domingo, 20 de julio de 2008


DIA PROVINCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy conmemora el 20 de julio como DIA PROVINCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, institucionalizado por Ley 5516, en memoria de los apagones ocurridos en Calilegua y Ledesma en julio de 1976, en el marco de los operativos represivos implementados por la dictadura militar en Jujuy. Los principales responsables de los operativos de secuestro y desaparición de personas que están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad son: Carlos Néstor Bulacio, (con arresto domiciliario) Donato Arenas( arresto domiciliario), Luciano Benjamín Menendez( arresto domiciliario ) Domingo Bussi ( a juicio oral cuyo comienzo es el 5 de agosto y en prisión preventiva con arresto domiciliario) y Rafael Mariano Braga, con prisión preventiva en el RI de Montaña 5º en nuestra ciudad y defendido por el abogado del foro local Dr Carlos Carrizo Salvadores, denunciado por su presunta participación en la Masacre de las Capillas en Catamarca.

Es preciso reflexionar sobre los alcances y desarrollo de los Derechos Humanos a más de veinte años de vida en democracia. .Por ello desde el ejercicio de la "memoria" hoy podemos contraponer aquellos momentos en los que la condición humana fue llevada a la más aberrante denigración y desprecio por la vida de miles de desaparecidos, torturados y muertos .El ilimitado abuso del poder del Terrorismo de Estado fue ejecutado por las Fuerzas Armadas, policiales, federales, sectores de la Iglesia , civiles y partidos políticos y empresas como el Ingenio Ledesma que colaboraron desde el poder económico para planificar un país para pocos.

En la actualidad las derivaciones que permanecen de ese fogonazo autoritario se manifiestan en muchos aspectos de nuestra vida: como son la falta de solidaridad, el empobrecimiento social, cultural, económico, la discriminación en todos los aspectos, la exclusión laboral, y de una juventud que no se siente parte del proceso político y del desarrollo nacional. Un espíritu desarraigado de indolencia colectiva, un sentimiento de desesperanza , son las secuelas que operan paralizando la proyección de la sociedad y la viabilidad de mejores posibilidades para el país.

En este aniversario que recordamos un hecho trágico de nuestra historia, ocurrido en la zona de Ledesma, más de 400 compañeros fueron víctimas de detenciones ilegales, allanamientos, torturas y treinta de ellos continúan desaparecidos sin contar con el derecho a la defensa que hoy gozan los genocidas, renovamos nuestro compromiso y lucha por la VERDAD, MEMORIA y JUSTICIA para que todos los genocidas sean juzgados y condenados , con la garantía de la defensa en juicio , en tribunales imparciales que garanticen un juicio justo y que sean condenados a prisión perpetua y en cárcel común.

Reconstruyamos la Historia, con lucha y esperanzas.

Por un país pleno de respeto a los Derechos Humanos.



Madres, Hijos y Familiares de Detenidos - Desaparecidos de Calilegua y Libertador Gral. San Martín, los convocamos a acompañarnos a las actividades que se realizarán en Memoria de la "Noche del Apagón".

El 17/07 17:00 hs. ESCRACHE.

Para el 18 de julio a hs: 11:00 en la localidad de Guerrero se realizará un Acto donde funcionaba el Ex - Centro Clandestino de Detención y Tortura.

Concentración en la Comisión de Derechos Humanos a hs. 9:00.

Día 19 de julio a partir de horas 20:00 Vigilia y Fogón por la MEMORIA en la Plazoleta del mismo nombre en Calilegua, con la participación de Horacio Negro Fontova y su Banda, Humahuaca Trio, La Yugular y otros artistas.

El 20 de julio de 1976 se recuerda la fatídica NOCHE del APAGON, cuando en Calilegua, Libertador Gral. San Martín y El Talar, las fuerzas conjuntas que operaban en la provincia con la anuencia de la empresa Ledesma, los Blaquier y otros civiles cómplices, produjeron un corte de luz planificado, para secuestrar alrededor de 400 personas, de los cuales muchos fueron llevados al CCD y T de Guerrero y luego hacerlos desaparecer.

El 20 de julio a hs. 15:00 Homenaje a los 30.000 Detenidos – Desaparecidos en el Plazoleta de la Memoria de Calilegua.

15:30 MARCHA DESDE CALILEGUA A LIBERTADOR.

18:00 ACTO DE CIERRE con las organizaciones participantes y la actuación de IGNACIO COPANI Y HORACIO FONTOVA.

NI OLVIDO! NI PERDON!

CARCEL YA A LOS GENOCIDAS!

APARICION CON VIDA DE JULIO LOPEZ!

Organizan:


CONVOCAN: Madres, Hij@s y Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Jujuy, Comisión de Derechos Humanos, Movimiento Social "Tupaj Katari", Corriente del Pueblo, SEOM, Partido Obrero, Pueblos Originarios, Agrupación Barrial Avelino Bazan, Libres del Sur, Barrios de Pie, Radio Minka, MOCAJU, Comisión de Derechos Humanos de Humahuaca y Abra Pampa, Movimiento de Documentalistas de Bs. As. y Frente Murguero de Jujuy: Los Descarrilados, La Gloriosa Locura, Los Bufones de la Locura y Falta un Tono. Murga de Salta: Manos.

Para información: Guillermina Díaz 03886-423987, Eublogia Cordero 03886-428036 o Raúl Molina 03886-422531 o 3884517343.


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Red de Noticias Derechos Humanos
www.primerafuente.com.ar



SE POSTERGARÍA EL JUICIO
La Junta Médica no autorizaría a Bussi a declarar
Una junta de especialistas designada por la Justicia habría determinado que el genocida no se encontraría en estado de salud suficiente para declarar en el proceso que llevará adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, desde el próximo 5 de agosto. Sin embargo, un día antes del inicio de las sesiones, se repetirá la revisión por parte de la Junta Médica.

Según trascendió de fuentes oficiales, la Junta Médica que evaluó el estado de salud del genocida Antonio Domingo Bussi no lo autorizaría a declarar en el proceso que llevará adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, desde el próximo 5 de agosto. La Junta Médica está dirigida por el médico forense del Poder Judicial de la Nación, Raúl Asial, y está integrada por la siquiatra, Aba Bini; la neuróloga Alejandra Molteni y la sicóloga, Consuelo Muñoz, del Hospital Padilla. Por parte del imputado, también integran la Junta los peritos Hernán Mena, profesional del Ejército y médico cabecera del represor; y Martín Wilde, siquiatra del Ejército. A partir de altas fuentes confiables, el militar retirado habría dicho que los que lo persiguen "son resentidos" porque les ganó en los montes y en las urnas. También habría defendido su accionar al sostener que cumplió órdenes de un gobierno democrático. Todo esto en el marco de los estudios psiquiátricos y sicológicos a los que es sometido diariamente Bussi. El genocida, cuando habla parecería que tampoco puede apartarse de los escritos que viene presentando a lo largo de los llamados a indagatorias que se producen en el marco de unas 600 causas que se reabrieron en su contra en la Justicia Federal. Es que seguiría justificándose con respuestas vinculadas a su carrera militar "para servir a su patria" y que recibió órdenes de un gobierno democrático que las hizo cumplir tal cual le ordenaron. Bussi debe responder ante la Justicia por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, ocurridos durante marzo de 1976. En este marco, la Justicia Federal confirmó que el 5 de agosto comenzarán las audiencias públicas dentro de este primer caso por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la década del 70. En tanto, ayer una junta médica de seis miembros, especialmente designada por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi (reemplaza en el cuerpo a Alicia Noli, quien se excusó), debió entregar un informe sobre el estado clínico del militar retirado. Un día antes del inicio de las sesiones, se repetirá la revisión de los especialitas.

Red de Noticias Derechos Humanos


A VEINTIDOS MESES DE LA DESAPARICION DEL TESTIGO JORGE JULIO LOPEZ

Una causa sin resultados

En La Plata, se realizó, como todos los 18, una marcha en la que se recordó al testigo desaparecido y se reclamó el esclarecimiento del caso. En la causa judicial sigue habiendo movimientos, pero sin resultados.



Por Adriana Meyer

Pasaron veintidós meses y el reclamo es el mismo: aparición con vida de Jorge Julio López, el testigo que acusó al represor Miguel Etchecolatz, colaboró a su condena a prisión perpetua y permanece desaparecido. Como cada mes, las organizaciones nucleadas en la Multisectorial La Plata y en Justicia Ya! marcharon para exigir el esclarecimiento del caso. Mientras tanto, la causa judicial está activa, aunque con nulos resultados. La hipótesis de que López salió del país hacia Paraguay, que los investigadores estaban analizando, está "prácticamente descartada". Esta semana, la fiscalía interrogó durante dos horas a un testigo de identidad reservada que había dicho que el cuerpo de López estaba en un arroyo.

Luego de varios meses de búsqueda en la localidad de Ignacio Correas, con el cuerpo de buzos de la Bonaerense reemplazado por el de la Federal, no apareció ningún rastro del testigo en ese curso de agua. Aunque esto le restó credibilidad al testigo, el fiscal Sergio Franco y sus colaboradores le hicieron preguntas durante dos horas. En la fiscalía trabajan ahora con un refuerzo de personal y están estudiando y ordenando el voluminoso expediente del caso López. La querella de Justicia Ya! les pidió tener acceso a legajos anexos que contenían testimonios de los que no tenían noticia.

Pocos días después de la desaparición de López había surgido el dato de que, según Migraciones, el testigo figuraba saliendo del país hacia Paraguay por un paso de frontera en Misiones. La explicación inicial fue que los funcionarios habían pretendido cargar el nombre de López y su documento en el sistema de búsqueda y, por error, lo hicieron de modo que quedó registrado como si hubiera abandonado el país. Para los investigadores esa explicación "no cerraba". Por eso una comisión de la Policía Federal viajó a esa provincia, interrogó al personal de Migraciones y habría confirmado que López no salió del país. La duda se centraba en que había aparecido el DNI en el sistema, pero ahora los investigadores detectaron que en los carteles de búsqueda de Gendarmería aparecía ese dato. "El tema está casi agotado, no hay elementos para sospechar su salida", expresó a Páginai12 una fuente del caso. Sin embargo, el juez federal Arnaldo Corazza volverá a interrogar en La Plata a los empleados de Migraciones.

A pesar del paso del tiempo, la marcha de ayer fue muy concurrida. Como es costumbre, los manifestantes fueron de Plaza Moreno a Plaza San Martín y muchos de ellos llevaban en sus rostros una de las 400 fotocopias de la cara de López que habían repartido los militantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Surcos. Nilda Eloy, sobreviviente de la dictadura y compañera de juicio del testigo desaparecido, leyó el documento en el que denunciaron la falta de resultados en la investigación, y denunciaron la existencia de "legajos secretos".


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Presentamos las notas, opiniones y entrevistas de la ultima semana.

"Cadena perpetua y cárcel común"

Por Katy García *

Para Juan Enrique Villa, ex dirigente sindical y actual miembro de la Comisión Provincial de la Memoria, los trabajadores organizados "fueron el sector más castigado por la dictadura militar". Sus compañeros, Pedro Ventura Flores, Hugo Alberto García, Adolfo Ricardo Luján, José Antonio Apontes, Víctor Hugo González, Guillermo Abel Pucheta y César Jerónimo Córdoba, permanecen desaparecidos.


"La Córdoba del poder prohijó a Menéndez"

Por Alexis Oliva

Juan Carlos Giuliani, secretario de Comunicación de la CTA, caracterizó a la sociedad civil que acompañó el terror militar, desplegado desde el Tercer Cuerpo de Ejército y focalizado en "una clase trabajadora combativa, revolucionaria, con construcción y organización". Asimismo, planteó que, además de justicia y memoria, se deben abordar los derechos de segunda generación, hoy "asignaturas pendientes y notorias".


Memoria y realidad

José Guillermo "Quito" Mariani *

Aquel no fue un movimiento revolucionario que pretendiera cambiar o reorganizar algo. La triple "A" había iniciado, con la complicidad del poder, un proceso de terrorismo que no por clandestino lograba ocultar sus vinculaciones efectivas y afectivas con el gobierno de Isabel. El golpe militar tuvo como objetivo continuar y perfeccionar ese proceso, librarlo de sus limitaciones, convertirlo en "terrorismo de Estado" con todas las artimañas y la crueldad que supone una dictadura. Pero mucha gente lo interpretó como una necesidad para llenar lo que aparecía como un vacío de poder.
También la Iglesia contribuyó a este juicio bastante generalizado. En el Te Dem del 25 de mayo el orador sagrado invitó a dar gracias por la circunstancia providencial de que las Fuerzas armadas se hubieran hecho cargo de la conducción del país. Así Dios quedaba complicado con el golpe.


Género y Derechos Humanos: Las mujeres en los campos

Por Susy Carranza
El juicio oral y público permite indagar sobre los constantes acosos y los abusos que padecieron las mujeres dentro de la perla y en otros Centros Clandestinos de Detención. | Sábado, 19 de Julio de 2008
Presentación de Abuelas

Nuevos pedidos de análisis genéticos

Un mes después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme el fallo de Casación que aceptó las condiciones planteadas por los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble para que sus ADN se entrecrucen sólo con dos familias, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo solicitó el martes al juez federal de San Isidro Conrado Bergesio que ordene peritajes genéticos con todos los grupos familiares conocidos que reclaman por menores sustraídos o nacidos en cautiverio antes de la fecha de esas adopciones.

La presentación detalló irregularidades de los trámites de adopción, en 1976, y solicitó que el entrecruzamiento se realice "en el Banco Nacional de Datos Genéticos, como ordena la ley 23.511, y no en el Cuerpo Médico Forense", como solicitó la otra parte.

Desde 2000, cuando la abogada Alcira Ríos presentó como querellantes a familiares de los matrimonios Gualdero-García y Miranda-Lanuscou, los abogados de Herrera de Noble se esmeraron en refutar la hipótesis de que Marcela y Felipe provinieran de ambas familias. Tras el apartamiento del juez Roberto Marquevich, que en 2002 detuvo a Herrera de Noble y ordenó exámenes de ADN compulsivo a los jóvenes, la causa llegó a manos de Bergesio, que la sobreseyó y concedió los pedidos de la defensa. Por apelaciones de Ríos el expediente transitó seis años en instancias superiores. En diciembre, Abuelas se presentó como querellante. El mes pasado la Corte dejó firme el fallo de Casación y la causa volvió a primera instancia. Por las fechas de los respectivos nacimientos, Abuelas solicita que en el caso de Marcela se entrecrucen los datos con los de doce familias y en el de Felipe con dieciocho.

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DOCUMENTO QUE INTENTO SER QUEMADO POR MILITARES EN SALTA

Un fiscal investiga el libro de guardia de un hospital militar

Desde ayer el fiscal federal Nº 1 de Salta, tiene en sus manos el "libro negro" (ese es su color y así lo bautizaron en la fiscalía), donde constan registros de atenciones médicas ocurridas en el Hospital Militar local durante la última dictadura y que hace un mes, el jefe de la Compañía de Inteligencia 5, Teniente Coronel, Juan Manuel Gestoso Presas, mandó a quemar.

Al libro, en el pasado, alguien le arrancó cinco hojas y hay otras que fueron pegadas entre sí como si se hubiese querido ocultar algunos datos. En esas condiciones, la persona ocultó libro y fue encontrado viejo, pero bien resguardado.

Además, hace unos días, el fiscal Ricardo Toranzos ordenó un allanamiento al Hospital Militar "Cirujano Mayor Joaquín Díaz Bedoya", donde se secuestraron al menos unos ochenta biblioratos (que sumaron 17 bultos que ya están en la fiscalía), entre ellos un libro donde consta que el "libro negro" figura como destruido.

Por esta causa, la Ministra de Defensa, Nilda Garré, relevó de sus cargos recientemente al director del Hospital Militar, coronel Carlos Fernando Tosetto Arias; al jefe operacional de Sanidad Militar, teniente coronel, Antonio Baena; y al teniente coronel Gestoso Presas, siendo este último el que mandó quemar el libro en cuestión que fue encontrado casualmente durante una limpieza en la administración del hospital.

Una alta fuente judicial contó a Clarín que al libro lo habría encontrado hace un mes el teniente coronel Antonio Baena, y este se lo pasó al coronel Fernando Tosetto Arias, quien lo entrega a teniente coronel Gestoso Presas, quien ordenaría a un capitán (ahora con identidad protegida por ser testigo) que lo queme.

El capitán (ahora trasladado a un cuartel tucumano), le advirtió a Gestoso Presas que por ser un documento que pertenece a los años 1976 a 1982, no se podía destruir, dado que está en vigencia un pedido del Ministerio de Defensa que se debe remitir todo tipo de información de hechos ocurridos durante la dictadura para ser investigados. A pesar de ello, Gestoso Presas, reiteró la orden de quemarlo.

Lejos de cumplir la orden, el capitán desertó del regimiento salteño y viajó a Buenos Aires llevándose el libro. Sin dudar, lo puso a disposición de la ministra de Defensa con la denuncia contra su superior que le ordenó quemarlo.

Ayer, el fiscal Toranzos, ante Clarín, confirmó el allanamiento al Hospital Militar de Salta, y sólo expresó que por el momento "no se sabe cuál es nivel de información que contiene el libro que me fue remitido por el Ministerio de Defensa", dijo Toranzos.

Consultado si en el hospital fueron atendidas personas que figuran como desaparecidas por los militares durante los años 1976 y 1982, el fiscal aseguró que "la causa está bajo secreto de sumario. Ahora, tenemos que analizar el porqué se quería mandar a quemar el libro", explicó Toranzos.

Sin embargo, Clarín pudo confirmar de una segunda fuente, que en el "libro negro" figuran atenciones de nacimientos por parte de esposas de militares, patologías varias y accidentes de militares y conscriptos durante los años 1976 y 1982.



CARCEL PARA SANTIAGO SINCLAIR, EX MIEMBRO DE LA JUNTA MILITAR

Cayó un socio de Pinochet

El ex mano derecha del dictador chileno fue procesado y encarcelado por su responsabilidad en el asesinato de cinco militantes de izquierda. Las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas festejaron la medida.

Ni el arrepentimiento lo salvó. La Justicia chilena procesó y encarceló a Santiago Sinclair, ex mano derecha del difunto dictador Augusto Pinochet, por su responsabilidad en el asesinato de cinco militantes de izquierda durante la dictadura, que fueron arrojados al mar en 1987. Aunque el general retirado criticó en 2003 las pasadas violaciones a los derechos humanos, ayer fue detenido junto al general en retiro Hugo Prado, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y el coronel en servicio activo Marcos Bustos. Los familiares de las víctimas celebraron la medida judicial.

Luego de que el juez Mario Carroza dio luz verde al procesamiento de Sinclair y los otros dos militares, los partícipes de la dictadura fueron recluidos en el Batallón de Policía Militar en el oriente de Santiago. La instalación devino en centro de reclusión debido a los procesamientos masivos de militares iniciados en 2007, tras la muerte de Pinochet en diciembre de 2006. Con este nuevo fallo, ya suman 20 los uniformados encausados en un caso que fue emblemático por tratarse de la última desaparición de opositores del régimen castrense que imperó en Chile entre 1973 y 1990.

Todos los procesados son acusados del secuestro y desaparición de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), de izquierda, en 1987. Las víctimas, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida, Julio Muñoz, Julián Peña y Alejandro Pinochet Arenas, habrían sido torturadas y asesinadas en dependencias militares. En una versión local de los vuelos de la muerte realizados por los militares argentinos, sus pares chilenos arrojaron los cuerpos al mar desde un helicóptero del ejército, tras una orden emitida por Sinclair, según indica la investigación del juez Mario Carroza.

La decisión de ayer es el primer paso para la sentencia definitiva,

en el caso que deberá ser sancionada por la Corte de Apelaciones. "Hoy día se está reprochando a los jefes de este tipo de operación y de estos secuestros permanentes que existen respecto de estos cinco desaparecidos", señaló el abogado querellante, Nelson Caucoto. Sin embargo, advirtió que aún faltan otros autores materiales. Por ello, abogados anticiparon que ahora iniciarán juicio contra los civiles y políticos que respaldaron el régimen castrense, entre los que figuran senadores y diputados en ejercicio.

En tanto, las organizaciones de derechos humanos recibieron con alegría la noticia. "Su detención es extraordinaria y constituye un avance significativo y serio en el esclarecimiento judicial de las violaciones a los derechos humanos", dijo la vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García. Para los defensores de las víctimas lo importante es que por fin están siendo procesados los responsables finales de las prácticas represivas. "Ojalá sigan cayendo muchos más", dijo.

Sinclair fue vicecomandante en jefe del ejército entre 1986 y 1989, cuando pasó a integrar la junta militar. Antes de convertirse en senador en 1997, el militar retirado participó como civil del "boinazo" en julio de 1993, una rebelión militar carapintada comandada por el entonces general Pinochet, en la que comandos paracaidistas del ejército con boinas, lanzacohetes y lanzagranadas rodearon el edificio de las Fuerzas Armadas, a pasos de La Moneda. En uno de los capítulos más tensos de la transición, tres años después del fin de la dictadura, Sinclair fue quien presentó el petitorio de la asonada para que el gobierno de Patricio Aylwin sepultara el caso de los "pinocheques".

Diez años más tarde, quien fuera uno de los más estrechos colaboradores de Pinochet en los años de plomo se convirtió en uno de los ocho primeros arrepentidos de las atrocidades llevadas a cabo por la dictadura. En mayo de 1993, Sinclair firmó una carta junto a otros siete generales de confianza del dictador en la que reconocían "la existencia de problemas en materia de derechos humanos" durante la dictadura. En el documento inédito para ese entonces, los militares no mencionaban explícitamente el genocidio en Chile por el que unas 3000 personas fueron asesinadas o desaparecidas, según informes oficiales, y otras 50.000 torturadas, entre ellas niños de hasta dos años.

Por si la memoria falla, ayer la Justicia se lo recordó.



Piden a Randazzo por Leiva y Mascietti www.nuevodiariodesalta.com.ar
La Red Nacional de Abogados de Derechos Humanos pidió una audiencia al ministro del Interior, Florencio Randazzo, para informarle de la difusión de un supuesto plan para hacer desaparecer a los abogados David Leiva y Hernán Mascietti.

La Red Nacional de Abogados de Derechos Humanos pidió una audiencia al ministro del Interior, Florencio Randazzo, para informarle de la difusión de un supuesto plan para hacer desaparecer a los abogados David Leiva y Hernán Mascietti.

Hernán Mascietti.
El pedido de audiencia fue solicitado anteayer por la abogada Mirta Mántaras.

"Me dirijo a usted en nombre de la Red Nacional de Abogados de Derechos Humanos, a fin de solicitarle una audiencia porque ha sido amenazado `con hacerlo desaparecer`, el doctor David Arnaldo Leiva, integrante de nuestra Red que reside en Orán (Salta), y también al doctor Hernan Mascieti, abogados que actúan juntos y se ocupan de los juicios por violación de los derechos humanos y de cuestiones sociales de la comunidad vinculadas a la protección de los derechos", señala el texto de la nota por la que se solicita la audiencia con el funcionario nacional.

Mántaras sostuvo que se está ante una "grave situación, además de urgente", por lo que pidió al ministro que "nos reciba en audiencia y registre nuestra denuncia".

El 30 de junio pasado Mascietti y Leiva denunciaron que por un infidencia supieron que policías de la provincia elaboraban un plan para "hacerlos desaparecer", el que finalmente no se habría concretado porque abogados de la Policía consiguieron desalentarlos.





"Entre los objetivos a lograr con los jugadores está la orientación
moral, social, cultural y educativa", sostuvo Alfredo Bhüler, vicepresidente de Rosario Central al presentar el llamado proyecto 2008 del fútbol infanto juvenil. Fue el jueves 3 de julio en el primer piso del Hotel Plaza Real, ubicado en Santa Fe entre Presidente Roca y España. Entre los técnicos y preparadores físicos sentados y uniformados con los buzos de la institución de Arroyito, estaba Edgardo Norberto Andrada, el hombre denunciado como integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército y mencionado como partícipe en el secuestro y desaparición de Cambiasso y Pereyra Rossi, en mayo de 1983. ¿Qué "orientación moral" podrá generar alguien como Andrada?. ¿Por qué Central a través de la administración de Horacio Usandizaga mantiene a semejante personaje?. He aquí parte de una historia que todavía no ha sido discutida en ninguna asamblea de socios como tantos otros temas.

El gato maula

El miércoles 5 de marzo de 2008, Rosario fue tenido en cuenta por el diario español "El País".

El título de la nota fue "La doble vida de Andrada" y allí se leía que "el portero argentino al que Pelé marcó su gol número 1.000, acusado de haber sido un represor durante la dictadura argentina".

La nota fue escrita por el corresponsal Rodolfo Chisleanschi y sostenía que "el 19 de noviembre de 1969, el pulso futbolístico de Brasil se detuvo por un instante. En el viejo Maracaná, el árbitro Manoel Amaro acababa de pitar un penalti a favor del Santos contra el Vasco da Gama y Pelé se disponía a lanzarlo para intentar conseguir el gol 1.000 de su carrera. Enfrente, un portero argentino, Edgardo Gato Andrada, estaba dispuesto a aguarle la fiesta. Se estiró hacia su izquierda, adivinó el destino del remate, pero no llegó a rozar el balón y se quedó golpeando con rabia el suelo mientras los flashes buscaban a O Rei", describía la crónica.

Agregaba que "han pasado casi cuatro décadas de aquello. Andrada, un excelente portero que fue ídolo del Rosario Central antes de partir hacia Brasil, volvió a Argentina a finales de 1976, en tiempos de la dictadura militar que comandaba el general Jorge Videla. Entonces se sumó a las filas del Colón de Santa Fe, en el que hace algunos años le eligieron como el mejor arquero que haya pasado por el club, y se retiró en 1982 en el Renato Cesarini, un pequeño equipo de la misma provincia".

Pero ahora existen sospechas de que no sólo se dedicó a ponerse bajo los palos en los últimos años de su carrera. 'El Gato Andrada integró la patota [fuerzas paramilitares] que secuestraba gente en Rosario', le acusó el ex represor Eduardo Constanzo, procesado por crímenes contra la humanidad. En su declaración ante el juez Carlos Villafuerte Ruzo, hace dos semanas, Constanzo abundó en detalles y sostuvo que Andrada participó del operativo que terminó con la desaparición y la muerte de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi el 14 de mayo de 1983.

'No quiero hablar. Es una cosa que no tiene ni ton ni son, Constanzo miente. Yo estuve en el Ejército, pero no así', se defendió El Gato. Pero algunos datos juegan en contra del ex portero, que actualmente tiene 69 años y trabaja para el Rosario Central como coordinador de la cantera en la zona sur de la ciudad.

Andrada niega haberse jubilado como integrante de los servicios de Inteligencia del Ejército como señaló Constanzo en su declaración judicial, aunque todavía no ha aclarado cuál fue su actividad en las fuerzas armadas. Y otra denuncia, en este caso anónima y realizada en 1997 ante el juzgado de San Martín, provincia de Buenos Aires, ya lo señalaba como integrante del comando que secuestró a Cambiaso y Pereira Rossi en la cafetería Magnum, en pleno centro rosarino.

'Desde hace años, en Rosario hay un fuerte rumor sobre la participación de Andrada en la represión', asegura Ana Oberlín, abogada de la agrupación HIJOS, organización de derechos humanos formada por hijos de desaparecidos, asesinados o presos en la dictadura. Incluso algunos ex compañeros del Gato en el club Colón sostienen: 'Nunca hablábamos delante de él, ni siquiera de dinero, porque sabíamos que lo contaba todo a los dirigentes'.

Andrada "está ahora a la espera de una citación que se producirá en los próximos días. Como una ironía del destino, el mismo hombre que hace 39 años quiso ganar la gloria evitando el gol número 1.000 de Pelé deberá ahora echar mano de sus viejos reflejos para permanecer en el olvido. Porque, si el juez Villafuerte Ruzo logra certificar las acusaciones de Constanzo, no habrá reconocimiento, sino vergüenza en su entrada en la historia", concluía la crónica.





Articulo de colega Carlos del Frade, distrbuído por Argenpress


Viernes, 18 de Julio de 2008
DOS SOBREVIVIENTES RECONOCIERON EL LUGAR DONDE ESTUVIERON SECUESTRADOS EN LA TABLADA

"Este lugar no estaba denunciado"

En el marco de la causa por delitos de lesa humanidad que investiga el juez Rafecas, Víctor Hugo Díaz y Alcira Ríos volvieron al lugar donde estuvieron secuestrados en el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada.

Por Diego Martínez
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La abogada Alcira Ríos estuvo detenida-desaparecida en 1978.
Víctor Hugo Díaz logró escaparse a horas de su secuestro, en 1977.

"La maquinaria de la muerte tenía grietas. Por una de ellas salí yo", relató Víctor Hugo Díaz, ex militante de la Juventud Peronista que en la mañana del 4 de febrero de 1977, a horas de su secuestro, se fugó del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada. Tres décadas después, Díaz volvió ayer a la ex guarnición militar, no en un baúl, sino como testigo de una inspección ocular que encabezó el juez federal Daniel Rafecas. El edificio del que logró huir ya no está en pie y en su lugar hay un hipermercado de colores furiosos. "Pero siempre quise volver y estar acá es una gran victoria –aclara–, porque este lugar no estaba denunciado."

El Regimiento General Belgrano, en la intersección del Camino de Cintura y Crovara, en La Matanza, pasó a la historia por el asalto del Movimiento Todos por la Patria en 1989. Años antes, durante la dictadura, había cobijado a los cerebros de El Vesubio. El centro clandestino tenía línea directa con la Central de Reunión de Inteligencia (CRI) a cargo del mayor Pedro Durán Sáenz, que alternaba trabajos sucios entre ambas sedes y viajaba a Azul los fines de semana para asistir a misa y visitar parientes. Por encima suyo estaba el coronel Federico Minicuchi, jefe del Regimiento. Durante el menemato el predio pasó a manos de la cadena francesa Auchan, que en 2004 lo revendió. Hoy el terreno de la CRI y la "enfermería", que alojó a decenas de secuestrados, pertenecen a otro mercado. El resto de las construcciones se mantienen en pie: siete edificios de dos plantas, lúgubres, pero con rastros de maderas y alfombras que delatan su pasado.

Beto Díaz entró por primera vez en el baúl de un auto. Durante la tortura se le subió la venda y alcanzó a ver un rostro y un tablero con fotos. Lo abandonaron desnudo, vendado, en un catre de lona. Cuando escuchó roncar al guardia se desa-tó las manos con los dientes. Le sacó el arma, le dio un golpe en la cabeza y le preguntó dónde estaba.

–Regimiento 3 de Infantería de La Tablada. No me mate –le rogó.

Díaz se puso la camisa verde oliva del militar, le sacó la billetera y salió. Amanecía. No eran las siete. "Corrí trescientos metros hasta el alambrado. Al saltar me corté las manos con alambre de púas", relató ante Rafecas. Cruzó la ruta a los gritos. "¡Soy Víctor Díaz, me secuestró el Ejército!". Pidió plata y se tomó un colectivo hasta Once. En el camino abrió la billetera y vio el DNI del guardia: capitán Alberto Juan, que pasó a retiro en 1979 y nunca rindió cuentas a la Justicia. Horas después, en su casa, secuestraron a dos de sus hermanos, liberados un día después.

Díaz volvió en 1999, con su hijo, a filmar el edificio de la fuga. Hoy sólo quedan ruinas. La principal tiene cuatro columnas y una escalinata señorial para mirar a la tropa desde arriba. En el interior, un tosco mural de Belgrano y sus batallas. Detrás de una puerta que indica "área restringida" un graffiti señala "Pañol San José" encima de frases de adoctrinamiento. "La guerra es algo muy remoto, pero el día menos pensado, pasa", por ejemplo. En el piso de una sala, hojas de un álbum de fotos inservibles: una visita protocolar de los '60. En el ex patio de armas, restos de un mástil con una virgen triste. El juez ingresa a todos los edificios menos a uno, al fondo, que tiene puertas y ventanas tapiadas.

"Acá nos hicieron bañar, con toallas del Ejército y un guardia armado que no nos sacaba la vista de encima", recordó ayer Alcira Ríos, abogada de Abuelas durante más de dos décadas que pasó un mes de septiembre de 1978 secuestrada en La Tablada. A Ríos y a su compañero los sacaron de La Cacha y simularon liberarlos a dos cuadras del Regimiento. "Armaron un operativo con uniformes y camiones '¡Tienen armas!', gritaba el milico", recordó ayer. Mientras les armaban un sumario por "actividades terroristas" los encerraron treinta días en una pieza, detrás de la salita de guardia pegada a la "enfermería". Nada de eso quedó en pie.

"Sólo reconocí el baño. Fue como volver en el tiempo, aunque a esta altura lo cuento como si fuera una película", desdramatiza y sonríe. Desde su vuelta al país en 1984, Ríos se dedicó a investigar apropiaciones y exigir justicia. Díaz también se corre del rol de víctima. "La fuga fue una pequeña victoria en medio de tanta muerte –reflexiona–. El marco de mi historia es la resistencia a la dictadura, no como víctima sino como persona que vive, que milita, que resiste, que lucha ante la muerte."

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Viernes, 18 de Julio de 2008
LA RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES

Las secuelas de Febres

Por Adriana Meyer

El Consejo de la Magistratura postergó su decisión sobre la acusación contra el juez federal Sergio Torres y los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, por su responsabilidad en la muerte de Héctor Febres.

Estuvieron presentes en la sesión miembros de la agrupación Justicia Ya!, entre quienes se encuentran víctimas de este represor, que expusieron sus argumentos contra los magistrados que tenían a su cargo a Febres mientras cumplía su prisión preventiva y había comenzado a ser juzgado.

Durante la audiencia, los consejeros consideraron los dictámenes de la Comisión de Disciplina y Acusación expresaron que desistían de impulsar ninguna acusación y fueron nombrando cada expediente. Cuando llegó la Resolución 156, referida a Torres y a Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías del TOF 5, la abogada Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, pidieron ser escuchados. La letrada comenzó enfatizando que el TOF 5 "sigue tratando causas importantes como ESMA y Primer Cuerpo como si nada hubiera pasado".

Mencionó que pasaron 22 meses de la desaparición del testigo Julio López, lo que impactó en el público, y que los represores detenidos tienen "condiciones escandalosas de privilegio". Además de recordar que Febres se iba de vacaciones, Bregman recordó que Alfredo Astiz tenía una oficina en el Hospital Naval.

La Comisión de Disciplina y Acusación ya había desestimado la denuncia de Justicia Ya! que pedía enjuiciar a los jueces por haber faltado a su deber de guarda de Febres, que apareció envenenado con una dosis altísima de cianuro en su lugar de encierro VIP. Según Bregman, el dictamen sienta "un precedente terrible también para los presos comunes", porque estableció que "el juez no es custodia del detenido".

A su turno, Lordkipanidse dijo que "convalidar este funcionamiento de los jueces es avalar la impunidad". Los consejeros les respondieron que las razones expuestas "ameritaban la reconsideración" del dictamen cuestionado.

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Entre el 21 y 25 de julio el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas (GTDF) de la ONU, estará en Buenos Aires.

Por este motivo el equipo de apoyo de Fedefam (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares detenidos-Desaparecidos) organizará una Charla-Debate sobre “ La actualidad de las Desapariciones Forzadas en América Latina” en Madres Linea Fundadora Piedras 153 1° A , jueves 24 de julio a las 17hs

Esperamos contar con su presencia

Grupo de Apoyo de FEDEFAM





Movimiento Nacional Campesino Indígena

"Escuela de la memoria histórica"

Más de 300 militantes campesinos se concentraran desde el 13 hasta el 19 de julio, en el Nihuil, Mendoza, donde se desarrollará la escuela de militantes de base del MNCI. El viernes 18 a las 10 horas habrá una movilización y una feria campesina en dicho pueblo.

Desde hace seis años el Programa de formación de militantes del movimiento realiza la denominada "Escuela de la Memoria Histórica". En la misma participan militantes de comunidades de base campesinas indígenas que vienen transitando un camino en la organización del movimiento. De esa manera los compañeros y compañeras se van asumiendo como sujetos protagonistas en las distintas tareas y sectores de la organización. La lucha por el territorio, lal producción agroecológica, la gestión, la salud y la educación en las comunidades campesinas.

En esta oportunidad la escuela se desarrollara en el Nihuil, departamento de San Rafael, en la provincia de Mendoza, donde esta organizada la regional sur de la Unión de Trabajadores rurales sin Tierra de Mendoza. Regional en la cual debido a la defensa de la tierra hay 5 campesinos procesados y que serán llevados a juicio acusados maliciosamente de "usurpación y daño". Luego de que se opusieran a que les alambren el campo comunitario donde viven desde siempre y donde nacieron sus abuelos.

Mas de 300 militantes de organizaciones campesinas de 13 provincias nucleadas en el Movimiento Nacional Campesino Indígena reflexionaran y compartirán su experiencia de vida y lucha personal, comunitaria y en movimiento. Además diferentes expositores e intelectuales realizaran aportes teóricos que facilitan la lectura de la realidad.

En momentos donde el modelo de los agronegocios avanza instalando monocultivos como el de la soja, destruyendo la naturaleza y desalojando comunidades campesinas indígenas, provocando desempleo y encarecimiento e alimentos. Donde la agricultura es vista solo como un negocio, y exportamos alimentos mientras hay más de 6 millones de argentinos con hambre. El MNCI apuesta fuertemente a la formación y educación como herramienta clave en el camino a la soberanía alimentaria y la reforma agraria.

Convocamos a todos aquellos que quieran compartir con nosotros esta actividad para que participen de la movilización de la Escuela más las familias de las comunidades cercanas que será el viernes 18 de julio a las 10 horas en el centro del Nihuil. La misma concluirá con una feria campesina y luego se retomaran las actividades de la escuela.

Contactos: 0261 155732712 – 0261 155411600 movnaccampesinoindigena@gmail.com

www.mnci.org.ar


24 DE JULIO: SENTENCIA PARA EL GENOCIDA MENÉNDEZ
El próximo jueves 24 de julio se conocerán en Córdoba las sentencias en la Causa Brandalisis, en el Juicio al genocida Luciano Benjamín Menéndez y su patota represiva.
Si bien los hechos a juzgar ocurrieron en Córdoba durante el año 1977, estuvieron enmarcados en un plan sistemático, diseñado y coordinado por los altos mandos militares. El territorio nacional fue dividido en zonas y áreas, quedando Córdoba, junto a otras nueve provincias, dentro de la zona 3, cuya máxima autoridad fue Menéndez.

Todos estos aspectos estuvieron presentes en las pruebas documentales y testimoniales que se presentaron, hasta llegar puntualmente al centro clandestino de detención, La Perla, donde estuvieron cautivos y fueron torturados Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo.

De este modo quedó en evidencia el "Circuito de Terror" que utilizaban los militares: secuestros, privaciones de la libertad en los centros clandestinos, aplicación de tormentos, fusilamientos de las víctimas y finalmente enterramientos clandestinos de los cuerpos.

Esta causa, caratulada en la justicia como "LUCIANO BENJAMÍN MENÉNDEZ Y OTROS p.s.a Homicidio Agravado" fue la primera que, luego de muchos años, volvió a investigar el accionar represivo en Córdoba y poner en prisión a sus responsables. Los militares se propusieron "Aniquilar la Subversión" para lo cual llevaron adelante un plan sistemático y generalizado de exterminio a la oposición política. Un genocidio.

Al no estar contemplada la figura del genocidio en el Código Penal Argentino, para no violar de ninguna manera el derecho de defensa de los genocidas, debemos imputarlos por los delitos que sí están tipificados.

En este marco, esta causa investiga el secuestro, la desaparición, la tortura y el asesinato de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Laja y Raúl Oscar Cardozo.

Acusamos a Menéndez y a su patota de:

• Privación Ilegitima de la Libertad
• Aplicación de Tormentos
• Homicidio

Toda la información del Juicio está en www.diariodeljuicio.com.ar


CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA LOS GENOCIDAS, CÓMPLICES E IDEÓLOGOS.
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS

H.I.J.O.S.
No olvidamos- No perdonamos- No nos reconciliamos

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Capital en la Red Nacional
15-3-571-0767
www.hijos-capital.org.ar
www.fotolog.com/hijos_capital

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