jueves, 5 de junio de 2008

Compañer@s:En el marco del juicio de la Masacre de Fátima H.I.J.O.S convoca:
A las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y políticas a participar del
Escrache al ex-Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "Coordinación Federal" (Hoy actual Superintendencia del Interior de la PFA.)

La cita de reunión para formar parte de la organización del mismo es este
MARTES 10 DE JUNIO a las 19hs en
RIOBAMBA 34 (Familiares)
Un abrazo compañero
H.I.J.O.S.
En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres secuestrados por fuerzas militares y policiales dependientes del Cuerpo I de Ejército fueron apilados y dinamitados en un camino vecinal cercano a la localidad de Fátima. Antes fueron atados, vendados y recibieron disparos en el cráneo desde una distancia menor a un metro, según acreditó en 1985 la Cámara Federal porteña.Está comprobado que la mayor parte de las víctimas padeció su cautiverio en el centro clandestino que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal, unidad perteneciente a la Policía Federal Argentina , cita en la calle Moreno [1417] de la Ciudad de Buenos Aires.A comienzos de los años 80, sólo cinco habían sido identificados: se trata de Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas y Conrado Alzogaray.Posteriormente, se recuperó la identidad de once víctimas más:Susana Elena Pedrini de Bronzel, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydee Rosa Cirullo de Carnaghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, Carmen María Carnaghi, Horacio Osear García Gastelú, Juan Carlos Vera, Carlos Raúl Pargas, Ricardo José Raúl Herrera Carrizo.Prácticamente la mitad permanecen como NN.Los imputados que juzgará el TOF 5 son los oficiales de la Policía Federal Miguel Angel Timarchi (preso en el penal de Marcos Paz), Juan Carlos Lapuyole (internado en el Hospital Churruca) y Carlos Enrique Gallone (alojado en la sede de la Policía Montada , en Capital Federal). Desde mayo de 2004 se encuentra prófugo el oficial Luis Alberto Martínez, alias Chino o Japonés. Murió impune el comisario Carlos Vicente Marcote.
http://cels.org.ar/wpblogs/fatima/category/sintesis-del-caso/
H.I.J.O.S.HIjos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el SilencioRegional Capital en la Red Nacional
hijoscapital@gmail.comwww.fotolog.com/hijos_capital15-3-571-0767
No imprimas este e-mail en papel Ledesma: Blaquier genocida- Ledesma contamina. ¡Pasalo!.

San Miguel de Tucumán, 3 de junio de 2008
Comunicado de Prensa
INTERPONEN QUERELLA CONTRA GENOCIDAS BUSSI, MENENDEZ, ZIMERMAN Y OTROS POR DESAPARICION FORZADA DE NELIDA SOSA DE FORTI
Alfredo Waldo Forti, en representación de sus 5 hermanos, interpuso querella contra Luciano B. Menéndez, Antonio D. Bussi, Mario Albino Zimmerman, y otros por responsabilidad en el secuestro y desaparición de su madre Nélida Azucena Sosa de Forti.
La querella fue presentada ante el Juzgado Federal No. 1 de Tucumán a cargo del Juez Dr. Daniel Bejas. Los abogados patrocinantes, Julia Vitar y Emilio Guagnini, representan asimismo al demandante en su carácter de miembros de H.I.J.O.S. Regional Tucumán. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).
Nelly Sosa de Forti fue detenida el 18 de febrero de 1977 en Ezeiza, dentro de un avión de Aerolíneas Argentinas junto a sus cinco hijos varones (Alfredo 16; Mario 12; Renato 11, Néstor 10 y Guillermo 8), cuando se disponían a viajar al exilio en Venezuela, país donde ya se encontraba su padre, el cirujano tucumano Dr. Alfredo Forti. El grupo familiar fue sacado a la fuerza del avión por personal policial y de la Fuerza Aérea, y entregado a un grupo de tareas que los llevo al centro clandestino de detención (CCD) "Pozo de Quilmes". Luego de una semana de cautiverio, los niños, atados y vendados, fueron abandonados en una calle de Buenos Aires y su madre fue trasladada a Tucumán. Diversos testimonios de sobrevivientes prueban que Nelly Forti estuvo detenida en el CCD ubicado en la Jefatura de la Policía de Tucumán, donde fue vista en pésimo estado de salud y con evidentes signos de tortura.
El querellante, Alfredo W. Forti, es hoy Secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, sus cuatro hermanos varones viven en Venezuela y su hermana Silvana es académica en Canadá.
Esta querella es la última de incontables acciones de la familia Forti para buscar justicia en la Argentina (CONADEP, Juicio a las Juntas, Comisión Bicameral de Tucumán, etc), así como en los EEUU, donde enjuiciaron al prófugo Suarez Mason, y ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las NNUU. Todas estas entidades repetidamente han concluido en la responsabilidad de los querellados por el secuestro y desaparición de Nelly Forti. "Esta vez mi familia y yo esperamos que quienes tienen en sus manos la administración de la justicia en Tucuman cumplan con celeridad con la obligación de sus cargos y el mandato jurisdiccional, porque de lo contrario tendrán que responder ante la historia y ante nosotros, los hijos, familiares y amigos de las víctimas de la dictadura militar".
Por su parte los Dres. Vitar y Guagnini manifestaron que "la presentación de esta querella es una muestra más del compromiso que H.I.J.O.S. asumió para alcanzar el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices que desde hace más de 13 años años perseguimos desde nuestra Organización como un aporte a la construcción de la Verdad Histórica de nuestro país, que a más de 30 años recién comienza a saldarse".

Contactos:
Abogados: Julia Vitar: 0381-154678744
H.I.J.O.S. Tucuman
"CÁRCEL, COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA, NI UN SOLO GENOCIDA POR LAS CALLES ARGENTINAS"









Comunicado de prensa
4 de junio de 2008
Ref.: ante el fallo de la Corte en el caso Noble
La Corte nos falló, una vez más

La Agrupación H.I.J.O.S. Regional Capital (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) repudia enérgicamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obstruye la búsqueda de los 400 jóvenes apropiados. Dicho fallo dio lugar al pedido de Ernestina Herrera de Noble para que los análisis genéticos de Marcela y Felipe, presuntos hijos de desaparecidos, sean cruzados solamente con 2 familias que buscan a sus nietos y no con el Banco Nacional de Datos Genéticos, como se hace en todos los casos de averiguación de la identidad de personas que podrían ser hijos de desaparecidos.
Este Banco fue creado por Ley Nacional, gracias a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y en él se encuentran las muestras genéticas de las familias que buscan a los 400 jóvenes apropiados por el genocidio que aún no conocen su identidad.
Por eso, esta decisión de la Corte facilita la continuidad de la impunidad: avala que se evada cruzar la muestra con el Banco y por lo tanto sienta un precedente gravísimo en la lucha de la sociedad por recuperar su identidad.
Lamentamos que una vez más la Justicia argentina no esté a la altura de los hechos de los que la sociedad es víctima y siga favoreciendo a quienes cometen delitos de lesa humanidad.
Durante la última dictadura militar se ejerció una práctica sistemática en la que fueron apropiados 500 bebés y niños. De ellos, se le restituyó la identidad sólo a 90. Por eso, el delito de apropiación se sigue cometiendo con cada uno de los 400 jóvenes que no conocen su identidad. Estos jóvenes, que hoy tienen entre 32 y 28 años, continúan conviviendo con torturadores o sus cómplices, sin conocer su identidad, a su familia y sin saber que quienes los criaron son genocidas. Desde hace más de 30 años, las Abuelas de Plaza de Mayo, y desde hace más de 13 años, l@s H.I.J.O.S., buscamos a nuestros hermanos nacidos en cautiverio para abrazarlos y reconstruir la familia que destruyeron al llevárselos. Lamentablemente, con fallos como éste la Justicia no acompaña esta lucha.

Restitución de la identidad de nuestros hermanos apropiados.
Aparición con vida Ya de Jorge Julio López.

No olvidamos
No perdonamos
No nos reconciliamos
H.I.J.O.S.
Regional Capital en la Red Nacional


hijoscapital@gmail.com
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H.I.J.O.S. Regional CapitalHijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio No olvidamos.


No perdonamos.


No nos reconciliamos.


Aparición con vida de Jorge Julio López.


Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad y creés que sos hijo de desaparecidos o conocés a alguien que puede serlo, comunicate con nosotros al 15-3-571-0767 o por e-mail a hermanoscapital@yahoo.com.ar


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El paísJueves, 5 de Junio de 2008



La causa por la masacre
La Cámara confirmó

Por Diego Martínez

El 22 de agosto de 1972 fueron asesinados 16 presos políticos.
El juicio oral y público a los responsables de la Masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972 comienza a vislumbrarse en el horizonte. A 35 años de los fusilamientos, pero apenas cuatro meses de las primeras detenciones, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el viernes los procesamientos con prisión preventiva por 16 homicidios agravados y tres tentativas de homicidio de cuatro oficiales retirados de la Armada. Sólo por cuestiones procedimentales declaró la nulidad de un quinto procesamiento y aún debe pronunciarse sobre el sexto. El tribunal sobreseyó a los cinco marinos por el delito de privación ilegítima de la libertad de las 19 víctimas durante la semana previa a la masacre.
A principios de mayo la Cámara había ratificado el criterio del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, al considerar que el fusilamiento de los presos políticos en la Base aeronaval Almirante Zar era un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. La defensa de dos de los imputados interpuso un recurso de Casación que ya fue concedido. El viernes, el tribunal confirmó los procesamientos por los homicidios y las tres tentativas de homicidios –de los sobrevivientes– de los capitanes de fragata retirados Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real, y del cabo retirado Carlos Amadeo Marandino, los tres como autores materiales de los fusilamientos, y del contraalmirante retirado Horacio Mayorga, superior inmediato de los ejecutores, como cómplice necesario.
En la misma resolución la Cámara declaró nulo el procesamiento por los mismos delitos del capitán de navío retirado Rubén Paccagnini y ordenó que se lo vuelva a indagar. Paccagnini fue el primer detenido de la causa, el 9 de febrero. La Cámara no declaró la nulidad de la indagatoria, pero consideró que la descripción de los hechos y los delitos imputados al momento de la declaración no se correspondían con los homicidios por los cuales fue procesado. Tras conocer la decisión, la defensa del marino solicitó su excarcelación. El fiscal federal Fernando Gelvez se opuso porque los delitos que le imputan no son excarcelables y pidió que sea trasladado desde el penal de Marcos Paz para volver a indagarlo, pedido que el juez Sastre deberá resolver hoy.
La Cámara de Comodoro Rivadavia aún no resolvió si ratifica o rechaza el procesamiento del capitán de navío retirado Jorge Enrique Bautista, sindicado por Sastre como "cómplice secundario" del fusilamiento. Bautista, con prisión domiciliaria por problemas de salud, fue el encargado por orden del almirante Hermes Quijada de instruir el sumario que respaldó la versión oficial del intento de fuga, el tiroteo y las muertes inevitables.
El pedido de declaración indagatoria al brigadier general Carlos Alberto Rey, comandante en jefe de la Fuerza Aérea en 1972, quedaría sin efecto en los próximos días porque según los informes de los médicos forenses el militar de 86 años padece Parkinson. En el caso del general retirado Eduardo Ignacio Betti, jefe de la zona de emergencia dispuesta por el dictador Alejandro Lanusse tras la fuga del penal de Rawson, aún resta la realización de dos estudios cerebrales, aunque su demencia senil le evitaría el mal trago de comparecer ante la Justicia. Por el momento ambos gozan de arresto domiciliario. Los únicos dos imputados que hasta ahora se beneficiaron con una falta de mérito son el brigadier mayor Ezequiel Martínez, ex secretario de Planificación de Lanusse, y el civil Eduardo Aguirre Obarrio, que era ministro de Defensa.
Excepto Marandino, detenido en una comisaría de Rawson, los cuatro marinos procesados están alojados en el penal de Marcos Paz. Interpol, en tanto, aguarda aún el envío de la traducción de todas las pruebas contra el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, a quien los propios sobrevivientes acusaron por el fusilamiento. Tal como informó PáginaI12 en exclusiva, Bravo es dueño en Miami de la firma RGB Group, que brinda servicios al Pentágono y a distintas fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. El juez Sastre ordenó su detención el 9 de febrero.
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LA CUPULA DE LA ARMADA FUE IMPUTADA POR ORDENAR TAREAS DE INTELIGENCIA ILEGAL, SEGUN SURGE DE UN DOCUMENTO ENCONTRADO EN TRELEW

Jorge Godoy, el nuevo superagente del recontraespionaje

La investigación judicial se inició por una presentación del CELS, que se basó en el "Plan Básico de Inteligencia Naval 201, edición 2005". El Gobierno dice que espera "la acción de la Justicia".
Por Werner Pertot
El jefe de la Armada, Jorge Godoy, fue imputado junto con el resto de la cúpula de la Marina en la causa por espionaje ilegal en la base Almirante Zar. La investigación en la Justicia Federal de Rawson se inició por una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se basó en un documento, el "Plan Básico de Inteligencia Naval 201, edición 2005", que fue encontrado en los archivos de Trelew. El plan avala el espionaje ilegal, se apoya en legislación de la dictadura y lleva la firma de Godoy. El fiscal Fernando Gelvez envió sendas notificaciones a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la ministra de Defensa, Nilda Garré. A diferencia de lo que ocurrió con la denuncia original, el Gobierno no separó a los imputados de sus cargos. "Vamos a esperar la acción de la Justicia, con toda tranquilidad", dijeron en el Ministerio de Defensa.
La causa por espionaje ilegal estalló el 17 de marzo de 2006 con la denuncia ante el CELS del cabo Carlos Alegre, quien formaba parte del grupo de inteligencia de Trelew, pero se negó a hacer espionaje ilegal. La Justicia allanó en ese momento las bases de Trelew y la de Puerto Belgrano. En ambas encontraron fichas y documentos de inteligencia sobre políticos, gremios, organizaciones sociales y de derechos humanos. A raíz de la denuncia, Garré separó al jefe de Inteligencia de la Armada y al número tres de la fuerza, ambos implicados por los documentos. Además, la ministra ordenó cerrar las dependencias de inteligencia de las bases navales y hacer un sumario interno de las actividades en esos lugares.
El sumario quedó en manos del segundo de la Armada, Benito Rótolo, que también quedó imputado ayer junto a Godoy. En un reportaje de PáginaI12, el cabo Alegre había advertido que tanto Rótolo como otro de los nuevos imputados (el comandante de la Fuerza Aeronaval 3, Luis Fajre) le recriminaron que hiciera la denuncia original y le dijeron: "Por tu culpa, la Marina se está hundiendo". El Ministerio de Defensa no investigó esta denuncia y respaldó a Godoy mientras hablaba en defensa propia: "Fue un hecho aislado", dijo el almirante sobre el espionaje en Trelew.
Luego, el jefe de la Armada instruyó a su fuerza para que paralizara la causa por espionaje con una presentación en la que aseguró que en los allanamientos se había secuestrado un código de encriptamiento de secretos militares. Por esa presentación, el proceso estuvo parado más de un año. Actualmente, está por llegar a juicio oral (ver recuadro). Por eso, el juez Hugo Sastre inició una nueva causa para la cúpula marina.
Las instrucciones de Godoy
Como jefe de la Armada, Godoy dictaba planes de inteligencia que son los que determinan los objetivos de los espías. El 24 de junio de 2005 refrendó el plan de inteligencia que redactó por su encargo el director de Inteligencia Naval, Pablo Rossi, uno de los procesados por espionaje. Ese plan fue enviado a 17 dependencias con el sello de "Secreto" y fue el que avaló las actividades de espionaje interno, prohibidas por las leyes de Defensa y de Seguridad Interior.
El instructivo remite como soporte legal a un decreto secreto de la dictadura: el 3401/79 "S", que fue derogado por la actual Ley de Inteligencia Naval, aunque parece seguir en pie para la Armada. El documento señala como uno de los "objetivos de inteligencia" las "amenazas asimétricas", que define en su "Anexo Charlie" como "narcotráfico, terrorismo internacional, proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores de lanzamiento, la transferencia de armamentos, excedentes y tecnologías intangibles (éxodo de científicos), el crimen organizado, el contrabando de armas, el deterioro del medio ambiente, las migraciones y cualquier otra cosa que como tal se manifieste".
El CELS destaca que esto va contra lo expresado por la ministra Garré, quien dijo públicamente que "deben rechazarse aquellas concepciones que procuran la utilización prioritaria del instrumento militar". El organismo de derechos humanos destacó que esta directiva de Godoy permitió que las oficinas de inteligencia naval "produjeran información sobre la comunidad islámica, grupos piqueteros y activistas indígenas". Con estas órdenes de Godoy, los marinos hicieron –según surge de las fichas que figuran en la causa– seguimientos a personas con rasgos árabes tanto desde Bahía Blanca hasta Puerto Madryn, pasando por Tucumán.
El instructivo de Godoy también plantea que se deben "adoptar medidas de comunicación institucional y de contrainteligencia. Mantener / incrementar las capacidades de inteligencia propias", producir "inteligencia psicosocial para contribuir al prestigio institucional para actuar en forma preventiva y defensiva" y "determinar escenarios, actores e intereses en los que se pueda influir desde o hacia la institución". ¿Cuáles son los objetivos a seguir para mantener la imagen de la Armada?
En lo concreto, fueron los actos por la Masacre de Trelew y las actividades de las Madres de Plaza de Mayo.
La pirámide
El CELS también recordó que el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que ratificó los procesamientos de la causa original señalaba que los marinos involucrados eran responsables "entre otros", con lo que dejó abierta la posibilidad de investigar la autoría de sus superiores.
El organismo descartó la teoría esgrimida por Godoy de que sus subordinados armaron una red de inteligencia ilegal sin órdenes de arriba en una institución militar. En cambio, planteó que tanto Godoy como Rótolo "dieron las órdenes que guiaron el accionar de sus subalternos en el área de inteligencia". Como base de este argumento, citó la resolución EMGA 02/03 "S" (la S es de secreto), según la que el "objetivo último del sistema de inteligencia es ofrecer información al jefe del EMGA (Estado Mayor General de la Armada)", es decir, a Godoy. "La inteligencia en sí es instrumental: provee información a los que tienen que tomar decisiones", explicó el abogado del CELS, Rodrigo Borda. "Esto no empezó en 2005. El plan de 2000 era mucho más grosero: hablaba de seguir a minorías. Es un aggiornamiento: llaman 'comunicación institucional' a lo que siempre hicieron, que fue seguir los actos de los organismos de derechos humanos." Ante su presentación, el juez Sastre delegó la investigación en el fiscal Gelvez, quien le requirió al Ministerio de Defensa la foja de servicios de los imputados y el sumario administrativo que le encargó Garré a Rótolo. El fiscal también le transmitió por escrito tanto a Garré como a la Presidenta que está imputando a las principales autoridades de la Armada. La Ministra estuvo ayer reunida con Godoy para firmar un convenio de Sedronar, pero no trascendió si hablaron o no de las imputaciones.
Los ya procesados
La causa por espionaje ilegal en la que están procesados doce marinos está por llegar a juicio oral. Luego de que la Cámara de Comodoro Rivadavia resolviera todas las apelaciones, los querellantes pidieron la elevación y está corriendo el plazo en el que los abogados defensores pueden hacer presentaciones. Allí se juzgará al ex jefe del Comando de Operación Naval Eduardo Aviles, que era el número tres de la Armada, y al ex director de Inteligencia Naval Pablo Rossi. También a los jefes de Inteligencia del COOP, en Puerto Belgrano, Cristian Andrés Vidal y Carlos Vázquez; a los tres comandantes de la Fuera Aeronaval 3 (FAE3): los capitanes de Navío Jorge Alberto Janiot y Gustavo Leopoldo Ottogalli, quien hasta hace poco era el subsecretario de Relaciones Institucionales de la fuerza; a los comandantes de la Base Almirante Zar: el jefe era el capitán de Navío Félix Medici. Los capitanes de Corbeta Eduardo Omar Merlo y Gustavo Monzani estuvieron a cargo del área de inteligencia. Y a los espías de la Base: los suboficiales Alfredo Luis Andrade, Daniel Guantay y Vicente Claudio Rossi.



Sin cuerda

Por Horacio Verbitsky
El jefe y subjefe de Estado Mayor de la Armada, almirantes Jorge Godoy y Benito Rótolo, incumplieron sus deberes funcionales al ordenar tareas de espionaje prohibidas por las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional. El fiscal federal de Rawson Fernando Gelvez requirió la instrucción de una causa por esos delitos y el juez federal Hugo Sastre le delegó esa tarea. Se acerca así a su fin la conducción naval que entregó la ESMA, símbolo máximo de la represión dictatorial, no para que todo cambiara sino para que todo lo posible siguiera igual, con los hilos secretos de la inteligencia y del poder manejados a espaldas del gobierno nacional.
Los allanamientos realizados hace dos años, a raíz de la denuncia del cabo Carlos Alegre al CELS, probaron que en la base aeronaval de Trelew se espiaba a docentes, estudiantes, sindicalistas, piqueteros, organizaciones de derechos humanos, asociaciones culturales de las colectividades mapuche y sirio-libanesa y dirigentes políticos. La documentación demuestra que no actuó una patrulla perdida sino la Armada, en cumplimiento del Plan Básico de Inteligencia que Godoy firmó en 2005. Se aplicó en todas las unidades para suministrar al propio Godoy las informaciones que consideraba necesarias en su tarea institucional. Por ejemplo, se sirvió de una investigación ilegal sobre la dirigencia política de Puerto Madryn en las negociaciones que él en persona condujo para canjear terrenos de la Armada por la construcción de viviendas para su personal. Sus subordinados chocaron incluso con personal de otras dependencias del Estado, como la Dirección de Migraciones, que se negó a suministrarles información sobre un ciudadano palestino, casado con una argentina y con radicación definitiva en el país. El astuto agente 89 naval fotografió en Tucumán "leyendas de corte netamente islámico". Era una asociación que da cursos de idioma y cultura árabes.
El Plan ordena la producción de inteligencia sobre las denominadas "amenazas asimétricas", que según su anexo Charlie 3.1.2.2. incluyen narcotráfico, tecnologías intangibles, éxodo de científicos, crimen organizado, contrabando de armas, deterioro del medio ambiente, migraciones y "cualquier otra cosa que como tal se manifieste". En setiembre de 2006, la ministra de Defensa, Nilda Garré, rechazó "la utilización prioritaria del instrumento militar en funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente conocidas bajo la denominación de 'nuevas amenazas', que son responsabilidad de otras agencias del Estado". Tal práctica violaría la ley y pondría "en severa crisis la doctrina, la organización y el accionar del instrumento militar". La desprofesionalización y "policialización de las Fuerzas Armadas" podría conducirlas "a una renovada versión de la doctrina de la seguridad nacional y del control interno". A Godoy le queda poca cuerda de la que seguir tirando






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La causa Ragone va a la Corte Suprema de la Nación
Finalmente, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que resuelva si es válido el procedimiento que se utilizó para investigar al ex juez federal Ricardo Lona por las presuntas irregularidades co-metidas en el proceso judicial abierto tras el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976.

Ricardo Lona.

Es que, según se notificó ayer a las partes, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal concedió el recurso extraordinario presentado por los familiares de Ragone, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en contra de la resolución por la que, en febrero pasado, esta misma Sala había declarado nulo el procedimiento por el que se inició la investigación a Lona como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y encubrimiento en relación con la desaparición del ex gobernador. La novedad había caído muy mal entre los querellantes, porque aunque aquella resolución de Casación no fija los efectos que tendrá sobre el proceso, de hecho implicó una demora y se estima que podría generar la caída de algunos actos en la causa que instruye el juez federal ad hoc Marcelo Pío Castellani. Los querellantes recibieron muy bien la novedad de que será la Corte Suprema de Justicia la que resolverá sobre el fondo de la cuestión en lo referido a Lona, un imputado cuyas presentaciones vienen provocando sucesivas demoras en el proceso en el que se investiga la desaparición de Ragone, el asesinato del comerciante Santiago Arredes y las heridas que recibiera Margarita Martínez de Leal. Lona hizo dos planteos en esta causa: por un lado sostuvo objetó el preocedimiento utilizado en marzo de 2005 por el juez federal Miguel Medina (entonces a cargo de la cuasa Ragone) para elevar a consulta el dictamen del fiscal federal José Luis Bruno, quien se había pronunciado en contra de investigar al ex juez. Al no compartir el criterio del fiscal, el juez pidió a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que apartara a este fiscal y enviara la causa a otro que requiriera la acción penal. Pero la Cámara se abstuvo de opinar y remitió la consulta al fiscal general subrogante, Domingo Batule, quien apartó a Bruno y ordenó al fiscal federal Mario Snopek que promoviera acción penal contra Lona. El otro planteo de Lona es una recusación contra el fiscal Batule. Los dos planteos fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones de Salta, pero la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal falló a favor del ex juez. Los querellantes apelaron esta decisión y ahora será la Corte Suprema la que resuelva.







Jueves 5 de Junio de 2008

El acusado es caggiano tedesco quien fue jefe del área 232 del ejército
El primer juicio por la verdad será por la desaparición de un decano
:: Se trata de Alfredo González ilegalmente detenido hace 30 años. Estuvo en varios centros clandestinos de detención y en una de las sesiones de torturas, lo habrían matado, aunque su cuerpo nunca apareció
POSADAS. María Amelia González espera ansiosa en su casa de Corrientes los últimos catorce días que faltan para comenzar el juicio oral en Misiones, donde se intentará determinar en qué circunstancias se produjo la desaparición y muerte de su hermano, el ingeniero Alfredo González, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), durante la dictadura militar hace 30 años. "Queremos que los jóvenes conozcan la realidad a partir de estos juicios, los que vivieron siempre en democracia no pueden comprender cómo se vivía, sin poder salir a la calle, sin poder decir lo que se pensaba", dijo al diario El Territorio esta mujer que continúa buscando la verdad como lo hizo desde el mismo momento de denunciar la desaparición de su hermano el 4 de marzo de 1978.El jueves 19 de junio desde las 8 dará inicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, el juicio oral para juzgar a Carlos Humberto Caggiano Tedesco acusado de privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos seguido de muerte en concurso real.Durante cinco días hábiles, se escucharán alrededor de quince testimoniales y la incorporación de algunas declaraciones hechas durante el proceso. "En 1994 comenzamos con las presentaciones y en el 2003 se inició la causa y fui la primera en atestiguar en el 2004", recordó la hermana de esta víctima de la represión.Justamente la causa tuvo inicio con la presentación realizada en 2004 por este familiar. En esa oportunidad, ella denunció que su hermano fue privado ilegítimamente de su libertad, luego se supo que fue conducido a un centro clandestino de detención denominado "Casita de Mártires", ubicado en cercanías al aeropuerto de Posadas. En ese lugar fue brutalmente torturado.En Misiones se intenta determinar el paradero de al menos 59 víctimas de la dictadura, según datos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).El ingeniero González, oriundo de Bella Vista Corrientes, se desempeñaba como decano cuando fue por segunda vez ilegalmente detenido por los grupos de tareas. Estuvo en varios centros clandestinos de detención y en una de las sesiones de tortura no habría aguantado y murió producto de un paro cardiorrespiratorio, según estiman sus familiares, aunque su cuerpo nunca fue hallado.Los militares querían conocer los avances de uno de sus inventos que apuntaba a abaratar la fabricación de aluminio e iniciar un proceso de potabilización de agua, entre otros.En busca de la verdad"Queremos que se llegue a la verdad, que se conozcan los responsables, qué pasó y dónde están los desaparecidos", añadió González.Es que desde la fecha en que denunció la desaparición de su hermano, nunca más tuvo noticias de él. Ello, a pesar de su intensa búsqueda y pedidos de informes a diferentes organismos, permaneciendo desaparecido hasta la fecha.En esta causa se le atribuyen los hechos a Carlos Humberto Caggiano Tedesco, quien fuera jefe del Área 232 del Ejército, en el momento de los hechos denunciados.Luego de la investigación realizada en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, el Tribunal estuvo abocado desde el 10 de marzo al conocimiento de dichas actuaciones para el dictado de la sentencia, informaron desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.Concluidas las medidas probatorias solicitadas por las partes como instrucción suplementaria, el Tribunal dispuso el pasado lunes, el inicio del juicio oral y público, y ordenó el traslado del procesado Caggiano Tedesco a la Unidad Penitenciaria 17 de Candelaria, donde está alojado a disposición del Tribunal. El imputado tiene alrededor de 80 años, con domicilio legal en Villa Urquiza, Buenos Aires, desde donde será trasladado a la mencionada dependencia carcelaria durante el tiempo que dure el proceso judicial.De ser encontrado culpable del delito imputado, Caggiano Tedesco recibiría una condena mínima de 25 años de prisión.En la Conadep habían sido denunciados cinco centros clandestinos existentes en Misiones: la Comisaría Primera, la D-2 Policía de Misiones, la Delegación Policía Federal, el Escuadrón de Gendarmería Alto Uruguay y la Escuelita para Mudos, todos ubicados en la ciudad de Posadas.Los familiares de la víctima esperan ansiosos conocer la sentencia. La denunciante María Amelia González, no está sola en su lucha. "Somos 11 hermanos, tres fallecidos y el resto, repartidos por el país, mi mamá Elva Dolores Gómez tiene 98 años y tiene 12 tataranietos, está muy lúcida pero el cuerpo siente la edad y es por ella, que queremos saber la verdad de lo ocurrido con mi hermano", aseguró.Integrantes del Tribunal FederalPresidirá durante cinco jornadas el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, el camarista Carlos Adolfo Sodá acompañado por los jueces, Manuel Alberto Jesús Moreira y Norma Lampugnani de Arce Mielnik.En la audiencia de debate, el imputado, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, será asistido por la Defensora Oficial, Susana Beatriz Criado Ayan. El Ministerio Público Fiscal estará representado por la doctora María Rosa Recio de Soto.Como partes querellantes tendrán intervención el abogado Fernando Marcelo Canteli, en representación de Elva Dolores Gómez; Eduardo Luis Duhalde y Héctor Rafael Pereyra Pigerl, por la secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el abogado Juan Bautista Martínez, por otra de las querellantes Amelia Rosa Báez, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia.

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