miércoles, 23 de julio de 2008


JORNADA POR LA JUSTICIA
24 DE JULIO DEL 2008 DESDE LAS 9:30 DURANTE TODO EL DIA

H.I.J.O.S
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tres testigos identificaron a un represor de la esma

Los reconocidos de siempre

Era buscado por su alias, "Lindoro". Una rueda de reconocimiento confirmó su identidad. Quedó detenido con otros tres ex militares.

Martina Noailles
23.07.2008

ESMA. En ese centro clandestino actuaban los cuatro represores detenidos por Torres.

Casi treinta años después, ninguno dudó. Las arrugas y las canas no lograron esconder sus rasgos ni pudo disimular su forma particular de caminar entre los secuestrados de la ESMA. Por eso, el suboficial torturador que en la dictadura actuó bajo el alias de "Lindoro" quedó detenido. Su nombre real es Víctor Roberto Olivera. Tres sobrevivientes lo identificaron en la primera ronda de reconocimiento que se realiza en la megacausa que instruye el juez federal Sergio Torres.

Además de Olivera, ayer quedaron tras las rejas otros cuatro represores cuyos nombres y direcciones fueron aportados un mes atrás por la querella. Se trata del ex oficial Miguel Enrique Clements, quien bajo el alias de "Goyo" integró el Grupo de Tareas 3.3; y los ex suboficiales Paulino Oscar Altamira (alias "Alfredo"), Daniel Néstor Cuomo ("Danilo") y Juan de Dios Daer ("Oscar").

"Verlo me produjo una gran tranquilidad. Por fin atrapamos al asesino de Raimundo", dijo con alivio Carlos Lordkipanidse al salir de la rueda de reconocimiento que se realizó en la alcaidía de la Unidad 29, ubicada en el frío subsuelo de los tribunales de Comodoro Py. A su lado, Víctor Basterra, Osvaldo Barros y Andrea Bello compartían recuerdos del horror, empujados al presente por la imagen de Lindoro, parado detrás del vidrio espejado.

"Era un sádico", coincidieron los cuatro. Entre 1979 y 1980, Olivera se desempeñó como jefe de guardias de la ESMA. Además de torturar, en muchas ocasiones Lindoro salía a secuestrar.

"Durante mucho tiempo me obsesionaba saber dónde estaba. A semanas de una operación de hernia y minutos después de ser picaneado, este tipo entró a la sala y me pegó sin parar con una cachiporra sobre la herida. Además, sabía que había matado al 'Negro' Villaflor", memoró Basterra.

Según los testimonios, Olivera participó de manera directa en el asesinato de Raimundo Villaflor, un militante de las Fuerzas Armadas Peronistas que murió tras los palazos que le dieron Lindoro y otros tres guardias en el sector de la ESMA denominado "Capucha". Su hija Laura, querellante en la causa, fue una de las integrantes del colectivo Justicia Ya! que un mes atrás entregó al juez Torres los datos para ubicarlo. La información sobre el asesino de su papá había llegado a sus manos por una denuncia anónima.

La rueda de reconocimiento realizada ayer fue la primera en el marco de la megacausa ESMA. El juzgado decidió utilizar esta herramienta ya que, hasta ahora, el expediente no contaba con más datos que el sobrenombre del represor y debía confirmar que, tal como indicaba la denuncia, Lindoro era el Olivera que vivía cómodamente en un country de Pilar.

El juez Torres debe decidir ahora si procesa a los cinco nuevos detenidos. De hacerlo, el magistrado continuaría con la modalidad implementada a partir de la extradición de Ricardo "Sérpico" Cavallo: procesarlos por la totalidad de los delitos cometidos durante el período de actuación de cada uno de ellos en la ESMA.

Maggio y sus inscripciones que no se borraron

La pared del Casino de Oficiales conservó del paso del tiempo las marcas que dejó un desaparecido de la ESMA. Las inscripciones hechas con bolígrafo por Horacio Maggio decían "27/12/77 cio Maggio" y "3/3/78 H.M." y fueron encontradas por empleados del Instituto Espacio para la Memoria.

Las personas que están realizando tareas de conservación descubrieron ambos escritos el 4 de julio pasado sobre el muro del sector denominado "Pecera", donde algunos secuestrados debían realizar tareas de oficina.

Maggio trabajaba en el Banco Provincial de Santa Fe, donde era delegado sindical por la Asociación Bancaria. Cuando fue secuestrado tenía 30 años y militaba en la organización Montoneros. Según el libro Recuerdo de la muerte, de Miguel Bonasso, Maggio consiguió fugarse de la ESMA y desde la calle llamaba por teléfono a los marinos, a quienes "insultaba y les preguntaba cuánta gente más habían matado". Tras el escape, denunció su secuestro y las atrocidades que ocurrían en la ESMA por distintos medios. Los militares no lo perdonaron. Seis meses después lo volvieron a capturar y lo asesinaron. Su esposa, Norma Valentinuzzi, fue detenida un año después, el 11 de septiembre de 1979, y desde entonces está desaparecida.

Oposición en la Justicia a una reforma del Gobierno

Los juicios por la represión, en el centro de la polémica
Martes 22 de julio de 2008 | Publicado en diario de hoy

La inminente aplicación de una reforma procesal que apunta a acelerar causas judiciales está provocando una fuerte resistencia en la Justicia: tribunales de apelaciones, jueces y fiscales advierten que en las actuales condiciones los cambios pueden ser contraproducentes y retrasarían las investigaciones.

La ley en cuestión modifica el trámite de todas las causas penales de la justicia nacional y establece que la apelación en las diferentes cámaras ya no será escrita, sino oral, y que los debates serán públicos y quedarán grabados.

Sancionada el 21 de mayo e impulsada por el Gobierno para acelerar los juicios sobre violaciones a los derechos humanos, la norma estipula, además, que los camaristas deberán resolver las apelaciones de inmediato tras las audiencias, que se celebrarán no más de 30 días después de que los expedientes lleguen a los tribunales de alzada. Hasta ahora, muchos de esos trámites suelen demorar varios meses.

Cuando falta poco más de un mes para la entrada en vigor de la ley, el 29 del mes próximo, en los tribunales la preocupación crece y se multiplican las voces de alerta. Jueces y fiscales advierten que cada día los camaristas tendrán que atender audiencias durante más de diez horas seguidas, que aún no se crearon las oficinas que la ley prevé para organizarlas, que no hay salas suficientes para los debates y que tampoco hay personal ni recursos para hacer las grabaciones. Sostienen, además, que la norma es sólo un "parche", ante la paralización de la reforma integral del Código Procesal Penal, que el Gobierno anunció en septiembre del año pasado y que no tuvo avances en el Congreso.

Organismos de derechos humanos advierten que detrás del muro de críticas que levantaron los magistrados frente a la reforma puede esconderse un intento para "obstaculizar la democratización" del Poder Judicial. "Poner la Justicia de cara a la sociedad incomoda a muchos jueces", dijo a LA NACION Luciano Hazan, de Abuelas de Plaza de Mayo.

En los últimos días, la Cámara de Casación y por lo menos tres cámaras de apelaciones formalizaron su preocupación frente a los cambios. "La inmediata instrumentación en ciernes de la reforma resultaría contraproducente a la finalidad de la ley, al punto de que podría generarse más demora según surge de la comparación de la cantidad de días hábiles y el número de audiencias que deberán realizarse", afirmó la Cámara Federal de Rosario, en una acordada que se envió a la Corte Suprema.

Una preocupación similar expuso el presidente de la Cámara del Crimen porteña, Mario Filozof, en una nota que envió al Consejo de la Magistratura. Allí se puntualiza que en la actualidad el tribunal resuelve casi 70 causas semanales, de las cuales en casi 50 deberían celebrarse audiencias orales, por lo que los camaristas deberían atender un promedio de 10 debates por día. Eso implicaría una jornada laboral de más de 15 horas.

"Comparto plenamente la base filosófica y el espíritu de esta ley, pero sin una implementación adecuada va a fracasar", dijo Filozof a LA NACION. Coincidió con él, Eduardo Freiler, presidente de la Cámara Federal porteña. "Esto va a ir demorando las causas, porque ninguna persona tiene capacidad física para prestar atención durante más de 10 horas", sostuvo.

Por medio de una acordada en la que advirtió que "las reformas introducidas por la nueva ley presentan serias dificultades de implementación", también la Cámara de Casación pidió la intervención de la Corte. Angela Ledesma, una de las integrantes del tribunal penal, aclaró que "en términos generales" estaba de acuerdo con la reforma. "La ley se corresponde con la reforma integral en la que trabajamos el año pasado. Lo lamentable es que si se aplica una reforma parcial va a traer problemas de organización", dijo.

Aunque atento a esos posibles inconvenientes, el juez federal Daniel Rafecas destacó las virtudes de la oralidad: "Las audiencias orales permiten acelerar los tiempos, favorece la mediación entre las partes y evita la delegación de tareas en manos de subalternos".

El fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, sumó una advertencia: "En las actuales condiciones de infraestructura, personal y recursos, el resultado de la reforma puede ser el contrario al buscado, y que se retrasen las causas por superposición de audiencias". En términos similares, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral opinó que la reforma no es una herramienta apta para el objetivo buscado y que puede producir un retraso de las causas.

A medida que pasan los días, la incertidumbre crece. La forma en que se aplicará la reforma y sus resultados son un misterio.

Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION

Más cambios

  • La reforma que convierte en orales las audiencias de apelación es una de las leyes sancionadas en mayo para acelerar las causas de derechos humanos. También se decidió el pago de recompensas a testigos o imputados que colaboraran en esas investigaciones, la creación de una nueva Cámara de Casación, la agilización de las elevaciones a juicio y un sistema de reemplazo para los jueces de tribunales orales.

Miércoles, 23 de Julio de 2008
Descubrieron en la ESMA inscripciones hechas por un desaparecido

Rastros de un pasado indeleble

Los responsables del mantenimiento del ex centro clandestino de detención descubrieron en una viga de hierro dos firmas de Horacio Domingo Maggio, un desaparecido que se fugó de la ESMA y luego fue recapturado.

Por Diego Martínez
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En una inscripción se leen las últimas tres letras de su nombre, su apellido y la fecha "27/12/77". En la segunda sus iniciales y "3/3/78".

Treinta años después de su muerte, Horacio Domingo Maggio sigue dando batalla. El delegado bancario y militante montonero que en 1978 se fugó de la ESMA para denunciar ante el mundo las torturas y crímenes de la Armada en el corazón de Buenos Aires también dejó sus huellas en las vigas de hierro de la "Pecera", un sector del Casino de Oficiales donde los marinos obligaban a trabajar a los secuestrados. Miembros del equipo de conservadores del Instituto Espacio para la Memoria, responsables del mantenimiento del ex centro clandestino, descubrieron a principios de mes dos inscripciones con su firma. En la primera se leen las últimas tres letras de su nombre, luego su apellido y la fecha "27/12/77", cuando ya llevaba diez meses en cautiverio. En la segunda apuntó sus iniciales y "3/3/78", dos semanas antes de su fuga.

Maggio nació el 5 de enero de 1948 en Santa Fe. Miembro de la comisión interna del banco provincial, su militancia comenzó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y, luego de la fusión de las dos organizaciones, continuó en Montoneros. Fue secuestrado en Santa Fe el 15 de febrero de 1977. Desde allí fue trasladado a la ESMA.

Jaime Dri lo había dado por muerto pero para su sorpresa volvió a verlo en la ESMA, luego de su secuestro, en diciembre de 1977. "Era de cuerpo pequeño y magro y tenía un rostro discepoliano, que adornaba con una sonrisa constante", le describió Dri al periodista y diputado nacional Miguel Bona-sso, que desmenuzó su relato en Recuerdos de la muerte.

–La tortura se aguanta. Te juro que se aguanta –le repetía el Nariz, como apodaban a Maggio. Dri relató que, lejos de comportarse como un condenado a muerte, parecía "un ser todopoderoso", capaz de sembrar esperanzas en el contexto más horroroso.

–Hay que ganar, ¿entendés? Hay que ganarles la batalla –le explicaba Maggio a Dri, que meses después también logró burlar la inteligencia del capitán Jorge Acosta y fugarse de la ESMA.

El 17 de marzo de 1978, dos semanas después de escribir sus iniciales en la viga de la Pecera, le pidió permiso a uno de sus captores para ir al baño del Correo, adonde lo habían enviado, y logró fugarse. Durante los meses siguientes se dedicó a denunciar todo lo que vio y supo durante su cautiverio, a informar a las familias de los secuestrados dónde estaban sus seres queridos, y ni siquiera se privó de llamar a los marinos que lo habían torturado para insultarlos.

"Con los bolsillos llenos de cospeles y monedas, llamaba a sus verdugos, se identificaba, los insultaba y les preguntaba cuánta gente más habían matado desde que él no estaba en la ESMA. Y como una premonición, decía al teléfono: 'Va a haber un Nuremberg para todos ustedes, asesinos'", escribió Bonasso.

El testimonio de Maggio fue fundamental en varias causas judiciales, incluido el juicio de Italia contra los marinos de la ESMA. Ma-ggio relató que en la ESMA conversó con las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, quienes le relataron el secuestro en la iglesia de la Santa Cruz, y tras varios días de tortura fueron trasladadas "no sé dónde". También contó que Norma Arrostito había soportado "heroica y estoicamente durante más de un año de cautiverio la tortura y presión física y psíquica de los oficiales de la Marina" hasta que la inyectaron y murió en el Hospital Naval, según contó el Tigre Acosta a sus víctimas.

De boca del prefecto Gonzalo Sánchez, alias Chispa, hoy prófugo de la Justicia, supo los métodos de los marinos para deshacerse de los cadáveres. "Se les coloca una inyección (somnífero), se los envuelve en una lona y se los tira al mar", escribió en abril de 1978. Poco antes del mundial de fútbol su testimonio recorrió el mundo gracias a una entrevista que le realizó el subdirector de la agencia Associated Press.

Convertido en objetivo prioritario para los militares, volvió a caer el 4 de octubre de 1978. Pero no lograron secuestrarlo con vida. Estaba desarmado pero se resistió a piedrazo limpio hasta que una patota del Ejército lo asesinó. Su cadáver fue trasladado a la ESMA, donde Acosta lo expuso como trofeo de guerra ante el resto de los cautivos. "El que lo imite va a terminar como él", sonreía el Tigre. Un año después, el 11 de septiembre de 1979, fue secuestrada la esposa de Maggio, Norma Valentinuzzi, docente de 28 años que permanece desaparecida. Le sobreviven sus hijos Facundo y María Eva.

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|Miércoles, 23 de Julio de 2008
Piden juzgar los crímenes cometidos en El Vesubio

Ocho represores cerca de ir a juicio

Ocho represores procesados por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de detención conocido como El Vesubio, irán a juicio oral y público para ser juzgados por el secuestro y torturas de 156 personas que estuvieron allí cautivas. Así lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas en el marco de la "megacausa" del Primer Cuerpo del Ejército, reabierta tras la "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.

Los represores que van camino a juicio son el ex coronel Hugo Idelbrando Pascarelli; el ex general de brigada Héctor Gamen, alias "Beta"; el ex mayor del Ejército Pedro Alberto Durán, alias "Delta"; y otros cinco ex agentes del Servicio Penitenciario Federal. Junto a los ex jefes militares también están procesados los ex agentes penitenciarios Ramón "Pancho" Erlán, Roberto "Sapo" Zeolitti, Diego "Polaco" Chames, Alberto "Alemán" Neuendorf y José "El Paraguayo" Maidana.

En una resolución de alrededor de 600 carillas, el magistrado cerró la etapa instructoria y dispuso la elevación al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) para que se sustancie el proceso. El juez Rafecas recordó que en El Vesubio los prisioneros eran sometidos "a condiciones de cautividad infrahumanas" donde, al ingresar, se les asignaba un "código personal" en sustitución de sus nombres y se les "aplicaba torturas físicas". Entre quienes padecieron los tormentos de los represores se encuentra el historietista Héctor Oesterheld –quien, según testigos, en su cautiverio no dejó de escribir las obras con cuya publicación soñaba– junto al escritor Haroldo Conti y el cineasta Raymundo Gleyser. En esos centros clandestinos, a los que el magistrado alguna vez comparó con los campos de concentración del nazismo, las víctimas estaban privadas "de alimentación suficiente, de la posibilidad de higienizarse, de atención médica" y las humillaciones llegaban al extremo de obligarlos a exhibirse y deambular desnudos.

Esta elevación a juicio se suma a la ya efectuada el mes anterior por Rafecas respecto de los centros clandestinos de detención conocidos como Club Atlético, Banco y Olimpo con 15 represores por el secuestro y torturas de 200 personas.

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Jujuy al día - (Agenda Pública/Por María Inés Zigarán).No puedo escribir mucho más de lo que es público respecto de la vida de Andrés Fidalgo. Su producción literaria, su ejercicio en la justicia y su militancia en derechos humanos han sido ampliamente difundidas. Sin embargo hay algo que quiero agregar.

Lo recuerdo a Andrés aquella tarde de marzo de 2003, cuando comenzaba finalmente en Jujuy el Juicio por la Verdad, una conquista que alcanzamos para que la sociedad local pudiera conocer los horrores de la dictadura.

Andrés fue el primer testigo del juicio. Nuestro compañero Carlos Tilca que había pedido testimoniar antes de morir, no pudo llegar a la audiencia, el cáncer lo silenció. Entonces, quienes integrábamos el equipo de apoyo a los juicios volvimos a la idea inicial: convocar a Andrés para que iniciara este camino de reconstrucción de la historia de la represión. Nos parecía que la fuerza simbólica de este hombre de la cultura, sus conocimientos, su trabajo de investigación sobre derechos humanos y su historia personal, lo posicionaban como un testigo privilegiado para transitar el rompecabeza que sabíamos algún día nos iba a conducir hacia la justicia que reclamamos por los detenidos desaparecidos.

Andrés tuvo siempre una memoria prodigiosa, una memoria del detalle que volvía a sus relatos en historias sin final. Recuerdo sus apasionantes crónicas orales, llenas de información minuciosa que revestía un alto de grado de verdad porque eran el resultado de un trabajo que sometía a una enorme exigencia metodológica.

El día que comenzaba el juicio, Andrés estaba sentado, con una enorme entereza y dignidad, en medio de la sala que habilitó el Juzgado Federal en la esquina de Ramírez de Velazco y San Martín. El hombre sentado frente al juez, el Dr. Mariano Wenceslao Cardozo, con firmeza relató historias de los sucesos ocurridos en Jujuy durante la década del 70. Historias de las que no sólo fue testigo directo sino de la que fue además víctima. Y nuevamente dijo su verdad, la misma que había expresado ya en estrados judiciales anteriores en Buenos Aires, en España, la misma que repetía con paciencia y sabiduría en las conferencia, paneles, entrevistas y en cuanto diálogos informal era convocado..

Recuerdo que ese día cuando íbamos camino al Juzgado donde iba a comenzar el Juicio por la Verdad le dije a uno de los abogados del equipo jurídico, el Dr. Pablo Baca, que sentía una extraña sensación, tal vez contradictoria: estaba contenta por el avance que significaba iniciar el juicio por la verdad, pero al mismo tiempo sentía una enorme tristeza, que se me confundía con la culpa, porque Andrés-de nuevo- iba a tener que volver a relatar su versión sobre la fatídica historia de la dictadura en Jujuy. Una dictadura que había dejado en Andrés y en Nélida, su esposa y compañera entrañable, una enorme herida: la desaparición de Alcira, vista por última vez en la ESMA.

El extenso testimonio de Andrés duró poco más de cuatro horas y sólo terminó por decisión del juez, porque Andrés podía seguir hablando sin tiempo, ilimitadamente, recordando todos los detalles, todos los sucesos, todos los nombres, todas las sensaciones… de lo vivido durante su cautiverio en el Penal de Gorriti, su historia del exilio, sus luchas por la justicia, su apasionada búsqueda de caminos institucionales para mitigar los dolores del genocidio.

Debo decir que me impresionó siempre su entereza, su dignidad, su valor para relatar una y otra vez ese período negro de la historia argentina y hacerlo con firmeza, con precisión y una inmensa pasión por la verdad y la justicia. Sin venganza, sin extralimitaciones, sin intentar jamás infligir una calumnia o una injuria, sin agravios, y hasta diría sin rencores.

Andrés fue un hombre excesivamente apegado a la juridicidad y por eso cauteloso en la investigación y en la revelación de los resultados. Tan cauteloso que sólo proveyó la lista de los represores y sus cómplices a la justicia, no quiso incorporarla a su libro de memorias "Historia de las violaciones a los derechos humanos en la Provincia de Jujuy – 1976 – 1983" porque no quiso que fuera usada para una condena social irresponsable, en tiempos de impunidad que eran un caldo de cultivo para la bronca. El sabía que llegaría el tiempo de la justicia, porque para eso trabajó y por suerte pudo ver este tiempo, pudo vivir la alegría de la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, pudo asistir al reinicio de los juicios penales y pudo ver que las garantías judiciales que les fueron negada a los desaparecidos, les fueron reconocidas a los represores, para quienes no quiso más que la condena que está prevista en las leyes.

A pesar de su historia personal, de la herida lacerante por Alcira, Andrés mantuvo siempre la calma. Tuvo una fortaleza y una integridad ejemplares. Nos enseñó a todos quienes compartimos la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que el camino es árido pero que es posible llegar y que la utopía no es más que una verdad anticipada. Gracias por su valor, sus enseñanzas y su herencia. Que seamos capaces de vivirla.

Tambien Reynaldo Castro recuerda a Andres Fidalgo en su sitio

http://reynaldocastro.blogspot.com

Re de Noticias de Derechos Humanos


Cuando debían leerse los fundamentos de la sentencia contra ocho pobladores de El Chacho, el Movimiento Campesino de Córdoba marchó por el centro de Cruz del Eje y protestó frente casa del juez Ricardo Py.

Los campesinos marcharon hasta la casa del juez que los condenó por usurpación.

Por Alexis Oliva - Prensared

"Con mezcla de curiosidad e indignación por la arbitraria e inescrupulosa sentencia -decía el comunicado previo del Movimiento Campesino de Córdoba- nos daremos cita el lunes 21 de julio a las 9,30 horas…".

Había frente a la sede de Tribunales unos cincuenta militantes a esa hora, en que estaba prevista la lectura de los fundamentos del fallo con que el juez Ricardo Py condenó, el 24 de junio, a ocho pobladores de la localidad de El Chacho a cinco meses de prisión en suspenso, por la "usurpación" de un campo en y del que vivieron durante generaciones, contra la opinión de la Fiscalía de Cámara, que había pedido la absolución.

La indignación también tenía que ver con la decisión de "restituir" al comerciante Rodolfo Buttie el campo La Novena Acción, a pesar de que un fallo civil previo, del juez Fernando Aguado, reconoció la posesión ancestral a las familias campesinas.

Pero ni siquiera la curiosidad pudo ser satisfecha, porque la lectura de los fundamentos se pospuso para las 12,30 del mediodía. Ya la indignación no podía esperar más y comenzó a desatarse con cánticos y pintadas contra el juez Py. Los policías que custodian la sede tribunalicia cerraron filas frente al ingreso e intentaron detener a una militante que pintó en la explanada un stencil con la leyenda: "Py, juez corrupto al servicio de los ricos". En el forcejeo, un agente se quedó con el aerosol pero los manifestantes se llevaron a la chica.

Así comenzó una larga caminata que recorrió varios kilómetros desde la plaza norte hasta la plaza sur de la lunguilínea ciudad de Cruz del Eje, pasando por el centro y con una última parada en la residencia del juez, en la esquina de Vélez Sársfield y Formosa.

Celosamente custodiada por la policía, la columna iba encabezada por una camioneta con un sonido que propalaba: "¡Alerta, alerta que camina la lucha campesina por América Latina!". "¿Quiénes somos? ¡Campesinos! ¿Qué queremos? ¡Tierra, trabajo y justicia!".

Las consignas, las pintadas, las banderas multicolores, las pancartas y sobre todo el aspecto humilde de los manifestantes no cuajaban con las movilizaciones agrarias que los cruzdelejeños estaban acostumbrados a ver en estos días, por la tele e incluso marchando por estas mismas calles y frente a estos mismos comercios, algunos todavía con carteles que decían: "Apoyo al campo".

Este era "el otro campo", el que no aparece en televisión, el del interior de un departamento donde el avance de la frontera agropecuaria causado por la fiebre sojera ha profundizado desigualdades y conflictos históricos por la tenencia de la tierra, donde la resistencia de los campesinos al despojo termina invariablemente llevándolos ante la Justicia Penal.

Algunas de esas broncas se canalizaron frente a la lujosa casa del juez Py, donde los manifestantes arengaron al vecindario y graffitearon sobre el asfalto ante la vigilancia policial que se apostó frente a la fachada. Mientras tanto, el magistrado, perturbado por la noticia, hacía suspender una audiencia de la Cámara Penal en un juicio por homicidio.

Amén de las indicaciones para vecinos, improperios varios y analogías escatológicas con el apellido del propietario, quedó atravesada en la esquina una leyenda simple pero elocuente: "El Chacho presente".

www.prensared.com.ar


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Red de Noticias Derechos Humanos




"Ecodias" GENOCIDIO en BBlanca. Genocidio en la ciudad
Balance fiscal
(Redacción EcoDias) -
Durante los últimos meses la causa "Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército", que tramita en el Juzgado Federal N° 1 la Secretaría de Derechos Humanos -a cargo del dr. Mario Fernández Moreno- ha registrado algunos de los tan ansiados avances exigidos por la querella y parte de la sociedad que exige el Juicio y Castigo a los torturadores, violadores, ladrones y genocidas de la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976.

En la actualidad el titular del juzgado, Alcindo Álvarez Canale, se encuentra de licencia hasta el 17 de agosto y los trámites son firmados por el subrogante, dr. Eduardo Tentoni, también juez ad hoc en la causa Puerto Belgrano desde febrero de 2007.
EcoDias dialogó con el fiscal en Primera Instancia, dr. Antonio Castaño, para evaluar la marcha de la instrucción.
El funcionario judicial informó que, salvo el caso del coronel Mario Alberto Casela a quien se le dictó la falta de mérito, los procesamientos del resto de los represores "están en trámite de apelación" y para cuando dicho trámite sea superado, ya cuentan con "una resolución de Procurador General de la Nación que permitiría la posibilidad de pedir la elevación a juicio oral". Esta medida puede darse "independientemente de que los defensores amplíen -si se da la confirmación por parte de la Cámara- la apelación ante el Tribunal de Casación Penal de la Nación".
"Creo que ateniéndonos a lo que normalmente hicimos en la etapa de instrucción con relación a todos estos imputados tenemos sobradas esperanzas de que puedan ser confirmados los procesamientos", opinó el fiscal.
Para Castaño, de las declaraciones indagatorias surgió "prácticamente lo que teníamos: la mayoría eran los carceleros, algunos -como declaran los testigos- bastante sanguinarios", aunque en varios sucesos "seguimos teniendo los apodos y todavía no hemos detectado la identidad de las personas que ocupaban esos lugares y también torturaban a los detenidos en los centros clandestinos de detención como La Escuelita".
A pesar de esto, la investigación sigue adelante: "Hay pedidos nuestros de detención y llamado a prestar declaración indagatoria de otras personas que prestaron servicios en el ámbito del Comando V Cuerpo".
Entre ellos, sobresale el ex jefe de Inteligencia del V Cuerpo, coronel retirado Aldo Mario Álvarez, quien -según información publicada en el diario Página/12 a principios de año por el periodista Diego Martínez- fue "compañero de promoción y amigo de Ramón Camps", gerente "en las sombras" de la agencia de seguridad privada Alsina SRL hasta 1998 de la cual fue "dueño hasta marzo de 2000 cuando cedió las acciones a su yerno".
En cuanto a las estrategias defensivas expuestas en las indagatorias, Castaño aseguró que "lógicamente la tendencia a tratar de desincriminarse es común a todos. La realidad es que si bajamos de jerarquía, todos apuntan a (Adel) Vila que era quien estaba a cargo de la subzona y en definitiva tenía la vinculación directa con el jefe del Comando V que era (el comandante Osvaldo) Azpitarte o (el general Abel) Catuzzi" posteriormente.
Por otro lado, en los casos de los ex titulares del Batallón 181 -Argentino Cipriano Tauber y Jorge Enrique Mansueto Swendsen- advirtieron que aquellos detenidos que si bien no pasaron por La Escuelita estuvieron en el Batallón, pero "no en condiciones clandestinas sino como gente que sabía donde estaba y con condiciones totalmente diferentes".
"Eso en definitiva no nos atañe porque estaban detenidos ilegalmente, sin ningún tipo de justificación, se manejaban fuera de todo contexto legal porque los jueces no tenían conocimiento de las detenciones y las circunstancias que estaban atravesando dentro del Comando. Para nosotros sigue siendo ilegal", manifestó el fiscal.

La (in) Justicia durante la dictadura
Cuando los acusados intentaron desligarse de responsabilidades apuntando a las inspecciones que realizaban autoridades de la justicia -federal o provincial- el juez de la causa sostuvo que "lejos de justificar" la conducta de los imputados "implicaría la responsabilidad penal de los funcionarios que, teniendo la obligación de denunciar las irregularidades en que incurría el Servicio Penitenciario en esta ciudad, no lo hicieron".
Al ser consultado acerca de la participación de los funcionarios del Poder Judicial mencionados por los imputados -sobre todo el entonces juez federal Guillermo Federico Madueño-, Castaño afirmó que "no se podía hacer absolutamente nada porque a partir del golpe estaban todos bajo la órbita de la estructura de las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército al que tenían que estar subordinados todos los estamentos de cualquier tipo, sea nacional o provincial, bajo la órbita, en este contexto, del Comando V Cuerpo".
"Madueño era el juez federal, supuestamente tendría que tener conocimiento o como todo juez cumplir con su cometido de visita a las distintas unidades carcelarias que pudieran estar en el lugar y, como consecuencia de eso, haber tomado conocimiento de estas circunstancias. Pero dicen las autoridades carcelarias que los detenidos nunca pidieron hablar con el juez ni nada por el estilo", detalló el titular de la Fiscalía en Primera Instancia.
En cuanto a la posibilidad de vincularlos con la causa, comentó que "lo estamos viendo", puede que "estén involucrados directamente por no haber tomado conocimiento de esas circunstancias. Independientemente de que todos estábamos en ese momento en una nebulosa general, después del golpe y los acontecimientos con el correr de los días y los meses, si uno hacía una visita normal a la totalidad de la cárcel y por más que esos eran detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, tiene injerencia directa el juez federal".
"Tomar conocimiento de esas personas y las condiciones en que estaban detenidas era su obligación y cualquiera se daba cuenta que el estado en que estaban no era de personas que habían sido bien tratadas: investigar eso era bastante fácil", sentenció
.



1 comentario:

Hernán Bernasconi dijo...

En materia de derechos humanos y tomando el ejemplo del caso de Guillermo Federico Madueño habría que investigar la actuación de quien hoy se puso el traje de defensor de los derechos humanos pero fue funcionario judicial y juez federal en Azul en los tiempos de la dictadura militar y tuvo una estrecha relación con el Cuartel del Ejército de esa localidad. Me refiero al abogado Jorge Ferro hoy juez de la Cámara Federal de Mar del Plata.
Según me han relatado habría archivado, sin investigar, la causa de un muerto que habría aparecido en un canasto de panadería ingresado a la Cárcel de Azul que habría sido sacado de esa unidad por el ejército para ser interrogado por montonero, torturado y asesinado. No obstante la causa se habría archivado. Ese hecho puntual habría ocurrido en los últimos tiempos de la dictadura.
Hernán