viernes, 20 de junio de 2008

AMENAZA A H.I.J.O.S ALTO VALLE

AMENAZA A H.I.J.O.S ALTO VALLE

Cipolletti, 19 de junio de 2008

Comunicado de Prensa

En el día de hoy hemos realizado una denuncia en la fiscalía de la ciudad, de lo que nosotros entendemos como un mensaje macabro tanto hacia nuestra organización como a todos los militantes y organizaciones de la zona y del país que luchamos contra la impunidad de los genocidas de ayer y de hoy.
Mientras nuestra organización participaba de una reunión, junto a otras organizaciones y estudiantes universitarios, con autoridades de la Universidad Nacional del Comahue, en la exigencia de que la misma se presente como querellante en la causa por la desaparición de Sergio Ávalos, dejaron en la vereda de la casa de un integrante de H.I.J.O.S. alto valle, una bolsa vacía de cemento con un cráneo completo, el cual inclusive posee piezas dentarias.
Entendemos esto como un claro mensaje no solamente en la causa de la desaparición de Sergio Ávalos sino también en los restos óseos encontrados en predio del Ejercito de Neuquén (donde funcionó el campo de concentración “ La Escuelita ”) hace un mes y los cuales según “ la Justicia ” determinaron que no eran humanos, y en el comienzo en el mes de Agosto el juicio a 8 genocidas de la zona.
Un cráneo, que simboliza la muerte, en una bolsa de cemento, la cual simboliza la permanente desaparición de Jorge Julio López, compañero que es Albañil, la ausencia permanente de los restos de nuestros 30.000 padres y madres. Un mensaje claro de los personeros de la muerte.
En este sentido, también tenemos que mencionar los antecedentes nefastos de uno de los jueces, Luís María Fernández, que denunciamos públicamente desde nuestra organización y que en estos momentos participa del tribunal en la causa Fuentealba contra Darío Poblete, policía asesino de Sobich.
En el día de hoy decenas de organizaciones participaron de una reunión en la cual dieron su solidaridad y compromiso para los integrantes de nuestra organización y nuestras familias.
Contra la amenaza de los asesinos desde las sombras, respondemos con solidaridad y acompañamiento de los que, día a día, nos acompañan en esta lucha. Pero entendemos que el verdadero desafío es seguir con la lucha, con las denuncias, con los escraches, ya que la impunidad con la que se mueven es una clara muestra de que los genocidas y represores, de ayer y hoy, siguen en actividad, persiguiendo, reprimiendo, despareciendo y matando.
Más que nunca, a la impunidad y las amenazas, debemos oponerle la movilización y la lucha. Ninguna confianza podemos tener en gobiernos e instituciones que nada hacen para desmantelar los aparatos represivos y de inteligencia, que nada hacen para señalar a los genocidas que aun están en sus filas. El mismo poder que no duda en reprimir las luchas obreras y populares, hoy se encarga de encubrirlos con la impunidad y el silencio.

Una vez más H.I.J.O.S. Alto Valle no olvida, no traiciona, ¡NO CALLA!

H.I.J.O.S.
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
ALTO VALLE



En el marco del Juicio de la Masacre de Fátima H.I.J.O.S convoca:

Escrache al ex-Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Coordinación Federal"
(hoy actual Superintendencia del Interior de la PFA)

MARTES 24 DE JUNIO
18:30 HORAS, PLAZA CONGRESO (RIVADAVIA Y CALLAO)

En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres secuestrados por fuerzas militares y policiales dependientes del Cuerpo I de Ejército fueron apilados y dinamitados en un camino vecinal cercano a la localidad de Fátima. Antes fueron atados, vendados y recibieron disparos en el cráneo desde una distancia menor a un metro, según acreditó en 1985 la Cámara Federal porteña.Está comprobado que la mayor parte de las víctimas padeció su cautiverio en el centro clandestino que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal, unidad perteneciente a la Policía Federal Argentina, en la calle Moreno [1417] de la Ciudad de Buenos Aires.A comienzos de los años 80, sólo cinco habían sido identificados: se trata de Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas y Conrado Alzogaray.Posteriormente, se recuperó la identidad de once víctimas más:Susana Elena Pedrini de Bronzel, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydee Rosa Cirullo de Carnaghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, Carmen María Carnaghi, Horacio Osear García Gastelú, Juan Carlos Vera, Carlos Raúl Pargas, Ricardo José Raúl Herrera Carrizo.Prácticamente la mitad permanecen como NN.Los imputados que juzgará el TOF 5 son los oficiales de la Policía Federal Miguel Angel Timarchi (preso en el penal de Marcos Paz), Juan Carlos Lapuyole (internado en el Hospital Churruca) y Carlos Enrique Gallone (alojado en la sede de la Policía Montada, en Capital Federal). Desde mayo de 2004 se encuentra prófugo el oficial Luis Alberto Martínez, alias Chino o Japonés. Murió impune el comisario Carlos Vicente Marcote. http://cels.org.ar/wpblogs/fatima/category/sintesis-del-caso/
H.I.J.O.S.Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Regional Capital en la Red Nacional
mailto:hijoscapital@gmail.comwww.fotolog.com/hijos_capitalhttp://www.hijos-capital.org.ar/15-3-571-0767www.fotolog.com/hijos_capitalhttp://www.hijos-capital.org.ar/15-3-571-0767

Comunicado del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades

En el marco de discusión por el aumento del 20% en el precio del boleto, el pasado viernes 13, estudiantes secundarios, universitarios y otros usuarios de colectivos de la ciudad; decidieron manifestarse en contra este aumento en las inmediaciones del Concejo Deliberante. La policía tuvo órdenes de reprimir a los manifestantes y así lo hizo. Balas de goma lastimaron a compañeros menores de edad (incluso estudiantes de 13 años). En ese momento, la sesión en la que se aprobaría el aumento fue suspendida. El miércoles que pasó, el “HCD” sí aprobó el aumento en una situación si se quiere, mucho más nefasta. Dentro del Concejo mismo, patotas de la UTA recibieron las mismas órdenes que aquel viernes recibió la policía. Por supuesto, los humanitarios matones tampoco se esforzaron por no cumplirla. Poco importó eso y el aumento del boleto fue un hecho. ¿Cómo es posible que nuestro “Honorabilísimo Concejo Deliberante” entienda que si reprime afuera del espacio las condiciones para sesionar no están dadas y si suceden furiosos golpes de un grupo de matones dentro del Concejo si estén dadas? Ayer la policía, hoy la UTA. Siempre Acción Marplatense.

Las desesperadas ganas de avanzar sobre el aumento fue el motor para que tanto los concejales de Acción Marplatense –bloque oficialista-, Concertación Plural como el Frente para la Victoria; aprueben la medida acallando de manera efectiva (léase: a los golpes) a todos aquellos que fuimos a manifestar nuestro desacuerdo con el abusivo y fraudulento aumento del boleto del transporte “público” (que cada vez lo es menos).

Los estudiantes denunciamos:

El ingreso y el lugar que nos designaron dentro del recinto fue elegido por el Presidente del HCD, Marcelo Artime. Nuestra entrada, a diferencia de la de los matones sindicales que pasaron cómoda y rápidamente, nos demandó más de 20 minutos. Fuimos revisados exhaustivamente e ingresamos sin banderas. Una vez dentro, se nos sorprendió con el lugar asignado frente a la puerta del hall que comunica el recinto con las escaleras traseras del mismo. Que hayamos estado rodeados por las patotas no fue azaroso: había sido sistemática y anteriormente pensado por quienes ya estaban dentro, con la intención de acallar las voces de quienes fuimos a manifestarnos en contra del aumento del boleto. Una vez iniciada la sesión -mientras expresábamos nuestro desacuerdo con la suba con algunos cánticos- fue descolgado un cuadro manos de uno de los matones de la UTA quien se lo arrojó hacia otro “de ellos”. Fue ese el “motivo” por el cual fuimos brutalmente golpeados. Una vez que comenzó la golpiza, nos llevaron hacia el hall donde en presencia de la policía el amedrentamiento se prolongó 1 o 2 minutos. Nos vemos obligados a responsabilizar al Jefe de la Policía Comunal Gustavo Salvat, por la voluntaria inoperancia policial funcional a los intereses de los empresarios del transporte y del poder político ligado a ellos. Lo hacemos responsable por haber permitido que estudiantes secundarios y universitarios hayamos sufrido esas agresiones por las cuales fuimos lastimados. Sobrados motivos, fueron los que se evidenciaron para detener a los matones sindicalistas.

Los responsables políticos de todo esto son, sin dudas: el intendente del Partido de General Pueyrredón Gustavo Pulti y su principal representante dentro del HCD, Marcelo Artime, como así también los concejales de Acción Marplatense, encabezados por el presidente de dicho Bloque Héctor Rosso. Entendemos que el mayor ideólogo de esta represión fue Gustavo Pulti, máxima autoridad comunal y por ende del Palacio Municipal.

Una vez mas, quedó demostrado que tanto Acción Marplatense como así también el mencionado Frente para la Victoria, el bloque minoritario Concertación Plural con Ricardo Alonso como máximo exponente, el representante por Mar del Plata-Batan K Juan Domingo Fernández; son los representantes de los Empresarios en el “HCD” y no de los intereses de los marplatenses; quienes ahora para poder estudiar, trabajar y moverse por la ciudad deben hacer uso del transporte “público” pagando una inflada, abusiva y desconcertante tarifa.

Recibimos golpes, insultos y aumentaron el boleto a gusto de unos pocos. Nada de esto hace que la lucha por un boleto al alcance de los marplatenses haya terminado. Nada de esto hace que la disconformidad sea generalizada y que queramos seguir repudiándolos. Por eso convocamos a toda la comunidad marplatense a concurrir hoy (viernes 20) a las 19 hs. a la Facultad de Exactas y Naturales, ubicada en el Complejo Universitario de Funes y Peña.




Patti depende de un juez
La Sala IV hizo lugar a un amparo y ordenó el sorteo de un nuevo magistrado. Si el ex comisario logra recuperar los fueros, podría salir libre.--
Luego de la polémica desatada en torno a la asunción como diputado del Luis Patti, su defensa volvió a la carga y obtuvo hoy un recurso de amparo para que el ex comisario pueda asumir su banca en la Cámara baja. De aceptarse esta acción, Patti recuperaría la inmunidad parlamentaria y lograría salir de prisión, donde se encuentra acusado de cometer crímenes de lesa humanidad.Aunque la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Claudia Vidal Rodríguez, rechazó la medida impulsada por los abogados Gregorio Badeni y Carlos Laplacette, la Sala IV de la Cámara revocó esa decisión e hizo lugar al pedido de los letrados, quienes exigían el reemplazo de la magistrada por que entienden que "existió un preenjuiciamiento por parte de la Jueza". "La decisión que tomó Diputados contra Luis Patti es nula, porque no se cumplió con el artículo 70 de la Constitución, que exige que para suspender un diputado debe existir un juicio público, y eso nunca existió", cuestionó Laplacette a Críticadigital. Según el abogado, "Patti tiene que tener la posibilidad de defenderse".En los próximos días se sorteará un nuevo magistrado, que tendrá que decidir si fue constitucional o no la decisión de los legisladores, quienes lo impugnaron por su supuesta vinculación con la represión militar durante la dictadura. La Corte Suprema de Justicia ya se expidió sobre el caso cuando autorizó al ex policía a asumir como legislador. Si el nuevo juez aceptara la presentación de los letrados, el ex intendente de Escobar tendría la oportunidad para defenderse en el Congreso y, en caso de tomar posesión de la banca, recuperaría los fueros, y con ellos la libertad. Luis Abelardo Patti, elegido diputado a fines de 2005 por el PAUFE, se encuentra en el penal de Marcos Paz acusado secuestrar, torturar y desaparecer a Gastón Goncalvez, Carlos Souto y Diego Muniz Barreto durante la última dictadura militar.


Patti tuvo una a su favor

La Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó un fallo que había considerado que el desafuero del represor Luis Patti es una cuestión “no judiciable”. El tribunal señaló que el detenido ex comisario puede obtener un pronunciamiento judicial sobre el modo en que la Cámara de Diputados impidió su juramento como legislador. Así lo decidió la sala IV de la Cámara al revocar la decisión tomada en primera instancia por la jueza Claudia Rodríguez Vidal, quien rechazó, sin tramitarla, una acción de amparo, por considerar que se trata de una cuestión política “no judiciable”.




¿Adonde van los juicios a los militares? Charla-Debate este viernes
Este viernes, 18 hs.
A 5 años de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final
¿Es el fin de la impunidad?¿Adonde van los juicios a los militares?
Adriana Calvo, miembro de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos.
Myriam Bregman, abogada del CeProDH, integrante de la querella contra Von Wernich y Etchecolatz
Carlos "Charly" Platkowsky, estudiante de derecho, trabajador y delegado de LAN Argentina
VIERNES 20 de JUNIO 18:30hs. - AULA 217 Fac. de Derecho UBASe entregarán certificados de asistencia
Estudiantes de Derecho en el
CeProDHCentro de Profesionales por los Derechos Humanos
ceprodhderecho@gmail.com http://www.ceprodh.org.ar/


MISIONESONLINE

Justicia 19-06-2008

Arrancó con duros testimonios el primer Juicio por la Verdad
Dos testigos abrieron el histórico debate en el que el principal acusado es el coronel Caggiano Tedesco, a cargo del Ejército en Misiones en los años de plomo. Se busca determinar el destino de Alfredo González, ex decano de la facultad de Ciencias Exactas
Silencio. Caggiano Tedesco prometió declarar sólo al final del juicio.
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"Estábamos en manos de monstruos". El testimonio del periodista Julio Capli, detenido y torturado por trece días junto a Alfredo González en marzo de 1978 reflejó el grado de vejación al que fueron sometidos. Golpes, torturas, hambre y largos interrogatorios formaron parte de esas dos semanas de las que pudo salir y vivir para contarlo. No sucedió lo mismo con el correntino González, ex decano de la facultad de Ciencias Exactas de lo que hoy es la Universidad Nacional de Misiones. Esta vez, uno de los "monstruos" estaba ahí, cara a cara: Humberto Caggiano Tedesco, ex coronel y a cargo del Ejército en Misiones en aquellos años, es el primer militar que se sienta en el banquillo de los acusados en un Juicio por la Verdad en Misiones. Con la piel picada por los años y un recurrente problema de próstata, Caggiano Tedesco, de 79 años, se mostró imperturbable. Su voz pastosa apenas se escuchó unos momentos para abstenerse de declarar hasta el final de los testimonios. Después, se limitó a fulminar con la mirada a los dos testigos que declararon en la primera jornada del debate que se inició en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas. No lo molestaron los gritos de asesino, hijo de puta, que lanzaban un grupo de estudiantes y militantes por los derechos humanos.Caggiano Tedesco, también procesado en la causa por la Operación Condor, que involucró a las fuerzas armadas del Cono Sur, es asistido por la defensora oficial María Rosa Recio de Soto. En la querella están Marcelo Cantelli, en representación de Elva Dolores Gómez -la madre-, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Juan Bautista Martínez, por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. La denunciante y hermana del docente, Amelia González, y Capli, apuntaron a la acción "criminal" por la que fue detenido-desaparecido González. No hubo explicaciones. Sólo la irrupción en la noche del 4 de marzo de 1978 en la casa del ingeniero, quien estaba junto a Capli, los golpes, las vendas en los ojos, el Falcon y las torturas posteriores."Si tengo interés en este juicio", arrancó en forma desacostumbrada Capli. "Tengo interés en que se haga justicia, se encuentre a los responsables de la desaparición, que declaren y que digan por qué lo hicieron. Que tengan, como no tuve yo, asistencia legal", exigió. Caggiano Tedesco sólo miraba fijo. Capli y González fueron trasladados a lo que se conoce como la Casita de Mártires, en cercanías del aeropuerto de Posadas, donde fueron esposadas y encadenados. Allí recibieron picanas, golpes, pasaron hambre y fueron interrogados largamente, aunque no se sabe demasiado bien qué es lo que buscaban los militares. A Capli lo largaron trece días después con la advertencia que debía "dedicarse" a trabajar porque lo estarían vigilando. La amenaza se cumplió y el miedo se mantuvo por largo tiempo, dijo el periodista. Aunque no se sabe hasta ahora el destino que tuvo González, hay varios testimonios que coinciden en que no pudo soportar la tortura y que su cuerpo fue visto en muy mal estado, con pus en las heridas y moscas en los ojos y las orejas. Su hermana dio el relato más dramático: cuando comenzó a investigar la situación de su hermano, se le acercó un hombre que sería abogado. "Estábamos en un asado y después de comer uno de los militares dijo que se venía el carpincho. Nadie quería comer más, pero el carpincho era González, a quien trajeron lastimado y tiraron sobre la parrilla".Caggiano Tedesco seguía imperturbable. Paradojas del destino: custodiado por el Servicio Penitenciario Federal, con casco y chaleco antibalas, fue sacado del Tribunal para ir a una celda del Penal de Candelaria, el mismo en el que González pasó sus primeros días de detención en 1976.


NADIE PONE ORDEN
El jefe de los fiscales federales siente que le "ataron las dos manos"




Gustavo Gómez confirmó que hay investigaciones abiertas por los cortes de ruta.


Gustavo Gómez, fiscal federal general con competencia en Tucumán, Santiago y Catamarca, aseguró que hay investigaciones penales en marcha por los cortes de ruta, pero que ellos de ninguna manera pueden ordenar que se despejen los caminos. "Es un atributo de los jueces o de la Policía, ya sea federal o provincial",destacó el funcionario. Agregó que el gobernador José Alperovch o el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández pueden ordenar a la fuerza pública que termine con la situación. Además dijo que el primer paso debe ser la disuación mediante una clara explicación sobre los delitos que se cometen y las consecuencias posteriores.
Los cortes en las rutas nacionales que atraviesan Tucumán se mantienen y nadie sabe, ni los propios manifestantes cuándo finalizarán. La situación irrita a la enorme mayoría de la sociedad, que es rehén de un conflicto que provoca desabastecimiento, incertidumbre, suba de precios, corridas por unos cuantos litros de nafta, temor por la falta de medicamentos o leche para los chicos.
En medio de semejante caos, el Gobierno apela a la razón de transportistas y productores sojeros apostados a la vera de los caminos, y asegura que la orden para despejar las rutas es potestad de la Justicia Federal. El fiscal federal general, Gustavo Antonio Gómez, con competencia en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, salió a aclarar algunas cuestiones relativas al accionar de los funcionarios que están a su cargo, los fiscales federales, como así también de los magistrados.
"Los cortes de rutas en Tucumán, absolutamente todos fueron investigados penalmente, no hicimos ninguna distinción sobre el origen de quién corta las rutas, sea una estanciero millonario o un obrero que reclama por su trabajo, porque consideramos que en el artículo 194 del Código Penal, que habla de los delitos contra la seguridad en el transporte, se tipifica este tipo de conductas y establece penas de entre tres meses a dos años. Hay causas penales por los cortes de ruta", explicó el fiscal.
Ahora bien, el reclamo de la gente es transitar con normalidad y comprar lo que necesita. "Es la pregunta clave, a la sociedad no le interesa tanto que haya causas penales como que la situación los afecte", comentó y dijo que hay dos cuestiones importantes. "Los fiscales siempre impulsamos la acción a los efectos de tomarle declaración indagatoria a las personas que realizan los cortes, pero no tenemos las facultades legales, el poder de la ley, para hacer que estos cortes se levanten. En el marco de nuestra legislación lo tiene que hacer la Policía. Esto es muy claro en el artículo 184, dice expresamente que es la Policía (provincial o federal) quien tiene la obligación de hacer cesar los delitos. Esto también lo dice el Procurador General de la Nación.
Bastante didáctico, y por momento hasta enojado, se mostró Gómez durante su exposición. Estos son algunos de los párrafos más salientes:
"Los fiscales hace tiempo que reclamos cambios en normas de procedimientos para que nos otorguen las facultades necesarias en las investigación de los delitos, lamentablemente la jurisprudencia tanto de la Cámara como de los Juzgados en Tucumán no nos acompaña mucho".
"En la situación actual el único que puede ordenar el uso de la fuerza pública es el juez federal y las fuerzas policiales pueden hacerlo de manera autónoma. Estamos haciendo un seguimiento puntual de los hechos minutos a minuto dentro de nuestras facultades, que no son muchas. Hay causas penales y se está identificando a los autores de los cortes. Hay todo un mito sobre cómo se levanta un corte. He sido fiscal federal 10 años en Chubut y allí hubo cortes, y a veces la presencia de fiscales, jueces o autoridades policiales que hacer ver que las cosas no se están haciendo bien, lo primero es la persuasión. Yo me siento atado de las dos manos".
"Hay que identificar quién hace los cortes, primero fueron los sojeros y después los transportistas porque los productores no venden, entonces esto es como la historia del huevo y la gallina".
Por último afirmó que si el gobernador José Alperovich está tan preocupado por los cortes de ruta, debería instruir al Jefe de Policía, Hugo Sánchez a despejar los caminos con uniformados a su mando. Agregó que el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández podría tomar idéntica decisión y enviar a Gendarmería Nacional o la Policía Federal sin necesidad de orden judicial. El funcionario judicial aseguró que "el artículo 184, inciso 11 del Código Procesal Penal de la Nación habilita al gobernador y al Jefe de Policía a terminar con los cortes de ruta. Que no lo quieran hacer por una cuestión política y quieran patear la pelota al arco del Poder Judicial es otra cuestión".



Espeche contratado por una universidad
La Federación Universitaria Patagónica exigió que la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco cree una base de datos que le facilite no volver a contratar a personas acusadas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura militar.

Hugo César Espeche.

La exigencia de la Federación surgió luego de que se conociera que la sede de Comodoro Rivadavia de esta Universidad mantiene una relación laboral con los represores Miguel Ricardo Pessetta y Hugo César Espeche. Este último está siendo juzgado por su participación en la Masacre de Palomitas, hecho en el que fueron asesinados 10 presos políticos y dos permanecen desaparecidos. Hasta hace poco Espeche cumplía prisión domiciliaria en Comodoro Rivadavia, donde tiene fijada su residencia, pero se le privó de este beneficio tras conocerse que había visitado un corralón, era habitué de casas de juego y ejercía como gerente de la empresa de servicios de limpieza y seguridad, ESPE SRL, que tiene contrato con la empresa Pan American Energy y, ahora se supo, con la sede en Comodoro de la Universidad Nacional San Juan Bosco. Según indicó la Federación Universitaria, este contrato data de 1998.
-- http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/


LAS VICTIMAS IDENTIFICARON A SIETE REPRESORES DE LA MARINA QUE LA JUSTICIA TODAVIA NO CITO
Más nombres para la patota de la ESMA
Los querellantes agrupados en Justicia Ya! reclamaron que el juez federal Sergio Torres detenga a más militares acusados en la causa ESMA y denunciaron que el Tribunal Oral 5 “silenció a sus abogados en los juicios”.




Por Adriana Meyer
Siete represores fueron ubicados e identificados, y como hasta la fecha no tienen orden de detención, sus víctimas decidieron dar a conocer sus nombres a la prensa. En la misma conferencia, el colectivo de organizaciones Justicia Ya! denunció que el Tribunal Oral Federal 5 “intenta silenciar la voz de sus abogados en los juicios”, a partir de la unificación de las querellas en los tramos de la causa ESMA ya elevados a proceso oral y público.
“Uno de los argumentos que dieron los jueces del TOF 5 es la necesidad de que haya ‘igualdad de armas’, es decir, que si un represor tiene dos abogados, del otro lado no puede haber cinco, como si fueran juicios comunes”, explicó la abogada Myriam Bregman a PáginaI12. “Que junten a más represores, eso es un problema de cómo hacen los juicios, en lugar de eso reducen la presencia de los abogados de las víctimas y así están desdibujando la dimensión del plan masivo”, completó.
Por la ESMA pasaron unos cinco mil detenidos-desaparecidos y hay 300 represores denunciados. Según Justicia Ya!, es la causa con más pruebas del país, pero fue “desmembrada en expedientes mínimos por el juez Sergio Torres”. Sólo hubo un juicio oral vinculado a esta causa, contra el represor Héctor Febres, por cuatro casos, y sin sentencia porque fue asesinado en su lugar de detención, donde gozaba de increíbles privilegios y libertades. Este año fueron elevados a juicio cuatro tramos más (Donda-Capdevilla-Montes, Testimonios A, Walsh y Santa Cruz, parte 1), y en los dos primeros que se acumularon “el Tribunal Oral Federal 5 decidió negarle a Justicia Ya!, que representa a siete de las trece víctimas y a tres de los seis organismos de derechos humanos, el derecho a tener voz durante el juicio”. De hecho, el TOF 5 determinó que habrá dos cabezas de querella: la de Víctor Basterra, representada por Rodolfo Yanzón, y la de Mauricio Brodsky, en manos de Carolina Varsky. “Me separan de Basterra, con el que estuve un año y medio preso”, se quejó Carlos Lordkipanidse en diálogo con este diario. Bregman apuntó que “usaron en cada caso argumentos diferentes, en el de Basterra porque fue el primero que se presentó, y en el de Walsh dijeron que con una querella alcanzaba y eligieron a su hija, por ser víctima directa, lo cual está bien, pero no tuvieron el mismo criterio en el caso Donda, donde la mayoría de las víctimas directas son de Justicia Ya!”.
A criterio de este colectivo, la decisión del TOF 5 es una “represalia” por el pedido de juicio político que presentaron ante el Consejo de la Magistratura por la responsabilidad de no haber prevenido el asesinato del represor Febres. Y creen que también incidió su insistencia con que los juicios sean televisados y en salas con gran capacidad. “El TOF 5 llega al extremo de decir que la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos tiene un ‘interés difuso’ sobre los hechos, cuando sus miembros fueron víctimas directas, como si fuera lo mismo que el reclamo de una ONG sobre los pingüinos empetrolados”, protestó Bregman. Y precisó que el mayor perjuicio es que “ya no habrá alegatos por genocidio”, como entiende Justicia Ya! que deben ser considerados los hechos que se juzgan.
En un escrito remitido al juez Torres, aportaron nombres y direcciones de Víctor Olivera, alias “Lindoro”, acusado del asesinato de Raimundo Villaflor; Raúl Cejas, alias “Leo”, torturador de Lordkipanidse y denunciado por su propia familia; Paulino Altamira, Daniel Cuomo, Juan Daer, Daniel Bravo y Ramón Monjes. “Los difundimos en la prensa porque el juez no hace nada”, se quejó Lordkipanidse.



UN GENDARME CONTO COMO MENENDEZ ORDENABA LA REPRESION
“Los fusilaban y quemaban los cuerpos”


Un gendarme que durante la dictadura se negó a ejecutar a personas secuestradas relató cómo fusilaban a los detenidos en los campos de concentración, al declarar como testigo en el juicio a Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores. Se trata de Carlos Beltrán, quien contó que en 1977 presenció el asesinato de un muchacho y una chica embarazada que habían sido llevados a La Perla. “Era de noche cuando los llevamos en un camión Unimog a un monte y me pidieron que los fusilara, pero me negué”, contó. Tras esa negativa, fue dado de baja de la fuerza.
El testigo recordó que al llevar a los dos jóvenes al monte les hicieron cavar una fosa, les ordenaron que se pararan en su orilla y les dispararon. “La chica quedó moribunda, y cuando intentó reincorporarse, uno de ellos sacó una pistola y disparó hasta matarla.” Los cuerpos fueron “rociados con combustible, les prendieron fuego y taparon todo”. Beltrán identificó al suboficial Luis Manzanelli, uno de los militares juzgados en este juicio, como el que ejecutó los disparos a quemarropa.
Beltrán también declaró haber visto a Menéndez en La Perla por lo menos en dos oportunidades. En una de ellas vio al represor cuando inspeccionaba la sala de torturas y asentía diciendo “está bien” cuando un oficial del Ejército le explicó el modo en que aplicaban los tormentos.
En este juicio se investiga el secuestro y asesinato de cuatro integrantes del PRT, Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, ocurridos el 15 de diciembre de 1977. Si bien Beltrán no vio en el centro clandestino a estas víctimas, sí tuvo contactos con otras y dio detalles de cómo funcionaba el sistema de aniquilamiento, que conoció porque formaba parte del grupo de gendarmes que tenían a cargo la vigilancia de los secuestrados.
“Apenas llegaban los paquetes (las personas) los ablandaban en la sala de tortura, que tenía un cartel que decía ‘no se reciben enfermos”, y luego los alojaban en muy mal estado en la cuadra”, recordó.
Junto a Menéndez y Manzanelli están siendo juzgados Hermes Oscar Rodríguez, Jorge Ezequiel Acosta, Carlos Alberto Vega Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone.
Otro de los testimonios que se escucharon en la audiencia fue el de Hilda Cardozo, hermana de Raúl Cardozo, quien relató lo que tuvo que pasar su familia hasta que se enteró, por los medios, que a su hermano lo habían matado en un enfrentamiento simulado.
Fuera de la sala hubo una concentración para repudiar a Menéndez, que ayer cumplía 81 años. Los manifestantes llevaron frente a los tribunales una torta con motivos alusivos a una celda y la leyenda “el único regalo para vos es la cárcel”.


CINCO SOBREVIVIENTES DE LA DICTADURA RECORRIERON EL EX CENTRO CLANDESTINO DE LA POLICIA FEDERAL
Regreso al peor de los infiernos

Por Diego Martínez
“Es increíble ver los calabozos con las leyendas ‘incomunicados’ o ‘menores’, abrir la puerta y ver los colchones, ver que siguen siendo calabozos. Uno se queda sin palabras. Por el sufrimiento, el drama, las chicas embarazadas que estuvieron ahí y la resistencia de tantos compañeros, hace rato que debería ser un espacio para la memoria”, reflexiona el ex sacerdote irlandés Patrick Rice. “Sentimos ganas de pedir un minuto de silencio por tantas vidas que quedaron ahí, pero no nos animamos”, confiesa su compañera Fátima Cabrera, ex catequista del grupo del padre Carlos Mugica en la villa de Retiro.
Ambos se refieren a la ex Superintendencia de Seguridad Federal, actual Superintendencia de Interior y Delitos Federales, un edificio gris como cualquier otro si no fuera porque allí funcionó el centro de torturas y exterminio más cercano al Obelisco porteño. El matrimonio junto con otros tres sobrevivientes recorrió ayer el tercer piso de Moreno 1417 en compañía del juez federal Daniel Rafecas, quien instruye la causa. El martes, a partir de las 18.30, la agrupación H.I.J.O.S. Capital convoca a un escrache contra lo que considera “un símbolo de la impunidad de la historia argentina”.
A apenas una cuadra del Departamento Central de Policía, la ex sede de “Coordinación Federal” fue desde los ’60 el eje de la represión política del área metropolitana. Desde Onganía en adelante, “Coordina” fue sinónimo de castigo y tortura. Desde allí operaron las patotas de la Triple A a partir de 1974. De allí sacaron a los treinta masacrados en Fátima, primera ejecución masiva de la Policía Federal que llega a juicio oral y público, cuya sentencia se conocerá a mediados de julio. Una delegación de la Conadep junto a sobrevivientes recorrió el edificio en 1984. Sin embargo, nunca dejó de ser una repartición pública.
En el playón donde el 20 de agosto de 1976 fueron cargados los treinta moribundos luego dinamitados, un escudo con un águila en el centro aún reza “honor y lealtad”. En el hall de planta baja una llama recuerda a los “caídos en cumplimiento del deber”. En el tercer piso, epicentro del ex campo clandestino, funciona el departamento de Delitos Ambientales. “Cuando el ascensorista preguntó ‘a qué piso’, pensé ‘cualquiera menos el tercero’. Su sola mención evoca el horror”, recuerda Rice. “No bien me sacaron del ascensor me metieron en una oficina donde me torturaron por primera vez”, relató Francisco Loguercio al juez.
A simple vista sólo las fotos de uniformados con bigote reglamentario en cada piso distinguen a Superintendencia de cualquier oficina pública. “La Virgen estaba ahí –señala Rice–, me la mencionó el embajador” de Irlanda, quien intercedió para rescatarlo. Los tres escalones que precedían a la puerta tijera que los sobrevivientes recuerdan están semicubiertos por una rampa. Hay un pasillo angosto y, tras la “sala de extracción de efectos”, los calabozos. Ya no son dos hileras de cinco. Los últimos fueron modificados. “Yo caminaba un kilómetro por día. Dos pasos de ida, dos de vuelta”, recordó Franco Castiglioni ante la mirada de los abogados Alcira Ríos, Pablo Llonto, Carolina Varsky, Julieta Parellada y también la de un oficial largo y flaco de pipa y mostacho de historieta con pistola en la cintura. Las paredes entonces repletas de escritos hoy están pintadas de un verde lavado. Tres carteles indican “femeninos”, “incomunicados” y “menores”. Las camas son de material. Las rejas fueron reemplazadas por tramas de hierro para que nadie muera sin consentimiento.
La tercera hilera de calabozos y la sala contigua donde se inyectaba a los secuestrados antes de trasladarlos ya no es un depósito humano sino judicial. Hay ropa, zapatillas y discos de marcas falsas. “A este calabozo oscuro me trajo un par de veces un guardia que intentó violarme. Cuando se lo conté a Juan Mainer, me dijo ‘la próxima vez gritá fuerte y empezamos a golpear las puertas’. Su consejo me salvó”, relató Cabrera ante el juez. “Yo tenía 17 años y Mainer 16. A la distancia, después de ver crecer a nuestros hijos, parece mentira haber estado ahí tan jóvenes”, reflexiona.
“El ruido del metal cada vez que se abría o cerraba la mirilla del calabozo era tremendo. Significaba que buscaban a alguien y nos ponía en alerta”, explica y muestra Castiglioni, ahora del lado de afuera.
–Las baldosas son las mismas. Era lo que más veíamos. Y el lugar estaba fresquito como ahora –sonríe.
–Sí, pero teníamos menos ropa –acota Adrián Merajver. En ambos casos el humor parece imprescindible para amortiguar los golpes de la memoria.
En la “leonera” donde Rice oró el Día de la Madre de 1976 para el resto de los cautivos, “flacos y barbudos dignos de Auschwitz” en sus palabras, hoy hay lockers de chapa y un par de camas, la más lejana con un hombre que ronca indiferente a la inspección ocular. Cuesta ubicar la segunda “leonera”. Del cotejo con los planos dibujados por sobrevivientes surge que la sala ya no existe. Formaría parte de un ambiente más amplio donde funciona la videoteca de Delitos Ambientales, que incluye una colección de Jacques Cousteau y títulos memorables como Las gaviotas cangrejeras.
“Impresiona ver ese lugar de sufrimiento y horror igual que entonces, ver que la impunidad sigue, que la gente trabaja en oficinas como en 1976. Es terrible saber que por allí pasaron compañeros desaparecidos y ni siquiera es un espacio de la memoria”, lamenta Cabrera. Con ese reclamo elemental los H.I.J.O.S. convocan el martes a las 18.30 en Rivadavia y Callao, desde donde marcharán hacia el escrache de Superintendencia.


“Así empezó la Triple A”
Después de haber denunciado que un grupo de desconocidos lo secuestró durante un par de horas, Micheli pidió que “no se naturalicen” estas intimidaciones. Espera ser recibido por el ministro del Interior, Florencio Randazzo.


Por Werner Pertot
La CTA le reclamó al Gobierno que investigue “a fondo” el secuestro que sufrió por dos horas el secretario general de ATE nacional, Pablo Micheli. Como adelantó en exclusiva PáginaI12, Micheli fue secuestrado por cinco hombres con revólveres 9 milímetros, que se lo llevaron de la puerta de su casa en una camioneta 4x4 y lo dejaron en Villa Dominico. Ayer Micheli encabezó una conferencia de prensa junto al titular de la CTA, Hugo Yasky; el diputado Claudio Lozano y la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. En diálogo con este diario, advirtió: “No se debe naturalizar esto, porque la Triple A empezó con intimidaciones y terminó matando compañeros.”
Los dirigentes de la CTA hablaron con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien los recibirá la semana próxima. “Le vamos a pedir al Gobierno una investigación a fondo”, aseguró Yasky a PáginaI12.
La CTA también hará una denuncia penal por intimidación.
El secuestro le recordó a Micheli la razón por la que empezó a militar: en 1976, vivía en Junín con sus padres, que fueron secuestrados y luego legalizados en la cárcel de Mercedes. Eran militantes de base del PC. Con 16 años, la situación lo llevó a meterse en la juventud del PC. Dos años más tarde, empezó a trabajar de mozo en el Instituto Forestal Nacional y al año siguiente se afilió a ATE. Cuando ya era delegado, se acercó al sector de Víctor De Gennaro, al que acompañó hasta llegar a ser, en la actualidad, secretario adjunto de la CTA.
–¿Cómo fue el secuestro?
–El lunes, a las 22.45, me interceptaron en la puerta de mi casa. Cuando me bajé, con las manos levantadas, les dije: “No me maten, llévense el auto”. “Claro, porque no es tuyo”, me contestaron, porque sabían que el auto es del sindicato. Ahí me dijeron: “También te llevamos a vos, sindicalista garca. ¡Baja la vista!”. Y me pusieron una tela negra. No era una capucha, era una tela. Me pasearon dos horas haciéndome preguntas. En un momento, se cruzó un patrullero. Los tipos amartillaron las armas y dijeron: “Este nos está buscando a nosotros”. Yo me asusté y pensé que nos iban a matar a todos. Pero era como una parodia. Yo traté de hablar y me dijeron: “Quedate tranquilo, callate la boca, que no van a matar a nadie”.
–¿Qué le preguntaron?
–Me preguntaron por la plata de ATE. Extrañamente, no me preguntaron por mi hermano, sino que directamente me dijeron: “Vamos a la casa de tu hermano, que también es político y de ATE”. “Dejate de joder, sabemos dónde vivís, no te hagás el loco, no te zarpés”. A partir de un momento, me prohibieron seguir hablando: “Contestá sólo lo que te preguntamos”.
–¿Parecían policías?
–No, tampoco escuché “afirmativo”, “negativo”. Sí era correcto el léxico. No eran “fieritas”, no había alcohol ni droga. Tenían pelo corto, vestidos correctos. También tenían manejo de las armas: cuando me apuntaron, ponían la mano izquierda en la culata. No revoleaban el arma haciendo alarde.
–¿De qué sector creen que vino esto?
–No sabemos. Sí tengo claro que fue el lunes a la noche, cuando se armó el quilombo de los cacerolazos. No creo mucho en las casualidades. También era conocida mi posición de no ir a la plaza el miércoles y es verdad que tengo una mala relación con los ministros y con la propia Presidenta.
–¿O sea, que piensa que el Gobierno puede haber armado esto?
–No, lo descarto de plano, por ahora. Con el revoltijo que hay en el país, también puede ser que se aproveche esta situación para amedrentar. Pero no se debe naturalizar esto porque no quiero que termine como en los setenta: la Triple A empezó con intimidaciones y terminó matando compañeros. No queremos que la Argentina se convierta en Colombia.
–¿Qué le van a reclamar al ministro del Interior?
–Queremos que el gobierno nacional y provincial tomen nota, porque Julio López sigue desaparecido. Cristina estuvo en París en una marcha por Ingrid Betancourt y me parece bien, pero acá no participó de ninguna marcha por Julio López. Queremos que se ponga a la cabeza de esto.


UN POLICIA DIJO QUE EL EX GOBERNADOR ORDENO LA REPRESION
“La orden fue dada por Sobisch”



La declaración finalmente se oyó. Un subcomisario de Neuquén declaró ante el tribunal oral de la provincia que la represión en la que murió el maestro Carlos Fuentealba la ordenó el ex gobernador Jorge Sobisch. “Me llamaron bastante la atención las recomendaciones que me dieron antes de partir hacia Arroyito”, dijo el subcomisario José Luis Flores en la declaración de dos horas ante el Tribunal. La ruta iba a estar despejada, dijo, “había que evitar cualquier corte según la orden dada por el gobernador Jorge Sobisch”.
La declaración de Flores es el testimonio que estaban esperando familiares y compañeros del docente asesinado en Neuquén el 4 abril del año pasado. Y se trata de la primera vez que un policía reconoce de dónde pudo haber provenido la orden.
Según el policía, la información se la transmitió un superior, el comisario Juan Carlos Escobar. Le pidió que “la ruta tenía que estar despejada” por orden del ex mandatario. Y explicó que el jefe del operativo, comisario Jorge Garrido, le dijo que “tenga cuidado, así las cosas salen bien para que no se produzca ningún corte en la ruta”.
El testigo lleva grado de subcomisario y está al frente del grupo especial Uespo. Según dijo, el operativo se hizo de modo conjunto con otros grupos especiales como el de ese día y sólo se realizó uno así durante la crisis de diciembre del año 2001. En ese momento, él llevaba la orden expresa de no permitir el corte de esa vía de comunicación. Y fue contundente cuando indicó que “las armas de disuasión como las escopetas y los lanzagases no pueden dispararse en forma directa por las lesiones graves que pueden ocasionar”. El abogado de la querella, Gustavo Palmieri, destacó que “es un dato importante el brindado en cuanto a que cuando llega al lugar le dijeron que el operativo había sido ordenado por Sobisch”.
Realizan homenaje a Carlos Waitz y piden conservar espacios culturales del Auditorium que peligran

Este jueves, la Asociación Argentina de Actores Delegación Mar del Plata colocó una baldosa en la calle Rivadavia 3142, frente a donde antes funcionaba el teatro “La Botonera”, en homenaje al actor desaparecido durante la última dictadura militar, Carlos Waitz. Del acto también participaron familiares del actor, concejales y Madres de Plaza de Mayo. Luego, los presentes se trasladaron hacia el Teatro Auditórium donde mantuvieron charlas con trabajadores del Teatro por el inminente cierre de varios espacios culturales del lugar, ante la adjudicación del Hotel Provincial a la firma Hotelera del Mar S.A. relacionada con el empresario Florencio Aldrey Iglesias. “Homenaje del Pueblo y Gobierno de Mar del Plata a los actores ´desaparecidos´ por la Dictadura Militar. El 26 de enero de 1977, mientras actuaba en el Teatro 'La Botonera' que ocupara este solar, nuestro conciudadano Carlos Waitz de 22 años de edad fue arrancado de la escena por personeros de la Dictadura permaneciendo desaparecido. Honorable Concejo Deliberante- Asociación Argentina de Actores. 24 de marzo de 2008” dice la placa colocada este jueves en memoria de Waitz. La señalada iniciativa fue impulsada por el edil del FpV, Carlos Filippini.En tal sentido, el edil manifestó que "hemos saldado otra de las deudas que teníamos con la memoria argentina y marplatense, y como bien decía ayer la Presidenta Cristina Kirchner, es la sangre de los jóvenes la que se derrama en las luchas que ha tenido nuestro país. Hoy recordamos a este joven actor, y en su persona a todos los hombres y mujeres del arte y la cultura, que por tener ideas y principios firmes fueron el blanco de la más terrible persecución de los últimos tiempos. Que sirva este homenaje como testimonio para las futuras generaciones de marplatenses y los inspire en su defensa de la democracia". Del acto participaron Norberto Gonzalo, secretario general de la Asociación Argentina de Actores, Felix Bello, delegado de Cultura en Mar del Plata, Alejandra Rincón, delegada general de la Asociación Argentina de Actores, Jorge Cirelli, quien fuere compañero de Carlos Waitz, el padre de Carlos Waitz y Madres de Plaza de Mayo de la ciudad, entre otros. Luego, los integrantes de la Asociación Argentina de Actores marcharon hacia el Teatro Auditórium en repudio a la quita de espacios a los trabajadores de la Cultura local. Cabe recordar que este miércoles el gobernador Scioli firmó la adjudicación mediante la cual la empresa Hotelera del Mar S.A, relacionada con el empresario Florencio Aldrey Iglesias, se apoderará del Hotel Provincial por el plazo de 30 años; y ante ello también se cerrarían espacios físicos operativos y salas artístico culturales del Auditórium, específicamente locales, la sala Bodega y la sala Nave. Los manifestantes ingresaron a la Sala Nachmann y dialogaron con sus trabajadores, quienes remarcaron que “Waitz dio la vida por el teatro marplatense, cuando aparecen estos derechosos que usurpan nuestros lugares de expresión hay que tener cuidado”. Y señalaron: “van a empezar por las salas chicas pero después van a ir por la Piázzola. Se acabó la época de represión, acá hay que denunciar o sino nos pasan por arriba”. Los trabajadores del Centro Provincial de Las Artes Teatro Auditorium y Sala Roberto J. Payró mencionaron también que recientemente “aquí se cortaron 90 funciones de títeres gratis, de 16 talleres que había quedaron solo 6, y bajó el presupuesto”. Finalmente, la Asociación Argentina de Actores fue recibida por la directora del Teatro Auditórium Susana López Merino, quien les expresó que “estamos peleando por más espacios públicos desde hace mucho tiempo, y también por nuestras condiciones laborales”. La funcionaria destacó la “dificultad que genera la descentralización administrativa, que dependamos de la Provincia que está a 400 km. Siempre tomamos las decisiones solos”. Y añadió: “hoy estamos en medio de esta encrucijada de si vamos a retener los espacios que ya tenemos y si vamos a obtener el tercer piso, que lo tenemos pedido hace mucho”. En tal sentido, se recordó que en 2007 la Gobernación firmó un acta donde se cedía al Teatro Auditorium la sala Nácar, el Circular y el tercer piso del edificio. “Pero el acta no apareció nunca”, comentaron los trabajadores, y admitieron que obtener la sala Nácar sería lo adecuado porque “el futuro estacionamiento del Provincial va a salir justo a la Bodega”. Todos coincidieron en que se cumpla la Ley 24.800: “donde se cierra un espacio de cultura y teatro, se tiene que abrir otro”. Este viernes a partir de las 11 horas, los trabajadores realizarán un "abrazo solidario" a las instalaciones del Teatro Auditorium para reafirmar su reclamo.





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