jueves, 31 de julio de 2008

Fuente: AFADER
En Entre Ríos no hay represores presos, a tres años de la reactivación de las causas

A tres años de la reactivación de la mayoría de las causas por crímenes de la dictadura, los represores prófugos suman más que los condenados, ya que hay un total de 55 genocidas que no han sido localizados, entre ellos Norberto Raúl Tozzo (foto), imputado por la Masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados tres militantes entrerrianos; mientras que apenas 22 fueron condenados por tribunales federales. En los más de mil expedientes judiciales hay 429 procesados, pero ninguno de ellos en la provincia de Entre Ríos, donde hay una treintena de militares y civiles imputados.
Según los datos de la Unidad Fiscal, que realiza el seguimiento de estos expedientes, hasta hoy han sido condenados 22 represores mientras que la Justicia aún intenta localizar a otros 55 que permanecen prófugos. Del informe también se desprende el paso lento con el que avanzan los más de mil expedientes judiciales, ya que de los 429 procesados, 334 aguardan el juicio oral en prisión preventiva.
Uno de los represores prófugos es Norberto Raúl Tozzo, imputado por su participación en la Masacre de Margarita Belén, el 13 de diciembre de 1976, en la que fueron asesinados los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez. Tozzo está prófugo desde el 30 de abril de 2005, cuando el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó su captura nacional e internacional. El represor tenía negocios en distintos medios de comunicación en María Grande y Hasenkamp, en la provincia de Entre Ríos.
Tras la condena contra el ex jefe del Tercer Cuerpo Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores del centro clandestino de detención La Perla, el registro que depende de la Procuración General de la Nación actualizó sus datos. Según sus planillas, el distrito judicial con mayor cantidad de causas tramitadas es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 27 expedientes con 135 procesados. Lo siguen Córdoba, con 15 causas y 53 procesados, y La Plata, con 12 y 46, respectivamente.
En Entre Ríos hay seis causas abiertas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, cuatro en el Juzgado Federal de Paraná y dos en Concepción del Uruguay, pero ninguna de ellas tiene procesados. De hecho, sólo en la causa por robo de bebés han declarado como imputados algunos represores y médicos del Hospital Militar de Paraná.
A fin de año, la cantidad total de condenados podría aumentar. En los próximos días, la Justicia Federal de Corrientes dictará sentencia por los crímenes en el Regimiento de Infantería 9, de los que están acusados seis militares.
El 5 de agosto comenzarán en Tucumán las audiencias por el asesinato del senador Guillermo Vargas Aignasse que sentarán al banquillo a Menéndez y al entrerriano Antonio Domingo Bussi. Y el 21 de agosto, el Tribunal Oral Federal Número 5 juzgará a otros cinco represores de los centros clandestinos Mansión Seré, El Vesubio y Mar del Plata.



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Red de Noticias Derechos Humanos




REINICIA CAUSA EX RI9
Querella replica "error de prohibición" a la defensa

En el reinició de la causa ex Regimiento Nº 9 este martes, querella replicó planteamientos de "error de prohibición", sostenidos por las defensas, con los cuales habían solicitado la nulidad de condenas para los cinco ex militares imputados por cometer delitos de Lesa Humanidad en Corrientes durante la última dictadura.

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La cusa reinició tras el receso de invierno que año a año suspende la actividad judicial en Corrientes por dos semanas. Los primeros en tomar la palabra fueron Mario Bosch.y Daniel Domínguez Henaín, querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Siguieron a las exposiciones de ambos letrados las de los abogados Diego Vigay y Ramón Leguizamón, representantes de las querellas presentadas por las familias Vargas y Artieda, familiares de los dos desaparecidos por los que se inició la causa ex Regimiento Nº9.

Durante sus réplicas, las querellas coincidieron en cuestionar al recurso utilizado por las defensas de los cuatro ex oficiales del Ejército y del ex gendarme Raúl Reynoso para pedir al Tribunal Oral la nulidad de las condenas que pesan sobre los imputados: "el error de prohibición".

El recurso fue planteado durante el proceso por el doctor Molina, quien sostuvo que los imputados actuaron al cometer delitos de Lesa Humanidad conducidos por una "virtual legalidad".

Fundaron esa legalidad, según Molina, los decretos "antisubversivos" expedidos por Isabel Perón que fueron continuados por las cúpulas militares, y por la dirección de un clero que "bendijo" a los imputados en sus crímenes.

El error de prohibición sucede cuando por debida negligencia el acusado comete un delito sin comprender la criminalidad del acto, por lo cual se debe excluirle la culpabilidad.

La querella replicó el planteo de la defensa sobre la base de que en caso de crímenes atroces como los cometidos por los cinco imputados -privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidio- "por más alejado que se encuentre de la jurisprudencia", el fundamento de la no comprensión del acto de criminalidad no es justificable.

"Estamos hablando de los crímenes más terribles que se puedan conocer. Nadie puede dejar de reconocer ante estos crímenes su ilegalidad. Es una prohibición dogmática que no se ajusta al derecho", dijeron los letrados.

A la vez, advirtieron que pactos internacionales a los cuales adhiere la República Argentina sostienen que los delitos de Lesa Humanidad no gozan de revocamiento de culpa, ni por "error de prohibición".

Por otro lado, la querella cuestionó a la defensa por solicitar con insistencia a los testigos que sindicaron de torturadores en varias oportunidades a los imputados detalles de los momentos de tortura o de las condiciones de detención.

Los abogados explicaron que la psicología de los detenidos, durante situaciones traumáticas, se centró en la mayoría de los casos, en cuestiones mínimas de supervivencia, y no en detalles de vestimenta o posiciones.

Las réplicas continuarán este miércoles con la palabra de la Fiscalía, y luego se dará paso a las dúplicas de la defensa. Los letrados estiman que, de seguir a este rimo la causa, el Tribunal dictara la sentencia cuando mucho la próxima semana.


Aseguran no tener respuesta del Gobierno

Testigos santafesinos de causas por la represión denuncian amenazas


Testigos y querellanes de las causas que investigan la represión durante el último proceso militar en nuestra provincia denunciaron que "el aparato represivo aún impune (los) amenaza y amedrenta permanentemente". Por este motivo, solicitaron audiencias "urgentes" al Gobierno Provincial y aseguran que no obtuvieron "ningún tipo de respuesta".

"Desde el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, integrado por Organismos de Derechos Humanos, Organizaciones Gremiales, Sociales y Políticas, hemos solicitado audiencias con el Ministro de Justicia y la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, con carácter de urgente, el 1º y el 22 de Julio, sin obtener ningún tipo de respuesta", asevera un comunicado de prensa difundido por la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe.

El carácter de "urgente" de los reclamos elevados al Gobierno son debido a la proximidad de los juicios a las siete personas procesadas bajo la denominada "Causa Brusa", en la que se les imputan distintos cargos en su contra por haber participado de la represión durante el Proceso en Santa Fe.

Los procesados son: María Eva Aebi, Víctor Hermes Brusa, Héctor Romeo Colombini, Mario José Facino, Juan Calixto Perizzotti y Eduardo Alberto Ramos.

Testigos y querellantes de la investigación judicial aseguran recibir desde hace un tiempo "amenazas" y aseguran que el "aparato represivo aún impune" los "amedrenta permanentemente".

"Ni la Justicia, ni el gobierno, ante quienes hicimos todas las denuncias, nos han dado ninguna respuesta. Porque no queremos nunca más otro caso como el del compañero Julio López, es que hacemos pública nuestra demanda de ser recibidos por el Sr Ministro (Héctor Superti) y la Sra Secretaria de Derechos Humanos(Rosa Acosta)", finaliza el comunicado.


El país / Edición Impresa www.criticadigital.com.ar




-- El represor Juan Antonio Azic continuará detenido. Así lo confirmó la Cámara Federal porteña que prorrogó, por un año más, la prisión preventiva dictada por el juez Sergio Torres en la megacausa ESMA. El ex suboficial de la Prefectura está procesado por secuestros y torturas cometidos en ese centro clandestino y por la apropiación de dos niñas nacidas en cautiverio. Una de ellas es la diputada kirchnerista Victoria Donda Pérez, quien recuperó su identidad en octubre de 2004.

En una resolución dictada el 21 de julio pero conocida ayer, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun ratificaron lo resuelto en primera instancia por Torres y coincidieron en que, en caso de ser liberado, el represor intentaría eludir el accionar de la Justicia.

"Más allá de la clandestinidad que rodeó el accionar del grupo de tareas que funcionaba en la ESMA, es evidente la intención del imputado de entorpecer las investigaciones ya que se verifica un actuar tendiente a evitar que se descubra el destino final de las víctimas", dice el fallo.

La cuestión había llegado a la Cámara en razón de un recurso presentado por el defensor oficial Juan Manuel Mendilaharzu, quien había aludido a la "avanzada edad" y a supuestos problemas de salud de su asistido, de 67 años.

Azic recibió la noticia en la clínica psiquiátrica San Jorge, donde se encuentra detenido desde 2003, cuando sobrevivió a un intento de suicidio con un disparo en la boca. Tras la muerte de Héctor Febres –envenenado en su celda–, el represor miembro del grupo de tareas 3.3.2 dejó de estar custodiado por sus camaradas de Prefectura y actualmente lo vigilan agentes del Servicio Penitenciario Federal.

Red de Noticias Derechos Humanos


Un siquiatra de la Corte de la Nación examinará hoy a Bussi
A las 11 está previsto que el médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Marcelo Gustavo Rudelir, examine al represor Antonio Domingo Bussi. Luego, el siquiatra elevará un informe al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, que decidirá si el ex gobernador de facto está o no en condiciones mentales de presentarse en el juicio. El nuevo examen se realizará por cuestionamientos al informe de la Junta Médica de profesionales tucumanos.

Hoy es un día clave para despejar las dudas sobre cuál es el estado mental del represor Antonio Domingo Bussi. A las 11 está previsto que el médico del Cuerpo Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el siquiatra Marcelo Gustavo Rudelir, examine al ex gobernador de facto en el country de Yerba Buena donde goza del beneficio del arresto domiciliario.

Rudelir analizará las condiciones síquicas de Bussi acompañado del médico de parte del imputado, Héctor Warnes. El nuevo examen mental responde a un pedido del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán luego de los cuestionamientos que realizó el fiscal general Alfredo Miguel Terraf sobre el informe de seis médicos tucumanos (ver aparte), quienes concluyeron que el represor no estaba en condiciones mentales de someterse al juicio.

Según altas fuentes del Tribunal, no se sabe si el médico forense elevará su informe hoy o en los próximos días. Sus conclusiones son esperadas por el Tribunal que tendrá que resolver si Bussi está o no en condiciones mentales de presentarse en el debate oral y público. Esta medida se realiza en cumplimiento del artículo 78 del Código Procesal Penal de la Nación.

Ya con este diagnóstico en sus manos, los jueces del Tribunal esperarán el informe clave sobre el estado de salud física de Bussi, que se realizará el próximo 4 de agosto, un día antes del inicio del juicio en el que se juzgará también al ahora condenado Luciano Benjamín Menéndez por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. Este examen también será realizado por peritos del máximo tribunal de la Nación.

Con los resultados de los dos informes, el Tribunal, integrado por Carlos Jiménez Montilla (presidente) y los jueces Gabriel Casas y Josefina Curi (jueza de la Cámara de Santiago del Estero) subrogante, resolverá si suspenden o no el juicio a Bussi. "El Tribunal es el único que decide si Bussi va o no al juicio; las pericias no son vinculantes", recalcó un alto funcionario del Tribunal.

En caso de que el Tribunal decida suspender el debate, se abren dos alternativas: hacerlo sólo para el caso de Bussi o también para Menéndez. Dependerá de la gravedad que presente la salud de Bussi. Si puede revertirse en el corto plazo, puede aplazarse para los dos represores. Y en caso contrario, sólo por el ex gobernador de facto. Por lo tanto, el inicio del juicio, que si bien fue ratificado por el Tribunal, aún es incierto.


Notas Relacionadas

Domingo, 27 de Julio de 2008
JAIME DIAZ GAVIER, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL QUE CONDENO A LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ

"No hicimos más que aplicar la ley"

El magistrado cordobés señala que todavía hay sectores de la Justicia que son renuentes a investigar los crímenes de la dictadura, asegura que la cárcel común debería ser la regla y la domiciliaria la excepción y que hay que garantizar la publicidad de este tipo de procesos.

Por Diego Martínez
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Cordobés de 58 años, juez desde 1993, Jaime Díaz Gavier fue el encargado de leerle a Luciano Benjamín Menéndez su condena a prisión perpetua por cuatro de los miles de crímenes que cometió cuando gobernaba, a su manera, diez provincias argentinas. Junto con los vocales Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará, resolvieron que el general retirado de 81 años pasara el resto de sus días en la cárcel de Bouwer, donde el jueves cenó puchero. Entrevistado por PáginaI12 horas después del histórico fallo, Díaz Gavier destacó la contribución de las víctimas, explicó que la cárcel común debe ser la regla y la domiciliaria una excepción bien fundada y consideró "un poco absurdo" impedir la difusión de las imágenes de los imputados como ocurre en el Tribunal Oral Federal 5 porteño. "La Justicia no estuvo ni está al margen de lo que pasó en la Argentina. Muchas de las cosas que pasaron no habrían sido posibles sin su consentimiento o indiferencia", reflexionó.

–¿Qué siente tras haber condenado a prisión perpetua a Menéndez?

–La sensación es de deber cumplido. Es una satisfacción en el sentido de que los juicios se han hecho esperar muchos años. Luego se destrabaron, pero aún así hubo idas y vueltas. Los juicios son producto del reclamo de la sociedad argentina para esclarecer, determinar los hechos, fijar responsabilidades penales e, incluso, como un modo genuino de poder superar la historia para poder seguir adelante sobre una base de justicia efectiva. Siento satisfacción porque fue un gran trabajo montar este juicio en tan poco tiempo, pero se hizo precisamente con la idea de que había que dar respuesta a la sociedad de la manera más rápida posible, dentro de los marcos procesales y los términos que debemos respetar.

–¿Qué simboliza para usted Menéndez, no como juez, sino como ciudadano de Córdoba?

–Para mi generación, que atravesó el llamado "proceso", la dictadura militar, en la plenitud de la juventud (en 1976 Díaz Gavier tenía 26 años e iniciaba su carrera como abogado), el recuerdo es muy complicado. Se asocia a todo tipo de temores, inseguridades. Lo importante es que la historia siguió su curso y, aunque con demora, se ha podido llevar adelante el juicio y dictar sentencia.

–¿Fue difícil tomar la decisión de hacer cumplir la pena en una cárcel común?

–Siempre es difícil decidir sobre la libertad de una persona, sea quien sea. Desde el punto de vista jurídico y procesal, la primera dificultad pasa por determinar los hechos y atribuir responsabilidades. En estos casos es aún más complejo por el tipo de delitos, cometidos de manera tal de disimular y hacer desaparecer las pruebas. Desde ese punto de vista, lo difícil es la condena en sí. Sobre la prisión común, no hicimos más que aplicar la ley, que establece que una persona condenada debe cumplir su pena en un establecimiento penitenciario del Estado. Hay excepciones, como la edad o eventualmente una enfermedad en estado terminal, pero aun en esas situaciones la ley requiere informes y dictámenes médicos y psicológicos que justifiquen la imposibilidad de cumplir la pena en la cárcel. Se está cumpliendo la norma, así debe ser.

–¿Qué balance hace del desarrollo de las audiencias? La sensación es que todas las partes quedaron conformes.

–Afortunadamente sí, creo que pudimos manejarlo con imparcialidad, con objetividad. Es evidente que había tensiones muy fuertes, dramáticas, no comunes en otros juicios, porque se trata de un período de la historia muy complicado y que no ha terminado de procesarse. De manera tal que haber podido llevarlo adelante en un marco de respeto a los derechos de las partes y de control de todo tipo de reacciones fue muy importante. En ese sentido me parece importante destacar la actitud del público, básicamente constituido por víctimas o familiares de víctimas, que hicieron un verdadero esfuerzo de autocontrol y consiguieron dominar reacciones que hasta podrían ser comprensibles.

–¿Se quejaron los imputados por la difusión que tuvo el juicio, por su exposición ante las cámaras? Se lo pregunto porque en Capital Federal el tribunal oral que concentra la mayor cantidad de juicios por crímenes de lesa humanidad, el número cinco, impide que se conozca el rostro de los imputados e incluso que se transmita el audio de sus sentencias.

–(Silencio.) Confieso que no lo sabía y en principio no me gusta esa idea. Entiendo que debemos respetar el principio de publicidad, de manera que la gente pueda conocer la actuación de un poder del Estado. Ignoro las razones y valoraciones del TOF 5. Lo que hicimos aquí fue preservar la seguridad de los testigos para que no ocurrieran casos como los de Julio López. El cuerpo policial encargado de custodiarlos cumplió y cumple su tarea con eficiencia. Honestamente me parece que preservar la identidad de los imputados es un poco absurdo. El pueblo tiene derecho a conocer quiénes son. A quien hay que proteger es al testigo que está prestando un servicio público, máxime cuando pasaron por situaciones extremas.

–Antes del comienzo del juicio, usted dijo que un sector minoritario de la Justicia no era partidario de avanzar con las causas por crímenes de la dictadura. ¿Sigue existiendo esa resistencia?

–No tengo ninguna duda. Hablo al menos de la Justicia federal, que integro y conozco, y es la encargada de intervenir en estas causas. Creo absolutamente que, no sólo en Córdoba sino en todo el país, la Justicia no estuvo ni está al margen de lo que pasó en la Argentina y que muchas de las cosas que pasaron no habrían sido posibles sin el consentimiento o la indiferencia de actores sociales que no atendieron estas cosas, que no querían creer o ver. La Justicia es parte de la sociedad y tiene los mismos síntomas de crisis. Es evidente que existen sectores que fueron y son renuentes a investigar y juzgar este tipo de crímenes.

–¿Conoce la cárcel de Bouwer? ¿Cómo es el calabozo de Menéndez?

–Sí, somos también jueces de ejecución de sentencias, tenemos el deber de visitar a los condenados. Honestamente no he visto qué calabozo le asignaron, pero conozco el módulo, los pabellones. Es una cárcel moderna, de las mejores que me ha tocado ver en el país. Las celdas individuales tienen sanitario y lavabo. En otros sectores lamentablemente hay superpoblación. En el sector del pabellón donde están los detenidos vinculados a fuerzas de seguridad y armadas el régimen es el mismo que en el resto de la cárcel. Por razones obvias no pueden tener contacto con la población común, porque su destino sería muy previsible.

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Martes, 29 de Julio de 2008
150 mil pesos para recapturar al represor fugado

Trampera para el Laucha

Once policías de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal fueron separados de sus cargos y dos de ellos quedaron detenidos. La Policía Aeroportuaria tomó a su cargo la investigación.

Por Adriana Meyer
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El represor Julián "Laucha" Corres se fugó el sábado a la madrugada.

Mientras el represor Julián "Laucha" Corres sigue prófugo, su búsqueda pasó a manos de la Policía Aeroportuaria y el gobierno nacional ofreció una recompensa de 150 mil pesos a cambio de datos que permitan ubicarlo. Sin embargo, sigue siendo un misterio quién está a cargo de la flamante Unidad Especial del Ministerio de Justicia, encargada de la búsqueda de delincuentes de lesa humanidad prófugos. Para el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, hubo "negligencia" o "connivencia formal". Según dos organismos de derechos humanos, existió "complicidad del aparato estatal". Fueron relevados once policías, dos de los cuales siguen detenidos, luego de que este ex teniente de Inteligencia del Ejército –procesado por secuestros, torturas y asesinatos en La Escuelita y a la espera de ser enjuiciado– se escapara el sábado a la madrugada de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal. Las víctimas organizaron una cadena de correos electrónicos para difundir la foto de Laucha Corres. "Esto es un escándalo, una provocación", le dijo a PáginaI12 Patricia Chabat, sobreviviente de ese centro clandestino.

"La fiscalía trabajó muchísimo para detenerlo y que se vaya así por la puerta principal... los policías denunciaron el hecho horas después, ni siquiera armaron algo para simular una fuga... algo falla, aunque suene repetido, pero está claro que no se desmanteló el aparato represivo", agregó Chabat, que en 1999 identificó a Corres en el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca. Chabat vive en La Plata e integra la Unión por los Derechos Humanos. "Estamos muy limitados, no sólo fue la propia Policía Federal, el juez tampoco lo mandó a otro lado más seguro siendo que había estado prófugo y concurría a una empresa petrolera como si nada... es una cadena que permite y fortalece la impunidad", sostuvo.

El fiscal federal bahiense Hugo Cañón dijo a Páginai12 que hay "valiosos aportes de pruebas", tras los allanamientos a la delegación policial y a las viviendas de los policías detenidos, y que tiene la "esperanza de que se pueda desentrañar la maraña de redes y conexiones" del caso. El funcionario enfatizó que hay dos líneas de acción: una consiste en establecer la responsabilidad del Estado en la fuga; la otra, el paradero del represor. Además, aclaró que no hay un dato preciso que indique que Corres haya salido del país, tan sólo es su sospecha por la demora de los policías en informar sobre la ausencia, "como si le hubieran dado tiempo". La orden de captura internacional de Julián Corres ya fue dictada.

En la especulación de Cañón es imposible que el represor se haya fugado a las 5.45 como dicen, sino que debe haber ocurrido cerca de la medianoche. El último dato lo aporta un testigo que dice que lo vio cuando se iba a lavar los dientes luego de ver televisión. El fiscal aseguró que son "inaceptables y contradictorias" las explicaciones de la policía, y reiteró las enormes fallas de seguridad de esa dependencia. De hecho, Corres habría tenido un teléfono celular en su celda. "A esta altura creo menos en las casualidades y más en las causalidades", dijo. Cañón pidió a las autoridades nacionales investigar por qué hasta ahora se demoró el traslado de 83 represores a cárceles comunes.

"Esto tiene que ver con la policía y con el exterior, no es una improvisación, no se pudo ir caminando, alguien lo apoyó desde afuera", expresó Eduardo Hidalgo, de la APDH de Bahía Blanca. Por su parte, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y Justicia Ya! denunció que la fuga de Corres contó con la "complicidad del aparato estatal" y consideró que existe un "plan oficial de enjuiciar a un puñado de viejos represores emblemáticos para salvar a las instituciones genocidas".

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NEUQUEN

Plaza Huincul, 27 de Julio de 2008.-

Estimados compañeros/as:

Es sumamente importante la proximidad de los juicios por los delitos diversos que han cometido contra el pueblo de Neuquén y de la Naciòn a los militares que estàn detenidos por el juzgado federal.

Para la participación, como para asumir un compromiso con esta vieja lucha por la justicia, verdad, esclarecimiento y castigo a los genocidas que nos persiguieron, nos encarcelaron, nos desaparecieron, nos torturaron y aun hoy sostienen que su proceder criminal està justificado, es fundamental anotarse via mail al siguiente correo:

acreditacionjuicio@yahoo.com.ar

en el texto deberà constar:

Nombre y apellido---------DNI-------Nº de telefono--------profesiòn-------motivo por el cual desea asistir a alguna o todas las sesiones (ejemplo. Familiar, amigo de algún detenido desaparecido, expreso, militante polìtico, compromiso con las organizaciones de DDHH, periodista, etc.)

Atención que solamente hay tiempo hasta el dìa 31 del corriente mes de julio!"

Es importante destacar que anotarse aunque no se vaya por cualquier razón es sumar, es comprometerse. Los jueces tienen que ver que hay muchos compañeros que quieren el esclarecimiento, la verdad y el castigo a los culpables de la represiòn genocida de la dictadura militar y a sus cómplices de cualquier fuerza o repartición estatal.-

Como todos los 24 de marzo, cuando nos movilizamos para repudiar las atrocidades de la dictadura y su proyecto polìtico, ahora es parte de nuestra coherencia militante participar hasta que sean condenados los represores que hoy estan en el banquillo.

Acompañemos a los familiares que han iniciado esta querella, a los organismos de DDHH, a las Madres de la Plaza, a los militantes y organizaciones politicas que siguen recordando y reivindicando la lucha de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos, encarcelados, muertos y asesinados en esta larga historia de lucha popular en nuestra Patria.

No olvidarse de difundir el presente mensaje entre nuestros compañeros que no posean correo,

Los invitamos desde este pequeño grupo que funciona en Cutral-Cò y Plaza Huincul de familiares de detenidos-desaparecidos y expresos polìticos .-

Muchas gracias y un fraternal abrazo.

Pedro Daniel MAIDANA


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Red de Noticias Derechos Humanos



La comunidad del cura Adur

Seminaristas, catequistas y militantes barriales que trabajaron junto al sacerdote asuncionista fueron perseguidos y desaparecidos con especial saña durante la dictadura.

Los datos dispersos no entregan una dimensión acabada de la masacre ocurrida en torno al sacerdote Jorge Adur durante la última dictadura. Pero al ir recabando información, atando cabos y ligando historias, se descubre que aquellos que trabajaron junto al cura asuncionista, ya fueran catequistas, seminaristas o simples militantes barriales, fueron perseguidos de una manera especial, terminando algunos de ellos exiliados, otros asesinados y en el peor de los casos desaparecidos.

La militancia del cura

Jorge Adur nació en Nogoyá, Entre Ríos, donde descubrió su vocación sacerdotal, ingresando al seminario de la congregación de los asuncionistas apenas terminó el secundario. Viajó a Chille, donde se ordenó sacerdote, para luego regresar a la Argentina donde su trabajo pastoral y social fue muy intenso durante las décadas del ´60 y ´70. El Colegio San Román de Belgrano, la basílica de Lourdes en Santos Lugares, la parroquia Nuestra Señora de la Unidad de Olivos y el barrio Manuelita de San Miguel fueron testigos de su trabajo. Aunque no aparece en las listas oficiales, fue parte del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, y tuvo estrecho contacto con el movimiento Montonero en la década del ´70. Junto a los sacerdotes Carlos Mujica y Hernán Benítez, participaron del responso en que se despidieron los restos de los dos primeros montoneros asesinados, Fernando Abal Medina y Carlos Ramus.

Adur nunca renegó de su trabajo sacerdotal, y más allá de su tarea pastoral, siempre tuvo una activa participación política, aunque con un perfil bajo. Como formador de sacerdotes estaba a cargo de los seminaristas de la congregación cuando se produjo el golpe de estado en 1976. El 4 de junio de aquel año, la casa del barrio Manuelita, donde vivía junto a tres religiosos, fue copada por un grupo de tareas llevándose a los seminaristas Carlos Di Pietro y Raúl Rodríguez, quienes nunca más volvieron a aparecer. Luis Ramón Rendón, también seminarista, no estaba en el lugar sino que había ido a visitar a sus padres por lo que se salvó de la redada. De inmediato la congregación decide sacarlo del país, mandándolo al seminario que la congregación tenía en Santiago de Chile. Por su parte Adur pasó a la clandestinidad durante un mes, hasta que la intercesión del nuncio Pío Laghi la autoridades militares le permitieron partir al exilio, primero a Italia, luego a Francia. Desde Europa el cura desplegó una tarea de denuncia sobre el terrorismo de Estado que se estaba aplicando en la Argentina, dos años mas tarde, en 1978, cuando Montoneros estaban en plena escalada militar, fue nombrado de manera oficial con el cargo de capellán. El cura nunca fue amonestado ni sancionado por la Iglesia, y él nunca dejó su tarea sacerdotal, ni renegó de su fe. En 1980 fue enviado a entrevistarse con el papa en Brasil, previo paso por la Argentina, donde desapareció en el cruce fronterizo entre las ciudades de paso de los Libres y Uruguayana.

La comunidad

Más allá de la vida del sacerdote, se puede observar que hubo muchos militantes católicos que lo acompañaban en sus tareas que fueron perseguidos y desaparecidos. La lista es larga, y aunque la mayor parte integran la comunidad de la unidad, en Olivos, hay víctimas en otras zonas, como en San Miguel.

Uno de los desaparecidos fue Juan Ignacio Islas Casares, quien había llegado a ser seminarista asuncionista. Un sacerdote d ela congregación recuerda al muchacho y señala que "Islas Casares era seminarista, pero en el momento de su desaparición ya no lo era, había sido seminarista asuncionista y se había retirado. Era un muchacho de clase alta, aunque sus padres no tienen un peso cortado por la mitad, pero son de la familia Tomás Casares, que fue presidente de la Suprema Corte; a lo mejor parientes de Bioy Casares. A este muchachito lo veía que iba a tirar panfletos de la Juventud Peronista, y los iniciaban así y de apoco los iban llevando. Un día le dije que tuviera cuidado, le señalaba los riesgos, pero como todo adolescente no le hace caso a los viejos. Un día le digo: "Juan, cuando yo te digo estas cosas ¿vos me crees?". Y él se sonríe y me dice: "Y me parece que es como el viejo, cuando me dice que no haga algo. Pero no tenga miedo porque a mi no me va a pasar nada'. Y al poco tiempo lo matan, tendría veintidós años y lo recuerdo con dolor, porque era bueno. Lo agarraron en una villa, que no recuerdo cuál es, pero era de la zona de San Isidro. Cuando se va del seminario me parece que se va a vivir a la casa de José Villar, y si no me equivoco Villar era el marido de María Fernanda Noguer".

Justamente los últimos dos nombrados también son desaparecidos, de la zona norte del Gran Buenos Aires y que estuvieron vinculados con la Unidad y con Adur. Otros desaparecidos que estuvieron vinculados a la parroquia, y que además militaban en la Juventud Independiente Cristiana o se relacionaban con la Fraternidad del Evangelio fueron Esteban Garat, Valeria Dixon de Garat, Alejandro Sackman y Roberto Van Gelderen.

Otro desaparecido fue Marcos Cirio ex-novicio de Fraternidad del Evangelio, en la parroquia de la Unidad, empleado al momento del secuestro de su casa de Florida. Anteriormente, había sido encarcelado en Tucumán en ocasión de un allanamiento en la Casa de la Fraternidad. Un dato en común es que muchos de ellos fueron secuestrados y desaparecidos en junio del ´76.

Otras víctimas

La parroquia de la Unidad tuvo una intensa actividad pastoral en los ´70, y a su vez resultó un lugar de contactos políticos. Un ejemplo sobre lo dicho es el del guardiamarina Julio César Urien, quien apenas egresó buscó y se reunió con Adur, quien lo conectó con Montoneros, pasando a militar en dicha organización. Urien, actual director de Astilleros Río Santiago, fue el oficial que sublevó a la Escuela de Mecánica de la Armada en noviembre de 1972, cuando regresó Juan Perón de su exilio, ante las versiones que intentaban asesinar al viejo dirigente. Urien terminó como preso político antes del golpe de Estado, y eso permitió que sobreviviera.

En el barrio Manuelita de San Miguel también hubo desaparecidos que estaban vinculados de alguna manera con Adur. Ya mencionamos a los seminaristas Rodríguez y Di Pietro, a los que podemos agregar los nombres de Elena Vaca, a su marido Daniel Fortunato y al amigo de éste último, Eduardo Bosetti, todos desaparecidos durante la última dictadura. En ese mismo barrio fueron buscados Carmen Ahumada y Lorenzo Riquelme, quienes ya no vivían allí sino que estudiaban en la Universidad de Buenos Aires, y enterados de que los estaban buscando parten al exilio, a Francia. Carmen estaba vinculada a la Comunidad de los Hermanitos de Foucauld; llegó a compartir experiencia comunitaria con Mauricio y Jesús Silva Iribarrengaray, que eran curas, hermanos y trabajaban en la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de barrenderos, vivían en una casa chorizo vieja en comunidad, en Palermo Viejo.

Otro integrante del grupo de Manuelita era Mariano Barrios (h), quien luego de ser buscado por fuerzas de tareas, y no ser encontrado, decide viajar al interior, a una provincia del nordeste.

Del simple recuento de gente vinculada al sacerdote Jorge Adur, se puede calcular que más de una docena de militantes católicos fueron perseguidos y desaparecidos, además de aquellos que terminaron presos o exiliados.
Fabián Domínguez

Periodista y escritor
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Red de Noticias Derechos Humanos



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28 de Julio de 2008 | 06:00
La Cámara Federal de Tucumán agravó la situación del ex militar Otero Arán

Ordenan acelerar las causas por delitos de lesa humanidad

Lo decidió el tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Pide que se investiguen los hechos posteriores al secuestro de los hermanos Ponce y su sobrino Julio Burgos. Los jueces ordenaron la indagatoria inmediata de Menéndez.


Complicado. Darío Otero Arán, ex jefe de Inteligencia del RI 17, fue acusado de un delito más grave. También ordenaron que se cite lo antes posible a Menéndez.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán recomendó al Juzgado Federal de Catamarca acelerar y profundizar las investigaciones en relación a los delitos de lesa humanidad cometidos en Catamarca durante la última dictadura militar. En una resolución a la que este diario tuvo acceso los jueces del tribunal de alzada también agravó la situación del ex jefe de inteligencia del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, Darío Otero Arán, y ordenó al juez federal Ricardo Antonio Moreno que cite lo antes posible a declarar en calidad de imputado al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, recientemente condenado a prisión perpetua por encabezar la represión ilegal en varias provincias durante los años de plomo en Argentina.
Otero Arán fue procesado por encubrimiento agravado de la desaparición forzosa del gremialista Francisco Ponce, ocurrida el 6 de abril de 1976. El auto interlocutorio, firmado por el juez Ricardo Antonio Moreno el 24 de abril de 2006, fue apelado tanto por los defensores del imputado como por el fiscal federal Santos Reynoso y por la querella particular que encabeza el abogado Guillermo Díaz Martínez.
Recientemente, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán consideró a Otero Arán un herramienta más del "plan sistemático de represión" implementado en Catamarca a través del RI 17 y lo procesó por "privación ilegítima de la libertad en calidad de autor mediato", un delito que se castiga con prisión o reclusión perpetua y que podría poner fin a la excarcelación de la que actualmente goza el encartado.
La decisión del tribunal tucumano, que tiene jurisdicción sobre el Juzgado Federal de Catamarca, se plasmó en una extensa resolución en la que se realizaron una serie de recomendaciones al tribunal inferior, tales como "dar cumplimiento a las medidas de prueba y los pedidos de indagatoria requeridos por el Ministerio Público Fiscal" y también por la querella, en particular la citación de testigos y de imputados.
Puntualmente el tribunal ordenó que se cite a declarar en calidad de imputado, en el menor tiempo posible, a Luciano Benjamín Menéndez, quien encabezó la represión ilegal en nueve provincias argentinas a través de la Jefatura del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba.
Lucena
Los jueces del tribunal superior también revocaron el auto de procesamiento en contra del ex jefe del RI 17, general (re) Carlos Lucena, quien había sido imputado por "privación ilegítima de la libertad seguida de muerte agravada". Ahora Lucena fue acusado formalmente de "privación ilegítima de la libertad seguida de muerte en calidad de autor mediato".
Como en el caso de Otero Arán, se consideró que en esta etapa del proceso existen pruebas suficientes como para sospechar que Lucena formó parte del andamiaje de un "plan sistemático de represión ilegal" implementado en la provincia a través de la guarnición militar que estaba a su cargo. En el mismo sentido, en la resolución los jueces consideraron que debía imputársele por los secuestros seguidos de muerte de Yolanda Borda y del ingeniero Roberto Horacio Bugatti, ambos detenidos ilegalmente en la provincia durante el año 1976.
En relación al estado de la investigación, el tribunal de alzada consideró que falta investigar lo vinculado con posibles delitos cometidos en el tramo posterior a la detención de los hermanos Ponce y de su sobrino Julio Genaro Burgos, como las condiciones en las que éstos estuvieron detenidos -posiblemente en centros clandestinos de detención- y sobre la "cadena de responsabilidad del personal militar, de seguridad y políticos con funciones" en Catamarca durante la ultima dictadura.
Posdata: otero aran tiene arresto domiciliario en Posadas, Misiones y carlos lucena en Mar del Plata, y en mas de una oportunidad fue escrachado por los organismos de derechos humanos y movimientos sociales.
Red de Noticias derechos Humanos


www.criticadigital.com.ar Lunes 28 de julio de 2008

Derechos humanos: 22 condenados y 55 prófugos

A tres años de la reactivación de la mayoría de las causas por delitos de lesa humanidad, los represores prófugos suman más que los condenados. Según los datos de la Unidad Fiscal que realiza el seguimiento de estos expedientes, hasta hoy han sido juzgados 22 personas mientras que la Justicia aún intenta localizar a otros 55. Del informe también se desprende el paso lento con el que avanzan los más de mil expedientes judiciales: de los 429 procesados, 334 aguardan el juicio oral en prisión preventiva.

Tras la condena contra el ex jefe del Tercer Cuerpo Luciano Menéndez y otros siete represores del centro clandestino La Perla, el registro que depende de la Procuración General de la Nación actualizó sus datos. Según sus planillas, el distrito judicial con mayor cantidad de causas tramitadas es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 27 expedientes con 135 procesados. Lo siguen Córdoba, con 15 causas y 53 procesados, y La Plata, con 12 y 46, respectivamente.

A fin de año, la cantidad total de condenados podría aumentar. En los próximos días, la Justicia federal de Corrientes dictará sentencia por los crímenes en el Regimiento de Infantería 9, de los que están acusados seis militares.

El 5 de agosto comenzarán en Tucumán las audiencias por el asesinato del senador Guillermo Vargas Aignasse que sentarán al banquillo a Menéndez y a Domingo Bussi. Y el 21 de agosto, el Tribunal Oral 5 juzgará a otros cinco represores de los centros clandestinos Mansión Seré, El Vesubio y Mar del Plata.


Red de Noticias Derechos Humanos


Perpetua y Cárcel Común.

Por Alejandro Dausá.(*)

Bolivia.

Lo condenaron a cadena perpetua.

Como si eso fuera poco, Luciano Benjamín Menéndez deberá cumplir la pena en una cárcel común, como otros tantos asesinos.

Sin embargo, se trata de un criminal dichoso, cuyas fechorías fueron disimuladas y enmascaradas durante años gracias a la complicidad de por lo menos dos gobiernos argentinos.

Hasta el juicio mantenía un status privilegiado, arrestado en su propia casa, desde donde hizo sentir durante décadas su presión sobre políticos, religiosos, economistas, miembros de las fuerzas armadas, instituciones, procesos, con particular densidad e intensidad en la provincia de Córdoba.

Como pocos casos en la historia contemporánea del país, la sola mención de su apellido resultaba suficiente para provocar una sensación de frío y espanto, aún en plena democracia. Fue señor de horca y cuchillo, dueño de vidas y muertes.

En agosto de 1976 uno de los grupos de tareas bajo su comando me secuestró junto a otros cuatro compañeros de estudios y al sacerdote responsable de nuestra formación.

Saquearon la casa donde residíamos y destruyeron meticulosamente lo que no robaron.

Sobre un poster con la figura de Carlos Mugica, que teníamos en una pared, se tomaron el tiempo para dibujar una SS con la tipografía clásica de las tropas nazis, y la palabra "kaput".

Conocimos las mazmorras del D-2, en pleno centro de la capital cordobesa, pasamos brevemente por la penitenciaría, y por fin nos incomunicaron en la cárcel de encausados, desde donde nos trasladaban a La Perla para someternos a interrogatorios.

En ese lugar trabajaba como especialista, en la Iglesia Católica, un suboficial que se hacía llamar Rubén Magaldi: un ser atormentado y fanático, ultramontano y proclive a soltar discursos y juicios teológicos tremebundos, desde una visión absolutamente maniquea de la historia y los seres humanos.

Era notable el grado de información que manejaba sobre la iglesia cordobesa. Por eso o por sus manías místicas, le decían El Cura. Hasta hace pocos años vivía tranquilamente en la zona de Villa Allende; en la sala de entrada de su casa exhibía una caricatura de su persona vestido con una sotana.

Quedan muchas historias por develar, muchos capítulos por investigar.

El genocidio argentino no sería totalmente explicable sin el soporte filosófico-teológico brindado por obispos, religiosos y capellanes castrenses. Luciano Benjamín Menéndez no actuó solo.+ (PE)

PreNot 7524

080728


|Lunes, 28 de Julio de 2008
Dos policías sospechados por la fuga de un represor detenido en Bahía Blanca

Detenidos por dejar huir a la Laucha

El represor Julián "Laucha" Corres estaba en un edificio sin custodia y con cámaras que no funcionan. La Justicia detuvo a dos policías y anoche se aprestaba a allanar sus domicilios.

Por Diego Martínez
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Tras la fuga de Corres, la delegación policial fue intervenida.

La delegación Bahía Blanca de la Policía Federal de donde se fugó el sábado el teniente coronel retirado Julián Oscar Corres no llevaba registro de visitas al represor. El edificio no tiene custodia exterior y la cámara de seguridad que debió registrar la fuga no funciona desde el año 2000. En ese lugar, sin infraestructura ni personal capacitado para oficiar de guardiacárcel, estuvo preso durante casi cuatro meses, por orden del juez federal Alcindo Alvarez Canale, nada menos que un ex oficial de inteligencia del Ejército procesado por secuestros, torturas y asesinatos en el centro clandestino La Escuelita.

A pedido del fiscal federal Hugo Cañón y por orden del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, fueron detenidos dos de los policías que vieron a Corres la madrugada de la fuga: el inspector Juan Carlos Lastra y el cabo primero Pablo Alejandro Carbajal. Al cierre de esta edición iban a allanar sus domicilios. Lastra tuvo a su cargo la guardia de los detenidos hasta las 6 de la mañana. Tres horas después, cuando le preguntaron dónde estaba Corres, dijo que a las 5.45 lo acompañó al baño y no volvió a verlo. Agregó que designó como custodia al cabo primero Carbajal, quien dijo haber visto por última vez a Corres a la 1 de la madrugada, cuando apagó el televisor y se fue a lavar los dientes.

La Unidad Especial del Ministerio de Justicia, encargada de la búsqueda de delincuentes de lesa humanidad prófugos, ayer no había dado señales de vida. La ley 26.375 que la creó y le asignó un fondo de recompensas de 5 millones de pesos se sancionó el 22 de mayo. Desde el sábado, PáginaI12 intenta infructuosamente conocer quién es su titular, que depende del ministro Aníbal Fernández. Ayer la delegación de la Policía Federal bahiense fue intervenida y pasaron a disponibilidad once de sus agentes, encabezados por el ahora ex jefe, comisario Gustavo Scelsi.

El 25 de junio, Alvarez Canale ordenó trasladar a cuatro procesados por delitos de lesa humanidad desde la dependencia de la Policía Federal a instalaciones del Servicio Penitenciario. Para los ex jefes de la cárcel Andrés Miraglia y Héctor Selaya y para el agente Leonardo Núñez ordenó el traslado al penal de Marcos Paz. Para Corres, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas. No se conocen los motivos por los que no se concretó el traslado. Versiones sugieren que fue por falta de móviles.

Tras dar la orden, el juez partió de vacaciones por 45 días. En su ausencia, el fiscal Cañón solicitó al otro juez federal de la jurisdicción Ramón Dardanelli Alsina que por conexidad designara en la causa de la fuga a Tentoni, juez ad hoc de la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la base naval de Puerto Belgrano. Dardanelli aceptó el criterio y designó al abogado, quien delegó la investigación en el fiscal. Al atardecer, asistido por personal de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a cargo del vicecomodoro Fernando Telpuk, Cañón allanó las instalaciones de Rondeau 189 donde Corres estuvo detenido desde el 9 de abril. El reconocimiento incluyó el secuestro de libros de registros, documentación, discos rígidos y demás objetos.

Durante su declaración indagatoria, el 30 de abril, Corres relató que a La Escuelita asistían "tres equipos diferentes" de interrogadores y que "dos podrían ser de la policía". Sostuvo que lo dedujo "por los modismos", diferentes a los militares, y por frases como "dejá el móvil en la entrada", en referencia a los autos de civil que usaban en los operativos clandestinos. La mención a la participación de policías durante interrogatorios bajo tortura, que Corres también admitió, no impidió que el juez Alvarez Canale autorizara su alojamiento en la delegación de la Policía Federal durante tres meses.

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jueves, 24 de julio de 2008, 7:36 pm

COMUNICADO DE PRENSA
24 DE JULIO DE 2008
En el día de la fecha nuestra organizacion, junto a la agrupación estudiantel universitaria Eco-en Lucha, nos hemos reunido con el juez federal de instrucción Guillermo Labate, el cual lleva adelante la investigación de delitos de lesa humanidad en la región.
El objetivo fue obtener una síntesis de las últimas indagatorias realizadas por el juzgado en la causa, la situación procesal de cada uno de los imputados, exigirle que revea las prisiones domiciliarias dadas a algunos genocidas y en particular el repudio por la excarcelación a dos de estos genocidas indagados en esta nueva etapa de investigación.
Esta 3º etapa tiene:
- 32 genocidas imputados
- por 55 víctimas
Esta totalidad de imputados abarca a los genocidas (los 8 que van a juicio oral en el mes de agosto) y a las 17 víctimas de la 1º y 2º etapa.
Posteriormente nos dirigimos al Tribunal Oral Federal de Neuquén para presentar un escrito rechazando las restricciones del tribunal para con los organismos de derechos humanos, el público y la prensa.
No pudimos entrevistarnos con ningún integrante del tribunal, pero los secretarios nos confirmaron que la acreditación para participar de las audiencias del juicio oral será,solamente, desde el dia 28 de julio hasta el 31 del mismo mes, según registro Nº 1498/08 del TOF.
Frente a estas dos entrevistas realizadas, EXIGIMOS Y DENUNCIAMOS:
- La inmediata anulación de las prisiones domiciliarias otorgadas a los Genocidas en las tres etapas de investigación, y sus inmediatas detenciones en cárceles comunes
- El cambio de imputación a los Genocidas excarcelados y su inmediata detención en cárceles comunes
- La responsabilidad del Juez Labate, ante cualquier hecho de intimidación o amenaza, a cualquiera de los integrantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, y/o víctimas, que venimos luchando por la CARCEL COMUN A TODOS LOS GENOCIDAS.
- El repudio a los integrantes del TOF de neuquén frente a las restricciones de participación y difusión del 1º juicio a los Genocidas de la zona, exigiendo la apertura de dicha participación a toda la población.

H.I.J.O.S.

Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

ALTO VALLE



Norma Ríos - Presidenta
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE ROSARIO
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS


LA SOLICITUD DE DIFUSIÓN LA REALIZA LA FISCALÍA GENERAL FEDERAL A CARGO DEL FISCAL GENERAL DR. HUGO OMAR CAÑÓN.
Ante cualquier dato respecto del nombrado Julián Oscar CORRES comunicarse a los siguientes teléfonos: 0291 – 4524437 / 45501
JULIAN OSCAR CORRES
  • Fecha de nacimiento: 06/09/52 Córdoba
  • DNI 10525324 Cédula 9381492
  • Profesión: Teniente Coronel Retirado
  • Domicilio: Gorosito 1246 Bella Vista – Provincia de Buenos Aires.
  • Fue procesado con fecha 06 de Junio de 2008 por considerarlo 'prima facie' partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad (dos casos), privación ilegal de la libertad y tormentos (veintiún casos); privación ilegal de la libertad, tormentos y lesiones gravísimas (un caso), homicidio (un caso); privación ilegal de la libertad y homicidio (cinco casos); privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio (once casos); privación ilegal de la libertad, tormentos y desaparición forzada (seis casos); desaparición forzada de un niño nacido en cautiverio (un caso); delitos todos ellos de LESA HUMANIDAD y configurativos de GENOCIDIO.
  • Señas particulares: tez blanca, pelo castaño, estatura baja (aproximadamente 1, 65 mts.), delgado.
  • Se fugó de la Delegación Local de la Policía Federal en el día de la fecha aproximadamente a las 06.00 horas de la mañana.
  • Se encontraba vestido con jogging color gris al momento de la fuga.

La indiferencia es un pacto con la impunidad



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H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Capital en la Red Nacional
Si naciste entre 1975 y 1980, tenés dudas sobre tu identidad y creés ser hij@ de desaparecid@s, comunicate con nosotr@s al 15-3-571-0767 o a hermanos@hijos-capital.org.ar


Orán: detienen a policías por una desaparición
Los ex policías Víctor Hugo Vilte y Raúl Toledano, que están siendo investigados por la desaparición de la militante justicialista Carmen Nieto, ocurrida en 1976 en San Ramón de la Nueva Orán, fueron detenidos el jueves último por orden del juez federal ad hoc Julio Villalba, quien dispuso que permanezcan alojados en el Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional.

Pedro Bonifacio Vélez.
La orden de detención era también contra el ex policía Carlos Vicente Palavecino, quien ya habría fallecido.

Según informaron fuentes vinculadas a la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Orán, Vilte y Toledano fueron convocados a prestar declaración indagatoria (de acusados) el viernes pasado al anochecer.

El juez también determinó que el próximo miércoles recibirá los testimonios de Justina Nieto, Lucrecia Leañez, María Inés Peñalba y Joaquín Nieto.

Carmen Nieto era concubina del policía Pedro Bonificacio Vélez, quien en 1976 era radiooperador en Pichanal. Fue secuestrado el 24 de mayo de 1976 cuando estaba en Salta capital, se encuentra en calidad de desaparecido.

Junto a Carmen Nieto tenían un hijo.

Vilte ya cuenta con una condena, por un robo a Salud Pública cometido en la década del 90.

Por este hecho fue exonerado; sin embargo, las fuentes indicaron que aún hoy cobra su jubilación y que se lo veía asiduamente en la Unidad Regional 2 de Orán, para la que "presta algunos servicios de investigación".

También está imputado por la desaparición de Vélez, y en la causa Ragone.

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Red de Noticias Derechos Humanos

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Estado actual de la causa por el homicidio político de Nuble Yic

Como es de público conocimiento, la denuncia penal por el homicidio de Nuble Yic, presentada por su hija y patrocinada por SERPAJ, está en curso desde el 16 de octubre del año 2007 en el juzgado de 19º turno a cargo del Sr. Juez Dr. Luis Charles, y hace ya un tiempo el expediente se encuentra en manos de la representante del Ministerio Público la Sra. Fiscal Dra. Elsa Machado. La denuncia es contra los mandos civiles, militares y policiales de la época, quienes dentro de un plan de eliminación de opositores políticos, culminaron con la vida de la víctima.

Es de resaltar que se aportó abundante y contundente prueba, tanto documental como testimonial, donde se demuestra claramente la veracidad de lo denunciado.

Nuble Yic fue detenido ilegalmente en su domicilio donde guardaba reposo por un reciente infarto cardíaco, pero su delicado estado de salud no fue óbice para que lo torturaran sistemáticamente. Permanece en calidad de "desaparecido" casi cinco meses donde es conducido por diferentes centros clandestinos de detención y torturas.

El 15 de marzo de 1976, saliendo a uno de los primeros "recreos", luego de meses de inmovilidad y de un tratamiento cruel e inhumano, su corazón no resistió más y encontró la muerte. Al dolor de su injusta muerte, sus seres queridos debieron sumar el hecho de recibir un ataúd cerrado con expresa prohibición de abrirlo. En su cuerpo estaban las huellas del horror.

Hoy la Sra. Fiscal parece tener dudas sobre la enfermedad cardíaca de la víctima, pese que hay más de veinte testigos, incluyendo la familia, que lo afirman y confirman.

La Dra. Machado pide la historia clínica con sus antecedentes de enfermedad y también quiere constatar cual fue la empresa fúnebre de esa época que prestó los servicios.

Yic fue atendido en sus dos infartos cardíacos por la "Caja de Auxilio de Obreros y Empleados de la Industria Frigorífica" en la zona del Cerro, cerrada hace más de veinte años y no constan registros de esa época. Recién a partir del año 1990 se crea un decreto que, ante la destrucción de historias médicas debe quedar una ficha en reserva.

En el Hospital Militar, donde supuestamente se le hizo autopsia, "no hay registros". Sabemos bien que toda documentación del hospital en dictadura a "desaparecido" o simplemente no se muestra.

La empresa fúnebre que prestó servicios fue "El Ocaso", cerrada en el año 1998 y tampoco hay registro alguno.

Por los motivos expuestos, tanto SERPAJ como la denunciante, solicitan a todos aquellos que voluntariamente quieran colaborar en relación con este caso, que así lo hagan. Pueden testificar todas aquellas personas que en los años 1975 y 1976:

  1. Fueran funcionarios de la "Caja de Auxilio de Obreros y Empleados de la Industria Frigorífica", cita en la calle Grecia, Zona Cerro.
  2. Toda persona que pueda dar testimonio de que Yic había sufrido al menos uno de sus dos infartos cardíacos y estaba en reposo por indicación médica.
  3. Funcionarios del Hospital Militar y/o detenidos internados allí en marzo de 1976.
  4. Funcionarios de la empresa fúnebre "El Ocaso" (Montevideo)

Esperamos que una vez resueltos estos "problemas", el Ministerio Público pueda abocarse a la investigación de este crimen de lesa humanidad y llame a declarar a los responsables de la detención ilegal, torturas y muerte de Nuble Yic.

Agradecemos comunicarse con SERPAJ al teléfono (02) 4085301 con domicilio en Joaquín Requena 1642, o pueden hacerlo por correo electrónico

serpajuy@serpaj.org.uy / yic.marys@gmail.com

"Mientras más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar." Daniel Viglietti.

Red de Noticias Derechos Humanos



Domingo, 27 de Julio de 2008
UN REPRESOR SE FUGO DE LA DELEGACION DE LA POLICIA FEDERAL DE BAHIA BLANCA

Como Laucha por tirante

Estaba procesado por secuestros, torturas y homicidios en el centro de detención La Escuelita. Habían ordenado su traslado a Marcos Paz, pero seguía en la policía. Hay otros 83 represores en sitios no controlados por el Servicio Penitenciario.

Por Diego Martínez
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Julián Oscar "Laucha" Corres en 1999, cuando fue a declarar al Juicio por la Verdad de Bahía Blanca.

Luego de burlar con éxito a la Justicia y a las fuerzas de seguridad durante un año y medio y a menos de cuatro meses de su detención, el teniente coronel retirado Julián Oscar Corres, alias Laucha, se fugó durante la madrugada de ayer de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal. Estaba procesado por secuestros, torturas y homicidios en el centro de detención La Escuelita durante la última dictadura. Los guardias que en teoría lo custodiaban se percataron de su ausencia recién dos horas después. El juez federal Alcindo Alvarez Canale había ordenado el traslado de Corres al penal de Marcos Paz el 25 de junio pasado, antes de irse de vacaciones. Ayer nadie supo explicar por qué el traslado nunca se concretó. Aún hay 83 represores detenidos en unidades de fuerzas armadas o de seguridad que carecen de infraestructura y capacitación para cumplir el rol de guardiacárceles.

Según la versión oficial brindada por el comisario Gustavo Scelsi, jefe de la delegación bahiense, a las ocho de la mañana y mientras realizaba el recuento de detenidos, el oficial ayudante Cristian Alberto Bértoli, a cargo del servicio de guardia desde las seis, se percató de la ausencia de Corres. El inspector Juan Carlos Lastra, que cumplió el mismo servicio hasta las seis, dijo que quince minutos antes acompañó al Laucha al baño, en los fondos de la comisaría, "haciendo aparentemente sus necesidades fisiológicas". Se ignora por qué motivo lo dejó solo. Lastra también dijo que designó como guardia nocturna y custodia general al cabo primero Pablo Alejandro Carbajal, quien vio por última vez a Corres a la una de la madrugada. Extraoficialmente, el jefe policial habría admitido que no llevaban registro de las visitas que recibía el represor, aunque el dueño de una bodega de Viedma era uno de sus asiduos visitantes.

"El informe policial sugiere una relajación absoluta en cuanto a los controles. Corres es uno de los represores más terribles que pasaron por Bahía Blanca y costó mucho trabajo detenerlo. Tememos que haya connivencias dentro de las estructuras del Estado, policiales o militares", explicó a PáginaI12 el fiscal federal bahiense Hugo Cañón. "Es responsabilidad del juez Alvarez Canale que este hombre haya estado cuatro meses en una delegación policial después de un año y medio prófugo. Se sospechaba que intentaría fugarse. Había que imponer las mayores medidas de seguridad para que eso no sucediera", lamentó Mirta Mántaras, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Según sobrevivientes del centro clandestino del Cuerpo V, "Laucha" era el apodo de quien manejaba la picana eléctrica durante los interrogatorios. Corres admitió durante el Juicio por la Verdad bahiense en 1999 que lo apodaban "Laucha" y que era "jefe de guardias" de La Escuelita. Dependía de la Jefatura II de Inteligencia, a cargo del coronel retirado Aldo Mario Alvarez, dueño hasta marzo de 2000 de la empresa de seguridad Alsina SRL, también prófugo de la Justicia. Debajo de Alvarez y por encima de Corres estaban el teniente coronel Walter Bartolomé Tejada y el mayor Osvaldo Lucio Sierra, ambos libres e impunes. La causa por delitos de lesa humanidad en el Cuerpo V está a cargo de Alvarez Canale, que se tomó vacaciones a fines de junio y tiene previsto regresar el 17 de agosto.

Corres fue detenido por Interpol el pasado 3 de abril al mediodía, cuando salía del edificio de Córdoba 1309 donde funciona la empresa petrolera Chañares Herrados Sociedad Anónima. Durante sus últimos meses en libertad usaba un pase a nombre de esa firma para atravesar los peajes de Autopistas del Sol. El apoderado de Chañares Herrados, al menos hasta abril, era Luis Alfredo "Fredy" Zarattini, "compañero de un hermano de Aldo Rico y de Raúl Antonio Guglielminetti en los campos de concentración y en Centroamérica", detenido con un arsenal en su poder en agosto de 1988 e indultado un año después por Carlos Menem junto a un grupo de ex carapintadas, según publicó Horacio Verbitsky. Según un informe sobre antisemitismo de la DAIA, Zarattini, ex militante del Movimiento Nacionalista Tacuara, también está acusado de colaborar con la DINA chilena en el asesinato del jefe del Ejército durante el gobierno de Salvador Allende, general Carlos Prats.

Otro de los contactos de Corres durante su año y medio prófugo fue el capitán retirado Adolfo Saúl Zabala, que pasó a retiro en 1980. A diferencia del Corres versión 1999, que era calvo, usaba bigote pero no anteojos, nueve años después para esquivar a la Justicia comenzó a usar lentes, se dejó crecer la barba y la melena, igual que en 1975, entonces para infiltrarse entre los estudiantes de la Universidad del Sur.

Corres ingresó en la delegación bahiense de la Policía Federal, en Rondeau 189, el 9 de abril a la medianoche. Alvarez Canale lo indagó a fines de abril y lo procesó por 47 secuestros, 38 casos de torturas, 17 homicidios (ejecuciones en enfrentamientos fraguados) y siete desapariciones forzadas. Hasta ayer compartía una habitación precaria con los ex jefes de la cárcel local Andrés Miraglia y Héctor Selaya y con Leonardo "Mono" Núñez, enlace entre el penal de Villa Floresta y La Escuelita. Consultado por PáginaI12, el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, invocó el "estricto secreto de sumario" para no dar información. Sólo dijo que "Interpol y toda la fuerza está trabajando" para ubicarlo y que "administrativamente, está viajando gente de Asuntos Internos para tomar cartas en el asunto y entrevistarse con el juez".

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Narraciones sobre la represión dictatorial en Jujuy

Otras voces, otras memorias

Reynaldo Castro ofrecerá charlas referidas a las narraciones sobre la represión dictatorial en Jujuy. Las mismas forman parte del programa Café Cultura Nación y se realizarán en cárceles de San Salvador de Jujuy.

La memoria colectiva de una sociedad no es la sumatoria de las memorias individuales. Los marcos sociales de la memoria varían con el tiempo. Las narraciones sobre la dictadura, en algunos casos, se presentan de manera categórica, como si una mancha negra se estampara en una hoja en blanco. En otras ocasiones, los relatos adquieren un carácter mítico. Casi siempre, las memorias que prevalecen son las más difundidas por los medios masivos de comunicación. Así, las páginas del libro Nunca Más –un verdadero monumento de la memoria–, las imágenes de la ESMA y las marchas alrededor de la pirámide de Mayo, muchas veces no dejar oír lo que cuentan otras voces no tan potentes, otras memorias que ocurren en lugares alejados de los centros del poder.

Las voces de muchos testigos de la represión dictatorial corren el riesgo de transformarse en figuras del olvido. Para que eso no ocurra, presentamos esta charla que contiene narraciones que hablan de San Salvador de Jujuy, narraciones que muestran zonas grises de la memoria y que nos hablan desde el pasado porque aún tenemos historias no concluidas, injusticias no compensadas y, lamentablemente, desaparecidos que vuelven a desparecer.

Las charlas se desarrollarán en los siguientes lugares y fechas:

· Unidad Penal II: lunes 28 de julio, 9 horas;

· Unidad Penal III: lunes 28 de julio, 16 horas, y

· Unidad Penal I: martes 29 de julio, 9 horas.

Reynaldo Castro (San Pedro de Jujuy, 1962). Es autor de los siguiente libros: Tejer con hilos rotos: Notas y entrevistas sobre una cultura de la memoria (2005); Memoria del olvido (poemas, 2005); Con vida los llevaron: Memorias de madres y familiares de detenidos-desaparecidos de San Salvador de Jujuy (2004, 1ª ed.; 2008, 2ª ed.), El escepticismo militante: Conversaciones con Ernesto Aguirre (1988), Sin solución de conformidad (poemas, 1987). Ha compilado Periodistas: Sin ustedes, el mundo estaría al revés (notas de prensa, 2007) y también fue el editor de los siguientes libros: Encuesta a la literatura jujeña contemporáneaOficio de aurora (2002) de Alcira Fidalgo y Nueva poesía de Jujuy (1991). Fue, además, el editor de la revista de memorias Nadie olvida nada (nº 1: julio de 2004 – nº 7: marzo de 2006). (2006),

Actualmente es coordinador de Cultura, Prensa y Difusión de la Universidad Nacional de Jujuy, es columnista del mensuario El ojo de la tormenta / La revista, integra el colectivo editorial Perro Pila y publica notas regularmente en su blog El norte del sur.


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Red de Noticias Derechos Humanos



El 4 de agosto se definirá si el represor Bussi se sentará en el banquillo de los acusados



En esta sala de audiencias tendrán que sentarse el próximo 5 de agosto los represores Bussi y Menéndez.




Ese día se sabrá si el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán suspende o no el juicio al represor Antonio Domingo Bussi. Todo dependerá de los informes médicos (tanto físicos como mentales) que den a conocer los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El martes llega el médico forense del máximo tribunal, el siquiatra Marcelo Rudelir. Si bien el debate está firme para Luciano Benjamín Menéndez, no se descarta que se pueda suspender para ambos casos.

Ya comenzó la cuenta regresiva para el primer juicio oral y público sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en la última dictadura que se realizará en Tucumán a partir del 5 de agosto próximo. Pero el 4 de agosto se transformó en el Día "D", ya que en esa fecha recién se sabrá si el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán decide suspender o no el juicio al represor Antonio Domingo Bussi. Todo dependerá de los dos informes médicos (tanto físicos como mentales) que darán a conocer los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Altas fuentes tribunalicias explicaron a primerafuente que si bien las pericias no son vinculantes pueden ser categóricas si hay argumentos médicos irrefutables. Y en caso de que el Tribunal decida suspender el debate, se abren dos alternativas: hacerlo sólo para el caso de Bussi o también para el de Luciano Benjamín Menéndez. Dependerá de la gravedad que presente la salud de Bussi. Si puede revertirse en el corto plazo, puede aplazarse para los dos represores. Y en caso contrario, sólo por el ex gobernador de facto. Por lo tanto, el inicio del juicio, que si bien fue ratificado por el Tribunal, aún es incierto.

Después de que los jueces del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla (presidente) y Josefina Curi (jueza de Cámara subrogante) rechazaran el jueves pasado tres planteos de la defensa de Bussi, representada por la defensora oficial pública subrogante Amalina Silvia Elena Assaf, se dio vía libre a los estudios médicos (un electrocardiograma y un eco doppler, entre otros) que ya ordenaron profesionales del máximo tribunal para determinar el estado de salud física del ex gobernador de facto, ahora bajo prisión domiciliaria en un country de Yerba Buena.

Estos estudios servirán para el chequeo médico al que tendrá que someterse el represor el 4 de agosto próximo, un día antes del debate oral y público. En un primer momento, el Tribunal había designado al médico de Gendarmería Nacional Aarón Gutiérrez para esta tarea, pero el galeno se encuentra de licencia al igual que el médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Raúl Asial. Por ello, el Tribunal tuvo que acudir a un médico de la Corte.

El máximo tribunal notificó ayer al Tribunal que el próximo martes llegará a Tucumán el médico forense, el siquiatra Marcelo Gustavo Rudelir, para que analice las condiciones mentales de Bussi. La medida responde a un pedido del Tribunal luego de los cuestionamientos que realizó el fiscal general Alfredo Miguel Terraf sobre el informe de seis médicos tucumanos, quienes concluyeron que el represor no estaba en condiciones mentales de someterse al juicio. En esta etapa, de parte del imputado participará el médico Héctor Warnes.


Notas Relacionadas

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Red de Noticias Derechos Humanos


Capturaron a ex integrante del Escuadrón de la Muerte el uruguayo Nelson Bardesio fue detenido en su casa de Buenos Aires

A los 68 años, Nelson Bardesio Marzoa –el agente de la CIA y fotógrafo policial que 36 años atrás reveló a los tupamaros la identidad de los integrantes del Escuadrón de la Muerte y confesó la forma en que operaba clandestinamente en atentados con explosivos, torturas a detenidos, asesinatos y desapariciones– vive actualmente en Argentina.


Tras una extensa investigación, el Semanario Brecha logró localizar a Bardesio en una casa de Ituzaingó, en el Gran Buenos Aires, por lo cual adelantó un día su edición y salió este jueves con la noticia.

La investigación logró recomponer el periplo del agente durante estos más de 30 años, luego que en 1972 lograra abandonar el país, "quizá protegido por los agentes de la CIA estacionados en Montevideo", según consigna Brecha.

Ese mismo año, en marzo, Bardesio había sido interrogado por los tupamaros en la "Cárcel del Pueblo", revelando la identidad de los integrantes del Escuadrón de la Muerte y detalles de sus operaciones clandestinas, que incluían atentados explosivos, torturas, asesinatos y desapariciones; así como los vínculos de los grupos paramilitares y parapoliciales con el Ministerio del Interior y de Defensa de la época.

Al encontrarse libre, Bardesio afirmó que había sido torturado psicológicamente por los tupamaros y rectificó todos sus dichos. El semanario estima que el agente abandonó el país en noviembre de 1972.

La investigación de Brecha pudo establecer que en 1976 Bardesio se casó en Texas, Estados Unidos; y que siguió en ese país por lo menos hasta 2004. Lo que sorprende es que en 2006 haya decidido instalarse en Argentina, ya que "no se esforzó por disimular su presencia. Ingresó a ese país con el pasaporte estadounidense número 712614610, expedido a su nombre", señala el semanario.

"Bardesio optó por instalarse en una casa anodina, ni muy modesta ni muy lujosa, de un barrio de clase media alta de la calle León Bloy 308, en Ituzaingó", continúa el semanario, cuyo equipo de investigación viajó el pasado martes a esa dirección y tomó fotografías del lugar. Al llamar por teléfono al domicilio, atendió la esposa que confirmó la noticia buscada: "Nelson ahora está en la ducha", contestó. Los periodistas tocaron timbre y tras identificarse como "periodistas uruguayos" no obtuvieron más respuestas, hasta que finalmente la esposa de Bardesio les dijo que su marido no haría declaraciones.

También se supo que desde que se afincó en Argentina, Bardesio viajó en algunas ocasiones a Montevideo para visitar a sus familiares.

Con motivo de la apertura del caso de desaparición de Héctor Castagnetto, en el cual el testimonio de Bardesio es considerado un elemento clave, la justicia uruguaya pidió información vía Interpol a mediados de 2007. En ese entonces, la policía argentina comunicó detalles sobre el paradero del ex fotógrafo.

Brecha señala que por razones que se desconocen, "el pedido de captura preventiva no se activó hasta ahora" y es de presumir que Bardesio tenía conocimiento de las diligencias judiciales.

El ex fotógrafo no intentó fugar, y el semanario conjetura que quizá esté dispuesto a colaborar con la Justicia uruguaya.

De todos modos, la dirección del domicilio de Bardesio se encontraba en el expediente judicial desde hace un año y medio pero el juez Pablo Eguren nunca lo requirió, señala Brecha, que informa que ahora el fiscal Perciballe y la jueza Eustacchio tomaron cartas en el asunto.

Miembros del Escuadrón de la Muerte, según Bardesio

Carlos Pirán, subsecretario de Interior.
Armando Acosta y Lara, subsecretario de Interior.
Subcomisario Raúl La Paz, nexo entre la DNII y la embajada de Estados Unidos
Inspector Víctor Castiglioni, director de la DNII
Capitán de Marina Ernesto Motto, de Inteligencia de la Armada
Alberto Sosa González, funcionario del Ministerio del Interior
Hernán Silvera Techera, policía
Oscar Rodao, policía
Estanislao Lamenta, funcionario del Ministerio del Interior
Comisario Hugo Campos Hermida, jefe del Departamento 5 de Investigaciones
Comisario Macci, jefe del departamento 6
Coronel aviador Walter Machado, enlace entre la policía y las Fuerzas Armadas
Oficial Inspector Pedro Fleitas, DNII
Santiago de Brum Carvajal, ministro del Interior
Julio Vigorito, subsecretario del INterior
Inspector Jorge Grau Saint Laurent, director de la Oficina de Estadística y Contralor de información
Ángel Crosas Cuevas, médico paraguayo
Miguel Sofía, integrante de la JUP
Subcomisario Óscar Delega, funcionario del Departamento 5
Walter Werner Machado, policía
Capitán Mario Risso, jefe de inteligencia de la Armada
Capitán Pedro Antonio Matto
General Juan Pedro Ribas
Nelson Benítez, policía
Capitán de navío, Jorge Nader
Nelson Bardesio, funcionario de las Fuerzas Conjuntas.
(Existen otros miembros cuya identidad está investigando Brecha)

Montevideo Portal

Nelson Bardesio, un fotógrafo policial, fue secuestrado por el MLN-Tupamaros en 1972. En base a su testimonio, el 14 de abril de 1972 los tupamaros mataron a dos policías, un militar y un jerarca civil del gobierno, Armando Acosta y Lara, presuntos integrantes de un Escuadrón de la Muerte. Ese mismo día, el contraataque de la Policía provocó ocho muertos en filas tupamaras. Esas acciones fueron el principio del fin del MLN, que seis meses después había sido completamente derrotado en el plano militar por las Fuerzas Conjuntas de militares y policías.

Una investigación judicial habría determinado el paradero del ciudadano uruguayo y se prevé que en breve Interpol Argentina capture y extradite a Bardesio hacia Uruguay, según comentó el abogado de Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Guillermo Paysee.

Este organismo de Derechos Humanos fue quien patrocinó hace tres años una denuncia sobre la desaparición y muerte de Héctor Castagnetto en 1972. Entre las personas que debían prestar declaración por este delito se encontraba Bardesio.

"Sería fundamental el testimonio de Bardesio, que claro, puede ser muy diferente al dado en la Cárcel del Pueblo en el 72", indicó Paysee. El abogado indicó que la importancia de este testigo radica en que puede aportar datos "sobre el contexto anterior al golpe de Estado" en donde se pueden investigar crímenes de lesa humanidad que no prescribieron por estar fuera de la Ley de Caducidad.

La causa Castagnetto es investigada actualmente por la jueza Graciela Eustaquio.

(Observa)

Bardesio "no tenía ética ni moral"

El comisario Alejandro Otero, ex director de Inteligencia y Enlace en la década del 60 y 70, realizó un perfil del ex integrante del Escuadrón de la Muerte que fue apresado en Buenos Aires

El misterio que cubría la vida de Nelson Bardesio -ex fotógrafo policial vinculado por denuncias a la CIA y al Escuadrón de la Muerte entre 1960 y 1970- se develó este jueves cuando miembros de Interpol Argentina lo capturaron en su casa de Buenos Aires. el comisario Alejandro Otero, ex director de Inteligencia y Enlace, calificó a Bardesio como una persona que "no tenía ética ni moral".

Otero conoció a Bardesio en la década de 1970, cuando ambos desempeñaban funciones en Inteligencia de la Jefatura de Policía de Montevideo: "Él (Bardesio) era un simple mensajero que comenzó a tener mucha relación con los americanos que estaban instalados en Jefatura. Era un oportunista que siendo un agente del último escalafón encontró una magnífica oportunidad para poder escalar", dijo Otero.

Escalando posiciones

Si bien Bardesio era presentado como fotógrafo policial, según comentó el comisario Otero, sus actividades se centraban en la búsqueda de información: "Él hacía de todo. Se prestaba a cualquier tipo de circunstancia. Por ejemplo, si alguien tenía interés en encontrar a una persona, él la buscaba, hablaba por teléfono, la visitaba... en fin, ¿usted me entiende?".

Bardesio comenzó a escalar posiciones dentro de la inteligencia policial local hasta llegar a ser el hombre de enlace con el tercer jefe de la Jefatura de Policía de Montevideo, un coronel cuya identidad Otero prefirió mantener en reserva.

"A partir de allí se convirtió en un hombre fundamental. Entraba en todos lados, tenía recursos económicos para hacer favores y regalos a cambio de información. Al ver los contactos que tenía nadie le preguntaba nada y todo le era permitido", explicó Otero.

El comienzo del fin

El máximo nivel de exposición pública que alcanzó Bardesio fue cuando un comando del MLN Tupamaros lo secuestró y luego difundió una lista con los supuestos integrantes del Escuadrón de la Muerte.

En base a su testimonio, el 14 de abril de 1972 los tupamaros mataron a dos policías, un militar y un jerarca civil del gobierno, Armando Acosta y Lara, presuntos integrantes del mencionado Escuadrón. Ese mismo día, el contraataque de la Policía provocó ocho muertos en filas tupamaras. Esas acciones fueron el principio del fin del MLN, que seis meses después había sido completamente derrotado en el plano militar por las Fuerzas Conjuntas de militares y policías.

La desaparición de Bardesio

Según Otero, cuando Bardesio fue secuestrado por los tupamaros, existía nerviosismo entre sus colegas por la información que podría dar a los guerrilleros: "Además del hecho del secuestro imagino que quienes trabajaban con él y compartían una serie de acciones también podrían ser involucrados en sus dichos, tal como sucedió después. Supongo que eso causaba nerviosismo", señaló.

Otero no puede asegurar que algunos de los mandos le recriminaran a Bardesio que diera algún tipo de información a los Tupamaros, pero sí indicó que varias personas de su círculo le dieron la espalda: "Después (del secuestro) Bardesio quemaba y muchos lo trataron como un traidor. No sé si los altos mandos le retiraron su confianza y dejaron de protegerlo en el exterior...Cuando uno tiene un informante sirve todo, y pienso que Bardesio era muy bueno en su tarea".



Histórico reconocimiento por parte de familiares de desaparecidos de los CCD que funcionaron en la quinta de Méndez y el ISER



Se llevó a cabo esta mañana el reconocimiento en la Chacra de los hermanos Méndez y en la “quinta Bulfoni”, para tratar de seguir la ruta por la cual habría pasado el joven abogado olavarriense, Carlos Moreno, secuestrado por la dictadura militar en 1977.

El reconocimiento estuvo encabezado por el Juez Federal de Azul Dr. Juan José Comparatto, acompañado de Margarita Moreno, hermana del desaparecido, junto a dos de los hijos de la víctima, además de efectivos de la policía federal y científica.

La “Chacra Méndez” situada en la parte posterior del actual campo de deportes del Club Los Cardos fue la primera etapa de este reconocimiento. El Dr. Comparatto relató que el lugar está muy diferente, las construcciones ya no existen, pero gracias a la colaboración de un vecino se pudo obtener un plano casero con la disposición de la estructura edilicia.

Este reconocimiento permitirá certificar oficialmente la ruta que tomó el Dr. Moreno la cual figura en la causa. Los primeros resultados fueron positivos. En el lugar solo quedan pastizales y una pileta.

La hermana de la víctima, Margarita Moreno, manifestó que “la justicia tarda pero llega y este es el paso previo a lo que será el juicio”.

Por otro lado sostuvo “sería interesante que toda la sociedad tome conciencia de esto, que la ciudad de Tandil se de cuenta con la gente que esta conviviendo que muestran una cara y durante el proceso fueron colaboracionista durante el proceso”.

“Los medios deben ayudarnos a difundir esto, porque es un hecho muy importante e inédito para esta ciudad”, concluyó Moreno.

Uno de los hijos que solo contaba con tres meses en el vientre de su madre cuando le arrebataron a su padre, y hoy tiene 30 años, afirmó “la búsqueda es permanente”. “Teníamos la zona pero no sabíamos donde era, gracias al aporte de un compañero de la APDH pudimos dar con un plano que nos permitiera comenzar la reconstrucción del camino por el cual mi padre intentó escaparse”.

“Yo siempre digo que mas que termine, que esto empiece” indicó en torno a la causa. Es difícil digerir cuando nos dicen que vivimos en un Estado de Derecho, pero después vemos transitar a estos personajes libremente, dijo el joven.

Moreno fue secuestrado un 29 de abril de 1977, en la puerta de su casa, poco tiempo después de haber ganado un juicio a la firma Loma Negra como representante de AOMA.

Los militares implicados son el Coronel retirado Julio Alberto Tomasi; el Jefe de Regimiento retirado Roque Ítalo Papalardo; y el Sub Oficial Mayor retirado José Luis Ojeda. Entre los civiles se encuentran los hermanos Emilio Felipe Méndez, y Julio Manuel Méndez quienes eran los propietarios de la tristemente célebre “Quinta Méndez”.


COMUNICADO DE PRENSA

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comienza a procesar genéticamente 2,800 muestras de sangre y 600 de restos óseos con el fin de identificar víctimas de desaparición forzada .

Buenos Aires: El 3 de Julio del 2008, el EAAF envió a un laboratorio genético en los Estados Unidos de America 2,800 muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas en Argentina entre 1974 y 1983, y 600 muestras óseas de restos que se cree pertenecen a personas desaparecidas. Estas muestras serán analizadas con fines identificatorios. Los restos óseos fueron exhumados por el EAAF de cementerios de la Provincia de Buenos Aires y del cementerio San Vicente, de la ciudad de Cordoba. EAAF aspira a que este proyecto traiga paz a familiares de desaparecidos y aporte evidencia a los juicios en curso en la Argentina.

Con el mismo fin, antes de que finalize el año 2008, el EAAF enviará 800 muestras de sangre adicionales de familiares de desaparecidos al mismo laboratorio. En noviembre del 2007, el EAAF lanzó una campaña en Argentina para la recolección de dichas muestras, como parte de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos (ILID). El EAAF participa de esta Iniciativa junto con la Fundación Guatemalteca de Antropología Forense, y el Equipo Peruano de Antropología Forense quienes se encuentran desarrollando programas similares en sus respectivos países. Al aplicar avances recientes en genética, desarrollados a raíz de la necesidad de identificar víctimas de la Guerra en los Balcanes y del ataque terrorista a la Torres Gemelas, ILID busca aumentar dramáticamente la identificación de restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos en la región. El personal de The Bode Technology Group, USA -el laboratorio seleccionado por el EAAF para este proyecto-, ha participado en las identificaciones de los Balcanes y de las Torres Gemelas. En Argentina, el número de desaparecidos por razonas políticas durante la última dictadura military, 1976- 1983, asciende a cerca de 9,000 personas.

El EAAF realizó la campaña de recolección de muestras de sangre de familiares de desaparecidos a través de spots de radio TV y afiches callejeros, contando con el apoyo de organismos de derechos humanos locales, el gobierno argentino, periodistas y actores. La campaña continúa y está dirigida a los familiares de personas desaparecidas por razones políticas entre 1974 y 1983, informándoles sobre la posibilidad de donar sangre para intentar identificar los restos de sus seres queridos.

La recolección de muestras se realiza en 63 centros en todo el país en forma gratuita, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salúd. En conjunto con estas instituciones, el EAAF busca crear un Banco Nacional de Sangre de Familiares de Personas Desaparecidas. La información genética resultante de estas muestras es confidencial y sólo puede usarse con fines identificatorios. El trasporte de las muestras a los Estados Unidos fue realizado bajo la autorización de las correspondientes instancias judiciales y con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada Norteamericana en Buenos Aires.

En junio del 2008, la campaña de recolección de muestras se expandió a España. La embajada Argentina en Madrid albergó temporariamente al EAAF, actuando como centro de toma de muestras de familiares de personas desaparecidas que viven actualmente en España. Del mismo modo, se realizaron tomas de muestras en los consulados argentinos en Barcelona, Vigo, Cádiz y Tenerife.

También como parte del proyecto ILID en Argentina, el EAAF está instalando su propio laboratorio de genética forense en la ciudad de Córdoba que estará dedicado a casos de violaciones a los derechos humanos y comenzará a operar en el 2009.

El trabajo del EAAF dentro del proyecto ILID esta financiado por una beca del Congreso de los Estados Unido de América, el Gobierno Argentino, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las fundaciones The Open Society Institute, (USA) The Oak Foundation, (UK) ICCO (Holanda), The John Merck Fund (USA) y el Gobierno de Asturias, España entre otros.

Familiares de personas desaparecidas por razones políticas en Argentina entre 1974 y 1983, cuyos restos aún no se hayan localizado, pueden contactarse con el EAAF a su oficina en Buenos Aires llamando al 0800 – 333-2334, línea gratuita, o por email : eaaf@eaaf.org. o teléfono : (54 11) 4951 8547.

También pueden conectarse con la oficina del EAAF en New York, USA : ny.office@eaaf.org, teléfono (1) 718- 237- 2028. Para más información sobre ILID, visite nuestra pagina web: www. eaaf.org.



El eslabón encontrado.

INVESTIGACIÓN DE BRECHA LOCALIZA EL PARADERO DE NELSON BARDESIO

A los 68 años, Nelson Bardesio Marzoa -el agente de la CÍA y fotógrafo policial que 36 años atrás reveló a los tupamaros la identidad de los integrantes del Escuadrón de la Muerte y confesó la forma en que operaba clandestinamente en atentados con explosivos, torturas a detenidos, asesinatos y desapariciones- vive actualmente en Argentina. Brecha lo ubicó en su domicilio del partido de Ituzaingó, en el Gran Buenos Aires, donde reside con su esposa. Al cierre de esta edición, se aguardaba la orden para su detención preventiva, previa al pedido de extradición. El testimonio de Bardesio es considerado un elemento clave de la investigación judicial en curso por el asesinato y desaparición de Héctor Castagnetto. Pero para ello será necesario que la justicia argentina acceda al pedido de extradición de su par uruguaya, un trámite que recién comienza con la solicitud de captura.

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA: SAMUEL BLIXEN/ WALTER PERNAS/ FABIÁN KOVACIC

ES IMPREDECIBLE ESTABLECER cuál será la actitud del ex fotógrafo policial una vez que se enfrente a la jueza penal que realiza la investigación. En marzo de 1972, interrogado por los dirigentes tupamaros en la "Cárcel del Pueblo", Bardesio confesó con lujo de detalles los pormenores que vinculaban a los grupos paramilitares y para policiales con el Ministerio del Interior y de Defensa. Una vez liberado, y a pesar de sus temores de que fuera asesinado por sus camaradas policías, Bardesio fue entregado al Ministerio del Interior, en mayo de 1972, y en circunstancias que se desconocen, se rectificó de sus confesiones, aduciendo que había sido torturado psicológicamente.
Probablemente en noviembre de 1972 logró abandonar el país, quizás protegido por los agentes de la CÍA estacionados en Montevideo. Un primer destino, según periodistas estadounidenses que investigaron el Escuadrón de la Muerte uruguayo, habría sido Canadá; más tarde fue ubicado en México, ahora como pastor de una iglesia evangélica.
Una investigación de Brecha pudo establecer que Bardesio contrajo matrimonio en 1976 con su actual esposa, según los registros del condado Bexar, en el estado de Texas; en 1972 el agente de la CÍA estaba casado con una funcionaría policial, y se desconoce cuándo y cómo se produjo el divorcio.
Las páginas amarillas de la telefónica de Texas indican que en 2004 Bardesio registraba como domicilio las oficinas de la Compañía Cantrell en el 8144 Walnut Hill Ln, Ste 1440Dallas, TX 75231-4344. La empresa tiene, sugestivamente, el nombre de quien fuera uno de los más activos jefes de la estación de la CÍA en Montevideo, William Cantrell, de quien Bardesio fue el chofer de confianza.
Si Bardesio pretendió borrar su rastro durante más de 30 años, para dejar atrás su pasado de coordinador de grupos operativos del Escuadrón, su llegada a Argentina, en junio de 2006, provoca cierta perplejidad, puesto que no se esforzó por disimular su presencia. Ingresó a ese país con el pasaporte estadounidense número 712614610, expedido a su nombre. Hasta donde se pudo reconstruir su periplo con base en numerosas fuentes consultadas, Bardesio optó por instalarse en una casa anodina, 'ni muy modesta ni muy lujosa, de un barrio de clase media alta de la calle León Bloy 308, en Ituzaingó, una población del Gran Buenos Aires distante unas dos horas del centro de Capital Federal. El teléfono particular fue registrado a nombre de su esposa. Y se sabe que en ciertas oportunidades viajó a Montevideo para visitar a sus propios familiares.
Al activarse la denuncia por la desaparición de Castagnetto, la justicia uruguaya solicitó información vía Interpol, y la policía argentina, a mediados de 2007, comunicó en detalle sobre el paradero y bienes del ex fotógrafo policial. Por razones que se desconocen, el pedido de captura preventiva no se activó hasta ahora y es de presumir que Bardesio tenía conocimiento de las diligencias judiciales. Sin embargo, no tomó al parecer ninguna medida para eludir una detención. Quizás ello sugiera que Bardesio está dispuesto a desentrañar la confusión de mayo de 1972 que permitió a una mayoría parlamentaria mirar para el costado e ignorar la responsabilidad institucional de los gobiernos de Pacheco Areco y Juan María Bordaberry al estimular, amparar y financiar los escuadrones paramilitares y parapoliciales.
BARDESIO LOCALIZADO. En el curso de la investigación de Brecha pudo verificarse, por dos fuentes independientes entre sí, la presencia de Bardesio en Argentina. El martes 22 un equipo del semanario se trasladó a Ituzaingó. Logró ubicar la casa, una construcción de ladrillos a la vista, con un cobertizo para el vehículo marca Citroen color negro y una entrada enrejada. Ciertos paralelismos saltaron a la vista: el nombre de la calle corresponde al escritor francés del siglo XIX, que primero fue un disipado mujeriego y después se convirtió en una especie de monje asceta, de la misma forma que Bardesio fue primero un activista del Escuadrón de la Muerte para luego convertirse en pastor evangelista. Quizás haya sido un accidente el lugar de residencia, pero no puede menos que señalarse que la calle está literalmente rodeada de reminiscencias uruguayas: las laterales y paralelas de León Boy exhiben nombres como José Artigas, Oribe, Juan Antonio Lavalleja, Tacuarembó, Colonia, Florida.
La discreta vigilia de Brecha pretendía confirmar su presencia y obtener una fotografía de Barde-sio, que nunca fue difundida. El vecindario, preocupado por las olas delictivas, se alborotó ante la presencia persistente de extraños. Finalmente, en la mañana del miércoles 23, Brecha intentó comunicarse telefónicamente con Bardesio. Atendió su esposa: "Nelson está ahora en la ducha". Media hora más tarde, Brecha tocó el timbre de la puerta.
-Queremos hablar con el señor Nelson Bardesio.
- ¿Quién lo busca? -preguntó una voz femenina a través del portero eléctrico.
-Periodistas uruguayos.
Hubo un silencio y la comunicación se cortó. No parecía que el matrimonio Bardesio estuviera sobre aviso.
Minutos más tarde, después de varios intentos, la esposa atendió el teléfono, y ante el requerimiento anunció que Bardesio no quería formular declaraciones; Los argumentos esgrimidos no lograron variar la determinación. Sin embargo, quedaba cumplido el objetivo de confirmar la presencia del ex agente de la CÍA en Ituzaingó.
En el momento de sacar su vehículo, una vecina fue abordada por Brecha:
-¿Conoce a su vecino, el señor Bardesio?
-Sí, pero muy someramente. Cuando salen, lo hacen en el auto, y nunca concurren a las reuniones de vecinos para discutir los problemas de seguridad. ¿Por qué preguntan?
Se le informó del pasado de Bardesio referido a los derechos humanos.
-¡Mire usted! Aquí en la cuadra hay varios que seguramente tuvieron que ver con esas cuestiones. Es gente muy reaccionaria. Por lo que sé, Bardesio vivió muchos años en Estados Unidos.
La posibilidad de abordar a Bardesio en la calle se diluía a medida que transcurría la tarde. La puerta de su casa se abrió sólo para permitir la entrada de dos personas. El tedio sólo fue roto cuando un patrullero de la Policía Bonaerense se estacionó junto al auto de Brecha y pidió documentos.
-¿Qué hacen aquí? -preguntó un oficial:"
-Somos periodistas. Queremos entrevistar a una persona que puede ser detenida y extraditada.
El oficial regresó al patrullero y se comunicó por radio. Después devolvió los documentos y dijo:
-Sigan nomás, muchachos.
Al cierre de esta edición, la captura preventiva de Bardesio aún no se había producido. Y tampoco se produjo una fuga precipitada del requerido.
La situación judicial de Bardesio puede resultar comprometida porque su responsabilidad en la estructura del Escuadrón de la Muerte está confirmada por dos testimonios independientes de otros tantos miembros de uno de los grupos parapoli-ciales que el ex agente coordinaba con los jerarcas del Ministerio del Interior. Ello sin contar con que, pasados 36 años, Bardesio puede estar dispuesto a rever el desmentido que evidentemente efectuó bajo presión política y confirmar el detallado testimonio que brindó a los tupamaros. La negativa a conceder una entrevista a periodistas no es necesariamente un indicio de que no quiere colaborar con la justicia. Porque lo más directo hubiera sido fugar. Y volver a un peregrinaje por tierras donde, lo más probable, no haya calles con referencias a Uruguay.

24 de julio – Brecha

Le revocaron el arresto domiciliario al ex jefe de la Triple A y lo llevaron a la cárcel de Marcos Paz

Otro represor que duerme a la sombra

La Cámara Federal señaló que el hecho de tener más de setenta años no es suficiente para beneficiarse con el arresto domiciliario. Esperan nuevos exámenes médicos sobre la salud del ex lugarteniente de López Rega.

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Rodolfo Eduardo Almirón fue extraditado desde España, donde vivió tranquilo durante más de treinta años.

El ex jefe de la Triple A Rodolfo Eduardo Almirón será alojado en el penal de Marcos Paz. Así lo dispuso el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi después de que la Cámara Federal porteña señalara en un fallo que no corresponde mandar a los presos a su casa por el simple argumento de ser mayor de setenta años.

Almirón está procesado como partícipe de una asociación ilícita y por asesinatos cometidos entre 1973 y 1975 por la Alianza Anticomunista Argentina, la organización de ultraderecha que lideraba el ministro de Bienestar Social de Isabel Martínez de Perón, José López Rega. Fue extraditado desde España, donde vivió durante 31 años sin ser molestado. Apenas pisó suelo argentino denunció problemas de salud y logró que lo beneficiaran con la prisión domiciliaria. De hecho, ni siquiera fue indagado debido a que una junta médica todavía está evaluando su estado físico. Los primeros estudios comprobarían algunos de los achaques, pero el fallo de la Cámara, en el voto del juez Eduardo Freiler, señaló que la salud del preso debe ser crítica para que amerite que se vaya a su casa.

"Hasta tanto se completen los informes médicos y psicológicos recomendados por el Cuerpo Médico Forense doy mi voto por revocar la resolución impugnada, haciendo saber que deberán realizarse todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y de salud del imputado", señaló en su voto el juez Horacio Cattani. El tercer juez que firmó el fallo, Eduardo Farah, consideró que dada la edad y estado de salud de Almirón, éste debía continuar bajo arresto domiciliario. Por el momento, el represor dormirá en Marcos Paz, según lo ordenó Martínez Di Giorgi, que reemplaza interinamente a Norberto Oyarbide.

En la investigación que llevó adelante Oyarbide está acreditado que la Triple A ideó y y ejecutó los homicidios del ex diputado Rodolfo Ortega Peña y de Alfredo Curutchet, Julio Troxler, Silvio Frondizi, Luis Mendiburu, Carlos Laham, Pedro Barraza y Pablo Laguzzi, entre otros. El magistrado consideró que se trató de crímenes contra la humanidad y por lo tanto imprescriptibles. La Cámara confirmó el criterio.

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L A HISTORIA DEL SINDICALISTA NELSON PALACIOS
La complicidad del sindicato químico de Zárate con la dictadura militar


Secretario adjunto de una nueva federación de trabajadores, amparada por el moyanismo y por el ministerio de Trabajo porque la federación preexistente quedó alineada en el barrionuevismo, el secretario general de los trabajadores químicos de Zárate, Nelson Palacios, personifica uno de los casos más claros de complicidad de la burocracia sindical con la dictadura, siempre en asociación con las poderosas patronales petroquímicas. Complicidad tejida en los hilos de la delación de activistas de base y delegados, muchos de los cuales engrosan las filas de los detenidos-desaparecidos. Tres fotocopias de cartas quedan como pruebas de esa siniestra práctica que compartieron tantos otros burócratas, además de los testimonios de dos detenidos-desaparecidos sobrevivientes, Alberto Calvo y Lidia Biscarte, quienes, encima, deben afrontar en octubre un juicio por injurias que les inició Palacios.

Las cartas fueron intercambiadas por Palacios, entonces adjunto del sindicato, y el ya muerto secretario general de la época, Pedro Valiente, con los jefes sucesivos del Comando Zona Delta Área 400 –el aparato militar encargado de la inteligencia y la represión en la región- coroneles Cigliotti y Jorge Valladares. Hay que aclarar que, y no precisamente por casualidad, el sindicato de trabajadores químicos de Zárate fue uno de los muy pocos en el país que nunca resultó intervenido por la dictadura.

Uno de los activistas denunciados por Palacios y Valiente en las cartas, José Álvarez, fue quien recibió las fotocopias, se las tiraron por debajo de la puerta de su casa en cuando se acercaba el fin de la dictadura y las duplicó para hacerlas circular entre otros compañeros. Luego, en 1983, apenas diez días después de que asumiera la presidencia Raúl Alfonsín, publicó una solicitada denunciando la entrega de trabajadores a la que se habían dedicado Valiente y Palacios.

Álvarez, quien también ya falleció, es la víctima de uno de los casos más repugnantes de los que se evidencian en las cartas. "Señor Coronel –dice una carta de los dos dirigentes enviada al coronel Valladares el 22 de julio de 1983- el promotor y cabecilla del grupo (de trabajadores que plantearon una protesta en la empresa Petrosur, hoy Petrobrás) es el operario Alvarez, con gravísimos antecedentes políticos y gremiales, que no corresponden a nuestro mundo Occidental y Cristiano y forma digna de convivencia de paz y trabajo logrado por nuestras Fuerzas Armadas, Policiales y de seguridad con la vida de nuestros héroes. Este operario en varias oportunidades agitaba al personal, recibiendo de parte del compañero Abdala varias recomendaciones, cuyas notas privadas A.B.325.1981/A.S.386.1981/A.B.1982-S.N.G.T.S./acta 4/4/1983 gremialismo negativo; todas ellas deben constar en los servicios de dicha área cuya jefatura Ud. ejerce todavía; no fueron nunca prestada la mínima atención, siendo que este trabajador de ideología sistema de vida Occidental y Cristiano y cuya prédica y agitadora es constante (sic)".

El 18 de agosto del mismo año, Valladares les contestó que, pese a que Alvarez tenía antecedentes de activismo gremial desde 1955, "por sus antecedentes gremiales no pesa condena firme alguna, no siendo elemento irritativo como Uds. Mencionan; pero reconoce este Comando que no es deseable para prestar servicios en los gremios por su tendencia a hacer inflexible a la posición adoptada y su marcada presdisposición a ser exigente con los cumplimientos legales y leyes laborales". En concreto, en relación con Álvarez los dirigentes gremiales eran más papistas que el Papa. Por si acaso, en la misma carta, para enfatizar que las denuncias de Palacios y Valiente eran en general bien tenidas en cuenta por el Comando, Valladares les recuerda con sus códigos 9 casos de acción del Comando a partir de esas denuncias, que involucran a varios trabajadores detenidos-desaparecidos, como por ejemplo Gerbi, Garello, Tognoni y Berra.

En esas acciones también figura el nombre de Alberto Calvo, quien estuvo chupado y desaparecido durante más de un mes y luego, "blanqueado", pasó dos años preso en terribles condiciones "a disposición del Poder Ejecutivo Nacional". Calvo, uno de los sobrevivientes que ofreció valiosos testimonios para las causas por crímenes de lesa humanidad en la zona que instruye el Tribunal Federal de San Martín, también denunció a Palacios. Su denuncia, apoyada por la ex subsecretaria de Derechos Humanos de Zárate Lidia Biscarte, también detenida-desaparecida sobreviviente, fue respondida por Palacios con la iniciación de la causa por "injurias" que tratará en octubre la justicia de Campana.


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Red de Noticias Derechos Humanos




Las diputadas nacionales Cecilia Merchán y Victoria Donda, formularon declaraciones al termino de la lectura de la sentencia contra el genocida Luciano Benjamín Menéndez y otros acusados de cometer delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura militar.

La legisladora cordobesa Cecilia Merchán expreso: "Siento una gran satisfacción por el resultado de la sentencia a cadena perpetua a Menéndez y sus secuaces, que estos asesinos tengan que pasar el resto de sus vivas en cárcel común, es un triunfo de la justicia, de la lucha de los organismos de derechos humanos y del pueblo en su conjunto".

Por último, Merchán agregó que "la presencia del gobernador Juan Schiaretti en la sala de lectura de tribunales federales es un tanto oportunista " hay que recordar que el gobierno que el encabezaba con el ex gobernador De la Sota en dichos de este último, que mando a callar a las madres de la Plaza y preguntarse por que no cuidaron a sus hijos".

A su turno la diputada nacional Victoria Donda manifestó que "esta sentencia es histórica, es un enorme paso que confirma un sendero que venimos transitando desde las organizaciones de derechos humanos , ahora debemos ir por mas asesinos que terminen en la cárcel, hasta que haya justicia y castigo para todos los culpables de asesinar y desaparecer a miles de compañeros, es un día de festejo, en su día de coronación de una parte de nuestra lucha".


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Red de Noticias Derechos Humanos


PASO DE LOS LIBRES
Querella por capellán de Montoneros desaparecido durante la dictadura
Se presentó ante Tribunal Federal de Paso de Los Libres una querella por la desaparición del sacerdote, capellán de Montoneros, Jorge Oscar Adur, secuestrado el 26 de junio de 1980 en dicha localidad y detenido en el centro clandestino La Polaca.


"25 años de democracia, de impunidad es demasiado tiempo. Tendría que ir un poco más rápido esto de la justicia", dijo Hugo Adur.

Adur, autorizó a la querella y dio poder a los abogados querellantes Jorge Olivera y Ramón Leguizamón para llevar el caso según el sitio Sur Correntino.

La carátula de la cusa se titula: "Waern Carlos Fidel y otros s/supuesta comisión de delitos de lesa humanidad" Expte. Nº 1 -18.239/04. Contando, además, con el patrocinio letrado del abogado Eduardo Molina y Giachetti.

Luego de oficial la presentación, la querella solicitó al juzgado las testimoniales de Hugo Adur quien vive en la localidad de Nogoyá, provincia de Entre Ríos; de Silvia Noemí Tolchinsky radicada en Barcelona; y Martín Balza, embajador argentino en la república de Colombia.

Adur fue capellán del Ejercito Montonero, confesor del General Juan Domingo Perón y asesor espiritual de la familia Abal Medina.

Oriundo de la localidad de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, nació el 19 de mayo de 1932 y fue el noveno de los doce hijos que tuvo el matrimonio de Manuel Adur y Juana Dominga Bernachea.

Después de recibirse de bachiller viaja a Buenos Aires para ingresar como seminarista a la congregación francesa de Los Agustinos de la Asunción perteneciente a la Iglesia Católica, conocidos como los asuncionistas.

Se recibe de sacerdote estando en Chile y regresa a Nogoyá para celebrar su primera misa.

Pronto es nombrado párroco de la Iglesia San Miguel de Tournes en el barrio de Belgrano de Buenos Aires, al poco tiempo se desvincula de los curas tradicionales y con una gran cantidad de curas conforman el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, del cual Jorge era uno de los redactores de sus documentos. Viajan a España para entrevistarse con Juan Domingo Perón.

Junto con militantes y sacerdotes fundan una capilla en la calle Paraná 6602 de Olivos, donde organiza festivales, casamientos y peñas para recaudar fondos para los barrios humildes.

Según sus allegados fue asesor espiritual de la familia Abal Medina, y la persecución comenzó después del asesinato de Fernando Abal Medina.

Es que la familia le había pedido que reconozca el cuerpo en la Policía Federal para retirarlo y habría sido testigo de cómo la policía arrojó al cuerpo de Fernando desde el cuarto piso.

Un grupo de curas y obispos trasladaron a Jorge al interior de la provincia de Buenos Aires donde permaneció un tiempo hasta que el nuncio apostólico Pío Laghi lo trasladó en auto hasta el avión que lo llevaría fuera del país.

Según sus allegados, Jorge Oscar Adur, Capellán del Ejército Montonero, regresó al país del exilio en Francia en el marco de la Contraofensiva Montonera y fue secuestrado el 26 de junio de 1980 en Paso de los Libres/Uruguayana cuando viajaba a Puerto Alegre, en la empresa General Urquiza, bajo el nombre de Pedro Ramón Altamirano DNI 4.066.191.

Ese mismo día y en ese mismo lugar secuestran a Lorenzo Ismael Viñas quien se dirigía a Río de Janeiro en la empresa de transporte brasilera Pluma, en el autobús 7825, boleto 93034. Adur y Viñas viajaban en sendos asientos nº 11.

Cuentan que ambos fueron llevados al Centro Clandestino de Detención conocido como "La Polaca", un campo de unas 40 has. ubicado a la vera del río Uruguay y a pocos kilómetros de la ciudad correntina de Paso de los Libres.

El predio La Polaca fue utilizado cuando comenzaron a producirse los secuestros de militantes de la organización Montoneros que regresaban al país en el marco de los que se llamó la "contraofensiva".

Por estar muy cerca de la frontera, "La Polaca" era un lugar discreto para los traslados de detenidos desde Brasil. De lo contrario había que cruzar toda la ciudad hasta llegar a la zona donde estaban los distintos regimientos.

Actualmente, el Juzgado de Paso de Los Libres tiene en su poder causas que investigan secuestros sistematizados, torturas y muerte en ese predio.

Silvia Tolchinsky, secuestrada y durante su cautiverio en una serie de quintas situadas en las inmediaciones de Campo de Mayo vio a Lorenzo Viñas y pudo escuchar los gritos bajo tortura de quien supone era el cura Adur.

En aquella época, Paso de los Libres contaba con Aeronáutica; el Batallón y el Regimiento de Infantería del Ejército; Gendarmería; Prefectura; Policía Federal; Policía de la Provincia y el Destacamento 123 de Inteligencia. Cada uno de ellos con sus respectivos grupos de inteligencia

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