jueves, 10 de julio de 2008

Jueves, 10 de Julio de 2008
Dos represores murieron en el penal de Marcos Paz

A la tumba sin condena

Mario Jaime y Carlos Vercellone cumplían prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Hace un mes falleció otro acusado que estaba bajo arresto domiciliario. Quejas de las víctimas.

Por Adriana Meyer
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El penal de Marcos Paz, donde estaban detenidos los dos fallecidos.

Los represores siguen muriéndose sin llegar a ser juzgados y llevándose a la tumba datos sobre el genocidio. La semana pasada dos de ellos, Mario Jaime y Carlos Vercellone, aparecieron muertos en el penal de Marcos Paz, donde cumplían prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Sus pares presos en esa cárcel publicaron sobre Jaime un aviso en la sección de necrológicas del diario platense El Día en el que mencionaron la "injusta" prisión que cumplía y firmaron como "los detenidos políticos de Marcos Paz". A Vercellone lo despidieron con otro aviso, además de sus parientes y amigos, personal y directivos de la agencia de seguridad privada Paraná. Hace dos meses había fallecido, en su casa, el ex comisario Juan Fiorillo. El juzgado se enteró un mes después. Las víctimas de estos represores se quejan de la falta de control de los lugares de detención y los arrestos domicilarios.

Vercellone –platense, 65 años– era miembro de la fuerza de seguridad de la provincia durante la dictadura. Fue señalado por sobrevivientes del centro clandestino de detención conocido como Pozo de Arana durante los Juicios por la Verdad como uno de los interrogadores y estaba imputado por el juez federal Arnaldo Corazza como presunto autor de desapariciones y torturas cometidos en ese lugar. Este ex policía, que se desempeñó en la Dirección de Investigaciones y en la brigada platense, estaba detenido en el penal de Marcos Paz, en el marco de la causa Arana. En principio el juez le había otorgado el beneficio del arresto domiciliario, pero la Cámara lo revocó. En su legajo figuraban dos felicitaciones de noviembre de 1976 por "eliminar" y "erradicar" de la sociedad "elementos extremadamente peligrosos". Y fue sindicado por otros represores como quien inició el operativo en la casa Mariani-Teruggi. Ahora el juzgado de Corazza habría ordenado una autopsia para establecer cómo ocurrió su muerte. Vercellone fue encontrado sin vida en el penal el viernes pasado.

Jaime habría fallecido por un infarto. En su prontuario figura que se desempeñó en la comisaría 5ª de La Plata, en la Dirección de Investigaciones y en la brigada de esa ciudad, y estaba imputado de 58 casos de privación ilegal de la libertad, torturas, tentativa de homicidio, un homicidio y encubrimiento agravado por su presunta participación en la quema de los cadáveres de personas desaparecidas luego de su paso por el centro de Arana. En los avisos fúnebres del diario El Día, además de los "presos políticos" de Marcos Paz, también publicó su pésame el Departamento Presupuesto del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, para acompañar el dolor del hijo del represor.

"Cuando murió Fiorillo, el asesino de Felipe Vallese, nos enteramos un mes después, los pueden matar y no lo sabríamos nunca", se quejó en diálogo con PáginaI12 la abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que interviene en la causa Arana y otras. "Es grave porque se mueren todos inocentes, con su jubilación, con su legajo impecable, si no se apuran a juzgarlos nos va a llegar de todos la comunicación de que fueron absueltos por extinción de la acción penal, por lo tanto es lógico que nos preocupe, es algo sobre lo que no tenemos ningún control", agregó.

Un detalle no menor es la relación de estos represores con agencias de seguridad. Al igual que el evidente vínculo de Vercellone con Paraná, Fiorillo explotaba la agencia JF. "La muerte de este genocida (por Fiorillo) muestra la continuidad de una impunidad de larga data que reina en la historia de nuestro país", escribió Justicia Ya! La Plata.

El caso más resonante fue el del represor Héctor Febres, el prefecto que apareció envenenado con grandes cantidades de cianuro en el encierro VIP del que gozaba en la zona Delta de la Prefectura. La jueza que investigó el hecho calificó de "escandalosos" los privilegios de que gozaba y afirmó que sus pares lo habrían matado para "silenciarlo", cuatro días antes de que fuera condenado en el primer juicio por los crímenes de la ESMA.

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08-07-08

Sobre personeros de la represión

Desde Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Rosario queremos reflexionar acerca de las declaraciones del represor Eduardo "Curro" Ramos, de lamentable trascendencia en los medios de prensa de Rosario. Una vez más nos encontramos frente a genocidas brindando conferencias de prensa, apelando a la prensa independiente para continuar utilizando discursos blindados, mentirosos y con la sola intención de beneficiar sus defensas. "Queremos dejar en claro que consideramos que la única salida democrática es el inmediato traslado de todos los imputados y procesados por delitos de lesa humanidad a cárceles comunes, sujetos al Reglamento de Detenidos Procesados Federales, eliminando los privilegios que inexplicablemente ostentan. En reiteradas oportunidades se ha planteado esta cuestión sin éxito por parte de las querellas en todo el país, la Procuración General de la Nación dictó instrucciones en ese sentido, y las diversas Fiscalías Especiales también lo han solicitado. La única forma de empezar a plantear con seriedad que se está intentando brindar seguridad a los testigos y querellantes es garantizando el más estricto control de estos personeros de la represión, implementar una verdadera búsqueda de los prófugos y una profundización de las investigaciones y aceleración de los procesos, judiciales. Por la verdad y la justicia

Elida Luna, Ricardo Domínguez, Yolanda Medina, Gabriela Durruty, Valeria Rosso Ponce, Gisela Durruty, Andrea Sandón, Paula Luna Jorge Paz, Delfina Luna, y siguen las firmas.

IMPUNIDAD – CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Jueves 10 de julio – 9:00 hs.

Libertad 731

Los convocamos a concurrir al Consejo de la Magistratura de la calle Libertad 731 este jueves a las 09.00hs. para hacer escuchar nuestra voz ante el gravísimo hecho de injusticia a punto de concretarse en el sentido de paralizar los juicios políticos a los jueces integrantes del Tribunal Oral Federal 5 y al juez Torres que tiene en sus manos la megacausa Esma.


Los nombrados han sido los directos responsables de las escandalosas condiciones de detención del Prefecto Febres asesinado por envenenamiento en la unidad de la Prefectura Naval de Tigre.


La consejera del oficialismo, la diputada Conti, junto a un grupo de pares han desestimado nuestra denuncia aduciendo que los jueces no son responsables por las condiciones de detención ni de la seguridad de los detenidos bajo su orbita y han elevado al Consejo su recomendación de no continuar con el juicio político que les corresponde por la clara violación a principios constitucionales que dicen exactamente lo contrario.


Este jueves podremos concurrir al plenario de Consejo de la Magistratura a expresar nuestro enérgico rechazo a las recomendaciones de la diputada Conti y exigir que no se convierta en un cómplice mas de la impunidad con que hasta ahora nos vienen obligando a convivir.
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos



Diario Crítica (07/07/08)

La magistratura rechaza cargos a torres y al tribunal oral 5

Consejo para no acusar a los jueces del caso Febres

Organismos de derechos humanos acusaron por "mal desempeño" a Sergio Torres y al Tribunal Oral. Dicen que fue deficiente el control al prefecto Febres, envenenado en su lugar de detención.

Martina Noailles 07.07.2008

En pleno. El jueves se reúne el plenario de consejeros para tratar el dictamen de la comisión de Acusación.

Para el Consejo de la Magistratura, ni el juez federal Sergio Torres ni los integrantes del Tribunal Oral Nº 5 son responsables de las privilegiadas condiciones de detención que permitieron el envenenamiento, en diciembre último, del represor Héctor Febres. Por eso el jueves próximo, el órgano que controla la labor de los magistrados rechazará una acusación por mal desempeño presentada por un grupo de organismos de derechos humanos.

En el dictamen que será tratado en la próxima reunión de plenario, la Comisión de Disciplina y Acusación sostiene que la supervisión de los detenidos no está a cargo de los jueces sino del Servicio Penitenciario y que ni Torres ni el TOF 5 estaban al tanto de ninguna irregularidad.

"Hicimos decenas de presentaciones en las que alertábamos sobre los beneficios que gozaban Febres y el resto de los genocidas implicados en la causa ESMA y siempre fueron rechazados. Las condiciones de detención no son menores en alguien que está siendo acusado por delitos de lesa humanidad", indicó Myriam Bregman, abogada de Justicia Ya!, uno de los organismos denunciantes.

¿Quiénes son los responsables de que alguien pudiera envenenar con cianuro a Febres? ¿Por qué el represor vivió casi 9 años en una celda VIP? ¿Por qué la Justicia rechazó las presentaciones que exigían que estuviera en una cárcel común? En busca de alguna respuesta, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otros, denunciaron en diciembre al juez que instruye la megacausa ESMA y a los miembros del tribunal que llevó adelante el juicio oral contra el ex prefecto hasta que fue asesinado.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ya había relatado la "escandalosa" situación que gozaba el represor detenido en la sede de la Prefectura Zona Delta. Febres tenía una "celda" de más de 40 metros cuadrados dos teléfonos de línea, dos celulares, internet, heladera, DVD y microondas. Contaba con la llave para moverse con comodidad por todo el edificio y durante todo el tiempo que estuvo alojado en esa dependencia recibía visitas sin que se las requise ni registre.

"La sola circunstancia de su carácter de funcionario retirado de la Prefectura resultaba índice suficiente para estimar que su estadía en condición de detenido en el mismo lugar donde prestó servicios con un rango jerárquico sería, cuanto menos, irregular", denunció la jueza. Y reconstruyó, a partir del testimonio del prefecto Rubén Iglesias, que "ningún funcionario del TOF 5 ni del Juzgado Federal 12 concurrió a la sede de Prefectura a controlar las condiciones de alojamiento de Febres".

Ni siquiera después de que la Secretaría de Derechos Humanos le remitiera al juez Torres, en octubre de 2007, una denuncia que tres meses antes había recibido de boca de un prefecto en la que se hacía referencia a los enormes beneficios que gozaba.

Ante la denuncia de los organismos, el 12 de junio pasado, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura descartó que Torres y los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado tuvieran algún tipo de responsabilidad.

"Los magistrados no tienen a su cargo la supervisión diaria de las condiciones de detención de los sujetos privados de su libertad, sino el Servicio Penitenciario Federal", argumentó la comisión presidida por la diputada kirchnerista Diana Conti.

Los consejeros también indicaron que "no existen constancias de que los jueces estuvieran anoticiados de alguna de las irregularidades mencionadas por la jueza Arroyo Salgado, por lo que difícilmente podían adoptar temperamento alguno".

Sin embargo, los querellantes habían alertado en reiteradas ocasiones –en 2003, 2005 y 2007 al iniciarse el juicio oral– que Febres gozaba de privilegios en su detención y que debía ser trasladado a una cárcel común.

En ese momento, el juez federal no realizó una inspección en el lugar. Tan sólo pidió informes que fueron respondidos por el hoy procesado Iglesias, desmintiendo lo que luego se comprobó.

Página 12 (07/07/08)

EL PAIS › EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA EXCULPO AL MAGISTRADO POR LA MUERTE DE FEBRES

"El juez no es la custodia del preso"

La Comisión de Acusación desestimó una denuncia en contra de Sergio Torres y el Tribunal Oral 5. Quejas de las víctimas.

Por Adriana Meyer

A criterio del Consejo de la Magistratura, los jueces no son responsables por lo que pueda sucederles a los presos que están a su disposición para ser juzgados. Así lo estableció la Comisión de Acusación de ese organismo al desestimar la denuncia que habían presentado las víctimas del asesinado Héctor Febres contra el juez Sergio Torres y los jueces del Tribunal Oral Federal 5, que no pudieron dictar sentencia contra este represor de la ESMA porque apareció envenenado cuatro días antes, el 10 de diciembre de 2007. "El juez no es la custodia del detenido", expresaron los consejeros, y recomendaron al plenario del Consejo que no impulse el proceso de acusación y remoción de estos magistrados ni les aplique sanciones disciplinarias. "Los denunciantes sólo expresan su disconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces cuestionados sobre el lugar de detención del fallecido Héctor Febres", argumentaron los miembros de esa comisión. En el lugar donde estaba alojado habría sido víctima de sus propios pares, quienes –según estableció la jueza que investigó el caso– lo silenciaron antes de su alegato final.

La noticia se conoció el mismo día de la asunción del nuevo gobierno, y el primer juicio por hechos ocurridos en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se quedó sin su único imputado. La investigación reveló que el prefecto Febres, alias "Gordo Selva", detenido en la base que su fuerza tiene en Tigre, disfrutaba de visitas ilimitadas, uso de celulares, computadora, departamento privado y chofer; tenía salidas a veranear en la base naval de Azul y podía utilizar las instalaciones para festejos familiares, entre otros beneficios impensados para cualquier preso.

Esta situación ya había sido advertida por uno de los querellantes, Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, acompañado por Justicia Ya!, quienes pidieron el cambio de lugar de detención. Por su parte, la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios transmitió a los jueces su inquietud por los detenidos en bases de la Armada, Gendarmería y Prefectura. El juez Sergio Torres pidió informes, constató la situación denunciada, pero adujo "riesgos" y negó el pedido de traslado a una unidad penitenciaria. Cuando el fiscal Eduardo Taiano le recordó que las cárceles argentinas son inhóspitas para todos, Torres esgrimió otro argumento: "El rechazo que han generado en la opinión pública los hechos", léase torturas y asesinatos, pondría en riesgo su permanencia en una cárcel común. El juez invocó la Declaración Universal de Derechos Humanos, tratados internacionales y fallos de la Corte, y expresó que "el artículo 18 de la Constitución responsabiliza de manera directa al juez que adopte una medida, que aun buscando una finalidad de precaución para el detenido, produzca a éste una mortificación innecesaria".

Si es así, ¿cómo es posible que la decisión de no trasladarlo, que le causó a Febres la mortificación definitiva de perder la vida, no tenga consecuencias para el magistrado?, se preguntaron las víctimas del represor cuando conocieron la resolución del Consejo.

"Estos privilegios han redundado en el homicidio del imputado por las condiciones de detención inexplicables e inadmisibles, muerte por la cual los señores jueces no pueden dejar de responder, y que posibilitó que la impunidad reinante en nuestro país se siga perpetuando", escribieron Adolfo Pérez Esquivel y varios organismos de derechos humanos en su denuncia. Esto fue en diciembre, y dos meses después pidieron que fuera escuchado un integrante de la Prefectura que en julio de 2007 había denunciado las privilegiadas condiciones de detención de Febres en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esto tampoco ocurrió.

En su resolución, la Comisión de Disciplina y Acusación dice que "no hay constancias" de esas irregularidades, a pesar de los avisos de los querellantes. Y las pone en duda, cuando dice que "de ser ciertas" tampoco son responsabilidad de los jueces sino "del Servicio Penitenciario o del organismo a cargo de la custodia". Tal es la evidencia de estas privilegiadas condiciones que la jueza Sandra Arroyo Salgado las calificó de "escandalosas", y este diario publicó las fotos de Febres en pleno disfrute vacacional en la base de Azul, flotando en una pileta y cabalgando con la familia.

Respecto del TOF 5, dijo la comisión que "a la fecha en que Febres es puesto a disposición de ese tribunal, 28 de marzo de 2006, se encontraba ya alojado en la base de Prefectura, zona Delta".

"Esto es una barbaridad jurídica, los jueces sí son responsables de los presos que mandaron a detener, lo dice la Constitución y de ahí para abajo todo lo referido al deber de guarda y seguridad de los detenidos. Esto sienta una jurisprudencia terrible también para los presos comunes", se quejó Myriam Bregman, abogada de Enrique Fukman, otra de las víctimas de Febres.







01/07/2008
El CELS impugnó la postulación del juez federal Abel Cornejo para el Superior Tribunal de Salta
Autor: CELS

El CELS presentó hoy una impugnación a la candidatura del juez federal salteño Abel Cornejo para el Superior Tribunal de la provincia, por considerar que el magistrado, no cumple con el requisito de "compromiso con los derechos humanos y el sistema democrático" que se requiere para ser designado en un cargo de esas características. En 2001, Cornejo ordenó a la gendarmería despejar el corte de la ruta 34 y desencadenó una seria represión que culminó con la muerte de dos manifestantes.

Además de ordenar la represión del 2001, Cornejo procesó luego a los manifestantes por el delito de sedición, una figura que no se aplicaba al caso. Con esta decisión, el juez se convirtió en uno de los primeros magistrados que por medio de procesamientos con prisión preventiva criminalizó reclamos sociales de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Al mismo tiempo, Cornejo aplicó criterios corporativos cuando votó en contra de la acusación del ex juez Juan José Galeano, por la investigación fraguada que realizó sobre el atentado de la AMIA. Cornejo privilegió sus lazos con el Poder Judicial, en lugar de la reparación de las víctimas del caso. Actualmente, Galeano se encuentra con un procesamiento firme por su actuación en esa invesigación.
Tras la impugnación, el gobernador, Juan Manuel Urtubey, deberá evaluar si envía el pliego de Cornejo al Senado o lo retira, como solicitaron diversas organizaciones de derechos humanos. Luego de las designaciones de los jueces Gustavo Ferraris y Guillermo Catalano, realizadas por el ex gobernador Romero sobre el final de su mandato y cuestionadas por las organizaciones sociales de la provincia, el retiro del pliego sería una señal clara en pos de la recuperación de la legitimidad del Superior Tribunal.



El día 9/07/08, Licia Eugenia Campos <liciacampos@hotmail.com> escribió:



From: viktorelias@hotmail.com
To: liciacampos@hotmail.com
Subject: parte y volante que repartiremos en tartagal y salta
Date: Wed, 9 Jul 2008 15:58:35 +0000

PARTE DE PRENSA

El próximo Jueves 10 a hs. 19 se realizará una Jornada de Protesta Provincial impugnando públicamente la designación del Juez Federal Abel Cornejo a la Corte de Justicia de Salta.

Los actos se realizarán en el Monolito a la Memoria de Tartagal, en calles 20 de Febrero y San Martín donde se realizará un oficio religioso, en la Plaza Central de Orán y en la Plazoleta Cuatro Siglos de Salta Capital.

Por la responsabilidad en el asesinato de Aníbal Verón durante la represión en la Ruta Nº 34, crimen que aún se encuentra impune.

Por la represión indiscriminada, con detención y cárcel a luchadores sociales que pedían trabajo en dicha manifestación.

Por los asesinatos de Pablo Gomez, Carlos Santillán y otros, de la localidad de Gral. Mosconi.

Por judicializar la protesta y procesar a los docentes que reclamaban reivindicaciones salariales.

Por la dilación en la causa de la Masacre de Palomitas.

Por la paralización de la causa del ex gobernador Miguel Ragone.

Por la falta de investigación en la causa de Silvia Ruth Saenz de Vuistaz.

Por la irresolución de las causas de los desaparecidos o asesinados entre 1975 y 1983, Melitón Bustos, Menena Montilla, Carlos Santillán, Dr. Pedro Enrique Urueña, Raúl Osores y el ex intendente de Aguaray Enrique Campos.

¡NO OLVIDAMOS NI PERDONAMOS!

Comisión de Detenidos Desaparecidos del Departamento San Martín

U.T.D. Mosconi

Organización de Desocupados de Tartagal

Organizaciones Sociales del Departamento San Martín

Ex Presos Políticos de la Provincia de Salta

Memoria Verdad y Justicia de Orán

Peronismo Militante de Salta

Familiares y víctimas de la Represión en Salta

U.T.D. Orán

Frentes Sociales, Hugo Vaca Narvaja, Carlos Mujica y Francisco López

de Orán.

Victor Hugo Elías

D.N.I. 10.663.694

Cel. 154844053

Lerma 386

Salta


Néstor Borri




CAUSA EX RI9

Defensores despegan a De Marchi y Barreiro de las imputaciones
Abogados defensores de los imputados en la causa ex RI9 por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar expusieron sus argumentos este lunes para rechazar las acusaciones que pesan sobre sus defendidos. Jorge Boumpadre descalificó a varios testigos de la querella y aseguró que ni De Marchi ni Barreiro estuvieron en el escenario de los hechos

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Buompadre reiteró que ambos ex militares, a quienes varios testigos señalaron como "torturadores", no estuvieron cumpliendo funciones en el cuartel durante el período sometido a juicio.

Sobre el primer explicó que había pedido su retiro del ejército , que se dedicaba a actividades comerciales particulares y recordó las declaraciones de testigos de la defensa en donde dicen haberlo frecuentado en sus establecimientos privados.

Respecto a Barreiro, el abogado reiteró que entonces participaba de un curso de Comandos fuera de la provincia

Por lo demás Buompadre descalificó las declaraciones de los testigos de la querella Judiht Caso y Manuel Aguirre, ex detenidos políticos y cítvimas de vejámenes.

De la primera Buompadre señaló que su testimonio es "incoherente e irracional".

"Señora, usted, ha mentido", señaló el abogado. Esto es porque Casco habría declarado haber sido apresada por Barreiro el mismo día en el que éste contraía matrimonio.

Respecto a lo de Aguirre, marcó una supuesta contradicción en su declaración cuando "señaló haber visto a Artieda el 2 de junio del "77 en Posadas, algo imposible ya que Aguirre estaba preso en ese momento".

Asimismo recordó que otro de los testigos, Sergio Tomasella, fue apresado por fuerzas de Gendarmería denunciado por el dirigente comunista Eduardo Ferreyra, aunque no realizó otras apreciaciones sobre ese hecho

El abogado también aseguró que los testigos víctimas fueron detenidos bajo una causa judicial la número 310/84 y con todas las garantías de defensa y señaló vicios como cuando a la defensa en el caso Artieda no se le permitió ser parte del expediente

Además descalificó la hipótesis de una asociación ilícita entre los acusados, figura planteada por la defensa, y atribuyó la estrategia y la responsabilidad de lo actuado durante el período de la dictadura militar en los altos mandos militares y no en sus subordinados.

Ya Barreiro había traído al juicio la figura de la obediencia debida para eximir de culpas a los subordinados. "Nicolaides( general ex jefe de la VII Brigada) es el que debería estar acá", declaró entonces Otro de los alegatos fue el de otro abogado de la defensa, San Emeterio, basó su alegato en aspectos ideológicos, exhibiendo literatura en donde constan las "acciones terroristas" de organizaciones como Montoneros y ERP a las que pertenecían varias de las víctimas

Los abogados de la querella pidieron condenas de reclusión a perpetuidad para Rafael Barreiro, de 25 años para Juan Carlos De Marchi y Horacio Losito y 18 para Carlos Píriz y Raúl Reynoso los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada, diez veces reiteradas por las privaciones de libertad sufridas por: 1.-Juan Ramón Vargas (desaparición forzada de persona); 2.-José Pedro Almirón; 3.-Jorge Trainer; 4.-Gladis Meza Herrero de Trainer; 5.- José Luís Núñez; 6.-Miguel Ángel Miño; 7.-Rogelio Domingo Tomasella; 8.-José Arnaldo Gómez; 9.-Martha Angélica Álvarez; 10.- Ramón Villalba y 11.- Bernardo Hugo Midón

A Barreriro además se le imputa "el asesinato" de Rómulo Artieda


ESCUCHATE EN LA LUCHA!
"LA LUCHA QUE NOS PARIÓ"
EL PROGRAMA DE H.I.J.O.S. Regional Capital
POR FM LA TRIBU: 88.7 en internet: www.fmlatribu.com
PROGRAMA Nº 405 - Viernes 11 de Julio del 2008, de 17 a 18 hs
- Sentencia del juicio por la "Masacre de Fatima (1976)"!! desde las 9 am todos a Comodoro Py.
Estaremos en comunicacion permanente con los/as compañeros/as en el juciio con todas las novedades! JUICIO Y CASTIGO!!
- Entrevista esclusiva a Eduardo Galeano, lo ubicas?
- Leon Gieco nos trae su musica... mas musica subversiva, ideas, poemas, y algo mas...
¡Cuando la impunidad asfixia... el aire se llena de Lucha!
VIERNES DE 17 A 18
H.I.J.O.S. en FM LA TRIBU (88.7)
on line: www.fmlatribu.com
Tel: 4866 10958 / 4864 0489


Este Viernes 11/07 a las 13 hs. en los Tribunales de Comodoro Py:

Sentencia de la Causa "Masacre de Fátima"

Acompañanos a exigir Closárcel Común, Perpetua y Efectiva para oficiales de la PFA

Miguel Ángel Timarchi, Carlos Enrique Gallone y Juan Carlos Lapuyole.

El viernes 11 de julio se conocerán las sentencias en el Juicio Oral y Público por la 'Masacre de Fátima'. Invitamos a presenciar la lectura en los Tribunales de Comodoro Py. Quienes quieran hacerlo deben presentarse con su DNI en el 6º piso de los Tribunales, a las 13:00 horas para acreditarse. Por disposición del Tribunal Oral y Federal Nº 5, conformado por los jueces Guillermo Andrés Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, el Juicio no puede ser televisado, aunque sea Oral y Público.

Qué fue la 'Masacre de Fátima': En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres secuestrados por fuerzas militares y policiales dependientes del Cuerpo I de Ejército fueron apilados y dinamitados en un camino vecinal cercano a la localidad de Fátima. Antes fueron atados, vendados y recibieron disparos en el cráneo desde una distancia menor a un metro, según acreditó en 1985 la Cámara Federal porteña.

Está comprobado que la mayor parte de las víctimas padeció su cautiverio en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal, unidad perteneciente a la Policía Federal Argentina, en la calle Moreno 1417 de la Ciudad de Buenos Aires. A comienzos de los años 80, sólo cinco habían sido identificados: se trata de Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas y Conrado Alzogaray. Posteriormente, se recuperó la identidad de once víctimas más: Susana Elena Pedrini de Bronzel, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydée Rosa Cirullo de Carnaghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, Carmen María Carnaghi, Horacio Osear García Gastelú, Juan Carlos Vera, Carlos Raúl Pargas, Ricardo José Raúl Herrera Carrizo. Prácticamente la mitad permanecen como NN. Los imputados que está juzgando el Tribunal Oral y Federal Nº 5 son los oficiales de la Policía Federal Miguel Ángel Timarchi (preso en la cárcel de Devoto), Juan Carlos Lapuyole (con arresto domiciliario) y Carlos Enrique Gallone (también alojado en la cárcel de Devoto). Desde mayo de 2004 se encuentra prófugo el oficial Luis Alberto Martínez, alias Chino o Japonés. Murió impune el comisario Carlos Vicente Marcote.

(http://cels.org.ar/wpblogs/fatima/category/dia-por-dia/)

APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ.

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA LOS GENOCIDAS, CÓMPLICES E IDEÓLOGOS.

RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS.

H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Capital en la RedNacional



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No consumas productos Ledesma: Blaquier genocida, Ledesma contamina. ¡Pasalo!

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H.I.J.O.S. Regional Capital
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio


No olvidamos.
No perdonamos.
No nos reconciliamos.
Aparición con vida de Jorge Julio López.



Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad y creés que sos hijo de desaparecidos o conocés a alguien que puede serlo, comunicate con nosotros al 15-3-571-0767 o por e-mail a hermanoscapital@yahoo.com.ar



No consumas productos Ledesma: Blaquier genocida- Ledesma contamina


JUICIO AL REPRESOR www.criticadigital.com.ar

Menéndez: pedirán prisión perpetua

Los querellantes exigirán la pena máxima para el represor, en el juicio que se le sigue, junto a otros siete acusados más, por las desapariciones en La Perla.

09.07.2008
Tras dos audiencias de lecturas y 15 de testimonios, mañana comenzará la ronda de alegatos en el juicio por crímenes de la dictadura que se sustancia al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, para quien las querellas pedirán una condena de reclusión perpetua y el cumplimiento de la pena en una cárcel común.

Este jueves, a las 9.30 en Córdoba, en el proceso a Menéndez y otros siete acusados, será el turno de los abogados querellantes Claudio Orosz y Martín Fresneda (Hijos-Familiares), en representación de las hijas de una víctima por las que se sustancia el juicio, y el letrado Mauro Ompré, por la hermana de otra de las cuatro personas asesinadas el 15 de diciembre de 1977.

Orosz y Fresneda ya anticiparon a la prensa que pedirán reclusión perpetua tanto para Menéndez como para los acusados Luis Manzanelli, Carlos Díaz, Ricardo Lardone y Oreste Padován, y 25 años de prisión para Jorge Ezequiel Acosta, Hermes Rodríguez y Carlos Vega.

En todos los casos, pedirán que cumplan la pena en cárceles comunes y no en dependencias del Ejército o gozando del beneficio del arresto domiciliario, que según un fallo de la Corte Suprema es una facultad que puede o no otorgársele a mayores de 70 años, según informó la agencia DyN.

Si culminan con sus exposiciones el jueves, el viernes será el turno de los fiscales Maximiliano Hairabedian, Jorge Fabián Asís y Graciela López de Filonuk. Y el lunes y el martes alegarán los defensores oficiales Mercedes Crespi y Máximo Liva, representantes de siete acusados, y los letrados Jorge Agüero y Alejandro Cuestas Garzón, patrocinantes particulares de Jorge Acosta.

La sentencia recién llegaría en la semana del 21 al 26 de julio, según anticiparon fuentes del Tribunal Oral Federal 1, integrado por Jaime Díaz Gavier (presidente), Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará.

En la causa, originalmente conocida como "Brandalisis", se analizan los secuestros, torturas y asesinatos en un simulacro de enfrentamiento de cuatro miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT): Hilda Flora Palacios, su pareja Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo.

Palacios, Brandalisis y Lajas fueron secuestrados el 6 de noviembre de 1977 y Cardozo habría sido capturado dos días después. Fueron torturados en el campo de concentración "La Perla" y finalmente aparecieron asesinados dentro de un Torino en Colón y Sagrada Familia, en un enfrentamiento fraguado, típico de las llamadas "operaciones ventilador" que utilizaban los represores para encubrir los crímenes.

Sólo los restos de Palacios fueron recuperados de una fosa individual del cementerio San Vicente de Córdoba por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), gracias a un estudio genético.

El principal acusado admitió durante el juicio que "como comandante fui el único responsable de nuestros hombres. A mis dignos subordinados de entonces no se les puede imputar nada", por las tareas contra lo que denominó "la guerra contrarrevolucionaria" para "enfrentar y vencer al terrorismo marxista".


La Comisión por la Memoria de Florencio Varela apoya el nombre de Rodolfo Walsh a una escuela del partido

(AW) Los años de impunidad le dieron el nombre del dictador Aramburu. Los años de lucha le dan el nombre del periodista revolucionario. Una Escuela que pugna por cambiar su nombre de injusticia y una comunidad que apoya recuperar la identidad negada. La Comisión por la Memoria de Varela, emitió ayer, un manifiesto y la Walsh se hace eco de él.

Buenos Aires, miércoles 9 de julio

APOYO DE LA COMISIÓN POR LA MEMORIA DE FLORENCIO VARELA AL NOMBRE DE RODOLFO WALSH PARA LA E.E.T. Nº 2

La Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela se manifiesta a favor del cambio de nombre de la E.E.T. Nº 2 de nuestra ciudad. La elección del nombre de Rodolfo Walsh fue producto de un mecanismo transparente y democrático avalado por la mayoría de los integrantes de la comunidad de la escuela, por lo tanto no debería haber objeciones de ningún tipo para que la institución se saque de encima, por fin y luego de veinticinco años de recuperación de la democracia, el ignominioso nombre del dictador Pedro Eugenio Aramburu, impuesto en los años oscuros de la dictadura. La CMVJ de Fcio. Varela se solidariza con los docentes que están bregando para que se respete la voluntad de la mayoría de los miembros de la comunidad educativa, y se manifiesta dispuesta a acompañar las acciones impulsadas por la misma, ante las autoridades educativas del distrito y de la provincia, para que emitan criterio positivo y de apoyo a la culminación favorable de un proceso que sería doblemente reivindicatorio: 1º) Valorando las decisiones colectivas que saben cómo honrar a quienes, como Rodolfo Walsh, dieron testimonio en momentos difíciles denunciando los atroces crímenes de la dictadura, y que por ello dieron su vida en favor de la libertad y la democracia. 2º) En definitiva, acompañando con actos concretos el discurso pedagógico que menciona como una de sus metas primordiales la construcción de ciudadanía plena y participativa, transformadora de la realidad.

Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela (CMVJ)

9 de julio de 2008Florencio Varela


AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH


El país|Jueves, 10 de Julio de 2008
Defensor de represores y apoderado de Santa Cruz

Sánchez Herrera, sin conchabo

Por Adriana Meyer

Hace cinco años el abogado Carlos Sánchez Herrera perdía su puesto como procurador del Tesoro luego de que PáginaI12 publicara que había sido defensor del represor Juan Bautista Sasiaiñ. Duró sólo 13 días en el cargo. Sin embargo, dos semanas después de su salida del gobierno nacional asumió como apoderado del gobierno provincial de Santa Cruz, según su versión, a pedido del propio ex presidente Néstor Kirchner. Mientras tanto sumó otro cliente represor a esa tarea, que duró hasta el 23 de junio, cuando el gobernador Daniel Peralta decidió echarlo.

El fallecido general Sasiaiñ estaba imputado por la apropiación sistemática de menores durante la dictadura y contaba con los servicios de Sánchez Herrera, que presentó en tiempo y forma todas las apelaciones necesarias para obstaculizar el avance de la investigación. Consultado por este diario, había expresado que "es un tema espinoso", pero se justificó argumentando que "si los abogados dejan de lado esos asuntos habría muchos parias que no tendrían quién los defienda".

Sánchez Herrera había representado a la provincia de Santa Cruz en el juicio contra el Estado por las regalías petroleras y allí comenzó su relación con Kirchner, que apenas asumió lo nombró jefe de todos los abogados del Estado. Fue el encargado de enviar ese dinero al exterior para evitar –según explicó– que fuera "botín de guerra" de las futuras administraciones.

Su permanencia en la función pública, aunque provincial, fue detectada por la legisladora Gabriela Mestelán, que descubrió que Sánchez Herrera seguía representando a Santa Cruz en juicios ante la Corte Suprema nacional. El dato se hizo público en una entrevista en la que el abogado reiteró, como le había dicho a este diario en 2003, que "Kirchner sabía que yo había defendido a militares" con causas pendientes. "Y lo sigo haciendo", dijo quien ahora defiende al apropiador Norberto Bianco. Luego de una enérgica carta de las Abuelas de Plaza de Mayo al gobernador Daniel Peralta, la historia volvió a repetirse: tras 16 años Sánchez Herrera dejó de ser apoderado de la provincia.

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Red de Noticias Derechos Humanos

AGENCIA DE NOTICIAS PRENSA ECUMENICA

Una flor para León Duarte y Oscar Tassino.

Por Marys Yic.

Uruguay.

El daño que causaron los crímenes políticos cometidos en dictadura, que bien pueden calificarse de genocidio, fue demasiado profundo como para lograr superarlo sin una rendición de cuentas. Los muertos siempre son tozudos, pero especialmente cuando quedan sin sepultura ni duelo, y la ausencia de los desaparecidos sin un destino cierto, supone un vacío intolerable para los suyos y para el país.

Durante años los militares ejercieron el poder sin límites y convirtieron a hombres uniformados en disciplinados asesinos, que cumplieron ciegamente las órdenes de secuestrar, torturar y asesinar como parte de una metodología de gobierno. Las víctimas fueron personas con altos niveles de preparación y conciencia política, que fueron perseguidas en su mayoría por su activismo social. Uruguayos y uruguayas pacíficos, estudiantes, trabajadores, profesionales, sacerdotes, jóvenes e incluso niños.

El tiempo transcurre sin que el dolor de los familiares de los desaparecidos sea atenuado por la acción de la justicia. Caminamos entre la multitud sin que nada nos distinga de los asesinos que pasean libremente por las calles. Mientras tanto la sociedad continúa partida en dos por la memoria de unos tiempos oscuros. A unos les queda la amargura; a otros, una soberbia quebrada por el temor a una justicia tardía; y a muchos más, la vergüenza de una cobardía rayana en la complicidad.

Hoy quiero recordar a los uruguayos León Duarte y Óscar Tassino y en su nombre a todos los compatriotas desaparecidos.

León Duarte nació en Pajas Blancas, Montevideo, en el año 1928. Trabajó en el Frigorífico Artigas hasta que ingresó a FUNSA donde fue Secretario General del Sindicato y estuvo desde los comienzos en la formación de la Central Obrera CNT. Fue detenido junto a otros uruguayos en un bar de Buenos Aires el 13 de julio de 1976 por personas armadas entre las que estaba el oficial uruguayo Manuel Cordero. Allí mismo en la vereda los golpearon, esposaron y encapucharon. Son trasladados al centro clandestino de detención Automotoras Orletti, una vez allí, subieron a Duarte a otro piso y enseguida se oyeron sus gritos desgarradores. Sus compañeros lo vieron con vida en ese lugar hasta el 17 de julio, a pesar de que su estado de salud era malo por las reiteradas torturas recibidas, cuando se reponía daba ánimo a sus compañeros asumiendo una actitud protectora. Después de esa fecha fue " trasladado" con destino final desconocido.

Óscar Tassino nació en Montevideo en el año 1937. Empleado de UTE y dirigente sindical de su gremio. En la fecha de su secuestro su esposa se encontraba detenida, su detención se produce el 19 de julio de 1977 en el domicilio de compañeros de gremio. Allí se había montado una guardia y cuando Tassino llegó fue sometido a una brutal golpiza. Se lo llevaron en un auto tapándole la cabeza con una bufanda. Otros presos que lo conocían lo vieron en el centro de detención clandestino La Tablada, en Montevideo, donde fue torturado, murió el 21 de julio a raíz de un violento golpe en la cabeza contra una pileta. Según el informe de la Comisión para la Paz, fue enterrado en el Batallón 14 de Toledo y después exhumado e incinerado. Se desconoce su destino final.

Faltan muchas respuestas todavía, y la única vía de salida a este dilema es la obtención de la verdad y de la justicia que sólo la sociedad puede otorgar. Cuando la respuesta no llega, se prolonga una especie de culpa colectiva vivida de forma especialmente dolorosa. Debe haber una voluntad política clara y firme de los gobernantes, es necesario que den señales positivas en ese sentido y que pongan en marcha mecanismos más efectivos que incluyan una verdadera colaboración por parte de las Fuerzas Armadas.

Más temprano que tarde, las sociedades progresan, la humanidad progresa, depende de todos y de todo lo que hagamos, en tal sentido, por pequeño que sea. Esta será nuestra mejor forma de honrarlos y de devolverles la dignidad.

"La desaparición es la ausencia que se impone como una presencia abstracta, como la negación obstinada de la ausencia final". Julio Cortázar.+ (PE/Red DHS)

PreNot 7482

080708

08/07/08 - PreNot 7482

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Condenar al peón pero no al rey

Fuentealba es el último de una lista de fusilados en manifestaciones en democracia que se inició con Víctor Choque en 1995. María del Carmen Verdú.

09:07 |
María del Carmen Verdú*
09.07.2008
A veces no es necesaria una sentencia absolutoria para consagrar la impunidad. La impunidad, que no es otra cosa que un atributo del poder, a veces es mejor servida con una sentencia condenatoria que satisfaga en una mínima porción el reclamo popular de juicio y castigo pero que al mismo tiempo ponga a resguardo a quienes, circunstancialmente, administran el poder que debe ser protegido.

Fuentealba es el último de una lista de fusilados en manifestaciones en democracia que se inició con Víctor Choque (Ushuaia, 1995), y cerraba, hasta el 4 de julio de 2007, con Luis Cuéllar (2003, Jujuy).

A pesar de la larga nómina –plagada de nombres olvidados, como los fusilados de Corrientes de 1999–, casi ninguno de los asesinos, todos identificables, pues eran funcionarios estatales, fue condenados. La masacre de Corrientes no cobró, hasta hoy, un solo preso.

Algún tirador aislado del 19 y 20 de diciembre de 2001 fue condenado, pero el grueso de los ejecutores y sus mandantes siguen impunes. Ninguno de los responsables políticos de los asesinatos de Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Santillán o Barrios fue enjuiciado ni mucho menos condenado. Pero, decíamos, a veces no hace falta la sentencia absolutoria para que triunfe la impunidad.

El comisario Fanchiotti, sicario en el Puente Pueyrredón, fue condenado a prisión perpetua, como su colega Poblete, y esa sentencia contribuyó a garantizar la impunidad de sus mandantes, desde el presidente y sus ministros hasta el gobernador y sus secretarios. La condena de Poblete, como la de Fanchiotti, permitirá dilatar la de sus superiores. Del mismo modo, señalar como su jefe sólo a Sobisch y sus ministros oculta la responsabilidad del ex presidente Kirchner y su gabinete. Cuando los hechos superan el límite, jueces y fiscales no dudan en condenar al dedo que aprieta el gatillo, para garantizar la impunidad del cuerpo gobernante. Como en el ajedrez, si hay que salvar al rey y sus alfiles, no les importa perder uno o dos peones.

* Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).


Red de Noticias Derechos Humanos
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