domingo, 13 de julio de 2008



|Domingo, 13 de Julio de 2008
MARIA DEL CARMEN MAGGI, SECRETARIA ACADEMICA DE LA CATOLICA

Un crimen que no se investigó

Por Facundo Martínez

El 9 de mayo de 1975 a la madrugada, dos horas después de la explosión de una bomba en la casa de Eduardo Cincotta, miembro de la CNU y secretario general de la Universidad Provincial, un grupo armado que se movía en tres autos secuestró a María del Carmen Maggi, secretaria general y decana de Humanidades de la Universidad Católica. Maggi era mano derecha del rector honorario, monseñor Eduardo Pironio. Ambos resistían el intento de unificación de ambas universidades que propiciaban los miembros de la CNU.

Selva Navarro, amiga de Maggi, gestionó una reunión entre el rector de la Universidad Provincial, José Cattuogno, y el de la Católica, Hugo Grinberg. Cattuogno los recibió acompañado por Gustavo Demarchi, coordinador académico, y Cincotta, secretario general. Demarchi, que también era fiscal, le negó el saludo a Grinberg. Lo presionó para que se trasladaran a Buenos Aires a firmar el traspaso de la Católica a la Provincial y se enojó ante la negativa, relató Navarro. De pronto se apagaron las luces y la mujer comenzó a gritar. “La universidad se va a nacionalizar por las buenas o por las armas”, les aclaró Demarchi.

El secuestro de Maggi tuvo amplia difusión. Pese a que sus padres y un vecino describieron a los secuestradores, el identikit se publicó una sola vez. Al mes de los hechos, con la víctima desaparecida, Demarchi pidió sobreseer la causa. “La actividad de la Justicia fue prácticamente nula”, apuntó el TOF. El cadáver, enterrado en Mar Chiquita, apareció un día antes del golpe de Estado. Los diarios publicaron la noticia, pero “insólitamente el sumario no fue reabierto”. La operación se cerró con la desaparición del sumario provincial sobre el hallazgo del cuerpo.

Un testigo de identidad reservada detalló ante el TOF qué miembros de CNU participaron del secuestro. Dijo haber escuchado a Mario Durquet confesar que había asesinado a Maggi y que Piero Assaro “vomitó al presenciar el homicidio”. Durquet usaba una credencial de la SIDE con el apellido Villagra. Un informe de Inteligencia de Prefectura redactado al calor de los hechos destaca la “actividad izquierdizante” de Maggi y diagnostica: “Todo indica que pasará a engrosar la nómina de ‘ajusticiados’ por motivaciones políticas y su cuerpo arrojado a algún paraje desolado de la ciudad”. Los prefectos sabían de qué hablaban. El crimen de Coca Maggi permanece impune.

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El país|Domingo, 13 de Julio de 2008
EL TRIBUNAL ORAL DE MAR DEL PLATA DENUNCIO A CIVILES DE LA CNU QUE ASESINARON ANTES DE 1976

La pata marplatense de la Triple A

El tribunal señaló que la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria cometió crímenes de lesa humanidad al amparo del Estado. Involucran a abogados influyentes en el fuero local, entre ellos un ex fiscal.

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El ex fiscal Gustavo Demarchi, acusado de encubrir los crímenes, dice que no fue necesario investigar a la CNU.

Los civiles de Mar del Plata que al amparo del Estado asesinaron con garantías de impunidad antes del 24 de marzo de 1976 deben ser juzgados por delitos de lesa humanidad. Así surge de una denuncia formulada por el Tribunal Oral Federal local ante el juez Norberto Oyarbide, quien ya declaró imprescriptibles los crímenes de la Triple A. El tribunal que integran Néstor Parra, Roberto Falcone y Mario Portela desempolvó viejos expedientes, los cruzó con documentos de inteligencia, con testimonios que desde 2001 recibe en el Juicio por la Verdad y concluyó que los asesinatos cometidos por la Concentración Nacional Universitaria contaron “con la protección y encubrimiento de las más altas jerarquías militares, policiales y judiciales”.

Tras el asesinato del jefe de la CNU, Ernesto Piantoni, el 20 de marzo de 1975, “parte” del grupo “se asoció con el fin de cometer delitos indeterminados” y contó “con la estrecha vinculación de la organización que funcionaba bajo la sigla A.A.A.”, sostienen los jueces. Ya en 1971 la CNU había asesinado a la estudiante Silvia Filler, pero fue durante el velorio del jefe cuando se gestaron los primeros crímenes de una seguidilla que derivó un año después en la integración de varios de sus miembros al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601.

La madrugada del 21 de marzo, ostentando credenciales policiales, el grupo secuestró y ejecutó a cinco personas. Un testigo de identidad reservada cercano a los asesinos declaró que “todos los integrantes de CNU fueron a vengar el homicidio de Piantoni”. Incluyó al entonces fiscal federal Gustavo Demarchi, que dos meses después pidió el sobreseimiento de la causa, y a su oficial segundo Eduardo Ullúa.

El suboficial Orestes Vaello, que pasó de CNU al Batallón 601, declaró ante la Conadep que el grupo marplatense “dependía del Destacamento de Inteligencia” y que Ullúa era su jefe. Entre los miembros recordó a un “gerente vinculado al SUPE”, que según el tribunal es Armando Nicolella. Según registros de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), la madrugada de enero de 1976 en que fue detenido con siete camaradas, Nicolella llevaba armas de guerra y tarjetas de Demarchi, con quien pidió comunicarse. “Lejos de excusarse”, el fiscal “actuó como su abogado de confianza”, explica el tribunal.

“La violencia de la CNU fue fomentada y tolerada por las más altas jerarquías de la Universidad Provincial”, sostienen. Eduardo Cincotta, miembro de CNU, era secretario general. Demarchi, coordinador académico. Los CNU fueron contratados para realizar “tareas de inteligencia ilegal”. Uno apuntó como domicilio la sede de la agrupación. Otros dos, el del abogado Luis Coronel. Los legajos de los CNU son los únicos que no tienen foto. Cincotta se integró en 1976 al GADA y aún luce en su estudio una distinción por servicios “en la lucha contra la subversión”.

La CNU “actuaba dentro de las estructuras del Estado”, en particular “de la Justicia Federal y de la Universidad de Mar del Plata”, con “cobertura” de las policías bonaerense y Federal, sostienen los jueces. Llegan a esa conclusión tras analizar varios homicidios:

- El 5 de junio de 1975 varios hombres secuestraron y ejecutaron de treinta disparos a Héctor Sanmartino, profesor de Psicología del Trabajo. Un informe de la Dipba lo vincula a “un elemento marxista” y otro lo tilda de “elemento terrorista”. Esa es toda la causa. Un mes después, previo dictamen de Demarchi, el juez Adolfo González Etcheverry la sobreseyó. “La premura, como en otros homicidios de militantes de izquierda, estaba dada por el archivo”, apuntan los jueces.

- El 12 de junio cortaron el tránsito y secuestraron de un décimo piso a Víctor Kein y Jorge Dell Arco. Los fusilaron vendados y con las manos atadas. La instrucción muestra “que se investigó a las víctimas”, dice la denuncia. Alguien que los vio dijo que se presentaron como policías y le ordenaron: “váyase a su casa”. Ni el fiscal ni el juez lo citaron. La esposa de Kein supo que la patota entró primero a una oficina donde había una reunión de la Asociación Marplatense de Rugby. Nadie los citó.

- Roberto Wilson y otros obreros del Frigorífico San Telmo estuvieron once días presos por reclamar blanqueos salariales. Dos días después de ser liberado, fue secuestrado. Nunca apareció. Su mujer describió a los captores y su madre le aportó dos nombres al juez: un miembro del Sindicato de la Carne y un militante de la CNU. El 8 de abril, previo dictamen de Demarchi, el juez sobreseyó la causa.

- El 13 de marzo de 1976 dos personas bajaron de un Falcon azul para secuestrar a Juan Manuel Crespo. Resistió hasta que lo mataron, junto a Emilio Azorín, frente a decenas de testigos que el comisario de la 1ª prefirió no escuchar. Dos días después los mismos muchachos hirieron a Ricardo Leventi. La Capital publicó que se movilizaban en el mismo Falcon azul y apuntó la patente: C-746.329. Leventi declaró que quien intentó matarlo hacía inteligencia en Humanidades. Fue en vano. El 21 de abril el fiscal admitió la “implicancia política-gremial” de los crímenes pero pidió sobreseer la causa. Así fue. El TOF investigó que la patente correspondía a un Fiat Berlina robado, y que el Falcon, con la misma chapa pero pintado de blanco, terminó en el Sindicato de la Carne porteño.

La denuncia incluye más de veinte nombres pero sobresale el eje Demarchi-Ullúa-Cincotta. Los CNU “convivían en la universidad con quienes debían investigarlos”, explican. La actividad en la fiscalía fue “imprescindible para asegurar la impunidad” del grupo. Ante la prensa Demarchi negó haber integrado la CNU y dijo que “no hubo que investigarla en ese momento”. La denuncia sugiere lo contrario. Ante la “estrecha relación” de los denunciados con la Justicia, los miembros del TOF enviaron copia a la Procuración General de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia.

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Neuquén - La Escuelita

Juzgan en agosto a los militares

Artículo publicado en el diario La Mañana de Neuquen el 02/07/08





(Neuquén ) Ocho militares del Ejército Argentino que a partir de 1976 ostentaban jerarquías de mando en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, entre ellos hombres estrechamente vinculados con el Servicio de Inteligencia y un médico, serán llevados a juicio por el Tribunal Oral Federal de Neuquén el mes que viene. El lunes próximo finaliza el tiempo para que la fiscalía, defensa y querellantes puedan ofrecer prueba, de acuerdo al artículo 354 del Código de Procedimiento.

La sala de juzgamiento estará integrada por los magistrados Eugenio Krom, Orlando Coscia y Oscar Albrieu.

El titular del Juzgado Federal de Neuquén, Guillermo Labate, incriminó como penalmente responsables de delitos calificados de Lesa Humanidad al Teniente Coronel Oscar Lorenzo Reinhold, al Mayor Luis Alberto Farías Barrera, al General Enrique Braulio Olea.

Las imputaciones también recayeron contra el jefe de Inteligencia Mario Alberto Gómez Arenas, los oficiales Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín, el suboficial Julio Francisco Oviedo, el médico Hilarión de la Pas Sosa y el suboficial Julio Francisco Oviedo.

El magistrado demostró que los jefes castrenses desplegaron intensas actividades clandestinas, seguidas de la aplicación de crueles delitos en perjuicio de militantes políticos y también contra dirigentes sociales y vecinales.

Los tormentos se ejecutaron en el centro encubierto conocido como "La Escuelita", una precaria construcción levantada en el sector sureste del terreno donde aún funciona el Batallón de Construcciones 181, a la vera de la Ruta Nacional 22. En ese lugar de realizaban los interrogatorios de las personas detenidas ilegalmente.

Fuentes judiciales confirmaron a La Mañana de Neuquén que el lunes próximo finaliza el tiempo para que la fiscalía, defensa y querellantes puedan ofrecer prueba, de acuerdo al artículo 354 del Código de Procedimiento.

Más de cien testigos propuestos

Las mismas fuentes aseguraron que el Fiscal de Cámara, Manuel de Reyes Balboa, habría propuesto cerca de 50 testigos, cuyos testimonios fueron considerados relevantes para demostrar las conductas penales de los imputados.

Trascendió ayer que se trata de víctimas y familiares de la represión y también militares y soldados que cumplieron funciones en distintas unidades militares en aquel entonces.

Por otra parte, el Centro de Profesionales de Derechos Humanos de Neuquén (CEPRODH), se constituyó como querellante y presentó un total de 40 testigos, entre ellos el sacerdote Rubén Capitanio y las víctimas Adriana Calvo y Enrique Sukman. Ambos fueron detenidos y sometidos a vejámenes y torturas en distintos centros clandestino de la provincia de Buenos Aires.

En representación de CEPRODH fueron designados los abogados Ivana Dal Bianco, Romina Sckmunck, Natalia Hormazabal, Leopoldo Denaday y Mariano Pedrero. También la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) se constituyó como querellante en la causa. Se sabe que el organismo entregó al Tribunal un listado en el que propone la comparencia de aproximadamente 60 testigos.

Una vez culminado el acto preliminar que finaliza el lunes, el Presidente del Tribunal Federal está facultado para admitir y rechazar la prueba, aunque en este último caso, únicamente cuando se trate de evidencias superabundantes.

Habría coincidencia en el Tribunal y las partes que las audiencias de debate comiencen en agosto próximo en el edificio de la ex Legislatura Provincial.


El procesamiento de los jefes

El juez acusó a los militares de asociación ilícita, privación ilegitima de la libertad y torturas.

(Neuquén) El juez Guillermo Labate depositó en el Tribunal Federal de sentencia varios cuerpos de la investigación que contiene concluyentes evidencias que desnudan con solvencia irrebatible el funcionamiento del aparato represivo ilegal montado en esos años durante el denominado "Proceso de Reorganización Nacional". Los militares fueron procesados por asociación ilícita en concurso real con quince hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, que implicó la desaparición forzada de una de las víctimas. Se los incriminó también de aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravados por ser perseguidos políticos, allanamiento ilegal y robo. En el primer tramo de la causa fueron acusados el Teniente Coronel Oscar Lorenzo Reinhold, quien se desempeñaba como jefe de la División Inteligencia del Comando de la Subzona 52, el Mayor Luis Alberto Farías Barrera, quien actuaba como Jefe de la División Personal del mismo Comando y el General Enrique Braulio Olea, responsable de la jefatura del Batallón de Ingenieros 181 y del Área Militar 521. Labate demostró además que Gómez Arenas era el jefe de Inteligencia 182 de Neuquén, y quien ordenaba y controlaba distintas actividades represivas ejecutadas por los oficiales Molina Ezcurra, San Martín y por el médico De la Pas Sosa. Este último se desempeñaba como jefe de Sanidad del Comando y se habría probado también que prestaba servicios en el centro clandestino "La Escuelita". En cuanto a Oviedo, se sabe que tenía la misión de controlar la Sección de Contrainteligencia del Destacamento 182. El magistrado señaló en la resolución que los graves delitos obedecieron a un procedimiento metódico y delictivo que se ejecutó en todo el país a partir del 24 de marzo de 1976 y que se prolongó hasta 1983. Aseguró que estos hechos deben ser considerados como un "genocidio que tuvo como objetivo perseguir y destruir a un grupo de personas", fundamentalmente militantes políticos y también hombres y mujeres que decidieron comprometerse con la sociedad, realizando actividades sociales y comunitarias. Las acciones investigadas se desplegaron en la región de manera encubierta, en el amplio marco de contención de la Subzona 52, que tenía su centro de operaciones en la Sexta Brigada de Montaña de Neuquén.



CEPRODH

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos



El ex uniformado se valía de soplones que se mimetizaban para pasar datos desde los claustros docentes

La Gestapo académica de Tedesco vigilaba a todos los misioneros


:: Los nombramientos y ascensos de docentes y no docentes en la facultades debían contar con el visto bueno de los mandos militares. El control del coronel era absoluto

Posadas. La sentencia completa del caso por la desaparición del ingeniero químico Alfredo González destapó que los militares en el poder durante los 70 controlaban todas las actividades internas de las facultades que componían la UNaM.
"Carlos Humberto Caggiano Tedesco conocía perfectamente las actividades desplegadas por el ingeniero González a nivel universitario, científico, cultural, social y político, a través de los servicios de informaciones, soplones o buchones, una suerte de Gestapo académica. Se mimetizaban adquiriendo la apariencia de universitarios. Controlando ideológicamente al claustro docente, vigilando la admisión y permanencia de los profesores universitarios", se destaca en el escrito oficial.
Con esos instrumentos ilegales "el militar era puesto al tanto de todo lo que ocurría en la UNaM".
En las fojas se determinan las razones por las que se encontró culpable al coronel Caggiano Tedesco y por las que fue condenado a 25 años de prisión.
Se lo encontró culpable por delitos de privación ilegal de la libertad agravada, con imposición de tormentos seguidos de muerte, con el agravante del desempeño de funciones ejecutivas. Los jueces no tuvieron dificultades "para establecer claramente la responsabilidad del coronel en la desaparición, tormentos y posterior muerte del ingeniero González. En el juicio se le dieron al acusado sus garantías constitucionales, con imparcialidad de los jueces y con una justicia, que no existió para la infortunada víctima". Los jueces se basaron en la mayoría de los 17 testimonios que se escucharon en las seis jornadas de debate oral, además de considerar los lineamientos de la fiscal María Rosa Recio de Soto. El primero en dar su veredicto fue Carlos Sodá, lo siguieron Manuel Moreira y Norma Lampugnani.
El jefe del Área Militar 232 era el responsable mediato de lo que ocurrió, incluso con el sostén del Estado Nacional. La figura de autor mediato o del "hombre de atrás" fue comprobada para el uniformado "porque tomó parte en la ejecución de los hechos analizados, que gozaban de absoluta impunidad. Él tomaba parte en los hechos pero sin ejecutarlos, pero los ejecutores no tenían ningún margen de libertad".
"El acusado se encontraba en una posición jerárquica que le permitía controlar el ingreso y la permanencia del grupo académico estable en la universidad. La prueba testimonial revela la detención clandestina, el sometimiento a un martirio inclasificable por la ferocidad y el sadismo empleado, con un pacto de silencio sobre el destino del cuerpo. Los delitos de Lesa Humanidad o contra el Derecho de Gentes no están prescriptos y la Constitución Nacional prohíbe toda especie de tormentos".
Se consideró el "daño causado a la víctima, familiares, amistades, docentes y alumnos de la UNaM, porque él tenía una promisoria proyección científica prematura e injustificadamente truncada".
A la hora de justificar su decisión, los magistrados consideraron que "la peligrosidad puesta de manifiesto por el enjuiciado es un elemento que no se puede ignorar".

Por los restos
La representante del Ministerio de Derechos Humanos de Nación, Ana María Figueroa, comentó que habían solicitado una pena mayor para el imputado, "considerábamos que se habían demostrado el delito de homicidio calificado, pero los jueces no lo entendieron así".
Una de las hermanas del ingeniero desaparecido, María Amelia, quien presenció todas las instancias del juicio, comentó una infidencia que se produjo en las correntinas tierras de Bella Vista. "Cuando a mamá le comenté la condena se alegró. Me dijo la justicia siempre llega, ahora vamos por los restos de Alfredo", para saber cuál fue el destino final del cuerpo del reconocido investigador.
En la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal se respiraba la cercanía de la feria judicial.
Sus integrantes finalizaron una causa judicial a la que calificaron como "histórica".

Consecuencias psíquicas de la última dictadura militar

Subjetividad del terror

Durante la última dictadura militar, "toda la población sufrió un trauma social en cuanto fue afectada por hechos como las desapariciones y las torturas, acompañados por un mensaje del otro social –el Estado dictatorial– que denegaba su autoría y responsabilidad. Esta situación producía una imposibilidad psíquica de pensar la experiencia y producir significaciones".

Por Marta L'Hoste *
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"Las personas que desaparecieron tienen hijos y el problema de sus hijos va a ser transmitido en la próxima generación y en la otra. Es toda una conflictiva para muchas generaciones. Eso es lo que tiene que interesar a ustedes, que son psicólogos."

Hebe de Bonafini, carta dirigida a la Asociación de Psicólogos en 1983.

En el contexto de este artículo, llamamos "terrorismo de Estado" al monopolio de la violencia organizado con estrategias militares y políticas, que ejerció la dictadura militar contra una parte de la sociedad civil con el objetivo de anularla políticamente desde 1976 hasta 1983. Los dispositivos de este sistema se pueden distinguir según dos formas de operar en campos diferentes: los que producen el exterminio de personas e instituciones en el campo material y los que producen representaciones sociales en el campo de lo simbólico.

Los primeros operaron con acciones directas sobre los cuerpos de personas y de organizaciones, buscando con especial énfasis no sólo su muerte sino su borramiento, su destierro material y simbólico. Los métodos fueron la amenaza de muerte, la persecución, la prisión, el secuestro, el confinamiento en campos de concentración clandestinos, el robo de niños, la tortura y posteriores formas de asesinato a los sobrevivientes.

Toda esta operatoria que duraba meses o años sobre los cuerpos de los secuestrados se realizaba sin que ninguna instancia oficial diera cuenta de ella, denegando su propia existencia a familiares que deambulaban de institución en institución preguntando y buscando. Entre estas prácticas represivas, el dispositivo de la desaparición de personas fue el paradigma del disciplinamiento por el terror. Clausuró también todas las organizaciones políticas, sindicales, culturales y populares que presentaran oposición política manifiesta o potencial y hasta aquellas destinadas a servicios comunitarios, como muchos equipos de salud mental de los hospitales públicos. Cayó bajo sospecha cualquier tipo de agrupamiento o reunión; por lo tanto, si éstas se realizaban, sus participantes quedaban expuestos al riesgo de un registro que podía culminar en desaparición.

La distancia entre cualquier comportamiento de un ciudadano y la dimensión de la posible acción represiva era absolutamente arbitraria, pues en la lógica de estas prácticas de suprimir, aniquilar y aislar, la arbitrariedad estaba al servicio de producir terror.

Otros dispositivos clave fueron la invención que hizo la dictadura de sus propias representaciones sociales a través de prácticas discursivas y extradiscursivas que instituyeron un nuevo imaginario social. (Trabajo con el concepto de imaginario social de Cornelius Castoriadis, en cuanto universo de sentidos organizadores –mitos– que sustentan la institución de normas, valores y lenguaje, por los cuales una sociedad puede ser visibilizada como una totalidad.)

En la lucha por imponer sus significaciones, el gobierno militar desplegó discursos con diversos contenidos, utilizando distintos medios: la prensa gráfica y televisiva, actos públicos y acciones psicológicas que fueron creando un imaginario destinado a producir cohesión, adhesión ciega y por sobre todas las cosas la eliminación de toda representación divergente.

La Junta Militar asumió su autoridad sin atenuantes y enunciaba sus discursos desde una posición de absoluto poder. Decían: "El Proceso tiene objetivos, pero no tiene plazos", "Hay que olvidar el pasado para reconciliar la Nación", "El silencio es salud", "Los argentinos somos derechos y humanos".

Estos mensajes muestran cómo sus significaciones tendían a la universalización y a la naturalización con el objetivo de ocultar los procesos sociohistóricos de su producción. La operación estaba destinada a borrar el tiempo histórico. Estas significaciones circulaban además en un campo en que la lucha por los sentidos estaba amenazada de muerte.

Tenemos así los dos dispositivos señalados: el que produce la violencia material y el que produce la violencia simbólica. En el trabajo de ambos se fue instituyendo lo que en este artículo llamamos la "subjetividad del terror".

El trabajo del terror en las subjetividades

¿Qué efectos produjeron estas políticas de terror organizado en la población? Toda la población sufrió un "trauma social" en cuanto fue afectada por un monto y una calidad de hechos reales como los secuestros, las torturas, las desapariciones, las prohibiciones, las amenazas, acompañado de un mensaje del otro social –el Estado dictatorial– que denegaba su autoría y responsabilidad. Esta situación producía una imposibilidad psíquica de pensar la experiencia y producir significaciones.

Se percibía una cosa, pero había que pensar otra. Una representación que renegaba lo real y que a la vez coartaba la posibilidad de pensar con los propios pensamientos. De esta manera, las condiciones de pensabilidad de la realidad social estaban absolutamente alteradas, en la medida en que el doble mensaje se instituía en el gran dispositivo de silenciamiento social.

El paradigma de este dispositivo de renegación de la responsabilidad de lo actuado por las fuerzas represivas fue la desaparición de personas en cuanto imposibilitaba la inscripción simbólica del hecho.

El discurso oficial decía: "Los desaparecidos son autodesaparecidos o autoexiliados", "Han sido asesinados por sus propios compañeros o se han suicidado", "Están en establecimientos especiales para su rehabilitación y posterior reinserción en la sociedad", "Se ha vivido una guerra y como en toda guerra hay desaparecidos".

La responsabilidad no asumida se elude con el enunciado "Todos somos responsables", en un intento de culpabilización colectiva.

Nada se podía saber sobre el destino del desaparecido. Esto creó un vacío de representación y un dolor insoportable, que afectó no sólo a sus familiares sino al conjunto de la población.

En campañas televisivas se emitían enunciados que intentaban desplazar la responsabilidad de la desaparición hacia el familiar de la víctima. Se escuchaba: "¿Cómo educó usted a su hijo? ¿Sabe qué está haciendo en este momento?". Se generaba temor hacia los familiares de desaparecidos, lo que los precipitó a menudo en el aislamiento social.

Marcaron la disidencia u oposición política como locura, y los disidentes eran enfermos o las Madres de Plaza de Mayo, locas.

Estas representaciones sociales destinadas a silenciar la atrocidad del método de la desaparición y las prácticas de aniquilamiento y disciplinamiento sobre los cuerpos fueron configurando nuevos modos de subjetivación.

Los ataques masivos a la identidad material y simbólica de los desaparecidos –el "Informe final" de la Junta los da a todos por muertos sin sus nombres– son también ataques a la población, en cuanto la obliga a convivir con treinta mil fantasmas. Denomino "fantasmas" a estos muertos que no tienen nombre ni sepultura, y quedan a la deriva en el espacio vacante dejado por la ausencia de ritos que signifiquen su muerte. Los ritos ante la muerte han sido fundantes en la antropogénesis de la humanidad y aportan también a la conservación del psiquismo.

Las condiciones descriptas precipitan las subjetividades a una fantasmática terrorífica en cuanto las referencias de la realidad social han sido trastrocadas. Así se va configurando el horror que hace estallar al psiquismo y que produce marcas que no pueden ser articuladas en un relato. Al no poder ser significadas, estas marcas se alojan en el mapa corporal provocando enfermedad y muerte, material y psíquica.

Esta potencialidad patógena del trauma social y la imposibilidad del sujeto psíquico de dar sentido consensuado a lo que le acontece producen desligazón libidinal y abolición de la función de subjetivación. Asimismo, el psiquismo queda expuesto a organizar defensas más cercanas a lo regresivo o a lo perverso, como la escisión, la renegación, la desmentida, sometimientos y goces masoquistas o renuncia a los propios valores para adoptar los valores del poder.

Un duelo especial

El sufrimiento psíquico de no saber, forma de tormento crónico, fue paradigmático en los familiares de desaparecidos. Es esta imposibilidad de saber, de saber sobre el destino y la vida de su familiar, de poder configurar una representación que aliente alguna prueba de realidad, lo que determinó un duelo especial.

Sus expresiones clínicas fueron de diversa índole y serán desarrolladas brevemente:

- Fantasías acerca de los tormentos físicos y mentales que estarían sufriendo sus desaparecidos. Esto los sumergía en niveles de angustia desbordante, que los llevaban muchas veces a desearles la muerte para liberarlos.

- Presentificaciones ilusorias de la imagen del desaparecido que se instalaban en proyecciones sobre ciertos soportes: creer haberlo visto en el rostro de alguien, escuchar su voz, o signos de que algo los anuncia. Estas presentificaciones no llegan a ser alucinaciones en un sentido patológico. Ante una muerte normal se resguarda al ser querido en rasgos identificatorios; en cambio, en esta situación es necesario darles cuerpo, es necesario que nada se pierda para tratar de hacerla tramitable. Por lo tanto había que sostener todo abierto, pues no había certezas. Hablo de certezas en el sentido de aquellas que se construyen socialmente, las que estaban imposibilitadas de producirse en cuanto en esta situación la inscripción y el rito de la muerte habían sido borrados.

- Se esbozaban momentos de convicción subjetiva sobre la muerte del desaparecido, pero la duda siempre reaparecía. El dolor era continuamente redoblado o evitado con ciertos comportamientos como guardar los cuartos con las ropas y pertenencias del desaparecido en la forma en que habían sido dejadas el día del secuestro. Esta defensa se organizaba al modo de la desmentida: "Ya lo sé, pero aun así..." (Mannoni, 1969). (Octave Mannoni estudia este enunciado, "Yo ya lo sé, pero...", como soporte de la creencia. Su eficacia subjetiva se asienta en un doble mecanismo: el de que no hay creencia inconsciente y el de que la creencia supone el soporte del otro.)

Además, el miedo, los sentimientos de inermidad e impotencia que produjo el hecho de vivir bajo amenaza permanente, el aislamiento, la ruptura de los lazos sociales, la pérdida de referencias y pertenencias a grupos e instituciones –con la caída del apuntalamiento psíquico que éstos proveen– fueron padeceres de la población en su conjunto.

La dictadura impuso un ideal por coacción que organizó una sociedad sin disenso, "perfecta", en la que el deseo del sujeto social quedó alienado bajo los abusos de este ideal. Este era un clasificador que lo integraba bajo sus emblemas o lo marginaba bajo promesa de muerte. La sociedad se transformó así en un campo de concentración.

La distancia entre el yo ideal terrorífico y los ideales singulares de cada sujeto podía ser tan insoportable que producía en muchas personas una forma de muerte psíquica, una alienación. Esto acontecía a la manera de un accidente, en el que las referencias y los rasgos identificatorios de las subjetividades se borraban sin tener registro. Con la actividad del pensamiento continuamente amenazada y el sistema del ideal del yo aplastado por el yo ideal terrorífico, éste se constituía en la única referencia identificatoria de la que el sujeto disponía sin correr riesgo de muerte. El desenlace de este mortal conflicto fue muchas veces la sustitución del propio pensamiento por el pensamiento del otro.

La prohibición de idear pensamientos disidentes es interiorizada por el sujeto psíquico no sólo por la amenaza vital sino también porque pensarse en esta situación de desposeimiento es un sufrimiento insoportable. La defensa es la descatectización de la actividad de pensar. El sujeto termina así legitimándose en la adopción de las representaciones que la dictadura construye. Es el triunfo del terror.

El sistema de persecución también se interioriza y se reproduce con el otro social transformándolo en un potencial enemigo. El trabajo de ruptura material de los lazos sociales se inscribe ahora psíquicamente en un orden predominantemente paranoide.

El dispositivo de silenciamiento social que hemos descripto opera por una vía intrapsíquica en estas formas. Por un lado, por la coacción del deseo que lleva a los desinvestimientos libidinales o a la fascinación y adhesión al poder dictatorial. Por otro, el conflicto del yo encuentra resolución en la desinvestidura del propio pensamiento para adherir ineluctablemente al discurso del otro.

Un sector de la población coincidió políticamente por convicción, otro pudo conservar la capacidad de pensar en la medida en que realizó prácticas políticas de resistencia, pero la mayoría quedó apresada en este movimiento de alienación.

Una frase de esos tiempos condensa esta situación. Se aludía al que desaparecía de la siguiente manera: "Si lo llevaron, por algo será". Esta frase hace visible la marca de la desmentida social, que se encarna en una creencia. Esta creencia obtura todo deseo de saber y se pone al servicio del deseo de no saber, del deseo de no pensar, y otorga así cierta tranquilidad. Sobre la percepción siniestra de la desaparición, su denegación se apoya en la construcción colectiva de una causa imaginaria que se refrenda en el discurso oficial.

Tan hondo marcó esta desmentida social a la población que aún hoy hay testimonios de su persistencia. En un video llamado Vecinos del horror, los otros testigos, realizado por un grupo de egresados del TEA, basados en entrevistas a vecinos de los centros de detención clandestinos que fueron publicadas en PáginaI12 el 19 de octubre de 1996, se lee: "Una sola vez escuché que uno se quejaba, decía: 'No me peguen más'. Yo me niego a creerlo todavía"; "Ah, no sé, por algo los mataron. A mí nunca me hicieron nada, me pedían documentos y nada más. Dicen que había gente inocente, pero también había comunistas"; "Escuchábamos gritos de mujeres y pensábamos que eran prostitutas detenidas, presas."

Estas frases son pronunciadas por los mismos vecinos de aquel horror después de veinte años de la implantación del terror. Todas están construidas al modo de la desmentida o la renegación. "Escuché a uno..." enuncia el intento de inscribir el hecho en una serie que, al regularizarlo en una cadena, le quita todo sentido singular.

"Dicen que había gente inocente, pero también había comunistas..." La nominación de los comunistas como culpables pone al sujeto que enuncia esta división ilusoriamente a resguardo de una identificación riesgosa como sujeto social. Ya no está amenazado porque él no es comunista. Como sujeto psíquico se vive protegido en la identificación con el universo de los inocentes. "Prostitutas detenidas" enuncia el imaginario de discriminación existente que recubre la nueva situación de exclusión.

La cuestión es qué se niega a creer esta subjetividad: ¿lo que escuchó o lo que soportó? El retorno de lo renegado puede ser muy doloroso y a veces insoportable. Una sola de las entrevistadas, una mujer joven, dice: "Cuando supe lo que pasaba en ese lugar terrible me horroricé. Me cuesta estar cerca de esa pared".

Con el juicio a las juntas dictatoriales se pusieron en evidencia todos estos hechos. Pero las leyes de punto final y obediencia debida (1985) concluyeron con la exculpación de todos los culpables de la represión, salvo los jefes de las Juntas. Estas leyes legales pero ilegítimas crearon un campo simbólico que no ha sido propicio para la elaboración de lo vivido, en cuanto instauraron la ley de la impunidad. A los cinco años del juicio los jefes de las juntas fueron indultados.

Los juicios constituyeron ejercicios de memoria colectiva, pusieron los hechos hasta entonces denegados en el escenario público. Los sentimientos de horror, de lo siniestro, de lo insoportable, comenzaron a ser hilvanados a través de los relatos de los testigos abriendo la posibilidad de que un proceso de duelo se hiciera camino en las subjetividades. Pero también debemos señalar que los excesos en la presentificación del horror por los medios asociados a la exculpación de los responsables obturaron la transcripción de la memoria de lo acaecido en un proceso de historización historizante.

Las situaciones descriptas no generaron condiciones sociales, ni en lo político ni en lo jurídico, que aportaran a este proceso de historización, en cuanto no crearon enunciados de fundamento (sociales) capaces de refundar el orden simbólico que había sido alterado.

* Fragmento del trabajo "Subjetividad del terror: un desafío para los psicoanalistas", incluido en El oficio de intervenir. Políticas de subjetivación en grupos e instituciones (Editorial Biblos).


Extraño planteo de la defensa de Losito y Píriz

El Dr. Gesino, abogado oficial que representa a Losito y Píriz en la Causa RI9 junto al Dr. Molina, continuó con su extenso alegato, planteando incluso cuestiones que ya habían sido analizadas en la jornada anterior, con un claro objetivo dilatorio.
Desmiente a los mismos testigos que descalificó antes y con similares argumentos, volviendo recurrentemente a la carga contra Teresita Fernández, la testigo que desvela a Losito.
Si su idea era ganar tiempo para que no haya sentencia antes de la feria judicial seguramente lo logró, siempre triunfan los planteos dilatorios y Gesino lo sabe. Losito debe responder ante el Tribunal Oral del Chaco por la masacre de Margarita Belén, y mientras más tiempo pase mejor, quizás los tiempos políticos cambien pensará Losito con la ingenua y desesperada conclusión de quien cree que la extinción penal es posible, o una amnistía u otra ley de impunidad. Razones tiene para pensar esto, ya que en la década del "80 se le arrancó a punta de fusil esas leyes a un Gobierno Constitucional, y Losito no fue ajeno a la maniobra.

La cuestión subsidiaria

El Dr. Molina. Detrás Píriz y Losito

Finalmente le toca el turno al Dr. Molina, quien aclara que va a hacer planteos subsidiarios, es decir, sin renunciar al planteo de inocencia sostiene que por las dudas, y en caso de que el Tribunal considere que Losito y Píriz tienen responsabilidad en los crímenes horrendos de los que se los acusa, le den la libertad de todos modos porque no podían saber que lo que estaban haciendo era ilegal.
Parece antojadizo, incluso insultante de la inteligencia del Tribunal el planteo de Molina, pero aún así es decididamente el más creativo de la defensa.
Nombra los decretos firmados por el gobierno "democrático" de Isabel Perón, con la impronta Lopezrreguista, que ordenaban "aniquilar" a la subversión, y pretende que éstos dotaron de una aparente legalidad al genocidio, y teniendo en cuenta la escasa educación de Píriz, la inexistencia de formación legal de Losito, además de la legitimación moral que brindaron muchos sacerdotes que justificaban la represión, era imposible para sus defendidos saber que lo que hacían estaba en contra de las normas internacionales. "Además éstos no contaban con el asesoramiento de un Domínguez Henaín, uno de los mejores profesores de Derecho Penal del país" aseguró, en alusión al representante de la parte querellante que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Molina reconoce que su planteo basado en el "error de prohibición" no es admitido en líneas generales para crímenes horrendos, pero insiste y lo sostiene con citas extractadas de escritos del Dr. Esteban Righi, Procurador General de la Nación, y otros autores utilizados por la querella, demostrando por un lado que casi cualquier cita descontextualizada sirve en términos argumentales, y que el recurso de fundamentar la posición propia con bibliografía más afín al oponente, es inteligente y efectista, pero no deja de ser una elegante chicana.
"No podría hablar de la justificación de los hechos, en virtud de que la defensa propia claramente no se da en éste caso y la cuestión del cumplimiento del deber tampoco cabe porque no hay dudas de que se trata de hechos antijurídicos" dice.
Pero la última hora de su no menos extensa alocución la dedicó a intentar generar la convicción de que se sentían (los imputados) amenazados por la situación de violencia de la época, lo que pareciera apuntar a justificar la defensa propia, y también se explayó largamente acerca del sentido de la obediencia que tiene el militar, lo que claramente va en el camino de enmarcar los hechos en el "cumplimiento del deber" y es además una extemporánea reedición de la "obediencia debida".
Basta juntar el principio de su planteo con el final de la primera parte (mañana prosigue el mismo profesional) para advertir la lógica del razonamiento del letrado: si no lo liberan por esto libérenlo por esto otro y sino "subsidiariamente" por aquel otro planteo. Si ninguna de las cuestiones prosperan, o tienen dudas al respecto, fíjense pues en el principio de "in dubio pro reo", que establece que en caso de dudas se debe fallar en favor del imputado.
La cuestión central que plantea el Dr. Molina está basada en el Título V del Código Penal Argentino, que en su artículo 34º, inciso 1 sostiene que no son punibles: "el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones.
En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás."

Además, si no prosperara el inciso 1 del referido artículo 34º, menciona el inciso 4 que considera no punible a "el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo", cuestión que nos llevaría a concluir que la tortura, y la desaparición forzada de personas son parte del "legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo" para un militar. Razón de más para sancionar ejemplarmente este tipo de conductas y empezar a crear un nuevo tipo de Fuerzas Armadas, alejada de la concepción del "enemigo interno" y con clara percepción de lo que es legal y legítimo y lo que no lo es.
En fin, el inciso 1 claramente no corresponde en virtud de los estudios psicológicos que indican que ambos, Píriz y Losito comprenden la criminalidad de sus actos, pero aún si nos detuviéramos en la parte que dice "error o ignorancia" es inaceptable que alguien pueda aplicar corriente eléctrica a un ser humano o violarlo de manera cruel y horrorosa, y pretender desconocer que éstos son además de actos antijurídicos, absolutamente reñidos con la condición humana y absolutamente aberrantes.
El argumento de Molina es ingenioso, inteligente, y en muchos sentidos preferible a la mimetización con la lógica genocida, pero claramente insostenible.

Lo que antecede no es un comunicado de prensa de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, sino la difusión de una nota de su portal de noticias (www.cpdhcorrientes.com.ar)







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