martes, 8 de julio de 2008

25 MARCHA DE LOS APAGONES DE LEDESMA :32 AÑOS DE LUCHA

MIERCOLES 9 DE JULIO A LAS 19 HS EN TEATRO DIAGONAL CHARLA DE LOS INTEGRANTES DE CAPOMA E H.I.J.O.S JUJUY





EN MARDEL PLATA LA CAMAPAÑA SE REALIZA ENTRE EL 14 Y EL 18 DE JULIO DE 2008.:

- 14 de julio inauguramos exposición "LOS SUEÑOS DE LOS NIÑOS", abierta al publico en general de 17 a 19hs.. Dicha exposición permanecera hasta el 17 inclusive en LUZ y FUERZA 25 de mayo 4115. Por favor acercar trabajos realizados por los chicos.

- 18 de JULIO 14 hs. ACTO Y MARCHA DESDE LURO Y MITRE Y CIERRE EN LUZ Y FUERZA.

-ADEHSIONES A elhambreesuncrimenmdp@gmail.com





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32° aniversario del aberrante crimen

Homenajearon a las víctimas de la masacre de Palomitas
Se realizaron dos emotivos actos: en Palomitas y frente al monumento, en el parque San Martín.

Pasó un año más de aquella fria noche de el 6 de julio de 1976, cuando 12 presos políticos fueron brutalmente asesinados en Salta. Si bien todavía no hay culpables para el mayor crimen de lesa humanidad cometido en esta provincia, el pedido de justicia por parte de los familiares y amigos de las víctimas está más vigente que nunca.


Los homenajes se dividieron en dos. Cerca del mediodía, un grupo partió hacia el lugaro donde se consumí la masacre, distante a poco más de 50 kilómetros de la capital salteña. Por la tarde, pasadas las 16, se concentró un buen número de personas para el "acto de la memoria", realizado en el monumento que se ubica en las intersecciones de San Martín e Hipólito Yirigoyen.


Entre los participantes de las actividades, se destaca la visita de Graciela López, quien llegó desde México. Esta docente estuvo presa en el penal de Villa las Rosas la noche que se llevaron a las doce víctimas. También estuvieron "Lucho" Soria, de la investigación de las causas de Campo de Mayo; Luis Aredes, hijo de Olga Aredes, Madre de Plaza de Mayo de Libertador Jujuy y otros dirigentes de varias provincias.

Las víctimas

Celia Leonard de Avila, Georgina Droz, Evangelina Botta, María del Carmen Alonso, María Amaru Luque de Usinger, Benjamín Avila, Roberto Oglietti, Pablo Outes, José Povolo, Roberto Savransky y Rodolfo Usinger son las víctimas de Palomitas. Hasta ahora, los responsables de las muertes de estos 12 presos políticos -Luciano Benjamín Menéndez y el coronel Carlos Alberto Mulhall- no fueron juzgados. La causa fue reactivada en marzo de 2002 y tiene numerosos procesados.


El mayor crimen de lesa humanidad que se cometió en Salta
En el trágico sitió, cada año se reafirma la memoria y se clama por justicia y condena a los responsables.

El 6 de julio de 1976, 12 presos políticos fueron brutalmente asesinados en el paraje Palomitas. Hoy, a 32 años de la masacre, todavía se pide justicia y que los responsables paguen por el mayor crimen de lesa humanidad que cometió en Salta el terrorismo de Estado aplicado por el proceso militar.


Los familiares de las víctimas, a partir de los documentos reunidos en las voluminosas causas judiciales, indican que en la masacre del 6 de julio de 1976 participaron militares y policías. Las causas fueron reabiertas en 2002 y están involucrados el máximo jefe militar que tenía Salta entonces, el coronel Carlos Alberto Mulhall; Hugo Espeche, el entonces capitán que retiró del penal de villa Las Rosas a 11 de los 12 presos que fueron muertos -otro detenido había sido trasladado desde un penal jujeño-, y Miguel Raúl Gentile, el coronel que comandaba en 1976 la Policía de Salta. A este último se acusa de haber dirigido la consumación del crimen de lesa humanidad que se intentó maquillar como un supuesto enfrentamiento del Ejército con elementos de la guerrilla.


En la mañana del 6 de julio de 1976, el director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez, fue citado por el entonces jefe de la Guarnición Militar Salta, coronel Mulhall. Este le informó que esa tarde se haría un traslado de presos. Por la tarde, a las 19.45, se presentó ante Pérez el capitán Espeche con una orden escrita y una lista de detenidos. Se ordenó no registrar en los libros de la cárcel la salida de los presos y que se retire de los accesos al personal carcelario. Sólo quedaron en sus puestos los guardiacárceles que custodiaban los muros.


El grupo que retiró a los presos no tenían insignias y se apagaron todas las luces del penal. Guardiacárceles entregaron a los once presos a los militares que afuera manejaban linternas.
Mientras tanto, en la ruta 34, entre Cobos y el cruce, una patrulla que hacía control de vehículos detuvo un auto y una camioneta. Los conductores y sus acompañantes fueron sacados de los vehículos y se les dijo que eran del ERP y que se los necesitaba para un operativo de rescate.


Fue entonces que se procedió a la mayor masacre perpetrada por el terrorismo de Estado que instauró el proceso militar. Hoy, en el tristemente conocido paraje Palomitas, ubicado a poco más de 50 kilómetros de la capital provincial, sobre la ruta nacional 34, cerca de Cabeza de Buey, se mantiene viva la memoria y cada año se clama por justicia y condena a los responsables.

Las causas

En este momento un expediente se encuentra en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que debe resolver la apelación de un fiscal sobre competencia de la justicia federal local en torno a la desaparición de Jorge Turk Llapur, cuyo crimen se habría realizado en Jujuy.

El tribunal de alzada debe resolver la recusación del abogado defensor de Hugo Espeche, en contra del juez federal N? 1 de Salta, cuyo titular está de licencia. Ante ello, se designó como juez subrogante a Carlos Olivera Pastor.

Otros expedientes están en etapa de instrucción, a cargo de la jueza federal ad hoc Gladis Comas. Los procesados son el general Luciano Menéndez, Joaquín Guil, Luis Arenas, Juan Alzugaray (Servicio Penitenciario provincial), y el ex policía Andrés Soraire.

Martes, 8 de Julio de 2008
El examen de ADN a un presunto hijo de desaparecidos

Las Abuelas piden otra muestra

Después de que la Cámara Federal lo levantara en peso, el juez Norberto Oyarbide ordenó la realización de un estudio de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos a un joven que podría ser hijo de desaparecidos, a quien el magistrado le había permitido hacerse el test a través del Cuerpo Médico Forense. Sin embargo, y pese a que los camaristas habían declarado la nulidad del análisis realizado, el nuevo examen –según dispuso el juez– se haría con las mismas muestras de sangre que ya usaron los forenses, que daban al chico como hijo biológico de la pareja que lo crió. Las Abuelas de Plaza de Mayo presentaron un recurso en el que piden que se tome una nueva muestra, al menos a los presuntos apropiadores.

Ignacio Mancuso fue criado por Carlos Angel Mancuso, ex agente del Servicio Penitenciario, y Dora Jiménez, quienes lo inscribieron como propio el 21 de marzo de 1978. Sin embargo, las Abuelas sospechan que pudo haber nacido en cautiverio en la ESMA, en febrero de aquel año, y ser hijo biológico de Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola. Ambos militaban en Montoneros y fueron secuestrados en octubre de 1977. Ella tenía 21 años y estaba embarazada de cinco meses. Se sabe que dio a luz en la ESMA y que al bebé lo llamó Federico. Era hija de Jorgelina Azzarri de Pereyra, de Abuelas de La Plata y querellante en la causa.

Cuando se abrió la investigación sobre su identidad, el chico pidió que los estudios de ADN se los hiciera el Cuerpo Médico Forense (CMF) y que los resultados sólo se cotejaran con el matrimonio que lo crió. Oyarbide aceptó. Como el CMF terceriza los estudios, intervino el Primer Centro Argentino de Inmunogenética y confirmó lazos genéticos con Mancuso y Jiménez.

Ante la apelación de Abuelas, la Sala II de la Cámara sostuvo que el estudio era nulo, ya que por ley debe realizarlo el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durand. Oyarbide acató, pero a medias. Dispuso la intervención del Banco, pero como el joven no quiere sacarse sangre, aceptó que se usen las muestras en las que ya se basó el Cuerpo Médico y que sólo se cotejen con los presuntos apropiadores. Las Abuelas ya se presentaron para rechazar esta alternativa, ya que toda la actuación de los forenses está cuestionada. Como alternativa, propusieron que sólo la pareja Mancuso-Jiménez aporte una nueva muestra de sangre.

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bignone fue a declarar sin esposas

Represor manos libres

Los abogados de la querella en la causa Campo de Mayo reclaman que no haya condiciones excepcionales ni privilegios con los ex militares.

08.07.2008

Sin esposas. BIgnone no las usó cuando fue al juzgado de San Isidro a declarar.


Apenas bajó del vehículo en la puerta del Juzgado Federal de San Martín, escondió uno de sus tantos privilegios debajo de una bufanda. Así Reynaldo Bignone evitó ayer que los pocos periodistas presentes observaran que, a pesar de estar procesado y detenido por delitos de lesa humanidad, sus manos no llevaban esposas. No es el único beneficio del que goza el represor que fue cabeza de la última junta militar. El general de 79 años tiene el beneficio de la prisión domiciliara en su casa de Belgrano y los responsables de sus traslados son coroneles miembros del Ejército, la misma fuerza a la que perteneció Bignone. Los abogados que representan a las víctimas del centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo reclaman "cárcel común e igualdad en el tratamiento de los detenidos".

"Lo que vimos con Bignone es sólo un ejemplo de los privilegios que gozan los militares. El tratamiento es un cocoliche: depende de la fuerza a la que pertenecieron o del juzgado que los investiga", denunció Pablo Llonto, representante de varias familias querellantes en la causa.

El abogado, junto a otros colegas de organismos de derechos humanos, realizó presentaciones ante el juez federal Alberto Suares Araujo para pedir que los procesados en la causa sean enviados a una prisión común en caso de que no tengan enfermedades extremas. Pero no hubo respuesta. "Aunque la domiciliaria es un beneficio opcional, la mayoría de los jueces lo toma como una obligación", afirmó Llonto.

El representante de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, no se sorprendió con la noticia: "En el Juzgado de San Martín los ex oficiales reciben un trato distinto del de cualquier imputado por delitos comunes", remarcó el abogado. Iud consideró que el trato desigual no sólo se refleja en las condiciones de trasladado sino también "en que la mayoría goza de detención domiciliaria, salvo dos represores que están en la prisión de Campo de Mayo, el mismo lugar donde funcionó el centro clandestino donde parieron al menos dos mujeres".

Como ejemplo de estos privilegios, los querellantes relataron que, dos meses atrás, una decena de represores fueron citados al juzgado para una notificación y llegaron juntos en una combi que los había ido a buscar uno a uno por sus casas de Belgrano. "Llegaron sin esposas, riéndose, como si fuera un paseo escolar. Se bajaron y charlaron en la vereda del tribunal. Es el colmo", se quejaron.

A la indagatoria de ayer, en la que se negó a declarar, Bignone llegó acompañado por un coronel, miembro de Asuntos Humanitarios del Ejército, que brinda asesoramiento y contención. Meses atrás, las denuncias de los organismos llevaron a desarticular una oficina similar de la Armada.

Desde la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos (AFADER) queremos expresar nuestro pesar por la muerte de Mireya González, Madre de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, quien falleciera en el día de ayer.

Mireya Norma Barquín de González es una de las tantas mujeres, de las tantas madres, que entregó su vida a la lucha y a la búsqueda de su hija y de los 30.000 desaparecidos que fueron hijos de todas las madres.

Norma Beatriz González Noni, su hija, fue detenida – desaparecida el 12 de agosto de 1976 cuando salía del Supermercado El Picaflor, donde trabajaba, en Urquiza y Rosario de Gualeguaychú. Tenía 20 años.

Mireya, que nunca abandonó la lucha y la búsqueda de Noni, dijo: “Mi hija era una militante social y una militante política. Yo estoy orgullosa de ella”.

Acompañamos a sus hijos, familiares, amigos y compañeros en este triste momento, pero principalmente queremos enviarles la energía suficiente para que podamos seguir su ejemplo de vida, y seamos merecedores de su fuerza y su lucha.

Por Memoria, Verdad y Justicia.

Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos

Entrerrianos y en Entre Ríos - AFADER

POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Cavallo ya sumó 5 procesamientos www.crticiadigital.com.ar

El represor fue procesado por el secuestro y aplicación de tormentos a 292 prisioneros. La medida incluye un embargo de $ 431 millones.

07.07.2008
El represor Ricardo Miguel Cavallo sumó un nuevo procesamiento por el secuestro y la aplicación de tormentos a 292 prisioneros, siete de los cuales muerieron, que se hallaban ilegalmente cautivos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura. La resolución la tomó el juez federal Sergio Torres, quien también le trabó un embargo de 431 millones de pesos en sus bienes según fuentes tribunalicias.

De esta manera el ex capitán de la Armada llegó al quinto procesamiento ya que también se lo responsabilizó, junto a otros camaradas de armas, por el secuestro de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, del escritor y periodista Rodolfo Walsh y dos causas por apropiación de bienes de cautivos de la ESMA.

"Encuentro reunidos los extremos necesarios como para tener por acreditada la materialidad" de los hechos analizados "como así también la responsabilidad que en relación a ellos le cupo" a Cavallo, escribió Torres en uno de los párrafos de la extensa resolución según lo informado por la agencia oficial Télam.

El magistrado sostuvo que "quedó debidamente acreditado" que Emilio Massera y Armando Lambruschini, quienes se desempeñaron como comandantes en Jefe de la Armada durante la dictadura, "ordenaron un modo de combatir al terrorismo, consistente en aprehender a sospechosos, mantenerlos clandestinamente en cautiverio y someterlos a tormentos".

Esa práctica tenía como propósito "obtener información", explicó Torres quien señaló que el posteriormente el destino de los cautivos podía ser la puesta a disposición de la Justicia, del Poder Ejecutivo Nacional, "o bien eliminarlos físicamente".

Para oponerse a la libertad de Cavallo -quien actuaba bajo el mote de "Sérpico" en el centro clandestino de la ESMA - el magistrado recordó que los hechos que se le imputan al represor son considerados crímenes de "lesa humanidad" y, por ende, imprescriptibles



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