condenan a Martín Almada, pero le exoneran la pena

Un juez declaró hoy culpable de difamación al activista paraguayo Martín Almada, quien, no obstante, fue exonerado de pena en el proceso promovido en su contra por el vicepresidente de la justicia electoral, Juan Manuel Morales. El juez Daniel Ferro absolvió del delito de calumnia e injuria a Almada, pero dictaminó que quedó demostrado que el activista, Premio Nobel Alternativo 2002, incurrió en difamación. Almada cometió difamación porque divulgó el nombre de Morales, indicó el magistrado en su fallo, explicaron fuentes judiciales.


No obstante, Almada fue exonerado de pena por el magistrado, quien argumentó que los abogados de Morales no pudieron probar 'el dolo en las expresiones' del acusado.

El activista había acusado a Morales ante medios locales de haberse desempeñado como 'pyragué' (delator, en idioma guaraní) durante el Gobierno del dictador Alfredo Stroessner (1954-89).

Almada ayudó en 1992 a descubrir los archivos secretos de los organismos de seguridad del régimen 'stronista', enmarcados en la Operación Cóndor, ejecutada además de Paraguay por los regímenes de Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay para eliminar a disidentes políticos en las décadas de los 70 y 80.

'El juez actuó con inteligencia. Me parece que este es un triunfo de la democracia sobre la impunidad', expresó el activista tras conocer la sentencia judicial.

'Me ratifico en todo. Morales está libre por la ley, pero es culpable para la sociedad', aseveró Almada, quien sufrió prisión y torturas en reiteradas ocasiones durante la dictadura y su esposa, Celestina Pérez, murió como consecuencia de las presiones sicológicas a las que fue sometida.

Por su parte, Morales indicó que 'por lo menos me dan la razón en el sentido de que (Almada) es culpable. Que no pudo demostrar nada'.

El vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) precisó además que aguardarán los detalles de la sentencia para analizar una eventual apelación en segunda instancia.

En ese sentido, Adolfo Ferreiro, abogado del denunciante, expresó que el fallo 'deja abiertas muchas preocupaciones desde el punto de vista jurídico'.

Ferreiro sostuvo que 'según el juez, no se va a poder probar nunca ninguna calumnia porque pretende que se pruebe el conocimiento profundo y real de que se estaba diciendo algo falso'.

El abogado consideró además que Ferro 'declaró que se cometió la difamación, pero no impuso una pena en razón de que ese delito se cometió en el contexto de la promoción y defensa de valores superiores'.

'Entonces cualquier persona que quiere difamar a alguien primero se va a erigir como promotor de una cuestión muy importante y va a decir lo que quiera', acotó el abogado, quien había solicitado una pena de tres años de prisión para Almada y una indemnización de más de 100.000 dólares para su cliente.



Por Rodrigo Barra Padilla

martes 22 de julio de 2008

Ningún gobierno de la Concertación ha sido capaz de dar cumplimiento al mandato internacional de derechos humanos de otorgar una justicia rápida, e indemnizar por los daños sufridos a las víctimas de la dictadura militar de Pinochet.

Al parecer los gobiernistas concertacionistas se han conformado con entregarles una mísera pensión mensual, la cual ni siquiera sobrepasa al sueldo mínimo mensual imperante en la "Copia Feliz del Edén".

La Unión de Ex Prisioneros Políticos y Torturados de Chile, clamando por justicia, han presentado a la fecha seis demandas en contra del Estado, pero ninguna de ellas a prosperado, es decir, los casos continúan durmiendo en los tribunales de justicia sin que hasta la fecha exista un pronunciamiento por parte de las cortes chilenas.

Y como si lo anterior fuera poco, podemos agregar que la mismísima Concertación ayudados por la derecha de Pinochet, se han encargado de poner palos en el camino a cualquier resolución judicial que pudiera ser favorable a las victimas. Para ello crearon el famoso Consejo de Defensa del Estado, cuyo organismo toma muy en serio sus atribuciones de proteger los intereses económicos del Estado, sin importar que para cumplir con su objetivo tengan que entrar en la ilegalidad, no reconociendo tratados internacionales vigentes y firmados por Chile, como es el caso de la Resolución 40/167 de la Asamblea General de la ONU.

Son casi 3000 los ex prisioneros y torturados que han demandado al Fisco, demandas que se encuentran empantanadas en los Tribunales precisamente por las oscuras e ilegales maniobras que ejecuta el Consejo de Defensa del Estado, las cuales inclusive alcanzan en aplicar la malévola artimaña de la prescripción, logrando así eternizar en el tiempo los juicios y que nunca se llegue a un veredicto final.

El gobierno de Lagos por otro lado, se hizo cómplice con los torturadores ocultando por 50 años toda la documentación presentada por las víctimas a las comisiones Rettig y Valech, los cuales obviamente cuando salgan a las luz publica, si es que salen, no tendrán mayor validez, ya que la mayoría de las personas que sufrieron la prisión política y la tortura por el régimen militar estarán bajo tierra, y por ende, también los torturadores. En definitiva, impunidad tras impunidad, ya que es bueno recordar también en este caso cuando hablamos de impunidad, de que Pinochet nunca llego a ser juzgado en Chile y que la propia Concertación se encargo de salvar a Pinochet cuando este estuvo con la soga al cuello en Inglaterra moviendo todo su aparato diplomático en el exterior para lograr tal objetivo de traerlo de vuelta al país, sano y salvo. Todo el mundo vio después las imágenes del moribundo y amnésico general cuando bajo del avión en silla de ruedas, se puso de pie y salio caminando por su cuenta desde el aeropuerto. En consecuencia todo fue un engaño al pueblo soberano.

La misión del gobierno de Bachelet no ha sido otra que la de continuar aplicando los mismos sistemas de sus antecesores, es decir, dando migajas a las víctimas para quedar bien ante el que dirán, pero sin dar soluciones compensatorias y de justicia reales y de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales Chile también es parte.

Ha sido tanta la perversidad y la desidia en contra de la víctimas de Pinochet, que la propia mandataria, Michelle Bachelet Jeria, ha negado en reiteradas ocasiones las solicitudes de audiencia que la Unión de Ex Prisioneros Políticos le han solicitado para hacerle entrega en persona, las propuestas de solución en materia del proyecto ley de Indemnización, las cuales corrigen las falencias e iniquidades de la ley 19.992, y un proyecto de ley que reforma el proceso civil y establece el tramite de juicio sumario para las demandas de reparación ante graves violaciones a los derechos humanos. Bachelet ha aducido en todas las solicitudes de audiencia, "las razones de tiempo y compromisos anteriores", pero sin embargo, cuando un artista famoso visita el país y le solicita reunión, Bachelet siempre ha tenido tiempo disponible, lo que indica que para la Presidenta de Chile es mas importante sacarse fotos con famosos y salir en las portadas de las revistas de farándula, que el hacer justicia con quienes lucharon de frente, dando la cara, y hasta la vida por defender la democracia en el país ante el régimen militar de Pinochet.

Que fácil es dar la espalda, olvidarse del pasado y de nuestros ideales cuando se esta en el poder.







Todos a la mesa
Este juicio que comienza no empezó hoy, tiene ya varios años. Años de
archivo, de olvido, de leyes de impunidad, años de una justicia que no se
entiende. Y mucho más que años, tiene nombres, tiene vida. Aunque hayan
insistido en desaparecerla.
Hoy vamos a celebrar sus nombres, vamos a ser parte de sus corazones, con
ustedes vamos a mirar a los ojos de los culpables. Hoy la justicia va a ser una
fiesta, vamos a tirar ponchos por el aire, y que a cada uno, por fin, le caiga el
que le corresponda.
Todo lleno de guirnaldas, sin estrado, vamos a regar la tierra, va a ser una
mesa larga, la vamos a hacer entre todos, arrimando los caballetes y
tablones, tendiendo todos los manteles, escuchando de afuera los bombos,
las murgas, todos cantando, y por fin tomados de la cintura y las manos con
la justicia vamos a bailar la vida.
Desde hace días estamos preparando todo, desde hace años que todos
buscamos ese calor. Afuera en la vereda una obra de teatro para que todos
vean y entren a la fiesta, carteles enamorados de la justicia cruzando las
calles.
Algunos más lejos repartiendo invitaciones por los barrios, buscando el
pueblo que necesitamos. También alcanzamos a preparar un escenario para
que toquen las bandas, el único silencio va a ser el de ellos, es que los
cobardes temen hasta sus propias palabras.
Cuando lleguen las Madres atándose los pañuelos, les vamos a arrimar unas
sillas para que se sienten a la mesa, los estudiantes las van a abrazar, y con
una cosquilla alegre y lágrima los H.I.J.O.S. seguirán pensando la fiesta.
Necesitamos más tablones y caballetes, de Zanon están llegando los obreros,
los maestros no van a faltar, hasta el viento quiere estar en la fiesta, todas
las banderas flamean igual.
Ya se los dijimos, pero es que hoy vamos a festejar sus nombres compañeros,
Carlos, Susana, Cecilia, Alicia, Jorge, Mirta, Arlene, Carlos, José, Celestino,
Miguel, José, Javier, Orlando, Raúl, Oscar, José, Carmen, Juan, Jorge, Carlos,
Horacio, Jorge, Leticia, Juan, Mónica, Enzo, Horacio, Rodolfo, Julio, Carlos,
Juan, hoy vamos a festejar sus nombres.

El sábado 2 de Agosto de 10 a 12Hs. vamos a presentar el Cuaderno "JUSTICIA CON VOS", en el CEPEM 23 o en la EPET 8, NEUQUÉN, la/os esperamos

H.I.J.O.S. ALTO VALLE





CAUSA EX RI9
Plantearán factibilidad de concretar juicio contra Nicolaides
La confirmación de la condena a Cristino Nicolaides que ponunció la Cámara Federal Porteña y que supone "el buen estado de salud" del ex jefe del Ejército, despejaría al camino para que también sea juzgado en Corrientes en la causa ex Regimiento Nº 9 que lo imputa junto a otros cinco militares por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, dijo la querella a Momaradu.com

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La Cámara Federal porteña confirmó la pena de 25 años de prisión del ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides por secuestros y desapariciones de integrantes de Montoneros de 1979 a 1980, aplicada a partir del primer juicio contra militares tras la derogación de las leyes del perdón.

La Sala II del tribunal confirmó la condena de Nicoalides que en diciembre pasado dictó la Justicia Federal de primera instancia.

El ex militar está acusado además por Delitos Ex Regimiento de Infantería Nº9 de Corrientes cuando era jefe de la 7º Brigada.

Debía ser juzgado junto a otros cinco ex militares y gendarmes que actualmente son acusados en un juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal. Pero por motivos de salud se decidió postergar el juicio hacia él, por estar inconciente.

Según explicó a Momarandu.com Diego Vigay, abogado querellante en la causa, si la Cámara Federal Porteña confirmó la sentencia, es porque logró notificar a Nicolaides del fallo. Tal notificación indicaría que su estado de salud le permite estar al tanto de ese proceso en su contra.

Al respecto, Vigay señaló que pedirán al Tribunal Oral que realice las diligencias necesarias para corroborar si Nicolaides puede ser juzgado una vez terminado el juicio que se sigue contra los otros ex militares involucrados en los delitos en el RI9.

Manifestó que es intención poder aprovechar ahora que se tiene precisiones que Nicolaides pudo ser notificado, para hacer lo propio respecto a la citación para su juicio en Corrientes.

Nicolaides está acusado por delitos de Lesa Humanidad, al igual que el ex capitán del RI9, Juan Carlos De Marchi; los ex coroneles Rafael Barreiro y Horacio Losito; el ex jefe de Inteligencia de Gendarmería, Raúl Reynoso; y el ex suboficial Carlos Piriz.

A Nicolaides testigos dijeron haber visto en el Ex Regimiento de Infantería y en la sede de Gendarmería visitando a los presos durante la última dictadura militar.

Para la querella le caben los mismos cargos que a De Marchi, Barreiro y Losito, los más implicados.




1 comentario:

Anónimo dijo...

Almirón, jefe de escoltas del politico gallego Manuel Fraga Iribarne en 1983